Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Desde hace seis meses, en el Congreso local está detenido el proceso legislativo para el dictamen de la Ley de Austeridad, que fue una propuesta enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
Este documento sólo pasó a primera lectura, pero ya no a segunda, para su discusión y votación, porque hay oposición de diputados de Morena, PRI y PRD, quienes plan-tean que sea una ley solamente para el Poder Ejecutivo estatal.
Después de su revisión y dictaminación, donde la Comisión de Justicia le hizo cambios mínimos, el pasado 13 de octubre, hace más de seis meses, se realizó la primera lectura en sesión ordinaria del pleno.
En la sesión del 20 de octubre hubo un intento para que este dictamen pasara a segunda lectura, pero sin dar explicaciones se sacó del orden del día y no se volvió a incluir.
El motivo, según lo comentado por fuentes en las tres fracciones, decidieron no pasarlo a segunda lectura porque corría el riesgo de ser rechazada.
La iniciativa enviada por la gobernadora no tuvo modificaciones importantes, ya que lo esencial se mantiene en el dictamen, en el que se plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública, la obtención de algún privilegio económico adicional, contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados; mientras que sólo se autorizan los gastos en viáticos y viajes oficiales “estrictamente indispensables”, sin boletos de primera clase o equivalentes.
La oposición por parte de diputados de Morena, PRI y PRD es porque consideran que esta ley debe ser aplicada sólo para el Poder Ejecuti-vo, y que así sean sólo las secretarías y organismos del gobierno estatal los que estén obligados a esa ley.
Pero, tanto la propuesta de Evelyn Salgado como el dictamen aprobado y llevado ante el pleno por la Comisión de Justicia, establece que esta ley debe ser aplicable a las secretarías, dependencias, entidades paraestatales, instituciones que integran la administración pública estatal y municipios; así como los poderes Legislativo y Judicial, y órganos constitucionales autónomos.
Lo comentado por diputados es que la oposición viene principalmente de diputados que tienen aspiraciones políticas para ser alcaldes, y se oponen a ceñirse a esta iniciativa de austeridad.
Lo que argumentan es que se viola la autonomía del municipio y de los poderes Legislativo y Judicial, porque se trata de una iniciativa de la jefa del Ejecutivo, que no fue consensuada con los otros poderes y ayuntamientos.
Otro de los argumentos de los opositores es que casi el 100 por ciento de los recursos de los municipios son federales y no estatales, por lo que el Ejecutivo estatal no puede establecer límites o nuevas reglas en el ejercicio de los recursos públicos.
Otro planteamiento es que los poderes Legislativo y Judicial agreguen en sus propias leyes orgánicas, un capítulo en el que establezcan estas medidas de austeridad, y excluir a los municipios, porque éstos “son libres y pueden determinar sus propias reglas en el ejercicio del recurso público”.
Lo último que se supo de este dictamen es que, a partir de la oposición, sería modificado en la Comisión de Justicia, pero no se informó de manera oficial en el pleno.
Las fuentes en los grupos parlamentarios consultados comentaron que el tema está detenido, por falta de acuerdo para su aprobación, y que no se ha realizado ninguna modificación al dictamen.
Otras iniciativas pendientes, que fueron enviadas por la gobernadora recientemente y que aún no son dictaminadas, son la que plantea catalogar como falta administrativa grave no enterar, el retener o destinar para otros fines las cuotas y aportaciones de los trabajadores estatales; así como otra para incrementar los días de descanso de los trabajadores por paternidad.
También el incluir dos delitos nuevos al Código Penal del Estado, para que se castigue con cárcel a servidores públicos que filtren fotografías de víctimas de delitos, también a las personas que se dediquen o induzcan a terapias de conversión, las cuales presuntamente “corrigen” la orientación sexual de las personas sometidas a estos “tratamientos”.