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Por la formal prisión, ya no procede dar licencia al alcalde de Cocula, dice Vicario

 

Ayer se notificó al pleno de la Comisión Permanente del Congreso local que fue recibida la solicitud de licencia del alcalde de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, ante la cual el diputado Héctor Vicario Castrejón informó que ésta es improcedente porque el perredista perdió sus derechos políticos al haberse dictado un auto de formal prisión en su contra.
Ante esta situación explicó que a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, responsable de dictaminar las solicitudes de licencia y de la que él forma parte, debe realizar un análisis jurídico para determinar el trámite que se le dará a este caso.
Consultado ayer antes de iniciar la sesión de la Comisión Permanente, el diputado priista explicó que queda al frente del ayuntamiento la persona que ocupe el cargo de síndico, que en el caso de Cocula se trata de Enriqueta García Peña, quien según la dirigencia estatal del PRD ha recibido amenazas del crimen organizado.
Sin embargo Vicario Castrejón indicó que la síndica puede permanecer como encargada de despacho solamente por 15 días, por lo que Carlos Alberto Duarte Bahena, que es el suplente de Ramírez Crespo debe entrar en funciones.
Incluso dijo que Duarte Bahena puede asumir el cargo de manera directa y definitiva sin necesidad de que se realice algún procedimiento en el Congreso.
El martes a las 7 de la noche el Juez Noveno de Distrito con sede en Iguala, Alejandro Castro Peña, dictó auto de formal prisión contra Ramírez Crespo por delincuencia organizada, bajo la hipótesis de que el perredista cometió delitos contra la salud en su modalidad de fomento.
Este miércoles se informó al pleno de la Comisión Permanente del Congreso sobre la recepción de la solicitud de licencia que el perredista envió para separarse del cargo por tiempo indefinido, luego de que el pasado 9 de febrero fue detenido por policías federales y militares.
La solicitud fue recibida el lunes, un día antes de que el juez dictara auto de formal prisión en su contra.
Al respecto Vicario Castrejón, quien es vocal de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, explicó que la licencia ya no es procedente, en consecuencia el Congreso debe analizar qué trámite se le dará al caso, pero no precisó cuáles pueden ser esas alternativas.
“Desde el momento en que se le dicta a él un auto de formal prisión pierde todos sus derechos políticos, entonces tendremos que ver qué es lo que procede en este Congreso a efecto de desahogar este tema”, dijo.
–¿Qué procede? ¿Un juicio de revocación de mandato o desafuero? –preguntó un reportero.
—Tendremos que ver qué es lo que procede, tendrá que entrar a una evaluación, a un debate jurídico en esta misma cámara, no queremos adelantar juicios. Tendremos que tener el tema de la licencia en la comisión y ahí deberemos tomar la determinación a efecto de que el Congreso no contravenga ninguna ley y nos ajustemos estrictamente al derecho.
El diputado aseguró que desde el momento en que se le dictó auto de formal prisión, Ramírez Crespo dejó de ser alcalde de Cocula.
Recordó que cuando el Congreso aprobó la reincorporación al cargo del perredista, tras el arraigo de 40 días al que estuvo sujeto por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), él pidió a la Comisión de Asuntos Políticos que solicitara a la Procuraduría General de la República (PGR) información de la situación legal de Ramírez Crespo, sin embargo lamentó que su petición no tuviera eco.
Opinó que la solicitud de licencia tiene tintes políticos, sin embargo no aclaró por qué lo decía. Finalmente dijo que la Comisión Permanente podría convocar a un periodo extraordinario para resolver el tema de Cocula.

Dictan formal prisión al alcalde perredista de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo

El Juez Noveno de Distrito con sede en esta ciudad, Alejandro Castro Peña, dictó ayer auto de formal prisión en contra del alcalde perredista de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, por delincuencia organizada bajo la hipótesis de que cometió delitos contra la salud en su modalidad de fomento.
El alcalde del PRD fue detenido por segunda vez el 9 de febrero tras haber enfrentado un arraigo por 40 días en una casa de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y un día después, el 10 de febrero, fue trasladado al penal federal 12 de Ocampo, Guanajuato.
Ayer a las 5:00 de la tarde venció el término constitucional que el Juzgado Noveno de Distrito tenía para definir la situación jurídica del alcalde, que finalmente dictó el auto de formal prisión.
El abogado del alcalde de Cocula, quien pidió la omisión de su nombre, confirmó que a las 7:00 de la noche el juez dictó el auto de formal prisión contra Ramírez Crespo, veredicto que dijo fue “infundado y motivado porque sólo hay la declaración de una cierta persona, que en su declaración preparatoria ya se retractó de su señalamiento porque dijo que fue torturado”.
En declaraciones telefónicas ofrecidas la noche de ayer, la defensa informó que vendrá una segunda etapa de ofrecimiento de pruebas y testigos de descargo a favor de Ulises Ramírez, y posiblemente toda la información financiera del Ayuntamiento de Cocula “para demostrar que el doctor jamás tomó algún dinero de manera indebida”.
Agregó que solicitarán la ampliación de declaración de la persona que lo acusa, Pedro Flores, alias El Pantera, y demás personas que son mencionadas en su declaración, además de la ampliación de declaración de Erik Ulises Ramírez.
Explicó que estas serían las primeras pruebas que estarían ofreciendo a favor del alcalde, lo cual hará a partir del próximo viernes, con la finalidad de acortar el proceso lo más que se pueda.
La defensa del alcalde dijo que en el proceso solicitarán el expediente a la SEIDO y la PGR de la investigación y la averiguación previa que hicieron en torno a Ramírez Crespo durante el periodo de su arraigo, considerando que si de ese proceso de investigación fue liberado “es porque no hubo pruebas en su contra”.
Informó que hasta la noche de ayer sólo había conocido la resolución del juez, pero no había tenido acceso al expediente completo, el cual le entregarán el jueves.
Dijo que es posible que el Juez Noveno de Distrito haya emitido su resolución sin haber revisado el expediente de la averiguación previa que habían solicitado a la SEIDO, de la investigación que se hizo a al alcalde durante su arraigo de 40 días.
Recordó que en ese expediente está la investigación que la PGR hizo al alcalde a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la tesorería y finanzas del Ayuntamiento de Cocula.
Asimismo, de la información que la SEIDO solicitó al FBI y la DEA para investigar si el alcalde tenía algún vínculo delictivo o antecedente de tener nexos con el crimen organizado, lo cual salió negativo, y la investigación de antecedentes que se pidió a las procuradurías de Morelos, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Guanajuato para saber si había ordenes de aprehensión o alguna investigación en contra de Ramírez Crespo, sin que la PGR haya encontrado ninguna.
“Yo creo que lamentablemente el juez todavía considera que la declaración de un delincuente tiene más validez que la de una persona trabajadora”, lamentó la defensa.
Informó que este día se reunirá con Ramírez Crespo en el penal federal de Ocampo, Guanajuato, para plantearle la situación de su caso.
Dijo que los padres del alcalde se enteraron a través de la notificación y dio a conocer que ya había hablado con ellos, “y obviamente imagínate, el papá y su familia ahorita están desechos”.
Mencionó que el señor Alcibiades Ramírez Chávez le pidió que este día vaya a visitar a su hijo para darle la información y orientarlo, y “nos vamos a poner a trabajar para demostrar que el doctor es inocente”.