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Cancelan la elección de comisariado en Tetelcingo; se alteró el padrón, denuncian

Alejandro Guerrero

Iguala

Pobladores de la comunidad indígena nahua de San Juan Tetelcingo, municipio de Tepecoacuilco, denunciaron corrupción e irregularidades en el proceso de elección para la renovación de la Comisaría de Bienes Comunales el cual se realizaría este viernes pero fue suspendido debido a que presuntamente se pretendía que votaran quienes no son comuneros y personas que usurparon a otros que ya fallecieron.
De acuerdo con la activista y ex aspirante de Morena a la diputación federal, Juventina Asencio Iglesias, un grupo minoritario afín al comisariado saliente Juan Urbano Mendoza Villalba y “caciques” del pueblo, pretendieron realizar la asamblea de elección en la calle afuera de la Casa del Pueblo, y no en la Comisaría Ejidal como se ha hecho.
En declaraciones por teléfono, denunció que el grupo afín del comisariado saliente, quien tiene el apoyo del alcalde panista Félix López Olivares y el “cacique” José Concepción García, sin un orden del día y sin permitirles a ellos presentar la propuesta de su candidato, empezaron con el pase de lista en la mesa instalada en la calle, y al mismo tiempo llevaban otra lista donde iban votando conforme eran nombradas las personas, lo que provocó confrontaciones verbales entre los dos grupos.
Indicó que en la lista llevaban los nombres de personas ya muertas, algunas que fallecieron durante la pandemia por Covid-19 y personas que usurpaban su lugar, pues al ser una comunidad pequeña conocen a todos los pobladores; asimismo, llevaron personas “acarreadas” de otros pueblos que no son comuneros y pretendían que también votaran.
Denunció que no llegó ninguna representación del Registro Agrario Nacional (RAN) ni de la Procuraduría Agraria (PA), como tampoco del gobierno municipal de Tepecoacuilco, sólo policías municipales y comunitarios que presenciaron el hecho y se retiraron.
El proceso se realizaría a partir de las 11 de la mañana con un padrón de alrededor de 500 comuneros, pero debido a las irregularidades señaladas se canceló. Cerca de las 2 de la tarde el grupo afín a Morena se trasladó a la Comisaría Ejidal donde intentarían realizar la asamblea general y las elecciones.
Por la noche, Ascencio Iglesias informó que no hubo elecciones y fueron canceladas, y en la Comisaría Ejidal levantaron un acta y firmaron una minuta de acuerdos en la que convocaron a una asamblea general para las 12 del mediodía del domingo en la que se pretende tomar acuerdos para realizar la elección.
En el oficio firmado en la reunión de la comisaría ejidal y que fue firmado por pobladores que se opusieron a que elección se realizara en la calle, se denuncia que el actual presidente del Comisariado de Bienes Ejidales, Juan Urbano Mendoza decidió de manera “abrupta” que la asamblea de elección sí se realizara en la calle con listas de personas que él llevaba.
Asimismo denunciaron que el comisariado saliente no ha dado un informe de la renta de terrenos de siembra de maguey mezcalero ni del balneario natural Apantipan, que al año generan ingresos de alrededor de un millón de pesos.
En las declaraciones hechas, denunció que desde hace ocho años, enviados de la Procuraduría Agraria en complicidad con los “caciques” del pueblo han impuesto al Comisariado de Bienes Ejidales mediante procesos de elección irregulares, incluso mencionó que así designaron al actual Juan Urbano Mendoza.
Por separado, la pobladora Cristina Iglesias Cortés, denunció que un grupo minoritario pretendía realizar las votaciones a escondidas para pretender imponer una vez más a su candidato. Dijo que se opusieron al proceso de votación que habían iniciado el grupo afín al comisariado saliente porque estaban violentando las leyes agrarias y los derechos de los comuneros, además de tener a los adultos mayores parados en la calle bajo el sol.
Hizo un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al presidente Andrés Manuel López Obrador que intercedan en este proceso para no llegar a más conflictos entre los pobladores.

Mantienen la PA y el TUA a comisariado acusado de irregularidades en Tepecoacuilco, denuncian

Lourdes Chávez

Chilpancingo

En reunión en la comisaría municipal de San Juan Tetelcingo, municipio de Tepecoacuilco, comuneros denunciaron las irregularidades cometidas por el grupo político que se ha sostenido en los cargos de núcleo agrario desde 1996, en complicidad con el Registro Agrario Nacional (RAN) y el Tribunal Unitario Agrario (TUA), informó la luchadora social, Juventina Ascencio Iglesias.
En entrevista telefónica sobre la asamblea de este domingo, indicó que quienes se ostentan como autoridades agrarias vendieron la parcela de la escuela y se apropian de terrenos con el sello de los bienes comunales, además de que agreden física y verbalmente a quienes deben representar y los han representado contra su voluntad en tribunales.
La líder nahua recordó que el martes, el pueblo impidió que ese grupo tomara como oficina la Casa del Pueblo, cuando llegó acompañado con un actuario del TUA, según sus credenciales.
Al siguiente día pidieron en la unidad administrativa en Iguala, una explicación sobre la diligencia del visitador, solicitaron la depuración del padrón comunal y que se convoque a elecciones del núcleo agrario. Dijo que ahí les informaron que la asamblea electiva será tentativamente el primero o 2 de diciembre, pero quedaron de confirmar.
Recordó que Urbano Mendoza Villalba, reconocido por las autoridades agrarias como presidente del Comisariado de Bienes comunales de San Juan Tetelcingo, pero desconocido por el pueblo, citó a asamblea el 22 de noviembre, pero al parecer también a él le cambian las fechas.
Añadió que en la próxima asamblea se espera que vaya personal del RAN y de la Procuraduría Agraria (PA).
Sin embargo, aclaró que hace tres años, los funcionarios federales se retiraron de la sesión, argumentando que el pueblo pretendía quemarlos, lo cual negó rotundamente Juventina. Señaló que fue una estrategia para favorecer al grupo que tienen en el poder más de 20 años, cuando algunos ni siquiera viven en el pueblo.
Indicó que, en la reunión, los asistentes acordaron llamar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a poner atención en este conflicto, “que nos tomen en cuenta como pueblos originarios, en los hechos no vemos resultados”.

 

No solucionan conflicto agrario de Zitlaltepec y Buena Vista; aumenta el riesgo de violencia

Sin acuerdos terminó ayer una reunión de representantes de los núcleos agrarios de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, y Buena Vista, de San Luis Acatlán, convocada por autoridades federales y estatales para resolver un conflicto agrario entre las dos comunidades que surgió hace más de 80 años.
Tras el fracaso de las negociaciones, el riesgo de violencia entre los comuneros de los dos núcleos agrarios aumentó, toda vez que los representantes de Buena Vista rechazaron la propuesta de una indemnización a cambio de las 488 hectáreas en conflicto, y amenazaron que las van a recuperar a costa de lo que sea.
La reunión en las instalaciones de la Procuraduría Agraria (PA) estuvo encabezada por el subsecretario de Asuntos Agrarios, Jesús Francisco Corral Palomera; el sub secretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrel, y el subdelegado jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Marcial Rarilla.
Por parte de la comunidad de Buena Vista encabezó la comisión el comisariado de Bienes Comunales, Juan Carranza Martínez, en tanto que de parte de Zitlaltepec fue el comisariado de Bienes Comunales Miguel Santiago Lorenzo.
El abogado de Zitlaltepec, Luis Jerónimo Zavala informó que el conflicto surgió hace más de 80 años entre los núcleos agrarios de Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán y Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, quienes se disputan 488 hectáreas de tierra que han provocado varios enfrentamientos entre los comuneros.
El abogado Jerónimo Zavala informó que, en julio de 2015 el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 12 de Chilpancingo emitió una resolución a favor de Zitlaltepec, en la que asentó que de las 488 hectáreas, sólo 57 corresponden a Buena Vista y el resto a Zitlaltepec.
Sin embargo, el abogado declaró que la resolución del TUA 12 no se ha ejecutado ante la oposición de los comuneros de Buena Vista.
Dijo que, en la reunión de ayer las autoridades federales y estatales propusieron que los comuneros de Buena Vista reciban una contraprestación económica a cambio de las 488 hectáreas, pero que los representantes de ese núcleo agrario se negaron a aceptar, con el argumento que no sería avalado por los comuneros de su localidad.
Jerónimo Zavala informó que el presidente de los Bienes Comunales de Buena Vista, Juan Carranza Martínez solicitó un plazo de dos meses para someter a consenso entre los comuneros de su localidad la propuesta, pero adelantó que estaba seguro de que no la aceptarán porque quieren las tierras que están en posesión de Zitlaltepec.
El abogado explicó que, hace unos 80 años los comuneros de Buena Vista le reclamaban a los de Zitlaltepec una superficie de 488 hectáreas, “porque se decían ser dueños, como también se consideran propietarios los de Zitlaltepec”.
Añadió que, como nadie cedía se presentó la demanda ante el Tribunal Unitario Agrario de Chilpancingo, que mediante sentencia, en julio del 2015 determinó que Buena Vista y sus anexos únicamente son dueños de 57 hectáreas y no las 488 que reclaman.
El abogado explicó que los comuneros de Buena Vista ya no interpusieron ningún recurso legal, y que los de Zitlaltepec supusieron que habían quedado conformes con la sentencia.
Añadió que, como ya no hubo ningún recurso, Zitlaltepec comenzó a exigir que se ejecute la sentencia, porque las 488 hectáreas, incluidas las 57 que el TUA 12 resolvió que eran de Buena Vista, están en posición de Zitlaltepec.
Dijo que, sin embargo, Buena Vista no ha querido recibir las 57 hectáreas que el TUA 12 resolvió que son suyas, argumentando que les corresponden las 488 hectáreas.
Añadió que, con el fin de destrabar el conflicto, los comuneros de Buena Vista se acogieron al programa de Conflictos Sociales del Medio Rural (Cosomer) para que fueran indemnizados por las 488 hectáreas.
Informó que, en la reunión de ayer las autoridades federales y estatales, así como los representantes de los comuneros de Zitlaltepec, iban con la idea de que los representantes de Buena Vista aceptaría ya la indemnización a cambio de las tierras, pero que el comisariado de Bienes Comunales rechazó el ofrecimiento, argumentando que no sería aceptada la propuesta por sus representados.
El abogado añadió que el conflicto sigue entrampado como al principio, porque no creen que los comuneros de Buena Vista acepten la indemnización como adelantó su representante.
Recordó que el conflicto agrario es uno de los considerados como “foco rojo”, y que ha sido motivo de varios enfrentamientos entre los comuneros en disputa.
Informó que el riesgo de violencia sigue latente, porque los comuneros de Buena Vista han amenazado que van a recuperar las tierras a costa de lo que sea, pues insisten en que les pertenecen.

 

 

Piden comuneros de Zelocotitlán, Chilapa, reconocimiento legal a la Procuraduría Agraria

 

Comuneros de Zacapexco, Rincón de Chautla y Paraíso de Tepila, comunidades de Chilapa pertenecientes al núcleo agrario de Zelocotitlán, pidieron a la Procuraduría Agraria (PA) parar los excesos de cobro de multas y que se les reconozca legalmente, pues no entran al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) porque las autoridades comunales sólo los reconocen como avecinados.
Al término de la reunión privada, los comuneros dijeron que los atendió el subdelegado, Jesús González, para destrabar el conflicto, y que también estuvieron presentes autoridades comunales con las que tienen el problema.
Contaron que les han cobrado multas excesivas, de 5 mil a 10 mil pesos, por cortar árboles y otras acciones, pese a que no hay ningún estatuto que especifique costos ni asambleas que lo determinen; además señalaron que han sido víctimas de despojos.
El primero de los cinco acuerdos a los que llegaron es que se les entregará copia de los estatutos para verificar cuáles son las multas adecuadas; sin embargo, el estatuto aún no está terminado, y además cada comunidad nombrará a sus representantes, dijeron.
Otro acuerdo fue que quienes integran los bienes comunales y consejo de vigilancia devolverán un solar que le quitaron a un comunero, una vez que se presente a la comisaria de bienes comunales para definir la fecha para de la asamblea y se le devuelva. Contaron que se le despojó porque fue convocado por las autoridades comunales y no acudió.
El tercer acuerdo, en cuanto a su reconocimiento como comuneros, es que se les invitará a las asambleas convocadas por el comisariado de bienes comunales, donde tendrán derecho de voz.
El cuarto es que enviarán las solicitudes para que se convoque a asamblea y se les dé el reconocimiento como sujetos de los bienes comunales.
El quinto acuerdo fue en referencia a la tierras de uso común, pues han tenido conflictos en los terrenos que tienen árboles gruesos o monte, pues dijeron que el comisariado con su gente han medido, han parcelado, pero la ley dice que esos terrenos tienen que ser de uso colectivo, por lo que se tienen que respetar y reforestar, además de que la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Semarnat) o la Comisión Nacional Forestal (Conafor) deben otorgar proyectos.

 

Llevó las escrituras ante la Procuraduría Agraria la vecina de El Ticuí, Atoyac, acusada de invasión

La vecina Justina Martínez Guillén de 95 años, que fue acusada por vecinos y ejidatarios de El Ticuí, Atoyac, de invadir el área de uso común en la calle Progreso del Sur, que también era entrada y salida a las viviendas de algunos vecinos, informó que presentó ante el Procuraduría Agraria las escrituras que la avalan como propietaria del terreno que presuntamente invadió.
Martínez Guillén dijo que su vecino José Manuel Cisneros González fue quien intentó invadir el área porque lo utilizaba para estacionar su automóvil.
En abril de 2016, Cisneros González convocó a medios de comunicación para denunciar que la vecina Eleazar Soberanis Martínez bloqueó el paso de 40 metros cuadrados, de uso común desde 1920 y del cual señaló es dueño de una parte. Además pidió que la asamblea ejidal atendiera el caso.
Eleazar Soberanis Martínez es hija de Justina Martínez Guillén, y se deslindó de la invasión porque dijo sólo representa a su madre. Acusó a Cisneros González de presentar unas escrituras falsas y dijo: “Mi madre Justina Martínez tiene 75 años viviendo en la calle Progreso del Sur, en la comunidad El Ticuí, el profesor José Manuel Cisneros intentó despojarla de la casa y de la calle”.
Soberanis acusó a Cisneros de estar acostumbrado a apropiarse de lo ajeno como lo hizo en la Ciudad de México y precisó que el caso ya está turnado ante la Procuraduría Agraria y las autoridades ejidales.
Afirmó que tiene los documentos que prueban que su mamá es la propietaria del terreno, y no quieren ser molestadas ni dialogar con el vecino agraviado, al que señaló de mentir a los medios y de no poder probar ante las autoridades ser dueño de algo que no le pertenece.
Manifestó que Cisneros “intentó robarle el predio que le dejó mi padre como herencia a mi madre y se negó a dialogar con mi madre en el Ministerio Público”.

La Procuraduría Agraria no interviene en Ahuetlixpa porque no se lo pidieron, dice el delegado

 

El delegado de la Procuraduría Agraria (PA) en Guerrero, Ezequiel Zúñiga Galeana afirmó que esa dependencia no ha intervenido en el conflicto entre San Francisco Ozomatlán, municipio de Huitzuco y Ahuetlixpa, municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), porque no fue solicitado por los pobladores “ante los intereses de abogados particulares que han llevado el caso”.
Desde el 22 de mayo, más de 400 indígenas nahuas de Ahuetlixpa están incomunicados luego de que sus vecinos de San Francisco Ozomatlán cerraron la carretera con una cerca de postes y alambre de púas, debido a un conflicto por 89 hectáreas de tierra.
Según los comuneros del núcleo agrario de San Juan Totolcintla, al que pertenece Ahuetlixpa, el conflicto es por 89 hectáreas de tierra, pero los de San Francisco Ozomatlán aseguran que es por más de 600 hectáreas.
Vía telefónica el delegado de la Procuraduría Agraria informó que el conflicto está a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios, la Secretaría de Asuntos Políticos del gobierno estatal y del Tribunal Unitario Agrario (TUA).
Detalló que la dependencia federal intervino con algunas asesorías en el TUA, sin embargo, las comunidades en conflicto tienen abogados particulares.
“Cuando los ejidos no tienen quién los represente en el Tribunal, el mismo Tribunal ordena asesorar a un sujeto agrario o a un ejido, pero cuando se presentan con abogados particulares nosotros ya no somos parte en el litigio, que es lo que sucede en esta ocasión”, expuso.
Agregó que si los pobladores hubieran requerido el apoyo de esa Procuraduría para resolver el conflicto, “tal vez ya se hubiera arreglado, pero en este caso la dependencia no interviene, pues lo no pedido es lo no concedido… y si no te buscan es porque no te necesitan”.
El delegado enfatizó que de momento no tienen una vía conciliatoria para resolver ese conflicto porque no forman parte del mismo, y dijo que los abogados particulares alejan a los pobladores de la Procuraduría Agraria, “por una simple razón: ellos cobran y nosotros no”.
Zúñiga mencionó que el TUA sabe que la Procuraduría no interviene en el problema, y que “en el momento de que nos presentemos a una audiencia nos rechazarían; entonces para qué voy”, dijo.
Por otro lado, se dio a conocer que la presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Felícitas Muñiz Gómez reconoció que sigue sin resolverse el conflicto agrario por el que habitantes de San Francisco Ozomatlán mantienen bloqueado al pueblo de Ahuetlixpa.
La alcaldesa refirió que la situación es grave, pues los habitantes nahuas de Ahuetlixpa siguen incomunicados, y actualmente la única salida que tienen es por el río Balsas, el cual se encuentra muy crecido.

Denuncian vecinos de El Ticuí, Atoyac, que una vecina se apropia de un paso de transeúntes

Vecinos y ejidatarios de la comunidad de El Ticuí, Atoyac, denunciaron que en la calle Progreso se permitió la invasión del área de uso común, que también era entrada y salida a las vivienda de algunos vecinos de la calle.
Uno de los afectados, José Manuel Cisneros González dijo que las autoridades permitieron que la señora Eleazar Soberanis Martínez construyera y bloqueara el paso en 40 metros cuadrados, que eran de uso común desde 1920 y paso de servidumbre.
El cierre de la calle los dejó sin salida por su corredor y sin poder usar lo que la mujer usaba como cochera.
Los afectados piden que intervengan las autoridades ejidales, municipales y a la Procuraduría Agraria.
Alertan que el cierre de la calle y acceso a los vecinos provocará un taponamiento de las corrientes pluviales, porque además hay un arroyo cerca del lugar. Exponen que Eleazar Soberanis, quien dirigió la obra en el paso de servidumbre, no vive en la casa de la cual es propietaria su madre.
Los afectados pidieron a la asamblea ejidal que atienda la invasión, en una reunión el próximo domingo, ya que anteriores citatorios que hizo de la Procuraduría Agraria no fueron atendidos por la vecina de cuyos abusos se quejan.

Identifica el Consejo de Desarrollo Agrario 20 conflictos en el estado en su primera sesión

En el estado de Guerrero hay 20 conflictos agrarios identificados por la federación y el gobierno del estado en las regiones de la Tierra Caliente, Montaña, Centro y Costa Grande.
La tarde de este martes fue la primera sesión del Consejo de Desarrollo Agrario, en la que participaron la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Desarrollo Social estatal y la Subsecretaría de Gobierno para Asuntos Agrarios.
El objetivo de la reunión fue identificar los conflictos en el estado, por lo que se hizo un cruce de padrones para determinar cuántos y dónde están los problemas agrarios.
A través de un boletín de prensa se detalló que el gobierno del estado, representado por la subsecretaría de Asuntos Agrarios, presentó una lista de 13 conflictos, mientras que la delegación de la Sedatu presentó 16.
Al revisar la lista de conflictos de las dos dependencias, se identificaron cuatro casos coincidentes, por lo que concluyeron que hay 20 conflictos agrarios en el estado.
En el boletín de prensa se dio a conocer que el delegado de la Sedatu, José Manuel Armenta Tello explicó que el objetivo de la creación del Consejo de Desarrollo Agrario es que de manera coordinada los gobiernos estatal y federal establezcan una agenda prioritaria de asuntos agrarios, que no necesariamente deben tener el nivel de conflictos para ser atendidos.
Después de esta reunión, opinan que se podría elaborar una agenda agraria que posteriormente sea sometida a consideración del Consejo Agrario para asignar “las prioridades y encontrar las soluciones mediante la discusión de la problemática”.
Por su parte, el subsecretario de Gobierno para Asuntos Agrarios, Fernando Jaimes Ferrel destacó que es necesaria la intervención de la federación y, como indica el artículo 19 de la Constitución, es competencia de la federación atender todos los problemas agrarios.

Eligen a un priista nuevo presidente del comisariado del ejido de Tres Palos

Ejidatarios de Tres Palos eligieron como nuevo presidente del ejido al priista Julio Ortiz Ochoa, en una votación que transcurrió en calma, destacó el presidente del comisario saliente, Manuel Baltazar Ávila Sierra.
Ayer desde las 9 de la mañana inició la votación en la comisaría del poblado, que fue resguardada por ocho policías municipales.
El delegado de la Procuraduría Agraria (PA), Ezequiel Zúñiga Galeana, estuvo como observador del proceso que se registró sin incidentes.
De un total de 617 ejidatarios registrados en el padrón de la PA, votaron 389. Se eligió a Julio Ortiz Ochoa con 169 votos, contra 151 votos para la planilla Roja que encabezó el ex perredista Rolando Paredes Sierra; la planilla que encabezó el perredista Miguel Ángel Vázquez Morales obtuvo 69 votos.
Por la mañana las primeros en votar fueron personas de la tercera edad y algunas llegaron en sillas de ruedas, otras apenas y podían caminar, por lo que fueron apoyados por los seguidores de cada planilla para pasar a la comisaría y emitir su voto.
A las 11 de la mañana, por la insistencia de los ejidatarios y la molestia porque no pasaban a votar, los representantes de la casilla decidieron llamarlos conforme el registro del padrón de la PA.
El proceso se realizó en calma con la presencia de la policía municipal. Afuera de la comisaría los tres candidatos revisaron el padrón para corroborar quiénes habían pasado.
El candidato ganador, de la planilla Verde y quien ocupó el mismo cargo por tres años en el periodo 2004-2007, colocó dos toldos a unos 20 metros de la comisaría donde repartió a sus seguidores barbacoa y aguas de frutas.
Por teléfono, a las 6 de la tarde cuando se dio el cierre de la votación, el comisario saliente, Ávila Sierra, informó los resultados y destacó que el proceso se realizó en calma, señalando que en las elecciones pasadas hubo confrontaciones verbales y físicas entre los ejidatarios.

Niega la PA que se impusiera al comisariado de Bienes Comunales de Cacahuatepec

El delegado de la Procuraduría Agraria (PA), Ezequiel Zúñiga Galeana, aseguró que no se impuso a nadie en la elección del comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que ganó Juan Flores Palma, y que acatará la resolución del Tribunal Unitario Agrario (TUA) si anula el proceso.
En declaraciones durante la elección del comisariado de Tres Palos, el delegado indicó que los Integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop) no impugnaron el proceso de Flores Palma porque se hizo con apego a la ley.
“Nosotros hicimos la asamblea con todas las de la ley. El Cecop no impugnó porque vieron que las cosas las hicimos bien”, aseguró.
Comuneros encabezados por Antonio Bailón Valente impugnaron en el TUA la segunda elección para presidente del comisariado de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, realizada el 14 de julio del año pasado en la comunidad de El Bejuco, donde resultó electo Flores Palma.
Zúñiga Galeana explicó que la segunda asamblea se realizó luego de que en 2009, el TUA ordenó a la Procuraduría Agraria a que convocara a elecciones nuevamente, después de anular el acta en la que se eligió como comisariado a Eustaquio Vázquez. En aquella ocasión, dijo, no hubo el 50 por ciento más uno de los comuneros.
Abundó que en la segunda elección se realizó en El Bejuco, que sí pertenece a la Bienes Comunales de Cacahuatepec, y que no se requería que estuvieran los siete mil comuneros registrados porque ya se había hecho una asamblea y no llegó la mitad de los empadronados.
Sostuvo que sí se difundió la convocatoria en los Bienes Comunales y que de eso tiene documentos y fotografías.
El delegado indicó que si el TUA decide anular la elección de Palma Flores y reponerla, la Procuraduría Agraria volverá a convocar a un proceso en los Bienes Comunales o incluso fuera de ella porque la ley así lo establece.