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La Procuraduría Agraria ya cumplió en el conflicto de Alpoyeca, asegura el delegado estatal

El delegado de la Procuraduría Agraria (PA) en el estado, Ezequiel Zúñiga Galeana manifestó que la dependencia ya cumplió con su responsabilidad en el conflicto agrario de los comuneros de Alpoyeca.
Desde enero pasado, los comuneros denunciaron que el alcalde militante del Partido del Trabajo (PT), Osiel Humberto González Almazán, la síndica Rosaura Moreno Ríos y el ex presidente de Bienes Comunales, Rigoberto Almazo González comenzaron a vender ilegalmente las tierras que le pertenecen a los comuneros.
Consultado vía telefónica, Zúñiga Galeana sostuvo que la PA ya cumplió con atender el problema que se presentó, en referencia a la elección del comisariado.
“Nosotros hicimos ya la asamblea para el cambio de comisario, lo hicimos en paz”, agregó.
El pasado 4 de marzo se llevó a cabo una asamblea para cambiar al presidente del comisariado de Bienes Comunales de Alpoyeca, la cual se celebró en el salón de reuniones de la cabecera municipal, en el primer piso de la comisaría comunal.
Entre gritos y golpes se llevó a cabo la elección, y luego de conocerse los resultados, el grupo perdedor, que es el que pretende cambiar el uso de suelo para lotificarlo, encerró al grupo de comuneros ganador.
A pesar de eso, Ezequiel Zúñiga asegura que la asamblea se realizó en paz.
El funcionario insistió que su dependencia únicamente se encargó de la elección del nuevo comisariado de Bienes Comunales, y al concluir con esa tarea se retiraron del conflicto agrario por el que se han registrado hechos violentos.
También se le preguntó sobre las acusaciones hechas por el comunero Florentino González Ayala, quien dijo que pese a las constantes denuncias ante la PA no han tenido una respuesta favorable para evitar la venta de lotes.
“De esos asuntos nosotros no nos encargamos, nosotros nos encargamos del problema con el anterior comisario y hasta ahí llega nuestra competencia”, expresó.
Sobre los hechos de violencia que se han registrado, como la amenaza por parte del grupo de Rigoberto Almazo, a quien acusan de intentar quemar sus casas, así como de hostigarlos, comentó que le corresponde a otras áreas atenderlo.
Explicó que la Procuraduría Agraria sólo podrá intervenir en el caso hasta que los comuneros lo busquen en su oficina y presenten una queja formal sobre algún problema con el nuevo comisario de Bienes Comunales.
Reiteró que la Procuraduría sólo podía intervenir en el proceso de elección de los comisarios, y además sólo si había una denuncia formal que pidiera su intervención.

Pide la Procuraduría Agraria al TUA avalar la elección de comisariado en Cacahuatepec

 

En la primera audiencia de desahogo de pruebas de la demanda de comuneros contra el acta de asamblea donde se eligieron autoridades de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, la Procuraduría Agraria (PA) entregó documentos por escrito para demostrar que se cumplió la orden del Tribunal Unitario Agrario (TUA) de convocar a nueva elección.
El 24 de febrero acudirán testigos a ratificar las pruebas y el magistrado determinará si se cumplió o no la orden; también los demandados, que son los integrantes del comisariado y del Consejo de Vigilancia supuestamente elegidos.
Encabezados por Antonio Bailón Valente, comunero opositor a La Parota, un grupo de comuneros demandaron ante el TUA la nulidad de la elección realizada el 14 de julio en la comunidad de El Bejuco, cuando el lugar para dichos actos es la comisaría ubicada en Cacahuatepec.
La audiencia había sido convocada para el 17 de noviembre, sin embargo se difirió debido a que no llegaron todos los demandantes. La audiencia de ayer fue presidida por el magistrado Francisco Marcos Hernández Baez.
El comisariado impugnado es Juan Flores Palma, quien a través de su representante legal Pedro Larumbe Morales entregó pruebas por escrito al TUA de la elección, que son el listado de los 55 comuneros que firmaron el acta de asamblea que fue impugnada en donde se eligió al nuevo comisariado.
Por su parte, la PA entregó un testimonio notarial firmado el 5 de enero de 2016, y ofreció como prueba testimonial a Roberto Olivares Pita y Ramiro González Ávila, quienes fueron convocados a comparecer el próximo 24 de febrero para desahogo de pruebas.
Esto para que confirmen que el proceso de la convocatoria a la asamblea del 14 de julio fue correcto y que no hubo irregularidades como lo señalan los comuneros que demandan la nulidad del acta en la que se eligió como comisariado a Flores Palma.
En el 2009, el TUA ordenó a la PA que convocara a elecciones nuevamente, después de anular el acta de asamblea en donde se eligió como comisariado a Eustaquio Vázquez.
En dos ocasiones se emitieron primeras convocatorias para asamblea. En el segundo procedimiento se llegó a segunda convocatoria, sin embargo integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) impidieron que siguiera el proceso argumentando irregularidades.
Por su parte, el representante legal de los demandantes, Raúl Palma Benítez, pidió al magistrado que de darse la nulidad del acta de asamblea que reclaman, se le exija a la PA y al Registro Agrario Nacional (RAN) que ordene que se les quiten los documentos que los acreditan como autoridades del comisariado.

La Procuraduría Agraria no reconoce al comisarido de San Juan Totolcintla, Apango, denuncian

 

Comuneros de San Juan Totolcintla, municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), denunciaron que la Procuraduría Agraria (PA) no quiere reconocer a los integrantes de la planilla del comisariado de Bienes Comunales que ganó las elecciones la semana pasada.
Vía telefónica, Melquiades García Ríos, quien encabeza la planilla, dijo que la dependencia federal no los quiere reconocer porque 1997 se opusieron a la aplicación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) que pretendía imponer el gobierno federal a través de la PA.
Dijo que la representante de la PA, Mercedes Linares Trinidad debió ratificar y tomar protesta a los integrantes de la planilla que él encabeza en una asamblea que se llevaría a cabo ayer a las 3 de la tarde, pero la funcionaria se adelantó y llegó a las 10 de la mañana sólo para decirles que los integrantes de la planilla ganadora no son elegibles.
Sin embargo, aseguró que los comuneros ayer mismo ratificarían a sus representantes elegidos.
“Invitamos a la PA para que la representante asistiera a la reunión de las 3 de la tarde, pero llegó a las 10 de la mañana y se regresó, por eso vemos que (Mercedes Linares) tiene preferencia y no quiere que la planilla ganadora encabece a los Bienes Comunales”, expresó Melquiades García.
Y comentó que la mayoría de los comuneros están a favor de los que fueron electos.
Informó que desconocen los motivos del por qué no quiere que queden ellos, “solamente nos dice que nosotros no podemos registrarnos, que no somos comuneros”, sin embargo, aseguró que la mayoría ya han sido integrantes del comisariado comunal.
Señaló que en su caso fue parte del comisariado en el periodo de 1997 a 1999, cuando se registró como comunero ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
“Entonces como es posible que ahora diga que yo no reúno los requisitos, cuando el pueblo y los comuneros nos están respaldando, y ella solamente debería acatar la decisión del pueblo y no lo está haciendo”, se quejó.
Comentó que la única explicación que encuentra es que los integrantes de este grupo se opusieron a la aplicación del programa federal Procede, y recordó que en ese entonces tuvieron muchos problemas.
También informó que hace 6 años eligieron a Eleuterio Dimas Deloya como parte del comisariado, y que éste extravió la documentación original de la titulación de los Bienes Comunales y un documento de 1717 que contenía la historia del pueblo, y por eso no quieren que cualquier persona quede al frente del comité.
Dijo que la PA tiene que reconocer a los comuneros electos, de lo contrario va a haber problemas, “si no nos ayuda, tampoco que no nos venga a generar problemas”, pidió.
Informó que actualmente tienen varios conflictos con otros núcleos agrarios vecinos, y que urge que se reconozca a los representantes de los Bienes Comunales para que continúen las reuniones de negociación y solución de esos conflictos antes de que ocurra algún enfrentamiento.
Informó que los conflictos agrarios que tienen pendientes son los de Ayotzinapa y San Francisco Ozomatlán.

“Todo tiene un límite”, dicen comuneros de Zapotitlán a los gobiernos federal y estatal

Se niegan a resolver por la vía pacífica el litigio con Acatepec, dicen

 La Procuraduría Agraria pretende ejecutar “a como dé lugar”, el convenio mediante el cual a sus vecinos se les otorgó 60 por ciento del terreno en disputa, denuncian en Chilpancingo

 Ezequiel Flores Contreras Chilpancingo

“Todo tiene un límite y Zapotitlán ya no aguanta más”, dijeron comuneros de este municipio que denunciaron ayer que los gobiernos estatal y federal se niegan a resolver por la vía pacífica el conflicto agrario con sus vecinos de Acatepec con quienes disputan mil 800 hectáreas .

Asimismo acusaron que la Procuraduría Agraria pretende ejecutar, “a como dé lugar”, el convenio mediante el cual a Acatepec se le otorgó 60 por ciento del terreno en disputa.

En conferencia de prensa, cuatro comuneros, encabezados por Mardonio Pérez Merino, informaron que por la mañana acudieron a las oficinas de la Procuraduría Agraria para entregar un escrito, en el que solicitaban la expedición de una convocatoria para renovar los órganos de representación y vigilancia comunal de Zapotitlán Tablas.

Pero el subdelegado jurídico de la dependencia federal los remitió a la ciudad de Tlapa, con el jefe de residencia de la Procuraduría Agraria, Miguel Bello, para hacer el trámite.

“Estamos cansados de que se burlen de nosotros y nos traigan dando vueltas”, expresó Ludovico Vázquez García, otro comunero inconforme, quien aseguró que “todo tiene un límite y Zapotitlán ya no aguanta más”.

Señalaron que las autoridades estatales y federales son responsables de que ese municipio atraviese por dos conflictos al no intervenir a tiempo para la solución de los problemas. El primero, netamente agrario, que de no resolverse a tiempo –aseguran– podría desencadenar un enfrentamiento entre comuneros de Acatepec y Zapotitlán.

El otro, de carácter político, que continúa cobrando vidas a raiz de la disputa por el control entre las organizaciones sociales afines al PRI, LARSEZ y Antorcha Campesina, y que hasta el momento el saldo es de por lo menos una docena de muertos y un alcalde panista con licencia buscando a toda costa inmunidad.

Hasta el momento, 55 de 101 comuneros de Zapotitlán han desconocido al presidente de los Bienes Comunales de ese municipio, y reiteraron que de igual forma el convenio suscrito entre supuestos comuneros de Zapotitlán y Acatepec es “una farsa”, pues nunca se tomó en cuenta la opinión de la mayoría.

Denuncian que la Procuraduría Agraria cobra predios a colonos de El Porvenir

Los terrenos fueron expropiados a favor de Corett e incluso hemos pedido que nos regularicen, se quejan afectados

Karina Contreras

Habitantes de la colonia irregular Porvenir de Llano Largo denunciaron que la Procuraduría Agraria quiere cobrar 545 mil pesos por el predio que ocupa dicho asentamiento, cuando éste ya fue expropiado por la federación a favor de la Comisión Regularizadora de la Tenencia de la Tierra (Corett).

En una conferencia de prensa en el Zócalo, los colonos informaron que debido a la resistencia para pagar el predio a la Procuraduría Agraria, está los demandó por despojo, pero –dijeron– no tiene validez porque el terreno no pertenece al ejido de El Cayaco.

El asesor jurídico de los colonos, Eugenio Morales Suástegui, explicó que en un decreto presidencial del 5 de julio de 2001, el predio fue expropiado para Corett, que es la que debe regularizar y, en su caso, cobrar a las familias.

Morales Suástegui dijo que las 54 familias ocuparon el predio dos meses después de que fue expropiado, y aclaró que tienen intención de pagar a Corett, e incluso han pedido que los regularice.

Señaló que después de varios meses llegaron dos mujeres, Heriberta Florentina Ríos García y Atala Salgado Salgado, quienes se dicen dueñas del predio, pero no han presentado la acreditación.

El abogado mencionó que estas personas son apoyadas por la Procuraduría Agraria, en concreto por el visitador Carpanta Colín,           cuando no debe ser así, ya que los predios no pertenecen al ejido de El Cayaco.

Señaló que incluso le tendieron una trampa a unas vecinas para que firmaran un convenio de pago de 545 mil pesos, aun cuando sabían que el predio era propiedad de Corett.

Demandarán a la Procuraduría Agraria la anulación de elecciones en Sabanilla

* Votaron personas sin registro: la comisaría saliente

 El titular de la cartera de control y vigilancia de la comisaría ejidal saliente de Sabanilla, municipio de Acapulco, Apolonio Valadez Nava, anunció que hoy entregarán por escrito a la Procuraduría Agraria, la demanda de anulación de las elecciones en las que quedó como comisariado ejidal con 55 votos a favor, el priísta Melesio Dorantes Alarcón, que encabezó la planilla roja, porque se admitió el sufragio de cuatro personas que no están registradas en el padrón actual.

Valadez Nava dijo que las personas que emitieron el voto a favor de Melesio Dorantes y que no están en el padrón son: Oliverio Carmona Alemán, Valentina Jaramillo Vázquez, Francisca Jaramillo Vázquez y Juliana Nava Flores.

Apolonio Valadez informó en una llamada telefónica a El Sur, que las elecciones se llevaron a cabo ayer a las 11 de la mañana, a puerta cerrada, en la comisaría ejidal del poblado, por medio de papeletas y en las que perdió con 53 votos, el perredista Jaramillo Carmona, que representó a la planilla Verde. Dijo que sufragaron 108 de 132 ejidatarios.

El ejidatario denunció que el sábado, el aspirante a gobernador por el PRI, Nabor Ojeda Delgado ofreció 500 pesos a los pobladores para que votaran a favor de la planilla Roja, además de que les ofreció fertilizante, cemento y la promesa de incorporarlos al programa de vivienda.

Valadez Nava comentó que el representante de la Promotoría Agraria, Ambrosio Adán Cuevas dio fe de las elecciones fue, quien no quiso admitir el padrón actual, de 132 ejidatarios argumentando que tenía como valido el que acreditó el ex comisariado ejidal, Bernandino Vinalay Gallegos, de 134, donde están registradas las personas que impugnan.

El ejidatario contó Bernandino Vinalay solicitó el padrón con fecha 17 de septiembre de 2003, fecha en que ya no estaba en funciones, y que aún así el delegado estatal del Registro Agrario Nacional, Javier Gutiérrez Robles le entregó el pasado 16 de febrero.

Valadez Nava dijo que Vinalay Gallegos dejó su cargo en agosto de 2003, siendo que su periodo terminó en febrero de ese mismo año, entonces promovieron su destitución en agosto y el 31 de ese mismo mes entró como interino Macrino Olea Vinalay, del PRD a quien suplirá el nuevo comisariado ejidal. (Roxana Ibarra).