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Firman CRAC-PC, INPI y gobierno estatal convenio para prevenir violencia hacia mujeres

Emiliano Tizapa Lucena

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatla?n, Rau?l de Jesu?s, el delegado del INPI, Manuel Va?zquez y la titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino en la firma del convenio Foto: Jessica Torres Barrera

Chilpancingo

Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), firmaron con la delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y el gobierno del estado, un convenio para difundir, capacitar, aplicar su reglamento y prevenir la venta de niñas y el matrimonio forzado.
Ayer se firmó el convenio en las instalaciones del INPI, en la colonia Burócratas, en Chilpancingo, donde la secretaria de la Mujer del gobierno estatal, Violeta Pino Girón, agradeció a la CRAC por establecer un diálogo para alcanzar fines comunes como son la prevención de las violencias hacia la mujer y el matrimonio en uniones tempranas de niños.
Comentó que el gobierno estatal busca alianzas con la federación, los gobiernos municipales y con la CRAC, esta última una organización con influencia desde hace muchos años en los pueblos de la Costa Chica y la Montaña. Afirmó que desde el año pasado se desarrolla la estrategia integral para el bienestar y la justicia de las mujeres y las niñas en nueve municipios y en 24 localidades de esas regiones.
Aseguró que juntos avanzarán en el proceso de sensibilización y capacitación de los derechos de las mujeres y de las niñas, y celebró que las reformas al reglamento de la CRAC, entre ellas el castigo a la venta de menores y al matrimonio forzado. “Ya en sí es un paso trascendental” que debe difundirse y dársele la importancia, porque significa una voluntad clara y expresa de la CRAC para avanzar en los derechos humanos de las mujeres.
Por su parte, el delegado del INPI en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, aseguró que hace un año se implementó un proyecto para fortalecer, construir y adecuar el reglamento interno de la CRAC, y destacó que el INPI ha sido muy respetuoso de las actividades organizativas de la organización comunitaria.
Dijo que el año pasado la CRAC trabajó en la prevención de la violencia de las mujeres indígenas en las comunidades donde tienen jurisdicción y aplican su sistema comunitario, así como la prevención del matrimonio infantil, por lo que los comisarios municipales le planteraron junto a los coordinadores la continuidad del proyecto para la difusión, capacitación, prevención y la aplicación del reglamento.
Expuso que el apoyo será económico, aunque no precisó la cantidad, pero manifestó que la CRAC administrará el recurso, por lo que pidió les ayuden a transparentarlo, y se aplique para lo que se destinó.
El vocero de la CRAC de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raul de Jesús Cabrera, agradeció que por segundo año consecutivo el INPI apoye a la CRAC con un nuevo proyecto.
Precisó que en 2022 el apoyo del INPI sirvió para la modificación de 18 artículos de su reglamento interno, del que destacó la prohibición de venta de menores o matrimonios forzados, que lograron con 10 reuniones y recorriendo las cinco Casas de Justicia: Zitlaltepec, Espino Blanco, Las Juntas-Caxitepec, El Paraíso y San Luis Acatlán.
Dijo que este año la idea es difundir, capacitar, y la aplicación del reglamento interno, para prevenir el matrimonio forzado, su objetivo, destacó, será tener 15 reuniones, recorrer y capacitar todas las autoridades y las comunidades, consensuar, y esperan que en octubre próximo, cuando cumpla 28 años la organización, presenten el proyecto y entreguen todos los resultados.
Al concluir la firma, en declaraciones a El Sur, Raúl de Jesús Cabrera, añadió que el reglamento interno de la CRAC indica que se aplicará un castigo de 15 años de reeducación a quienes realicen venta de menores o matrimonios forzados.
Expuso que los reglamentos ya se entregaron a las autoridades de todas las comisarías que pertenecen al sistema comunitario, a los consejeros y los comandantes, y la idea es explicar el contenido, por eso las reuniones serán abiertas para toda la comunidad, además de que tendrán en una versión digital que difundirán.
Añadió que después de que en octubre de 2021 se dio a conocer el caso de la niña Angélica, encarcelada 11 días por la Policía Comunitaria de Dos Ríos, Cochoapa de Grande, luego de que sus suegros exigían que sus padres devolvieran el dinero, pues la habían vendido a los 11 años para forzarla al matrimonio, “hasta la fecha no se han presentado situaciones iguales, eso no quiere decir que se haya acabado, quiero pensar que existe el temor de los delitos que se está contemplando”.

 

Con diálogo y alianzas se avanza en erradicar el embarazo y el matrimonio infantil: Semujer

La titular de la Secretaría de la Mujer, Violeta Pino, durante su comparecencia ante comisiones legislativas en la sala José Francisco Ruiz Massieu del Congreso local Foto: Jessica Torres Barrera

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

En la glosa del primer informe de gobierno de Evelyn Salgado Pineda, diputadas de Morena, PRI y PT preguntaron a la secretaria de la Mujer estatal, Violeta Pino Girón, acerca de la operación de los nueve programas que ejerció, de los cuales sólo uno tiene reglas de operación, el apoyo a madres solteras.
También, le manifestaron sus dudas acerca de las acciones para erradicar el embarazo infantil en el estado y el matrimonio infantil forzado en las regiones de la Montaña y Costa Chica. Pino Girón destacó que concluyó un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, que estaba inconcluso desde 2018, y con el cual, la Conavim podría levantar una medida de una alerta de género.
La tarde de ayer en su comparecencia ante comisiones, que se realizó en la sala José Francisco Ruiz Massieu, en el Congreso local, la diputada morenista, Citlali Calixto Jiménez le preguntó a la titular de la Secretaría de la Mujuer (Semujer) cuáles son las acciones emprendidas desde su secretaría para atender a las mujeres con discapacidad en el estado, y el avance de los trabajos en la erradicación del embarazo infantil.
Violeta Pino respondió que para prevenir y erradicar el embarazo infantil y adolescente su dependencia fue una de las 27 instituciones que integran el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo (GEPE), incluidas organizaciones de la sociedad civil, que contribuyen a través del fondo para el bienestar de las mujeres que ha dispuesto el Instituto Nacional de las Mujeres, y en el que plantearon una escuela de liderazgo y foros en los que escucharon las necesidades de las mujeres, los niños y a las juventudes.
Aseguró que atendieron a la población con discapacidad y que generaron materiales de difusión de educación sexual para los niños y adolescentes con una estrategia para incidir incluso en los tutores y docentes.

Reconoce a la CRAC

La diputada por el PT, Leticia Mosso Herández, le preguntó qué actores clave identificó en la prevención del matrimonio forzado infantil en las zonas indígenas de la Montaña y la Costa Chica, cuál es la articulación que tiene con ellos, y qué obstáculos identificó para que estos actores sumen, Pino Girón respondió que al inicio de la estrategia que implementaron los presidentes municipales tenían dudas y desconfianzas, pero actualmente contribuyen en la estrategia.
Reconoció a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) con quien dijo ya tuvo un acercamiento para decirles que buscan contribuir en el reconocimiento de que los matrimonios forzados de menores se tiene que erradicar bajo sus marcos normativos.
“Hay un ambiente muy favorable para seguir trabajando las alianzas porque juntos necesitamos trabajar para atender el problema de la violencia general, porque la violencia contra las niñas y niños expresada en matrimonios infantiles es inaceptable al igual que un feminicidio, una violación sexual o la violencia física en los hogares”, afirmó.

Acciones contra la violencia

La diputada morenista, Marben de la Cruz Santiago, le preguntó qué acciones ha realizado la Semujer en conjunto con dependencias de gobierno municipal, estatal y federal para eliminar los matrimonios forzados en niñas y adolescentes indígenas y afromexicanos y qué porcentaje de su presupuesto 2021-2022 se destinó para difundir y prevenir la violencia de niñas y mujeres indígenas y afromexicanas.
Violeta Pino precisó que de la Alerta por Violencia Feminicida emitida en 2017 estableció 21 medidas para el gobierno del estado, la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso del estado y nueve ayuntamientos, y en el caso de la de Agravio Comparado estableció 13 medidas, una de ella levantada debido a la aprobación de la reforma al código civil en el artículo 158, en referencia a la despenalización del aborto.
Detalló que la Semujer ha realizado dos campañas que establecen las propias alertas, es decir, dar a conocer la existencia de las alertas y elaborar un diagnóstico que dé cuenta del tipo y modalidades de violencia que viven las mujeres de Guerrero, el cual dijo ya sé concluyó, y darán a conocer en próximos días.
Detalló que de los 31.3 millones de pesos que manejó de presupuesto se destinó 5 millones para capacitar a las localidades de estos nueve municipios, a sus policías comunitarias, policías municipales, comisarías y comisarios, delegados y las figuras de los principales de estas comunidades.

Programa de madres solteras

La diputada priista Alicia Zamora Villalba, preguntó que de los nueve programas implementados en el primer año, cuáles ya tenía reglas de operación, porque dijo revisó el Periódico Oficial del Estado y sólo encontró que el único que contaba era el programa de apoyo a madres solteras y que se publicó el 23 de agosto, lo que significó que de enero a julio había operado sin reglas de operación.
Además, le preguntó por qué el trámite de ese apoyo fue de manera personal y sino contemplaron que las mujeres tenían que desplazarse de lugares alejados y tuvieron que invertir dinero para acceder al apoyo.
Violeta Pino aceptó que del programa de madres solteras las reglas de operación se hicieron no con el tiempo que hubiese querido, pero aseveró que en años anteriores se entregaban mes por mes y actualmente por el retraso de las reglas decidieron hacerlo en una entrega única.
Argumentó que se decidió que fueran solicitudes personales para evitar gestores que decían representar a miles de mujeres y pedían los espacios de las madres solteras, añadió que se abrieron siete módulos en cada región para acercar el programa a las mujeres de todo el estado. En la síntesis de su informe, Violeta Pino Girón afirmó que el presupuesto de su dependencia aprobado por el Congreso local para este 2022 fue de 31.3 millones de pesos, que distribuyó en nueve programas. Además, de obtener 29 millones de pesos más gestionados ante el gobierno federal a través del Instituto Nacional de las Mujeres y con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Destacó el programa Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, en el que mediante diplomados capacitaron a las direcciones municipales de la mujer en “perspectiva de género”, y los asesoraron en la elaboración de sus programas municipales para la igualdad entre mujeres y hombres.
Añadió que capacitaron con talleres y conferencias a titulares de las Unidades de Género de la administración pública estatal, a servidoras y servidores públicos de 21 dependencias, a profesionales de medios comunicación y de Comunicación Social del gobierno estatal, y a integrantes de los 15 Centros para el Desarrollo de las Mujeres en materia de género y no discriminación.
Aseguró que elaboraron una guía para transversalizar la perspectiva de género en la administración pública estatal y cumplir con las recomendaciones de las dos Declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres por Violencia Feminicida y otra por Agravio Comparado: al diseñar una campaña estatal para divulgar en medios de comunicación y lugares estratégicos la naturaleza y los alcances de las Alertas de Violencia de Género, difusión que se hará hoy viernes en medios de comunicación.
Destacó que otra medida fue una campaña de difusión para dar a conocer los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, especialmente el derecho a una vida libre de violencia; y la tercera medida fue concluir el Diagnóstico Estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, que había estado inconcluso desde 2018, y el cual ya entregaron a la Conavim, para en próximos días presentarlo.
Pino Girón aseveró que otro programa de su dependencia fue el Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Feminicidio, que atiende una de las medidas de justicia y reparación del daño de la Alerta de Violencia de Género, la cual se encuentra en proceso de implementación, y que busca que que las hijas e hijos menores de edad de mujeres víctimas de feminicidio continúen con sus estudios.
Expuso el programa para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el cual dijo atendió a mujeres internas en penales del estado, con intervenciones psicológicas y terapéuticas, analizar sus casos y determinar si por falta de acompañamiento jurídico y recursos para el pago de fianzas no han podido obtener su libertad.
Manifestó que del programa de Apoyo a Madres Solteras, integró un padrón de beneficiarias mediante convocatoria pública, con el cual en próximos días beneficiarán a 560 mujeres con la entrega de una tarjeta que podrán utilizar en diferentes establecimientos comerciales.
Del programa de Prevención de Matrimonios de Menores de Edad y Protección de Niñas en Zonas Indígenas, expreso que al ser una violación a los derechos humanos y una práctica nociva que afecta gravemente la vida, salud, educación e integridad, implementaron en nueve municipios y 24 localidades reuniones, talleres, mesas de trabajo. Sin embargo, el tiempo se le terminó y ya no detalló más información al respecto.

Insuficientes, los recursos para erradicación de matrimonios forzados, dice Reyna Mejía

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

La secretaria de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del estado, Reyna Mejía Morales, afirmó que los recursos que ejerció su dependencia este 2022 para la erradicación del matrimonio forzado contras las niñas en el estado fueron insuficientes y raquíticos, y por ello sólo se realizaron talleres para la concientización de la población.
Al concluir la inauguración del último Foro Regional de Consulta Ciudadana de la zona Centro Por tu Región, tú decides, en Palacio de Gobierno, se le preguntó cómo están atendiendo el feminicidio en la Montaña, luego de que el domingo fue asesinada a balazos una mujer de 50 años de edad en Cochoapa el Grande, pero Mejía Morales no respondió al respecto.
Sostuvo que atendieron de manera integral a los pueblos originarios y afromexicanos, con la entrega de medicamentos, estudios de laboratorio, acompañamiento jurídico y traducciones en lenguas maternas.
“Hay hermanos indígenas que la verdad sufren esa parte de expresarse, como tal no se expresan como debe de ser, porque su lengua materna no es el español, es la lengua indígena, por ello los traductores han hecho ese acompañamiento en donde se requiere, las diferentes dependencias, por ejemplo, en la Fiscalía, derechos humanos y demás”.
De la venta de niñas en la Montaña y cómo han avanzando en la prevención ante denuncias de organizaciones de que el gobierno del estado no ha ofrecido alternativas reales para solucionar el problema, contestó que este año hicieron talleres de sensibilización para que la población sea consciente de que los matrimonios forzados no se deben dar por usos y costumbres.
“Yo pienso que primero se debe sensibilizar a los paisanos, porque si no difícilmente se puede dar lo demás, por ello nosotros lo primero que estamos haciendo es sensibilizar a los hermanos indígenas y estamos coadyuvando con los diferentes municipios, con los presidentes municipales, porque ellos también deben estar incluidos”.
Argumentó que la venta de niñas no sólo se da en los pueblos originarios, también en las demás regiones, que no sólo se pide dinero a cambio de las niñas sino otra “serie de insumos”.
De cuántos casos de venta de niñas atendieron este año, respondió que no hay una cifra como tal, pero “sí son varios municipios y en varias comunidades, ahorita yo no lo tengo en la mano el dato”.
Aceptó que la problemática es grave así como la violencia hacia la mujer, sin embargo, reprochó que “quisiéramos hacer mucho la verdad, como no se imagina, pero sobre todo son los talleres, porque el monto del recurso de la secretaría es muy raquítico, es muy bajo”.
Señaló que no es que la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, lo haya designado así sino que se trabajó con lo que ya se tenía asignado desde la administración anterior del ex gobernador Héctor Astudillo.
Se le preguntó si han sido insuficientes los recursos para atender a los indígenas de Guerrero. Reyna Mejía sostuvo que “por supuesto que sí”, y aseguró que para la atención de los pueblos indígenas este año ejerció un presupuesto de 10 millones 300 mil pesos.
Comentó que para el 2023 aún no sabe la cifra exacta, pero se propuso un aumento al presupuesto para la atención a la población indígenas y afromexicana.
De acuerdo con el presupuesto de egresos 2022, aprobado por el Congreso local y publicado en el Periódico Oficial del Estado, el monto asignado para la Secretaría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos no fue de 10 millones sino de 53 millones 78 mil pesos. La propuesta de egresos para el 2023, proyecta para la dependencia un aumento de 8.33 por ciento, es decir, designar 57 millones 899 mil pesos.

Toman maestros la dirección de una secundaria en Renacimiento, Acapulco

Maestros de la secundaria Margarito Damián Vargas, ubicada en Ciudad Renacimiento, tomaron la dirección de la escuela para exigir a las autoridades que se revise el problema laboral entre ellos y la encargada de la dirección, la subdirectora Blanca Esther Abarca, porque no informa de los recursos gestionados para mejorar la escuela.
En tanto, la encargada de la dirección de la secundaria, Esther Abarca, dijo que son falsos los señalamientos de los maestros, “no tienen fundamento, porque estoy en disposición de dar información”.
Este martes, los maestros colocaron unas cartulinas en la entrada principal de la dirección, donde se leía su inconformidad. No se suspendieron clases y los alumnos estaban en sus salones de clases, en tanto los maestros esperaban que los atendieran, para llegar a una solución de sus demandas y que no se repitieran sus problemas.
El profesor Moisés Armando Valle Paredes declaró: “Estamos exigiendo a las autoridades, de manera pronta y expedita, la salida de la escuela de la subdirectora, encargada de la dirección, Esther Abarca, porque consideramos que es un tema negativo para la convivencia sana, pacífica, dentro de la institución”.
Además, denunció que “no ha informado de los recursos económicos recibidos del programa federal de reforma educativa”. Denunció que la encargada de la dirección ya empezó a pedir a los padres de familia cuota voluntaria de inscripción para el próximo ciclo escolar, pero “tampoco ha dado información de la carpeta de robo a la institución”.
Detalló que desde que inició el ciclo escolar los 15 maestros inconformes han recibido “hostigamiento, abuso de poder y muchas situaciones más, que no hemos podido ventilar hasta que estalló este paro. Porque son muchas injusticias por parte de la encargada”. Mencionó que se también condicionó entrega de libros gratuitos a estudiantes.
El secretario general de la escuela, Sergio Vargas Jiménez, declaró que los maestros que se encuentran inconformes hicieron llegar un oficio con algunos problemas “laborales”, los cuales están siendo dialogados con la encargada de la dirección para llegar acuerdos, porque “al principio la maestra se negó a darlos y que no le competía dar el informe”.
Sostuvo que los maestros inconformes ya hicieron un escrito donde explican los motivos de la inconformidad y piden a la Contraloría de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que “revisen la situación”, en tanto que los maestros no van afectar el derecho de los alumnos a recibir educación, pero pidió a las autoridades dar solución.
Vía telefónica, la encargada de la dirección indicó que los maestros que se quejan es porque “están encaprichados, y quieren buscar la forma de perjudicarme”, porque dijo que en las reuniones de Consejo Técnico da la información de las acciones que se hacen en la escuela y “lo compruebo con hechos”.
Aseguró que nunca se ha negado a dar la información, “pero hay formas de pedirla. No tengo porqué darla a cada uno de manera personal” e indicó que la información la proporciona en los consejos técnicos y los maestros no se presentan.
“Ellos están encaprichados, uno de ellos no me trabaja, tiene licencia desde 2012 y quiere buscar la forma de perjudicarme. Ahorita me fui al jurídico para buscar una solución”, dijo.
Aseguró que ha hecho gestiones para mejorar las condiciones de la escuela, se logro tener la escritura de la escuela para tener luz eléctrica, de los recursos de los programas federales precisó que en las juntas de consejo se les informa a los maestros.

 

Paran trabajadores de Salud en Tierra Caliente; piden presupuesto para viáticos y programas

Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria 01 de Tierra Caliente, con sede en Tlapehuala, pararon labores para exigir que se libere el presupuesto y los viáticos para operar programas de salud.
Este lunes, los inconformes colocaron mantas afuera de la Jurisdicción Sanitaria 01 para exigir la entrega del presupuesto para operar los programas de salud de la Tierra Caliente y pedir que no haya represalias contra los aproximadamente 50 trabajadores que participan en el movimiento.
Estos trabajadores han estado activos desde hace unos 15 días; se han reunido en un salón de la Jurisdicción y han tenido negociaciones con los jefes locales, en las que no han permitido la presencia de los medios de comunicación.
Señalan que la Secretaría de Salud (Ssa) no ha cubierto el pago de sus viáticos en lo que va de este año, y consideran que están laborando sin las condiciones adecuadas, ya que están gastando sus propios recursos, mientras que el presupuesto se encuentra en el gobierno estatal sin que lo liberen.
La Jurisdicción Sanitaria se ubica en el municipio de Tlapehuala, pero cubre los nueve municipios de la región Tierra Caliente, incluyendo una parte de la sierra, a donde tienen que llevar diversos programas prioritarios de salud.

 

Bloquean padres y maestros la carretera Acapulco-Zihuatanejo en Atoyac; exigen tres docentes

Padres de familia y maestros de la primaria Francisco I. Madero, de la comunidad Alcholoa, del municipio de Atoyac, bloquearon dos horas intermitentemente la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo en el poblado, para exigir el reemplazo tres profesores que faltan desde hace dos años.
Los manifestantes, en voz del director encargado Jorge Arturo Pino García, denunciaron que temen que la falta de maestros se agudice, porque hay profesores que van a jubilarse y otros se cambiaron dando preferencia a otros planteles.
Acusaron que los cambios han sido constantes en el plantel, incluso les falta hasta el director, “desde hace dos años se han estado llevando a los maestros y no los reponen, nuestra propuesta es que se haga un solo turno, para unificar la escuela en una sola, pero se violentaría los derechos de los compañeros y se tendrían que reubicar dentro de la zona, pero es lo que vemos: faltan maestros aquí. Somos tres maestros para un solo turno”.
Citaron que los cambios se han manejado por las autoridades educativas de manera preferencial con complacencia.
Abundaron que después de ir a hacer gestiones en las diversas instancias, en la delegación regional y en Chilpancingo, no se ha resuelto nada y la situación se va agudizar, porque hay maestros que se van jubilar en el mismo plantel, por lo que optaron por cerrar la carretera federal.
Asimismo, piden que se unifiquen las dos matrículas del plantel, porque atienden alumnos de dos turnos.
Denunciaron que hay abandono de las autoridades al plantel, que ha sido marginado de programas educativos, “el gobierno pregona calidad de educación, queremos que vengan a ver nuestra escuela. Nos hace falta un pedazo de barda, dos salines están en mal estado por los sismos, los padres hicieron unos baños provisionales con sus recursos y la escuela está a punto de colapsar. Estamos abandonados”.
El bloqueo comenzó a las 8:30 de la mañana y concluyó luego de que al lugar llegó uno de los tres maestros que piden, y las autoridades se comprometieron a enviar a otro profesor esta semana, así como al tercero antes de que acabe el ciclo escolar.

Reconocidas como “de buena calidad”, más de la mitad de las licenciaturas de la UAG

 

En total, 29 de 57 programas de estudios de nivel superior evaluables de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) son reconocidos por los Comités de Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (Copaes) como “de buena calidad”.
Los CIEES y el Copaes son organismos autónomos reconocidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP). La UAG invirtió más de 70 mil pesos por cada uno de los 29 programas reconocidos, los cuales fueron evaluados en cuanto a la calidad de los programas y planes de estudios, así como en infraestructura. El reconocimiento de calidad dura dos años y al concluir, los programas deben volver a evaluarse, por lo tanto se tiene que pagar nuevamente.
Los programas acreditados por el Copaes son las licenciaturas en Arquitecto Urbanista, Geología, Ecología Marina, Administración, Contaduría, Enfermería 1, 2 y 4; Filosofía, Historia y Literatura Hispanoamericana.
Mientras que los programas que cuentan con el nivel 1 de CIEES, el máximo en calidad educativa, son las licenciaturas en Antropología Social, Economía (Acapulco y Chilpancingo), Derecho (Acapulco y Chilpancingo), Psicología, Enfermería 3, Enseñanza del Idioma Inglés, Matemáticas, Cirujano Dentista, Químico Biólogo Parasitólogo, Ciencias de la Comunicación, Mercadotecnia, Ingeniero Agrónomo, Médico Veterinario Zootecnista 1, Ingeniero en Computación, Ingeniero en Construcción e Ingeniero en Topografía y Geomática.
Consultados en la Rectoría, el director general de Planeación, Justiniano González González, y el jefe del área de Competitividad, Carlos Álvarez Sánchez, explicaron que las escuelas son las que solicitan que se evalúe un determinado programa de estudios, para ello son visitadas y analizadas para determinar si cuentan con las instalaciones adecuadas, según su oferta educativa.
González González dijo que los programas de estudio de la UAG comenzaron a solicitar ser evaluados para obtener el reconocimiento de calidad en 2012, pero fue hasta 2013 que se comenzó a impulsar y apoyar a las escuelas para que completaron el proceso, que dura cerca de un año, desde que se solicita la evaluación hasta el informe final.
Señaló que el costo de la evaluación va desde los 70 hasta los 100 mil pesos, dependiendo del programa de estudios; por ejemplo, la acreditación de la escuela de Arquitectura costó 198 mil pesos y la Medicina 118 mil pesos.
Dijo que la UAG no cuenta con un presupuesto para las evaluaciones, a pesar de que las incluyó en el proyecto 2017, por lo que tiene que gestionar apoyos para las escuelas, en caso de que no cuenten con las instalaciones adecuadas, previo a la evaluación, y luego, para pagar el proceso, que incluye el tiempo que los evaluadores tengan que permanecer en el estado, para revisar adecuadamente cada programa.
Sánchez Álvarez dijo que actualmente hay 15 programas de estudio de la UAG que solicitaron ser evaluados, citó el caso de Sociología, Desarrollo Regional, Turismo, Ciencias Ambientales y Medicina.
Precisó que la UAG cuenta con 75 programas de estudios de nivel superior, pero de ellos sólo 57 son evaluables, ya que no se toma en cuenta a los programas que no cuentan con una generación de egresados, que es el caso de los programas de reciente creación, como las licenciaturas en Ingeniero en Minería, Nutrición y Gastronomía. Según las estadísticas, la matrícula de buena calidad es de 23 mil 562 estudiantes.
De acuerdo con González González, el reconocimiento de calidad en los programas de estudios es un factor que contribuye a que las escuelas cuenten con instalaciones apropiadas, a que los maestros entreguen sus planes y a la vez consoliden cuerpos académicos e investigaciones.

 

Paran labores 300 trabajadores de la Ssa en Chilpancingo; exigen un bono de 4 mil pesos


Unos 300 trabajadores de la sección 36 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), de las oficinas centrales de la dependencia estatal, pararon labores para exigir un bono de 4 mil pesos para todos los sindicalizados del estado.
Más tarde, en conferencia de prensa en las oficinas del sindicato, la secretaria general de la sección 36 y también diputada federal por el PRI, Beatriz Vélez Núñez informó que ya hay un compromiso firmado con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, para que el jueves puntualmente se pague.
A las 9:50 de la mañana los trabajadores de oficinas centrales cerraron las instalaciones para que les paguen el bono, el cual se les debió dar la segunda semana de febrero.
Consultada en el plantón, la secretaria de Conflictos del Sindicato, María Luisa Adame Danell informó que el domingo la secretaria general se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Salud, y les informaron que el gobierno estatal no tiene dinero para cubrir el pago para cerca de 21 mil trabajadores de la Secretaría, pero que se está gestionando el recurso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público  (SHCP) y poder pagarles.
En la reunión, Astudillo Flores pidió que esperaran, que entre el lunes y el jueves les pagarán, pero la desconfianza y la desesperación de los trabajadores porque no se los paguen, los orilló a parar labores hasta que se les dé el bono, afirmó.
Dijo que en el resto de los municipios los trabajadores están conscientes de esperar a que se les pague hasta el jueves, y que la presión para que se pague será desde oficinas centrales.
Cerca de las 10:20 de la mañana, Vélez Núñez se comunicó vía telefónica con Adame Danell y le informó que acababa de firmar un convenio con De la Peña Pintos, en el que se comprometió a que el jueves se les pagará, y pidió que terminara el paro de labores. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores protestaron y no se retiraron, dijeron que seguirían plantados hasta que se les pague.
En el lugar estuvieron miembros del Frente Democrático de los Trabajadores de la Salud, de la sección 36, principales inconformes en terminar el paro de labores.
El ginecólogo del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, Francisco Ramírez Adame sostuvo que su inconformidad es con la secretaria general Beatriz Vélez Núñez, porque con ella, han perdido derechos de los trabajadores.
“Quieren prórrogas (para pagar el bono), cuando los presupuestos, todo estos dineros ya están presupuestados por la federación, entonces hay de dónde pagar ese bono y no se ha pagado, no tenemos aquí  ninguna autoridad capaz de resolverle a la base trabajadora”, reprochó.

El gobernador pide recursos a la Secretaría de Hacienda, dice Vélez

A las 2 de la tarde la diputada federal priista, Beatriz Vélez Núñez ofreció una conferencia de prensa a puerta cerrada en la cancha del SNTSA, trabajadoras resguardaron el acceso e incluso pusieron llave a la puerta, ahí expuso que desde hace 10 días se comunicó con el gobernador, la Secretaría de Finanzas y el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos para que se pagara el bono que lograron en 1999, como parte de una lucha sindical.
Dijo que ese bono en un principio era de 3 mil pesos, para compensar que no se les paga el aguinaldo por 90 días de trabajo sino sólo 40. Sin embargo, durante el periodo de Ángel Aguirre Rivero lograron que se les dieran 4 mil pesos anuales.
Informó que de su sindicato son 17 mil 800 trabajadores y con el resto suman 21 mil trabajadores, quienes también son acreedores del bono.
Al cierre de la edición, se consultó al integrante del Frente Democrático de los Trabajadores de la Salud, el médico Hilario Zúñiga que informó formaron comisiones de trabajadores para permanecer en paro laboral, sin embargo las oficinas están abiertas y los jefes de áreas están laborando.
El secretario de Salud del estado, Carlos de la Peña Pintos reconoció que le debe a 23 mil trabajadores un bono de 4 mil pesos, aproximadamente unos 92 millones de pesos, “pero ahorita no tenemos dinero para pagarlo, lo que se hará, es pedirle prestado al gobierno estatal”.
De la Peña aseguró que “la Secretaría tiene muchos trabajadores de contrato sin techo presupuestal y que estamos pagando a través del ISR (Impuesto Sobre la Renta), del SAT (Servicio de Administración Tributaria), Fovissste y a veces, se toma dinero de algunos programas para solventar la nómina de trabajo”.

Anuncia Segob hasta 500 millones de pesos para programas de prevención social en el estado

A partir de noviembre, en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Cocula, se desarrollará una estrategia integral, dirigida por el gobierno federal, en la que participarán nueve secretarías de estado y en la que se invertirán entre 400 y 500 millones de pesos en material de prevención social, para la reconstrucción del tejido social.
El anuncio se realizó la tarde durante una conferencia de prensa en la sala San Luis en el centro de esta ciudad, en la que estuvieron el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, el gobernador Héctor Astudillo Flores, el delegado federal en Guerrero de la Segob, Erik Castro Ibarra, y el alcalde priista Esteban Albarrán Mendoza.
En esta gira a Iguala, a sólo dos días de haber asumido el cargo, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que Escobar y Vega visita Iguala en un momento muy importante, y que previamente, antes de su toma de posesión, la habían acordado.
Le hizo una breve reseña de los hechos históricos ocurridos en Iguala, y por los que dijo, “queremos que Iguala siga siendo la cuna de la Bandera. Los acontecimientos lamentables que sucedieron, le han dado el nombre de Iguala una ubicación de un lugar de un lamentable acontecimiento”, en alusión a los hechos de septiembre del año pasado, en los cuales 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron retenidos por policías municipales y sicarios, encontrándose en calidad de desaparecidos desde entonces.
Reiteró que “Iguala no es el origen de los problemas de Guerrero, lamentablemente ocurrió aquí circunstancialmente un problema”.
Dijo que se tiene que trabajar mucho para volver a dignificar a Iguala.
El gobernador adelantó la posibilidad de que en Chilpancingo e Iguala se abran también unidades antisecuestro y extorsión, como la inaugurada el miércoles en Acapulco, y llamó a darle un combate frontal a esos delitos y a la delincuencia.
El mandatario se refirió también en su mensaje al grupo de familiares del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, “que son, alrededor, de acuerdo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que andan llegando a los 500, lo que me parece muy delicado”. Dijo que el tema se tienen que abordar sin temor y sin preocupación, y que se debe de abordar con acciones.

Se acordará la inversión con estado y municipios

Durante el anunció del esquema integral, Arturo Escobar señaló que caso Iguala y el caso Guerrero, son temas personales para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio “y en consecuencia, también para mí”.
Dijo que de forma “inédita” se invertirá recursos con los que cuentan el Pronafed y Subsemun en material de prevención social, en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Cocula.
Señaló que el mecanismo de inversión no vendrá marcado desde la federación de cómo invertirlos, sino que se llegará con las autoridades constituidas estatales y municipales, para tener un diagnóstico de dónde invertir: desde luminarias, pavimento, centros comunitarios, centros deportivos, recuperación de espacios públicos y los talleres que tengan que ver con educación, y comienza con los jóvenes con conflicto con la ley, con problemas de adicciones y la destrucción del tejido social y la convivencia.
“Queremos regresar a que en Guerrero se conviva, que en Guerrero se circule, y se pueda caminar, que no sólo es el tema de las patrullas, y subrayo, hay que recoger el enorme trabajo de las fuerzas armadas mexicanas, de la Policía Federal, estatal y de lo que será la policía del mando estatal”, indicó.
Dijo que lo que se hará en Iguala, se desplegará una política de prevención social “jamás vista en ningún municipio de este país”, lo cual también incluirá inversiones que tengan que ver con mano de obra y el despliegue de economías, esto se haga con la gente local, “no queremos estar importando nada”.
Habló, sin dar detalles, que por parte de las policías y fuerzas armadas traen la estrategia de contención.
Anunció que los apoyos que vienen para Guerrero son universales, “no son nada más de la Secretaría de Gobernación, venimos el paquete completo, lo sacamos adelante porque lo sacamos adelante, y para eso lo más importante es empezar a construir confianza, primero entre ustedes, ustedes con nosotros y nosotros donde comprometemos la palabra, tenemos que comprometer la acción”.
Informó que los diagnósticos en estos cuatro municipios iniciarán ya en el mes de noviembre para que en el 2016 se fortalezcan las acciones de infraestructura y de inversión en espacios públicos, “que vamos a empezar a darle un nuevo rostro a este estado, pero en específico a estos cuatro municipios”.

Guerrero, el estado donde habrá mayor inversión en prevención

Dijo que de las estrategias aplicadas a nivel federal, la que se hará en los cuatro municipios de Guerrero, es “la más seria, la que mayor cantidad de recursos traerá y la que buscará de una vez por todas recuperar esos espacios que les fueron secuestrados a la gente del estado de Guerrero, toda la federación se va a volcar aquí”.
En la ronda de preguntas y respuestas, el funcionario federal explicó que solo en el tema de prevención social se invertirán en este esquema entre 400 y 500 millones de pesos, lo cual dijo, “es algo inédito” y un esfuerzo de más del 300 por ciento de las inversiones hechas en años anteriores que alcanzaron los 180 millones de pesos.
Dijo que Guerrero es la entidad en el país que recibirá mayor cantidad de recursos en material de prevención social, independientemente de los recortes presupuestales que se harán.
En este nuevo esquema participarán nueve secretarías: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Gobernación (Segob), Comisión Nacional del Deporte (Conade), Secretaría de Hacienda (SHCP), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Secretaría del Trabajo (STPS).
A pregunta sobre este esquema en material de inseguridad, y que a un año de la llegada de la Gendarmería se han registrado unas 106 ejecuciones, según los registros de El Sur, Escobar y Vega dijo que la estrategia es integral, de la que advirtió “esta estrategia en material de prevención social no sirve de nada si no tenemos la capacidad gobierno federal, estatal y municipal, de convencer  a la ciudadanía de que participe”.
Dijo que será una ruta compleja, y mencionó que en materia de prevención, se trabajará en las colonias y polígonos de mayor incidencia de inseguridad, donde está más marcado el rompimiento del tejido social.

Urge disminuir los asesinatos, plantea Héctor Astudillo

Por su parte, el mandatario estatal Héctor Astudillo dijo que lo que urge en Guerrero y en Iguala es disminuir el índice de asesinatos, no solamente con la llegada de más gendarmería y Policía Federal, sino haciendo que la sociedad tenga actividades diferentes en donde hay el más alto índice de inseguridad.
“El asunto de la inseguridad no se va a bajar solamente con que vengan más policías, eso es contención, el índice de delitos se va a bajar en la medida de que seamos más precisos en la educación, en la atención social y en la familia”, dijo.
En su mensaje, el alcalde de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza dio la bienvenida al funcionario federal y al mandatario estatal, a quien agradeció la presencia y dijo que Iguala necesita de verdaderos servicios de beneficio social, “necesita un mercado, necesita un rastro digno y es urgente también contar con un Palacio municipal”.
Denunció que los gobiernos estatales y federales pasados, “fueron indiferentes con Iguala dejando su crecimiento anárquico, con desorden social, comercial, falta de empleo, inseguridad, inversiones congeladas, desconfianza, incertidumbre y con servicios públicos deficientes”.
Señaló que la historia ha marcado a Iguala por los lamentables y condenables hechos ocurridos en septiembre del año pasado, “hechos que lastiman y laceran la dignidad del ser humano, sin embargo la fe y la esperanza nos mantienen de pie y estamos preparados para salir de esta pesadilla”.