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A partir de mayo, deudores alimentarios morosos serán inscritos en un registro estatal

Daniel Velázquez

Desde hace un mes, están en vigor nuevas disposiciones legales con las que se creará a partir del 5 de mayo de este año el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos en Guerrero dirigido a quienes mediante “triquiñuelas” evaden la responsabilidad de proveer alimentos y limitará la participación política de quienes estén inscritos en ese listado.
El pasado 3 de febrero se publicaron en el Periódico Oficial del Estado una serie de reformas y adiciones al Código Civil de Estado de Guerrero número 358, a la Ley 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero y a la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para adecuar la legislación y crear el registro.
Los ajustes a al Código y a las leyes tienen “como propósito fundamental, robustecer el marco jurídico de los alimentos, creando el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, que estará a cargo de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil del Estado, donde se inscribirán por orden judicial a quienes dejen de cumplir sus obligaciones alimentarias de manera injustificada por más de treinta días o, hayan sido sentenciados por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria”.
En los considerandos, la iniciativa que presentó el diputado priista Rafael Navarrete, sostienen que las reformas y adiciones no vulneran derechos humanos y se sostienen “desde la óptica del Derecho Familiar y el Interés Superior del Menor”.
“Instaurar el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, no transgrede los Derechos Humanos, en contra de los acreedores alimentarios, sino antes al contrario, cumplirá una función orientadora, para que lo que hoy nace como un deber jurídico, mañana, se convierta en compromiso inexcusable que constituido como valor, nos haga transitar por las sendas de la virtud y la construcción de una ciudadanía responsable, que no se regocije en transgredir la ley, sino que sea razón que nos motive incluso, para estar convencidos que somos seres humanizados, cuya como carta de recomendación sea, el construir vidas y no destrozarlas, al cumplir en la medida de nuestras posibilidades con las altas responsabilidades a que nos contrae el ser miembro de una sociedad y el estar sometido al Derecho Vigente”.
En sus considerandos, los diputados, sin dar cifras argumentan que “es innegable que el noble propósito de los alimentos cada vez se cumple en menor medida, así lo indican los altos porcentajes de demandas por este concepto que se radican a diario en los juzgados de primera instancia de los dieciocho distritos judiciales del Estado; lo anterior, sin mencionar aquellos casos -que no son pocos- que no se judicializan por cuestiones de pobreza o ignorancia de quienes deberían exigirlos”.
También, sin datos, afirman que “existiendo un indeterminado número de deudores alimentarios que eluden sus responsabilidades tornándose en situación ilocalizable; el cambiar de residencia; dejar de prestar servicios a una empresa o institución, que retiene de su salario la cantidad correspondiente a la pensión alimenticia; ponerse de acuerdo con la parte patronal para declarar menos ingresos; el trabajar por cuenta propia, declarando menos ingresos de los reales; el afirmar que está desempleado; el no contar con bienes muebles o inmuebles a su nombre, entre otras muchas y socorridas triquiñuelas”.
Las reformas se publicaron el 3 de febrero, entraron en vigor al día siguiente, pero en los artículos segundo y tercero transitorio se estable un plazo “inexcusable de 90 días”, no especifica si hábiles o naturales, para que la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil designe al responsable del padrón y elabore su reglamento interno.
“La finalidad del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, es proteger el interés superior de la niñez, para que el deudor alimentario cumpla en tiempo y forma con su obligación alimentaria. Su eficacia, se basará en la inscripción en una base de datos de carácter pública, de aquellas personas que incumplan de manera injustificada con su obligación alimentaria”.

 

Recorren policías la colonia donde habita Jesús Pintor para darle protección

Israel Flores

Ciudad Altamirano

Agentes de las policías municipales y estatales y de la Fiscalía realizan una serie de recorridos para brindarle protección al periodista Jesús Pintor Alegre, quien estuvo cautivo por 16 días; le ofrecieron seguridad personal, pero la rechazó.
Jesús Pintor se encuentra atendiendo asuntos personales, pese al asedio de llamadas telefónicas de diferentes medios buscando una entrevista para contar su historía.
En el día, cuerpos policiacos recibieron un documento de la Fiscalía del estado, en donde les hace un llamado a garantizar la seguridad del periodista y brindarle la protección necesaria.
Cuerpos policiacos se acercaron para dialogar y anunciar recorridos constantes en la colonia donde vive.
Desde este jueves, la fiscal estatal Sandra Luz Valdovinos Salmerón ofreció la posibilidad de brindarle protección personal al periodista, quien la rechazó. Dijo no estar interesado en contar con escoltas.
Pintor Alegre explicó que buscará retomar poco a poco sus actividades cotidiana. Pese a la experiencia que vivió busca reactivarse.
Los cuerpos policiacos realizan recorridos a diferentes horas. Se observó a la policía municipal y estatal. Los vecinos ven con agrado los recorridos en una zona donde en las noches escasea el alumbrado público, es de difícil acceso e incluso se han reportado robos en casas.
Acerca de Alan García Aguilar, el otro desaparecido, se reportó que no hay denuncia formal. Se tiene conocimiento por los videos y reportes de su desaparición y que no se conoce nada de él.
Tampoco se pudo conocer acerca de algún operativo de búsqueda y localización.
Algunos familiares han preguntado a cuerpos policiacos acerca de cómo iniciar la búsqueda, de tal forma que les pidieron acercarse a la Fiscalía.

 

Denunciará a Rumbo y Añorve también en la Fepade estatal, adelanta Beatriz Mojica

La candidata al Senado de la coalición Por México al Frente, Beatriz Mojica Morga, adelantó que la denuncia por violencia política de género, contra el diputado federal David Jiménez Rumbo y el candidato a senador Manuel Añorve Baños, también la presentará en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en el estado.
El 8 de mayo, Mojica Morga acudió este martes a la Fepade, en la Procuraduría General de la República, para poner una denuncia por violencia política de género, pues, informó que en las redes sociales han aparecido diversas páginas de internet que denuestan su candidatura.
El pasado martes, Mojica Morga solicitó al INE que se le brinden medidas de seguridad, porque ha recibido amenazas de muerte por parte del diputado federal David Jiménez Rumbo.
En declaraciones a reporteros después de una conferencia que encabezó el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinoza, en un salón del hotel Las Hamacas, solicitó que los dirigentes del PRI que cobijan a Jiménez Rumbo fijen una postura sobre la violencia política de género en su contra.
Sostuvo que los políticos deben garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, porque de los ataques verbales a la violencia física sólo hay un paso.
Agradeció el respaldo de hombres progresistas y de mujeres, que saben que cuando hay violencia política de género se abre la puerta para que hombres misóginos agredan a la mujer.
Insistió en su llamado a los candidatos para senadores a debatir, porque así se van a conocer las propuestas de cada uno, “los que dicen que no tienen miedo, que la gente sepa exactamente quiénes son y que no están proponiendo nada, están proponiendo por lo que ellos mismos votaron”.

Siguen sin protección policiaca cuatro escuelas de la capital agobiadas por los robos y violencia

Las cuatro escuelas de educación básica de la capital, ubicadas en zonas de riesgo donde hubo robos a los planteles y no cuentan con bardas, laboran sin la seguridad que las autoridades se comprometieron a brindarles, luego de las protestas que hicieron en días pasados.
El Sur visitó el jardín de niños Diana Laura Riojas de Colosio, de la colonia Eduardo Neri, donde según representantes de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), el Ayuntamiento y el gobierno estatal, habría resguardo policiaco a partir de este martes. El acuerdo se hizo este lunes, cuando los padres de familia bloquearon la avenida Juan N. Álvarez, para exigir seguridad ante los constantes robos al plantel; sin embargo, no se envió el resguardo policiaco prometido.
La colonia Eduardo Neri colinda con la colonia Las Palmas y se encuentra al poniente de la ciudad. La calle para llegar al jardín de niños es empinada, con curvas pronunciadas, y de doble sentido de circulación vial. En ese lado, el tipo de las casas varía desde las más humildes de madera y techos de lámina, hasta otras con acabados vistosos, más de dos niveles, pero eso sí, con bardas y portones altos.
El plantel está en lo alto de un cerro de la colonia, la vereda para llegar a la entrada es de terracería y tiene una malla ciclónica, mejor conocida como “de gallinero”, con alambre de púas por barda, que en varios tramos está cortada o sumida. Así es como entraron los ladrones, según especulan las maestras, a llevarse computadoras, impresoras, material de oficina y didáctico.
Las maestras de la escuela dijeron que no llegó el resguardo que les prometieron las autoridades, aunque se supone que hoy una comisión acudirá a visitar las instalaciones para conocer sus necesidades, “ahora nos preocupa lo que nos pueda pasar a nosotras”, dijo una de ellas, ya que al no haber nada de valor que extraer, se sienten vulnerables y desprotegidas ante la incertidumbre de si los desconocidos responsables de los hurtos intentarán agredir al personal de manera directa. Esperan que las autoridades cumplan con su promesa de garantizar la seguridad.
Por otra parte, el jardín de niños y la primaria de la parte alta de la colonia PRD, ambos llamados Ignacio Manuel Altamirano, junto con la secundaria Heberto Castillo Martínez, tampoco cuentan con el resguardo policiaco que se prometió, luego de la marcha que organizaron unos 400 padres de familia el jueves de la semana pasada.
Los tres planteles están ubicados en la calle Heberto Castillo, el jardín de niños pegado a la primaria y la secundaria de frente a ambos. Esta zona fue incluida en uno de los polígonos de alta incidencia delictiva, determinada por el gobierno federal durante la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Sin embargo, el asesinato de un intendente del jardín de niños, en marzo de 2016, los constantes robos y las denuncias de maestros y padres de familia, no fueron suficientes para que las autoridades construyeran la barda del preescolar, la primaria y cumplieran con brindar la seguridad que les exigieron.
En una visita a las escuelas, no se observó presencia policiaca, ninguna de las tres patrullas que prometieron enviar las autoridades se encontraba en la colonia y según una madre de familia, policías estatales llegaron este lunes y martes cerca de las 7 de la mañana. Se tomaron fotografías en la entrada de cada uno de los planteles y luego se retiraron.

 

Se mantiene atención al caso de la locutora de RTG, asegura funcionario de la Segob

El director del área de Recepción de Casos del Mecanismo para la de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, Jorge Ruiz del Ángel, informó que se mantiene atención al caso de la locutora de Radio y Televisión de Guerrero (RTG) en Ometepec y de la reportera de El Sur, Brenda Escobar. Este lunes, en las oficinas del Sindicato Nacional de los Redactores de la Prensa en Acapulco se reunió con reporteros, para explicar la función del mecanismo y escuchar los casos de agresión a reporteros.
Hace dos semanas, los representantes del mecanismo estuvieron en Chilpancingo, con reporteros de la región Centro, también para explicar los alcances y limitaciones del mecanismo a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que inició desde hace cinco años.
Recordó que la Ley de Protección a Periodistas es una ley federal, que obliga e invita a los estados a firmar convenios de colaboración.
Expuso que el mecanismo de protección entra a petición del periodista o defensor de derechos humanos ante amenazas; sin embargo, entre los reporteros se le recordó el caso de Marcela de Jesús Natalio, quien no recibió amenazas y el ataque fue directo contra ella. Respondió que la agresión sirve para atender a la reportera y a partir de allí investigar si anteriormente había recibido amenazas.
Sobre la situación económica de los periodistas que se ven obligados a dejar incluso su lugar de residencia, reconoció Ruiz del Ángel que los periodistas desplazados no tienen certeza laboral y salarial, lo que consideró un pendiente que tiene que resolver el Estado.
Indicó que en el caso de la reportera de El Sur, Brenda Escobar, quien fue amenazada por la cobertura del caso del homicidio de la doctora Adela Rivas por los familiares del presunto asesino, el mecanismo ya se acercó a ella, sin dar más detalles.
También dijo que en el caso de la locutora de RTG en Ometepec, no podía dar más detalles, pero también lo están atendiendo y la presencia de él en el estado “no era una coincidencia”.

Pide el PRD al gobierno federal respuesta integral para la protección a los alcaldes


La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) se reunirá el martes con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, para solicitar un programa integral de seguridad para los alcaldes amenazados por el crimen organizado.
Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, informó que acudirá a Bucareli la próxima semana.
“Nuestra exigencia va más allá de un tema de escoltas para los presidentes municipales; nos interesa que haya una respuesta integral de parte del Estado, en la que se den garantías a todos los alcaldes, y eso pasa por el principio de la recuperación del espacio público”, dijo Barrales en conferencia de prensa.
La lideresa perredista rechazó una vez más la respuesta reciente del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien, ante el asesinato del alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto, justificó con que se había metido a una zona peligrosa.
“Nos interesa que la salida fácil (para resolver el asesinato de los alcaldes) no sea vincularlos de inmediato con el narco”, dijo.
En el edificio del PRD, Barrales consideró que la respuesta debe incluir no sólo seguridad sino, por ejemplo, mejoras económicas y garantías de todos los servicios públicos en los municipios.
“No queremos más policías ni Ejército, sino el entendimiento de que necesitamos medidas integrales”, sostuvo.
Por la tarde de ayer, la secretaria general del PRD, Beatriz Mojica, arribó a la sede de la Comisión Nacional de Seguridad, donde se reunió en privado con el titular de la dependencia, Renato Sales.
De acuerdo con un boletín del PRD, en dicha reunión este instituto político pidió que se revise la estrategia de seguridad para brindar mayor protección a los alcaldes del estado de Guerrero.
Asimismo, se exigió la colaboración de la CNS para que se llegue a fondo en las investigaciones para esclarecer el homicidio del Alcalde de Pungarabato.
La CNS explicó cómo se encuentra el despliegue y la presencia de elementos de la Policía Federal en municipios de la entidad en la que las autoridades locales han solicitado el apoyo del gobierno federal para garantizar la seguridad.
“Exigimos a Renato Sales garantizar la seguridad de las autoridades municipales de todos los partidos políticos”, informó Mojica mediante su cuenta de Twitter.
En la reunión también participaron el alcalde de Acapulco y coordinador nacional de Autoridades Locales del PRD, Evodio Velázquez; el secretario de Asuntos Municipales, Carlos Sotelo, además del presidente del PRD en Guerrero, Celestino Cesáreo.
El pasado sábado en la noche fue asesinado el alcalde perredista de Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto, el cual, desde noviembre de 2015, había denunciado amenazas de un grupo que formó parte de Los Caballeros Templarios.

Se mantiene la protección de policías al alcalde de Zitlala ante amago del crimen

El presidente municipal de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, informó que el gobierno del estado mantiene el equipo de seguridad que le asignó desde que descubrió un plan para asesinarlo y que sus actividades las realiza de manera normal pese al “riesgo” que enfrenta.
Consultado por reporteros en el poblado de Tres Palos, municipio de Acapulco, a donde asistió a la ceremonia que encabezaron el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Héctor Astudillo Flores, aseguró que su gobierno firmó el convenio de adhesión al Mando Único para la policía.
“Se me asignó seguridad, pero de hecho el riesgo ha estado latente desde que tomé protesta, sin embargo no se había publicado, y el fiscal fue quien informó sobre este tema el día lunes pasado, hace ocho días nos informó de esta situación”, dijo, y señaló que también a su familia las autoridades le asignaron vigilancia policial.
El pasado miércoles 25 se publicó que el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que a través del “sistema de inteligencia” se descubrió que se preparaba un atentado contra el alcalde de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, y el director de Seguridad Pública municipal, Alfredo Tlatempa Palacios, por lo que ambos estaban en Chilpancingo resguardados.
Zapoteco Castro recordó que cuando las autoridades le informaron del plan que descubrieron para asesinarlo se quedó unas horas en Chilpancingo, y el pasado “23 (de mayo) me fui a festejar el día del estudiante en el municipio, no me quedé en la capital del estado, he estado atendiendo mi agenda normal”, porque si se ausenta los ciudadanos exigen su presencia para las actividades diarias.
Aseguró que “seguimos trabajando porque tenemos confianza que nosotros no tenemos problemas con nadie y que esto se va a resolver. Desconozco de dónde venga”, dijo.
Sostuvo que de manera directa no ha recibido amenazas, “pero como el gobierno del estado detectó a través de la Fiscalía, es algo que sí nos altera como seres humanos y nos provoca ciertas situaciones de temor, somos seres humanos, sin embargo tenemos que trabajar, es una responsabilidad y vamos a cumplirla cabalmente”.
Zapoteco Castro iba escoltado ayer por una patrulla con policías estatales.
Aseguró que el gobierno del estado, la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública le han dado su apoyo, y “agradezco todo el apoyo que nos han dado al municipio de Zitlala”.
En otros temas, dijo que Zitlala firmó el convenio de adhesión al Mando Único y “vamos a cumplir lo establecido, para que la policía pertenezca a ese mando único, nosotros ya lo firmamos”.
Indicó que en su municipio hay 18 policías, nueve por turno, y se están evaluando, algunos ya tienen la certificación y otros están en proceso de evaluación.
Detalló que en el municipio hay una comunidad que había planteado formar una policía comunitaria, pero “hasta el momento no tenemos policías rondando en el municipio”, y es que la seguridad ha mejorado en referencia a diciembre y enero, porque hay vigilancia del Ejército y de la policía estatal.
El alcalde aseguró que su gobierno trata de impulsar proyectos para que no se siembre droga, porque “se menciona que en algunas comunidades así lo manejan, pero tratamos de impulsar proyectos para evitar ese tipo de siembras que son ilícitas”.

Respaldan representantes turísticos el nombramiento del nuevo titular de la SPV

 
Funcionarios, ejecutivos y representantes de asociaciones turísticas, respaldaron el nombramiento de Juan Carlos Moreno Muñoz como secretario de Protección y Vialidad, y le solicitaron que frene los abusos y extorsiones de agentes de Tránsito contra turistas.
Los entrevistados pidieron contacto directo con el nuevo secretario en reuniones en las que, además de ofrecerle su colaboración en la lucha contra la inseguridad, le puedan explicar sus necesidades prioritarias en este rubro.
Coincidieron en que la edad no es un impedimento para que haga su trabajo con atingencia, sino que traería una visión más fresca y menos viciada de la inseguridad que enfrenta el puerto.
El secretario de Fomento Turístico, Ernesto Rodríguez Escalona, reconoció que está en sus facultades hacer nombramientos y consideró que no sólo es de los funcionarios la tarea de velar por la seguridad, sino del gobierno federal, estatal, municipal, la iniciativa privada y los ciudadanos.
El director del Centro Internacional Acapulco, Miguel Angel Soberanis Nogueda, opinó que no se debe polemizar sobre la edad del nuevo funcionario, pues “no tiene nada que ver con su capacidad, y éste se encuentra en una edad óptima para rendir en su función perfectamente. “Basta recordar que la Constitución se establece la edad de 35 años como requisito para ser presidente de la República”.
Indicó que los jóvenes aportan menos vicios y menos anomalías en el trabajo.
“Yo veo esta medida del presidente municipal en forma optimista y si en un momento dado se vio en la necesidad de realizar un cambio en ese sentido es seguramente porque busca una mejoría. Como ciudadano aplaudo cualquier acto que lleve ese objetivo y como funcionario considero que hay mucho por hacer en cuanto a la seguridad”, indicó.
La presidenta de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco, Mary Bertha Medina Cortés, dijo que los jóvenes están “más actualizados en cuestión de tecnología”, lo que consideró un factor “indispensable” en el manejo de la seguridad.
“Todos los cambios son buenos y considero que por la seriedad que tiene y el currículum que leí en las notas es una persona capaz, ahora lo importante es que se gane el respeto de sus colaboradores”.
“Espero que le transmita a sus colaboradores que el turismo es la actividad más importante para el municipio y que aplique mano firme a sus policías para que no abusen de ellos, porque son muchísimas las quejas por abusos y extorsiones contra turistas por parte de los policías de Tránsito”, agregó.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria, Carlos Hernández Godoy, propuso una reunión con el secretario para “tener una vinculación directa entre la policía y el sector empresarial.
El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco, Javier Saldívar, ofreció su respaldo como sector turístico. “Solicitamos una reunión con él para establecer un contacto más directo y expresarle nuestras inquietudes en torno a la seguridad y otros asuntos que él maneja”.
“Es una persona joven y está bien preparado, vamos a respaldarlo, esperemos que traiga buenos logros al puerto pero es importante la comunicación para beneficio directo de los acapulqueños y los visitantes”, expresó.

 

Denuncia Protección y Vialidad por daños y lesiones a los 26 detenidos en Metlapil

Tres patrullas y dos camiones de traslado fuereon atacados: Salgado

Los presos no están incomunicados, pues los vio la presidenta del PRD, Beatriz González Hurtado, dice el delegado de la PGJE Efrén Suástegui

Jorge Nava Dos días después del desalojo de colonos que tomaron un terreno de 14 hectáreas, propiedad del Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), ubicado en el poblado de Metlapil, el Departamento Jurídico de la Secretaría de Protección y Vialidad (SPV) integró una denuncia contra los 26 detenidos por los presuntos delito de lesiones y daños.

El jefe del Departamento, José Salgado Sotelo, explicó que la mañana de ayer acudieron policías a declarar al Ministerio Público contra los detenidos la madrugada del martes en el desalojo.

Dijo que desconocía en ese momento los nombres de los policías, pero agregó que en el caso de los daños, era porque tres patrullas y dos camiones de traslado de policías, resultaron dañadas ese día.

El funcionario recomendó consultar al respecto al director operativo de la Policía Preventiva, Humberto Hernández, quien argumentó que no tenía los nombres de los policías de esa corporación que resultaron heridos porque los tenía la guardia.

En la guardia, se dijo que los policías son Juan Ignacio Coronado, Cristóbal Cisneros, Rufino Urías y Leonardo Nava Bello.

Un día después de los hechos, la SPV, informó del “desalojo” en su boletín diario, en el que destaca que el agente determinador de la quinta agencia del Ministerio Público, José Antonio Clavel Díaz, le solicitó a esa dependencia el apoyo de la policía municipal, “para llevar a cabo una diligencia en un inmueble ubicado en el poblado de Metlapil”.

Se indica que en esa acción participó la Policía Preventiva municipal, con cinco comandantes de sector, 100 policías y ocho vehículos, que iban al mando del capitán Humberto Hernández García, jefe operativo de esa corporación.

Se explica que por la Policía Preventiva del estado participaron 200 policías y once vehículos que iban al mando subsecretario de Seguridad Pública del estado, capitán César Gallegos y Torre. En el caso de la Policía Ministerial, se precisó que participaron 100 policías y 20 vehículos, que iban al mando del coordinador ministerial, Alfredo Camacho Millán.

En el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado, se indicó que participaron 12 agentes del Ministerio Público y diez vehículos a cargo del fiscal regional, Efrén Suástegui Mayo; mientras que por Invisur se aclaró que fueron 25 empleados de esa dependencia, con dos vehículos al mando del delegado Alejandro López Salgado.

Según la dependencia, en la operación, resultaron lesionados los policías preventivos municipales, Juan Ignacio Coronado Gonzaga, quien presentó una herida en el lado derecho del rostro; Cristóbal Cisneros Martínez, con una herida en la boca; Rufino Urías Rodríguez, terminó con una herida en la rodilla derecha y Leobardo Nava Bello, que presentó una herida en el pómulo izquierdo y otra en la mandíbula.

La dependencia informó que con daños quedaron cinco vehículos, dos tipo Cherokee, dos camiones de traslado de policías y una camioneta tipo Silverado.

Se agrega en el boletín que dicha diligencia inició a las 4 y media de la mañana, en la que se “desalojaron a 200 personas, aproximadamente”.

Se indica que finalizó a las 6 y media de la mañana del martes, con 26 detenidos. Asimismo que se aseguraron once automóviles y una motocicleta, los cuales fueron puestos a disposición de las agencias del Ministerio Público del fuero común Sector Central y asuntos especiales.

En el párrafo final del boletín se añade que a las 7 y media, se presentó en esa dependencia la presidenta local del PRD, Beatriz González Hurtado, acompañada de la regidora municipal, Alejandrina Javier Santiago, sin abundar con qué objetivo.

Por su parte, el fiscal regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Efrén Suástegui Mayo, declaró que los 26 detenidos, se encontraban en los separos de la Policía Ministerial adscrita al Ministerio Público del Sector Central, porque en ese lugar tienen cerca peritos y médicos legistas.

Aclaró que no hay menores de edad detenidos y que hoy jueves se vence de 5 a 7 de la mañana la situación jurídica de los 26 detenidos, con relación a la averiguación previa Tab/V/073/2004, que presentó el Invisur contra los que tomaron su terreno.

Negó que mantuviera incomunicados a los detenidos, como fueron las denuncias de los familiares en la protesta y de su abogado, Alvaro Díaz Castro, pues argumentó que el martes acudió al medio día la presidenta local del PRD, Beatriz González Hurtado, para que precisamente se les brindara atención médica a los heridos y otros hablaran con sus familiares.

Agregó que los familiares no podían estar entrando constantemente a hablar con los detenidos porque “no se encontraban en un día de campo”.

El funcionario mantuvo la postura de que no fue un desalojo de los colonos que ocuparon el predio de Invisur, pues aclaró que fue una restitución al propietario de ese predio, que no es de los colonos.

Agregó que éstos presentaron una posición violenta cuando se les pidió que salieran del predio, por lo que actuaron las diversas corporaciones policiacas.

Efrén Suástegui añadió que no ha habido presión por parte de nadie en este caso. Con respecto a la presidenta local del PRD, afirmó que no es la primera vez que tratan estas cuestiones por invasión de predios, y que ella sabe que “la ley es la ley”.