En lo que va del año escolar, la primaria multigrado de la comunidad me’phaa de Río Velero, municipio de Ayutla de los Libres, no tiene maestro, pese a las gestiones de las autoridades comunitarias en Chilpancingo, denunció el comisario, Tiburcio Dircio.
Acompañado del presidente del comité de la escuela, la autoridad explicó que, el año pasado tuvieron el mismo problema, y sólo cinco meses del ciclo escolar 2016-2017, los 43 alumnos recibieron clases, y administrativamente, la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) entregó la documentación de fin de curso.
Sin embargo, en agosto pasado, el maestro asignado solicitó una licencia por cuestiones personales, y desde entonces las autoridades de la SEG no han enviado a un nuevo profesor.
Transcurridos seis meses sin clases, denunciaron que presentaron hace meses al subsecretario de Educación Emiliano Díaz Román, su petición de un docente, y ayer preguntaron el seguimiento de su gestión, y les dijeron que a la fecha no hay ningún maestro designado para su escuela.
Consultados frente a Casa Guerrero, anunciaron que este lunes protestarán en la carretera federal Tierra Colorada-Cruz Grande, en la cabecera municipal de Ayutla de los Libres, para que atiendan su demanda.
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Bloquean maestros jubilados el bulevar frente a Palacio de Gobierno; exigen pago de seguro
Maestros jubilados en 2016 de distintas delegaciones del estado, bloquearon durante cuatro horas totalmente el carril norte-sur del bulevar del río Huacapa, frente al Palacio de Gobierno, para exigir el cumplimiento del pago del seguro del Plan de Prevención Social (PPS).
A las 8:30 de la mañana, unos 150 inconformes comenzaron a reunirse en el paso peatonal frente a la sede del gobierno estatal, y media hora después bloquearon la vialidad como medida de presión para que las autoridades abran una mesa de negociación.
En el lugar, la representante de la sección de jubilados de Acapulco, Guadalupe Eugenio explicó que el gobierno del estado no ha cumplido todas las demandas presentadas desde el año pasado, principalmente el pago del PPS, que se les descontó durante su vida laboral.
Denunció que el gobierno del estado ha dejado de depositar los 300 pesos de apoyo mensual que les entregaba desde el año pasado, y en lo que va de 2018 continúan sin entregárselos.
Este grupo de jubilados se ha movilizado desde el año pasado, ya que el gobierno del estado sólo atiende algunas de sus demandas luego de cada protesta; en otras ocasiones ha bloqueado la Autopista del Sol, el bulevar Vicente Guerrero y la entrada a Casa Guerrero, para que el gobierno cumpla sus acuerdos.
“Hemos hecho ese tipo de acciones porque el gobierno del estado no nos ha cubierto todos los adeudos que nos debe, en este momento nos manifestamos porque no nos ha pagado el seguro PPS”, contó.
Insistió en que unos 900 maestros jubilados no han accedido a su seguro, que les corresponde por ley.
Explicó que, al jubilarse se integró un comité técnico para otorgar una mensualidad de 300 pesos como compensación para “aligerar” el descuento a los maestros jubilados, pero han pasado más de seis meses sin que se les deposite.
“Durante el año pasado nos estuvieron dando, a cuenta gotas, dos meses juntos tres meses juntos, y finalmente nos quedaron a adeudar cinco meses; y de enero a la fecha no se han aportado nada”, comentó.
La secretaria particular del gobernador, Celia Quiroz Vargas recibió a la comisión integrada por representantes de cada región de jubilados. La funcionaria se limitó a recibir el documento en el que solicitan el pago del PPS y la indemnización de jubilación, así como una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para exponerle los problemas que enfrentan.
Varios maestros que participaron en la movilización pertenecen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y trabajaron para el estado.
La movilización concluyó a la 1 de la tarde, cuatro horas después de haber iniciado. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).
Protestan damnificados de Papagayo en la Sedatu para que agilice la construcción de 34 casas
Damnificados de las tormentas Manuel e Ingrid en la comunidad de Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), protestaron unas dos horas afuera de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para exigir que se agilice la construcción de 34 casas, que debieron terminarse en junio.
En la protesta afuera de la dependencia, se quejaron de que en marzo el delegado, José Manuel Armenta Tello les dijo que todas las casas se terminarían de construir en tres meses, pero incumplió, porque sólo se construyen 12 y no están terminadas.
El propósito de los manifestantes era tomar la Delegación, pero la encontraron cerrada, ya que trabajadores del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) mantienen tomada la delegación desde agosto para que les paguen cinco meses de salarios devengados, por lo que los damnificados sólo expusieron su demanda.
Alrededor de las 11 de la mañana se plantaron afuera de la Sedatu, donde portaron pancartas en las que se leía, “Exigimos a José Armenta, delegado de Sedatu, la construcción de las 34 viviendas de los afectados en la comunidad de Papagayo”, “Basta de mentiras Pepe Armenta”, “Ya pasaron 4 años cuántos más pasarán” y “Exigimos solución a las viviendas”.
El comisario municipal de Papagayo, Pantaleón Mesino Flores precisó que el motivo de que acudieran a protestar en la delegación es exigir la construcción de 34 casas, porque ya son cuatro años y la edificación va lenta.
“Empezaron el 21 de marzo, y hasta la fecha apenas contamos con 12 viviendas; son 34 viviendas, entonces lo que queremos es una entrevista con el delegado, no está, se encuentra en la Ciudad de México, es la situación que nos trae aquí. Aparte, nos sale otro problema, cuando se hizo la compra del terreno hicieron un contrato con el dueño y se le debe un dinero, y el señor quiere expropiarnos el terreno”, denunció.
Lamentó que en una cláusula del documento de la compra del terreno dice que si en tres meses no se pagaba el terreno, el dueño recuperaba ese espacio, y que eso no les conviene, porque aunque lento, hay un avance con la construcción de algunas viviendas.
Exigió a la dependencia federal que avance la construcción y recordó que el delegado, en marzo acudió al terreno y ahí se comprometió que en tres meses las viviendas estarían construidas.
El comisario habló por teléfono con Armenta Tello, quien les prometió que este martes acudiría al terreno para hablar sobre este problema.
En El Papagayo, una empresa contratada por Sedatu construyó un fraccionamiento con casas sobre pilotes de madera que fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) porque estaban en un terreno inestable y no apto para vivir, y un incendio consumió 25 de 29 casas construidas.
Protestan vecinos de Cruz Grande en la Cdmx para exigir al Fonhapo que construya 50 casas
Pobladores del municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande), en la Costa Chica, protestaron en las instalaciones del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), para exigir la construcción de 50 casas del programa Vivienda Digna que debieron entregarles en la administración pasada, pero que fueron vendidas por el ex alcalde, Ociel Hugar García Trujillo, que actualmente es diputado perredista.
La dirigente de los inconformes, Silvia Gallardo Gatica acusó que desde 2015 piden a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que devuelva el dinero para la construcción de casas de más de 300 beneficiarios, pero nadie les ha hecho caso, y advirtió que seguirán en la ciudad hasta que tenga respuesta.
Silvia Gallardo recordó que desde inicios de agosto interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra el diputado local, Ociel Hugar García Trujillo, a quien culpan de un presunto fraude y usurpación de funciones, cuando fue presidente municipal. La dirigente aseguró que el diputado vendió las 50 casas y que aún hay beneficiarios que están a la espera de una vivienda.
Dijo que son 50 vecinos que durante su administración, 2012-2015, fueron beneficiados del programa Vivienda Digna del Fonhapo, un programa de aplicación tripartita, en el que la federación aporta la mayor parte del dinero. Estas casas nunca, según denunció, se entregaron a los solicitantes.
“Seis meses y no nos han podido liberar la vivienda, no nos dan nada, por eso estamos aquí. En Guerrero no nos hacen caso, porque José Manuel Armenta Tello (el delgado de Sedatu) tiene tomada la delegación. El apoyo debió salir en enero, desde hace tres años se firmaron minutas y no hay resultados”, lamentó.
Una comisión de inconformes llegó a la dependencia, donde la atendieron secretarios particulares de funcionarios, pero no les dijeron nada en concreto.
Silvia Gallardo Gatica explicó que este programa social es de vivienda rural, “estamos tristes; el gobernador Héctor Astudillo, sólo va y se toma las fotos en las zonas más inundadas, es todo lo que sabe hacer, salir en la televisión en este año, el peor de todos los años; en el 2015 estuvo feo pero ahorita estuvo peor”.
Lamentó que el diputado, de quien dice tener pruebas de que vendió las casas, que correspondían a vecinos de escasos recursos, a otros de su partido, el PRD, siga en la impunidad.
La dirigente comentó que los quejosos viajaron a la Ciudad de México con sus propios recursos porque pusieron dinero para sus casas, aunque una mínima parte.
Marchan padres de una primaria en el Palacio de Tlapa; piden reconstruir cuatro aulas dañadas
Alumnos, maestros, madres y padres de familia de la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, de la colonia Lázaro Cárdenas, en Tlapa, marcharon y protestaron frente el ayuntamiento para exigir la construcción de cuatro aulas para sustituir a las que resultaron con daños durante el sismo del pasado 19 de septiembre.
Después de unas horas de protesta, accedieron a dialogar con el secretario general del Ayuntamiento, Julio César Naranjo Jiménez, ante la ausencia del presidente Jesús Noé Abundiz García, y acordaron que este viernes Protección Civil nuevamente acudirá a la escuela a hacer un peritaje.
Trascendió que el alcalde acompañaba al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, en el municipio de Atenango del Río.
La directora de la escuela, Adriana Sánchez González informó que las aulas de la escuela tienen más de 20 años, y que el sismo del pasado 19 de septiembre las dañó, y que Protección Civil municipal les recomendó dar las clases “al aire libre”.
Los manifestantes exigían la presencia del presidente, pero luego de tres horas de espera accedieron a dialogar con el secretario general Naranjo Jiménez, con quien acordaron que este viernes Protección Civil acudirá al plantel para hacer nuevamente el dictamen, porque en el que hizo originalmente reportó que sólo un aula había sido dañada, cuando en realidad son cuatro.
Contó que la escuela atiende a 307 alumnos, con 17 trabajadores, entre maestros y administrativos.
Los más de 100 alumnos, padres y maestros inconformes, salieron de la colonia Lázaro Cárdenas, que se ubica al sur de la ciudad, y caminaron en el cauce del río Jale, que es el camino que lleva al centro.
También dijeron que necesitan la construcción de la cerca del plantel y de más sanitarios, porque los cuatro que tienen son insuficientes.
Se une la primaria Justo Sierra para pedir que el municipio aporte dinero para construir salones
Llegaron al lugar también maestros de la escuela primaria Justo Sierra, a pedir un diálogo con el presidente para solicitar al Ayuntamiento que acepte aportar recursos para la construcción de ocho aulas en las que el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) se comprometió a invertir 7 millones de pesos.
El pasado 26 de septiembre, padres y maestros de esta escuela protestaron frente al Ayuntamiento para plantear su demanda. (Antonia Ramírez / Tlapa).
Piden Astudillo y el titular de la SEG cese de protestas por daños en las escuelas
Personas y grupos afectan derechos de terceros,
dice Astudillo sobre las protestas de estos días
Las tareas de reconstrucción exigen la reflexión y prudencia de quienes reclaman la reparación de sus escuelas, viviendas y otros servicios afectados, dice el gobernador. Sus demandas pueden esperar, afirma. Pide a los ayuntamientos que atiendan problemas de seguridad y no dejen todo al gobierno del estado
Anarsis Pacheco
Chilpancingo
El gobernador Héctor Astudillo Flores llamó a que cesen los bloqueos de calles y avenias por parte de maestros y padres de familia para que se revisen o reconstruyan escuelas, porque el gobierno trabaja para atender las afectaciones severas por las secuelas del huracán Max y los sismos del 7 y 19 de septiembre.
En un desplegado que se publica en estas páginas, tras decir que reconoce las demandas legítimas de la población, y en otro día prolífico en bloqueos de calles y avenidas de diversas comunidades escolares, Astudillo dijo que hay intereses personales en varias de estas protestas. “Protestas de algunas personas y grupos quebrantan el libre tránsito, el derecho de terceros y la vida cotidiana”, y “aprovechan la situación del momento para exigir servicios o beneficio personal, que pueden esperar a que las condiciones del Estado sean propicias para su atención”.
Y en declaraciones en la mañana, el gobernador dijo, luego de lo sucedido en Zumpango el martes cuando hubo cuatro asesinatos y dos heridos tras una marcha de habitantes de nueve comunidades para pedir seguridad, que los gobiernos municipales deben de cumplir sus responsabilidades en el problema de seguridad pública y no dejar todo al gobierno del estado, y en el problema del transporte para Chilapa indicó que se determinó instalar puntos de vigilancia en la carretera federal que une a la capital del estado, para evitar más hechos de violencia. Y en el caso del líder de Movimiento Ciudadano (MC), Ángel Vergara Chamú, asesinado en Chilpancingo, afirmó que hay varias líneas de investigación.
En el desplegado, el gobernador llamó a las personas y grupos a conducirse con responsabilidad ante una sociedad “lastimada, que desea la solidaridad de la población en las tareas para reconstruir un Estado con pobreza, desigualdad, violencia y falta de recursos presupuestales”.
Las tareas de reconstrucción exigen la reflexión y prudencia de aquellas personas y grupos que mediante protestas reclaman la reparación de sus escuelas, viviendas y otros servicios afectados, indicó.
Antes, Astudillo participó en la sesión del Consejo Consultivo del ISSSTE realizada en la sala de la República de Casa Guerrero, y después declaró a reporteros que los gobiernos municipales deben de cumplir con sus responsabilidades en el problema de seguridad pública y no dejar todo al gobierno del estado.
“Lo municipios también tienen que hacer su trabajo y su operación, y yo creo que entre todos tenemos que salir finalmente adelante”.
El gobernador ofreció dos entrevistas durante este jueves. La segunda se realizó en Casa Guerrero, donde se le preguntó sobre la situación que impera en Zumpango, cabecera municipal de Eduardo Neri, donde el martes pasado vecinos marcharon para exigir seguridad lo que desencadenó distintos hechos de violencia con resultados de cuatro asesinados, dos heridos, un autobús de transporte público y una camioneta distribuidora de productos de una empresa privada incendiados.
“En Zumpango bueno, también hay que operar. Yo lo que creo también es que cada quien debe cumplir con sus responsabilidades”, agregó el gobernador.
En esa misma consulta indicó que en el caso del transporte para Chilapa se determinó instalar puntos de vigilancia sobre la carretera federal que une a la capital del estado, para evitar más hechos de violencia.
“En cada espacio exista una especie de BOM, que tendrá que hacerse, para que de tal manera el transporte se sienta atendido y cuidado, esa es la estrategia que se tiene para atender la circunstancia”.
Por la mañana, el gobernador asistió a la ceremonia conmemorativa del 23 aniversario luctuoso de José Francisco Ruiz Massieu, en donde declaró a los reporteros que en el caso del líder de Movimiento Ciudadano (MC), Ángel Vergara Chamú, asesinado en Chilpancingo, se tienen varias líneas de investigación.
“La Fiscalía tiene, está realizando todo un trabajo relacionado precisamente con una investigación seria y responsable en torno a este asesinato, que por supuesto lamentamos”.
Dijo que las investigaciones deben ser extremadamente cuidadas con base en la nueva operación del nuevo sistema penal, por lo que la información que tiene es que hay avances y algunas líneas que no quiso detallar.
Insistió que se deberá caminar conforme a la investigación que realice la Fiscalía General del Estado.
En cuanto a la violencia en Chilapa, dijo que “es una ruta compleja, en la que hemos instruido montar toda una operación de módulos (de seguridad), frecuentes a partir de ya se deberá de instalar junto con la coordinación de la Defensa Nacional”, agregó.
También habló sobre el enfrentamiento registrado en Tierra Colorada, de donde dijo que se trata de acciones entres dos grupos armados que constantemente “escenifican esto”.
Confirmó que hubo una confrontación entre integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG).
Protestan padres en Chilpancingo, Zihuatanejo y Altamirano para exigir la reconstrucción de escuelas
Los familiares aseguran que además de ser planteles antiguos, los recientes sismos empeoraron sus situación
Alina Navarrete Fernández / Brenda Escobar / Israel Flores
Chilpancingo / Zihuatanejo / Altamirano
Padres de familia, maestros y alumnos de distintas escuelas de Chilpancingo, Zihuatanejo y Altamirano protestaron para exigir la reconstrucción de las instalaciones que fueron dañadas a consecuencia de los recientes sismos, así como por el deterioro en la infraestructura.
En Zihuatanejo, desde las 7 de la mañana, unos 200 padres de familia y maestros de la primaria Vicente Guerrero, ubicada a pocos metros de la playa Principal, en el centro de ese puerto, cerraron el plantel para exigir al gobernador Héctor Astudillo Flores la reconstrucción de un edificio que tiene más de 80 años de antigüedad y está por colapsar.
Al respecto, el presidente del comité de padres de familia, Juan Escobar Baños, explicó que la escuela fue construida hace más de 80 años y en 1999 el gobierno estatal construyó un edificio y dejó inconcluso otro en el que toman clases tres grupos, el salón de educación especial y también alberga la biblioteca, la dirección de la escuela, así como las oficinas de la Inspección Escolar de Educación Física.
De igual forma, también los padres de familia y maestros de este plantel, que en el turno vespertino se llama Luis Donaldo Colosio, se sumaron al cierre indefinido de la escuela.
Mientras que en la comunidad San José Ixtapa, ubicada en la zona costera poniente del municipio, padres de familia de la escuela primaria Cuauhtémoc, representados por Jaciel Baños Mariche, dieron a conocer que ante las catástrofes provocadas por fenómenos naturales, están preocupados porque la escuela está muy deteriorada y se han visto en la necesidad de sacar a los alumnos a tomar clases a la cancha techada.
Baños Mariche dijo que desde el lunes de esta semana, ningún alumno ni maestro ocupa los salones de la escuela, sino que toman las clases afuera, porque ya acudió un director responsable de obra a hacer un dictamen técnico de las condiciones en que se encuentra la infraestructura “y asegura que el ciclo de vida de las instalaciones ya venció, las aulas ya no están aptas para tener a los niños en clases pues cada día es un peligro latente”.
Comentó solicitarán a las autoridades correspondientes que los consideren en el presupuesto para la demolición y reconstrucción de esta escuela que tiene más de 30 años de antigüedad y a la que nunca, expresó, se le dio el mantenimiento adecuado.
Por otra parte, en la comunidad Pantla, también ubicada en la zona costera poniente del municipio, los padres de familia de la secundaria técnica 100, Héroes Guerrerenses, con 32 años de antigüedad, denunciaron que les preocupa el hecho de que los 13 salones que tiene el plantel presenten cuarteaduras tanto en las paredes como en los techos, así como varillas expuestas y moho debido a la humedad.
Uno de los padres de familia, Javier Ruiz Carrasco, comentó que en los últimos cuatro años, a través del comité de padres de familia han sido insistentes en hacer llegar peticiones tanto al gobierno municipal como al diputado federal Ricardo Barrientos Ríos, para que los apoye con asignar recursos del presupuesto federal para la demolición y reconstrucción de la escuela, pero nunca les ha contestado.
Mientras que el director de la escuela, Dagoberto Castro, dio a conocer que hay 214 alumnos, 15 maestros y 11 trabajadores administrativos, quienes estudian y trabajan en riesgo constante, porque no sólo son las aulas las que están deterioradas, sino también un tinaco elevado de 11 metros de altura que en cualquier momento puede colapsar porque las columnas están completamente fracturadas.
Añadió que inspectores de Protección Civil municipal acudieron a hacer una inspección ocular del plantel, que sus observaciones señalan que tanto los salones y el tinaco elevado representan un riesgo, por lo que sugieren que acuda un director responsable de obra para hacer un dictamen técnico, pues hay un riesgo latente en caso de ocurrir un sismo.
En la capital, a las 9:30 de la mañana, unos 50 padres de familia, maestros y alumnos del jardín de niños Luz y Alegría, ubicado en la colonia Cuauhtémoc Norte, marcaron desde el plantel hasta el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), donde bloquearon la avenida Lázaro Cárdenas durante por unos 40 minutos, para exigir la reconstrucción de las escaleras.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se leyó: “El jardín de niños exige la reconstrucción de las escaleras” y “el jardín de niños Luz y Alegría exige revisión estructural por parte del IGIFE”.
La maestra Martina López Morales dijo que las escaleras de uno de los edificios de la escuela, ya estaba dañada antes de los sismos del 7 y 19 de septiembre, pero luego de los temblores empeoró la situación, por lo que ya no es posible que sean utilizadas debido a que representan un riesgo para los 90 alumnos.
Señaló que el edificio en el que las escaleras se fracturaron, cuenta con unos cuatro años de antigüedad; añadió que Protección Civil estatal acudió al plantel pero hizo una revisión superficial.
Los manifestantes fueron atendidos por representantes del IGIFE, quienes acudieron al plantel para analizar su situación y se comprometieron a hacer la valoración correspondiente de las instalaciones.
En Pungarabato, maestros de los turnos matutino y vespertino de la primaria Redención Proletaria, se reunieron con el presidente municipal, Daniel Basulto de Nova, para pedirle que los apoye en la gestión de mejores condiciones para trabajar.
De los 14 salones con los que cuenta el plantel, sólo dos fueron reportados por Protección Civil en condiciones de dar clases, en tanto que el resto mostró daños severos y consideraron que deberían de ser inhabilitadas.
La primera propuesta de los padres de familia y de los maestros es ubicar 19 espacios fuera de las aulas y donde podrían ser colocados algunas enramadas o techumbres de lámina, para que los niños tomen clases en los patios; la segunda, es gestionar un edificio cercano que pudiera ser habilitado para las clases, sin embargo estiman que requieren de condiciones, pues en el turno matutino son 400 alumnos y en la tarde 200.
La actual escuela abarca toda una manzana, y tiene más de 40 años de su fundación. El edificio muestra daños en todas sus paredes.
El presidente municipal les dijo que no hay dinero del municipio para construirles, incluso no hay para ayudarles con láminas, para hacer techados, pero se comprometió a acompañarlos a la capital del estado a tocar puertas y buscar el presupuesto.
El delegado de educación Timoteo Arce Solís ya les informó de que la posibilidad de ser reubicados de manera temporal, debe de ser tomada como una propuesta necesaria debido a las condiciones en las que se encuentran escuela.
Marchan padres de una primaria en el Palacio de Tlapa; piden reconstruir cuatro aulas dañadas
Alumnos, maestros, madres y padres de familia de la escuela primaria Caritino Maldonado Pérez, de la colonia Lázaro Cárdenas, en Tlapa, marcharon y protestaron frente el ayuntamiento para exigir la construcción de cuatro aulas para sustituir a las que resultaron con daños durante el sismo del pasado 19 de septiembre.
Después de unas horas de protesta, accedieron a dialogar con el secretario general del Ayuntamiento, Julio César Naranjo Jiménez, ante la ausencia del presidente Jesús Noé Abundiz García, y acordaron que este viernes Protección Civil nuevamente acudirá a la escuela a hacer un peritaje.
Trascendió que el alcalde acompañaba al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, en el municipio de Atenango del Río.
La directora de la escuela, Adriana Sánchez González informó que las aulas de la escuela tienen más de 20 años, y que el sismo del pasado 19 de septiembre las dañó, y que Protección Civil municipal les recomendó dar las clases “al aire libre”.
Los manifestantes exigían la presencia del presidente, pero luego de tres horas de espera accedieron a dialogar con el secretario general Naranjo Jiménez, con quien acordaron que este viernes Protección Civil acudirá al plantel para hacer nuevamente el dictamen, porque en el que hizo originalmente reportó que sólo un aula había sido dañada, cuando en realidad son cuatro.
Contó que la escuela atiende a 307 alumnos, con 17 trabajadores, entre maestros y administrativos.
Los más de 100 alumnos, padres y maestros inconformes, salieron de la colonia Lázaro Cárdenas, que se ubica al sur de la ciudad, y caminaron en el cauce del río Jale, que es el camino que lleva al centro.
También dijeron que necesitan la construcción de la cerca del plantel y de más sanitarios, porque los cuatro que tienen son insuficientes.
Se une la primaria Justo Sierra para pedir que el municipio aporte dinero para construir salones
Llegaron al lugar también maestros de la escuela primaria Justo Sierra, a pedir un diálogo con el presidente para solicitar al Ayuntamiento que acepte aportar recursos para la construcción de ocho aulas en las que el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) se comprometió a invertir 7 millones de pesos.
El pasado 26 de septiembre, padres y maestros de esta escuela protestaron frente al Ayuntamiento para plantear su demanda. (Antonia Ramírez / Tlapa).
No reanudaron clases esta semana 50 escuelas de educación básica en el estado: SEG
Alina Navarrete Fernández
Chilpancingo
El secretario técnico de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Jorge Sotomayor Landeta, dijo que 50 escuelas de educación básica en el estado no reanudaron clases esta semana ante la preocupación de padres de familia y maestros sobre las instalaciones que posiblemente fueron afectadas por los recientes sismos.
En declaraciones antes de reunirse con integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), respecto de las protestas de esta semana por los daños de los sismos en distintas escuelas, Sotomayor Landeta dijo que la SEG visitó los planteles donde los padres han denunciado fallas.
“Desde la semana pasada tenemos brigadas en las regiones más afectadas, en la región Norte, en la Montaña, aquellos municipios que colindan con Puebla, que es donde más se sintió (el temblor), Huamuxtitlán, Xochihuehuetlán, Olinalá, etcétera, estamos haciendo un recorrido”, dijo.
Señaló que a los supervisores escolares, jefes de sector y directores, se les entregó un formato que debían llenar para informar sobre el estado de los planteles, que sería utilizado para programar las visitas a las instalaciones, pero “algunos se retrasaron, no agilizaron el proceso y son estos padres de familia y maestros los que han salido a las calles”.
Aseguró que, de las 12 mil 500 escuelas de educación básica del estado, sólo 50 no han reiniciado clases debido a daños en las instalaciones.
Sobre la protesta de la CETEG, que ayer bloqueó la avenida Insurgentes en la capital, dijo que la SEG conoce la situación de los maestros, principalmente de la Montaña baja, quienes enfrentan dificultades para acudir a las comunidades donde dan clases, y que el lunes pasado se acordó que no serían sancionados.
Aclaró que resolver el problema de inseguridad le compete a la Secretaría de Seguridad Pública (SEP), al gobierno estatal y al municipal, ya que la SEG sólo puede no aplicar sanciones, pero no tiene facultades para garantizar el traslado de los maestros, pues “el problema no es que no proporcionemos un transporte, es que lo dejen pasar”.
Reconoció que la situación que enfrentan los maestros es grave, pues “me ha tocado que estoy hablando por teléfono con alguno de ellos y me cuelgan porque empieza una balacera”, sin embargo, la SEG no puede intervenir en ese sentido.
Suspende la SEG las labores en escuelas de cinco municipios de la Montaña Baja para revisar las aulas
Los municipios de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), Ahuacuotzingo, Zitlala, Atlixtac y Chilapa suspenden clases desde este viernes 29 de septiembre hasta el jueves 5 de octubre.
En una misiva firmada por el director general de Asuntos Jurídicos, José Abraham Godínez Maldonado, se informa que la suspensión de labores es para revisar las aulas después de los temblores, “con el propósito de continuar la revisión exhaustiva de las condiciones estructurales de las escuelas y así garantizar las condiciones necesarias para el aprendizaje”.
Informa que se suspende la reunión de Consejo Técnico de esta región, programada para hoy, viernes, y quedarán sin efecto los retardos y faltas del personal docente y administrativo de las escuelas de esta zona. (Redacción).
Bloquean padres la Costera en el centro; exigen tres maestros para una primaria de El Coloso
Karina Contreras
Padres de familia de la primaria federal Cuauhtémoc, ubicada en la unidad habitacional El Coloso, bloquearon la avenida Costera frente al edificio Oviedo, del centro de la ciudad, para exigir tres maestros, pues al inicio del ciclo escolar la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) se los quitó porque eran de contrato y los envió a la Costa Grande.
El bloqueo inició a las 11 de la mañana y los padres mantuvieron cerrada por una hora la Costera, en los carriles en dirección Centro-Base Naval para exigir que las autoridades les hagan caso.
Los manifestantes bloquearon frente al edificio Oviedo, porque ahí se encuentran las oficinas provisionales de los servicios educativos de la región, mientras portaban pancartas donde se leía: “Ya basta que jueguen con la educación de nuestros hijos, queremos que nos regresen a los maestros que nos quitaron de la escuela primaria federal Cuauhtémoc”, “la escuela primaria de Piedra Roja exigimos que regresen a los tres maestros a la voz de ya. Zona escolar 39”.
El presidente del comité de padres de familia, Juventino Bracamontes Helguera, informó que la SEG envió tres maestros pero con contrato y después los retiró dejando a dos grupos de tercer grado y otro de cuarto sin clases. Recordó que hace ocho meses tres maestros se jubilaron y tomaron la escuela para que se los repusieran por los que se los mandaron, pero eran de contrato.
Indicó que hace quince días a los docentes le mandaron por correo “órdenes definitivas para Costa Grande y no los quitan, por lo que ahora queremos que si la educación va ser de calidad, primeramente debe de ser permanente, constante y continúa; si están cambiando maestros a cada rato los que nos va ocasionar no se avanza, me atraso”.
Señaló que como padres exigen que le regresen a los maestros o que les manden otros, pero de base, porque “parecemos conejitos de indias que están experimentando con nosotros”.
Los manifestantes retiraron el bloqueo a las 12:20 del día, porque serían atendidos por el delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez de la SEG, Alfredo Miranda Vergara, quien declaró que efectivamente en esa escuela se tuvo ese problema del cambio de maestros, pues los docentes idóneos se movieron a otras zonas. Indicó que se está revisando el caso, porque la indicación es que no se puede ir ningún maestro sin que llegue la persona que lo va cubrir.
Protestan egresados de un instituto privado en Acapulco para exigir sus títulos y certificados
Unos 25 egresados del Instituto Pedagógico de Estudios Profesionales (IPEP), de las licenciaturas de Pedagogía y Nutrición protestaron la mañana de ayer afuera de la escuela, ubicada en Barrio de la Fábrica, porque tienen más de cuatro años que concluyeron sus estudios y no les han entregado su título y certificados de estudios.
Con cartulinas fluorescentes con leyendas como, “Napoleón Astudillo, danos la cara” y “exigimos la entrega de títulos”, los ex alumnos del IPEP manifestaron que pagaron de 20 mil a 27 mil pesos por hacer los trámites para su titulación, y que tienen varios años dando vueltas para que les entreguen sus papeles, pero que no han tenido respuesta.
Luego de 15 minutos de protesta fueron atendidos por el jefe de control escolar, Manuel Ignacio Astudillo, con quien se acordó que entregarán actas de examen y títulos a egresados de las generaciones 2010-2013 y 2011-2014, que hayan hecho el trámite institucional en tiempo; además de revisar la salida de títulos de la generación 2012-2015.
La egresada de la licenciatura de Pedagogía, Karla Edith Domínguez Santos, dijo “exigimos que el licenciado Napoleón Astudillo nos dé la cara, llevamos más de tres años que salimos y no nos ha resuelto nuestros títulos y certificación. A los compañeros de Nutrición les niegan el acceso a instituciones para hacer sus prácticas por falta de convenio”.
Abundó que son dos generaciones, unos 150 egresados, que “no hemos recibido ninguna respuesta por parte de Napoleón, fueron aproximadamente de 22 mil a 27 mil pesos que se pago por título de cada uno, y es injusto que nuestros papás hayan hecho el sacrificio por pagar los trámites y no nos han dado nuestros documentos”.
Detalló que han acudido con las coordinadoras Gisela Gallardo, y del área de Nutrición con la licenciada Ana María, pero que la respuesta que les dan es que será hasta julio de este año que les darán una respuesta de sus títulos, “pero llevamos más de dos años y no nos dan respuesta, por eso estamos aquí protestando”.
Explicó que hay comentarios de que sí les van a entregar sus documentos, pero que será hasta julio o agosto, sin embargo ellos no quieren esperar más tiempo, porque tienen temor que les vayan a dar más largas. Por ello criticó que el ex síndico en la administración pasada, Napoleón Astudillo, “no nos dé respuesta ante nuestra situación”.
La ex alumna dijo que en sus trabajos les piden documentos, y que en algunos dependencias les niegan el trabajo, “por lo mismo, porque no tenemos título, por eso unos están sin trabajo, por la negligencia que presenta esta escuela, porque ya hicimos todos los exámenes y esperamos las respuestas de que ellos hagan los trámites correspondientes en México”.
Los egresados pidieron que así como las autoridades de IPEP exigieron el pago del trámite de titulación, los ex alumnos van a solicitar que les entreguen sus documentos, que van a esperar, pero en caso de no tener respuesta volverán a manifestarse.
Además denunciaron que, en la institución a los alumnos de la licenciatura de Nutrición no les permiten hacer sus servicios o prácticas, porque la escuela no tiene convenio con ninguna institución de gobierno, ni la Secretaría de Salud y hospitales generales.
También dijeron que la escuela no cuenta con cooperativa, “no hay ni maestros” y que los jóvenes estudiantes si tienen hambre deben salir de la institución para comprar su comida.
Se declara el Centro Morelos en alerta ante posible represión de la protesta tras el gasolinazo
El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón expresó este lunes su solidaridad con los movimientos que protestan sin tintes partidistas o electorales ante el alza al precio de la gasolina y otros productos, y se declaró en alerta ante posibles actos de represión en contra de los manifestantes.
El organismo de derechos humanos, que tiene su sede en Chilapa, manifestó en un escrito ayer que el incremento al precio de la gasolina ha generado el incremento “generalizado” a precios de otros productos como el gas, pasajes y alimentos, que afecta el bolsillo de la ciudadanía.
Por otra parte, añade que otra inconformidad radica en el contraste entre las grandes cantidades que se auto asignan los diputados, senadores y otros funcionarios, con el salario mínimo de 70 pesos que gana la mayoría de los mexicanos.
“Lo anterior ha dado como resultado que desde los primeros días de enero diversos sectores de la sociedad se manifiesten en diferentes puntos del Estado y del país, como reflejo de la inconformidad social generalizada”, expone el organismo.
Considera que la inconformidad es justificable, porque con la cadena de incrementos en los precios de los diversos artículos en el mercado, los ciudadanos se verán imposibilitados para atender necesidades básicas como la alimentación, la salud, la educación y el vestido.
Además, agrega que la lógica que el presidente Enrique Peña Nieto argumenta en su mensaje explicando los motivos del alza de los precios, en el sentido de que el aumento al precio de la gasolina es un ajuste con los precios internacionales, “está fuera de contexto, pues la moneda mexicana no se puede comparar con la de otros países como Estados Unidos o de Europa”.
Al respecto, el Centro Morelos manifiesta que “es totalmente entendible que la ciudadanía salga a las calles a manifestar su enojo e inconformidad, enfrentando la criminalización y los intentos gubernamentales de deslegitimar estas manifestaciones”.
Insiste que las protestas que se están generalizando, “son la muestra de la impotencia y la rabia ante una política económica diseñada para seguir beneficiando a los ricos capitalistas a costa de hundir en una mayor miseria al pueblo”.
Añadió que, en este ambiente la lucha del pueblo, además de ser legitima, demuestra su hartazgo del mal gobierno que es encabezado por el Partido Revolucionario Institucional.
Para el organismo, “es preocupante que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en vez de regular los costos de la gasolina de acuerdo con el incremento del salario mínimo, anuncie que tomará represalias contra quienes incrementen precios por el gasolinazo, cosa que es inevitable”.
“Por ello, manifestamos nuestra solidaridad a los que manifiestan su inconformidad sin ningún interés político electoral de por medio, teniendo claro que los partidos políticos se han aprovechado de esta coyuntura para banderear movilizaciones cuando todos ellos han votado por reformas que afectan a los más pobres”, dice el escrito.
El Centro Morelos expresa, asimismo, su preocupación ante las afectaciones que se irán dando en el transcurso de 2017 tras el llamado gasolinazo.
Considera que la medida, “es un mal comienzo que traerá consigo un empeoramiento en la crisis de derechos humanos que ya se vive en el país, ya que el gobierno enfrentará el descontento del pueblo con mayor militarización y el huso de la fuerza con tal de no dar marcha atrás con su política económica que lesiona los más elementales derechos humanos”.
Ante esta situación el organismo se manifestó en “alerta” ante los posibles actos de represión que se desaten en contra de los manifestantes, para documentar y apoyar las denuncias correspondientes.
Marcharon 2 mil activistas el Día del Grito en la capital; no hay nada que celebrar, denunciaron
“Porque no hay nada que celebrar, hasta que aparezcan vivos” fue la consigna que encabezó la marcha de las actividades del anti grito al que convocó la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), este jueves en Chilpancingo.
En la marcha participaron 2 mil activistas que exigieron justicia para los jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, pidieron la derogación de la reforma educativa y se pronunciaron contra el nuevo nombramiento de secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, acusado de sembrar evidencias en el río San Juan en Cocula, donde fueron halladas bolsas con restos de uno de los normalistas.
A las 11:58 de la mañana el contingente conformado por padres de los normalistas desaparecidos, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, miembros de la fracción de la CETEG del secretario general, Ramos Reyes Guerrero, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), así como integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP), maestros del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) y del partido Morena, partieron de la estatua del general Nicolás Bravo para incorporarse en el carril México-Acapulco de la Autopista del Sol.
Durante su incorporación a la autopista se registró un conato de violencia, una unidad del transporte público capitalino de la ruta Figueroa Mata intentó avanzar aventándose contra los manifestantes.
A paso lento y bajo un intenso sol, los manifestantes coreaban las consignas como “Por que vivos se los llevaron, vivos los queremos”, “¿Dónde están, donde están nuestros hijos donde están?.
Al frente de la marcha los jóvenes normalistas de Ayotzinapa portaban una manta en la que se leía “Nos faltan 43 y miles más”, respaldando a los padres quienes portaban la fotografía de sus hijos.
En la marcha se hicieron tres paradas, la primera fue frente a la 35 Zona Militar donde demandaron justicia y señalaron que aún están a la espera de que se otorgue el mecanismo especial recomendado por el grupo de expertos del GIEI tras entregar su informe.
Por el equipo de sonido se escuchó que este 15 de septiembre no hay nada que festejar, porque no se ha dado justicia a las familias que perdieron a sus hijos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala.
“Gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que nos sigue respaldando y no nos ha dejado solos, gracias ustedes que siguen aquí en la lucha, porque siguen caminando a lo largo y lo ancho por una lucha digna”, agregó.
La segunda parada se hizo en el Congreso local, ahí bloquearon la circulación durante 15 minutos ante la llegada del subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Martín Maldonado del Moral, quien era acompañado por el secretario técnico de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Jorge Sotomayor Landeta.
En el encuentro hecho entre una cadena humana de los maestros que con los brazos entre lazados participaron en la manifestación, los funcionarios estatales acordaron atender las peticiones planteadas por los manifestantes, y les pidieron desistir de la movilización.
Mientras esta reunión se hacía, los grupos de policías antimotines que operan en la capital estaban bloqueando el acceso a las principales calles que llevan al Palacio de Gobierno donde ya se preparaba el escenario con dos estructuras para la presentación de la cantante Gloria Trevi y la banda Sonora Dinamita, contratados para amenizar el festejo oficial del grito de la Independencia.
El objetivo de los manifestantes era llegar a Palacio de Gobierno pero fueron impedidos por un grupo de más de 500 policías antimotines que se colocaron en el puente vehicular que atraviesa el río Huacapa.
Ante la movilización los líderes de las distintas organizaciones guerrerenses que participaron en la actividad encararon y gritaron consignas a los uniformados. La actividad concluyó sin percances, los manifestantes en su mayoría maestros de la CETEG se regresaron a su plantón al finalizar una conferencia de prensa en el lugar.
Protestan periodistas de Acapulco por agresiones de la Policía Federal a dos colegas
Reporteros de Acapulco protestaron ayer afuera de las instalaciones de la Policía Federal, ubicadas en el Centro de Negocios Costera 125, contra la intimidación que sufrieron los reporteros gráficos Bernandino Hernández y el italiano Enrico Danigno, éste colaborador del periódico estadunidense The New York Times.
Unos 25 periodistas de medios impresos y de televisión exigieron que la Policía Federal, la Estatal, el Ejército y la Marina respeten el ejercicio periodístico que se desarrolla en el estado.
A las 11 de la mañana los reporteros colocaron letreros frente a la plaza de negocios, que decían “Alto a las agresiones de la gendarmería”.
Después el grupo de manifestantes entró al inmueble y se dirigió a la oficina del centro de operaciones de la Policía Federal, para tratar de dialogar con un representante de la institución. Los reporteros esperaron durante 40 minutos pero nadie salió a atenderlos. Dos policías, a unos 30 metros, sólo observaron lo que sucedía y se dedicaron a mandar mensajes con sus celulares y tomar fotografías.
“Libertad de expresión, abajo represión” y “libertad”, consignaron los reporteros en unas diez ocasiones afuera de la oficina para tratar de llamar la atención, y al no encontrar respuesta, el grupo de manifestantes salió a la avenida Costera a protestar de forma intermitente, cada vez que los semáforos marcaban el alto a los automovilistas.
Una patrulla fue rodeada por los reporteros en el momento que pasaba por la protesta; “fuera, fuera”, les gritaron los periodistas, quienes exhortaron a los gendarmes a dar seguridad en las colonias populares y no sólo en la Costera, y dejar de hostigar a los comunicadores en su quehacer periodístico.
El viernes, Bernandino Hernández denunció que efectivos de la Gendarmería los encañonaron a él y al periodista italiano cuando circulaban en la calzada Pie de la Cuesta, y que fueron retenidos durante una hora.
A la protesta llegaron dos observadoras de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y después la coordinadora del organismo, Fanilú Clara Figueroa, quien consideró que no se puede agredir a quienes ejercen el periodismo “sano” de Guerrero.
La coordinadora ofreció buscar un encuentro entre una comisión de reporteros, y los representantes de la Policía Federal. Por la tarde el foto reportero Bernandino Hernández informó que un representante de la Policía Federal dijo que les llamarían para acordar la reunión. Casi a la una de la tarde los reporteros se retiraron.
En declaraciones, el representante de la sección 25 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), Julio Vázquez, manifestó que en un clima hostil de inseguridad como se vive en Guerrero no se puede agredir a los periodistas durante las jornadas de cobertura que realizan.
Recordó que no es el primer caso de agresión de los policías federales en Acapulco contra periodistas, y expuso el caso del reportero del periódico Novedades Acapulco, Martín Méndez Pineda, agredido el pasado 23 de febrero.