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Buscarán diputados que se sancione al alcalde de Taxco por la obra del Chedrahui

 

Ante la próxima apertura de una sucursal de tiendas Chedraui anunciada para fin de mes
en esta ciudad como “Súper Che”, el dirigente de diputados locales de la fracción priísta,
Abraham Ponce Guadarrama, sostuvo que el alcalde taxqueño, Ramiro Jaimes Gómez, no
ha respetado la ley al haber otorgado un permiso para esa construcción, por lo que hará un
exhorto para que sea sancionado en el Congreso Local.
Vía telefónica, dijo que el edificio contrasta de manera radical con todo el entorno, la
tradición y el paisaje de Taxco que los viajeros y visitantes conocieron; “con esto se
destruye y viene abajo nuestra imagen, es una aberración de alguien que llega a la
presidencia municipal no tenga el tacto, ni la sensibilidad y se muestre ignorante para
valorar nuestro patrimonio y el sentir de los taxqueños”, precisó.
Como alcalde que fue de este municipio, el diputado priísta dio a conocer que durante su
administración algunos interlocutores de la empresa Chedraui lo buscaron para pedirle
esa área –donde ahora se levanta la construcción en intensas jornadas de día y noche–
pero, dijo: “yo negué el permiso, no estuve de acuerdo”.
Ante la postura de la Junta de Conservación y Vigilancia de Taxco y los miembros en pleno,
al igual que la sociedad civil, quienes han manifestado su rechazo a la obra porque rompe
con el entorno urbano, arquitectónico, visual histórico y cultural, y que ahora han sido
amenazados por el alcalde panista de fincarles responsabilidades, Ponce Guadarrama
expresó que quien podría ser sometido a ese proceso debe ser Ramiro Jaimes.
“Él sí no ha respetado nada, se siente el Rey Ramiro Primero, por eso vamos a pedir que el
Congreso lo sancione. Esto ya nos dio en la torre, es una mole que está fuera de las
normas y va a ser un fregadazo para la imagen de Taxco”, aseveró quien también encabezó
el año pasado una reunión con exalcaldes priístas para manifestarse en contra de la
construcción.
Sin mostrar su desacuerdo con los posibles beneficios que conlleva la instalación de esta
tienda departamental, el legislador añadió que sí es una buena inversión, “lo que
criticamos es la manera arbitraria en que se otorgó el permiso para la construcción y que
no se respeten ni acaten las disposiciones de la ley, al INAH ni a la Junta de Conservación.
Eso es lamentable”.
Señaló además que el alcalde Ramiro Jaimes siempre pasó por encima de la ley y el plan
de Desarrollo Urbano, misma que durante su administración se pagó por este la cantidad
de 2 millones de pesos y ahora resulta que no acata su sucesor pero, en cambio, da un
permiso para un edificio fuera de contexto, “y eso amerita un exhorto en el Congreso para
que el caso sea revisado”.

A pesar del INAH, sigue la construcción del Chedraui en Taxco con apoyo de la alcaldía

 

Pese a las recomendaciones y observaciones que emitió el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en diciembre pasado al grupo Chedraui por la polémica construcción de la mole de concreto y acero que albergará una tienda departamental de esta cadena en la ciudad, los trabajos siguen su curso bajo la protección y contubernio del alcalde panista, Ramiro Jaimes Gómez.
El documento fue girado el 4 de diciembre de 2006 por la directora del INAH en Guerrero, Blanca Jiménez Padilla, al gerente de construcción del grupo Chedraui, Edgar Felipe Flores Velázquez –ante las críticas ciudadanas en defensa del patrimonio histórico y cultural de Taxco–, en donde la especialista salió al quite al considerar que el decreto presidencial de 1990 considera el valor de la ciudad en su conjunto “ante el orden público y el interés social y nacional que guardan las normas de protección del patrimonio cultural de nuestro país”.
Asimismo, al cuestionar la irregularidad del permiso de construcción otorgado por el ayuntamiento, en lugar de que este proyecto hubiera sido analizado por la Junta de Conservación y Vigilancia de Taxco –a quien corresponde el caso–, el presidente y arquitecto de este cuerpo colegiado y quien ha sido una de tantas voces críticas, Heberto Sarmín Rivera, expresó que “hasta ahora, la empresa no ha dado ninguna respuesta, ni han dejado de levantar la construcción; para ellos el INAH no cuenta, sus recomendaciones son ignoradas y hacen caso omiso”.
Como en otras ocasiones, denunció que la autorización para esta tienda salió directamente del ayuntamiento, sin consultar a la Junta a su cargo: “tiene el visto bueno y anuencia de Ramiro Jaimes, hay contubernio; la obra prosigue y en un encuentro que tuvimos a mediados de diciembre se puso a defenderlo como si fuera de él, junto con su coordinador de Proyectos Especiales, Guillermo Cordero Sánchez”.
Y lo más grave, señaló que en esa misma reunión, en la cual no estuvo presente un solo representante del grupo Chedraui, el alcalde taxqueño espetó alterado: “Y la le dí instrucciones a Chedraui para que no pague un solo quinto a la Junta de Conservación”, palabras a las que se agregó después una amenaza para “fincarles responsabilidades (a los integrantes de la Junta) porque quieren cobrar una autorización que la ley no les faculta”.
Sarmín Rivera, destacó ante este caso que existe por decreto estatal la Ley de Conservación y Vigilancia número 174 y, además de ésta, también se pueden aplicar los códigos y leyes federales en la materia, más el acatamiento al Plan de Desarrollo Urbano de Taxco que especifica normas congruentes con la tipología de la ciudad y los estudios de impacto ambiental que no han sido ejecutados, lo que afectará el entorno visual, vial, arquitectónico, histórico, cultural y la imagen misma que los visitantes han apreciado de este destino turístico.
El presidente de la Junta, organismo autónomo del ayuntamiento, aclaró que no han autorizado a la fecha ninguna licencia de construcción y tampoco han cuestionado el proyecto de la tienda a cambio de recibir un pago por ello. “Aquí no se trata de que paguen y les autoricemos (a Chedraui); cada uno de los integrantes estamos por la defensa y conservación del patrimonio histórico y cultural, lo que se requiere es que se apeguen a la ley”.
De acuerdo con una carpeta a la que El Sur tuvo acceso y que contiene algunos planos y fotomontajes presentada a las autoridades y después a la Junta por los representantes de Chedraui, la superficie del terreno donde se asienta la construcción en la salida norte de la ciudad, en el barrio de La Florida y a orillas de la carretera nacional, abarca una superficie de más de 5 mil 730 metros con una altura que rebasará los 30 metros hasta el techo.
Esta moderna imagen es la que reciben los visitantes y los asombra a su llegada a Taxco, a unos metros de lo que fueran las legendarias Exhaciendas de El Chorrillo y Cantarranas en la época de la Colonia, y los mismo lo observan los taxqueños desde distintos ángulos sin encontrar respuesta a lo que aquí se ha dado en llamar “el atentado mayor”.
Por eso es que Sarmín Rivera sostiene su defensa del patrimonio: “No es un capricho, el edificio está fuera de contexto y rompe totalmente con la imagen urbana, lo malo es que tampoco se ha visto una intervención más enérgica del INAH ni de los diputados locales guerrerenses que conocen el caso. Por eso, advirtió, vamos a actuar y tomaremos otras medidas”.

Denuncia ex funcionario nepotismo y corrupción en el ayuntamiento de Taxco



El ex director de Comercio, Abraham Salgado Salazar denunció que en el gobierno municipal hay desajustes, nepotismo, corrupción y tráfico de influencias, y que los privilegiados son gente cercana al alcalde panista Ramiro Jaimes Gómez, y a la síndica Teresa Cortés Cervantes.
Salgado fue inhabilitado del cargo y quien fuera uno de los más activos promotores de la candidatura del ahora alcalde se dijo “desencantado, desilusionado, hay nubes de humo en el ayuntamiento y de no reaccionar Ramiro (Jaimes), no creo que termine su periodo de gobierno, porque habrá más inconformidades”.
En conferencia de prensa, el también ex regidor perredista en el anterior Ayuncamiento dijo que seguirá denunciando las irregularidades “para actuar contra esta administración que ha caído en la corrupción, tocaremos puertas en el Congreso del Estado para que esto se conozca de fondo y prepararemos las demandas correspondientes”.
Salgado es el segundo de cuatro directores que han sido despedidos y mostró un expediente de documentos y testimonios por las fricciones que tuvo con el contralor, Miguel Ángel Gómez Díaz y el tesorero Alejandro Gil Navarrete, a quienes denunció que lo presionaron para que ocultara recursos, a lo cual se negó.
Otras de las irregularidades que encontró es que un bar denominado Casa Blanca en la Plazuela de San Juan, entre cuyos propietarios destaca el ex alcalde priísta, Isaac Ocampo Fernández, luego de varios años no ha hecho pago alguno por la apertura ni por los refrendos correspondientes de ese establecimiento y el alcalde Ramiro Jaimes, “instruyó la condonación absoluta” para ese negocio con la complicidad de otros funcionarios.
Asimismo, reveló que tuvo diferencias con la síndica, Teresa Cortés Cervantes, ante la propuesta de clausurar el bar El Andariego debido a los escándalos frecuentes que ahí ocurren, y que después resultó que la propietaria es una hermana de la síndica, que a la vez es administradora del mercado municipal.
“Ahí está el favoritismo desmedido y el nepotismo, por eso hablo fuerte y conciso, no es el tigre como lo pintamos el 2 de octubre de 2005”, expresó del alcalde.
También dijo que en la Dirección de Deportes, luego de varios encuentros de futbol en la Unidad Deportiva de Los Jales, descubrió la venta desmedida de cerveza y utilidades de 400 mil pesos que nunca entraron a las arcas del ayuntamiento.
Asimismo, dijo que el alcalde ha otorgado permisos para que se instalen más tianguistas a orilla de la carretera nacional que atraviesa la ciudad.
A pregunta expresa de porqué hasta ahora denuncia esas anomalías, Salgado dijo que no desea ser cómplice, “quise recapacitar y logré acumular documentos en este tiempo”, los cuales mostró uno a uno al citar cada caso.
Consideró que la actual administración panista “llegó con hambre de dinero, nos estamos dando cuenta que es lo mismo o peor que antes y esto no es posible tolerarlo”.
Afirmó que “hay jineteo de recursos públicos de las nóminas que deben de pagarse de manera puntual. Ya basta, las pruebas de intolerancia y corrupción están a la vista”.

Se corregirá lo que sea necesario, dice el alcalde de Taxco sobre las mamparas clausuradas



Los sellos de declaratoria de suspensión por parte del INAH y de la Junta de Conservación en las estructuras metálicas tipo cartelera colocadas sin permiso, continúan contra lo que fue una imposición y violación a las leyes en la materia por parte del alcalde panista, Ramiro Jaimes Gómez.
En entrevista con El Sur, el alcalde lamentó molesto las medidas hechas a una obra de su administración, criticó las atribuciones del INAH y de la Junta, admitió su posible equivocación y dijo: “Lo tenga que se tenga que corregir, se va a corregir”.
Este jueves más sellos de suspensión aparecieron en las estructuras ubicadas en el zócalo y diferentes puntos del centro histórico. Junto a los sellos iniciales del INAH en color amarillo aparecieron otros más en papel blanco (de la Junta de Conservación y Vigilancia), medidas consideradas por la población de “prepotencia, soberbia e ignorancia” en alusión al alcalde.
La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueoló-gicas, Artísticas e Históricas, violada por el ayuntamiento taxqueño, dice en su artículo 1º que “el objeto de esta ley es de interés social y nacional y sus disposiciones son de orden público”.
Y más aún, en su artículo 41 reza que “zona de monumentos históricos es el área que comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país”.
Por su parte, el artículo 43 dice que “en las zonas de monumentos, los institutos competentes autorizarán previamente la realización de obras, aplicando en lo conducente las disposiciones”.
Y es así que en el reglamento de esta misma ley puntualiza en el artículo 42 que “toda obra en zona de monumentos, inclusive la colocación de anuncios, avisos, carteles, templetes, instalaciones diversas o cualesquiera otras, únicamente podrá realizarse previa autorización otorgada por el Instituto correspondiente para lo cual el interesado habrá de presentar una solicitud”.
En ella se precisan los requisitos del nombre del solicitante; nombre, domicilio y responsable de la obra; características, planos y especificaciones de la obra a realizarse; planos, descripción y fotografías del estado actual del monumento, y en caso de ser inmuebles, sus colindancias; su aceptación para realizar inspecciones por parte del instituto competente, y a juicio del instituto competente deberá otorgar fianza que garantice a satisfacción el pago por los daños…”.
En la zona de Monumentos Históricos de Taxco, declarada por Carlos Salinas de Gortari, presidente de la República en 1991, fueron ubicadas la mayor parte de las multicitadas carteleras y de las que el mismo alcalde se mostró sorprendido y hasta molesto por las acciones tomadas por las autoridades competentes y en la entrevista con El Sur dio atender su desconocimiento de la normatividad al respecto.
“Lamentable, me parece que es muy lamentable”, declaró frente a la suspensión de sus obras hechas por el INAH y la Junta taxqueña.
Argumentó al respecto no haber recibido un documento de las observaciones y sanciones acerca de lo que no pudiera estar ajustado a la normatividad.
Intentó una vez más salir en defensa propia y dijo “no sé que tantas atribuciones tenga la Junta de Conservación y Vigilancia o el INAH en ese aspecto”.
– En los sellos se marca una violación a la ley Federal de Monumentos Históricos, le comentó este reportero y respondió que no se estaban afectando monumentos, “no estamos tocando ni inmuebles, ni otra situación, el mobiliario urbano que se está colocando tiene la única finalidad de establecer mapas turísticos que permitan guiar a los visitantes tanto del país como del extranjero”, puntualizó.
Ante la insistencia y la presión que públicamente han ejercido las autoridades en defensa de la protección y atención de la zona de monumentos históricos, el alcalde rectificó y no tuvo más que retractarse al decir “pero, bueno, lo que se tenga que corregir se va a corregir” y explicó que la empresa que diseñó el proyecto ha hecho trabajos similares en otras ciudades coloniales del país como San Miguel Allende, el centro histórico de la ciudad de México.

Sin solución, la reunión entre diputados y el alcalde de Taxco por los 18 despedidos




Sin solucionarse el conflicto que enfrenta el alcalde panista, Ramiro Jaimes Gómez, por el despido de 18 trabajadores sindicalizados, aún cuando en una reunión intervinieron los diputados locales, Flor Añorve Ocampo del PRI, Benito García Meléndez del PAN y una comisión de la sección 50 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG).
La situación obligó a que entre el mediodía y la tarde de ayer se cerraran las puertas del edificio al paso del público y las inconformidades se hicieron manifiestos ante los policías que resguardaron el lugar.
A la propuesta del alcalde de reinstalar a la mitad de despedidos y liquidar a la otra parte, una comisión de éstos la rechazaron y en ese mismo sentido la diputada Flor Añorve pidió la reinstalación de todos los afectados.
Al romperse el diálogo, se informo que la mayoría harán la demanda ante las autoridades correspondientes.
El dirigente de la Sección 50 del SUSPEG, Gustavo Ortiz Rojas dijo: “son circunstancias que se necesitan atender más a fondo, tenemos que valorar si es conveniente la reinstalación de todos los despedidos o la liquidación”.
Informó que la próxima semana habrá una asamblea en donde el pleno “determinará esta situación conociendo los antecedentes que existen”.
Al respecto, por las evidencias que han trascendido entre los mismos trabajadores y funcionarios de la actual administración, la mayor parte de los despedidos fueron basificados irregularmente por no acreditar la antigüedad para obtener esa categoría y también por ser en su mayoría por ser familiares del ex alcalde, Abraham Ponce Guadarrama, y su esposa, Guadalupe Martínez de Ponce, quien estuvo al frente del DIF Municipal.
Asimismo, afirman que de los 18 despedidos si acaso la mitad de ellos deberían ser reinstalados, y los demás recibir su liquidación, y a pregunta expresa el dirigente sindical Gustavo Ortiz afirmo: “De una u otra forma son parte de esta sección y tenemos que valorar si procede pero se hará en una asamblea general”.
Se ha ventilado que entre los despedidos, algunos son respaldados tanto por la directiva central del SUSPEG y por la Sección 50 en esta ciudad, mientras que el otro grupo ha sido defendido por el ex alcalde y actual coordinador de la fracción priísta en el Congreso local, Abraham Ponce Guadarrama, a quien se unió en defensa de los afectados su homóloga, Flor Añorve Ocampo.
La mayoría de despedidos, aunque defienden su base, ya no se presentaron a laborar, pero de este grupo sólo se ha observado a dos trabajadoras en activo, Dora Guadarrama Landa e Isabel Embriz García, asignadas en las oficinas de regidores del PRD y quienes de esa fracción recibieron el respaldo de los ediles, Hugo Figueroa Ocampo y Rubén González Vázquez.
Acerca de este conflicto, Figueroa Ocampo dijo: “Apoyamos a gente que sí trabaja y los que irregularmente han estado, no será así”, al referirse a los familiares del ex alcalde de la comunidad de Tehuilotepec, donde vive Ponce Guadarrama.