Etiqueta: Raymundo Riva Palacio

Me canso ganso

En su discurso en la plaza pública el sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy enfático sobre dónde se construirá el nuevo aeropuerto. No hubo cambio de señal. En Santa Lucía, como determinó tras una consulta ciudadana, se construirían dos pistas, y Texcoco, donde originalmente estaría, será un cementerio de cemento y fierro. El domingo, en el primer Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo una nueva administración, se acordó mantener las obras mientras se hace una nueva reevaluación. Lo que hará el nuevo gobierno es ganar tiempo y maniobrar para salirse con su cometido sin afectación financiera.
La clave se encuentra en la segunda página del borrador de la minuta que trascendió el domingo por la mañana –la definitiva tiene matices–, donde señala que este mismo lunes emitirá en Nueva York una oferta de compra por mil 800 millones de dólares. Es decir, no significa que el aeropuerto en Texcoco será terminado, sino que seguirán la obra hasta que logren eliminar la contingencia de una demanda colectiva –denominada Class Action– de los tenedores de bonos que fueron ofertados y adquiridos a través de la Bolsa de Valores en Nueva York.
Se desconoce cuántos y cuáles fondos extranjeros estarían involucrados en la demanda colectiva. Algunos de estos fondos han hecho pública su participación en el aeropuerto de Texcoco. Por ejemplo Paul Hastings LLP, un despacho de abogados global, anunció en 2016 y 2017 dos ofertas por un total de 6 millones de dólares para financiar la construcción del aeropuerto en Texcoco, en representación de Citigroup Global Markets, HSBC Securities y J.P Morgan Securities, cuya cancelación podría acelerar el pago del bono y el interés. Varios manejadores de fondos viajaron a la Ciudad de México tras la cancelación de la obra en Texcoco para saber cómo resolvería el nuevo gobierno las pérdidas por incumplimiento del contrato, pero no hubo quién atendiera sus preocupaciones.
Tras las frustradas gestiones se empezó a preparar una demanda colectiva que se presentaría tan pronto como oficialmente el gobierno del presidente López Obrador cancelara la obra en Texcoco. La decisión de continuar las obras fue un primer paso para evitar una acción legal. Ir a comprar los bonos en poder de los fondos, es una acción estratégica. De otra forma, lo que podría enfrentar el nuevo gobierno es una situación similar a la que vivió Argentina cuando en 2011 incumplió pagos por 132 mil millones de dólares en empréstitos, en medio de una crisis económica que provocó disturbios y violencia en las calles que produjeron la muerte de 39 personas. El gobierno argentino reestructuró la deuda y el 93% de los tenedores de bonos aceptaron los términos de la negociación.
Ese 7% de los tenedores de los bonos demandaron al gobierno argentino en un largo litigio en la corte en Nueva York donde en octubre de 2012 el juez determinó que Argentina debía pagar el 100% de la deuda. El gobierno de Cristina Fernández apeló, no pagó y se fue dos años más a litigio, que finalmente perdió en un caso que se llamó “los fondos buitre”, luego que en el proceso llegaron a embargarle activos en el extranjero. Los tenedores de bonos recibieron casi cinco mil millones de dólares, y en cuando menos un caso, se estima que su retorno fue de mil 500 por ciento sobre la inversión original, profundizando la crisis económica con la que recibió el gobierno Mauricio Macri. Este precedente es el contexto de la decisión adoptada por el gobierno de López Obrador y evitar un juicio colectivo en Nueva York, donde residiría ese litigio porque el sistema de la Bolsa de Valores le otorga esa competencia.
La decisión, por esta razón, es estratégica. La nueva administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, bajo la dirección de Gerardo Ferrando, mantendrá activa la obra y los contratos mientras que el gobierno va recomprando bonos en poder de los fondos internacionales. Mil 800 millones de dólares no serán suficientes, por lo que se esperarían mayores ofertas de compra. El problema es que por más lento que avance la obra, seguirán concluyéndose etapas y los costos de la cancelación se incrementarán. Esto, sin embargo, no parece importarle al presidente López Obrador, cuando menos por ahora.
La apuesta tendrá que ser por la Fibra E y las afores, para seguir financiando las obras del aeropuerto “Benito Juárez” y la construcción en Santa Lucía, que en el borrador del presupuesto para 2019 no tiene asignado recursos. Las afores Pensionissste, Inbursa y XXI Banorte participaron en la emisión de la Fibra E con una inversión de 30 mil millones de pesos, que también congregó a fondos institucionales y privados, bancos y aseguradoras. No será algo sencillo de lograr, por la pérdida de valor que tendrán que absorber al cambiar la escala del proyecto, pero al ser empresas mexicanas que tienen un alto número de contratos con el gobierno, garantiza que no habrá demandas ni litigios.
El aplazamiento de la cancelación de la obra en Texcoco y la oferta de compra de bonos, tampoco es un camino sencillo y tiene que explicarse bien en México. La percepción de que el presidente López Obrador reculó es amplia. La comunicación tiene que ser precisa, sin márgenes a la confusión, y dirigida a dos mercados simultáneos: el doméstico, particularmente quienes se opusieron a Texcoco, que ratifique que la cancelación es definitiva; y a los mercados, que antes de parar la obra, pagarán lo que se invirtió. Las dos conviven y no son excluyentes, no hay que olvidar.

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El final de una luna de miel que aún no empieza

Dieciocho palabras en el último párrafo sobre la columna publicada el miércoles sobre la forma como el capital político de Andrés Manuel López Obrador estaba siendo despilfarrado por las contradicciones, desconocimiento de la real politik y novatez de su equipo, y decía que estaba “chupándose una luna de miel que debía haber empezado hasta el 1 de diciembre”, animaron una discusión en las redes sobre el porqué, si le faltan cuatro meses y medio para iniciar su gobierno, se aventuraba esa proposición. Expertos en opinión pública en la mesa de encuestadores del programa “Estrictamente Personal” de Foro TV, coincidieron que todavía no comienza esa luna de miel y, que, por el contrario, probablemente tendría una vida larga.
Explicaron que la luna de miel debe medirse con los niveles de aprobación de su gestión, que no aparecerá hasta la primavera de 2019. Aunque es así metodológicamente, políticamente podría argumentarse que la luna de miel para un presidente entrante se da por un periodo –que varía–, donde la gente, los medios, los grupos de interés y el Congreso le dan el beneficio de la duda y lo tratan bien. Carlos Salinas, que arrancó muy bajo, con la captura de los líderes petroleros a los 41 días de asumir el cargo, se fue a las nubes. Vicente Fox, que tenía alta popularidad, inició con mayor respaldo que cuando fue electo. Felipe Calderón comenzó lastimado, pero la mano firme en la guerra contra el narcotráfico, le granjeó una aceptación duradera. A Enrique Peña Nieto le duró 18 meses la luna de miel, sepultada por la reforma fiscal.
En el caso de López Obrador, el monumental mandato de más de 30 millones de votos provocó una cargada nacional tras él y una genuflexión indigna de varios de los principales capitanes de la industria, acompañada de un temor explícito de algunos medios, que dependen ampliamente de la publicidad oficial, como La Razón, que se deshizo de su director, caracterizado por mantener una línea muy crítica, muchas veces visceral contra López Obrador, o Milenio, que publicó el miércoles un titular de colección, cuando frente al desmentido de El Vaticano que el papa Francisco nunca había aceptado participar en foros sobre seguridad, apuntó: “Se tambalea el aporte del Papa en foros de paz”.
A la luna de miel espontánea y festiva, adelantada por el protagonismo de López Obrador y su necesidad por ocupar todos los espacios de la vida pública, se le sumó la pusilánime y aquella que, como sucede en todos los casos en todos los países democráticos, opta por ir conociendo al nuevo presidente al tiempo que, no hay que olvidar este punto porque siempre se soslaya, la prensa va construyendo fuentes de información que antes no tenía, y depende durante ese periodo de lo que oficialmente les da la nueva administración. El nuevo presidente tiene el espacio para convencer, sin tener que enfrentar una crítica de inicio, como sucedió con Ernesto Zedillo por el error de diciembre. Está metodológicamente probado que los presidentes en el mundo siempre reciben una cobertura amable en su inicio y crítica, regularmente, en su epílogo.
En los tiempos de metabolismo político híper acelerado –finalmente su prometido cambio de régimen también incluyó cambio de formas y ritmos–, López Obrador, como se argumentó el miércoles, empezó su desgaste porque como ningún otro antes en ningún lado, se impostó como presidente y comenzó a operar a partir de propuestas, planes, amenazas e ilusiones que, explicadas por quienes serán sus secretarios de Estado y colaboradores más cercanos, causaron más confusión y contradicciones que claridad sobre la ruta que tiene en mente el próximo presidente de la República. Aquí se ha hablado mucho del valor de la palabra en los gobernantes y las consecuencias que puedan tener sus superficialidades. El próximo presidente ya se ubica en esta situación, y por la vía de los descalabros y los tropiezos, tendrá que aprender que su realidad hoy ya no es la del rebelde del sistema y líder de la izquierda social, poseedor de un discurso simple y cosmético de unas cuantas palabras, y pletórico de ocurrencias retóricas. Ya no le habla al graderío, sino a sus futuros interlocutores y gobernados.
La experiencia del desmentido de El Vaticano fue amarga. Ahora ya se metió la Casa Blanca a decirle que lo que está diciendo sobre la despenalización de todas las drogas –se refieren específicamente a la amapola–, es algo que rechazan totalmente, porque va a aumentar el consumo de opiáceos. Las alertas que se les hicieron sobre lo que iba a suceder, las minimizaron. Su coro panegírico fustigó a quien sopló el plumaje de López Obrador. Casi todo lo que ha dicho él o su equipo en una semana, ha sido cuestionado y combatido desde varios frentes. Es una lucha virtual porque es virtual presidente, pero el daño político es real, porque se le trasladará como negativos.
¿Cuántos? No se sabrá hasta las primeras mediciones que se hagan una vez que asuma la Presidencia, y quizás, como el presidente Donald Trump, que pese a todo lo que ha provocado en el mundo mantiene el mismo nivel de aprobación de cuando llegó a la Casa Blanca, los primeros datos públicos le sigan dando el apoyo popular a su gestión. La luna de miel, como dicen los encuestadores, quizás siga por algún tiempo, pero la miel ha comenzado a escurrirse en algo más que gotas, por tantos desaciertos en tan poco tiempo.

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Ataca la guerrilla urbana

*Las autoridades del estado de México se niegan a aceptar la existencia de guerrilla urbana en su territorio, que es donde más se han expresado, e insisten en ubicar estos hechos violentos y articulados como un tema exclusivamente de delincuencia del fuero común. Cerrar los ojos no hará desaparecer a estos grupos que han proliferado y acelerado sus ataques contra instituciones y personas.

La gran atención que despertó el Gran Premio de México en la zona metropolitana de la ciudad de México disminuyó la atención sobre el atentado la madrugada del sábado en el Mexibús del estado de México que conecta con el tren suburbano hacia la capital federal. Cuatro artefactos caseros fueron detonados con relojes en el patio de maniobras del Mexibús en Ecatepec, y cuatro más no explotaron. En su cuenta de Twitter, el sistema de transporte mexiquense admitió ese día por la mañana: “Alerta por posible atentado en autobuses, permanecerán cerradas estaciones hasta nuevo aviso, disculpen las molestias”.
No había duda entre las autoridades metropolitanas que fue un atentado, pero son sus orígenes y razones lo que tiene preocupadas a las autoridades. La información oficial es escasa, e incluso buscan minimizar el problema ante la opinión pública, pero la PGR abrió una acta circunstanciada para investigarlo. Un grupo llamado Secta Pagana de la Montaña, que llevan su defensa por el medio ambiente al extremo violento, reivindicó el atentado, que ejecutó, dice, para expresar su “rechazo y repudio en contra del frenético avance del desarrollo moderno, en este caso la infraestructura conectiva”. Secta Pagana es herencia de Reacción Salvaje, un grupo que vivió clandestinamente desde el otoño de 2011 hasta mayo pasado, cuando dieron por concluido su trabajo. “La semilla ha germinado, creciendo hacia el cielo”, dijo en su comunicado final.
Durante sus años de actividad, Reacción Salvaje se acreditó ataques con bombas caseras de fabricación idéntica a la utilizada el sábado pasado por Secta Pagana de la Montaña, principalmente en el estado de México, donde han tenido su principal centro de operaciones, y en aparente rechazo a quien en su momento era aspirante a la Presidencia y hoy es titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Sus ataques no se enfocaron únicamente a instituciones públicas, sino también privadas, y se extendieron al campus de Ciudad Universitaria, en uno de cuyos auditorios, el Justo Sierra, rebautizado hace años como Che Guevara, es el centro de operaciones más visible del anarquismo en México, donde viven algunos de sus líderes de nacionalidad española y chilena.
La violencia de Reacción Salvaje llevó en noviembre de 2013 al Instituto para la Economía y la Paz a ubicar a México en una lista de 13 países con mayor riesgo de atentados terroristas y sugirió que estaba detrás de la explosión en uno de los edificios del cuartel general de Pemex en la ciudad de México en enero de 2013, recién iniciado el gobierno de Peña Nieto. La explosión en Pemex ha sido debatida por expertos. Peritos bajo el mando del entonces procurador Jesús Murillo Karam, determinaron que fue originada por una fuga de gas, pero expertos con mayor experiencia dijeron que se había utilizado explosivo plástico, lo que sugería un atentado.
Los grupos anarquistas, de acuerdo con cronologías públicas sobre su presencia, cuentan con células en Aguascalientes, Coahuila, Distrito Federal, estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz y Zacatecas, aunque la mayoría de sus ataques son en territorio mexiquense y en menor medida en la ciudad de México. El ataque del sábado pasado reivindicado por la Secta Pagana de la Montaña, no es el primero que recoge la tradición de Reacción Salvaje y su grupo táctico, Cazador Nocturno, que realizó la mayor parte de los ataques en la vida de ese grupo. En septiembre pasado se adjudicó también el abandono de un paquete bomba en el estacionamiento de una de las instalaciones de la constructora OHL, vinculada con el gobierno de Peña Nieto, en Naucalpan.
Un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada (Cenapi), que depende de la PGR, describe explícitamente a esos grupos anarquistas como guerrilla urbana. La expresión más clara, ante los ojos de las autoridades, se dio el 20 de noviembre pasado, cuando una marcha pacífica por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, fue arrebatada en el Zócalo de la ciudad de México por estos grupos que prendieron fuego a la puerta central del Palacio Nacional y atacaron directamente a las personas que estaban cerca de ellos, en busca de una provocación al Ejército, que se encontraba detrás de la puerta en espera de actuar si traspasaban la sede del poder federal. Ese ataque fue parte de una sucesión de enfrentamientos con la policía del Distrito Federal y la Policía Federal en las calles de la ciudad de México, que se han arropado en protestas de corte social con agenda distinta, como parte de una cadena sistemática de hechos violentos.
Las autoridades del estado de México se niegan a aceptar la existencia de guerrilla urbana en su territorio, que es donde más se han expresado, e insisten en ubicar estos hechos violentos y articulados como un tema exclusivamente de delincuencia del fuero común. Cerrar los ojos no hará desaparecer a estos grupos, que lejos de haber sido reducidos, han proliferado y acelerado sus ataques contra instituciones y personas. Cada vez se acercan más a causar una muerte. Pero no sólo eso. Cada vez más, también, se acercan a otros grupos, armados y criminales, que tienen el mismo objetivo primario, aunque con distintas metas finales: doblegar al Estado Mexicano, mediante el sometimiento del gobierno.

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Un puma necesario

*La UNAM debe mantener una posición con acento crítico que sirva como contrapeso del poder. Los rectores Juan Ramón de la Fuente y José Narro construyeron en los últimos 16 años un camino irreversible.

La lucha por la Rectoría de la UNAM está reducida a una pregunta fundamental: ¿cómo será la relación con el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto? La Junta de Gobierno, el grupo de 15 personas que la próxima semana decidirá quién encabeza a la universidad más importante de América Latina durante los próximos cuatro años, ha hecho ese cuestionamiento a varios de los aspirantes durante sus comparecencias esta semana ante el órgano calificador. La relevancia de esa definición la da el momento, donde el cambio de las circunstancias no ha hecho cambiar a los hombres del poder, y se viven tiempos de regresión democrática y talantes autoritarios dentro de la administración federal.
Las dos últimas rectorías, la de Juan Ramón de la Fuente y la agonizante de José Narro, supieron mantener durante 16 años una distancia crítica del gobierno sin antagonizar, y superaron con talento y oficio político todas las tormentas que amenazaron la estabilidad de la UNAM, microcosmos de la gobernabilidad nacional. Los dos llegaron tras el fin del México del acuerdo institucional de 1928, en la secuela del magnicidio de Luis Donaldo Colosio, el alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y una crisis económica que polarizó a la sociedad de manera irreversible. De la Fuente fue antagónico del presidente Felipe Calderón, sin romper jamás. Narro, con una mejor relación con Peña Nieto, enfrentó la frialdad y el aislamiento del círculo íntimo presidencial cuando, tantas veces fuera necesario, criticó el rumbo de la nación.
En un gobierno como el actual, de gente muy brillante pero, en el núcleo duro, densamente poblado por improvisados o políticos sin el oficio requerido para la tarea encomendada, la Rectoría de la UNAM se convierte en un contrapeso necesario para los tiempos más difíciles de los años por venir. Está claro, por los discursos recientes, el cansancio del Presidente y su equipo ante la crítica y la desaprobación de su gestión. La democracia llegará hasta que se enojen, y cada vez se refleja su exasperación. No se requiere en estos momentos un mayor antagonismo al que prevalece, ni exacerbar las contradicciones que se viven. Se requiere la voz de la reconciliación que los políticos nominales han sido incapaces de ofrecer. El rector Narro la pidió en los momentos de mayor algidez, pero su voz cayó en el vacío. La responsabilidad y la tarea, recaerá en su sucesor o sucesora.
La Junta de Gobierno, que por primera vez desde que se recuerda carece de un liderazgo interno, es una caja de sorpresas por cuanto hacia dónde se inclinará. En todo caso, tendrá que ser una mayoría calificada, donde el ganador requiere de 10 votos que, en este momento, nadie parece tener asegurados. Falta una semana para que la Rectoría se decida, y no han terminado de comparecer todos los aspirantes. Una de quienes irán a la Junta la próxima semana es Rosaura Ruiz, directora de la Facultad de Ciencias, con un pasado de izquierda y que quizás es quien mejor conoce de todas y todos los aspirantes, las entrañas de la UNAM.
La doctora Ruiz participó en las huelgas estudiantiles contra el rector Jorge Carpizo, pero como muchos otros de sus dirigentes, transitó a la institucionalidad. Ruiz, que estuvo cerca de De la Fuente y está cerca de Narro –que no se ha involucrado en el proceso de sucesión–, resiente que sudores ajenos se le acrediten a ella. No es la candidata del status quo pero ha recibido señales de la Presidencia que quien ahí manda, a quien conoció por trabajos que hizo en el estado de México cuando Peña Nieto era gobernador, no tendría problemas con ella si fuera electa. La doctora está en las antípodas –cuando menos en la opinión publicada–, de otro doctor, Sergio Alcocer, contra quien hay un movimiento interno de oposición –con panfletos y pancartas pegadas en facultades y escuelas que son retirados tan pronto como aparecen– por considerarlo como “el candidato del gobierno”.
El doctor Alcocer fue subsecretario de Relaciones Exteriores en este gobierno bajo la dirección del entonces canciller José Antonio Meade, quien a su vez, cuando fue secretario de Energía en el gobierno de Calderón, le pidió al rector Narro un ingeniero capaz de asumir una subsecretaría en esa dependencia. Narro le envió a Alcocer, a quien Meade no conocía. El doctor Alcocer también resiente, por las razones contrarias a Ruiz, la etiqueta de gobiernista, que estuvo muy presente durante su comparecencia ante la Junta de Gobierno a principio de semana, donde fue una de las preguntas que le hicieron. Algunos miembros de la Junta, de acuerdo con información interna, lo sintió titubeante al responder cómo sería la relación con el gobierno, pero la apreciación no deja de ser subjetiva, en términos de consumo público, pero relevante por cuanto a su valoración final.
Ruiz y Alcocer son los candidatos que se perciben más fuertes, y sus programas tienen coincidencias, aunque ideológicamente corran separados. Los dos son candidatos de contraste que podrían incluso auto eliminarse. Por eso la relevancia de la pregunta sobre el tipo de relación que tendrían con el gobierno. Es indispensable tener una posición fija que no sea antagónica sino conciliadora. Pero no debe ser de subordinación, sino manejar con inteligencia la autonomía y la soberanía para tomar decisiones en forma independiente. La UNAM debe mantener una posición con acento crítico que sirva como contrapeso del poder. De la Fuente y Narro construyeron un camino irreversible.

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El Chapo, cercado

Será cuestión de tiempo, pero en las áreas de seguridad del gobierno mexicano están convencidos que Joaquín El Chapo Guzmán será capturado durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto. Quizás mucho más pronto, confían, porque hasta este momento uno de los líderes del Cártel del Pacífico se encuentra cercado en las barrancas de la Sierra de Durango. Funcionarios federales afirman que está en la zona más agreste de la región, en donde sólo se puede llegar a pie, en mula o en helicóptero. No es fácil avistarlo porque no lo acompañan muchas personas en la huida, y es apoyado por el silencio de los pobladores de sus laderas, que aunque no representan una base social, retribuyen los bienes materiales que por años les ha dado el cártel.
La suerte acompaña al gobierno mexicano. O quizás, el equipo que preparó su evasión creó esas nuevas oportunidades, al no haber participado sus socios del Pacífico directamente en la fuga, como sí lo hicieron en su primera evasión en 2001 de Puente Grande, cuando su compadre, Ismael El Mayo Zambada, supervisó el escape. En esta segunda fuga, participó en la planeación –a los 60 días en que llegó al penal de El Altiplano en febrero de 2014–, su círculo más íntimo que, por las propias características de su inexperiencia, dejó rastros que permitieron identificar a los nueve primeros cómplices –a los que ya se les dictó el auto de formal prisión–, y dejó huellas de una decena más de conspiradores, sobre los que se siguen las pistas.
Hay nueva información que profundiza en los detalles sobre cómo se identificó al grupo íntimo de Guzmán y que hace la crónica de la fortuna que ha acompañado a los investigadores mexicanos. En este espacio se habló de la información obtenida por la PGR de los teléfonos celulares de los abogados, que permitieron llegar a los pilotos que participaron en la operación del escape, con datos cruzados sobre todas las operaciones aéreas en el centro del país, que llevó a los investigadores a la pista privada en San Juan del Río.
Guzmán y sus cómplices llegaron por tierra hasta la pista en San Juan del Río, donde tomó una avioneta hasta Culiacancito, una pequeña comunidad a 13 kilómetros de Culiacán, para reabastecerse de combustible. La segunda nave usada en la fuga fue piloteada por Romano Lanciani Llanes, un piloto privado especializado en fumigaciones, contratado como señuelo en caso de que los siguieran, que no pudo acompañar a El Chapo hasta Bastantitas, una pequeña comunidad en el municipio de Tamazula, en la Sierra de Durango, porque cuando aterrizó se despistó y sus alas quedaron dañadas. Ahí también se quedó el cuñado de Guzmán, Édgar Coronel Aispuro, el coordinador de la fuga, que ya no continuó el viaje hasta la sierra.
Los teléfonos intervenidos llevaron también a los empresarios poblanos que financiaron la fuga, los hermanos Trillo. Uno lo ayudó en la primera fuga, y el otro era lavador de dinero del Cártel del Pacífico, sobre quien ya había una investigación desde que El Chapo estaba en El Altiplano. Esa red de vínculos permitió también establecer la presunta responsabilidad criminal del jefe de los abogados de Guzmán, Manuel Gómez Núñez. La identificación de Coronel Aispuru fue mediante el análisis hemático en unos calzones que encontraron los peritos en la casa donde inició el túnel por donde se escapó.
Con la información que aportaron los investigadores mexicanos y el cruce de datos de inteligencia con la DEA, se identificó a Lázaro Araujo Burgos, El Juan, quien dirigió la construcción del túnel. Araujo Burgos era buscado por la DEA, como uno de los responsables de la red de túneles en la frontera con Estados Unidos. La DEA está presionando al gobierno mexicano para que detengan a los jornaleros que cavaron el túnel, porque forman parte de un grupo del Cártel del Pacífico que hace este tipo de obras en todo el país. Los investigadores mexicanos tienen altas expectativas de su captura, porque en el túnel de escape encontraron manchas de sangre, mediante las cuales esperan identificarlos.
Mientras los comandos de la Marina estrechan el cerco sobre El Chapo en las barrancas de la Sierra de Durango, la PGR ha ido desdoblando la estructura financiera de los hermanos Trillo. La PGR trabaja con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para descubrir su entramado en Puebla, el Distrito Federal y Jalisco, que abarca negocios comerciales e inmobiliarios donde lavaban dinero. De acuerdo con los investigadores, ni el Cártel del Pacífico ni el Jalisco Nueva Generación –una creación de Guzmán–, aportaron dinero para la fuga.
Guzmán repitió lo que hizo durante su primera evasión en 2001: ir donde su familia podía protegerlo. Hace 15 años, tras su escape de Puente Grande, se fue a Compostela, Nayarit, donde el presidente municipal era su pariente. Esta vez viajó a Tamazula, donde el alcalde, Ricardo Ochoa Beltrán, es su concuño. Según funcionarios federales, las investigaciones en Sinaloa se han enfocado en el entorno directo de Guzmán, y hasta ahora sólo dos familiares aparecen vinculados a su fuga. La reiteración de Guzmán, sin embargo, ha corrido con diferente suerte. Se puede explicar porque en la primera fuga, quien lo protegió fue El Mayo Zambada y el Cártel del Pacífico. Hoy, sus socios se ven lejanos, como si lo hubieran soltado y dejado a su suerte.

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¿Para qué sirve el Cisen? (y II)

Desde el primer día del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se realizó un cambio estratégico en el aparato de seguridad. Con la absorción de la Secretaría de Gobernación de la de Seguridad Pública federal, el control de la inteligencia criminal pasó a manos de quien maneja la política. No se quedó en teoría. En el desmantelamiento que comenzó a hacer del monstruo tecnológico de información criminal que era aquella dependencia, el primer comisionado nacional de Seguridad, Manuel Mondragón, el Cisen se quedó con lo que mejor se le acomodaría a sus objetivos de mediano y largo plazo: el equipo de interceptación de comunicaciones.
El cambio fue monumental: las herramientas para la inteligencia criminal y su uso para combatir a los grupos delincuenciales, comenzaron a ser utilizadas con fines políticos, al ser empleadas para el espionaje telefónico de miembros del gabinete, jueces o periodistas, de acuerdo con una relación de números intervenidos de la cual se tiene una copia. El cambio de esos sistemas de intervención llevaba consigo una licencia legal. Para poder interceptar un teléfono, la Secretaría de Seguridad Pública federal, necesitaba pedir la autorización al juez y probar que era relevante para una investigación criminal. Se requería una orden del juez. En el Cisen no. Bajo el manto de la seguridad nacional, el Cisen puede hacerlo al margen del Poder Judicial.
No se sabe cuántos teléfonos de actores políticos y sociales, de agentes económicos o periodistas, tiene interceptados el Cisen, pero la sábana con los números, que corresponde a un periodo específico este verano, muestra un enorme abanico de intervenciones. De acuerdo con el documento, hubo 729 intervenciones telefónicas, aunque una decena de personas espiadas aparece con números adicionales. Hay una serie de nombres de personas que no son públicas o empresas de seguridad, comercializadoras, de asistencia pública e inclusive de una televisora. Pero también, sin saberse el nombre pero sí en dónde se contrató la línea, un teléfono registrado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cuestión de nombres, hay varias líneas intervenidas que fueron contratadas por Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, y los teléfonos celulares de la afamada conductora de radio Carmen Aristegui, y de quien esto escribe.
La forma como buscaron entrar en esos teléfonos, de acuerdo con expertos consultados, es a través de un software malware, que es un código maligno que se infiltra en los dispositivos mediante el cual se pueden emitir mensajes de texto. Un modelo clásico de estos mensajes puede decir, con un lenguaje que parecería el de una persona con quien se tiene amistad, que “unas personas extrañas se presentaron en su casa”, por lo que le envían un enlace para ver la fotografía. Lo que permite ese enlace, que nunca abre, es que el virus se meta al teléfono y permita dos objetivos: la escucha, y el análisis de la red de vínculos que se encuentra en el aparato, a fin de poder determinar su abanico de amigos y conocidos que permitan construir sus relaciones.
¿Cuál es el objetivo que buscan con las intervenciones? De acuerdo con los nombres en la sábana, puede ser multipropósito. Varios números, como los del secretario Navarrete Prida, están registrados en el estado de México, así como también aquél que figura a nombre del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Podría haber una operación de espionaje contra algunos mexiquenses originada por el segundo grupo político más fuerte dentro del gabinete? Podría ser una hipótesis, dado que el Cisen lo dirige Eugenio Imaz, quien aunque no nació en Hidalgo, ha trabajado muy de cerca con dos prominentes hidalguenses, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el ex procurador general Jesús Murillo Karam. ¿Qué buscan con los comunicadores? Si uno se atiene a un patrón de comportamiento de algunos funcionarios federales para con ellos, se puede interpretar que lo que se pretende es intimidarlos.
Hay varias empresas de seguridad privada con números interceptados, incluida ADT, que es una de las más contratadas por personas públicas para establecer sistemas de seguridad y circuito cerrado de televisión en sus casas y oficinas. Hay otros sin aparente sentido, como un número en el área de Talento de Televisa intervenido. La gran mayoría de los números intervenidos se encuentra en Sinaloa, lo que permite suponer que están relacionados o bajo sospecha de vínculos criminales.
En todo caso, la relación de intervenciones telefónicas muestra la mezcla del espionaje con fines de inteligencia criminal con espionaje político realizada por el Cisen. Durante mucho tiempo se especuló que este gobierno realizaba espionaje político de manera permanente, pero no se había podido documentar. Del mito o la especulación informada, de trascripciones de conversaciones telefónicas, a esta relación de números y nombres de objetivos específicos.
La paradoja de este documento es que contrasta el interés en objetivos que puede uno asumir que en el caso de la mayoría no están relacionados de ninguna manera con criminales, y la forma tan laxa como la vigilancia a criminales fue una constante. El video difundido hace dos semanas del monitoreo del Cisen la noche en que se fugó Joaquín El Chapo Guzmán, es un ejemplo de cómo, en lugar de estar tan atentos en el espionaje político, habrían hecho bien en enfocarse en la inteligencia criminal. De esa forma, no se les hubiera ido de sus ojos y manos el narcotraficante más famoso del mundo.

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¿Para qué sirve el Cisen? (I)

CÁNLa pregunta para qué sirve el Cisen puede ser sujeta de discusión pública y motivo de polarización. Hay quien piensa que lo único que hace es espionaje político, porque lo creía Vicente Fox, quien cuando llegó a la Presidencia le recortó fondos, lo achicó y provocó su primer gran desmantelamiento. Cuando lo sucedió Felipe Calderón, colocó al frente a un amigo, politólogo y lector de encuestas que no sabía de inteligencia, que le dio tranquilidad a él, pero incertidumbre a la nación. Con la llegada de Enrique Peña Nieto a Los Pinos, el nuevo equipo encontró su Dorado. La inteligencia criminal construida por casi una década, con tecnología de punta, regresó a lo que fue durante los años más sórdidos de la guerra sucia, inteligencia política. El resultado de ello, lo vemos con el colapso del Cisen, al perder al prisionero bajo su cargo, Joaquín El Chapo Guzmán.
Pese a ello sería un error que el Cisen deba desaparecer. Una nación necesita de un órgano de inteligencia civil que atienda la seguridad nacional, alerte sobre los riesgos y provea los insumos para la toma de las decisiones. Cualquier alegato político que pida su cierre es reduccionista. Las personas no hacen a las instituciones, pero sí contribuyen a su engrandecimiento o a su declive. En el caso del presidente Peña Nieto, la total decisión en materia de seguridad se la entregó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que designó a su amigo Eugenio Imaz en el Cisen.
Los resultados quedaron a la vista. Por ejemplo, la variable de la guerrilla en el cóctel social y político de la rebelión magisterial en Guerrero y su apoyo tras la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, fue deficiente porque en mayo del año pasado, se desmanteló el área de seguimiento de Movimientos Armados, y a quien más sabía de las guerrillas la puso a firmar oficios administrativos. Tardaron semanas en el gobierno federal para incluir en sus variables de análisis a los movimientos armados, y tuvieron que apoyarse en los informes de la Fiscalía General de Guerrero para suplir su carencia de información. Pero aún cuando recibían esa materia prima, no la procesaban para ayudar a la toma de decisiones.
La fuga de El Chapo Guzmán volvió a desnudar hasta dónde tiene consecuencias encargar a inexpertos la inteligencia civil. Guzmán era su prisionero; llegaron junto con él a la prisión de máxima seguridad de El Altiplano. El reciente video difundido por Carlos Loret, en su noticiero Primero Noticias de Televisa, muestra la forma cómo frente a una eventualidad que rebasó todos sus escenarios, los monitoristas del Cisen en el penal no actuaron con diligencia y rapidez. Pero tampoco lo hicieron aquellos que estaban en el sistema redundante en las oficinas centrales del Cisen, que también lo vigilaban.
La alerta al jefe del Área de Inteligencia de la Policía Federal, Ramón Pequeño, que tenía la vigilancia de los penales federales, la dieron sus monitoristas –en una sala diferente a la del Cisen–, pasadas las nueve y media de la noche. Pequeño le notificó cerca de las 10 al ex comisionado del Órgano Desconcentrado de los reclusorios federales, quien informó al ex comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido. Cuando se activó el Código Rojo, después de más de una hora y media de haberse fugado El Chapo, el director del Cisen aún no sabía qué había pasado. Su personal en Almoloya y en la Delegación Magdalena Contreras estaba más preocupado y asustado por la evasión –y probablemente por el temor a las inevitables consecuencias–, que por informar a Imaz. El presidente se enteró casi tres horas después.
La experiencia cuenta. Cuando el 11 de septiembre de 2011 dos aviones se estrellaron en las Torres Gemelas de Nueva York, el entonces director de la CIA, George Tennet, desayunaba en el hotel Hay Adams, frente a la Casa Blanca. Cuando le notificaron del siniestro, lo primero que le dijo a su interlocutor fue que, con toda seguridad había sido Al Qaeda y Osama bin-Laden. ¿Cómo lo intuyó? Por toda la información acumulada sobre bin-Laden y su proclividad a atentados terroristas en contra de Estados Unidos, así como el análisis mecánico de qué otro grupo tendría la capacidad económica y operativa para realizar un ataque de esa naturaleza. La información y el entrenamiento para procesarla en tiempo real, ayudó a la toma de decisiones y redujo los márgenes de error.
Muy diferente en el gobierno peñista. Todos dentro del gobierno sabían de las capacidades y los recursos de El Chapo Guzmán. Tenían información reciente que planeaba fugarse. No se hizo nada por evitarlo. El túnel por donde se evadió se construyó durante 374 días, sin que el Cisen, responsable de la seguridad perimetral de El Altiplano, hiciera tampoco nada. Los tres pilotos que trasladaron a El Chapo a Sinaloa esa misma noche, fueron capturados por el trabajo de la PGR, no del Cisen. La reiterada suspicacia de incompetencia tomó carta de legitimidad con la difusión del video de Loret. Pero Imaz es intocable. El Presidente y el secretario de Gobernación insisten en protegerlo. Las razones no se conocen, pero el responsable de la vigilancia de El Chapo tendría que haber sido el primero en renunciar o en ser cesado tras la fuga. Punto. Las responsabilidades cuestan, aunque en el gobierno piensen lo contrario.

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ESTRICTAMENTE PERSONAL



Temporada de patos

En este primer trimestre de 2007, los priístas buscarán elegir su próximo presidente nacional entre dos pesos pesados, Beatriz Paredes y Enrique Jackson, y algunos pesos medianos. Pero a la vez que se realizan campañas informales y cabildeos nacionales para definir el tipo de fórmula y formato que asumirán para ese paso, los peroles se están calentando porque el proceso contará con una ruta alterna, la del cobro de facturas del proceso electoral del año pasado que, de llevarse hasta el nivel en que se encuentran los ánimos hoy en día, será no sólo un suceso polémico sino, como si fuera el Coliseo romano, sangriento. Los responsables directos de la derrota del candidato Roberto Madrazo y la caída del PRI tras su recuperación en el último trienio, están perfectamente identificados. O sea, que se cuiden.
Uno de los documentos más claros que circulan entre las jerarquías del PRI recuerda que cuando Madrazo buscó la candidatura sin dejar la presidencia del PRI, nació un bloque opositor de gobernadores y priístas reconocidos donde algunos, al perder la contienda por la candidatura, empezaron a actuar en su contra y a hacer campaña a favor de Felipe Calderón. Los llaman faltos de solidaridad y disciplina, particularmente al desdeñar las tareas que les fueron distribuidas. No menciona el informe interno, sin embargo, la forma como varios gobernadores, como Natividad González Parás de Nuevo León, engañó al actual líder del Senado, Manlio Fabio Beltrones, ofreciendo todo su respaldo en público a Madrazo, pero alineándose al final con Calderón. Tampoco se refiere directamente a Eduardo Bours, de Sonora, quien aunque aclaró que no se la jugaría con Madrazo, se comprometió a respaldar económicamente al PRI en Tlaxcala, sin que jamás llegara el dinero. No obstante, sus nombres aparecen perfectamente en la retórica del documento.
González Parás y Bours son los dos gobernadores contra los que hay más resentimiento, aunque no los únicos. También hay molestia con Enrique Peña Nieto del estado de México, de quien consideran trabajó en función de sus intereses particulares, no del partido. Peña Nieto, ciertamente, no operó plenamente a favor de Madrazo, sino jugó más a la neutralidad. Desde que comenzó la rebatinga por las candidaturas, amarró un acuerdo político con el PRD, según un perredista que participó en la negociación, para no meter las manos en las elecciones, ni locales ni presidenciales, a cambio que el PRD, en caso de ganar en la entidad, lo dejara gobernar. Los dos cumplieron, pero las jerarquías priístas no están viendo con claridad esa alianza con el PRD, sino se mantienen enfocados en la relación con el PAN, sobre todo porque Peña Nieto tuvo acuerdos de colaboración con González Parás y Bours, sobre todo para tener una carta para enfrentar a los controladores del PRI tras la debacle en la elección presidencial.
Dentro de las cúpulas que controlan el PRI en la actualidad tienen identificado como esa carta al ex líder del Senado y ex precandidato a la Presidencia, Enrique Jackson, aunque en el documento no lo mencionan ni lo llegan a sugerir como un traidor al partido. Es muy diferente su caso al de la maestra Elba Esther Gordillo, sobre cuyo cuello están volviendo a afilar los machetes. A ella le adjudican la mayor traición de todas. En el documento se sostiene que utilizó “infinidad” de recursos económicos que empleó en forma “ilegal e inmoral”. En este informe no aclaran cómo los usó, pero priístas con acceso a las jerarquías del partido precisaron que voluminosos recursos, aparentemente del sindicato de maestros, fueron inyectados a varios gobiernos estatales, como el de Nuevo León y Sonora, para estimular la campaña anti Madrazo.
Gordillo siempre tuvo un discurso en contra de Madrazo y le están echando en cara que fue un factor importante en la campaña de Calderón. No sólo la ubican como ariete contra el PRI, sino por encauzar el desprendimiento del sector corporativo del magisterio hacia el Partido Nueva Alianza, que consideran los priístas transfirió votos al PAN. La apreciación del documento es parcial. Un estudio demoscópico de Bimsa demuestra que los maestros votaron por Calderón en dos circunscripciones electorales en el norte del país, pero en las tres restantes, sus votos se los llevó Andrés Manuel López Obrador. De esta forma, podría interpretarse que los maestros, más que votar por un candidato, lo hicieron contra Madrazo. Esto se refuerza con el actuar de su candidato presidencial, Roberto Campa, quien vituperó sistemáticamente a Madrazo.
El documento recuerda el primer debate presidencial cuando Campa presentó documentos fiscales de Madrazo, que los priístas están convencidos que le fueron proporcionados por la Secretaría de Hacienda. En esta estrategia, sugiere, el afectado no sería sólo Madrazo, sino el PRI. Enmarcan en esa batida una serie de informes sobre propiedades del ex gobernador del estado de México y contendiente por la candidatura presidencial, Arturo Montiel, que fueron entregados a la prensa por el gobierno –asegura– para lastimar al PRI. La entidad, que era un granero de votos para el PRI, fue perdida por este partido en la presidencial, pero tampoco la ganó Calderón y el PAN. El estado de México lo ganó López Obrador y el PRD.
No fue así en Puebla, donde el PAN le propinó una derrota importante al PRI. El documento afirma que fue resultado directo del “uso faccioso” de grabaciones obtenidas mediante “el espionaje político”, entre un empresario y el gobernador Mario Marín, que generó un escándalo mediático y legal. No señala el reporte, sin embargo, el impacto que pudo haber causado que el entonces senador y respetado ex gobernador de Puebla, Manuel Bartlett, haya roto públicamente con Madrazo y pedido el voto por López Obrador. El factor peje realmente no existe. Es el gobierno federal en apoyo al candidato panista, el que actuó, no sólo en esos casos, sino también, como lo señala el documento, en Jalisco, donde una filtración de datos a “medios de comunicación subordinados” contribuyó al desprestigio del candidato a la gubernatura del estado, ganada por el PAN, cuyo gobernador en ese momento era Francisco Ramírez Acuña, el actual secretario de Gobernación.
El documento es extenso y puntual en sus acusaciones contra el gobierno foxista y el presunto uso extralegal de información para dañar al PRI. Con el viejo gobierno, en todo caso, será una denuncia sin consecuencias. Pero dentro del PRI, con tantos actores activos, si el informe se traduce en acción política, gobernadores, legisladores y figuras priístas se encuentran rumbo al patíbulo. Esta primavera habrá temporada para la caza de patos, siempre y cuando la jerarquía priísta de hoy no se doble y mantenga la fuerza y el encono para cobrar las facturas que serán, probablemente, un bálsamo para su derrota.

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Un siglo de lucha

 

La cúpula del PRI decidió pasar a la guillotina a dos de sus más distinguidos miembros, Manuel Bartlett y Genaro Borrego, y evaluar su expulsión del partido. Bartlett, quien fue rechazado por el candidato presidencial Roberto Madrazo cuando le pidió, a cambio de su apoyo, una diputación y la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, declaró que como anticipaba una derrota del PRI en la Presidencia, habría que evitar el triunfo de la derecha que encarna el panista Felipe Calderón, otorgando un voto útil al perredista Andrés Manuel López Obrador. Borrego, quien fue presidente del PRI en el gobierno de Carlos Salinas, retomó la bandera del liberalismo social que inyectó el ex presidente en el PRI y anunció que, a su vez, respaldaría a Calderón. Parece añadir confusión al actual proceso electoral el que dos veteranos políticos priístas que vienen de la misma cultura del poder, salten para diferentes barcos cuando ven que el suyo hace agua. Pero no lo es tanto.
Bartlett y Borrego no son los únicos que han expresado una reubicación político-electoral. Al lado del ex secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, se sumó el senador Óscar Cantón, y previamente se fueron muchas otras figuras del viejo sistema al lópezobradorismo, como Manuel Camacho. En la verja a la cual saltó Borrego se cuentan otras inteligencias priístas como Diódoro Carrasco, Luis Téllez, Jesús Reyes Heroles y Carlos Ruiz Sacristán, todos ellos ex secretarios de Estado en el gobierno de Ernesto Zedillo. Esto no significa que los zedillistas se fueron al barco panista, pues ¿en dónde quedarían ubicados, por ejemplo, Mariano Palacios Alcocer, que fue presidente del PRI en ese gobierno y Rosario Green, que fue secretaria de Relaciones Exteriores?
Es reduccionista, y error por tanto, plantear los realineamientos de las figuras priístas en términos de ex presidentes –de hecho, Salinas, está hoy más cerca de Calderón que del propio Madrazo–, soslayando las biografías de cada uno de ellos para entender, a reserva de un estudio de mayor calado, que lo que se está dando es un reacomodo ideológico: los tecnócratas, que dominaron los últimos 15 años de poder del PRI, están cerca de Calderón, mientras que los herederos del nacionalismo revolucionario priísta se sienten más cómodos con López Obrador. En efecto, lo que se observa es un decantamiento hacia afuera del PRI, dejando ver en su forma más nítida la crisis de la amalgama que fue ese partido, que durante siete décadas tuvo un lugar para todo tipo de corriente y pensamiento, encontrando nuevos espacios en dos candidaturas que les brindan nicho ideológico.
Ismael Carvallo Robledo, un ingeniero con estudios de economía política en Inglaterra, y de doctorado en historia y filosofía en Austria y España, planteó recientemente en un ensayo en la revista electrónica de filosofía crítica española El Catoblepas, nuevas coordenadas para el debate en México a través de la dialéctica política en la que vivió el país casi durante todo el siglo pasado y que permite saltar las fronteras de la coyuntura en la cual la discusión nacional se encuentra entrampada, para entender, bajo nuevas categorías de análisis, el gran cambio real que se está viviendo en México. Carvallo Robledo retoma la obra del teórico de la Revolución Mexicana Luis Cabrera para plantear, como éste en 1909 cuando dijo que la verdadera amenaza en los albores de la revolución maderista no era ya tanto Porfirio Díaz, sino su ministro de Finanzas José Ives Limantour y los científicos, que la discusión tendría que enfocarse hacia Salinas y al grupo de tecnócratas que llegó con él al poder, y que hoy intentan perpetuarse.
Recuerda a Cabrera cuando divide el régimen porfirista en la etapa de 1876 a 1892, cuando se dio su ascenso al poder y la consolidación de su poder, y en la de 1893 a 1909, cuando una vez sometida la disidencia se pasó al control del país por parte de los científicos, tras el reemplazo de Matías Romero en el Ministerio de Hacienda por Limantour, cuyo equipo fue definido por Cabrera como “un grupo de hombres inteligentes y hábiles que han sabido convertir en su provecho la bonancible situación del país y de las rentas públicas, partiendo siempre del mejor conocimiento de los negocios”, y que en política internacional eran partidarios del “imperialismo yanqui”, apoyando la Doctrina Monroe –“América para los americanos”–, y siguiendo a la diplomacia estadunidense aspirando a la “reciprocidad utópica”.
“A la luz de esa caracterización –escribió Carvallo Robledo–, las similitudes se nos ofrecen de manera sorprendente. Del mismo modo en que Cabrera defendía la tesis de que en los albores de la revolución el enemigo no era ya tanto Díaz cuanto Limantour y los científicos, podemos reconstruir ahora una interpretación política: en los últimos 20 años, fundamentalmente a partir de 1982, el enemigo político no era ya tanto el PRI cuanto los tecnócratas en el poder. Cuando Salinas llega a la Presidencia en 1988, los días del PRI estaban contados; la transición del año 2000, la luminosa transición a la democracia, fundamentada en la supuesta hegemonía de ‘70 años del PRI’, es un mito oscuro y confuso, porque esa transición política y geoestratégica ya había acaecido”.
Madero, recordó, sólo le quitó el monopolio del poder político al régimen porfirista, sin quitar a los científicos y sin acometer una transformación político-económica más profunda, mientras que el presidente Vicente Fox, montado en la retórica de la transición democrática, no hizo más que quitarle el monopolio del poder político al régimen priísta, sin haber tocado a los tecnócratas que hoy, desde el gobierno o desde el exterior, “promueven con fruición el neoliberalismo democrático”. Las similitudes, a un siglo de distancia, son asombrosas. El gabinete salinista fue calificado por la revista inglesa The Economist como el más brillante en la historia de México, alabado como en su tiempo fue el equipo de Limantour, y al igual que este, proclive a la integración norteamericana. Madero ha reencarnado en Fox, quien lo tiene como su guía espiritual y político, siendo ambos prototipo de la ingenuidad política. Es correcto lo que plantea Cavallo Robledo: Fox no desmanteló el poder del viejo régimen; sólo le quitó la hegemonía en el poder. Ese viejo régimen ya había sido conquistado desde la mitad del gobierno de De la Madrid por la tecnocracia salinista, que desplazó a la burocracia priísta. Veintitrés años después, en esta época moderna, se están volviendo a enfrentar desde las diferentes trincheras que les abrieron dos candidatos, Calderón y López Obrador, que hijos del mismo sistema político compiten ahora bajo distintas banderas con programas enfrentados en una reedición de lo que es la versión 2006 de la disputa por la nación.

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Costosa inexperiencia

 

Totalmente soslayado por la inteligencia emocional mexicana, el secretario de Defensa Adjunto para Seguridad Territorial, Paul McHale, dijo el 16 de mayo pasado concretamente de qué se trataba el desplazamiento de 6 mil elementos de tropa de la Guardia Nacional a la frontera con México. “Son parte de los programas antinarcóticos”, explicó ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Diputados, en donde añadió que de ser necesario, el gobierno estadunidense añadiría otros 3 mil elementos en 2007. La decisión del presidente George Bush de aumentar en 66 por ciento la seguridad fronteriza, fue empaquetada en una serie de medidas que parecían estar diseñadas para frenar la inmigración indocumentada, que explica cómo reaccionaron políticos, medios y ciudadanos en México, engañados con la verdad y dejando pasar los verdaderos motivos de la militarización fronteriza: la victoria del narcotráfico sobre el Estado mexicano.
A los altos funcionarios del gobierno del presidente Vicente Fox a quienes les explicaron detalladamente las razones del envío de tropas a la frontera, no les debe haber caído nada bien la forma como se los dijeron. El secretario de la Defensa, Ricardo Vega García, ni siquiera iba a ser recibido por el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, quien lo ve con enorme irrespeto, mientras que al procurador general de Estados Unidos, Henry González, le crece la exasperación con su par Daniel Cabeza de Vaca que ha demostrado en poco más de un año, que no es homólogo, en términos de capacidad y eficiencia, de nadie. La molestia en Washington rebasó el límite de la paciencia, por la preocupación creciente por la actividad del narcotráfico en la frontera común y dentro de Estados Unidos, y la insolencia e incapacidad operativas para enfrentarlo.
Durante más de un año le hicieron saber al gobierno mexicano su alarma por lo que no estaba haciendo el mexicano, y aportándole información de inteligencia que encontró destino en los cestos de basura. La decisión está tomada. El envío de la Guardia Nacional es un preventivo, pues poco harán más allá de apoyo y recopilación de inteligencia en la frontera durante las semanas que quedan para la elección presidencial. Pero a partir del 3 de julio, es la voz dominante en los círculos de poder en Washington, van a comenzar a actuar. De qué forma, no está claro, pero los servicios de inteligencia estadunidenses han ido registrando las deficiencias en la materia del gobierno foxista. Por ejemplo:
1.- La molestia con el procurador Cabeza de Vaca ha alcanzado niveles de frustración inimaginables. Nunca pudo dar respuesta, con la detención de los jefes de Los Zetas, a la presión del FBI que le entregó en las manos el expediente de en dónde se encontraban 17 de ellos. Pero también, de acuerdo con la información disponible, la DEA no ha dejado de suministrarle información puntual a la PGR sobre narcotraficantes y operaciones de los cárteles, sin encontrar respuesta positiva. Peor aún, como recientemente se quejó González con Cabeza de Vaca, de un año a la fecha, la inacción mexicana provocó que el Cártel de los Amezcua y otros cárteles mexicanos secundarios, desplazaran a los chinos como los principales distribuidores de drogas sintéticas en la Unión Americana.
2.- Ven una dislocación en los cuerpos de seguridad mexicanas, señalando en particular un trabajo deficiente del secretario de Seguridad Pública, y ex director del Cisen, Eduardo Medina Mora. Los servicios de inteligencia estadunidenses están convencidos de que el aparato de inteligencia mexicano quedó descabezado en el gobierno de Fox, y que la calidad de su información sufrió una merma considerable.
3.- Observan una situación similar con la inteligencia militar –algo que nunca había sucedido. Y en particular, hablan de un problema más grave que tiene que ver con la cabeza del sector. A consideración de los jefes de inteligencia en Washington, el general Vega García es el secretario de la Defensa más débil en la historia de México, lo que ha provocado efectos colaterales como una sucesión adelantada en Lomas de Sotelo, donde algunos de los aspirantes al despacho son materia de gruesos expedientes en Estados Unidos.
4.- También han notado por primera vez que el secretario de la Defensa suele ser relegado e inclusive subordinado a un mando civil que no es el Presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Disponen de información que documenta cómo el jefe de gabinete foxista, Ramón Muñoz, ha llegado a contradecir sus órdenes y corregirlas.
Los síntomas del deterioro se fueron acumulando en los últimos meses, en la medida en que la seguridad nacional estadunidense se empezó a ver más amenazada por los cárteles de la droga mexicanos. Uno de los momentos que parecen haber sido claves para que Washington iniciara una serie de iniciativas en la frontera se dio cuando en una visita de agentes del FBI al Centro de Inteligencia de El Paso, conocido por su acrónimo EPIC, que es donde se recoge y procesa la información de unos 300 cuerpos de seguridad estadunidenses en la frontera con México, fue alcanzado por una persona que le entregó un periódico a uno de ellos quien, al abrirlo, descubrió fotografías de su esposa e hijos en Washington. La amenaza fue clara.
Los primeros pasos estadunidenses apuntan en dos vertientes. Una es el aceleramiento de los procesos de extradición, y están preparando la solicitud para que México le envíe a Arturo Beltrán Leyva, el operador principal de Joaquín El Chapo Guzmán, con nexos en el gobierno de Fox. Otra es enfrentar a Los Zetas con una fuerza capaz de vencerlos. Los Zetas pertenecían a un grupo de élite del Ejército mexicano que recibió entrenamiento especial en tácticas y armas en el Fuerte Benning, en Georgia, para combatir el narcotráfico. El Ejército mexicano no sólo ha fracasado en neutralizarlos, pese a que le han informado a Cabeza de Vaca que tienen bases de operaciones en Nuevo Laredo, Ciudad Miguel Alemán, Reynosa y Matamoros, en Tamaulipas, y en Piedras Negras, Coahuila, sino que se han extendido, incluso, a territorio estadunidense, donde están amenazando a jueces y policías federales.
Habrá más acciones que aún se desconocen –no sería extraño, sin embargo, que empezaran a aparecer una vez más en la prensa estadunidense noticias sobre personalidades mexicanas ligadas al narcotráfico–, pero se puede prever que serán unilaterales. En Washington no creen que ningunos de los candidatos que pueda llegar a la Presidencia, tengan ni los arrestos ni la experiencia ni la visión para enfrentar al narcotráfico. Cuesta trabajo pensar que la relación con Estados Unidos en este campo se está acercando al estado de cosas de 1985, un gran salto para atrás, efecto derivado de la cada vez más costosa inexperiencia del llamado “gobierno del cambio”.

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