La Defensoría de Derechos Humanos y Universitarios de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) lamentó lo que ocurrió en la Preparatoria 29 de Tixtla, y dijo que no es un órgano sancionador, pero recomienda que el director pida permiso de tres a seis meses, mientras se investiga.
En tanto, las alumnas que mantenían tomada la escuela la abrieron, al informarles que acudirá la policía cibernética para revisarla.
Por teléfono fue consultada la ombudsman universitaria, Olivia Álvarez Montalbán, quien dijo: “Es un asunto muy reprobable, desde ayer (martes) se instaló una mesa de diálogo”.
Consideró que eso no puede pasar en ninguna escuela, en ningún lugar, “quién va a querer ser vigilado haciendo sus necesidades fisiológicas. Eso no debe pasar”.
Informó que el jueves volverán a dialogar para quedar de acuerdo con los padres de familia, quienes están pidiendo la destitución del director José Francisco Calvo Hernández.
Olivia Álvarez enfatizó: “Nosotros estamos pidiéndole al director que pida permiso de tres a seis meses, para que de manera libre se pueda hacer la investigación”.
Indicó que la Defensoría Derechos Humanos no es “un órgano sancionador. Los padres están en su libre albedrío de recurrir a otras instancia, no somos órgano sancionador, pero sí podemos recomendar que no se repitan estos actos de dicha naturaleza”.
Las alumnas informaron que reanudarán las clases este jueves, luego de que les prometieron que acudirá la policía cibernética y trabajadores del área del jurídico de la UAG, para hablar con todos los docentes.
El acuerdo con el que también llegaron fue que no abrirán la dirección de la escuela, ni el área de cómputo, mientras se realizan las investigaciones.
El pasado 23 de febrero alumnas de la preparatoria localizaron “mini cámaras” en los baños. El lunes y martes se manifestaron y tomaron la escuela, para exigir una explicación y que se sancione a los responsables. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
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La Fiscalía, la Ssa y la SSP acumulan 28 de las 58 recomendaciones de la Codehum
Daniel Velázquez
Durante el 2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), emitió 58 recomendaciones a diversas autoridades del estado; las que más acumulan son la Fiscalía General del Estado con 12, la Secretaría de Salud con diez.
La lista de las recomendaciones emitidas este año está disponible en la página de internet de la Comisión, las cuales corresponden al periodo del primero de enero a diciembre de 2022.
Además del número de quejas que acumulan algunas dependencias del gobierno estatal también destaca el hecho de que este año varias recomendaciones van dirigidas a los ayuntamientos y al pleno del Tribunal de Concilia-ción y Arbitraje del Estado; en total son 12, las cuales se refiere al pago de laudos que adeudan los gobiernos municipales a trabajadores y funcionarios despedidos. Destacan los casos de Tixtla con tres y Acapulco con dos; Xalpa-tláhuac, San Luis Acatlán, Tlapa, Tecoanapa y Teloloapan tienen una, y una recomendación similar la Secretaría de Educación, la de Salud y la Comisión Técnica de Transportes.
De las 12 recomendaciones contra la Fiscalía estatal que dirige Sandra Luz Valdovinos, una es sobre un feminicidio ocurrido en diciembre de 2020, cuando una mujer solicitó ayuda en el Ministerio Público de Petatlán para auxiliar a su hija que le había dicho que su pareja la golpeaba, pero en la agencia no atendieron su llamado, y después a la señora le avisaron que su hija estaba muerta. Presentó la denuncia y posteriormente le dijeron que el expediente del caso estaba perdido y que se resignara a su pérdida.
De las diez para la Secretaría de Salud cuya titular es Aidé Ibarez, una es porque a un usuario le cobraron 12 mil pesos por una trasfusión de sangre que le hicieron a su esposa en el Hospital General de Taxco.
De las seis recomendaciones para la Secretaría de Seguridad Pública que dirige Evelio Méndez Gómez, una es por el caso de un vecino de Acapulco que fue golpeado y torturado por policías ministeriales porque lo confundieron con otro hombre, lo patearon, le echaron agua en la nariz y le preguntaban por armas, le robaron la cartera y un celular y cuando se dieron cuenta que lo habían confundido lo dejaron golpeado en el patio de su casa.
De las cinco para la Secretaría de Educación, una es porque una profesora del jardín de niños Rosaura Zapata de Chilpancingo le pidió a una alumna que ya no hablara en su lengua materna me’phaa (tlapaneco) sino que sólo usara el español.
De las cuatro para el Ayuntamiento de Acapulco una es por violación a la libertad de expresión a un reportero de Acapulco por parte del regidor de MC Genaro Vázquez Flores.
La Orquesta Filarmónica de Acapulco también tiene una debido a una queja presentada por un trabajador al que pretendían despedir.
Otra fue para el rector de la UAG Alfredo Romero Olea por las expresiones usadas contra quien se desempeñaba como coordinador de la Comisión Mixta Paritaria de Admisión y Promoción de la Universidad Autónoma de Guerrero, en la campaña electoral.
Otra recomendación es para el rector de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande, Francisco Javier de la Cruz, por un tendedero que hicieron alumnas de esa institución en la que denunciaron ser victimas de acoso sexual por parte de maestros y alumnos.
Una más fue para la encargada de despacho de la dirección ejecutiva estatal de Atención a Víctimas, Enedina Medrano Serrano, por no atender a una solicitud hecha por el Colectivo de Desplazados y Víctimas de la Violencia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, porque desde 2021 solicitó que se les reconozca como víctimas pero no se les dio respuesta.
Otra fue para el secretario general del gobierno del estado, Ludwig Marcial Reynoso, para que atienda la demanda del Colectivo de Desplazados y Victimas de la Violencia de los Bienes Comunales de Cacahuatepec para que se les brinde seguridad para regresar a sus casas y se les reintegren sus pertenencias, pues tuvieron que salir de los Bienes Comunales por la policía comunitaria y civiles armados.
Otra recomendación fue dirigida a varias autoridades del estado, a los secretarios general del Gobierno, Ludwig Marcial; de Finanzas, Raymundo Segura Estrada; de Planeación René Vargas Pineda; la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón y el titular de Comité Técnico de la Caja de Previsión Ernesto Cuadros Gómez, debido a que un policía ministerial no se le ha hecho efectiva la recomendación médica de tener incapacidad médica total y permanente.
Otra fue para el Centro Estatal de Oftalmología debido a que un usuario recibió un mal diagnóstico por parte del médico que le atendió y perdió la visibilidad en su ojo izquierdo, y solicita que le reintegren los gastos médicos que erogó en un hospital particular a causa de la negligencia médica, pues se le vulneró su derecho a la salud.
Para Chilpancingo se emitieron dos recomendaciones, una por el contubernio que hay entre los agentes de tránsito y los transportistas para favorecerlos en los accidentes de tránsito y otra por una queja de amenazas de una trabajadora contra quien fue segundo síndico en el trienio anterior.
Otros municipios que también tienen recomendaciones de Derechos Humanos son Pilcaya, Tlapa, Tecoanapa y Florencio Villarreal (Cruz Grande).
Comunican feministas recomendaciones de la CEDAW; piden armonizar leyes sobre derechos de mujeres
En su segunda conferencia de prensa informativa, integrantes de organizaciones feministas dieron a conocer las recomendaciones de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) en cuanto a participación política y vida pública, marco legislativo y la definición de discriminación contra la mujer, y Acceso a la justicia.
En la conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), estuvieron presentes la presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violación hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar; la representante de Aliadas por la Justicia, María Luisa Garfias Marín; y la presidenta de Kinal antzetik Guerrero, Hermelinda Tiburcio Cayetano, quienes insistieron en que es necesario que las autoridades federales, estatales y municipales armonicen las leyes y asuman sus responsabilidades en cuanto a derechos de las mujeres.
Garfias Marín dijo que, a pesar de las reformas a las leyes locales y federales para que se incluyera la paridad, a la fecha, en el Congreso del estado, luego de las elecciones hay 18 diputadas, es decir 39 por ciento del total de los legisladores, cifra que no se acerca a la paridad.
Además, resaltó que es necesario que las autoridades tipifiquen la violencia política de género como delito en las leyes, porque es real que las mujeres son violentadas y cuarteadas en su derecho a participar en este ámbito.
Por su parte, Reyna Aguilar resaltó que es importante que la Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía Municipal, la Estatal y la Federal sean capacitadas en cuanto a derechos de la mujer, con el fin de eliminar el trato discriminatorio.
En la materia, la CEDAW emitió 11 recomendaciones entre las que resalta que todos los casos de violencia contra las mujeres sean investigados y que los autores sean procesados y castigados adecuadamente.
Sobre la mujer que fue hallada asesinada en Iguala, Tiburcio Cayetano dijo que hay muchos casos de mujeres asesinados con presunciones de feminicidios que no han sido registrados, principalmente de mujeres indígenas.
Citó el caso de una mujer que, hace cinco días fue asesinada en una comunidad de Ometepec y era trabajadora del Programa de Inclusión Social (Prospera) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); acusó a la dependencia federal de “esclavizar” a los trabajadores y dijo que los casos de feminicidios sólo trascienden mediante los medios de comunicación.
Reyna Aguilar indicó que de enero a la fecha, con el caso que citó Tiburcio Cayetano suman 140 mujeres asesinadas en Guerrero con presunción de feminicidio, y las autoridades deben implementar acciones de prevención y atención de acuerdo con las circunstancias.
Piden feministas al gobierno aplicar recomendaciones de la CEDAW ante aumento de feminicidios y desapariciones
Feministas exigieron a las autoridades que apliquen las recomendaciones emitidas por la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés), ya que la falta de protocolos se refleja en el aumento de las cifras de feminicidios y desapariciones de mujeres.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa en la capital, la presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violación hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar; la integrante de esa organización, Mayeli Tinoco Reyna; la representante legal de Mujeres Guerrerenses por la Democracia, Olimpia Jaimes López; y la madre de una víctima de desaparición, Guadalupe Jerónimo Vicario, informaron que el 6 de julio pasado el Estado mexicano estuvo en Ginebra, Suiza, en la sustentación de la CEDAW con una delegación de autoridades y grupos defensores de los derechos de las mujeres.
La CEDAW es una de las convenciones más importantes a nivel internacional y emitió recomendaciones que las autoridades federales no difunden, por lo que las feministas se dieron a la tarea de traducirlas y difundirlas.
Ayer se llevó a cabo la primera de cuatro conferencias, sobre las recomendaciones en cuanto a Género y violencia contra las Mujeres, Trata y explotación de la prostitución y Defensoras de derechos humanos.
Reyna Aguilar leyó un comunicado en el que informó que a la CEDAW le preocupan los altos niveles de inseguridad, violencia y crimen organizado en México.
En 2017, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 29 mil 168 asesinatos, de los cuales 671 fueron feminicidios.
Guerrero registró 219 asesinatos de mujeres, de los cuales 13 fueron clasificados como feminicidios, mientras que, “nosotras, de enero a la fecha… hemos registrado 137 homicidios dolosos contra mujeres con presunción de feminicidio”.
Por otra parte, expuso que las desapariciones de mujeres han aumentado, según datos de las fiscalías estatales en el país; de enero de 2014 a junio de 2016, se reportó la desaparición de 10 mil 157 mujeres en 12 estados, la mayoría menores de edad.
Entre 2008 y 2017, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reportó que 625 mujeres fueron encontradas sin vida luego de la denuncia de su desaparición.
Sin embargo, “no existe, ni a nivel nacional ni estatal, un registro oficial, sistemático y unificado de las mujeres, adolescentes y niñas desaparecidas, y hay una falta de armonización de la legislación para tipificar, investigar y sancionar la desaparición, de mecanismos de búsqueda efectivos y barreras para los familiares cuando inician la búsqueda, promueven la investigación y exigen acceso a la justicia”. En ese sentido afecta a los procesos el uso limitado de estadísticas, el Banco Estatal de Datos en Guerrero no funciona.
La CEDAW emitió 17 recomendaciones al respecto, en las que resalta “simplificar y armonizar procedimientos a nivel estatal para activar el Protocolo Alba y Alerta Amber y para acelerar la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas y adoptar políticas específicas y protocolos para mitigar el riesgo asociado con la desaparición de mujeres y niñas, tales como los feminicidios y la trata de mujeres y niñas para explotación sexual y trabajos forzados”.
Reyna Aguilar recordó que el 18 de julio de 2016, en un acto protocolario en casa Guerrero se instaló el Comité Técnico para la Implementación del Protocolo Alba, pero a la fecha “no funciona”, y también es necesario que los Ayuntamientos asuman su responsabilidad.
Emite la CNDH recomendación a la Ssa y a la Fiscalía por muertes de bebés en hospital de Tlapa
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador Héctor Astudillo Flores y a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que reparen el daño a los padres de ocho recién nacidos prematuros que fallecieron en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa, por falta de medidas sanitarias, infraestructura y equipos adecuados para brindar atención médica.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan registró que en julio y agosto de 2015, ocho neonatos fallecieron a consecuencia de infecciones por las bacterias escherichia coli y acinetobacter baumanni. Los hechos trascendieron y la CNDH atrajo la investigación.
Ayer, la CNDH emitió la recomendación 71/2017 dirigida a Astudillo Flores y al fiscal Javier Olea Peláez debido a la insuficiencia de medidas sanitarias, infraestructura y equipamiento para la atención de recién nacidos en el hospital, que provocaron la muerte de los bebés, así como por la inactividad de la investigación penal correspondiente durante 18 meses.
El expediente de la CNDH indica que en julio y agosto de 2015 hubo un proceso de Infección Asociada a la Atención de la Salud (IAAS), en el que se vieron involucrados 20 pacientes recién nacidos en estado crítico, ocho de ellos se infectaron con bacterias y debieron ser atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales; sin embargo, ingresaron en otras áreas no especializadas, como la Unidad de Cuidados Obstétricos, la Unidad de Urgencias Pediátricas y la Unidad de Urgencias para Adultos.
Lo anterior, debido a que en el hospital se hacía una ampliación de 12 a 24 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, que por falta de presupuesto no se concluyó de manera oportuna, por lo que se improvisaron otras áreas para la atención.
El 28 de septiembre, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) radicó de oficio el Expediente de Queja, que “por su gravedad y naturaleza trasciende el interés de la entidad federativa e incide en la opinión pública nacional”, por ello, la CNDH atrajo el caso.
Para la investigación, la CNDH pidió a las secretarías de Salud, de la Mujer, de la Juventud, a la Contraloría y al Sistema Integral para el Desarrollo Integral de la Familia, en su calidad de integrantes de la junta directiva del hospital, así como al director general del mismo, copia de los expedientes clínicos de los menores afectados y sus madres, e información de las condiciones del hospital, la región Montaña y el municipio de Tlapa.
Al respecto de las condiciones del hospital, la subsecretaría de Salud hizo una visita el 4 de septiembre de 2015, cuando constató que había un área en ampliación y remodelación, sin el permiso sanitario de construcción; no había suficientes medicamentos ni área de curaciones, la sala de urgencias era multifuncional, los procesos de higiene no se hacían de la manera adecuada y tampoco había personal suficiente.
Por los hechos y las omisiones de las autoridades en la investigación, la CNDH recomendó al gobernador que en un máximo de 12 meses se repara el daño a las víctimas, debido a la responsabilidad del personal del hospital, conforme a la Ley de Víctimas del Estado Libre y Soberano de Guerrero (450), con base en las consideraciones planteadas en el expediente.
Que se inscriba a las madres de los menores que fallecieron en el Registro Estatal de Víctimas para que tengan acceso al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; que por el tiempo necesario, de acuerdo con los requerimientos de las propias víctimas, se les otorgue atención psicológica de seguimiento, con oportunidad, calidad y calidez, en algún centro cercano de atención médica perteneciente a la Secretaría de Salud.
En un plazo que no exceda seis meses se giren las instrucciones necesarias para que se establezca un programa y la previsión presupuestaria, conforme al que se tomen medidas para dotar al hospital de los instrumentos, equipo, medicamentos, infraestructura, personal médico y todo aquello que garantice los estándares de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad en los servicios de salud que brinde.
Que el gobernador dé instrucciones para que el hospital acredite la conclusión de las obras de ampliación de la unidad de cuidados intensivos neonatales, en un plazo máximo de tres meses contados a partir de la aceptación de la Recomendación; que colabore ampliamente con la CNDH en la queja administrativa para iniciar procedimiento disciplinario ante la instancia que corresponda.
Además, en un plazo máximo de 12 meses, debe diseñar e impartir un curso integral y un taller de capacitación en materia del derecho a la protección a la salud en el hospital; específicamente sobre principios de accesibilidad, aceptabilidad, disponibilidad y calidad, y conocimiento, manejo y observancia de las normas oficiales mexicanas en materia de salud, con el objetivo de evitar que vuelvan a originarse actos como el que dieron lugar a este pronunciamiento.
Dichos cursos deberán se impartidos por personal especializado, con perspectiva de género, enfoque intercultural y considerando el principio del interés superior de la niñez.
También deberá dar instrucciones a quien corresponda para que se entregue una copia de la recomendación a las víctimas. En un plazo máximo de seis meses, deben hacer los estudios necesarios que permitan advertir cuál es la relación de causalidad que existe en el alto índice de partos pretérmino que se da específicamente en Tlapa, para que se adopten las medidas que se estimen pertinentes.
Por último, el gobernador deberá designar a un funcionario “de alto nivel” para que sirva como enlace en el cumplimiento y seguimiento de la recomendación. Se debe notificar a la CNDH con copias de los documentos correspondientes que se cumplió con lo dispuesto en la recomendación.
Mientras que el fiscal deberá hacer lo propio para concluir la investigación y garantizar el derecho a la justicia de las víctimas; capacitar al personal para que estos casos se indaguen de la manera adecuada, mediante cursos que deben dar especialistas en la materia.
“Está dentro de los parámetros normales y dentro de las normas adecuadas, y todo lo que corresponde a evitar las infecciones nosocomiales”, dice el secretario
El secretario de Salud estatal, Carlos de la Peña Pintos aseguró que ya se cumplió la recomendación de la CNDH, y que se rehabilitó el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense, ubicado en Tlapa.
Esto en respuesta a la recomendación que emitió ayer la CNDH a la Ssa y a la FGE ante la insuficiencia de medidas sanitarias, infraestructura y equipamiento para la atención de recién nacidos prematuros en ese nosocomio.
Contra la FGE, la recomendación es porque mantuvo inactiva 18 meses la investigación sobre la muerte de los recién nacidos, lo que violentó el derecho de acceso a la justicia de las madres y padres de las víctimas.
En declaraciones ayer después de una visita al nuevo hospital general de Acapulco, el secretario de Salud informó que ya se atendió esa recomendación, pues ya se remodeló el hospital, se capacitó a los trabajadores, y tienen una sala de terapia intensiva neonatal.
“Está dentro de los parámetros normales y dentro de las normas adecuadas, y todo lo que corresponde a evitar las infecciones nosocomiales”, indicó el secretario.
Abundó que las causas del fallecimiento de los recién nacidos fueron individuales y no masivas.
Más tarde, la Ssa emitió un comunicado para aclarar la información publicada en diversos medios sobre las muertes de los recién nacidos en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa.
En el comunicado se numeran seis puntos; el primero, que las muertes de los ocho recién nacidos, “se registraron los meses de Junio, Julio y Agosto del año 2015; es decir, antes de que la actual administración estatal entrara en funciones”.
En el segundo asegura que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, “realizó una exhaustiva revisión de los casos en la que se concluyó que ‘existe evidencia para determinar que dichas defunciones fueron secundarias a proceso natural de la prematurez que presentaban los recién nacidos, lo cual implica desde enfermedades e infecciones propias de la edad’”.
El tercero es sobre la insuficiencia de medidas sanitarias por falta de infraestructura y personal capacitado, que pese a que el Hospital de la Madre y el Niño Indígena es un Organismo Público Descentralizado, “en todo momento se han brindado las facilidades para la conclusión de obras, por lo que actualmente, se encuentra en total funcionamiento”.
Luego afirma que la Secretaría cuenta “con el personal necesario y capacitado para la atención de los servicios médicos en todos los hospitales de Guerrero”.
En el punto número cinco dice que la Ssa se ha mantenido atenta a las necesidades de las unidades de salud en el Estado y advierte que esperan los dictámenes de la Contraloría del estado, para fincar responsabilidades.
Finalmente, en el punto seis, se hace referencia a la Recomendación de la CNDH, y asegura que “se atenderán”.
Hay 218 recomendaciones sin cumplir de 2005 a 2017; la mayoría a la Fiscalía: Codehum
El presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno informo que se instaló una mesa de trabajo para dar atención a un rezago histórico de recomendaciones que no han sido cumplidas, que van de 2005 a 2017 y en total son 218.
Dijo que la mayoría son dirigidas a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), ahora Fiscalía General del Estado (FGE).
En consulta telefónica dijo que pretende sacar un rezago histórico de recomendaciones que se han estado atendiendo pero no en su totalidad, por lo que se revisan todas para verificar su cumplimiento.
En un comunicado emitido por el organismo dice que a efecto de analizar el cumplimiento y seguimiento de las resoluciones emitidas, la secretaria ejecutiva Mónica Castro Contreras se reunió con el director general de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos del gobierno del estado.
Navarrete Magdaleno expuso que hay algunas recomendaciones donde la gente no tiene interés, y que se van a localizar para ver en qué situación quedaron.
Expuso que algunas tienen cuatro o cinco resolutivos, algunos se cumplieron y otros no.
Dijo que el gobierno del estado mediante la Dirección General de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Derechos Humanos, va a intervenir para que la Fiscalía General del Estado cumpla las recomendaciones, que es donde hay mayor concentración.
Abundó que la próxima reunión se va a programar cuando tengan información de cada caso.
El concentrado de recomendaciones que se proporcionó a El Sur señala que de 2005 a 2017 hay 218 que no se han cumplido. Hasta el 2014 a la PGJE corresponden 151, mientras que desde el 2015 a este año corresponden 43 a la FGE.
En segundo lugar está la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), la cual cuenta con 24 recomendaciones sin cumplir. (Beatriz García / Chilpancingo).
Dan la Codehum y la Ssa seguimiento a dos recomendaciones tras negligencias: ombudsman
La Secretaría de Salud (Ssa) y la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) trabajan en el seguimiento de dos recomendaciones, una sobre la muerte por negligencia de un niño en Atoyac, y otra en el Hospital General de Coyuca de Benítez, de la muerte de un bebé antes de nacer.
Consultado telefónicamente, el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno detalló que las mesas de trabajo se instalaron el martes, y que están a cargo de la secretaria ejecutiva del organismo, Mónica Castro Contreras.
Contó que la Ssa y la Codehum firmaron un convenio de colaboración para echar a andar un mecanismo que permita abatir las violaciones a los derechos humanos en el sector Salud.
Refirió que en la última mesa que se instaló trabajaron en dos recomendaciones, una es del expediente de la muerte de un niño a causa de una negligencia médica, en el Hospital General Juventino Rodríguez García de Atoyac, que llegó con un dolor estomacal y fue atendido por una pediatra, el año pasado.
Según el expediente, el abdomen del niño comenzó a hincharse, y lo trasladaron al Hospital General de Acapulco en Renacimiento, donde no lo recibieron porque no había camas. De ahí lo trasladaron al Hospital General Vicente Guerrero, donde murió al llegar, contó el ombudsman.
El segundo caso es la muerte de un bebé antes de nacer, “el 17 de enero de 2015; inició siendo atendida (la madre) en Coyuca de Benítez, y también por su complicación se trasladó a Acapulco para su intervención en el Hospital General, fue ingresada al quirófano, se le practicó la cesárea, pero ya había fallecido el producto, antes de ser ingresada a ese hospital”, relató.
En ambos caso se emitieron recomendaciones y se instalaron las reuniones de carácter conciliatorio y para la reparación del daño.
Explicó que, “como son recomendaciones de hechos que sucedieron en el gobierno anterior, lo que hacemos primero es que este gobierno las acepte de manera institucional… y además se comprometa a la reparación del daño”.
Navarrete Magdaleno abundó que la reparación del daño, esencialmente cuando fallece una persona, se trata en lo económico, porque no cumple con una reparación del daño eficaz, sino que resarce “un poco” el daño causado. Dijo que, además, se recomienda a la institución dar cursos sobre respeto a los derechos humanos, e integrar expedientes para concluir con la responsabilidad que resulte de los sectores involucrados en los hechos.
Sostuvo que estas recomendaciones quedan en manos de médicos especialistas que puedan dictar exámenes periciales que permitan conocer, de manera técnica, si los médicos se sujetaron a los protocolos de atención para el tratamiento del padecimiento, o hicieron caso omiso de algún protocolo, causando la muerte del paciente.
“Acabamos de firmar un convenio con la Comisión de Arbitraje Médico, para que nos hagan ellos también los exámenes periciales, pero son asuntos complejos, incluso pedimos la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que sus médicos… (revisen) los expedientes para que los médicos especialistas en diferentes temas puedan emitir un dictamen” en la Ciudad de México, detalló.
El ombudsman agregó que, “encontramos en la Secretaria de Salud problemas complejos no actuales, sino que se ha venido arrastrando de muchos años… En el caso del Seguro Popular, por supuesto que esto impacta, en los servicios hace más complejo el beneficio que tiene que dar”.
Sin embargo, aseguró que la Ssa, a pesar de las complicaciones ha estado al pendiente de las recomendaciones y de la reparación del daño.
Han sido asesinadas 29 mujeres desde la entrega de las recomendaciones al gobierno en agosto
Del 23 de agosto de este año, cuando la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) entregó diez recomendaciones al gobierno estatal para atender el problema de violencia feminicida, hasta el 20 de noviembre, en Guerrero fueron asesinadas 29 mujeres.
Según un conteo de El Sur, de las víctimas cinco fueron asesinadas a golpes, dos con armas blancas, 19 a balazos y de dos se desconoce la forma en que las privaron de la vida.
Este viernes el gobierno del estado entregará un informe a la Conavim de los avances que tiene en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones que le hizo un grupo de especialistas para erradicar la violencia feminicida en la entidad.
De los asesinatos de mujeres ocurridos desde que el gobierno estatal recibió las recomendaciones y hasta el 20 de noviembre, siete sucedieron en Acapulco y seis en Chilpancingo, mientras que en Igualapa, Buenavista de Cuéllar, Zihuatanejo y Pilcaya hubo dos posibles feminicidios en cada uno.
En tanto, en Cocula, Quechultenango, Zumpango, Ayutla, Chichihualco, Cruz Grande, Coyuca de Benítez y Atoyac, el registro es de un caso por demarcación.
De entre las víctimas, dos eran niñas de 16 y 14 años, y una bebé de dos años; aunque en la mayoría de los casos las mujeres asesinadas tenían entre 25 y 40.
El grupo de trabajo que se integró desde la federación para atender la solicitud de alerta por violencia de género en Guerrero, concluyó que el gobierno estatal no ha destinado presupuesto suficiente para atender el problema de la violencia contra mujeres y niñas y la desigualdad de género en la entidad.
Además observó la inexistencia de una articulación entre las distintas instituciones encargadas de la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres y un desconocimiento de las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, de género y derechos de las mujeres.
En su informe el grupo aclara que la gravedad de la situación en la entidad no puede medirse exclusivamente en relación con el número de casos de violencia contra las mujeres, toda vez que “se entiende que un solo caso genera graves repercusiones no sólo a nivel individual, sino también en la comunidad y en la sociedad en general”.
En total el grupo planteó 10 conclusiones y para cada una propuso una recomendación, a la que se refieren como propuesta, que el gobierno del estado deberá cumplir en un lapso de seis meses, plazo que vence en marzo del próximo años, o de lo contrario se declarará la alerta por violencia de género en Guerrero.
En el transcurso de los últimos dos meses organizaciones agrupadas a la Alianza Feminista, que solicitó la alerta por violencia de género, han denunciado la negativa del gobierno del estado para que las incluya en una mesa de trabajo interinstitucional a fin de participar en el proceso de cumplimiento de las recomendaciones.
Por ello advirtieron que en marzo, cuando el gobierno del estado presente su informe final, ellas harán lo propio con sus observaciones.
El gobierno acatará las recomendaciones del grupo de trabajo sobre la alerta de género
La titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer), Gabriela Bernal Reséndiz, aseguró que el gobierno del estado acatará todas las recomendaciones que presente hoy la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), producto del estudio que realizó el grupo de trabajo integrado para atender la solicitud de alerta por violencia de género en Guerrero.
Aseguró también que habrá apertura a las organizaciones de mujeres que quieran vigilar el cumplimiento de dichas recomendaciones, como lo planteó Marina Reyna Aguilar, miembro de la Alianza Feminista y presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres.
Este martes la Conavim entregará a la Alianza Feminista y al gobierno del estado el informe, las conclusiones y las recomendaciones del grupo de trabajo que se integró para determinar el grado de violencia feminicida que existe en Guerrero, producto de una solicitud para que se declare la alerta por violencia de género en ocho municipios.
Bernal asistió ayer invitada a la mesa de trabajo Trata de personas que organizaron las comisiones de Gobierno y Justicia del Congreso local en la sede del Legislativo, y en la que estuvo presente la titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR), Ángela Quiroga.
Consultada al concluir la mesa, aseguró que el gobierno del estado acatará cada una de las recomendaciones que plantee en su informe el grupo integrado por académicas locales y nacionales, autoridades federales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pues el gobernador Héctor Astudillo “es un hombre comprometido con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y sobre todo para garantizarles una vida libre de violencia”.
Aseguró que tanto el gobierno del estado como las organizaciones civiles de mujeres trabajarán de manera coordinada en este proceso, pues consideró que es importante el acompañamiento de éstas en la erradicación de la violencia de género.
“Es importante sumar, siempre el gobierno del estado se ha mantenido abierto al diálogo, incluso así se instalaron mesas de trabajo. Guerrero no está como para dividirnos, sino para sumar, y bueno, hay apertura para trabajar con las organizaciones”.
La funcionaria estatal aclaró que el gobierno no ve como un castigo o una sanción la solicitud de la alerta por violencia de género y dijo que si no la declaró de manera independiente es porque existe un procedimiento que se está cumpliendo.
Si en este informe se confirma que en Guerrero existe un problema de violencia feminicida, el gobierno del estado deberá atender las recomendaciones e iniciar acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y abatir esta situación.
La alerta se emitirá solamente si el go-bierno del estado no responde o no acepta las recomendaciones (tendrá 15 días para informarlo); o, en caso de haberlas aceptado, no las haya cumplido en un lapso de seis meses.
En 2003 se emitieron 43 recomendaciones, contra 82 de 2002; la Procuraduría sigue a la cabeza
En su informe de labores, el ombudsman Juan Alarcón dijo que “a pesar de las resistencias de algunos servidores públicos”, en materia de aceptación de recomendaciones “ha habido un buen avance”.
Alarcón Hernández informó que en este periodo disminuyó el número de recomendaciones, pues de 82 documentadas en 2002, se redujo el número a 43 en 2003, y de 385 opiniones y propuestas en 2002, se emitieron 360 el año pasado.
Asimismo, dijo que este año se registraron mil 180 quejas por ejercicio indebido de la función pública, lesiones, amenazas, intimidación e irregular integración de las averiguaciones previas.
Alarcón Hernández informó que de las dependencias estatales que tienen mayor número de recomendaciones encabeza la Procuraduría General de Justicia del Estado, con un total de 12 recomendaciones y 121 opiniones y propuestas.
Agregó que le sigue la Secretaría de Educación Pública (SEG), con 6 recomendaciones y 38 opiniones y propuestas; la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con 5 recomendaciones y 38 opiniones y propuestas. En tanto que en contra de los ayuntamientos se emitieron 21 recomendaciones y 162 opiniones y propuestas.
En este sentido, Alarcón Hernández indicó que los ayuntamientos que mayor recomendaciones recibieron son los de Acapulco, con seis; Chilpancingo, con cuatro, e Iguala, con dos. (Zacarías Cervantes).