La Casa Matriz de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán aclaró ayer mediante un comunicado que sólo reconoce a tres casas del sistema comunitario: las de San Luis Acatlán, Espino Blanco, municipio de Malinaltepec y El Paraíso, municipio de Ayutla, así como cinco comités de enlace.
Además, en el documento se manifiesta por la libertad de los promotores Arturo Campos Herrera de Ayutla, Gonzalo Molina González de Tixtla y del policía comunitario de Zitlaltepec, Samuel Ramírez Gálvez.
Asimismo, rechaza la instalación de las empresas mineras en su territorio y se deslinda de las acusaciones de que la agrupación tiene vínculos con grupos delincuenciales.
La aclaración se hizo aparentemente en alusión al conflicto que surgió en San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, donde la semana pasada fueron detenidos 14 policías comunitarios de la CRAC-PC de Rincón de Chautla que pertenece a la Casa de Justicia de los Pueblos Fundadores, y otro policía más fue asesinado por comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco.
“Hasta esta fecha, reconocemos como parte de nuestro sistema comunitario las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco (Malinaltepec) y El Paraíso (Ayutla), así como a los comités de enlace de las regiones de Tecoanapa, Tixtla, Huamuxtitlan, Chilixtlahuaca (Metlatonoc) y Dos Ríos (Cochoapa El Grande)”, dice en el escrito la comisión de comunicación comunitaria de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán.
Destaca que la CRAC-PC “es única”, con las casas de justicia y comités de enlace reconocidos como oficinas operativas en cada una de las regiones del estado de Guerrero.
Y aclara: “ninguna otra supuesta Casa de Justicia es parte del sistema comunitario, y quienes se ostentan como CRAC-PC o declaran en su nombre, o portan nuestro uniforme, carecen de legitimidad y usurpan nuestro nombre”.
Reconoce que el sistema comunitario de seguridad, justicia y reeducación, se encuentra en un proceso de reorganización y reestructuración, “en el que estamos revisando y corrigiendo los errores cometidos en los últimos años que propiciaron un grave conflicto interno, el cual algunos personajes con intereses distintos al sistema comunitario pretenden continuar”.
En ese sentido establece que mantiene el llamado “respetuoso y fraterno” a las comunidades que quieran regularizar su participación en el sistema comunitario a que acudan a sus casas de justicia o comités de enlace, “para brindarles la información correspondiente y eviten de esta manera ser sorprendidos o engañados por promotores o falsos representantes comunitarios que sólo buscan fortalecer sus intereses personales”.
También rechaza “cualquier señalamiento de tener vínculos con grupos delincuenciales”, y califica de “irresponsables” a quienes lo hagan sin demostrarlo, “pues consideramos que tales aseveraciones tienen como objetivo ponernos como blanco de la represión gubernamental o de los diversos grupos del crimen organizado”.
Además llama a las organizaciones sociales, de derechos humanos, a las autoridades comunitarias, a los policías comunitarios y a los ciudadanos “a que denuncien ante nuestras instancias de autoridad comunitaria cualquier situación o dato que sea sospechoso de vinculación de nuestras autoridades o servidores comunitarios con la delincuencia”.
En otro de los puntos del documento, exige la libertad “inmediata e incondicional” de los presos políticos Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez.
Por otra parte, expresa “la exigencia de respeto a nuestro territorio comunitario, por lo que deben cancelarse ya todos los permisos de exploración y explotación minera, concedidos por el gobierno federal a empresas transnacionales en perjuicio de nuestros pueblos y comunidades”.
La Casa Matriz exige a las instancias de gobierno que se mantenga vigente y se respete la Ley 701, y que “cualquier modificación o reforma debe consultarse con los pueblos y comunidades que protege, lo cual es un derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y en el artículo 2 de nuestra Constitución Federal”.
Establece que ningún cambio a la Ley 701 será legítimo si carece de consulta con los pueblos.
También reitera la exigencia de justicia en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Demandamos que el gobierno federal atienda urgentemente la petición de diálogo con el magisterio movilizado y exigimos la libertad inmediata de los profesores dirigentes de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) presos por el gobierno federal”, indica en otro punto el comunicado.