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Aceptan maestros de secundarias en Acapulco un pago parcial de las 500 horas que les adeudan

Una comisión de maestros de las secundarias generales y técnicas de la región Acapulco se reunieron con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), con quienes acordaron el pago de 300 horas de las 500 que les adeudan, como un primer convenio de la negociación.
De manera normal, las clases serán reanudadas el jueves, aunque los maestros que alcanzaron a avisar lo harán hoy.
Como se informó en la edición de este martes, maestros de 20 secundarias generales y técnicas, agremiados en la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pararon labores para exigir a la SEG el pago de más de 500 horas que les deben desde hace dos ciclos escolares. La suspensión de clases duró dos días.
De acuerdo con información recabada, una comisión de secretarios generales de las secundarias se reunieron con funcionarios de la Dirección de Secundarias Generales y Técnicas en Chilpancingo, con quien acordaron el pago de una parte de las horas que se adeudan y que dentro de un mes volverán a reunirse para liquidar las horas que faltan.

 

SEG: las escuelas que cerraron por la violencia en dos colonias de Acapulco ya regresaron a clases

El delegado de los Servicios Educativos de la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, Alfredo Miranda Vergara, dijo que todas la escuelas de la colonia Jardín reiniciaron sus actividades, que no se sancionó a los maestros y que no hay ninguna escuela en paro por la inseguridad.
Del caso de las escuelas de la colonia 20 de Noviembre, que habían suspendido clases, declaró que la información que le proporcionaron es que “reanudaban labores”.
En declaraciones luego de atender a padres de familia de la Secundaria Federal 1, que bloquearon la avenida Costera en Acapulco, precisó que son 200 las escuelas que cuentan con vigilancia del Ejército y las solicitudes que lleguen se revisarán.
“Peticiones no hemos tenido, hasta esto que comentan de las escuelas de la Cima. Hay escuelas que determinan no pedir vigilancia cuando ha habido situaciones en las zonas aledañas, y cada zona se maneja de manera distinta. Nuestra obligación es atenderla”, declaró el delegado de los servicios educativos.
Citó el caso de las escuelas de la colonia Jardín, donde los maestros suspendieron clases por los hechos violentos que se suscitaron y “por eso no fue nuestra intención generar una situación de sanción, porque fue un tema generalizado”.
En el caso de la 20 de Noviembre, hubo algunas detonaciones de arma de fuego, según dijeron los maestros; y aunque no son situaciones dirigidas hacia los maestros, dijo Miranda Vergara, “ante el temor de que se suscita cerca de las escuelas, los padres tienen esa precaución y deciden no mandar a los niños, pero hoy (ayer) ya están trabajando”.
Recordó que en esa zona fueron cuatro las escuelas que suspendieron labores, pero que se informó que reanudaban labores, porque aclaró que no depende de la Secretaría de Educación que las escuelas cuenten con vigilancia, que ellos se encargan de hacer la gestión ante las autoridades de seguridad, para que haya recorridos.

Usó 110 millones en gasto corriente por necesidades del municipio: Leyva Mena

El alcalde con licencia de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, dijo en su defensa que el informe financiero 2017 del Ayuntamiento de Chilpancingo, que fue entregado a El Sur confirma que los 110 millones de pesos desviados fueron utilizados para necesidades del propio municipio, y que tiene un plan de recuperación al que se le tiene que dar continuidad.
Consultado por teléfono, el alcalde priista con licencia advirtió que si se retrasa su autorización para regresar a su cargo, podrían ser afectadas gravemente las finanzas del municipio, pues la actual administración no siguió con el plan estratégico de recuperación de recursos, que él tenía programado.
Le recordó también al PRI, que la mejor manera de recuperar la estabilidad en el municipio es que se apeguen al estado de derecho, “y si se tiene que pasar por el juicio de revocación de mandato, adelante, yo no tengo ningún problema. Que se concluyan los procedimientos para que la gente pueda creer en las instituciones”.
Dijo que aún hay tiempo para estabilizar las finanzas del municipio, porque el proceso de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de la cuenta pública 2017 inicia hasta el 28 de febrero, que es la fecha limite para que el gobierno municipal entregue la cuenta pública.
Leyva Mena dijo que le sorprendió que la información se esté filtrando de manera anticipada, pero también festejó que se dé a conocer que los 110 millones de pesos que desvió de programas federales fueron utilizados en gasto corriente y no en una cuenta personal.
“Asumo mi derecho de defensa, todo lo que están comentando, eso se tiene que hacer saber a la ASE y a la Auditoría Superior de la Federación, y yo voy hacer frente”.
De la cuenta pública 2016, en la que se presumen el desvíos de recursos, recordó que fue aprobada por el Cabildo antes de ser entregada al órgano fiscalizador.
“Están tratando de mandar el mensaje de que este asunto (de la licencia y el juicio de revocación de mandato) fue por un tema financiero. Eso no es cierto, la recuperación de este recurso (desviado) estaba perfectamente programado”, porque afirmó que hay manera de recuperarlos, principalmente con el predial.
En el caso de la filtración de la información de los desvíos de recursos de programas federales, que fueron utilizados en gasto corriente, dijo que más que perjudicarlo le dan la pauta para precisar cómo se utilizaron esos recursos.
Dijo que para solventar los 110 millones de pesos están los recursos del predial, lo que se ahorra por la depuración de la nómina y el limitar el gasto corriente y los gastos superfluos. Dijo que incluso el tema de la basura podría generar recursos, “eso lo sabe el cabildo”.
Leyva Mena comentó “había una estrategia muy clara de recuperación, me alegra mucho que salgan este tipo de notas, porque eso quiere decir que el alcalde Marco Leyva no está haciendo un asunto (el desvío) para su peculio personal, está perfectamente demostrado donde está ese dinero, son traspasos de una cuenta a otra cuenta del Ayuntamiento, no a cuentas personales”.
Ejemplificó los problemas financieros del Ayuntamiento con el tema de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), que le cuesta al municipio 6 millones de pesos mensuales, mientras que los ingresos de la paramunicipal es de 2 millones y medio a tres millones de pesos, que representan un déficit anual de aproximadamente 36 millones.
Insistió en que la estrategia para tomar recursos de programas, para resolver problemas inmediatos, estaba “perfectamente planeada”, pero cuando inició el juicio de revocación de mandato “abruptamente nos cambió la estrategia”.
Confirmó que busca regresar al Ayuntamiento capitalino para continuar con lo que llama su estrategia financiera y poder regresar los recursos desviados a las cuentas o programas a los que pertenecen.
Pero también responsabilizó a la actual administración, que encabeza el alcalde suplente Jesús Tejeda, por no aceptar el plan financiero que tenía, y si no se continúa, la responsabilidad financiera será contra Leyva Mena.
Advirtió que el problema financiero del ayuntamiento capitalino será peor si no se le permite regresar al cargo constitucional, que ganó en el proceso electoral 2015. “No he tomado un solo centavo de recurso público para enriquecerme”.
Cuando se le preguntó por la postura del PRI y de la bancada priista en el Congreso local, que podrían buscar obstaculizar su regreso al Ayuntamiento, dijo que “lo único que tengo, es el respaldo de mucha gente en las colonias populares y también el respaldo de la ley, porque me respalda el voto ciudadano”.

 

Adelantan las vacaciones en dos escuelas de Acapulco por la inseguridad

Padres de familia de la primaria Crecencio A. Miranda, de la colonia La Libertad, acordaron suspender clases debido a la inseguridad que impera en el lugar, pues hay constantes balaceras, y reanudar labores el 8 de enero de 2018; mientras que la secundaria Bicentenario de la Independencia 2010, en San Agustín, también decidió adelantar las vacaciones, a pesar de tener dos militares resguardando el plantel.
A principios de noviembre personas desconocidas se metieron a robar a la secundaria, por lo que suspendieron clases durante dos semanas, y el 21 de noviembre reanudaron luego de que las autoridades educativas gestionaron la presencia de militares en la escuela.
En una visita a la escuela, unos vecinos informaron que el último día de clases fue el miércoles, donde nada más hicieron su posada.
Donde ya reanudaron clases, a principios de la semana, es en la primaria Niños Héroes y el jardín de niños José Vasconcelos, ambas con presencia militar. El preescolar este viernes no tuvo clases por ser el Consejo Técnico, pero en la primaria sí hubo labores y se pudieron observar al menos a tres militares en el perímetro de la escuela.
En la primaria Crecencio A. Miranda los padres de familia tuvieron una reunión, donde hablaron del tema de la inseguridad y si se adelantaban o no las vacaciones. La mayoría optó por adelantar la salida, porque no tienen vigilancia militar y la zona es muy insegura.
Agregaron que no hay ni vigilancia privada para que controle la entrada y salida del plantel, por lo que no iban a poner en peligro a sus hijos ni a los maestros. El regreso a clases será el 8 de enero.

Reinicia actividades el IIEPA-IMA en Atoyac; hay acuerdos con Rectoría, informan alumnos

Después de las quejas de alumnos y organizaciones sociales de Atoyac, de que la política de la UAG de hacer una universidad-pueblo no es real, se logró que el módulo de Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados-Ignacio Manuel Altamirano (IIEPA-IMA) de la ciudad sea restablecido.
El anexo tenía funcionando nueve años y en este último se obligó a los alumnos a tomar clases en Acapulco; lo que ya no ocurrirá, según se convino en una reunión.
En conferencia de prensa en el Zócalo de Atoyac, el vocero de los alumnos inconformes por el cierre del módulo en Atoyac, Misael Mendoza, informó que el 28 de noviembre se reunieron en Rectoría, en Chilpancingo, con el secretario general José Alfredo Olea y después del desahogo de argumentos de ambas partes, alumnos y el director Raúl Fernández González, se acordó que el 9 de diciembre inician las clases para 26 alumnos.
Precisó que los estudiantes del módulo tendrán que absorber los viáticos de maestros, que tres meses faltaron a darles clases, para lo cual pagarán por mes cada uno 231 pesos, además de generar el pago de servicios honorarios profesionales, por preparar clases, aun cuando forman parte de la nómina de la UAG.
Lamentó que ya pasaron tres meses del ciclo escolar, y no se pudo recuperar el curso de nuevo ingreso, y los aspirantes se quedaron esperando a pesar de que había fichas.
Abundó que el programa de regularización tiene actividades académicas, que permitan cursar en el tiempo del ciclo escolar, las unidades de aprendizaje del plan de estudios de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública.
Las clases se retomarán en la Preparatoria 22 de Atoyac.
Se informó que la minuta de acuerdos se firmó tendiendo como testigos a los regidores Carlos Mesino, de MC, y el representante de organizaciones sociales y regidor, Simón Pino, del PRI.
Los alumnos confiaron en que se respete la minuta y no haya represalias, además de que se aplique la política de universidad-pueblo, aun cuando tendrán que pagar viáticos y buscar pago de los servicios profesionales, y el Ayuntamiento esté construyendo el plantel para la UAG. (Francisco Magaña / Atoyac).

Regresaron a laborar los responsables del fraude en la caja de ahorro, denuncian trabajadores

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG) denunciaron que los ex responsables de la caja de ahorro, Felipe Alonso Alonso y Eric Manrique Catalán, se presentaron en sus centros de trabajo de manera normal a 11 meses del millonario fraude.
Alonso Alonso y Manrique Catalán fueron el tesorero y el contador de la caja de ahorro de 2012 a 2016. Ambos fueron expulsados del STTAISUAG junto con el presidente Guadalupe Gutiérrez Campos, en diciembre del año pasado, luego de que se diera a conocer el fraude. Además, el Comité Ejecutivo inició un proceso jurídico en su contra sin avances a la fecha.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) el trabajador y defraudado, Pedro Salazar Trinidad, y los integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Guadalupe Hernández de la Cruz, Román Ibarra Flores y Silvia Alemán Mundo, se pronunciaron en contra del fraude y llamaron a la unidad de los dos sindicatos universitarios.
Salazar Trinidad dijo que el 15 de noviembre pasado Alonso Alonso se presentó en la escuela de Enfermería de Taxco, su centro de adscripción, a laborar de manera normal; mientras que Manrique Catalán hizo lo mismo en la Preparatoria 12 de Tierra Colorada. En los dos casos, los trabajadores les impidieron la entrada a las instalaciones y se quejaron de que regresaron “como si nada hubiera pasado”.
Señaló que el fraude a la caja de ahorro asciende a 10 millones de pesos, pero el caso no se esclareció, los ex responsables no han informado qué pasó con los recursos de los universitarios y sólo se pagó lo correspondiente “a unos cuantos” afectados.
Aseguró que el hecho de que los ex responsables se hayan presentado en su centro de trabajo de manera regular es una prueba de que no se actuó en su contra y de la “complicidad” del Comité Ejecutivo del STTAISUAG, incluso del propio rector Javier Saldaña Almazán, quien debió rescindirles el contrato de manera inmediata.
Alemán Mundo se solidarizó con los defraudados, llamó a los integrantes del STAUAG a unirse a este acto. Expresó que lo que pasó “no tiene nombre” y reprochó que la UAG participe en congresos en materia de transparencia, cuando no se ha resuelto el pago de la caja de ahorro, pues “es cínico”.
Llaman opositores a la abstención del voto en el STAUAG

Por otra parte, Hernández de la Cruz e Ibarra Flores, quienes también se solidarizaron con los defraudados, llamaron a los académicos a abstenerse de votar por la planilla Unidad Sindical, que encabeza el candidato a secretario general del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, ya que sus integrantes no han luchado para defender sus derechos laborales.
Hernández de la Cruz puntualizó que en la administración pasada Martínez Llanes permitió la contratación de personal de manera unilateral, dejando de lado a los sindicalistas con derecho a ampliar su jornada laboral, como lo indica el contrato colectivo de trabajo.
Ibarra Flores aseguró que los integrantes de la planilla Unidad Sindical fueron propuestos por el Grupo Universidad por Guerrero, organización que dirige Saldaña Almazán, por lo que no es congruente que haya representantes del STAUAG que respondan “al patrón”.
Los académicos pidieron a los universitarios que el próximo 6 de diciembre, fecha de las votaciones, acudan a las urnas y voten por la abstención, para evitar que se repitan las injusticias y la corrupción en el STAUAG.

Toca a ciudadanos decidir quién gobernará Acapulco, responde Evodio a Huicochea

 

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre opinó que corresponderá a los ciudadanos decidir quién habrá de gobernar Acapulco para el próximo trienio y dijo que corresponde a los partidos ese debate, porque su función es trabajar.
Este sábado en Zihuatanejo, durante la renovación del comité municipal del PRI en ese municipio, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Heriberto Huicochea Vázquez dijo que su partido trabaja para recuperar los municipios más importantes del estado como Acapulco y Zihuatanejo, ambos actualmente gobernados por el PRD.
A pregunta sobre la pretensión del PRI para el 2018, Velázquez Aguirre respondió que “esa es una decisión de los ciudadanos, no es decisión del dirigente, entonces como es un tema que tiene que verse en su tiempo y en su momento, yo lo dejo para después”.
Al preguntar cuál era su trabajo como alcalde, para garantizar la permanencia del PRD como gobierno, el alcalde respondió: “Yo estoy haciendo todo lo que en mí compete y eso los ciudadanos tendrán que valorarlo el día que se deba hacer”.
Descartó que la disputa política por la elección del próximo año, cuando se renovará al presidente de la República, senadores, diputados federales y locales y alcaldes, genere otro distanciamiento con el gobernador Héctor Astudillo, pues dijo que ambos trabajan de manera institucional y la disputa política es asunto de los partidos.
El alcalde anunció, sin precisar la fecha en que empezará la construcción de la primera etapa de un edificio que albergará a las oficinas municipales, agregó que la obra se hará por etapas y no se buscará una asociación pública o privada, como lo había dicho a principios de año.
Velázquez Aguirre dijo que el gobierno municipal necesita tener un edificio, porque la administración paga “una cantidad estratosférica de rentas”.
Adelantó que la inversión inicial para el nuevo edificio para el gobierno municipal será de 30 millones de pesos y prevé que la obra se construya por etapas. Indicó que el dinero es producto de una gestión que hizo con los diputados federales y ya tiene una parte, la otra está por llegar.
El inmueble dijo el alcalde se construirá atrás del antiguo palacio municipal, en la zona que actualmente es el estacionamiento.
Reiteró que el antiguo palacio municipal, que está atrás de la iglesia de Nuestra Señora de la Soledad del Zócalo, se convertirá en el museo de la ciudad.
Velázquez Aguirre confió en que se mantenga una buena ocupación hotelera en el municipio.
Insistió en que se trabaja en coordinación con las fuerzas federales para garantizar la seguridad en el municipio.

Protestan padres de la primaria Eucaria Apreza de la capital; exigen el regreso de una maestra

Madres de familia de alumnos del 2-A de la primaria Eucaria Apreza, de la colonia PPS en Chilpancingo, protestaron en las oficinas de la zona escolar 01 de primarias, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para exigir el regreso de la maestra que fue cambiada el pasado viernes.
A las 2 de la tarde de este miércoles, un grupo de siete madres de familia de la escuela colocaron cartulinas en la fachada del edificio, donde se leía que los maestros de la primaria fueron respaldados por el supervisor para sacar de la institución educativa a la maestra Rosalba Galeana Tapia.
En el lugar, la madre de familia, Florencia Gutiérrez, explicó que el viernes de la semana pasada fue removida de su grupo la maestra, sin que se les diera alguna explicación de la acción realizada.
Dijo que a los padres de familia de los 22 niños les preocupa cómo van a concluir el año escolar, ya que actualmente no reciben clases por ningún suplente y que además no han sido evaluados para concluir el ciclo.
Agregó que la determinación de los padres y madres de familia del segundo grado, es que se reintegre a la maestra al salón de clases y termine con el ciclo escolar frente al grupo con el que inició.
Explicó que los maestros del mismo plantel educativo señalan a la maestra como problemática, por lo que ellos de manera alevosa pidieron al supervisor que la sacara del plantel educativo.
Las madres de familia que participaron en la colocación de las cartulinas, aseguraron que sus niños no han tenido ningún problema con la maestra removida, por lo que exigieron que fuera regresada a su salón.
Los padres acudieron este lunes a la SEG y la Secretaría Particular del gobernador Héctor Astudillo Flores, para pedir que intervengan en el caso y se resuelva antes de que pierdan clases.

 

Autoriza el Congreso el regreso de Ramírez Crespo a Cocula y exonera a la alcaldesa de Apango

Con el rechazo de Movimiento Ciudadano y Morena, el Congreso local aprobó ayer el dictamen por el que se deja sin efectos la licencia y se autoriza la reincorporación en el cargo del alcalde de Cocula, el perredista Erick Ulises Ramírez Crespo, quien estuvo preso ocho meses en un penal de máxima seguridad acusado de delincuencia organizada.
También se aprobó el dictamen de la Comisión de Examen Previo que declaró improcedente la denuncia de responsabilidad política promovida en contra de la alcaldesa de Mártir de Cuilapan (Apango), Felicitas Muñiz Gómez, y en consecuencia el caso no será turnado a la Comisión Instructora.
Este jueves el Congreso local celebró dos sesiones ordinarias en las que resolvió los casos de Cocula y Apango.
El dictamen de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, que preside la perredista Rosa Coral Mendoza Falcón, autoriza a Ramírez Crespo su reincorporación al cargo de presidente municipal.
El pasado 3 de noviembre Ramírez Crespo informó que había solicitado al Congreso una prórroga para que no se tocara el tema de su reincorporación hasta que existieran las condiciones de seguridad para que regresara a Cocula, luego de la amenaza en su contra que se dejó en un mensaje clavado con un picahielos en el pecho del director de tránsito del municipio, Luis Alberto Bahena Mora, asesinado 27 de octubre.
En el documento se lee que el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito revocó el auto de formal prisión dictado en contra de Ramírez Crespo, acusado de delincuencia organizada, y en consecuencia se dictó Auto de Libertad con las reservas de ley.
“Por lo tanto, al C. Erik Ulises Ramírez Crespo, le asiste el derecho para incorporarse al cargo y funciones de presidente municipal, por el hecho de haberse resuelto jurídicamente el motivo por el cual esta Legislatura ordenó llamar a asumir el cargo a su suplente”, se lee en el dictamen.
El documento establece que no se acreditó la responsabilidad de Ramírez Crespo en la comisión del delito que se le imputaba, razón por la que se ordenó su libertad y se dejó sin efectos el decreto que ordenó llamar Carlos Alberto Duarte Bahena para asumir como alcalde suplente.
El dictamen fue aprobado por mayoría de votos con el aval del PRI, PVEM, PRD y PT, mientras que Movimiento Ciudadano y Morena votaron en contra.
Por su cuenta, la Comisión de Examen Previo que preside el priista Saúl Beltrán Orozco, presentó el dictamen por el que se declara improcedente la denuncia de responsabilidad política promovida en contra de la alcaldesa de Apango, Felicitas Muñiz, militante de Movimiento Ciudadano.
El dictamen fue aprobado a casi seis meses de la toma del palacio municipal, movimiento que encabeza el síndico Benito Sánchez Ayala y tres regidores que exigen la revocación de mandato de Muñiz Gómez, a quien acusan de nepotismo, desvío de recursos y corrupción.
La toma comenzó la noche del 17 de mayo y 14 días después el grupo opositor presentó formalmente ante el Congreso la denuncia.
En el dictamen, la Comisión expuso que no había elementos que supongan que Muñiz Gómez incurrió en irregularidades o en violaciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre o a la Constitución del estado.
“Ha quedado previamente argumentada la inexistencia de actos u omisiones que vulneren los principios fundamentales de la Constitución Política Local o infrinjan las leyes que regulan el manejo del patrimonio del Estado o de los Municipios, por lo que no se justifica un análisis de este punto para determinar la responsabilidad de la servidora pública denunciada”, se lee.
Otro de los elementos de los que se valió la Comisión de Examen Previo para declarar improcedente la denuncia fue la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) por la que se ordena ejecutar los actos jurídicos y materiales que resulten necesarios, encaminados a garantizar el correcto desempeño del cargo de Felicitas Muñiz como presidenta municipal al considerar que se configuraba violencia política de género en su contra por parte de sus opositores.
Antes de la votación, se desató un debate que se extendió por más de una hora entre diputados del PRD y Movimiento Ciudadano, pues los primeros consideraron que la comisión dictaminadora no se pronunció respecto a los señalamientos que existen en contra de la alcaldesa, principalmente el de nepotismo, pues consideraron que eso nada tiene que ver con asuntos de género.
Luego de la larga discusión, el dictamen fue aprobado por las fracciones del PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano.

Anuncian el regreso de la Policía Federal y una inversión de 200 millones en Seguridad Pública

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el gobernador Héctor Astudillo Flores anunciaron una inversión conjunta de 200 millones de pesos para comprar equipo, patrullas y contratar más policías para reforzar la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Este miércoles, el secretario encabezó otra reunión del gabinete de seguridad federal en Aca-pulco, donde se habló de la situación que se vive en la principal ciudad de Guerrero, y en conferencia de prensa informó que la Policía Federal ya está llegando  para retomar la vigilancia en municipios como Chilapa.
En la conferencia, Osorio Chong fue reiterativo al manifestar que el estado tiene que fortalecer sus cuerpos de seguridad, porque las fuerzas federales no pueden estar permanentemente aquí.
Luego dijo que ni el Ejército, la Marina, la Policía Federal, la Gendarmería o incluso el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) pueden estar haciéndose responsables de la seguridad de cada entidad del país, y no por falta de voluntad, es por atribución y porque no hay capacidad. Recordó que la Cons-titución marca que las 32 entidades tienen su propia responsabilidad en materia de seguridad y tienen que hacerse cargo de ella.
Manifestó que el gobierno federal apoya a Guerrero porque aquí no se había trabajado contra el crimen organizado, pero ahora existe la voluntad del gobernador Astudillo para hacerlo, pero también tiene que avanzar.
Dijo que el Ejército está prácticamente desplegado en todo el territorio; la Marina en los litorales; y la Policía Federal hace un esfuerzo por estar en varias entidades, pero “no podemos hacer ni funciones municipales, ni funciones estatales, ni responsabilizarnos de lo que le toca a los gobiernos de los estados”.
Osorio Chong subrayó que el gobierno ha apoyado y no ha escatimado ningún tipo de recursos ni de apoyo, y que lo seguirán haciendo porque es la instrucción del presidente, pero “tenemos que pasar a que sean las propias entidades que se hagan cargo de lo que les corresponde, de acuerdo a la Constitución”.
Indicó que el presidente Enrique Peña Nieto autorizó una inversión que va a permitir complementar acciones de fortalecimiento, que es el “llamado que se le hace a todos los estados, fortalecer su institución de seguridad, el gobierno federal sólo apoya pero no puede hacerse responsable de lo que le corresponde a los estados” y volvió a reconocer que ahora en Guerrero “se está atendiendo lo que no se había atendido por años” en el combate a la delincuencia organizada.
Expuso que no se puede seguir con una policía donde el 40 por ciento ya tiene una mayoría de edad, lo que no le permite servir adecuadamente a la ciudadanía, y otro porcentaje está dedicado a la protección de personas, sí por medidas cautelares, pero que se tiene que hacer un redireccionamiento porque se tiene que cuidar a la mayoría.
Agregó que la federación ayudará al gobierno del estado para que sean mejores las prestaciones y la capacitación que deben tener los policías.
Dijo que en el futuro se harán planteamientos para que con el nuevo sistema de justicia penal no se favorezca a delincuentes.
Sobre el incremento de la violencia en el estado dijo que no hay “varitas mágicas” para resolver un problema complejo, pues “por muchos años” se dejó de hacer la acción que le corresponde a la autoridad local.
Indicó que no es con más policías como se resuelve necesariamente la inseguridad, sino con tecnología, como sucedió con el C-4, que ahora va a permitir vigilar más colonias.
La reunión del gabinete de seguridad federal se realizó dos días después de una jornada violenta en Acapulco, en la que hubo seis muertos, uno de ellos en la vigilada playa Papagayo.
También dos días después de que fue baleada la notaría de la que es titular el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado.

Al 90 por ciento el C-4

El pasado 2 de mayo, en la reunión mensual del gabinete federal de seguridad para Guerrero, Osorio Chong anunció que el Ejército se encargaría de los centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) del estado y que se construiría un Centro de Coordinación C-5. Sobre ello, el secretario de Gobernación dijo que ahora los C-4 están en un 90 por ciento de su capacidad de operación.
Osorio Chong indicó que no ha sido fácil y que en dos meses personal del Ejército trabaja para componer, restablecer y operar adecuadamente los centros.
Dijo que las llamadas se han incrementado y cada una de ellas se ha atendido. Aunque dijo que también varias han sido bromas.
Sobre la reunión dijo que se revisaron temas por regiones y se vio el tema de la temporada turística  que va con sus altas y bajas. Indicó que las autoridades trabajan para que se den condiciones de tranquilidad para todos.
Osorio Chong dijo que reconoce dificultades en algunas regiones, donde se va a hacer el trabajo de inteligencia, y que en la reunión se analizaron varias estrategias que se tienen que establecer y “con ello resolver la problemática que se está presentando”.
Sobre Acapulco, donde se siguen cometiendo homicidios, “también habremos de ya establecer una estrategia en lo particular. Seguimos adelante con la estrategia general, pero se tiene que ir moviendo de acuerdo a las circunstancias”.
Agregó que a petición del gobernador Astudillo en la reunión se hizo el compromiso de regresar una cantidad importante de elementos de la Policía Federal y de la Gendarmería para apoyar en las labores de seguridad en varios municipios.
Mientras que el gobernador Héctor Astudillo agradeció la presencia del gabinete de seguridad en la reunión donde analizaron una “serie de circunstancias, acontecimientos, números en relación al tema de la seguridad”.
Añadió que había acciones importantes, como la inversión de 200 millones, cien del gobierno del estado y otros cien de la federación, para equipar de “mejor manera tanto en lo humano como también lo material a la Secretaría de Seguridad Pública”.
Dijo el gobernador que también tocaron la temporada de vacaciones y que los números que tienen “son muy buenos”.
Manifestó que en la reunión “se han tratado una gran cantidad de temas que tienen que ver con la seguridad de Guerrero”.
En esta reunión estuvieron los secretarios de la Defensa Nacio-nal, general Salvador Cienfuegos Zepeda; de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón Sanz; el Comisionado Nacional de Segu-ridad, Renato Sales; la procuradora General de la República, Arely Gómez, y el secretario general del Cisen, Miguel Robles Bárcena
También el secretario de Go-bierno Florencio Salazar; el fiscal Xavier Olea; el responsable de la Estrategia Guerrero, general Alejandro Saavedra, el comandante de la Octava Región Naval, almirante Juan Guillermo Fierro, y el secretario de Seguridad Pú-blica estatal, Pedro Almazán.