El dirigente de los pescadores de la comunidad Petacalco en el municipio de La Unión, Gilberto Barrera Reyes, manifestó que “hubo avances muy buenos” en la reunión, que el pasado viernes 20 de enero, tuvieron con funcionarios de la Subsecretaría de Gobernación en la Ciudad de México.
Informó que dialogaron de la indemnización que exigen por la contaminación provocada al río Balsas por el derramamiento de 32 mil litros de combustóleo que derramó una pipa propiedad de la empresa Flensa SA de CV, ocurrido en febrero de 2016.
Una comisión de los pescadores, encabezados por Barrera Reyes, acudió a la Ciudad de México a la reunión organizada por el subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, en la que estuvieron autoridades federales y estatales, para solucionar las exigencias de los pescadores.
Ayer, los pescadores que participaron en dicha reunión convocaron a sus compañeros en la plaza principal de Petacalco, para darles a conocer los seis acuerdos pactados con las autoridades en una minuta, de la cual los pescadores dieron una copia a El Sur.
En el documento destaca que los pescadores se comprometen a entregar a la Secretaría General de Gobierno estatal, el estudio de impacto ambiental que realizó el biólogo Arturo Pérez Quiroz en la zona del río Balsas contaminada por el combustóleo, así como la documentación de cada cooperativa pesquera para integrar el expediente del caso.
También señala que la dependencia estatal se encargará de solicitar la información necesaria sobre el caso, a las dependencias gubernamentales involucradas como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), y la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), entre otras.
Otro de los acuerdos fue que el próximo 27 de enero, se llevará a cabo una reunión técnica interinstitucional para buscar alternativas de solución a la demanda de los pescadores; a esta reunión se convocará a representantes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a la Secretaría de Agricultura , Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro), y a la Procuraduría General de la República (PGR); y ese mismo día, las autoridades se reunirán con los representantes de los pescadores para informarles las propuestas de solución.
Además se acordó que el gobierno estatal ofrecerá orientación legal a los pescadores para que presenten las denuncias legales en contra de quien resulte responsable.
La minuta detalla que el próximo 3 de febrero, se citará a la empresa Flensa SA de CV, en la que los pescadores solicitaron que esté presente el subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros y el secretario General de Gobernación, Florencio Salazar Adame.
Vía telefónica ayer, el dirigente de los pescadores dijo que están “contentos con (el subsecretario de Gobernación) René Juárez (Cisneros), porque es un funcionario derecho, lo conocemos desde que era gobernador y venía hasta acá a atendernos personalmente… estamos también agradecidos con el secretario (General de Gobierno) Florencio Salazar (Adame) por el cambio de actitud del subsecretario (de Asunto Políticos de la Secretaría General de Gobierno) José Martín Maldonado (del Moral), estuvo en la reunión en la Ciudad de México y se portó muy bien con nosotros”.
Afirmó que confía en que se cumplan los acuerdos pactados en la minuta y espera que el próximo 3 de febrero, estén presentes en la reunión con la empresa Flensa, Juárez Cisneros y Salazar Adame.
El dirigente de los pescadores de Petacalco, municipio de La Unión, Gilberto Barrera Reyes informó que el subsecretario de la Secretaría de Gobernación (Segob), René Juárez Cisneros se contactó con ellos para pedirles toda la información que tienen de la contaminación al río Balsas debido al derramamiento de combustóleo, pero no se la dieron porque “él puede conseguirla tanto en el gobierno del estado y en todas las dependencias federales que la tienen, nosotros ya tomamos la decisión y no vamos a dar marcha atrás”.
Ayer vía telefónica Barrera Reyes dijo que tanto René Juárez como su colaborador Daniel Pano Cruz le hablaron para que les enviara toda la documentación sobre el caso del derramamiento al brazo izquierdo del río Balsas de 32 mil litros de combustóleo que eran transportados en una pipa propiedad de la empresa Flensa SA de CV, ocurrido el 13 de febrero del año pasado.
“Pero la documentación la tiene la Secretaría General de Gobierno y como ellos son gobierno ellos se pueden auxiliar pidiendo los documentos necesarios por el derramamiento del combustóleo (…) ya no tiene caso que demos nosotros documentación, solamente queremos que se agilice esto, y para que se agilice no nos queda otro camino más que movilizarnos.”
Agregó, “el gobernador (Héctor Astudillo Flores) ni caso nos hizo y ni modo, somos amigos pero no con amigos se come. Los pescadores de Petacalco tienen hambre, tienen deseos de que les den solución, que nos apoye el gobierno y no ha sido posible. Teníamos confianza de que el gobernador nos iba a recibir para arreglar el asunto con él directamente, desgraciadamente no fue posible, no sé qué piedras hubo en el camino para que no nos atendiera, desgraciadamente no se pudo”.
Dijo que acordaron movilizarse y que no tienen miedo, “porque tenemos toda la razón, porque el derecho nos asiste, tenemos un estudio de impacto ambiental pagado por el gobierno del estado y lo agradecemos, pero no sabemos por qué no nos quiso atender el señor gobernador, quién sabe quién nos ha puesto piedras en el camino para que no nos quiera recibir, pero algún día lo vamos a saber, ya pronto vendrán de nuevo por acá para buscar nuestro voto y aquí será donde nos vamos a volver a ver”.
Representantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña acordaron exigir a los gobiernos federal y estatal que cumplan la entrega de granos básicos.
El presentante del consejo, Abel Bruno Arriaga declaró que las instituciones gubernamentales no cumplen con los acuerdos firmados en una reunión en la Ciudad de México con el ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, quien junto con el gobernador Héctor Astudillo Flores se comprometió a que la federación subsidiaría las tres entregas de los granos básicos, y el gobierno del estado la sal, pero ahora dicen que ya no hay recursos para finalizar la entrega.
Detalló que la asamblea del Consejo determinó enviar, al 21 de diciembre, una ficha técnica al secretario particular del subsecretario de gobernación, René Juárez Cisneros, Daniel Pano Cruz, para que éste le informe, porque supuestamente “no saben nada de los acuerdos de la Subsecretaría y del gobierno del estado”.
Contó que el Consejo acordó para el 21 de diciembre una reunión de todos los representantes de los municipios para denunciar ante los medios de comunicación el incumplimiento de los compromisos de las autoridades.
A 21 años de la conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC), es un proyecto inacabado y corresponde a todos mejorar lo que no se ha hecho bien, dijo el consejero de la institución, Sabás Aburto Espinobarros, quien con el también consejero Juan Horta Cruz, son autores del libro El origen de la Policía Comunitaria-Montaña y Costa Chica y fundadores de la organización.
El texto fue presentado la tarde de este jueves en el Palacio de la Cultura, en donde hubo reclamos y la exigencia de la libertad de los presos de la CRAC Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez García.
Además de los autores el libro también fue comentado por el representante del senador perredista Armando Ríos Piter, Mario Hernández Herrera.
Los autores explicaron que en el texto retoman el proceso que vivió la institución indígena desde su formación en octubre de 1995 a 1998, aunque también se incluyen dos de las crisis más fuertes que ha vivido, la del 2002 durante la primera “embestida” por el gobernador René Juárez Cisneros, cuando integró averiguaciones previas y liberó órdenes de aprehensión en contra de las autoridades comunitarias, así como la del 2013 cuando del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien intervino para dividir a la CRAC-PC mediante Eliseo Villar Castillo, ahora preso.
Juan Horta explicó que el libro “es un bebé que fue deseado desde el 2015”, cuando comenzaron a concebirlo, aunque aclaró que ya había habido muchos intentos, que tres veces estuvo a punto de abortar, pero que afortunadamente nació sano.
Sabás Aburto explicó que en el libro está el contenido “del por qué de los por qué” surgió la Policía Comunitaria, después de varios intentos y reuniones con el procurador de justicia y el secretario de Seguridad Pública, sin que se hubiera logrado.
Aclaró que no fueron esas reuniones con los funcionarios las que ayudaron a la formación de la Policía Comunitaria, sino las prolongadas asambleas de los pueblos que buscaban acabar con la inseguridad, los robos, asaltos, violaciones a las mujeres y asesinatos en el corredor Montaña-Costa Chica.
Añadió que después se vinieron acontecimientos como la masacre de Aguas Blancas, los asesinatos del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, el asesinato del ex gobernador José Francisco Ruíz Massieu y la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, “todo eso nos empujó a la organización, y si no fuera por esos acontecimientos la Policía Comunitaria no hubiera surgido”, reconoció.
Detalló que también fue fundamental la participación de las organizaciones sociales, como Los de la Montaña, 500 Años de Resistencia Indígena, las Triple S y los Consejos Comunitarios de Abasto de Diconsa. Todo eso se conjuntó “para que la semilla de la Policía Comunitaria germinara”.
Juan Horta destacó que los logros de 1995 a 1998 fueron el desmantelamiento de las bandas delincuenciales, algunas de hasta 50 criminales, la disminución de la inseguridad, la desaparición de la Policía Motorizada que fue la responsable de la masacre del vado de Aguas Blancas, así como el reconocimiento a la CRAC-PC por el Gobierno, cuando se reconoció que la Policía Comunitaria no se trataba de una guerrilla como se le acusaba.
Sin embargo añadió que 21 años después, la defensa de la CRAC-PC sigue porque los embates del gobierno continúan, “todavía hay algunos funcionarios que nos siguen llamando ilegales porque desconocen el marco legal, o lo interpretan a su manera y conveniencia.
Frente a estas circunstancias, explicó que los retos son la defensa de la CRAC-PC ante los ataques extornos e internos, que sea reconocida dentro de la Constitución Política del Estado porque en la última reforma, “casi nos ponen un freno y nos hacen a un lado”.
Asimismo dijo que otro reto es concientizar para que no se siga confundiendo a la CRAC-PC con otros grupos que también se dicen policías comunitarias, pero que no cuentan con un reglamento y no tienen como base las asambleas.
Otro de los comentaristas, el representante del senador Armando Ríos Piter, Mario Hernández explicó que el proyecto deja un aprendizaje para replicarlo en todo el estados, “es el mejor ejemplo que existe en el estado del poder popular”, definió.
Agregó que este modelo está afianzado en las asambleas comunitarias y que por eso ha funcionado muy bien, a diferencia del sistema gubernamental en el que ya no hay confianza y la inseguridad está a la orden del día.
En la etapa de preguntas el presidente del Colegio de abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García manifestó que ya hacía falta un documento de este tipo.
Asimismo de entre el público surgieron inquietudes y cuestionaron a los autores y consejeros de la CRAC-PC, cosas como la falta de autonomía al recibir recursos de los ayuntamientos, reunirse con funcionarios del gobierno del estado y aceptar la credencialización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Yo me quedo con lo que era antes la CRAC, que su esencia era su autonomía y que se regía por sus usos y costumbres”, dijo por ejemplo, Maricela Juárez Ocampo, de la colonia Comunidad Emperador Cuauhtémoc.
Roberta Campos Adame integrante de la CRAC-PC La Patria es Primero de El Fortín, criticó que hayan recurrido para la edición del libro al senador perredista Armando Ríos Piter, “que ha aprobado leyes en contra del pueblo, ¿dónde está esa autonomía?, preguntó y luego cuestionó al senador que se quiera montar en el prestigio de la CRAC.
Otro de los asistentes preguntó la postura de los consejeros y autores del libro de los presos. Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez García, para entonces algunos de los asistentes comenzaron a desplegar y a alzar pancartas: “Libertad a Gonzalo Molina, preso político de la CRAC”, “Atención médica a Gonzalo Molina”, “Libertad a Samuel Ramírez García”, “Respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas”, se leyó en algunas de las cartulinas.
En respuesta a las críticas Sabás Aburto dijo que el camino de la CRAC no tiene fin, “nos vamos a ir nosotros a descansar y la CRAC-PC va a seguir porque es un proyecto inacabado, y con el esfuerzo de todos debemos mejorar lo inacabado y lo que no se hizo bien”.
Luego dijo que la autonomía es un proceso que se va construyendo poco a poco, pero precisó que la CRAC-PC es apartidista y que no está sometida a algún partido político, y menos a algún candidato, “lo que nos une es el problema de la inseguridad” y explicó que tienen que recurrir a representantes populares como al senador, a los presidentes municipales porque es un derecho acudir ante ellos.
Aclaró que la CRAC no es apéndice del gobierno ni de ningún partido, “pero no podemos ni debemos permanecer como en una isla, necesitamos mantener relaciones buenas o malas”. Aseguró que la libertad de los presos la tratan mediante la defensa jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, pero que no se sabe de su intervención, “porque poco nos gusta salir en los medios de comunicación”.
Aclaró que en 2013 se dio la credencialización de los policías comunitarios “por las prácticas desviadas” del entonces coordinador de la casa matriz con sede en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, debido a la intervención del gobernador Ángel Aguirre.
Subrayó que el ahora ex coordinador, (actualmente preso por homicidio), recibió el apoyo del gobernador para desmantelar a la CRAC-PC y con ello frenar a la institución, porque su función no es sólo velar por la seguridad, sino también evitar que avancen los proyectos mineros en la Montaña y Costa Chica.
Preció que a la Policía Comunitaria no se le respeta por las armas, sino por el respaldo con el que cuenta, “así carguen sólo un machete, cuentan con el poder popular”, y denunció que por eso ha habido muchos intentos de destruirla.
Durante la reunión de agrupaciones de migrantes guerrerenses radicados en Estados Unidos, la secretaria de Desarrollo Social del gobierno del estado, Gloria María Sierra López, dio a conocer que la Contraloría investiga el destino de un millón de pesos que el gobierno de René Juárez Cisneros entregó “a un particular” de Chicago para la adquisición de un inmueble que albergue la Casa Guerrero en esa ciudad.
El tema salió a colación por la queja de Erasmo Salgado Jiménez, presidente de Clubes Unidos del Medio Oeste, quien indicó que desde el inicio del gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, “le hemos cuestionado que en el sexenio de René Juárez se entregaron 100 mil dólares a un grupo de particulares para la supuesta compra de un inmueble de la Casa Guerrero en Chicago y no existe ningún convenio”.
Salgado Jiménez aseveró que no existe “sede que albergue como una expresión de todos los migrantes, exigimos que se regrese ese dinero a las arcas del estado y se estudien las mejores posibilidades para adquirir un inmueble o que lo regresen (el dinero) a las comunidades más necesitadas de nuestra patria chica”, dijo.
Greg Salgado, presidente de la Federación de Guerrerenses Radicados en Chicago, respondió en esta alusión que habían recibido ese recurso con el que afirmó habían adquirido “una propiedad en Chicago, donde pusimos un pronto pago de 110 mil dólares y el precio total costó 440 mil dólares, teníamos cero dólares y ahora hay un pago de 2 mil 500 dólares al mes; todos pueden llegar no se le prohíbe la entrada a nadie es para todos”, dijo.
Sin embargo, se encontró con una tajante respuesta de Sierra López, quien dijo que el gobierno de Guerrero “no reconoce ninguna Casa Guerrero en Estados Unidos, el gobierno de Guerrero no asume la responsabilidad ninguna casa de los guerrerenses, el gobierno no ha sido tomado en cuenta para la adquisición de la misma”.
La titular de la Sedesol estatal indicó que los recursos fueron entregados el 13 agosto del 2003 en un cheque a una persona física, Fabián Morales Marchán por un monto de un millón de pesos, cuando las reglas de operación no lo permitían y para la adquisición de Casa Guerrero. “Seguramente fue por causas nobles y el asunto lo está manejando la Contraloría del estado porque no se han comprobado esos recursos”, aseveró.
En un tono más conciliador, Gloria Sierra hizo un “llamado a la unidad, a la concordia, un llamado a las conciencias para que unamos los esfuerzos de migrantes y los que vivimos en Guerrero, si no llegamos a acuerdos y no dejamos de lado estas diferencias, no vamos a salir adelante en Guerrero. Veo con mucha preocupación que a nivel organizacional se perciben diferencias”.
La lista de los que se integran a la campaña del candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, la encabezan priístas que fueron funcionarios con René Juárez Cisneros y que participaron en la campaña a gobernador de Héctor Astudillo Flores.
Con 35 años de militancia el ex diputado federal y local, ex dirigente de la CNOP estatal e identificado con el figueroísmo Abel Eloy Velasco Velasco fue una de las adquisiciones de Salazar Adame.
Abel Eloy fue coordinador de campaña de René Juárez Cisneros para gobernador en 1999, posteriormente representante del gobierno de Guerrero en el Distrito Federal en esta administración, y su más reciente cargo en el priísmo fue el de coordinador operativo de la campaña de Héctor Astudillo Flores hace un año.
Uno de los que más sorpresa causó fue el coordinador de enlace de la dirigencia estatal priísta con los candidatos a diputados federales y senadores, Marco César Paris Peralta Hidalgo, quien apenas el domingo declaró que de acuerdo con una encuesta de Mitofski, está arriba el candidato del PRI a diputado federal Héctor Vicario Castrejón y sus candidatos a senadores.
Peralta Hidalgo fue dirigente de Bases Sociales del PRI en Chilpancingo, ex presidente del Colegio de Economistas en Guerrero y ex subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Salud en el gobierno de Juárez Cisneros.
También fue presentado el ex presidente de Capacitación Política e ideológica del PRI estatal, ex contralor en el gobierno de Rogelio de la O en Acapulco, cuñado de la ex notaria Bella Hernández, a quien el gobierno del estado le retiró la patente, participó activamente en la campaña de Astudillo, Roberto Marbán Marbán.
Uno más fue Ernesto Sandoval Cervantes, a quien se le ubica en el grupo del fallecido ex gobernador Alejandro Cervantes Delgado, ex presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, en dos ocasiones diputado local y con quien tuvo diversos cargos públicos en los diversos gobiernos priístas.
Esteban Valdeolívar, ex secretario particular y de prensa cuando Héctor Apreza fue dirigente estatal, y en el 2005 encargado de prensa de la campaña de Héctor Astudillo, además integrante de la Unión Ganadera.
Cuauhtémoc Tabares Juárez ex presidente del PRI en Acapulco entre 1987 y 1988; secretario de de Finanzas del PRI de 1989 al 90; oficial mayor de la Cámara de Diputados cuando Florencio Salazar fue presidente de la Comisión de Gobierno.
Ana Luisa Olea Peláez, hija del ex gobernador interino, Xavier Olea Muñoz, y quien fue subsecretaria de Turismo en la pasada administración; el ex procurador del Turista, Jorge Muñoz Sánchez; y Luis Orbe Galeana, ex regidor del PRI quien participó en la pasada campaña de presidente municipal de Convergencia.
Armando García Larumbe, ex subsecretario de Desarrollo Económico en la pasada administración priísta, quien trabaja como coordinador de campaña de la candidata del PAN en el distrito 09, María de los Ángeles González Astorga, fue cercano al ahora candidato por el PRD a diputado, César Flores Maldonado.
Además de Antonio del Valle, cercano a Juan Salgado quien apoyó a Miguel Mayrén en la precampaña interna del PRI del 2003, y en la pasada elección de alcaldes se acercó a Convergencia, dirige una organización campesina y pesquera; Dagoberto Delgado, presidente de Cooperativas Pesqueras; Abad Liborio Saligán, dirigente de jóvenes de la CNC; Luis Luz, dirigente de seccionales del PRI; el dirigente de Líderes Seccionales del PRI, Antonio Guerrero Organiz.
El ex regidor en Acapulco, José Leonor Palma, Rodolfo Capila Calva, ex líder del sindicato de trabajadores del ISSSTE e integrante de la campaña de Astudillo; el ex secretario de Acción electoral del PRI estatal quien ocupó diversos cargos en el gobierno del estado, Javier Pulido y Luis Orbe Galeana.
El sistema electrónico de Monitoreo Meteorológico de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), que tiene como propósito conocer las condiciones climáticas y medir la cantidad de agua generada por la lluvia en las diferentes regiones para diseñar un plan de atención ante el riesgo de un incidente, funciona parcialmente debido a fallas en una de las ocho estaciones y la falta de internet para transferir la información.
Las estaciones de monitoreo fueron adquiridas al cierre del gobierno de René Juárez Cisneros en 80 mil pesos y la actual administración se encargó de instalarlas en las ciudades de Zihuatanejo, Altamirano, Acapulco, Cuajinicuilapa, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Tlapa.
Sin embargo, la estación ubicada en Chilpancingo no funciona y la que se encuentra en Tlapa no puede transferir los datos recabados por carecer de internet, lo que impide que los datos en el portal de la dependencia estén actualizados.
Esta situación afecta otro de los propósitos del programa de Monitoreo Meteorológico del gobierno, ya que estaba considerado también como una herramienta para conocer la evolución de las condiciones climáticas en el estado que a largo plazo iba a permitir realizar recomendaciones útiles para la actividad agrícola y la conservación de niveles máximos de agua almacenados en las presas.
Sin en el quórum requerido en la sesión –con ocho diputados presentes de un total de 30–, la madrugada de ayer la secretaria de la Juventud, Yolanda Villaseñor Landa, dio a conocer que de acuerdo a un estudio que ordenó hacer, el principal problema de los jóvenes en Guerrero es el desempleo.
Por eso explicó que pretende cambiar el concepto de Secretaría “balonera y bicicletera” –como ocurría en la administración de René Juárez Cisneros–, a una Secretaría desarrolladora de capacidades, y para eso solicitó a los diputados reformas legislativas para garantizar la participación de los jóvenes en la toma de decisiones en los ámbitos de poder en la entidad.
La reunión de trabajo con Yolanda Villaseñor, la condujo el presidente de la Comisión de la Juventud, Esteban Albarrán Mendoza. Eran las 12 y media de la noche y varios diputados se salieron del Salón José Francisco Ruiz Massieu.
El desinterés de los diputados no inmutó a Yolanda Villaseñor, aunque Esteban Albarrán no supo qué hacer cuando la secretaria de la Comisión de Asuntos de la Juventud, Rossana Mora del PRD se lo hizo notar.
Ya entrados en los trabajos, Yolanda Villaseñor se apoyó en medios audiovisuales y a la pregunta del diputado Raúl Tovar Tavera del PRI, explicó que el desempleo es el principal problema de la juventud en Guerrero y eso provoca que la mayoría emigre a Estados Unidos.
Como lo hizo antes la secretaria de la Mujer, Rosa María Gómez Saavedra, Yolanda Villaseñor reconoció que su Secretaría maneja un modesto presupuesto –10 millones de pesos– por lo que la tarea principal en el 2005 fue la de lograr la concurrencia de los programas de otras secretarías para canalizar las demandas de los jóvenes.
A Wulfrano Salgado Romero del PRD, Yolanda Villaseñor le dijo que le enviaría la información detallada sobre los beneficios a jóvenes por municipios, aunque le señaló que la tienen disponible en la página Web de la Secretaría.
Entonces la joven funcionaria explicó a los diputados que pretende cambiar el concepto de una Secretaría “balonera y bicicletera”, a una desarrolladora de capacidades de jóvenes. Y rechazo que se denomine a los jóvenes como un sector vulnerable, porque tienen la fuerza y capacidad para desempeñar cualquier tarea de desarrollo en el estado.
Aunque comparó a los jóvenes con la tierra seca, “porque cuando les cae agua la absorbe toda y así ocurre con los recursos destinados al sector”, por eso dio a conocer que realiza un estudio de cuántos jóvenes participan en toma de decisiones.
Señaló que hacen falta espacios de representación política para jóvenes y propuso legislar para garantizar la participación juvenil en todas las áreas, “como en el Poder Judicial donde impera el criterio de la promoción familiar”, le respondió al diputado de PRD, Felipe Ortiz Montealegre.
Una interrogante a Yolanda Villaseñor del diputado del PVEM, Alejandro Carabias Icaza, fue cómo le haría para integrar a la juventud. La secretaria en su respuesta reiteró que el problema es el desempleo que genera migración y origina que los jóvenes caigan en situaciones no deseadas, que deteriora las condiciones humanas.
Dijo que si en la Secretaría en administraciones pasadas hubieran cumplido con sus tareas, no debería existir la Secretaría de la Juventud y en eso coincide con el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, pero ahora se busca fortalecer al sector con programas que lo beneficien.
Sobre la situación de los jóvenes discapacitados sobre los cuales quiso saber la diputada postulada por el PRD, Aurora Martha García, Yolanda Villaseñor explicó que en este año 2006 impulsarán programas para asistirlos, porque en el 2005 apenas llegaron a la dependencia a crear la estrategia.
Rossana Mora del PRD le cuestionó gastarse 250 mil pesos en un concurso de oratoria y 400 mil en organizar una fiesta. Luego le reclamó a la funcionaria por qué no entregó los recursos a las casas de estudiantes universitarios, que originó un subejercicio del 50 por ciento del presupuesto aprobado para el 2005, que fue de 10 millones de pesos.
La secretaria explicó que el gasto en el concurso de oratoria no le tocó definirlo, porque el presupuesto cuando llegó a la dependencia ya se había aprobado y es una actividad que se promueve en Chilpancingo y del gusto de sus habitantes que se festeja el 13 de septiembre como parte de los festejos de la instalación del Primer Congreso de Anáhuac.
Dijo que existen 64 casas del estudiante en Chilpancingo, 15 en Acapulco y el resto distribuidas en el estado. Explicó que en la revisión encontraron que 11 de ellas no existen de las 64 que supuestamente hay Chilpancingo, y que en otras, las actividades son de uso partidista.
Adelantó que en las casas con promedio de aprovechamiento de 7.5 no se les entregará equipamiento, otra que tenga mayor calificación en promedio escolar mínimamente las dotarán de equipo de cómputo, además de que impulsarán programas de salud, educación sexual, drogadicción y adicciones, y para ello se pondrá de acuerdo con el rector de la UAG.
Explicó que se suspendieron apoyos a casas de estudiantes de la UAG, porque el equipamiento lo utilizarían para las campañas internas de rector y una prueba fue que pasada la elección los jóvenes dejaron de exigir los apoyos.
También dio a conocer que en el 2006 blindarán los recursos presupuestados para evitar su desvío. Ya no le alcanzó el tiempo para explicar por que gastó 400 mil pesos en una fiesta.
En la tercera ronda, Rossana Mora acusó a Yolanda Villaseñor de ocultar el subejercicio de la Secretaría en un porcentaje del 50 por ciento equivalente a 5 millones de pesos –de un total de 10 millones que ejerció en el 2005– que deberían ser destinados a las Casas de Estudiantes, y no se les entregó.
Yolanda Villaseñor en su despedida no respondió a Rossana Mora, sólo agradeció el interés y compromiso de los diputados de trabajar juntos por los jóvenes.
Alumnos del Colegio de Bachilleres que harán su servicio social en escuelas de la Tierra Caliente dijeron que van a alfabetizar a 25 mil habitantes, porque según datos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) en la región existen más de 40 mil analfabetas.
El coordinador administrativo del Colegio de Bachilleres (Cobach) inauguró en el plantel 5 el taller de capacitación a profesores y directivos que tendrán a su cargo la conducción del programa de alfabetización.
Ese programa es parte de la Cruzada de Alfabetización “Ignacio Manuel Altamirano”, empezado en el gobierno de René Juárez Cisneros, el cual debía llevar a cabo los funcionarios de las distintas dependencias gubernamentales y que al final no dio los resultados que se esperaban.
Ahora se llevará a cabo por medio de los estudiantes que cumplirán su servicio social, quienes deberán alfabetizar a cinco adultos analfabetas cada uno. Al finalizar el próximo ciclo escolar se habrá alfabetizado a 25 mil analfabetas, dijo Cárdenas Fabián.
Al comienzo del taller de capacitación, las instructoras mostraron gráficamente el problema de analfabetismo en la región, estableciendo el número de analfabetas por municipio, de acuerdo a datos del Censo de Población y Vivienda de 2004. De esta manera, en el municipio de Ajuchitlán habría 6 mil 870 analfabetas, en Arcelia 3 mil 530; Coyuca de Catalán, 7 mil 750; Cutzamala, 4 mil 920; Pungarabato, 3 mil 350; San Miguel Totolapan, 3 mil 750; Tlalchapa, 2 mil 150; Tlapehuala, 3 mil 700 y en Zirándaro, 4 mil 110, lo que daría una suma de más de 40 mil adultos sin alfabetizar en esa región.
La recomendación número 19/2006 que envió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), el 6 de abril al procurador general de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, por el caso de la desaparición forzada del editor de la revista Mundo Político, Leodegario Aguilera Lucas, está dirigida en contra del ex gobernador René Juárez Cisneros y sus colaboradores, Jesús Ramírez Guerrero, Luis León Aponte y Pedro Loyo Malabar.
En el documento oficial la Codehum considera que los ex funcionarios incurrieron en los delitos de “denegación de justicia, ejercicio indebido de la función pública, irregularidades y dilación en la integración de la averiguación previa”.
En el contenido de la recomendación de la Codehum –a la cual El Sur tuvo acceso–aceptada por la PGJE el 11 de abril, no se fundamenta la presunta responsabilidad de Juárez Cisneros, Ramírez Guerrero, León Aponte y Loyo Malabar en la desaparición forzada de Aguilera Lucas y en cambio se pide investigar a un “agente de Inteligencia Militar” vinculado presuntamente con la desaparición del periodista y que fue identificado por agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) por medio de una fotografía.
En el documento oficial sólo existen acusaciones de la hermana del periodista desaparecido hace dos años, Ernestina Aguilera Lucas, quien presentó la queja ante la Codehum en contra de René Juárez Cisneros, Luis León Aponte, Jesús Ramírez Guerrero y el ex agente del Ministerio Público y actual coordinador de zona de la Policía Ministerial en Tecpan, Pedro Loyo Malabar.
Ernestina Aguilera declara que su hermano realizó una investigación y publicó algunos datos sobre presuntos actos de desvío de recursos del erario público para la construcción de diversos negocios que presuntamente pertenecen al ex gobernador René Juárez Cisneros en Los Cabos, Baja California Sur, Morelos, Querétaro y Acapulco.
Un día antes de su desaparición, Leodegario Aguilera estuvo en la ciudad de Cuernavaca tomando fotos del restaurante del hotel El Madrigal, propiedad de Juárez Cisneros, y posteriormente en esta capital tuvo una discusión con el ex secretario general de Gobierno, Luis León Aponte, indica la hermana del editor de la revista Mundo Político.
En el contenido de la recomendación se indica que Ernestina Aguilera no aportó las pruebas que fundamentaran sus señalamientos, mientras que los ex funcionarios excepto Juárez Cisneros, rindieron un informe a la Codehum donde se deslindan de estas imputaciones.
En este sentido, la Codehum recomendó a Murueta Urrutia que continúen las investigaciones respecto “a la hipótesis” sobre el caso de la desaparición forzada del periodista, Leodegario Aguilera Lucas; así como instruir al agente del MP adscrito al juzgado octavo de primera instancia penal del distrito judicial de Tabares que promueva las diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de otras personas distintas a los ex funcionarios que han sido señaladas como sospechosos.
Estos son un supuesto agente de Inteligencia Militar que fue señalado por la esposa de Aguilera Lucas, Rosa Velásquez Iñiguez como uno de los participantes en el secuestro del periodista y también fue identificado por agentes de la PIM a través de una fotografía, aunque se desconoce su nombre y su ubicación.
Otro de los sospechosos, según la esposa de Aguilera Lucas es el abogado del periodista, Juan Roberto Zamora Cabrera, quien es acusado de pretender vender el terreno donde se encuentra el hotel del periodista a los dueños del bar El Rodeo.
“Tibia” recomendación de Codehum, opina la hermana del periodista
Ernestina Aguilera Lucas calificó de “tibia” la recomendación de la Codehum.
En entrevista en la redacción de El Sur, el viernes, después de conocer el documento de la Codehum, advirtió que seguirá su lucha por medio de organizaciones internacionales porque, dijo, son las únicas que ejercen presión.
Al gobernador Zeferino Torreblanca le pidió “acabar con la escoria” que hay en una institución como la PGJE; afirmó que apenas el mandatario lleva un año de su administración pero sigue la “podredumbre, lo peor” en esa dependencia y exigió que la limpie.
Llamó al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, para que realmente se finque responsabilidades al ex mandatario y miembros de su gabinete porque, cuestionó, cómo es posible que la Codehum resuelva un expediente con las declaraciones escritas que enviaron por separado los señalados.
Por el contrario, criticó que la PGJE sí le fincó responsabilidades a ella cuando su concuña María Rosina Velázquez Iñiguez la denunció porque no permitió que se quedara con la propiedad de su hermano ubicada en calzada Pie de la Cuesta.
A dos años de la desaparición del periodista, Ernestina recordó que agentes del Ministerio Público del fuero común, comandantes de la entonces Policía Judicial bajo el auspicio del entonces procurador Jesús Ramírez Guerrero, el gobernador René Juárez, y el secretario de Gobierno, Luis León, fraguaron un escenario en el que presuntamente a su hermano lo secuestraron y lo quemaron vivo en un predio de la playa Mimosa, y que está cerca del punto conocido como La Curva del Capitán.
Recordó que posteriormente Ramírez Guerrero informó que habían encontrado huesos pero debido a las presiones que hicieron, esos restos fueron enviados con peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) donde confirmaron que se trató de restos de un animal.
Añadió que por ese caso, la PGJE tiene bajo proceso a Alfonso Noel Vargas Baños, El Jhony de 28 años de edad, Alberto Cárdenas Flores de 28, y Juan Carlos Salinas Moreno, El Toro de 18, afirmó que todos ellos son chivos expiatorios quienes enfrentan el juicio en el juzgado octavo penal.
Ernestina llamó a la Codehum y a la CNDH para que realmente emitan una recomendación digna de un cambio; que le indiquen que realmente cambiaron las cosas después del PRI.
