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Ejército y Guardia Nacional se encargarán de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.

Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal

En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.

 

El Ejército y la GN se encargarán de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan gobierno, alcaldesa y CRAC

 

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, firman los acuerdos al término de la reunión con el tlayakanki Nicolás Villarreal, representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y enviados del gobierno federal ayer en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlapa Foto: Comunicación Social

 

Ejército y Guardia Nacional se encargarán
de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan

Suspenderá actividades la Policía Comunitaria para resolver el conflicto político. Se reúnen autoridades de los tres órdenes de gobierno con la CRAC, la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado y el tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio. Entregan comunitarios las armas de la policía municipal y esperan que se retiren órdenes de aprehensión

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.

Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal

En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.

 

Buscan 200 académicos de la UAG direcciones de prepas, facultades y centros, dice el rector

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, indicó que hay 200 catedráticos que buscan postularse como candidatos a directores en 105 escuelas preparatorias, facultades y centros de investigación, con quienes se ha reunido para buscar la unidad, y alertó de una campaña contra las aspirantes mujeres.
En su discurso luego de la ceremonia de honores a la bandera en el patio de la Rectoría, Javier Saldaña se refirió al proceso electoral que inicia este viernes con el registro de los candidatos a directores, y culmina con la toma de protesta de los ganadores en la sesión del Consejo Universitario prevista para el 6 de junio.
Afirmó que están garantizados todos los derechos de los universitarios que deseen participar en las elecciones, siempre “que no hayan faltado a la normatividad” con un acto ilegal en la institución.
Saldaña Almazán informó que se ha reunido con 200 hombres y mujeres catedráticos, quienes quieren participar como candidatos a directores, a los que ha llamado a la unidad y a la cordura. Expresó que a él le interesa tener directores legitimados en el proceso electoral y que no impondrá candidatos.
“Porque si yo enarbolo una candidatura, si regresamos al pasado, comprometemos a la universidad con tiempos completos que no se justifiquen, con categorías que no estén en el contrato colectivo, con contrataciones que la universidad no puede mantener ahora. Eso significa hipotecar a la universidad”.
En declaraciones, el rector alertó que hay una fuerte campaña de agresión contra las mujeres aspirantes y candidatas, pero no mencionó un caso específico y llamó a los universitarios a ir al proceso electoral en forma pacífica, a no agredir y denostar a las mujeres.
En su discurso, el rector también agregó que la universidad está financieramente “pendiente de alfileres”, pero que por lo cuidadoso que ha sido, la administración de la institución no está en la quiebra, como la Universidad Michoacana, que recibe 3 mil millones de pesos de subsidio, es decir, millones más en presupuesto.
En este contexto, agregó que la universidad también ha invertido 10 millones de pesos en la renta de las casas de estudiantes, 5 millones en la compra de alimentos para el Comedor Universitario, además del pago de la seguridad privada, que es de 26 millones de pesos anuales, para las escuelas y áreas administrativas.

Encuentro con candidatos presidenciales

El rector también informó que el jueves y viernes acudió a la reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), con cuatro de cinco aspirantes a la Presidencia de la República, pues el único que aún falta por acudir es López Obrador, a quienes se les hizo la entrega de un documento avalado por más de 191 intuiciones educativas públicas y privadas del país, donde, entre otros temas, se expone la situación de la educación superior en el país, en aspectos tanto académicos como económicos.
Dijo que no habló con ninguno de los cuatro candidatos, quienes se comprometieron a retomar las propuestas de las universidades en caso de ganar las elecciones. Entre ellas, que se nivele el presupuesto por alumno de las instituciones, lo que sería un respiro para la UAG.
En este contexto, recordó que en Guerrero sólo dos de cada diez estudiantes tiene la oportunidad de iniciar una carrera de nivel superior, “nos preocupa mucho”; y ante los reclamos por no abrir otro grupo de la carrera de Medicina, dijo que tiene que ver con la falta de campos clínicos donde los alumnos realicen sus prácticas.
Saldaña Almazán dijo que como rector no dará línea para votar por un determinado candidato a elección popular. A pregunta de un reportero, indicó que “en su mayoría” los candidatos a elección popular que trabajan en la UAG están sin goce de sueldo, pero no abundó en el tema.
De la salida y renuncia del fiscal general, Javier Olea Peláez, indicó que de los casos de 30 universitarios asesinados en cuatro años el ex fiscal resolvió unos diez, y opinó que quien llegue a la fiscalía debe de tener moral y estar preparado, “tiene que saber cómo ir moralizando la institución”.
Además, expresó que el ex fiscal atendió los casos de los universitarios, pero faltó dar resultados y espera que quien llegue lo haga.

 

No tienen labores por falta de vigilancia tres de diez preescolares en la Zapata y Renacimiento

En tres de los diez jardines de niños de la zona escolar 37 no hubo labores, aunque los maestros se presentaron a laborar, los padres de familia decidieron no dejar a sus hijos por la falta de seguridad.
En la primaria Carlos A. Carrillo y la secundaría 6, Tierra y Libertad, de la colonia Emiliano Zapata, hubo clases, aunque no llegó el resguardo militar a la hora de entrada de los alumnos. En otros planteles sí se tiene seguridad permanente, como en el caso del jardín de niños Sentimientos de la Nación, de Ciudad Renacimiento.
En un recorrido por planteles de Ciudad Renacimiento se constató que se encontraban cerrados los jardines de niños Moisés Guevara, Olinalá y Rubén Figueroa Figueroa, que son tres de los diez que están en la zona 37.
Según comentaron trabajadores de los planteles, los padres de familia fueron quienes decidieron no dejar a sus hijos al no tener resguardo militar, como habían prometido las autoridades que habría. Sin embargo, no todos los días tuvieron resguardo militar después de regresar de vacaciones.
Aunque los maestros de esa zona preescolar acordaron que se trabajaría con normalidad, no ocurrió en los planteles mencionados. Otros jardines de niños de esa zona tuvieron actividades, aun sin tener vigilancia permanente, aunque hubo baja asistencia de estudiantes.
En el preescolar Sentimientos de la Nación, ubicado en el callejón Cuauhtémoc, sí hubo clases y seguridad, pero poco estudiantes. Afuera del plantel se vio a dos militares haciendo guardia, el personal del plantel indicó que los militares estaban ahí durante todas las horas de clase y hacían rondines en las calles alrededor del plantel.
En esa escuela lo que preocupa a los padres de familia es que no tienen barda, sino malla ciclónica, porque han ocurrido balaceras en las inmediaciones de la escuela y sienten que sus hijos están vulnerables.
En la escuela primaria Carlos A. Carrillo, los padres de familia informaron que no hubo resguardo militar a la hora de entrada a clases y no sabían si irían a la hora de la salida. Los maestros comentaron que tenían una reunión de zona, porque lo que pidieron es que el resguardo militar fuera permanente durante las horas de clases y no solamente que se hicieran rondines.
En la secundaria 6 Tierra y Libertad tampoco hubo seguridad a la hora de entrada, la cual han retrasado una hora y es a las 7:30 de la mañana, porque los estudiantes llegaban cuando todavía no amanecía.
La semana pasada los militares asistieron todos los días a la hora de entrada del turno de la mañana y la de salida del vespertino, pero dijeron que no podían ir entre la 1 y las 2 de la tarde, porque tienen un “receso o cambio” según el argumento que dieron.

 

Está la CETEG en donde adelantaron vacaciones, dice la SEG; llama a respetar el calendario

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG, José Luis González de la Vega Otero, informó que “algunas” escuelas de nivel básico, en Acapulco y la sierra, adelantaron el periodo vacacional decembrino a consecuencia de la inseguridad, “desde el jueves, viernes” pasado.
Declaró que solicitó a las fuerzas de Seguridad Pública que resguarden los planteles, pues aunque no se trata de “un tema educativo, porque nosotros no podemos darles seguridad, pero nunca lo evadimos”. Citó el caso de Chilapa, donde gracias a las rutas que recibieron resguardo, se pudieron restablecer en un 90 por ciento las actividades escolares.
En el caso de Acapulco, “ya lo hemos hablado con la Novena Región Militar, que nos da la posibilidad de tener los elementos de seguridad, en este caso los soldados. Hay una zona particularmente, que de por sí está resguardada, y vamos a ver si podemos fortalecerlo de aquí al martes”.
Insistió en que en las zonas escolares donde se adelantaron las vacaciones agremian a maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), por ello los llamó a respetar el calendario, pues este ciclo fue “difícil” por los sismos de septiembre pasado y es necesario que se regularicen las actividades.
Pidió a los maestros que en lugar de decir que ya no irán a clases, informen sobre las zonas con mayor riesgo de seguridad, para que se envíen los resguardos correspondientes; añadió que la SEG está en un diálogo permanente con todas las organizaciones magisteriales y que atenderá sus demandas, porque así lo instruyó el gobernador Héctor Astudillo Flores.
El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, informó que los salarios y el aguinaldo de los trabajadores del sector, que se deben pagar este mes, están asegurados, pues la dependencia cumplirá “al cien por ciento”.
Consultado en el hotel Holliday Inn en Chilpancingo tras la sesión ordinaria de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes), de los pagos de salarios y prestaciones de fin de año, González de la Vega dijo que no podía hablar de “fechas y montos, no puedo decir ni cómo, pero vamos a cumplir al cien por ciento”.
Antes de retirarse de la sesión, anunció a los rectores y directores de las escuelas de nivel superior del estado, que acudiría a una reunión con el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, Héctor Apreza Patrón, “para terminar de resolver unos asuntos, los días se nos agotan y hay que resolverlos de manera lineal”.