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Impugna Amílcar ante el Trife la resolución de la CNHJ de Morena por elección de consejeros

Daniel Velázquez

El diputado federal Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena sobre la elección de consejeros para el tercer Congreso Nacional Ordinario.
La elección interna se llevó a cabo en dos etapas. La primera fue el 30 de julio y la segunda el 25 de agosto, para reponer el proceso en sedes donde no se pudo llevar a cabo la votación. Sandoval Ballesteros impugnó los resultados de la elección de consejeros en el distrito 04 de Acapulco por el que es diputado federal. El 4 de septiembre de 2022 lo hizo per saltum en el Trife y el caso fue remitido a la CNHJ de Morena el 9 del mismo mes y año. La resolución se publicó el pasado 22 de marzo mediante la cual la instancia partidista declaró “inoperantes, infundados e ineficaces” los agravios expuestos por el denunciante.
En reacción a la decisión de la CNHJ, Sandoval Ballesteros recurrió nuevamente al Trife el 25 de marzo para impugnar la resolución, la cual fue nuevamente remitida a la Comisión, que dio cuenta el 27 de marzo de haber admitido el caso.
Sandoval Ballesteros señala que la Comisión incurrió en acciones en su perjuicio como la dilación en la resolución, omisión en la valoración de pruebas y análisis subjetivos.
En el recurso promovido, el diputado federal alega que el cierre del proceso fue el 21 de septiembre de 2022 pero la resolución la emitió hasta el 22 de marzo de 2023, lo que significa que “la autoridad responsable con su actuación ha dilatado la atención y resolución del procedimiento sancionador”.
En su escrito, el diputado enfatiza que transcurrieron 187 días, desde el cierre de la instrucción hasta la emisión de la resolución, cuando debió hacerlo en un plazo de 5 días o hasta 30 días como lo establece el Reglamento de la Comisión, “lo que demuestra una dilación en la procuración de justicia”.
“Resulta indudable la violación grave al derecho de acceso a una justicia pronta y expedita por parte de los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia como órgano intrapartidario en su función jurisdiccional”.
También señala que la CNHJ violentó seis artículos de la Constitución, sus derechos humanos pues hubo “una indebida y falta de valoración de las pruebas en su totalidad”, lo que perjudicó sus derechos como militante y aspirante al Congreso Nacional de Morena, pues la Comisión realizó “una indebida valoración de las pruebas, pues es claro que con suma ignorancia y bajo un criterio sesgado se limita a analizar de forma superflua los elementos de prueba”.
Agrega que como interesado en el caso, aportó los requisitos de modo, circunstancia y lugar, pruebas testimoniales y 23 videos “que debieron ser valoradas en su conjunto con las técnicas y no meramente de manera aislada lo que demuestra un claro perjuicio en desarrollar de manera ociosa por la responsable una simple afirmación y conjetura sin ir mas allá”.
Señala que la Comisión perdió tiempo y nada hizo por realizar diligencias que pudieran aportar al esclarecimiento del caso y resolver conforme a derecho, como solicitar un informe al gobierno municipal sobre la participación de la policía dentro y fuera de las sedes de votación en el distrito federal 04 de Acapulco; analizar la totalidad de la paquetería electoral para verificar que no se contabilizaron boletas electorales falsas; y verificar la totalidad de las actas de computo y resultados, que los testigos ofrecidos nunca fueron llamados a comparecer.
También se queja de que las pruebas ofrecidas fueron analizadas de manera “sesgada y subjetiva”, lo que derivó en que se declararan como insuficientes.
En su queja, el diputado solicitó al Trife que deje sin efecto la resolución de la CNHJ de fecha 22 de marzo y ordene a la misma “entrar al estudio de fondo del asunto planteado y resolver conforme a derecho”.
La votación para la elección de consejeros para el tercer Congreso Nacional Ordinario se realizó el 30 de julio. En el distrito 04 de Acapulco hubo tres sedes para recibir la votación: la cancha techada de la colonia Zapata, la explanada del parque Papagayo y en la cancha techada de Pie de la Cuesta. Las mujeres que resultaron electas en esa votación fueron la secretaria de Bienestar de Acapulco Leticia Lozano Zavala, la directora de Desarrollo Económico del municipio Elizabeth Parras Gutiérrez, la diputada local Beatriz Mojica Morga, Paula Jaimes Cabello y la líder vecinal Bernarda Torres Olmedo.
Entre los hombres electos también estuvieron funcionarios municipales como el director de Prevención Social y encargado del programa de Pipas de Acapulco, Estanislao Vital Radilla, el entonces director de Obras Públicas Alfredo García Vázquez, el ex coordinador de Servicios Públicos Alejandro Sotelo Urióstegui, el ex director de Desarrollo Económico Rodrigo Ramírez Olmedo y Pablo Aranda Gallardo.
Los resultados oficiales de los ganadores de la votación se presentaron el 1 de septiembre de 2022 y el 5 de septiembre se instaló el Consejo Estatal de Morena.

 

Impugnarán mujeres de Morena fallo por queja contra Sánchez Esquivel

Concepción Loma, Alondra Limón, Thalía García, Teresa Nava, Lucía Jaimes y Rosa Angulo de la colectiva feminista “Morenas Guerrero” en la conferencia de prensa sobre la queja contra el diputado Alfredo Sánchez Esquivel por violencia política de género contra la presidenta de la Jucopo, Yoloczin Domínguez Serna Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Colectiva de Mujeres Morenas Guerrero anunciaron que impugnarán la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), que desechó la queja de violencia política que interpusieron 353 militantes por violencia política de género que presuntamente ejerció el diputado Alfredo Sánchez Esquivel contra la diputada Yoloczin Domínguez Serna.
En conferencia de prensa, Tereza Nava Alfaro y Lucía Mariana Jaimes Alarcón, argumentaron que la CNHJ no les dijo que desecharía dicha queja en el domicilio señalado en el expediente, para recibir notificaciones.
Aseguraron que acreditaron todo lo que la Comisión les requirió, sin precisar qué documento o pruebas ingresaron. Expresaron que les preocupa saber que su queja fue desechada.
A pregunta expresa, rechazaron que el juicio contra Sánchez Esquivel tenga un fin político, porque “la violencia política ejercida es real”.
Con un comunicado que leyeron como postura, recriminaron: “no es posible que más de 300 mujeres, que confiamos en nuestra autoridad partidaria y nos hicimos presentes con nombre y apellido, seamos ignoradas”.
Aseguraron que no van a aceptar que se les niegue el derecho a ser escuchadas, “no podemos quedarnos calladas porque de hacerlo “estariamos aceptando un patrón violento que ya no queremos que se repita y estaríamos dejando en desprotección a otras mujeres”.
Cuestionaron que, si 353 mujeres que acusan a un solo hombre no son escuchadas por su partido, y la obligaran a quedarse calladas, “¿qué esperanza tiene cualquier mujer que sola se enfrente a su agresor?”.
Por lo tanto, no aceptan que se deseche su queja, lo cual sería naturalizar la violencia.
Como para confirmar que Sánchez Esquivel es un agresor, señalaron que el dipuado acusado de violencia política, contestó a la demanda de 353 mujeres con una queja contra la diputada Yoloczin Domínguez, que tampoco prosperó.

 

Impugna Morena fallo del Trife contra la candidatura de Amílcar Sandoval

Morena impugnó la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) que anuló las candidaturas del delegado estatal del partido, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, y de la militante Elizabeth Vega Crispín, a los que reinscribió en tercero y sexto lugar de la lista de candidatos plurinominales ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IPEC) para el proceso electoral del 1 de julio.
El consulta telefónica, el represente del partido ante el IEPC, Sergio Montes Carrillo, informó que se impugnó la resolución del órgano jurisdiccional por inmiscuirse en la vida interna del partido, al señalar que Sandoval Ballesteros y Crispín Vega no podían ser postulados como candidatos de Morena, porque nunca tuvieron la condición de aspirantes en las precandidaturas, según el expediente que tuvieron en revisión.
En sesión de trámite, el IEPC aprobó la tercera y sexta fórmula de candidatos de representación proporcional de Morena, para el proceso electoral de ayuntamientos y diputados 2017-2018, en cumplimiento de la sentencia de la sala regional de la Ciudad de México, del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, SCM-JDC-670-2018.
Asimismo, aprobó la postulación de la fórmula y la planilla de candidatos a la alcaldía de Florencio Villareal (Cruz Grande), postulada por el Partido del Pueblo de Guerrero, también en cumplimiento de la resolución de la Sala Regional de la Ciudad de México.
En el primer caso, la Sala revocó parcialmente el dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, y dejó sin efectos las candidaturas tres y seis de la lista candidatos a diputados plurinominales, de Sandoval Ballesteros y Vega Crispín.
Agregó que, “tomando en consideración que no se acreditó la existencia de un registro de personas externas para ocupar dichas candidaturas (tres y nueve), se ordenó a la Comisión Nacional de Elecciones que atendiendo a lo dispuesto por su normativa interna y en apego a los procedimientos previstos en ella, incluida la perspectiva a que en las candidaturas reservadas para la designación de personas externas pueda postularse militantes del partido que tengan el carácter de aspirantes y así lo soliciten, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la resolución, emita una resolución que a derecho proceda para asignar a quienes harán de ocupar posiciones tres y seis de las lista”.
El representante de Morena explicó que el partido cumplió con la sentencia de la sala regional, para que en un término de 48 horas, que se cumplieron el sábado, pero en lugar de presentar nuevos nombres, reinscribió a los mismos candidatos sin descuidar lo dispuesto a su normativa interna.
Afirmó que la Comisión Nacional de Elecciones tiene la facultad de hacer los registros “a partir del trabajo de liderazgo que se haya realizado en el partido, y en contra de la sentencia se presentó un recurso de impugnación en el Tribunal Electoral del Estado (TEE) porque el Tribunal federal se inmiscuyó en el vida interna de los partidos políticos, violentando el artículo 41 constitucional, y 44 de los estatutos.
Señaló que según el Trife, los impugnados no realizaron la solicitud de registro como precandidatos en tiempo y forma, y el Comité Nacional de Elecciones presentó la solicitud y dio cumplimiento a los requisitos del partido.
Insistió en que el documento ya existía en el expediente, pero no fue requerido por el Trife, y no lo conoció. Además, “es una sentencia muy confusa y el tribunal se mete en la vida interna del partido”, dijo.
Por otro lado, también por orden judicial, el IEPC registró la fórmula y la planilla de candidatos a la alcaldía de Florencio Villareal (Cruz Grande), postulada por el Partido del Pueblo de Guerrero, que negó el instituto electoral así como en el TEE, en primera instancia, porque hicieron una sustitución con hombres en la fórmula de la presidencia municipal, donde originalmente registraron mujeres.
Los lineamientos de paridad de género impedían que un hombre fuera postulado en un espacio que inicialmente se otorgó a una mujer.
Dado que el partido de nueva creación tiene más de cincuenta por ciento de postulaciones de mujeres, el tribunal federal consideró que no se excedía el tema de paridad de general y ordenó al IEPC registrar la sustitución.

 

Aprueba Itaig una demanda en contra de la SEG; no respondió a una solicitud ciudadana

En la 12 sesión del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (Itaig), fue aprobada una demanda en contra de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), por falta de respuesta a una solicitud de información dentro del plazo establecido.
En el pleno del consejo también se acordó la revisión de la respuesta dada por la Secretaría de la Juventud y la Niñez, ya que no se cumplió con toda la información que solicitó un ciudadano.
En un boletín de prensa, en el que no se da mayor detalle sobre quiénes son los ciudadanos que solicitan la información, y en el que tampoco se revela el carácter de la información requerida a las instituciones públicas. De forma escueta y en un lenguaje técnico incomprensible, sólo se da a conocer el nombre de dos secretarías que no cumplen con su obligación de transparentar la información.
En la sesión se resolvió también que se sujetarán a revisión las respuestas de cuatro instituciones públicas, pero sólo se dio a conocer a la Secretaría de la Juventud y la Niñez, a la que acusan de incumplir en una respuesta al solicitante de información.
En el documento se explica que en el pleno del instituto se acordó que cuatro de los ciudadanos que solicitaron información a las dependencias, deberán revisar las solicitudes enviadas porque no están bien redactadas, por lo que tienen un plazo de tres días hábiles para que “subsanen su escrito”.
En el orden del día, los comisionados resolvieron dos proyectos de resolución de denuncias contra instituciones, debido a la falta de respuesta a sus solicitudes, ya que no se cumplió durante el plazo establecido por la ley en la materia.
Uno de ellos, en contra de la SEG, donde se “propone declarar como fundada la denuncia por falta de respuesta a la solicitud de información, dentro del plazo establecido por la ley”.
Sobre la segunda resolución planteada, no se reveló el nombre de a quién se estaría demandando por la falta de transparencia. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

 

Protestan policías estatales despedidos en 2017 en los juzgados; piden sentencia a su favor

Policías estatales despedidos en mayo de 2017 informaron que, el 9 o 10 de mayo próximo un juzgado federal emitirá la sentencia sobre su demanda contra el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, por abuso de autoridad y despido injustificado, y para ordenar el pago de 23 quincenas que les adeudan.
A las 10:30 de la mañana, unos 30 uniformados llegaron a las oficinas de los juzgados federales, ubicadas cerca del museo interactivo La Avispa, y más tarde se movilizaron al Congreso local y a la Codehum, donde se manifestaron para informar sobre sus demandas.
Afuera de los juzgados, exhibieron una manta en la que se leía, “Apreciables autoridades federales y estatales se les sigue pidiendo mantener la postura adoptada en contra del abuso de autoridad en agravio de la ciudadanía más vulnerable, como lo manifestó nuestro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuestro señor presidente”.
Sigue, “Señor gobernador, queremos la oportunidad de estudiar carreras técnicas pagadas por la SSP, criminología, criminalística, inglés, el nuevo sistema penal acusatorio, derecho internacional, más carreras que nos permitan ser mejores en nuestro trabajo, para hacer una policía a la altura para servir a la sociedad”.
En conferencia de prensa en el lugar, el policía estatal despedido, Jesús Muñoz Franco comentó que se reunieron con los agentes del Ministerio Público que llevan el caso, quienes les informaron que el proceso lleva un 90 por ciento de avance, y agregó que entre el 9 y 10 de mayo, el juez federal emitirá la resolución contra el secretario Almazán Cervantes.
Explicó que después de que se resuelva a favor de los agraviados, vendrán los beneficios a los policías, sí serán reincorporados, el pago de salarios y viáticos que desde el 31 de mayo no reciben, luego de ser despedidos de manera irregular.
Muñoz Franco comentó que 54 ex policías estatales aceptaron su liquidación, mientras que 120, “continuamos en la lucha para defender nuestros derechos y por lo que nos corresponde… Nosotros somos policías activos, nos separaron del servicio, tenemos que pelear hasta el último porque es nuestro derecho, nos dejaron vulnerables a nuestras familias, por eso estamos aquí, para darle seguimiento en nuestros caso”, declaró.
Después, los policías despedidos acudieron al Congreso local y a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), para solicitar apoyo a las autoridades para resolver el problema laboral en la SSP estatal.
El 29 de mayo de 2017, unos 600 policías estatales de las regiones Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango), pararon labores en el cuartel, en Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de Seguridad Pública estatal, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.
Dos días después terminaron el paro, y el 31 de mayo la Secretaría informó en un boletín que había dado de baja definitiva de la corporación a 176 policías que incurrieron en una conducta violatoria de ley. (Luis Blancas / Chilpancingo).

 

Por la inseguridad, 30 escuelas de la sierra adelantaron vacaciones: SEG

El secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, informó que en este periodo vacacional 30 escuelas de la sierra del estado adelantaron vacaciones por la inseguridad.
Este viernes por la mañana, el funcionario estatal acudió a la toma de protesta del nuevo secretario general del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), David Martínez Mastache.
Minutos antes del acto protocolario, en declaraciones a reporteros, aseguró que la inseguridad en Guerrero es un tema externo al sector educativo, pero a pesar de esto,  insistió en que existe una estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejército, como se da en los casos de Acapulco y Chilapa.
González de la Vega Otero informó que en Acapulco se registró un “incidente”, del cual no dio detalle, sino únicamente que fue cerca de un edificio educativo, por lo que los maestros tomaron la decisión de adelantar su periodo vacacional.
A pregunta sobre el número de escuelas que decidieron adelantar clases, dijo que era difícil saber con exactitud el número de las escuelas; sin embargo, estimó que son alrededor de 30 los planteles educativos, de los 12 mil 300 que hay.
Señaló que la mayoría de las escuelas que adelantaron vacaciones en este segundo periodo se focalizan en la sierra, dentro de municipios como Tlacotepec.
Sobre la situación en Chilapa, informó que el conflicto por la seguridad está prácticamente resuelto, aunque refirió que surgió un problema en un par de escuelas en Acapulco, “ por un tema externo al sector educativo. Externo totalmente”.