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No se opone el PRI a la Ley de Austeridad, pero se está revisando, dice Héctor Apreza

El diputado local y coordinador parlamentario del PRI, Héctor Apreza Patrón en entrevista en el lobby del Congreso local Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, afirmó que los diputados priistas no se oponen a la aprobación de la Ley de Austeridad enviada por la gobernadora, pero no ha pasado a segunda lectura porque se está revisando que no contravenga disposiciones federales o que haya procedimientos de inconstitucionalidad por no consultar a los pueblos indígenas y afromexicanos, pues se aplicaría también a municipios de estas poblaciones.
En declaraciones en el Congreso local, se le preguntó sobre la resistencia que diputados de todos los grupos parlamentarios tienen a que se apruebe la iniciativa en los términos planteados por la gobernadora, que plantea prohibir la duplicidad de funciones en la administración pública, la obtención de algún privilegio económico adiciona, contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, seguros de gastos médicos privados. Mientras que los gastos en viáticos y viajes oficiales solo se autorizan los “estrictamente indispensables” sin gastos en boletos de primera clase o equivalentes.
La propuesta de la gobernadora se mantiene intacta en el dictamen que plantea que sea aplicable a las secretarías, dependencias, entidades paraestatales, instituciones que integran la administración pública estatal y municipios, así como los poderes Legislativo y Judicial, y órganos constitucionales autónomos, y de acuerdo a las fuentes consultadas de todos los grupos parlamentarios, hay la intención de que sea únicamente para el Poder Ejecutivo.
Al respecto Apreza aseguró que en la bancada del PRI no se oponen a su discusión y votación, y que se retiró a solicitud de los integrantes de la Comisión de Justicia.
De acuerdo a lo dicho por el priista, de octubre (cuando se realizó la primera lectura del dictamen) a abril “ha habido modificaciones legales que impactan directamente en materia de la iniciativa de ley de austeridad”, y que se realizará una revisión, pero a pesar de que se le preguntó no quiso precisar cuáles son esas disposiciones y que será la comisión la que informe.
Sin embargo, dijo que hay diputados que mencionan que para que la ley de austeridad sea aplicable a los ayuntamientos, debería consultarse a los pueblos indígenas y afromexicanos porque también estos municipios serían sujetos de esta normativa.
Y reconoció que lo planteó al diputado Jesús Parra García, quien es el presidente de la Comisión de Justicia: “yo lo único que solicité al diputado Parra fue que chequen esto, porque si es así buscamos la manera de realizarlo”, y justificó que fue para evitar acciones de inconstitucionalidad.
Pero el coordinador parlamentario del PRI afirmó que están a favor de que esta ley sea de observancia general y no solo para el Ejecutivo como “algunos planteaban”.

Urge el dictamen sobre responsables de alteración a Ley 179

También se le preguntó por el año que ha transcurrido desde que se alteró un párrafo transitorio a la Ley 179 del sistema de Seguridad Pública Estatal sin que se conozca quiénes son los responsables ni haya sanciones.
Recordó que fue él quien propuso la creación de la Comisión Especial “para investigar este aberrante hecho parlamentario y todavía no hay un pronunciamiento en la materia”. El priista afirmó que ha planteado que este tema se incluya en la agenda “urgente, debe ser de los primeros temas que ya, en uno u otro sentido se resuelva … y debemos de hacerlo del conocimiento porque esa es una mancha negra, grotesca que lleva esta legislatura”.
Recordó que cuando se intentó realizar la sesión secreta para presentar el dictamen de la Comisión Especial, los once diputados del PRI estuvieron presentes y no hubo quórum por la ausencia de diputados de otros grupos parlamentarios, sin especificar de cuél, pero se sabe que faltaron morenistas y perredistas.

La recomendación sobre matrimonios de personas con VIH

Apreza reconoció que no conoce la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que plantea reformar la Ley de Registro Civil que impide casarse a personas con VIH, de la que no se ha hablado en la Jucopo.
La recomendación 48/2023 fue emitida el pasado 5 de abril, y va dirigida a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Yanelly Hernández Martínez, así como a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos, al respecto Apreza reconoció “incluso, lo tengo que decir con mucha franqueza no me han hecho llegar ese documento”, pero dijo que debe atenderse y realizar las reformas necesarias.

Critica a morenista por descalificar denuncia por violencia de género

También criticó que la consejera nacional y representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Esther Araceli Gómez, descalifique la denuncia pública de la diputada priista Gabriela Bernal Reséndiz contra Jacinto González Varona por violencia política de género.
“Que se diga que es una pantomima, ¿qué quiere decir? Que se está defendiendo, que se siga agrediendo a las mujeres, que continúe la impunidad?”, cuestionó.
Del llamado de la morenista a los legisladores a dejar de convertir la tribuna en “un circo mediático de descalificaciones”, Apreza dijo que “el Congreso no es un circo, es un órgano parlamentario que está haciendo su chamba, que sea el pueblo el que evalúe, qué lamentables opiniones, yo veo diputadas y diputados, seres humanos, y un circo está compuesto por toda una serie de personas y animales que participan en el espectáculo”.

 

Espera ex presidenta de la Mesa Directiva nuevo dictamen sobre alteración a Ley 179

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local en el periodo en el que se alteró un artículo transitorio a la Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública, la priista Flor Añorve Ocampo, informó que están a la espera de que la Comisión Especial creada para investigar el hecho presente un nuevo dictamen con el que quede claro qué sucedió y quién o quiénes son los responsables, aunque reconoció que no hay fecha para que eso ocurra.
La Ley 179 del Sistema de Seguridad Pública Estatal fue aprobada por el pleno del Congreso local la noche del 12 de abril, y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado dos días después. Sin embargo, en este último tramo, el documento aprobado sufrió una alteración al artículo segundo transitorio, hecho por el cual el 27 de ese mismo mes se creó la Comisión Especial para que investigara el caso.
Y a pesar de que había inicialmente un plazo de 45 días para presentar el dictamen y que después se le aprobara una prórroga de 14 días, el pleno no ha conocido y menos discutido y votado el dictamen que se tendría que realizar a partir de la investigación de dicha alteración.
En declaraciones después de la sesión de la Comisión Permanente, Flor Añorve comentó que de acuerdo con la información que tiene, en el Congreso se continúan con las investigaciones sobre la alteración del artículo transitorio de “alguna información que llegó, la están recapitulando, creo que eso es importante, que no quede ningún hilo suelto, que las cosas que tengan que estar en análisis, lo hagan”.
Respecto a la información que en su momento la Comisión Especial le pidió, dijo que ella entregó todo lo que le correspondía y que los nuevos elementos servirán para que lo aportado por ella “tenga mejor sustento”.
Se le preguntó si en el nuevo habría nombres de los responsables de dicha alteración, ya que en el dictamen que se iba a presentar en la sesión secreta y del cual tiene copia El Sur no se menciona a ningún responsable directo y mucho menos sanciones.
En un primer momento dijo que, si no se logra tener nombres de los responsables, que por lo menos se realice “un análisis serio que se tiene que presentar, porque ocurrieron hechos, no puede ser que solamente se diga que no hay ninguna situación ahí, entonces ¿Cómo llegó esa modificación, quién la mandó, cómo pasó, cómo se publicó? Yo creo que se tienen que buscar a los responsables”.
Reiteró que ella no envió ningún texto modificado y que lo que envió fue lo aprobado por el pleno del Congreso local, y debe quedar claro desde el Poder Ejecutivo “quién la recibió y quién autorizó que se publicara, también del otro lado hay responsabilidad”.
Un reportero preguntó a la diputada si sabe quién o quiénes buscan encubrir al o los responsables de la alteración. Respondió que ella no tiene conocimiento sobre eso, pero que manifestó a su grupo parlamentario que “si había un dictamen que dijera que ‘aquí no pasó nada’, yo no lo iba a aprobar. Sería en contra de lo que en su momento yo declaré y que fueron cosas veraces”.
Flor Añorve reiteró que no se puede aprobar un dictamen en el que no se mencione a los responsables o que “se diga que aquí no pasó nada, porque sí pasó y está publicado”, además de que confirmó que como grupo parlamentario del PRI si iban a participar en la sesión secreta para conocer el dictamen de la comisión, así como el del PRD.
A pregunta, Añorve Ocampo dijo que es de las diputadas más interesadas en que se conozca quiénes fueron los responsables de esta alteración porque cuando esto ocurrió ella era presidenta de la Mesa Directiva y en consecuencia la responsable legal del Poder Legislativo.
“Con las pruebas que yo tenía en mi poder, se deslindó la responsabilidad porque yo solamente hice entrega de lo aprobado en el pleno, sí soy una de las interesadas en que se clarifiquen las cosas”.
Se le preguntó si se está planteando algún plazo a la Comisión Especial para que presente el dictamen o se enviaría alguna excitativa, pero señaló que es algo que no se ha discutido porque el Poder Legislativo está en periodo de receso.

 

Regresaron a laborar los responsables del fraude en la caja de ahorro, denuncian trabajadores

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Integrantes del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG) denunciaron que los ex responsables de la caja de ahorro, Felipe Alonso Alonso y Eric Manrique Catalán, se presentaron en sus centros de trabajo de manera normal a 11 meses del millonario fraude.
Alonso Alonso y Manrique Catalán fueron el tesorero y el contador de la caja de ahorro de 2012 a 2016. Ambos fueron expulsados del STTAISUAG junto con el presidente Guadalupe Gutiérrez Campos, en diciembre del año pasado, luego de que se diera a conocer el fraude. Además, el Comité Ejecutivo inició un proceso jurídico en su contra sin avances a la fecha.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) el trabajador y defraudado, Pedro Salazar Trinidad, y los integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Guadalupe Hernández de la Cruz, Román Ibarra Flores y Silvia Alemán Mundo, se pronunciaron en contra del fraude y llamaron a la unidad de los dos sindicatos universitarios.
Salazar Trinidad dijo que el 15 de noviembre pasado Alonso Alonso se presentó en la escuela de Enfermería de Taxco, su centro de adscripción, a laborar de manera normal; mientras que Manrique Catalán hizo lo mismo en la Preparatoria 12 de Tierra Colorada. En los dos casos, los trabajadores les impidieron la entrada a las instalaciones y se quejaron de que regresaron “como si nada hubiera pasado”.
Señaló que el fraude a la caja de ahorro asciende a 10 millones de pesos, pero el caso no se esclareció, los ex responsables no han informado qué pasó con los recursos de los universitarios y sólo se pagó lo correspondiente “a unos cuantos” afectados.
Aseguró que el hecho de que los ex responsables se hayan presentado en su centro de trabajo de manera regular es una prueba de que no se actuó en su contra y de la “complicidad” del Comité Ejecutivo del STTAISUAG, incluso del propio rector Javier Saldaña Almazán, quien debió rescindirles el contrato de manera inmediata.
Alemán Mundo se solidarizó con los defraudados, llamó a los integrantes del STAUAG a unirse a este acto. Expresó que lo que pasó “no tiene nombre” y reprochó que la UAG participe en congresos en materia de transparencia, cuando no se ha resuelto el pago de la caja de ahorro, pues “es cínico”.
Llaman opositores a la abstención del voto en el STAUAG

Por otra parte, Hernández de la Cruz e Ibarra Flores, quienes también se solidarizaron con los defraudados, llamaron a los académicos a abstenerse de votar por la planilla Unidad Sindical, que encabeza el candidato a secretario general del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, ya que sus integrantes no han luchado para defender sus derechos laborales.
Hernández de la Cruz puntualizó que en la administración pasada Martínez Llanes permitió la contratación de personal de manera unilateral, dejando de lado a los sindicalistas con derecho a ampliar su jornada laboral, como lo indica el contrato colectivo de trabajo.
Ibarra Flores aseguró que los integrantes de la planilla Unidad Sindical fueron propuestos por el Grupo Universidad por Guerrero, organización que dirige Saldaña Almazán, por lo que no es congruente que haya representantes del STAUAG que respondan “al patrón”.
Los académicos pidieron a los universitarios que el próximo 6 de diciembre, fecha de las votaciones, acudan a las urnas y voten por la abstención, para evitar que se repitan las injusticias y la corrupción en el STAUAG.