El director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, el diputado federal Reynel Rodríguez Muñoz, la diputada local Elzy Camacho, el alcalde de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastache, la alcaldesa de Ixcateopan Naucelia Castillo, de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, de Pedro Ascencio Alquisiras, Austruberta López y el alcalde de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios en la reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército en Ciudad Altamirano Foto: Comunicación Social del gobierno del estado
Israel Flores
Ciudad Altamirano
Este jueves por la mañana, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llegó a Ciudad Altamirano a bordo de un helicóptero militar, en medio de un fuerte operativo que blindó la ciudad y se reunió más de tres horas con los once alcaldes y tres diputados que firmaron un documento denunciando amenazas por parte del grupo delictivo Los Tlacos luego de encabezar la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Desde la noche de este miércoles se observó la llegada de patrullas a la ciudad. Por la mañana, había puestos de control en Santa Bárbara, a 500 metros de las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército. En la entrada de la ciudad se observaron constantes recorridos de elementos de la Marina y de policías del estado. También patrullas de la Ministerial, cerca de Coyuca de Catalán.
Por primera vez, el Ejército no permitió que ningún vehículo se estacionara a cien metros de distancia de la puerta de acceso al cuartel donde se desarrollaba la reunión. Incluso en un predio del otro lado de la carretera pidió que los automóviles se metieran unos 50 metros más adentro.
Mientras se realizaba la sesión de la Mesa de Coordinación con los mandos de las fuerzas armadas y policiacas y la fiscal general del estado, los alcaldes esperaban en un restaurante a 300 metros de las instalaciones a las que ingresaron cerca de las 9:30 de la mañana y salieron cuatro horas después.
En una publicación en redes sociales, la gobernadora Evelyn Salgado informó que a la reunión asistieron las alcaldesas de Cutzamala de Pinzón, Mayté Lucero Arce; de Pedro Ascencio de Alquisiras, Austreberta López; de Zirándaro de los Chávez, Tania Pacheco Duarte (que no firmó el documento de los ocho); de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Naucelia Castillo, así como los alcaldes de Teloloapan, Homero Hurtado Flores; de General Canuto Neri, Zesar Ortiz Torres; de Apaxtla de Castrejón, David Manjarrez Miranda; de Arcelia, Bulmaro Torres; de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios; de Tlapehuala, José Luis Antúnez y de Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega.
En el encuentro también estuvieron los diputados locales Elzy Camacho Pineda, Adolfo Torales Catalán, Susana Paola Juárez, y Flor Añorve Ocampo y el federal Reynel Rodríguez.
Allí los alcaldes expusieron a la gobernadora las amenazas de las cuales ya habían enviado un documento previo, y que señalan al grupo de los Tlacos como responsables, motivo por el cual insistieron en que no hay condiciones para que vayan a Chilpancingo, alguno de ellos o cualquiera de los funcionarios de los ayuntamientos.
Se informó que los alcaldes expresaron su preocupación por las amenazas, y que las zonas más peligrosas para circular están en el tramo de la carretera federal de Iguala a Chilpancingo.
Al finalizar el encuentro los presidentes no quisieron responder a preguntas o hablar del tema. Uno de los alcaldes confirmó que le expresó a gobernadora su sentir acerca del pasado 10 de abril cuando la sociedad de Tierra Caliente vivió una sicosis social por las amenazas en redes sociales, y que el gobierno estatal abandonó a la región.
“No hubo ese despliegue que ahora hay, tampoco hubo programas de ayuda, o atención social. La gente hizo lo que pudo, y lo que los ayuntamientos hicimos no fue suficiente, el daño económico fue fuerte”, reprochó.
Los alcaldes habían pedido la reunión en Apaxtla donde hay zonas en conflicto entre Los Tlacos y La Familia Michoacana, pero la propuesta fue rechazada y en su lugar la reunión fue organizada en el interior del 34 Batallón bajo los estrictos controles de seguridad.
A través de un boletín, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que sostuvo una reunión de trabajo “con presidentas y presidentes municipales de la región de Tierra Caliente y parte de la región Norte, para coordinar esfuerzos en materia de desarrollo social y de seguridad pública, con el objetivo de fortalecer de manera integral la paz y la gobernabilidad de estas zonas por el bienestar de sus habitantes”.
La mandataria estatal acompañada de su gabinete de seguridad, puntualizó que “seguirá trabajando en la suma de esfuerzos con los municipios sin mirar colores partidistas, enfocados en atender las causas que originan la violencia, priorizando los sectores más vulnerables de las localidades de la Sierra, Tierra Caliente y Norte”.
Evelyn Salgado reconoció en Tierra Caliente el respaldo de las fuerzas armadas para fortalecer las tareas de seguridad en coordinación con las instancias del orden federal y estatal, así como los trabajos de inteligencia para lograr capturar a los objetivos prioritarios y principales generadores de violencia.
Esta reunión de trabajo se realizó luego de que la gobernadora encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz donde estuvieron el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, el comandante de la Novena Región Militar, general Ricardo Flores González, el comandante de la 35 Zona Militar, general Enrique Martínez López, la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, y un representante de la Guardia Nacional.
La gobernadora expresó en una publicación, que refrendaba su compromiso por la seguridad de estas regiones: “Durante nuestra gira en Ciudad Altamirano sostuvimos un encuentro con alcaldesas y alcaldes de la región Norte, Tierra Caliente y Sierra, con quienes reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando sus municipios sin distingos partidistas, como lo venimos haciendo desde el inicio de mi administración. Acordamos un trabajo conjunto, contando con el respaldo de las fuerzas armadas e instancias del orden federal y estatal, para mantener la gobernabilidad del estado en los rubros social y de seguridad”.
Al finalizar la reunión la gobernadora regresó en el mismo helicóptero militar sin tener más actividades en Tierra Caliente.
El director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, el diputado federal Reynel Rodríguez Muñoz, la diputada local Elzy Camacho, el alcalde de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastache, la alcaldesa de Ixcateopan Naucelia Castillo, de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz, de Pedro Ascencio Alquisiras, Austruberta López y el alcalde de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios en la reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército en Ciudad Altamirano Foto: Comunicación Social del gobierno del estado
Se reúne Evelyn en Altamirano con alcaldes que denunciaron amenazas de Los Tlacos
Dialogan más de tres horas en el cuartel del 34 Batallón de Infantería, en medio de fuertes medidas de seguridad. Insisten en que no hay condiciones para ir a Chilpancingo. El objetivo fue “fortalecer de manera integral la paz y la gobernabilidad de estas zonas por el bienestar de sus habitantes”, dice la gobernadora en un comunicado. No se dan detalles del encuentro ni de los acuerdos. Asisten el comandante de la Novena Región Militar y la fiscal del estado
Israel Flores
Ciudad Altamirano
Este jueves por la mañana, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda llegó a Ciudad Altamirano a bordo de un helicóptero militar, en medio de un fuerte operativo que blindó la ciudad y se reunió más de tres horas con los once alcaldes y tres diputados que firmaron un documento denunciando amenazas por parte del grupo delictivo Los Tlacos luego de encabezar la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.
Desde la noche de este miércoles se observó la llegada de patrullas a la ciudad. Por la mañana, había puestos de control en Santa Bárbara, a 500 metros de las instalaciones del 34 Batallón de Infantería del Ejército. En la entrada de la ciudad se observaron constantes recorridos de elementos de la Marina y de policías del estado. También patrullas de la Ministerial, cerca de Coyuca de Catalán.
Por primera vez, el Ejército no permitió que ningún vehículo se estacionara a cien metros de distancia de la puerta de acceso al cuartel donde se desarrollaba la reunión. Incluso en un predio del otro lado de la carretera pidió que los automóviles se metieran unos 50 metros más adentro.
Mientras se realizaba la sesión de la Mesa de Coordinación con los mandos de las fuerzas armadas y policiacas y la fiscal general del estado, los alcaldes esperaban en un restaurante a 300 metros de las instalaciones a las que ingresaron cerca de las 9:30 de la mañana y salieron cuatro horas después.
En una publicación en redes sociales, la gobernadora Evelyn Salgado informó que a la reunión asistieron las alcaldesas de Cutzamala de Pinzón, Mayté Lucero Arce; de Pedro Ascencio de Alquisiras, Austreberta López; de Zirándaro de los Chávez, Tania Pacheco Duarte (que no firmó el documento de los ocho); de Tlalchapa, Tania Mora Eguiluz; de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Naucelia Castillo, así como los alcaldes de Teloloapan, Homero Hurtado Flores; de General Canuto Neri, Zesar Ortiz Torres; de Apaxtla de Castrejón, David Manjarrez Miranda; de Arcelia, Bulmaro Torres; de Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; de Coyuca de Catalán, Eusebio Echeverría Tabares; de San Miguel Totolapan, Fredy Vázquez Palacios; de Tlapehuala, José Luis Antúnez y de Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega.
En el encuentro también estuvieron los diputados locales Elzy Camacho Pineda, Adolfo Torales Catalán, Susana Paola Juárez, y Flor Añorve Ocampo y el federal Reynel Rodríguez.
Allí los alcaldes expusieron a la gobernadora las amenazas de las cuales ya habían enviado un documento previo, y que señalan al grupo de los Tlacos como responsables, motivo por el cual insistieron en que no hay condiciones para que vayan a Chilpancingo, alguno de ellos o cualquiera de los funcionarios de los ayuntamientos.
Se informó que los alcaldes expresaron su preocupación por las amenazas, y que las zonas más peligrosas para circular están en el tramo de la carretera federal de Iguala a Chilpancingo.
Al finalizar el encuentro los presidentes no quisieron responder a preguntas o hablar del tema. Uno de los alcaldes confirmó que le expresó a gobernadora su sentir acerca del pasado 10 de abril cuando la sociedad de Tierra Caliente vivió una sicosis social por las amenazas en redes sociales, y que el gobierno estatal abandonó a la región.
“No hubo ese despliegue que ahora hay, tampoco hubo programas de ayuda, o atención social. La gente hizo lo que pudo, y lo que los ayuntamientos hicimos no fue suficiente, el daño económico fue fuerte”, reprochó.
Los alcaldes habían pedido la reunión en Apaxtla donde hay zonas en conflicto entre Los Tlacos y La Familia Michoacana, pero la propuesta fue rechazada y en su lugar la reunión fue organizada en el interior del 34 Batallón bajo los estrictos controles de seguridad.
A través de un boletín, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que sostuvo una reunión de trabajo “con presidentas y presidentes municipales de la región de Tierra Caliente y parte de la región Norte, para coordinar esfuerzos en materia de desarrollo social y de seguridad pública, con el objetivo de fortalecer de manera integral la paz y la gobernabilidad de estas zonas por el bienestar de sus habitantes”.
La mandataria estatal acompañada de su gabinete de seguridad, puntualizó que “seguirá trabajando en la suma de esfuerzos con los municipios sin mirar colores partidistas, enfocados en atender las causas que originan la violencia, priorizando los sectores más vulnerables de las localidades de la Sierra, Tierra Caliente y Norte”.
Evelyn Salgado reconoció en Tierra Caliente el respaldo de las fuerzas armadas para fortalecer las tareas de seguridad en coordinación con las instancias del orden federal y estatal, así como los trabajos de inteligencia para lograr capturar a los objetivos prioritarios y principales generadores de violencia.
Esta reunión de trabajo se realizó luego de que la gobernadora encabezó la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz donde estuvieron el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, el comandante de la Novena Región Militar, general Ricardo Flores González, el comandante de la 35 Zona Militar, general Enrique Martínez López, la fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, y un representante de la Guardia Nacional.
La gobernadora expresó en una publicación, que refrendaba su compromiso por la seguridad de estas regiones: “Durante nuestra gira en Ciudad Altamirano sostuvimos un encuentro con alcaldesas y alcaldes de la región Norte, Tierra Caliente y Sierra, con quienes reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando sus municipios sin distingos partidistas, como lo venimos haciendo desde el inicio de mi administración. Acordamos un trabajo conjunto, contando con el respaldo de las fuerzas armadas e instancias del orden federal y estatal, para mantener la gobernabilidad del estado en los rubros social y de seguridad”.
Al finalizar la reunión la gobernadora regresó en el mismo helicóptero militar sin tener más actividades en Tierra Caliente.
Despliegue de la Marina y la Policía del Estado sobre la carretera federal frente al 34 Batallón de Infantería en Ciudad Altamirano, mientras se desarrollaba la reunión de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con alcaldes y diputados de la región Tierra Caliente y algunos de la Norte Foto: Israel Flores
Deben las autoridades garantizar el tránsito de ediles de Tierra Caliente: Alejandro Bravo
Para el presidente estatal del PRI, la seguridad se debe extender a todos los ciudadanos, “quienes no tenemos nada que ver en asuntos delictivos”
Daniel Velázquez
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo Abarca, opinó que la denuncia de los alcaldes de Tierra Caliente de que reciben amenazas de un grupo delictivo “es una situación lamentable que las autoridades correspondientes están obligadas a atender” para garantizar el derecho al libre tránsito.
En declaraciones por teléfono, Bravo Abarca indicó que las autoridades del estado deben garantizar el libre tránsito no sólo a los alcaldes, diputados, “sino al pueblo de Guerrero, garantizar que podamos transitar con toda libertad quienes no temenos y no tenemos nada que ver en asuntos delictivos”.
A pregunta expresa sobre que se debe hacer para garantizar la seguridad de los alcaldes de la Tierra Caliente, luego de que ya se conoce el alcance multihomicida de los grupos delictivos que operan en esa región, como sucedió el 5 de octubre de 2022 cuando fue asesinado el alcalde de San Miguel Totolapan y otras 19 personas, el dirigente del PRI opinó que definir la estrategia le corresponde a las autoridades responsables de la seguridad.
“Quienes tendrán las acciones necesarias que verdaderamente den resultados deben de ser quienes son los profesionales y quienes encabezan las diferentes instituciones de seguridad. Son quienes obligadamente tienen que hacer un operativo que permita garantizar los resultados que esperan los compañeros alcaldes”.
Bravo Abarca sostuvo desconoce más sobre lo que sucede en la Tierra Caliente y en la Zona Norte, sino sólo lo que leyó en El Sur, que consideró un llamado de auxilio: “es una petición de la que no tengo mayores detalles salvo lo que se ha leído” y lo que ha conversado con algunos ediles.
Sobre que comentarios le han hecho los presidentes municipales del problema de las amenazas, no abundó, dijo que es lo mismo que manifestaron en la carta, que no pueden salir de la región.
A pregunta expresa sobre si buscarían una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que se garantice el trabajo político de los partidos en esas regiones Bravo Abarca dijo que ha realizado actividades sin inconvenientes en Tierra Caliente y prevé visitar la próxima semana la Zona Norte: “como dirigente estatal yo no te puedo decir que haya tenido algún contratiempo”.
“El llamado que le hacemos no solamente a la gobernadora, al gobierno del estado es que haya (seguridad), lo que hemos venido diciendo que exista una coordinación correcta entre diferentes corporaciones obligadas a brindar seguridad a los guerrerenses para que de esa manera se tengan mejores resultados por el bien del pueblo de Guerrero”.
Estrategia de seguridad fallida, tras las amenazas a alcaldes
calentanos: PRD
El presidente estatal del PRD, Alberto Catalán Bastida, opinó que la condición en que están los alcaldes de Tierra Caliente y la zona Norte son el resultado de un Estado fallido y muestran que la estrategia de seguridad no ha funcionado.
“Estamos a punto de la ingobernabilidad, se muestra como una característica de un Estado fallido y creo que no hay acciones concretas de parte del gobierno del estado y la federación. Es muy preocupante muy lamentable que las autoridades municipales se encuentren en esta situación sin poder hacer nada, debido a que no tienen la posibilidad de enfrentar esta circunstancia y esta situación tan complicada como lo es una amenaza de la delincuencia organizada”.
En declaraciones por teléfono, el dirigente estatal del PRD señaló que el problema no es de la noche a la mañana sino que ya tiene antecedentes, pero se optó por confrontar a los alcaldes acusándolos de tener vínculos con la delincuencia. La carta enviada a la gobernadora muestra que la delincuencia no tiene partido y que todos son víctimas y rehenes de eso grupos.
Catalán Bastida dijo que supo del problema desde hace días en una conversación con la diputada Elzy Camacho.
De la reunión con la gobernadora prevista para ayer, dijo que esperaba que los alcaldes y diputados recibieran el respaldo para ejercer sus funciones y salvaguardar su integridad física.
El dirigente perredista sostuvo que corresponde a las autoridades responsables de la seguridad en el estado explicar qué está pasando con el problema del avance de los grupos delictivos en la Tierra Caliente y en la zona Norte, lo cual es “preocupante porque no hay un referente de tal magnitud en la historia reciente del estado”.
Criticó que el problema de la inseguridad en el estado va en aumento porque las autoridades del estado no asumen su responsabilidad, “hay una responsabilidad que no han podido asumir del todo y no se generan buenos resultados creo que es una estrategia fallida y esto afecta la gobernabilidad que se pueda tener en el estado”.
Integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad Autónoma de Guerrero en plantón en la Rectoría para exigir mesas de diálogo con la SEP Foto: Jesús Eduardo Guerrero
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Unos 100 integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), se apostaron en las oficinas de Rectoría para exigir una reunión con el rector José Alfredo Romero Olea.
Los manifestantes colocaron una lona en la que se leían sus demandas, entre ellas, que se continúen las mesas de negociación para lograr ante la SEP el pago de prestaciones que no les otorga el ISSSTE.
El presidente de la asociación, Justino Rodríguez Téllez, dijo: “Es un plantón que instalamos de manera pacífica”, con la finalidad de que este jueves se realice la mesa de trabajo que ya se tiene pactada con el rector, “de última hora, luego nos salen que no pudieron asistir o que tienen algún compromiso”.
A nombre de sus compañeros, indicó que tiene que ser José Alfredo Romero Olea quien instale la mesa y la presida, para solicitarle el pago de prestaciones.
Detalló que el contrato colectivo de trabajo establece que mientras no les pague el ISSSTE, lo tiene que hacer la universidad, por conceptos de prima de antigüedad, despensa familiar, ayuda para renta, aguinaldo y transporte.
Rodríguez Téllez dijo que plantean que se instale la mesa, se elabore un estudio con las autoridades universitarias, los dos sindicatos de la UAG y los jubilados, para que se obtenga el monto de los adeudos y remitirlo a la SEP, para que lo incluyan en el próximo presupuesto.
En su intervención, la secretaria de la organización, María Luisa Garfias Marín, informó que en todo el estado se le debe a 905 jubilados y pensionados, que en activo fueron académicos, administrativos y personal de intendencia.
Enfatizó que hay personas que se jubilaron desde hace unos 20 años y que no han recibido sus prestaciones.
En el patio de la Rectoría de la UAG, los manifestantes indicaron que esperan ser atendidos este jueves por el rector.
El senador de la República, Ricardo Monreal, durante su reunión ayer con pescadores de Puerto Marqués, quienes se quejaron de la falta de apoyos, y que las vedas afectan su actividad Foto: Carlos Carbajal
Aurora Harrison
El coordinador de los senadores de Morena y aspirante a la candidatura a la presidencia de la República, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que puede haber una división en ese partido si sigue “está carrera dispareja” y la “inequidad” entre los aspirantes que buscan suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Después de una reunión con pescadores y buzos de playa de Puerto Marqués, en Acapulco, dijo: “ni nos vamos a rajar ni nos vamos a dejar ni nos vamos a bajar, vamos a llegar hasta el final del camino a pesar de que no dispongo de estructuras de gobierno, ni de dinero como el que están gastando” los otros tres aspirantes morenistas.
Al encuentro llegó tarde debido a bloqueos y accidentes en la Autopista del Sol, según justificó su equipo de avanzada, lo que ocasionó que varios de los asistentes se fueran y que cambiaran de lugar de la reunión a un restaurante al área de playa, Ahí el senador aseguró que Acapulco requiere de mucho respaldo institucional.
En declaraciones a reporteros, el ex gobernador de Zacatecas dijo que en las próximas elecciones presidenciales “Morena va a ratificar el triunfo si no se divide, seguramente va a continuar la Cuarta Transformación gobernando, pero dentro de Morena debe buscarse la manera de gobernar bien”.
Advirtió que la división en Morena puede darse “si sigue esta carrera dispareja, si sigue este piso disparejo, si sigue esta inequidad, porque ustedes vean, venía por la carretera, miles de bardas de la señora (en referencia a jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum) y miles de bardas de Adán (Augusto López, secretario de Gobernación), espectaculares, dinero, operadores pagados, es un insulto eso”.
Sostuvo que la reunión de ayer viernes con pescadores de Puerto Marqués es para escuchar sus necesidades y hacer propuestas de ley para un sector que es muy vulnerable, pero mencionó que en el caso de los otros aspirantes, “ellos están ya en un proceso impresionante, gastando dinero y pueden tener dificultades porque son campañas personalizadas y campañas anticipadas que les puede costar el registro, deben tener cuidado”.
Consideró que “hay una avanzada impresionante: lonas, mantas, espectaculares, está abarrotado”, y la avenida Costera, “está infestados de propaganda política y que yo digo deben de tener cuidado. Nosotros creemos en la ley, vamos a esperar y vamos a luchar porque esto sea muy legal”.
Ya hay choques entre los equipos de los aspirantes
Se le preguntó si era ilegal utilizar las siglas del presidente López Obrador y respondió: “sí, por supuesto está prohibido por la ley usar la imagen de funcionarios públicos y más del presidente de la República que tiene tanto cariño del pueblo de México y que no puede ser usado como estandarte político electoral para ningún aspirante”.
“Creo que tienen inseguridad, me preocupa que esta anticipación temprana o esta anticipación de la sucesión nos pueda generar reacciones inconvenientes, incluso avizoro pleitos entre los equipos del propio presidente, entre los equipos del secretario de Gobernación o del secretario de Relaciones Exteriores, o del equipo de la jefa de gobierno (de la Ciudad de México), porque abajo ya se están presentando este choques, por quién tiene la barda, quién tiene la manta, quién promueve la gente, quién paga el acarreo; es decir, no es sano para nuestro movimiento, porque nuestro movimiento surgió contra todo ese tipo de lacras del acarreo de la compra del voto, de la entrega de la dádiva, del uso de programas sociales para beneficios político electorales y de la imposición”.
Sostuvo del exceso de propaganda y movilización de personas: “eso es contra lo que se luchó y no podemos repetirlo, sería muy desafortunado”.
“Voy a dar la sorpresa porque somos los más preparados, pero somos los que hemos batallado en la vida contra la adversidad. Conozco bien Guerrero, conozco todos los municipios de Guerrero, fui delegado de la izquierda, conozco a la gente y estoy seguro que hay mucho monrealista de clóset y no se define por temor, pero en el momento de llegar la hora muchos saben que soy el más preparado y el más capaz para enfrentar los retos, no me voy a bajar de la contienda, tengo amistad con los tres y conozco a los tres aspirantes y por ninguno voy a declinar”.
Monreal Ávila se consideró como “un rebelde con causa, el hijo pródigo que está ausente y que no es reconocido, pero soy el más preparado, el de mayor experiencia política”.
Sobre el proceso electoral en los estados de Coahuila y Estado de México, comentó que en el caso del segundo, Morena tendrá un triunfo avasallador, pues el desempeño de la candidata Delfina Gómez durante el debate ante su contrincante la candidata de la coalición PRI-PAN- PRD, Alejandra del Moral, fue muy bueno.
En contraste, indicó que en Coahuila la contienda es más cerrada, aunque el candidato de Morena, Armando Guadiana, saldrá adelante.
Advirtió de la ilegalidad de la Guardia Nacional
Sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que desecha que el Ejército tenga el control de la Guardia Nacional, dijo: “advertí, vale la pena recordarlo, y dije que lo primero que debió haberse hecho era reformar la Constitución. Incluso emití un voto particular. Eso me generó una reprimenda y una acusación de los compañeros, pero lamentablemente tenía razón, pero no voy a cuestionar la resolución que se emitió porque finalmente es la última instancia del Poder Judicial Federal, quizás no fue lo correcto”.
“Es una resolución que tiene que observarse hay que pensar en la modificación constitucional, hay que tratar de lograr acuerdos porque además es indispensable que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública y que la Sedena tenga control operativo y disciplinario sobre la Guardia Nacional”.
Explicó que el jueves se aprobó la Ley de Minería, ya llegó la minuta aprobada “y se ha turnado a la Comisión de Minería y de Estudios Legislativos segunda, hoy mismo se está turnando y vamos a empezar reuniones para revisarla y atender los reclamos del sector, pero también de los productores donde están asentadas las minas, vamos a ver lo que convenga mejor al país es lo que vamos a hacer”.
Piden apoyo pescadores de Puerto Marqués
De su reunión con integrantes de la cooperativa de buzos y pescadores de Puerto Marqués, el senador dijo que él visita a la gente más necesitada. Citó que por la mañana estuvo en las cárceles en Puebla: “hoy vengo aquí con los pescadores de esta zona que es un sector muy lastimado y muy vulnerable, muy vulnerado. Entonces para ayudarles, a ver qué podemos hacer”.
“Acapulco y Puerto Marqués son extraordinarios, no entiendo porque no vamos a generar un polo de desarrollo turístico, si Acapulco es el más bonito de todos los puertos que he conocido, requiere apoyo, requiere mucho respaldo institucional y requiere recuperar nuestro puerto que para mí es el mejor”.
En su mensaje, Monreal Ávila dijo: “soy un aliado de ustedes los pescadores y diría que el sector pesquero requiere de mucho apoyo, de mucho respaldo del gobierno para sacar adelante estas actividades y conozco el tema. Ya lo habíamos platicado, lo tenemos en la Comisión de Pesca y nos hemos reunido con las cooperativas pesqueras del país y no voy a ceder en buscar soluciones”.
El presidente de la cooperativa de pescadores, Pedro Infante, dijo: “lo que necesitamos es proyectos productivos para cultivar la almeja roja y chocolate, el callo de hacha y la pata de mula, pero no tenemos recursos suficientes lo poco hemos hecho ha sido con mucho esfuerzo, con apoyo de la Universidad Autónoma de Guerrero y el buzo Juan Barnard”.
“Queremos que se ponga a trabajar en lo que les compete”, pidió el presidente de la cooperativa y es que mencionó que hay algunas normas de pesca que afectan en Guerrero porque son “vedas que las puso el hombre y que el hombre las puede quitar o cambiar”. Contó que esas vedas lo que van a provocar es que muchos pescadores vayan a mar adentro.
Además de que necesitan dos embarcaciones con motores para hacer recorridos para seguir haciendo su labor.
Diputados federales recibieron en la Cámara de Diputados a regidores de Tierra Caliente, así como a la alcaldesa de Cutzamala, Mayte Arce Jaimes, quienes les informaron de las obras pendientes para la región. Pidieron priorizar a las carreteras y que dentro del presupuesto se asignen recursos para la rehabilitación de las vías, que se encuentran en malas condiciones.
A la reunión en la Ciudad de México acudieron 32 regidores de los municipios de Pungarabato, Cutzamala de Pinzón, Zirándaro de los Chávez, Tlapehuala, Arcelia, Canuto A. Neri, Pedro Ascencio de Alquisiras, Teloloapan, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Apaxtla y Cuetzala, de filiación priista. El encuentro se realizó como parte de un acuerdo con el diputado federal del distrito 01, Reynel Rodríguez Muñoz.
El regidor Armando Cabrera Villela, al hacer uso de la palabra, dijo qué las carreteras en Tierra Caliente deben de ser tomadas como prioridad: “En el 2019 fue el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y en uno de sus discursos primero dijo que él sólo viajaba por tierra y que por tal motivo se había dado cuenta del mal estado en el que se encontraban las carreteras… también dijo que estaba dando instrucciones para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes rehabilitará la carretera que va de Tejupilco a Altamirano, que fue una de las que pudo observar, pero todas están en malas condiciones.
Además de Reynel Rodríguez estuvo el diputado Ruben Moreira, coordinador de la bancada del PRI.
Rubén Moreira dijo que para el PRI es importante recabar las legítimas demandas ciudadanas de Guerrero. “Pero si no presionamos, si no señalamos, no vamos a tener el presupuesto que ustedes requieren. En los próximos días por ejemplo van a disolver la Financiera rural, pero también hay que ver qué va pasar con los pensionados y jubilados de Banrural, que son temas que tenemos que analizar”.
Añadió que “podemos hacer un foro sobre las carreteras, entre otras cosas. Podemos invitar a la Comisión de Comunicaciones y Transportes (legislativa) y veamos el tema. También podemos llevar a algunos de ustedes a la plenaria”.
Asistió Efrén Ángel Romero Sotelo, ex presidente de Teloloapan, quien dijo que “en la región Norte también hay mucha carencia, hay muchas minas, y no podemos tener un estado rico con pueblo pobre. Nosotros formamos como municipios una veta de minas muy importante y en esa zona hay pobreza extrema. Lo invitamos a que vea todas las carencias de nuestra región norte del distrito 01”.
Pidió a Moreira realizar foros en los pueblos mineros de Guerrero, y que se regrese el presupuesto para los municipios mineros, y un poco del saqueo que ha existido.
La mayoría de los regidores les entregaron documentos de solicitudes que van desde carreteras, el mantenimiento de caminos hacia la parte de la sierra, la atención a los mercados y el desarrollo económico.
En el encuentro quedaron de establecer en los siguientes fechas para los foros de consulta.
Este viernes estará en Chilpancingo, Acapulco y San Marcos la senadora Beatriz Paredes Rangel, aspirante a la candidatura presidencial por el PRI.
Paredes Rangel es originaria de Tlaxcala, entidad de la que fue gobernadora. Fue presidenta nacional del PRI en el periodo 2007-2011, ha sido dos veces senadora, cuatro veces diputada federal y embajadora, y ha desempeñado diversas carteras en gobierno federales priistas.
Es la segunda aspirante a la candidatura presidencial por el PRI que visita la entidad. Los días 21 y 22 de marzo estuvo su compañera en el Senado Claudia Ruiz Massieu Salinas. Paredes Rangel estará en Guerrero este viernes 14 y el sábado 15 de abril.
Las actividades de la senadora inician el viernes en Chilpancingo con un desayuno con integrantes de colegios, organizaciones y asociaciones. También se reunirá con la clase política de la zona Centro, Tierra Caliente, Zona Norte y La Montaña, ambas reuniones en el salón Cuicalli.
Después estará en Acapulco donde se encabezará una comida con ciudadanos de la sociedad civil, y por la tarde una reunión con jóvenes en la que la acompañarán la diputada Julieta Fernández, y los regidores Manuel Añorve Aguayo y René Juárez Albarrán. Las actividades serán en el hotel Elcano.
El sábado desayunará con autoridades actuales y ex alcaldes, ex diputados, ex senadores, ex gobernadores en el Holiday Inn de la zona Diamante.
Para el medio día del sábado estará en San Marcos, en la unidad deportiva de ese municipio en una reunión con mujeres campesinas de la Costa Chica y sus actividades concluyen por la tarde en Acapulco con una reunión con cooperativas pesqueras.
Consultado sobre la visita de la aspirante a la candidatura presidencial, el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Acapulco, Sofío Ramírez Hernández, indicó que la organización de la visita de Beatriz Paredes está a cargo en Costa Chica de Juan José Castro Justo, y en Acapulco hay una coordinación colectiva encabezada por el ex diputado federal Efrén Leyva Acevedo.
“Viene a presentar su plataforma político electoral rumbo al 2024, consideramos que Beatriz Paredes es una institución en la vida pública, un personaje de la vida política nacional, una mujer muy completa que conoce México, la problemática que viene de años atrás, consideramos que es un perfil extraordinario para poder ser la candidata de la coalición PRI-PAN y PRD”.
Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.
Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal
En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez y la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo Maldonado, firman los acuerdos al término de la reunión con el tlayakanki Nicolás Villarreal, representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y enviados del gobierno federal ayer en las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Tlapa Foto: Comunicación Social
Ejército y Guardia Nacional se encargarán
de la seguridad en Xalpatláhuac, acuerdan
Suspenderá actividades la Policía Comunitaria para resolver el conflicto político. Se reúnen autoridades de los tres órdenes de gobierno con la CRAC, la alcaldesa Selene Sotelo Maldonado y el tlayakanki Nicolás Villarreal Dircio. Entregan comunitarios las armas de la policía municipal y esperan que se retiren órdenes de aprehensión
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Representantes de los tres órdenes de gobierno, así como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), con la mediación del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, (Tlachinollan), se reunieron ayer por más de cuatro ayer en Tlapa para atender el conflicto político de Xalpatláhuac.
En declaraciones por teléfono, el coordinador y vocero de la CRAC de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que en esa reunión la institución comunitaria acordó “suspender” temporalmente a partir de ayer el funcionamiento de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, y los gobiernos federal y estatal determinaron que a partir de este miércoles entrarán soldados del Ejército y efectivos de la Guardia Nacional para encargarse de la seguridad.
En la reunión estuvieron el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Misael Rojas Mejía y Gustavo Medrano Ortiz; la presidenta municipal Selene Sotelo Maldonado; el tlayakanki, Nicolás Villarreal Dircio, con una representación de diez personas; los coordinadores de las cinco casas de justicia de la CRAC, y el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan),
Vidulfo Rosales Sierra.
En la reunión que comenzó a las 11 de la mañana y terminó después de las 3 de la tarde en las instalaciones del Instituto Nacional Indígena (INPI) de Tlapa, las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las autoridades comunitarias, acordaron además que el 15 de abril la Policía Comunitaria va a entregar las diez armas de la Policía Municipal que tiene bajo su resguardo desde el primer conflicto que se originó con la presidenta municipal, el año pasado.
De Jesús Cabrera explicó que al entregar las armas, el gobierno estatal “verá cómo resuelve” el caso de las 24 órdenes de aprehensión contra de los 22 policías comunitarios y el tlayakanki, mismas que se integraron quitárselas a la Policía Municipal.
Informó que las armas se van a entregar ante la presencia de un notario público para que elabore el acta correspondiente.
Informó que en el caso de las dos patrullas que también estaban bajo resguardo de la Policía Comunitaria ya fueron entregadas al gobierno del estado.
En tanto, que por parte de la presidenta municipal, va a activar el servicio de agua potable, el Registro Civil que no estaban funcionando en la cabecera municipal, y por parte del gobierno del estado, hizo el compromiso de enviar médicos y medicamentos al centro de salud, que también funcionaba de manera irregular.
El vocero de la CRAC informó que en el caso de la “suspensión temporal” del funcionamiento de la Policía Comunitaria a partir de ayer, será hasta que la CRAC convoque a una asamblea regional en la que va a determinar si sigue funcionando o se eligen a nuevos policías comunitarios.
“Eso lo vamos a resolver nosotros (la CRAC) porque es claro que el conflicto es político y el compromiso por parte de la Coordinadora es que vamos a convocar a una asamblea en Xalpatláhuac para determinar si se ratifican a los actuales policías comunitarios o se nombra a nuevos”.
Explicó que la CRAC lo acordó así “porque no queremos que se esté señalando a la Coordinadora, a través de sus policías comunitarios, que somos factores del conflicto que existe, por eso estamos procediendo con un deslinde total y queda sin servicio la Policía Comunitaria a partir del día de hoy (ayer) en espera de que se avance en el tema de pacificación de la cabecera municipal”.
Informó que ese acuerdo fue en común con el tlayakanki. Informó que hasta ayer eran 22 policías comunitarios los que estaban funcionando.
Agregó que los representantes de la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el secretario de Gobierno, acordaron que a partir de este miércoles van a ingresar a Xalpatláhuac efectivos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército para que se haga cargo de la seguridad en esa población.
Un paso para resolver el
conflicto: gobierno estatal
En un boletín de prensa, el gobierno del estado informó que “ha dado paso a una estrategia en donde se prioriza el diálogo y la mediación para la resolución de los conflictos”.
Y celebró “la voluntad de la CRAC, las autoridades municipales y religiosas de Xalpatlahuac para establecer acuerdos que permitan la construcción de paz en la entidad”.
Refrendó también el respaldo y compromiso del gobierno estatal para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres.
Se informó que en la reunión, las autoridades dieron a conocer sus diferentes puntos de vista sobre la situación que vive el municipio de Xalpatláhuac, “a fin de lograr la construcción de acuerdos favorables que permitan avanzar en la gobernabilidad y bienestar de la población”.
Se informó que el secretario de Gobierno dijo que “hay respeto y reconocimiento por parte del gobierno de estado hacia la CRAC, como agrupación que ha buscado coadyuvar con la autoridad para garantizar la seguridad de las comunidades”.
El conflicto en Xalpatláhuac se agravó el 20 de marzo cuando la Policía Comunitaria detuvo al director del DIF municipal, Jorge Pardo Dorantes, acusado de repartir despensas sin la autorización de las autoridades comunitarias encabezadas por el tlayakanki. Después, el 23 de marzo, entraron soldados, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales y ministeriales con la intención de desarmar a la Policía Comunitaria y encargarse de la seguridad, pero en el transcurso de ese mismo día fueron expulsados de la población, en su mayoría por mujeres, en apoyo al tlayakanki y a la Policía Comunitaria.
El obispo José de Jesús González durante la entrevista en Chilapa después de la misa crismal con sacerdotes de la diócesis Foto: Luis Daniel Nava
Luis Daniel Nava
Chilapa
La violencia criminal está fuera de control en Chilpancingo, advirtió ayer el obispo José de Jesús González Hernández y adelantó que en junio los obispos de Guerrero, y sus pares del sur del país, acudirán al Vaticano para reunirse con el papa Francisco, a quien entregarán un informe que incluye la situación de inseguridad que se vive en la entidad.
José de Jesús González, obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, acudió a esta ciudad a celebrar la misa crismal con la presencia de los sacerdotes de la Iglesia católica en esta demarcación. Estuvo presente el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza.
Consultado al final, el prelado informó que el papa Francisco recibirá a los obispos mexicanos en tres grupos: los del norte, los del centro y los del sur del país entre los cuales estarán los cuatro obispos de Guerrero.
Después de la Pascua, en 15 días acudirán a Roma los obispos del norte; en mayo los del centro y del 19 al 24 de junio los del sur, detalló.
Dijo que los obispos de Guerrero ayudaron a elaborar los temas que presentarán ante secretariados del Vaticano que tienen que ver con la vida familiar, educación, salud, clero y la pastoral social.
De la situación social que vive la población en las regiones de Guerrero donde los obispos tienen presencia, indicó que ya se le ha informado a las autoridades y a la misma comunidad en las homilías.
“Lo más fuerte es que nos sentimos en Guerrero colectivamente secuestrados. Dan tristeza los desplazamientos de familias de comunidades, sobre todo en las partes vulnerables como la sierra y Tierra Caliente”, dijo un día después de que familias de la comunidad de San Antonio de las Tejas se refugiaron en Tecpan tras recibir amenazas de un grupo delictivo.
“Lo más grave es que el Ejército escolta a los pobladores pero para que salgan, no los escoltan para cuidarlos y que se queden en sus casas y no las abandonen.
“Eso es lo más me llama la atención. Las comunidades son obligadas a salir porque ya no se puede vivir y el Ejército los escolta para que salgan”.
“¡Escolten para que sean protegidos como debe ser, que se queden en sus comunidades, en su territorio! Y el Ejército que los defienda del secuestro, del crimen”, expresó en tono molesto.
De los asesinatos cometidos en los últimos días en la capital, a plena luz del día y hasta en el centro de la ciudad, González Hernández opinó que tristemente el gobierno lo ha permitido y que por eso la gente se abre paso a través de la violencia.
“Tristemente han dejado portar armas. El gobierno ha permitido todo esto y por eso lo hace la gente, se abre paso a través de la violencia. Y esto ya está fuera de control, del gobierno, de la sociedad misma”, alertó.
“Al permitir esta situación, seguramente (el gobierno) está infiltrado, está coludido, ¿qué se va a hacer?”, dijo.
No obstante exhortó al gobierno a levantarse y no permitir la corrupción. Y que los desagarres en el tejido social se deben remendar y es una tarea que ha empezado la propia Iglesia católica, comentó.
En la última parte de la entrevista el obispo se refirió al diálogo entre las autoridades y los grupos criminales.
“El gobierno dice que no dialoga con criminales, entonces ahí está, se entiende que si no se dialoga no se compromete y ahí está que tenemos todo el desorden”, señaló.
El obispo José de Jesús González durante la entrevista en Chilapa después de la misa crismal con sacerdotes de la diócesis Foto: Luis Daniel Nava
Irán obispos a Roma e informarán al Papa sobre la inseguridad que se vive en Guerrero
Recibirá Francisco en el Vaticano a sus pares del sur de México en junio, anuncia el titular de la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, José de Jesús González. Advierte que en la capital del estado la violencia criminal está fuera de control. Se dice triste por el desplazamiento de pueblos de la sierra
Luis Daniel Nava
Chilapa
La violencia criminal está fuera de control en Chilpancingo, advirtió ayer el obispo José de Jesús González Hernández y adelantó que en junio los obispos de Guerrero, y sus pares del sur del país, acudirán al Vaticano para reunirse con el papa Francisco, a quien entregarán un informe que incluye la situación de inseguridad que se vive en la entidad.
José de Jesús González, obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, acudió a esta ciudad a celebrar la misa crismal con la presencia de los sacerdotes de la Iglesia católica en esta demarcación. Estuvo presente el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza.
Consultado al final, el prelado informó que el papa Francisco recibirá a los obispos mexicanos en tres grupos: los del norte, los del centro y los del sur del país entre los cuales estarán los cuatro obispos de Guerrero.
Después de la Pascua, en 15 días acudirán a Roma los obispos del norte; en mayo los del centro y del 19 al 24 de junio los del sur, detalló.
Dijo que los obispos de Guerrero ayudaron a elaborar los temas que presentarán ante secretariados del Vaticano que tienen que ver con la vida familiar, educación, salud, clero y la pastoral social.
De la situación social que vive la población en las regiones de Guerrero donde los obispos tienen presencia, indicó que ya se le ha informado a las autoridades y a la misma comunidad en las homilías.
“Lo más fuerte es que nos sentimos en Guerrero colectivamente secuestrados. Dan tristeza los desplazamientos de familias de comunidades, sobre todo en las partes vulnerables como la sierra y Tierra Caliente”, dijo un día después de que familias de la comunidad de San Antonio de las Tejas se refugiaron en Tecpan tras recibir amenazas de un grupo delictivo.
“Lo más grave es que el Ejército escolta a los pobladores pero para que salgan, no los escoltan para cuidarlos y que se queden en sus casas y no las abandonen.
“Eso es lo más me llama la atención. Las comunidades son obligadas a salir porque ya no se puede vivir y el Ejército los escolta para que salgan”.
“¡Escolten para que sean protegidos como debe ser, que se queden en sus comunidades, en su territorio! Y el Ejército que los defienda del secuestro, del crimen”, expresó en tono molesto.
De los asesinatos cometidos en los últimos días en la capital, a plena luz del día y hasta en el centro de la ciudad, González Hernández opinó que tristemente el gobierno lo ha permitido y que por eso la gente se abre paso a través de la violencia.
“Tristemente han dejado portar armas. El gobierno ha permitido todo esto y por eso lo hace la gente, se abre paso a través de la violencia. Y esto ya está fuera de control, del gobierno, de la sociedad misma”, alertó.
“Al permitir esta situación, seguramente (el gobierno) está infiltrado, está coludido, ¿qué se va a hacer?”, dijo.
No obstante exhortó al gobierno a levantarse y no permitir la corrupción. Y que los desagarres en el tejido social se deben remendar y es una tarea que ha empezado la propia Iglesia católica, comentó.
En la última parte de la entrevista el obispo se refirió al diálogo entre las autoridades y los grupos criminales.
“El gobierno dice que no dialoga con criminales, entonces ahí está, se entiende que si no se dialoga no se compromete y ahí está que tenemos todo el desorden”, señaló.
