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Regidores de Chilpancingo solicitan un juicio ante el TEE para recibir dos bonos

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

En la pasada sesión de Cabildo se informó que seis regidores del Ayuntamiento de Chilpancingo interpusieron un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), para exigir que el municipio les pague dos bonos: uno anual de 100 mil pesos y el otro de 20 mil mensuales.
En su intervención, en asuntos generales, la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martinéz, informó que hay un juicio electoral por parte de seis regidores que solicitan dos bonos, “nosotros no tenemos nada que esconder”.
Después la secretaria general del Ayuntamiento, Xóchitl Heredia Barrientos, informó que se le notificó por parte del TEE “una serie de bonos” que solicitan Iván Galíndez de Morena; del PRI Antonio Guzmán Ruiz, Guadalupe Aguilar e Inés Camarillo; Reynalda Pablo del PAN y María de los Ángeles Pastor del PRD.
Indicó que los ediles argumentan que esos bonos se los han estado dando a otros de sus compañeros.
Xóchitl Heredia indicó que ya dieron contestación y están en la espera de que la autoridad se pronuncie. “Hemos contestado de manera transparente y exhibido todas las cuentas públicas del Ayuntamiento, donde se comprueba que todo lo que ellos piden tampoco fue dado a ningún edil por indicaciones de usted (alcaldesa)”, precisó la funcionaria.
Detalló que probablemente regresando del periodo vacacional que tiene el TEE les darán contestación, mismas que también se le estarán comunicando al Cabildo.
En su participación, Guadalupe Aguilar indicó que pidieron un bono: “no tengo ningún empacho en decirlo, qué bueno que se ventile, porque yo ya me adelanté. Ese bono fue para solicitar una igualdad de condiciones y es no para quedarme con el dinero, no para hacerme rica, es para cubrir un sinfín de compromisos que tengo”.
La regidora justificó que vienen varios eventos: del Día del Niño, de la Madres, del Maestro, del Estudiante y las clausuras, con el que utilizarán el dinero que solicitaron.
Manifestó lo solicitaron como un derecho que les corresponde, “con ese bono extra puedo ayudar mucho más, tenía grandes planes porque me iba a traer a más gente para colaborar conmigo, pero ese bono se nos quitó como una manera de revancha”.
Recriminó que los quisieron exhibir como “corruptos o como que hicimos las cosas mal”.
La alcaldesa intervino e informó que fueron tres meses que se dio el bono de productividad a todos, “es la parte de la austeridad y así es como vamos a seguir, y si es necesario de ajustarnos más el cinturón por la situación de mejorar las condiciones de los trabajadores lo haremos”. Externó que serán las instituciones quienes den la sentencia.
De acuerdo con información del Ayuntamiento de Chilpancingo los regidores ganan al mes 30 mil 522 pesos. Y la compensación al salario mensual es de 49 mil 606 pesos.
Además en la información de indicó que la compensación extraordinaria es de 20 mil pesos y que el apoyo mensual para personal es de 10 mil pesos, por lo que en total reciben 110 mil pesos al mes.

 

Concluyó desde noviembre el periodo de Olimpia Godínez en el TJA, revelan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En un escrito enviado a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, “trabajadores” del Tribunal de Justicia Administrativa le notificaron que el periodo como magistrada de Olimpia María Azucena Godínez Viveros, feneció el 3 de noviembre pasado y le pidieron ejercer la facultad que le otorga la Constitución Política del Estado para enviar la propuesta al Congreso local de quien debe suplirla.
Le advirtieron que, en caso contrario, si continúa con esa responsabilidad “de manera inconstitucional e ilegal”, sus actuaciones resultarán inválidas, “al no tener sustento jurídico alguno”.
Denunciaron que los magistrados del Pleno de la Sala Superior de ese Tribunal, “fueron totalmente omisos al no hacerle de su conocimiento sobre dicha anomalía jurídica” para evitar el “retiro forzoso” de la magistrada.
Explicaron que el nombramiento de Godínez Viveros como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa fue expedido por el Congreso del estado y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 3 de noviembre de 2015 por seis años, por lo que feneció el 3 de noviembre pasado, aunque en realidad en esta fecha se cumplieron siete años.
“No obstante, los integrantes del pleno de la Sala Superior en contravención a las disposiciones del artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa fueron totalmente omisos en hacerle de su conocimiento sobre dicha anomalía jurídica”.
Según los trabajadores, los magistrados actuaron así porque la ley señala que en estos casos procede el “retiro forzoso” de los magistrados, debido a que el titular del Poder Ejecutivo del Estado debe proceder con la propuesta para cubrir la vacante en los términos previstos por la Constitución Política del Estado.
Explicaron que quien debió informar oportunamente del término del periodo de la magistrada era la entonces presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Martha Elena Arce García.
Insistieron que su nombramiento dejó de tener vigencia “y no existe disposición legal que le permita justificar que continúe en el cargo”.
Quienes impugnan a la magistrada, detallaron que de acuerdo a la Ley orgánica de ese Tribunal, los magistrados durarán en su encargo siete años a partir de que rindan protesta de ley, y podrán ser ratificados para un segundo periodo de ocho años improrrogables.
Y aclararon que Godínez ejerció un segundo periodo como magistrada mediante el decreto del 20 de octubre del 2015, “con la salvedad que el Congreso del estado, estableció en el artículo primero que: se aprueba el nombramiento de la maestra en ciencias Olimpia María Azucena Godínez Viveros, como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (ahora Tribunal de Justicia Administrativa) por el término de seis años.”
Por ello, argumentaron que si el Poder Legislativo estableció ese lapso “es incuestionable que, a la fecha, el nombramiento de referencia ha dejado de tener vigencia y como consecuencia lógica, al existir impedimento constitucional para ser ratificada para un tercer periodo, las actuaciones de la mencionada profesionista pueden ser tildadas por alguna de las partes contendientes en un juicio contencioso administrativo de ilegales”.

La magistrada Martha Elena Arce, en la misma situación

Los que impugnan informaron a la gobernadora que de igual manera el nombramiento de la magistrada Martha Elena Arce García termina el 17 de febrero de 2023, “toda vez que fue designada por un periodo de seis años, y en segundo lugar, que ese periodo es improrrogable”.
Añadieron que al igual que Godínez Viveros, Arce García a la fecha ha desempeñado por dos periodos el cargo de magistrada, “es decir, ha fungido como magistrada de Sala Regional y como Magistrada de Sala Superior, de ahí que una eventual ratificación de su actual nombramiento o permitírsele que continúe en el cargo con un nombramiento que ya no tiene vigencia, resultaría inconstitucional e ilegal, y como consecuencia su actuación sería inválida”.
En atención a ello, solicitaron a la gobernadora que ejerza sus facultades y proceda a cubrir las vacantes.

 

Advierten activistas alza en desaparición de mujeres y obstáculos al aborto legal

Alicia Román, Ericka Romero, Angie Palafox, Renata Gonzáles, Gabriela Córdoba y Selene Arrieta en la conferencia de prensa para anunciar actividades del 8 de marzo Foto: Jessica Torres Barrera

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Activistas feministas denunciaron que en lo que va del año en observan un aumento de desapariciones de mujeres, que los servicios estatales de salud siguen obstaculizando el aborto legal, y que trece mujeres están en prisión por interrupción del embarazo acusadas de homicidio en razón de parentesco, la forma de criminalizar del derecho a decidir.
Lo anterior, en conferencia de prensa donde informaron que están en un proceso de investigación y mapeo de las violencias que van presentar en un pronunciamiento el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Convocaron a otras mujeres a marchar en esa fecha, a las 3 de la tarde, desde la alameda Grandos Maldonado para la atención prioritaria de la agenda feminista.
De la Colectiva Femversas y Existencia Lesbica, Gabriela Córdova, denunció la omisión de autoridades impartidoras de justicia, con el ejemplo de intento de feminicidio de Alejandra Mateos, después de que su agresor que huyó a Estados Unidos para evadir la justicia en México, ahora demanda la deportación porque conoce la impunidad que existe en el país.
De la Red Guerrerense por los Derechos de las Mujeres y del Observatorio de Violencias contra las mujeres Guerrero, Renata Gonzalez Moreno habló de Karla Peñaloza Martínez, joven afromexicana de 20 años, estudiante universitaria, desaparecida el 30 de enero, pese a las protestas de activistas para que el gobierno estatal y la Fiscalía del estado realicen todas las acciones necesarias para encontrarla.
Advirtió que están aumentando “de manera alarmante” los registros de mujeres desaparecidas, y realizan un mapeo con estos datos para que sean parte de su pronunciamiento del 8 de marzo.
De Mujeres Guerrerenses Eucaria Apreza, Erika Romero y Alicia Ayala exigieron acceso a la justicia con perspectiva de género, recordando el feminicidio de Ilse, en un hotel de la capital del estado, la semana pasada; y el de Julia, trabajadora del hospital general, asesinada el año pasado. En el segundo caso el acusado se encuentra vinculado a proceso.
De la Red Redefine, Angie Palafox, explicó que la manifestación llevarán documentados casos de diferentes tipos de violencias: vicaria, política, obstétrica, institucional, de matrimonios forzados, feminicida, desaparición de mujeres, acoso y hostigamiento en espacios laborales y educativos. Además van a exigir un alto a la persecución de activistas y de derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas.
Indicó que tienen datos de trece carpetas de investigación tipificadas por homicidio en razón de parentesco, “la manera de criminalizar a las mujeres por abortar, pues tiene una penalidad más elevada”.
González Moreno agregó que las mujeres siguen enfrentando obstáculos en el acceso al aborto legal en el sector público estatal, porque sigue pendiente la reforma en materia de salud, que persona médico aún usa de pretexto para no dar el servidio. Indicó que  tienen casos documentados en el hospital general de Chilpancingo, Raymundo Abarca Alarcón, el general Donato G Alarcón de Ciudad Renacimiento y el CAAPS de la Progreso en Acapulco.
Aclaró que  hay un cambio del sistema estatal al IMSS Bienestar que  podría cambiar el esquema de la legislación de salud que sigue pendiente, sin embargo, la sola reforma de despenalización del aborto no es efectiva.
“Siempre vamos a tratar de incidir en que se haga realidad para las mujeres, sabemos que van a hospitales y no las atienden, sufren violencia institucional y violencia obstétrica, entonces por eso sí es la exigencia, seguimos pendientes en estas cuestiones”.
De la crisis financiera en la Fiscalía estatal, Palafox aclaró que el gobierno del estado tendría que asegurar los recursos para garantizar el acceso a la justicia, pero no es el único obstáculo para que las  mujeres accedan a la verdad, a la reparación del daño, “uno es la revictimización en las instancias, no se trata de dinero, las autoridades que son primeros respondientes generan violencia institucional para que no las afectadas  desista la presentación de carpetas de investigación”.
También llamaron a las víctimas de las distintas violencias de género a acercarse al movimiento para recibir acompañamiento.