La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) desacreditó los resultados de los estudios de dos universidades públicas sobre daños de contaminación y vibraciones provocadas por explosiones de la minera Torex Gold, en su proyecto Media Luna, en Cocula.
Según los resultados de la investigación atribuida a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a la Universidad Michoacana, que se presentaron el jueves a funcionarios federales y estatales de medio ambiente y de pesca, no existe evidencia de que la minería afecte la producción pesquera o deteriore las viviendas por voladuras (explosiones), para la extracción de metales.
En un comunicado, la organización señala que la información publicada es ambigua porque no muestra métodos de medición, y la considera ilegítima, porque “no hay forma de esconder científicamente los daños y perjuicios que ya pescadoras y pescadores observan todos los días”.
Demandó a las dependencias que muestren al público y a los afectados los resultados de los análisis en tierra, en atmosfera y en agua, así como los de las ondas expansivas y de las ondas de presión, además del análisis de las ondas sonoras en atmosfera y agua, “porque la vibración como tal no deben ser considerada como único parámetro, ni puede entonces ser tan determinante como es manejado en la nota en la que participaron dichos investigadores”.
Aseguró que también deben mostrar los resultados de los gases que producen las voladuras o explosiones, por lo menos del monóxido de carbono y de óxido de nitrógeno, ambos tóxicos, y los análisis de minerales liberados en las explosiones, en particular de polvo ultraligero.
Aseguraron que los investigadores, “no tienen idea de dónde se depositan esos polvos particulados por las explosiones, ni qué tipo de metales tóxicos contienen”, lo que deja en entredicho sus planteamientos.
Destacaron la lucha de los pescadores y comunidades desplazadas contra la minera, frente al manejo discrecional de investigadores y funcionarios de gobierno, que a puerta cerrada entregan resultados de los análisis que involucran a muchos sectores de la población.
“Indigna que no se haya invitado a dicha reunión a los afectados directos que desde hace dos semanas mantienen en bloqueo a la empresa; indigna que aparezca el nombre de instituciones universitarias avalando tanto la secrecía de la entrega del informe, como que en dicho informe manifiesten que no existen evidencias de los daños ocasionados por las explosiones y trabajos de la minería”, cuestiona.
Urge a los investigadores a que digan de dónde sacaron sus líneas de base, con los que compararon el efecto que las vibraciones derivadas de las explosiones pueden causar en los peces, “porque este tipo de estudios no existen en México, ni siquiera están normados, y sólo en la nota se menciona, y mal, que las vibraciones están lejos del rango mínimo aceptado de tres milímetros por segundo en cada vibración”, sin precisar si ese rango fue en tierra, en aire o en el agua, en donde suele prolongarse aún más la vibración.
Pidió que se precise si la UNAM y la Universidad Michoacana avalaron los resultados, o si los investigadores sólo son egresados de esas instituciones académicas y presentaron una evaluación a modo.
Para el siguiente diagnóstico pesquero relacionado con las actividades de la empresa minera Torex Gold en la presa El Caracol y el río Balsas, recomendaron que se considere la dosis, cantidad o volumen de la sustancia peligrosa a la que están expuestos en agua, sedimento y aire; el tiempo-frecuencia a la que está expuesta la vegetación, peces y la población a la sustancia peligrosa; y la manera en la que peces y humanos absorbemos la sustancia peligrosa (inhalándola, comiéndola, bebiéndola o por contacto, y sus combinaciones).
También se deben considerar las características y hábitos de la población, y el acceso al agua limpia y a la atención médica integral, entre otros asuntos, “porque suelen existir efectos rápidos en etapas de crecimiento menores, en el caso de peces, en los niños o el crecimiento de los bebés dentro del vientre de las madres embarazadas, que derivan en deformaciones o enfermedades crónicas cuasi inmediatas o bien futuras”.
En su comunicado, la REMA recriminó que el biólogo que defendió el análisis, “tiene la desfachatez de señalar en su informe que son los pecadores quienes violan la Norma Oficial Mexicana 060 de la Sagarpa, a la vez que señala que la calidad del agua es buena”, y criminaliza la resistencia.
Estimó que, si los estudios se basaron en la técnica de la emisión atómica por plasma de acoplamiento inductivo, el apoyo de un toxicólogo mejoraría su investigación, pero “no sirve para tomar decisiones a favor de la empresa, que resultan sesgadas, manipuladas, oscuras, carente de ética profesional”.
Llamaron al gobernador, Héctor Astudillo Flores, a actuar con objetividad, “a las y los compañeros pescadores de Nuevo Balsas, de Real de Limón, de La Fundición y de Atzcala no hace falta que les digamos que este informe carece de argumentos técnicos, no presenta elementos científicos claros, faltó la inclusión y la participación de ustedes como afectados, y sin tener más detalles que los expuestos ya podemos expresar que se trata de un informe sin credibilidad alguna”.
