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Sigue la investigación y no se busca cerrar el caso Ayotzinapa, dice Campa Cifrián

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián dijo que las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa continúan y que se busca dar con todos los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva indicó que aunque existe la preocupación de los padres de que pudiera haber la intención de cerrar el caso, “yo puedo reiterar porque estuve presente en la reunión con el procurador la semana pasada, y también con el mecanismo de la Comisión Interamericana, que hay la mayor decisión de concluir este proceso cuando se haya dado con todos los responsables, se les haya puesto a disposición de la justicia”.
Destacó la detención, este martes, de uno de los líderes en Huitzuco del grupo criminal Guerreros Unidos, lo cual era una de las peticiones que tienen los padres, de profundizar la investigación.
Señaló que los caminos están abiertos para los padres de los normalistas puedan hablar con algún funcionario de la Segob, y que siempre ha habido apertura y plena disposición para ello.
Agregó que la noche de ayer habló con Vidulfo Rosales, uno de los representantes legales de los padres, a quien le indicó que las investigaciones continúan hasta dar con todos los responsables y someterlos a la justicia.
Roberto Campa agregó que con Rosales sostuvo una conversación en términos cordiales, de plena comunicación, “y reiteramos por este medio, cualquier interés en un encuentro con la Secretaría de Gobernación, con el titular o con quienes trabajamos ahí y tenemos relación con el caso, pues se puede resolver simplemente con una llamada telefónica, estamos siempre a la disposición”.
El funcionario reiteró que siempre que sea solicitada una reunión con el secretario de Gobernación estará atento a la petición que hagan para conciliar agendas, porque existe plena disposición con el titular de Segob siempre para reunirse con los padres de Ayotzinapa, pero no mencionó que el martes cuando fueron a pedir una audiencia con Osorio Chong, los padres de los estudiantes fueron atacados con gases lacrimógenos por policías federales, lo que dejó a cinco familiares lesionados, justo en las puertas de la Segob.

Se discute hoy en comisiones la Ley de Desaparición Forzada

De la Ley de Desaparición Forzada, Campa declaró que existen todas las condiciones para que se apruebe, que por ahora está en manos de Senado y las cuatro comisiones dictaminadoras se han puesto de acuerdo, se ha trabajado intensamente con ellos y con las organizaciones de la sociedad, con expertos.
Agregó que está programado que se discuta hoy en comisiones y se lleve al Pleno del Senado. Se espera que suceda porque hay muchas familias en México que están esperando que salga la ley.
La ley consta de dos partes, una es la penal y las sanciones, “de lo que se trata es de que tenga el mismo manejo en todo el país, y la segunda parte de la ley es todo el diseño de la política pública, de búsqueda y de investigación”.
“Si somos capaces de romper las cadenas de impunidad seremos capaces de revertir esta realidad que tenemos en materia de desapariciones”, dijo.
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Pide Siempre Vivos a la Segob y al gobernador que “paren las masacres en Chilapa y Zitlala”

 

El presidente del colectivo de familiares Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro se reunió este lunes con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, a quien le solicitó su intervención ante el titular de la Secretaría, Miguel Ángel Osorio Chong, y ante el gobernador Héctor Astudillo Flores, para “que ya paren las masacres en Chilapa y Zitlala”.
Consultado vía telefónica, Díaz Navarro informó que el encuentro fue breve, a las 2 de la tarde en la oficina del funcionario federal.
“Le dijimos que ya no pueden seguir esas masacres y que ya deben de intervenir, y le pedimos que de inmediato debería de intervenir ante el secretario de Gobernación, ante el gobernador Astudillo y ante quien corresponda para que haya una inmediata atención al problema de Chilapa, porque ya no pueden seguir esas masacres”, relató.
Dijo que le pidió que intervenga ante el gobierno del estado porque no está trabajando ni diseñando una estrategia efectiva, “la que están aplicando tiene años y no funciona”, reprochó Díaz Navarro.
El presidente del colectivo Siempre Vivos dijo que, según el funcionario federal, inmediatamente iba a plantearle la situación al secretario Osorio Chong y que se comunicaría con el gobernador de Guerrero.
En Chilapa, en menos de 24 horas dos mujeres, una de ellas embarazada, y tres hombres fueron asesinados a balazos en distintos hechos ocurridos entre la noche del sábado y el domingo. Además, una joven resultó herida en uno de los ataques. Mientras tanto, la noche del domingo al menos tres cuerpos calcinados fueron dejados en un vehículo cerca del retén militar y policiaco que se encuentra en el arco de entrada a esa ciudad.
Al respecto, Díaz Navarro informó que ésta es parte de la guerra entre los grupos criminales Los Rojo y Los Ardillos, “el problema es que en esa guerra se están llevando a mucha gente inocente, y los gobiernos federal y estatal no están haciendo nada para frenarlos”.
Explicó que, según los comentarios que ha escuchado de la gente, se suponía que en los últimos meses Los Ardillos ya habían prácticamente desplazado a Los Rojos de Chilapa, “pero nuevamente se han reforzado Los Rojos, y ahorita están dando la batalla para recuperar la plaza, y hay una fuerte confrontación, por eso se está dando esta situación”.
Dijo que el problema es que “están ocupando” a gente desarmada, como a niños y mujeres, para mandarse sus mensajes y demostrar su brutalidad, “creo que matar inocentes es una forma de imponer el terror, el miedo y el control”.
En cuanto a las declaraciones del comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, en el sentido de que hay 500 militares desplegados en Chilapa, José Díaz declaró que, “si los hay, estarán en el cuartel yo creo, o están en sus filtros, pero no hacen nada, ya ves el carro de ayer (en la noche), fue incendiado a 100 metros del retén con tres cuerpos”.
Añadió que mientras no atrapen a los jefes de los delincuentes, la guerra no se va a acabar, que la Fiscalía General del Estado ya tiene órdenes de aprehensión, “yo no sé por qué no las ejecuta”.

Exigen colectivos de familiares de desaparecidos a Campa Cifrián que los localice vivos o muertos

El titular de la Subscretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián dijo que la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada en el estado se hará hasta que se encuentren vivos o muertos, pues así se lo demandaron los familiares.
En una reunión con los colectivos y organizaciones de familiares de desaparecidos en la que estuvo la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Policía Federal (PF), la Policía Científica y la Fiscalía General del Estado (FGE), las autoridades se comprometieron a llevar a cabo las investigaciones de manera coordinada para localizar a las víctimas.
La reunión fue privada en la sala Ignacio Manuel Altamirano del Palacio de Gobierno con Los Otros Desaparecidos de Iguala, el colectivo Siempre Vivos de Chilapa, familiares de desaparecidos en Chilpancingo y Acapulco y el Taller de Desarrollo Comunitario (Tadeco).
De las autoridades estuvo Campa Cifrián, el fiscal Javier Olea Peláez, el encargado de la CEAV Rubén Vasconcelos Méndez, la fiscal de la Procuraduría Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR Eréndira Cruz Villegas Fuentes, la titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad Sara Irene Herrerías Guerrera, la titular de la División Científica de la PF, Patricia Trujillo Mariel, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Armenta Tello y el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia.
En breves declaraciones luego de la reunión, Campa Cifrián dijo que los familiares de los desaparecidos exigieron que se busque a las víctimas “con vida y sin vida”, recordó que hay casos que son de larga data, es decir, que ocurrieron hace 8 o 10 años, y que las autoridades se comprometieron a implementar acciones para resolverlos.
Explicó que las acciones serán intercambiar datos con cárceles, panteones, fosas clandestinas y comunes, para localizar a las víctimas de desaparición en el estado.
Añadió que el próximo jueves a las 11 de la mañana habrá una segunda reunión con las familias de los desaparecidos y que en cuatro meses habrá otro encuentro para evaluar los avances.
Por su parte, la secretaria general del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena dijo que en la reunión las autoridades informaron que según con la reforma a la Ley General de Víctimas, los familiares de desaparecidos investigados en la FGE (del fuero común) recibirán atención en el CEAV, antes de la reforma sólo se admitían a los que investigaba la PGR (fuero federal).
Otro avance importante es que la Policía Científica se incorporó a las acciones para buscar a los desaparecidos, Adriana Bahena dijo que dicha división cuenta con una base de datos de las cárceles del país a la que tendrán acceso los familiares, “de todos o de los estados que a nosotros nos interesen”.
Dijo que en la reunión también se discutió el proyecto de un Centro Comunitario en Iguala, para el cual Campa Cifrián dijo que la Sedatu aportará el 60 por ciento de los 40 millones de pesos que se requieren para la construcción, y el gobernador Héctor Astudillo Flores pondrá el resto.
Explicó que los cinco colectivos y organizaciones de familiares de desaparecidos pidieron a las autoridades que se forme una base de datos en la que se incluya el registro de los detalles de los cuerpos que se vayan encontrando, como ropa, señas y las condiciones en las que estaban, y que esté disponible en internet pero con acceso restringido sólo para los representantes.
Antes, ya habían solicitado la información de los cuerpos que han sido recuperados en la mina de San Francisco Cuadra, Mexcaltepec, cerro del Huixteco, Puente Campuzano, pozo Meléndez y Temazcalapa del municipio de Taxco, así como de Las Parotas en el cerro Gordo, la fosa común de la colonia Fermín Rabadán, San Miguelito, Tijeritas, Monte Hored de Iguala y los recuperados en el municipio de Teloloapan entre 2010 y 2015.
Adriana Bahena dijo que otro punto importante que se discutió es que se revise el cambio de las carpetas de investigación de fuero común al fuero federal, también pidieron que las búsquedas de los desaparecidos se lleven a cabo en periodos de una semana por municipio y que se fortalezca la CEAV en los estados, ya que las fiscalías no cuentan con protocolos para hacer la entrega del cuerpo de una víctima que no sea originaria del lugar.
Durante la reunión, los representantes del Tadeco recordaron que en julio de 2007 conformaron el Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, pero a más de nueve años de mantener su demanda de presentación con vida de 33 activistas y justicia para 11 asesinados, “esta práctica no cesa, es cotidiana y el número de víctimas de la violencia crece diariamente”.
Por separado, las autoridades se reunieron con otro grupo de familiares de desaparecidos en Chilpancingo, quienes debieron de estar presentes en el primer encuentro pero por decisión de los colectivos se optó por manejar los casos de manera paralela.
En declaraciones, un representante del grupo informó que en la segunda reunión las autoridades se comprometieron a solicitarle al Instituto Nacional Electoral (INE) los registros de las huellas digitales de sus familiares desaparecidos para compararlos con las huellas de los cuerpos que se han encontrado; también se les dijo que recibirán apoyo de la CEAV.

Esperan Los Otros Desaparecidos que empiece la Ciudad Víctima en el primer trimestre del año

Familiares de víctimas de desaparición forzada del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, confían en que para este primer trimestre del año inicie la construcción de la primera de tres etapas de la Ciudad Víctima, en la que se espera una inversión de 40 millones de pesos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de los gobiernos estatal y municipal de Iguala.
La tarde del martes, representantes del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala se reunieron en Chilpancingo con el delegado de la Sedatu en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, y con el presidente de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), José Luis Gallegos, quienes les presentaron el proyecto de lo que será Ciudad Víctima.
En declaraciones hechas ayer, vía telefónica, la secretaria del colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, Adriana Bahena Cruz dio a conocer que en la primera etapa de Ciudad Víctima –de tres que llevaría el proyecto– se calcula una inversión de 40 millones de pesos, de los que el gobierno federal aportaría el 60 por ciento y el resto tendrían que asumirlo el gobierno del estado y el municipio de Iguala.
Bahena Cruz dijo que sólo falta que se comprometan el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y del alcalde Herón Delgado Castañeda, para que Ciudad Víctima, que sería el primer proyecto en su tipo en el estado, sea una realidad en Iguala, y que no sólo atendería a familiares de víctimas de desaparición, sino a toda la población que lo requiera.
Explicó que la primera etapa consiste en la construcción de un centro comunitario, un edificio de dos plantas con seis aulas para talleres, una cancha de basquetbol y otra de futbol rápido, una cocina, un gimnasio techado y equipado, áreas para juegos, estacionamiento y un auditorio al aire libre.
Agregó que en una próxima etapa se espera que se construya el laboratorio de genética que han solicitado para la identificación de restos.
Tras la reunión con el delegado de Sedatu, Adriana Bahena declaró que buscarán una reunión con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, y con el alcalde priista de Iguala, Herón Delgado Castañeda, para ver de qué manera pueden ellos también entrar con sus aportaciones del 40 por ciento faltante para que este proyecto sea una realidad, y que espera que la construcción inicie en el primer trimestre de este año.
Asimismo, Adriana Bahena comentó que estaba esperando una reunión con el Subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, para presentarle el proyecto de Ciudad Víctima, y dar seguimiento a puntos en los que han trabajado en relación a la atención a víctimas, entrega de becas y pedirle su apoyo para que los procesos se aceleren.

Se compromete Campa a cumplir con la protección para la hija de Hernández Cardona

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, se comprometió a cumplir “puntualmente” las medidas de protección a familiares y testigo del luchador social de Guerrero (asesinado en 2013), Arturo Hernández Cardona, que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ofreció que habrá justicia en este caso, dio a conocer la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
En un comunicado informó del encuentro en la mesa de trabajo de la CIDH en las sesiones públicas que se hicieron en Panamá, con representantes del Estado mexicano, la hija del luchador social, Soledad Hernández Mena e integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad. .
La Red informó que el tema fue “el incumplimiento de estas medidas a Hernández Mena, y al testigo, Nicolás Mendoza Villa. Recordaron que las medidas de protección ordenadas por la CIDH para Mendoza Villa le fueron retiradas por las autoridades bajo el argumento de que tanto Mendoza Villa como la hija de Hernández Cardona, tienen como su representante a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)”.
Por lo tanto, los funcionarios señalaron que la comunicación de Segob es directa con CEAV, y la institución fue notificada de todo y estuvo en conformidad con el retiro de guardias, del botón de pánico y despensa mensual de alimentos, pues el testigo, debido a la persecución que sufre, no puede trabajar.
Sin embargo, el abogado de la Red, Rodríguez Cabrera señaló que en septiembre de este mes se entregó a la CIDH una minuta del testigo Nicolás Mendoza Villa donde ratificó que sus únicos representantes a nivel nacional es la Red y a nivel internacional son el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Red. Desautorizaron cualquier representación del CEAV e insistieron en la reasignación de las medidas.
En el caso de la hija de Arturo Hernández, ella misma explicó que no solicitó cambio de representación, y que la Red Solidaria fue, es y será su representante de este caso.
Señalaron que el relator para México, Enrique Gil Botero, opinó que las víctimas no pueden quedar en estado de desprotección y le corresponde al Estado mexicano garantizar la protección a las víctimas.
La Red informó que luego se reunió por separado con Roberto Campa Cifrián quién se comprometió a que se llevaran puntualmente las medidas de protección y habrá justicia para este caso.

Desechar la versión del basurero, pide en primera visita al país el mecanismo del caso Ayotzinapa

El Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo ayer su primera visita al país, y presentó su plan de trabajo para atender las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
El presidente de la CIDH, James Cavallaro llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a desechar de una vez por todas la hipótesis de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula, e insistió en que se entreviste al Ejército, en particular a los soldados del 27 Batallón de Infantería que estuvieron activos la noche de los ataques a los normalistas en Iguala.
Durante la presentación el comisionado Enrique Gil Botero, relator para México y coordinador del mecanismo, advirtió que existen recomendaciones técnicas específicas emitidas por el GIEI que aún están pendientes de ser cumplimentadas.
“Esperamos total colaboración de parte de las autoridades mexicanas para alcanzar el objetivo común de establecer la verdad y que se haga justicia”, dijo.
James Cavallaro agregó que precisamente llegar a la verdad sobre lo sucedido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es la principal deuda del Estado mexicano con los estudiantes, sus familiares y la sociedad en su conjunto.
“El trabajo del GIEI demostró que los cuerpos de los estudiantes no fueron cremados en el basurero de Cocula”, mencionó.

El plan de trabajo

El plan de trabajo del mecanismo de seguimiento contempla visitas oficiales a México de los comisionados de la CIDH en abril, junio y noviembre del próximo año.
Adicionalmente, en el mismo lapso, el equipo técnico que trabajará en el caso realizará otras cuatro visitas al País, además de que se realizarán sesiones públicas en el marco de los periodos de sesiones de la CIDH.
Durante cada visita a México, tanto el quipo técnico como los comisionados tendrán la facultad de reunirse con los padres de los normalistas y sus representantes, así como con otras organizaciones internacionales y de la sociedad civil.
También podrán sostener reuniones de alto nivel con representantes del Estado, y acceder al expediente del caso o cualquier otra fuente de información.
El Mecanismo Especial de Seguimiento se regirá por cuatro objetivos específicos: monitorear el avance de la investigación, asesorar y apoyar el proceso de búsqueda de los desaparecidos, asegurar la atención integral a las víctimas y familiares, e impulsar las medidas estructurales para evitar la repetición de hechos similares.
El mecanismo seguirá las recomendaciones del GIEI que más obstáculos han enfrentado del gobierno federal.
James Cavallaro destacó “la necesidad de unificar las investigaciones, de no seguir con la fragmentación y de investigar de forma integral”, dijo.
“Hay que seguir y conseguir las declaraciones testimoniales pendientes, hay muchos integrantes, por ejemplo, del Batallón 27 (del Ejército), hay que seguir buscando esas declaraciones”, demandó.
Resaltó la necesidad de continuar indagando los celulares de los normalistas que siguieron activos después del 26 de septiembre de 2014 y abundar en la línea de investigación del quinto autobús, relacionada con el tráfico de heroína a Estados Unidos.
La tortura que pudieron haber sufrido al menos 60 detenidos que mostraron lesiones corporales y el patrimonio de los presuntos responsables, fueron otros temas mencionados por Cavallaro.
“Hay que seguir investigando sobre la obstrucción de las investigaciones, el tema de qué pasó el día 28 de octubre de 2014, un día antes de que descubrieran los restos de uno de los normalistas”.
“¿Qué estaban haciendo agentes de la PGR (Procuraduría General de la República) un día antes sin registrar el hecho?, ¿qué está haciendo Tomás Zerón con un detenido que tenía varias lesiones corporales? Hay que investigar, tiene que haber consecuencias para ese tipo de actuación, ese es un tema que vamos a seguir?, adelantó.
El secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao informó que para garantizar el funcionamiento del mecanismo, proyectado para operar hasta noviembre del próximo año, el Estado mexicano aportó 565 mil 236 dólares, recursos con los que se podrá contratar peritos especializados de acuerdo con las sugerencias del equipo técnico, que estará integrado de cinco personas adscritas a la Secretaría Ejecutiva del organismo.
El funcionario de la CIDH destacó que tras una revisión del expediente, la próxima semana “se estará enviando a las autoridades mexicanas las primeras observaciones de diligencias que se requieren hacer, y el Estado mexicano estará obligado a dar una respuesta sobre la realización de esas acciones”.
También destacó que entre las solicitudes de información que el Mecanismo de Seguimiento enviará al Estado mexicano se encuentra “por qué no hay una determinación oficial de la investigación que se abrió a Tomás Zerón”.
Abrao presentó un cronograma de actividades que iniciaron este jueves con el encuentro con las autoridades y la prensa, para continuar este viernes 11 con una visita a la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde presentarán el plan de trabajo a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos.

“¿Habrá habido intereses que hubiesen llevado a que dieran declaraciones falsas?”, pregunta Cavallaro de los detenidos

El comisionado presidente de la CIDH consideró fundamental cambiar la narrativa oficial y dejar de buscar formas de reforzar la versión de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
“No hay que seguir hablando de diversas líneas de investigación, hay que hablar de líneas factibles, esa no es factible”, expuso.
“Lo que entendemos nosotros es que no se ha, en todos los espacios del Estado, descartado de forma definitiva esta hipótesis, y nuestra posición es la posición del GIEI, una posición basada en estudios científicos que demuestra la imposibilidad (de la incineración de los jóvenes en el basurero)”.
De no descartar esta teoría, dijo que se reduce la urgencia de investigar por qué seis detenidos, quienes además presentaban signos de tortura, declararon algo falso.
“Si eso no pasó corresponde la pregunta ¿por qué seis personas dieron declaraciones en ese sentido?, ¿qué habrá pasado? Bueno, varias de esas personas sufrieron lesiones corporales, graves en algunos casos.
“¿Por qué?, ¿habrá habido presiones?, ¿habrá habido intereses que hubiesen llevado a que dieran declaraciones falsas?, ¿y si se siguieran esas líneas de investigación se pudiera llegar a la posible obstrucción de justicia y a nuevas teorías de por qué habría interés en no seguir ciertas líneas?”, planteó.
Enrique Gil Botero quien coordinará el mecanismo de seguimiento destacó que entre los puntos mencionados por Cavallaro se concentran más de 200 líneas de investigación pendientes de explorar.
“O sea que hay mucho material probatorio en ciernes o que abre hipótesis probatorias que no se han explorado”, explicó.

La PGR ha cumplido 93% de las recomendaciones del GIEI, informa el gobierno federal

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián afirmó que hay plena disposición del gobierno federal para trabajar con el Mecanismo Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa.
En la Segob el funcionario dijo que así se lo hicieron saber a Gil Botero y James Cavallaro.
Comentó que los objetivos específicos serán profundizar las labores de búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos, avanzar en la investigación ministerial y en las tareas de atención a las víctimas.
“Sabemos que es un elemento importante porque significa esperanza para los padres (de las víctimas) y por ello lo vemos con toda seriedad en el gobierno de México”, añadió.
En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como de la PGR se señaló que en la primera reunión de trabajo entre el coordinador del mecanismo el comisionado Gil Botero, y representantes de “alto nivel”, se informó que “hasta el momento la Procuraduría ha dado cumplimiento a 93% de las recomendaciones que en su momento hiciera el GIEI, y que la indagatoria continúa siguiéndose en todas las líneas de investigación, sin excluir ninguna de ellas”.
Según la comunicación oficial, se notificó al relator de México sobre “el uso de tecnologías avanzadas para la realización de nuevos operativos de búsqueda, y las medidas tomadas hasta ahora para atender integralmente a las víctimas”.
Se indica que en el encuentro “se reafirmó la voluntad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no sólo para continuar trabajando en la atención del presente caso, sino también en lo que se refiere al seguimiento a las recomendaciones de la CIDH que resultaron de su visita en 2015, así como a otros casos pendientes ante la Comisión, con miras a identificar aquellos susceptibles de solución en el mediano plazo, de conformidad con los estándares internacionales”.
Las dependencias sostuvieron en su comunicado que la primera visita del mecanismo de seguimiento “es una muestra no sólo del compromiso para fortalecer la cooperación con la Comisión y con el relator Gil Botero, sino también para atender de manera efectiva el caso Iguala, privilegiando la interlocución que el gobierno de la República ha establecido con los familiares de las víctimas y sus representantes”.

Piden 11 organizaciones internacionales a Peña Nieto cooperar con la CIDH

Once organizaciones internacionales demandaron al presidente Enrique Peña Nieto la cooperación plena del Estado mexicano con el Mecanismo Especial de Seguimiento al caso Ayotzinapa.
“Creemos que es de suma importancia que el mecanismo cuente con la plena cooperación del Estado mexicano para que no enfrente obstáculos en su trabajo como los que experimentó el GIEI durante su mandato”, dicen en la misiva.
“El mecanismo especial es una oportunidad más para que el gobierno mexicano demuestre su compromiso con la verdad y justicia en el caso”, afirmó Maureen Meyer, coordinadora del programa para México de WOLA.
“Mientras México no resuelva el caso Ayotzinapa a través de una investigación profesional, seria y confiable, la atención mundial seguirá puesta sobre la voluntad y capacidad del gobierno mexicano para encontrar a los estudiantes y sancionar a los responsables”, advirtió.
Las organizaciones entre las que se encuentran la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y el Robert F. Kennedy Human Rights, demandaron que se investigue a fondo a funcionarios que pudieron participar en la obstrucción de justicia.

Sobrevivientes y viudas de Aguas Blancas protestan en Acapulco; exigen indemnización

 

Viudas y sobrevivientes de la masacre de Aguas Blancas hicieron una parada en la glorieta de la Diana Cazadora en la costera de Acapulco, para exigir al gobierno del estado la indemnización para 63 familias.
La parada fue de 40 minutos, participaron 10 familiares de las víctimas del 28 de junio de 1995, portaron una lona donde se leía “21 años de impunidad, masacre de Aguas Blancas. Gobierno asesino que mata a campesinos”.
En declaraciones la abogada de las familias, Wendi García Guajardo dijo que hace un mes se reunieron con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Roberto Campa Cifrián, quien se comprometió a interceder ante el gobierno del estado para que las familias de las víctimas fueran atendidas por la autoridades del estado.
La abogada dijo que en tres ocasiones el gobierno del estado ha dado largas a las reuniones y no se han hecho, algunos sobrevivientes están muriendo, otros integrantes de familias de las víctimas están enfermos y la reparación no ha llegado a 21 años de los acontecimientos donde la extinta Policía Motorizada mató a 17 campesinos e hirió a otros 23 cuando se dirigían a una protesta a Atoyac.
La abogada afirmó que el gobierno “no se está haciendo responsable, está dando evasivas para la indemnización”. Al lugar asistió el visitador de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) en Coyuca de Benítez, Jorge Alberto Rosales Díaz.
Los manifestantes se trasladaron a las oficinas de la Promotora Turística en el bulevar de las Naciones donde serían atendidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado.

Padres de los 43 acuerdan con la canciller crear un mecanismo para seguir recomendaciones del GIEI

 

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos se reunieron la mañana de ayer con la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, con quien acordaron la creación de un mecanismo que dé seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En la reunión los padres propusieron que el presidente y relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro encabece dicho mecanismo de seguimiento.
Se informó que uno de los acuerdos es que el mecanismo podrá hacer visitas periódicas a México para verificar las recomendaciones establecidas en el primer y segundo informe del GIEI.
El próximo sábado 21 de mayo una comisión de los padres y de funcionarios mexicanos viajará a Washington -sede de la CIDH- para afinar los detalles de dicho mecanismo.
Luego de la reunión de aproximadamente 2 horas con la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la comisión de padres de los normalistas se dijo satisfecha con el acuerdo.
Al salir de la reunión el abogado de los familiares, Vidulfo Rosales expresó que “emplazamos a que el compromiso que hoy se hizo aquí con la canciller se pueda refrendar y llegar ya con esos acuerdos a la Comisión Interamericana en su sesión, que será el día sábado”,
Vidulfo Rosales insistió en el reclamo de quitar a Tomás Zerón de la dirección de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR).
De los restos encontrados ayer en Iguala, el abogado planteó que aún hace falta “establecer la autenticidad de la llamada anónima para determinar la relación con los hechos”.
Los restos fueron hallados el pasado martes 17 y miércoles 18 de mayo en Coacoyula, Iguala, debido a una llamada anónima al número de emergencias 066 que reportó la presencia de cinco cuerpos a los que se refería como los de “los estudiantes desaparecidos de Iguala por miembros de la delincuencia”, en alusión a los normalistas de Ayotzinapa que fueron atacados y desaparecidos la noche y la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala a manos de policías municipales de ese municipio y de Cocula, además de sicarios de Guerreros Unidos.
Luego del encuentro en la Cancillería, los padres salieron rumbo a la sede de la PGR para exigir la renuncia de Tomás Zerón de Lucio.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón explicó que algunos puntos que quedaron pendientes de definir fueron la periodicidad de las visitas del mecanismo a México y si en ellas van a participar integrantes del GIEI.
Del encuentro dijo que “fue una reunión buena, constructiva, y fue una reunión de la que salimos con puntos de vista de coincidencias en los aspectos centrales del mecanismo, eso se tiene que materializar por escrito en la Comisión Interamericana”.
Por separado, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas coincidió en crear el mecanismo de seguimiento aunque dijo que la posibilidad de que integrantes del GIEI formen parte es un tema que aún debe discutirse.
Consideró que las coincidencias entre los padres de los 43 y la SRE son enormes, “esas coincidencias reflejan que sí tenemos muchos elementos en común y que podemos llegar a un acuerdo, esperemos que (el acuerdo) pueda ser el sábado en Washington”.
Ruiz Cabañas dijo que algunas de las coincidencias entre los padres y la SRE es que haya un mecanismo con el acompañamiento de la CIDH que dé seguimiento a la asistencia técnica del GIEI, así como en continuar labores de investigación, búsqueda y atención a víctimas.
Acompañado de Roberto Campa Cifrián, Ruiz Cabañas calificó de positivo y necesario el encuentro, que muestra que hay voluntad de ambas partes para construir acuerdos, pero también el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto de alcanzar la verdad y, eventualmente, la sanción de los responsables.
“Nos pareció muy positivo, un diálogo muy fructífero”, resumió.
Para finalizar, Claudia Ruiz Massieu dijo que podría volver a recibir a los padres si así lo solicitan.

No inició la reparación del daño de los ataques a los normalistas en Iguala, precisa la Segob

Ante el reclamo de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que rechazaron el anuncio del gobierno sobre la reparación del daño a casi 18 meses de  la desaparición de los jóvenes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián aclaró que ese proceso no ha iniciado.
En un comunicado explicó en siete puntos de qué manera se llevarán a cabo las tareas de reparación del daño a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por sicarios y policías el 26 de septiembre de 2014.
En el documento aclara que lo que inició fue el  Diagnóstico de Impacto Psicosocial en las Víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hará un equipo de profesionales independientes “y el gobierno se compromete a aceptarlo”.
El diagnóstico, agrega, incluye a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, a los familiares de los estudiantes asesinados y a los estudiantes heridos y a sus familias.
El inicio de los trabajos se refiere al Diagnóstico Psicosocial y  con base en este, “el Estado elaborará un Plan de Atención y Reparación Integral que será consultado con las víctimas y sus representantes”.
Señala que por mandato de ley el Estado tiene la obligación de garantizar la atención, asistencia, ayuda, protección y reparación integral a las víctimas directas e indirectas.
En su quinto punto refiere que la reparación prevista en la ley debe ser “integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron”.
Afirm que la reparación integral del daño “es mucho más que el pago de una compensación, debe incluir medidas concretas de restitución, rehabilitación, satisfacción y, especialmente, medidas de no repetición”.
Explica que no se ha acordado en este momento ninguna medida de reparación con las víctimas y sus representantes, porque éstas se determinarán a partir del diagnóstico mencionado.
“Tampoco se ha hablado del pago de ninguna indemnización a las víctimas directas e indirectas de los hechos”, al tiempo que destaca que los avances en materia de atención a las víctimas ha sido posible por el trabajo del GIEI.
Tras el anuncio de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob de que en próximos días se firmaría un convenio para iniciar los trabajos de reparación a los familiares de los 43 estudiantes, padres de los jóvenes expresaron su rechazo total y calificaron el convenio como “una falta de respeto a los padres de familia”, pues lo que exigen es la presentación con vida de sus hijos, justicia y castigo a los responsables de la desaparición.

Quieren saber de sus hijos, no la reparación del daño, responden padres de los 43

Los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos no tienen información del convenio de reparación del daño del que habló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián en medios nacionales hace dos días, denunció el vocero Felipe de la Cruz.
Vía telefónica recriminó que el funcionario hable de temas que no se han discutido con ellos, porque uno de los acuerdos con los padres es reservar la información para evitar más agravios a las víctimas.
Campa Cifrián aseguró que la firma del convenio para iniciar el proceso de reparación del año con las familias de los 43 alumnos desaparecidos era cuestión de días.
Felipe de la Cruz consideró que el funcionario ventiló la información de manera intencional, en el marco de la estrategia de desprestigio contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para decir que están concluyendo los temas pendientes antes de que termine el periodo de mandado de los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluye el 30 de abril.
Dijo que los padres sostienen que no les interesa hablar de la reparación del daño en tanto no sepan dónde están sus hijos y qué pasó la noche de los ataques, “la única forma de reparar el daño es saber qué pasó en alguna medida, es saber qué pasó en el menor tiempo posible, que sepamos qué pasó ese día”.
Denunció que siempre ha habido intentos de las autoridades federales de distraerlos con la reparación del daño, que envían a sus agentes a casa de los padres, y también lo hicieron los primeros días los funcionarios del gobierno estatal.
Consideró que el gobierno federal está fraguando la salida de los expertos de México, es decir, que no se ratifique un tercer periodo para que sigan coadyuvando en las investigaciones de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, con el argumento de que ya no hay más avances ni resultados, al mismo tiempo que termina la campaña contra los integrantes del GIEI.
Aclaró que lo que los padres exigen es un diálogo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong para hablar de la continuidad del GIEI en México.
Informó que la próxima reunión de seguimiento del caso Ayotzinapa está programada para el 18 de abril en el puerto de Acapulco, pero los padres han insistido en que se haga en Chilpancingo.
Agregó que los expertos han visitado Iguala y otras partes del estado para hacer inspecciones en los sitios donde se han realizado búsquedas sin vida, en fosas clandestinas.