El esposo de la líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, Nestora Salgado García, José Luis Ávila Báez informó que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián se comprometió a reunirse con él para hablar de la liberación de su esposa, pero el funcionario federal no ha cumplido.
Asimismo, dijo que están programando una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque no se han cumplido varios compromisos acordados con el gobierno federal el 21 de octubre de 2015. “No sabemos si van a citar a funcionarios de México; esperemos que así sea para ver con qué excusas vienen”. Además, adelantó que la CIDH les dará una resolución de la ONU sobre Nestora.
Ávila Báez explicó que el 21 de octubre de 2015, en una reunión en Washington con Roberto Campa, el funcionario federal se comprometió a que en 10 días volverían a reunirse para hablar de la liberación de Nestora; sin embargo, hasta ayer martes no se han reunido, y el subsecretario se ha reusado a darle seguimiento a la reunión.
Dijo que tuvieron una reunión con funcionarios de la subsecretaría el 18 de diciembre, pero no pudieron tomar una decisión, por lo que acordaron reunirse con Roberto Campa antes de que finalice enero; sin embargo, todavía no les han dicho cuándo.
Ávila pidió que le avisen con tiempo, “porque siempre avisan un día antes”, para que los abogados puedan viajar y estar en la reunión.
Dijo que lo único que se planteará en la reunión con Campa es la libertad de Nestora, y sobre los careos, dijo que “sólo han servido como una tortura para Nestora, para prolongar que esté detenida”.
Ávila Báez informó que los abogados de Nestora Salgado calendarizaron una reunión con la CIDH para recibir una resolución de la ONU en la que el organismo internacional dará su posicionamiento sobre Nestora, pero no saben en qué sentido venga, por lo que esperarán a que les informen.
Recordó que siete relatores de las ONU se han declarado a favor de Nestora. “Sería algo contradictorio que primero se hayan pronunciado a favor y que después sea algo en contra”, enfatizó.
Dijo que esperan que el gobernador, Héctor Astudillo Flores haga algo sobre la liberación de Nestora, “que no caiga en oídos sordos, como lo hicieron Rogelio Ortega y Ángel Aguirre, quien fue el que la encerró”, y esperara que el gobernador rectifique el camino y que, “si en verdad quiere paz para el estado, que haga justicia empezando por Nestora”, concluyó.
Ávila Báez manifestó que el gobierno federal le mandó a los abogados un expediente médico integrado por 500 hojas sobre el estado de salud de Nestora Salgado, al que se le hará un peritaje porque aún no sabe qué contiene.
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Ejecutan en Chilapa al padre de tres jóvenes desparecidos en mayo y familiar de otros dos
El padre de tres jóvenes desaparecidos que desde mayo exigía públicamente su presentación, Bernardo Carreto González, de 49 años, así como la de otros dos familiares, fue asesinado en un camino de terracería en el municipio de Chilapa.
La víctima es también hermano del ex director de Seguridad Pública de Chilapa, Silvestre Carreto, cesado en julio de 2014 por el Grupo de Coordinación Guerrero, por no “resultar confiable”, y del que hasta el momento no se sabe nada.
Con Bernardo Carreto suman siete familiares asesinados del ex jefe de la policía de Chilapa, entre ellos dos menores de edad.
Reportes policiacos precisaron que el homicidio ocurrió alrededor de las 2 y media de la tarde del martes, en un camino de terracería entre las comunidades de Tepozcuautla y Ahuihuiyuco.
Conducía una camioneta Nissan blanca, placas 74-44FMC de la ruta Chilapa-Ahuihuiyuco, e iba acompañado por tres pasajeros, que eran su esposa y sus dos nueras, cuando hombres armados le dispararon; el conductor perdió el control y volcó a unos metros del camino, muriendo en ese momento.
Las autoridades policiacas y ministeriales confirmaron que Bernardo Carreto recibió un balazo en la cara y que los pasajeros que viajaban con él resultaron ilesos.
Bernardo Carreto, junto con familiares de 14 desaparecidos en mayo, durante la incursión de hombres armados del sur del municipio, reclamaba públicamente la presentación de sus tres hijos: Víctor, Juan y Miguel Carreto Cuevas, de 15, 21 y 25 años de edad.
Según la denuncia ante autoridades ministeriales, los hermanos fueron vistos por última vez el 10 de mayo en un retén que civiles armados instalaron en la entrada a Chilapa.
Además de a sus tres hijos, también buscaba a Crispín Carreto González de 39 años, y a su hijo Samuel Carreto Vázquez, de 15.
Los familiares de los desaparecidos ya se habían constituido en la asociación civil Siempre Vivos, a la que pertenecía Bernardo Carreto.
Este grupo se reunió en su momento con el gobernador Rogelio Ortega Martínez, el fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, el comisionado general de la Policía Federal Enrique Francisco Galindo Ceballos, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa Cifrián y con otros funcionarios, así como con peritos de la Procuraduría General de la República, que tomaron su denuncia ministerial y muestras de ADN.
Hasta ayer, ninguno de los familiares tenía información sobre el paradero de sus parientes.
Bernardo Carreto se reunió en dos ocasiones con Héctor Astudillo Flores: en su calidad de gobernador electo, el 14 de octubre, y como gobernador constitucional apenas el 16 de diciembre, en esta cabecera municipal, donde fue acompañado por el recién nombrado fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez.
El mandatario estatal, en su última reunión ofreció enviar en enero de 2016 una iniciativa al Congreso del Estado para la creación de una Comisión Especial para investigar las desapariciones ocurridas en mayo pasado durante la irrupción de los pobladores armados del sur del municipio.
Como publicó El Sur, el 3 de noviembre, el hijo de Silvestre Carreto, Alejo Carreto Cuevas de 27 años de edad fue asesinado a balazos cerca de su casa en la comunidad de Ahuihuiyuco, municipio de Chilapa. El 9 de noviembre en la comunidad de Tetitlán de las Limas, en una persecución armada seis personas fueron asesinadas, entre ellas cinco familiares de Silvestre Carreto, dos menores de edad.
El gobierno no investiga y sólo envía a Chilapa policías, dicen familiares de desaparecidos
A casi siete meses de la desaparición de vecinos de Chilapa tras la irrupción de civiles armados a la cabecera municipal entre el 9 y el 14 de mayo pasados, los familiares de los desaparecidos reprocharon que el gobierno envíe policías a Chilapa, pero no investiga.
Como cada miércoles, familiares de 55 desaparecidos de Chilapa, se reunieron en el centro de la ciudad, y en esta ocasión reprocharon que, a pesar de que a la ciudad llegan policías federales, estatales y militares, estos “no investigan” el paradero de sus familiares.
Desde que comenzaron a exigir la presentación de sus desaparecidos, los familiares se han encontrado con funcionarios federales como el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián; y con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Éber Omar Betanzos.
Los tres se comprometieron a coadyuvar en la localización de los desaparecidos, sin embargo, los familiares siguen sin saber el paradero de sus parientes.
El 9 de mayo, civiles armados irrumpieron en la cabecera municipal; entonces dijeron que venían en busca de líderes criminales; permanecieron en la ciudad hasta el 14 de mayo, cuando acordaron su salida con el Ejército.
Entonces, vecinos de Chilapa reportaron la desaparición de 30 familiares durante ese lapso, aunque sólo han denunciado 16 casos.
Después se fueron sumando más casos de desaparecidos de antes de esa fecha y posteriores a ese tiempo.
Los familiares vinculan con un grupo delictivo a los civiles armados, ahora constituidos como Policía Comunitaria por la Paz y Justicia AC, pero en una reunión que tuvieron con el alcalde Jesús Parra García en el auditorio municipal, aseguraron que sí retuvieron a los pobladores pero los entregaron a la Gendarmería.
La SEIDO “no tiene tiempo” para ir a Chilapa a informar, dicen a familiares de desaparecidos
Familiares de desaparecidos de Chilapa reprocharon que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no venga a Chilapa a informarles sobre sus desaparecidos “porque no tienen tiempo”, y que les pidan ir a la Ciudad de México para reunirse con ellos.
Uno de los padres de desaparecidos entre el 9 y el 14 de mayo pasado se comunicó con la SEIDO para preguntar si ya tenían una fecha para acudir a Chilapa a informarles sobre sus desaparecidos, la respuesta que obtuvo de la SEIDO fue que no tenían tiempo, que si les interesaba saber de sus familiares acudieran a la Ciudad de México para recibir la información.
El vocero de los familiares, José Días Navarro se comunicó con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, para preguntarle su respuesta a la solicitud de que la SEIDO se reuniera en Chilapa con los familiares, el subsecretario envió un mensaje de texto en el que se leía: “me comentó la procuradora (Arely Gómez, que, que) lo comunicará a SEIDO para que esta área diera la atención, en el entendido de que en esta área están los casos sustantivos de sus averiguaciones. El subprocurador (Eber Omar Betanzos) me comentó que nos coordináramos con Segob para realizarlo en el marco de las reuniones que se tienen con esta instancia. Pronto le tendremos noticias”.
El vocero lamentó que Arely Gómez y la SEIDO no los atiendan, y que su respuesta haya sido que, “si nos interesa la información que vayamos a México, porque ellos tienen mucho trabajo y no pueden venir”.
Sin embargo, Campa Cifrián quedó en darle una respuesta a la solicitud de que SEIDO acuda a la cabecera municipal.
Apenas el 23 de octubre, los familiares fueron informados de que las investigaciones de 14 desaparecidos en mayo están en manos de la SEIDO, que la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad de la PGR sólo estaba llevando el caso de 24 desaparecidos de antes del 9 de mayo.
Posteriormente, la SEIDO citó en la Ciudad de México, para informarles sobre las investigaciones que llevan, a una comisión de familiares de desaparecidos entre el 9 y el 14 de mayo, cuando a la ciudad irrumpieron unos 300 civiles armados.
La cita fue programada para el 6 de noviembre, luego la pospusieron para el 10 noviembre, pero ante el brote de violencia en la región la comisión declinó la cita, ya que no había policías que los resguardaran.
Los familiares se dirigieron a la PGR y a la Segob, para que intervinieran para que la SEIDO acudiera a Chilapa a darles informes, pero no han recibido respuesta.
Ante la violencia en Chilapa, cancelan familiares de desaparecidos marcha y boteo
A seis meses de la incursión de civiles armados a la Chilapa, entre el 9 y el 14 de mayo, familiares de desaparecidos programaron una marcha y un boteo para este miércoles, pero la cancelaron ante la seguridad y el repunte de la violencia en la región.
Ayer, una vez más, familiares de 55 desaparecidos en este municipio se reunieron en el centro de la cabecera municipal, donde su vocero, José Díaz Navarro informó que habían programado actividades para recordar que hace seis meses comenzaron a exigir la aparición de sus familiares, de los que hasta ahora desconocen de su paradero, para seguir exigiendo a las autoridades estatales y federales que coadyuven y localicen pronto a sus desaparecidos.
El vocero informó que tenían programada una marcha y un boteo en la entrada de Chilapa, en el lugar conocido como El Arco, pero ante la violencia que se ha desatado en la región, sobre todo desde hace un mes, cuando ha habido el mayor número de asesinatos, los familiares decidieron no realizar estas actividades, “por ahora”.
El vocero explicó que 85 por ciento de los familiares que acuden a las reuniones son mujeres y niños que vienen de comunidades de Chilapa.
Manifestó que por este motivo no quisieron que las familias se expusieran más de lo que ya están expuestas al exigir a las autoridades la aparición con vida de sus parientes.
El brote de violencia que agudizó desde hace un mes, también ocasionó que los familiares cancelaran su visita a la Ciudad de México, donde se reunirían con el subprocurador de Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Gustavo Salas Chávez, este martes para recibir información sobre 14 desaparecidos entre el 9 y el 14 de mayo.
Díaz Navarro señaló qué, incluso, este miércoles durante la reunión llamaron al subprocurador de derechos humanos de la Procuraduría General de la República, Eber Omar Betanzos, y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, para preguntarles si ya tenían respuesta a su solicitud, pero no les respondieron las llamadas.
Este lunes se cumplieron nueve meses de que civiles armados irrumpieron en Chilapa, y desaparición al menos 30 vecinos, aunque solamente 16 se han reportado.
A esta lista se sumaron más desaparecidos de antes del 9 y de después del 30 de mayo, y sus familiares siguen exigiendo su aparición inmediata ante autoridades federales sin obtener ninguna respuesta.
No acuden a la SEIDO en México familiares de desaparecidos; piden que les informen en Chilapa
La comisión de familiares de desaparecidos de Chilapa no acudió a la cita con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México ante la ola de violencia en la región, y pidió que funcionarios de esta dependencia vayan a Chilapa a darles la información.
El 6 de noviembre, los familiares de los desaparecidos entre el 9 y el 14 de mayo fueron convocados a la SEIDO, pues les informaron que esta dependencia está llevando sus casos.
La dependencia canceló la cita, y la reprogramó para este martes, sin embargo la comisión de familiares optó por cancelar la salida a la Ciudad de México ante la ola de violencia que se desató en el municipio, y porque no había policías para resguardarlos.
El vocero de los familiares, José Díaz Navarro manifestó que después de que cancelaron la visita a la SEIDO, habló con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos, y con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, para solicitar su intervención y para pedir que la SEIDO acuda a Chilapa para darles el informe que les proporcionarían este martes.
El subprocurador señaló que hablaría al respecto con la titular de la PGR, Arely Gómez. Mientras, a Campa también le solicitaron que acuda a Chilapa para reunirse con familiares de los desaparecidos. Incluso, el 26 de octubre, cuando una comisión de familiares acudió a la Ciudad de México a reunirse con Eber Omar Betanzos, donde les informaron que sólo están llevando el caso de 24 desaparecidos, pero de antes del 9 de mayo, les aseguró que en un lapso no mayor a 15 días estaría en la ciudad junto con Campa Cifrían, para reunirse con ellos.
Pero el lapso se cumplió y ninguno de los dos funcionarios acudió a Chilapa.