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Robespierre Robles, un servidor público “intolerante”, dice la diputada de Morena

 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Robespierre Robles Hurtado, ve la justicia como un asunto político y demuestra “intolerancia e inmadurez” como servidor público, denunció la diputada local de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez, por las descalificaciones que hizo el funcionario a su respaldo a los trabajadores en paro del Poder Judicial.
En un acto en Acapulco el sábado, Robles Hurtado pidió a la diputada “que se ponga a legislar” en lugar de “resolver asuntos particulares de gente que se siente agraviada, porque se les pidió que se pusieran a trabajar” en respuesta al punto de acuerdo que Cisneros Martínez llevó el jueves a tribuna, para que el presidente del TSJ atienda y resuelva las demandas de los trabajadores sin cesarlos, suspenderlos o despedirlos.
La diputada también denunció que el Poder Judicial enfrenta la peor crisis de su historia, que está secuestrado “por intereses de grupo y apetitos políticos”, mientras en la sociedad crece la desconfianza, percepción de corrupción y la ausencia de ese bien jurídico que es la justicia.
En un breve escrito, la diputada de Morena aclaró que no sólo tiene derecho, también autoridad moral y legitimidad pública “para cuestionar la corrupción, el nepotismo, amiguismo e influyentismo que padece el Poder Judicial, además de exigir el respeto pleno a los derechos laborales y sociales de los trabajadores de ese poder y a la carrera judicial”.
Añadió que el acuerdo que llevó el jueves al pleno no fue una intromisión o simples declaraciones, fue votado en mayoría a favor por 14 votos y 10 en contra, por eso fue turnado a la Comisión de Justicia, de la que espera que pronto emita un dictamen, para evitar que el presidente de la misma, el diputado priista Héctor Vicario Castrejón, correligionario y del mismo grupo político de Robles Hurtado, “la meta a la congeladora”.
Consideró que “la palabrería soltada por el magistrado presidente es producto de su animadversión política y apetitos políticos, exhibidos a partir de que se le ha vuelto una obsesión la presidencia municipal de Acapulco. Le recomiendo que se serene y que ya no vea las encuestas donde Morena encabeza las preferencias electorales”.
Ratificó que el TSJ “está cada vez peor y bien vale la pena recordarle al gobernador Héctor Astudillo Flores y a los legisladores que lo apoyaron para hacerlo magistrado, que el señor Robles Hurtado ve la justicia como un asunto político, en todo caso lo hubieran puesto en el Tribunal Electoral, allá hay otros que como él dicen impartir justicia partidaria”.

 

Protestan trabajadores del Poder Judicial en Chilpancingo; acusan de nepotismo a magistrados

Trabajadores del Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial se manifestaron la mañana de ayer en la explanada de la Ciudad Judicial de Chilpancingo, para exigir un incremento salarial “real” que no reciben desde hace cuatro años, un programa de jubilación “satisfactoria”, vivienda, la creación de un fondo de ahorro y de seguridad social.
También denunciaron que a 2 años del primer paro que realizaron en demanda de un reglamento para instituir el sistema judicial de carrera, éste no se ha elaborado y tampoco se practica en los hechos: la carrera judicial.
Denunciaron que los magistrados y funcionarios del Poder Judicial siguen incurriendo en nepotismo y colocan en los puestos privilegiados a sus familiares y amigos, mientras que el magistrado presidente, Robespierre Robles Hurtado constantemente abandona sus funciones para hacer proselitismo como aspirante a la alcaldía de Acapulco por el PRI.
La protesta comenzó a las 9 de la mañana y a las 9 y media los aproximadamente 50 trabajadores que se manifestaron (informaron que sólo acudieron representantes), acudieron a la oficina del magistrado presidente por una respuesta a su pliego petitorio, pero no lo encontraron y esperaron media hora más a que sus colaboradores lo localizaran, sin éxito.
En comentarios por Facebook Robles Hurtado expuso el viernes pasado que: “todo este asunto y tanta descalificación y rencor, (es) sólo porque se les notificó que se regresen a trabajar, pues cobran sin hacer nada, (dos años y quieren seguir). Se justifican con todo, ni siquiera tienen su reconocimiento como organización, como pues se va a platicar con ellos?, si no tienen personalidad. No se dejen engañar, son lo que critican”, dijo en referencia a la protesta que anunciaban los trabajadores inconformes.
Los trabajadores que se manifestaron este martes son los mismos que en abril y mayo de 2014 estuvieron 56 días en paro laboral por las mismas demandas.
Los inconformes se concentraron desde las 8 y media de la mañana afuera de las instalaciones de la Ciudad Judicial y a las 9 entraron juntos a la explanada, donde hicieron un breve mitin.
Frente a los reporteros colocaron una lona que decía: “Robespierre Robles Hurtado, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, solución a las justas demandas de los trabajadores. ¡No a la insensibilidad y a las represalias!”.
El secretario general del sindicato, Adalberto Valenzo Martínez leyó el pronunciamiento en el que exigen al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que le cumpla a los trabajadores, pero también que le cumpla a la sociedad.
Criticó que el magistrado no ha resuelto las demandas como el sistema judicial de carrera, seguridad social “completa y efectiva”, incremento salarial “real” que no reciben desde 4 años.
Consultado más tarde explicó que el incremento que recibieron tras el paro laboral de hace 2 años fue directo al salario base y que lo que piden ahora es un aumento conforme a la percepción real que reciben, es decir, incluyendo las compensaciones. Dijo que un incremento así no lo reciben desde hace 4 años.
Denunció que como hace dos años sigue el nepotismo con el que se desplaza de los cargos jurisdiccionales a los trabajadores administrativos, que llevan más de 20 años en el Poder Judicial.
También se quejó de que les hace falta material para la prestación de un servicio de justicia “eficiente”.
Agregó que en el año y medio que lleva al frente del Poder Judicial, Robles Hurtado “se ha limitado a querer sobrellevar la problemática de la institución con promesa tras promesa, aplicando la máxima del político sin escrúpulos, de que prometer no empobrece”.
Valenzo Martínez acusó que el magistrado Robles Hurtado “actúa con insensibilidad y soberbia al pretender desconocer el pasado reciente de la movilización de los trabajadores “que se suscitó precisamente por el hartazgo de padece una serie de injusticias de la vida laboral”, como exceso de carga de trabajo, falta de pago de horas extras, ausencia de un programa de vivienda, “y la incertidumbre del futuro de la vejez, cuando la edad y la falta de fuerzas físicas ya no permitan al trabajador administrativo y jurisdiccional suportar las extenuantes jornadas”.
Llamó a Robles Hurtado a que asuma su responsabilidad institucional, “que deje de poner como pretexto al gobernador y de utilizar su nombre para imponer su voluntad”.
Recordó que su designación fue “altamente cuestionada” pero actualmente “es más cuestionable su desempeño como titular del Poder Judicial”, debido a su forma de proceder con propaganda falaz, pero sin resolver los temas fundamentales del Poder Judicial.
Dijo que esto hace verosímil lo que se rumoró desde su llegada, en el sentido de que sólo venía de paso y que su insistencia de ser presidente del TSJ fue para contar con un escaparate y plataforma desde donde pueda apuntalar su candidatura a la alcaldía de Acapulco.
“La sociedad no merece ser burlada y exige que quien encabece el Poder Judicial se comprometa con su responsabilidad de mejorar la institución de impartición de justicia”, dijo.
Luego de media hora de mitin en la explanada, los trabajadores subieron al tercer nivel del edificio dos, en donde se encuentra la oficina del magistrado presidente.
“Vamos a ver si de verdad despacha aquí”, le dijo una de las trabajadoras a otra que, por su parte, dijo que era la primera vez que estaría en el despacho del presidente a quien, incluso no lo conocía en persona, sólo por fotografía.
Al llegar, los trabajadores descubrieron afuera de su despacho, colgada en la parte superior de la puerta frente al vestíbulo, una fotografía de aproximadamente medio metro por medio metro de Robles Hurtado, inusual en las oficinas, puesto que en la mayoría de ellas las fotografías regularmente del Ejecutivo en turno cuelgan en un lugar visible, pero en el interior de los despachos.
El magistrado no se encontraba en su oficina. Durante media hora los trabajadores esperaron una respuesta, mientras los colaboradores del magistrado lo buscaban por teléfono. Al final, la secretaria técnica de la Presidencia, Paloma Oviedo Galeana les dijo que no lo pudo localizar y que después les informaría cuándo los puede recibir.
Durante la espera Xóchitl Jiménez Pita, integrante de la dirección del sindicato, denunció que nunca se había visto que las esposas de los presidentes del TSJ se involucraran en la vida interna de la institución como ahora.
Dijo que Robles Hurtado creó el Voluntariado del Poder Judicial del Estado y nombró a su esposa Zurayma Ajuria Marban como presidenta, quien hace política al interior del Tribunal acompañada por magistrados, y que en algunos actos o reuniones representa a su esposo.
Durante la protesta los trabajadores recibieron la solidaridad del presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García, y del secretario del Sindicato Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento, Domingo Salgado Martínez.

No cumple Robespierre los acuerdos con el sindicato del Tribunal, denuncian trabajadores

Trabajadores sindicalizados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) señalaron que el magistrado presidente, Robespierre Robles Hurtado no ha cumplido los acuerdos que logró el sindicato hace dos años. En conferencia de prensa en las escalinatas del Palacio de Justicia en Acapulco, integrantes del Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Guerrero (SISPPJEG) señalaron que el sistema de escalafón para los trabajadores no entró y se continúa beneficiando a familiares de los magistrados y consejeros para los puestos de trabajo.
Acompañado de integrantes del comité sindical y trabajadores de los juzgados, el secretario general del SISPPJEG, Adalberto Valenzo Martínez declaró que se confió de que con la llegada de Robles Hurtado se harían cambios sustanciales en lo laboral “se pensó que un cambio podría ser positivo para precisamente avanzar en el tema de reclamo de nepotismo que se ha mantenido en el Poder Judicial del Estado, en el tema del rezago de las prestaciones de los trabajadores”.
Expuso que hay renuencia del magistrado presidente a atender y dar soluciones al petitorio que se le presentó cuando asumió su cargo.
Recordó que hace casi dos años el sindicato hizo un movimiento que derivó en un paro laboral de los trabajadores.
Las peticiones fueron un aumento salarial, un fondo de ahorro para los trabajadores y la carrera judicial.
Dijo que la falta de respuesta de Robles Hurtado reveló la subordinación del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo, cuando el TSJE tiene autonomía de ejercicio presupuestal “no es otra más que escudarse en el gobernador del estado, diciendo que sólo si el gobernador autoriza que se pueda dar algún incremento, entonces él lo dará”.
Con relación al año anterior, el actual presupuesto aumentó 50 millones de pesos.
Adalberto Valenzo calificó como grave que el magistrado presidente descargue responsabilidades de la peticiones laborales del Poder Judicial del estado al gobernador, Héctor Astudillo Flores, “que le compete exclusivamente a él (Robespierre Robles) en principio como representante legal y patronal”.
El señalamiento que consideró más grave es el desconocimiento a la lucha del SISPPJEG porque “sabía perfectamente los antecedentes, la lucha laboral y los reclamos”. Dijo que cuando llegó al cargo al actual magistrado presidente se le entregó un documento dando relatoría de la situación laboral.
El discurso inicial de Robles Hurtado se centró en que los trabajadores serían la prioridad durante su administración.
Los trabajadores confiaron y esperaron desde diciembre del 2015, sin embargo, ahora cambió su retórica “para él lo que se firmó antes de su llegada no tiene validez y lo que él mismo se comprometió públicamente con los trabajadores, tampoco”.
Añadió que Robles Hurtado se escudó primero de que recién llegaba a la presidencia, después que el presupuesto era limitado para cumplir las peticiones.
El secretario del sindicato expuso que luego de más de un año de espera, las peticiones que no se relacionan al presupuesto tampoco se cumplieron como la carrera judicial, “la única razón que existe es que los magistrados y consejeros solapados con el presidente quieren mantener su estrecho coto de poder”, al no existir concurso para plazas, se continúa la entrega de plazas de forma discrecional.
Adalberto Valenzo señaló que Robles Hurtado pretende provocarlos a que inicien un paro como el de hace dos años, “él y sus allegados hicieron circular el rumor de que se haría un paro, lo que jamás hemos convocado en estos momentos”.
Expuso que ahora Robles Hurtado desconoce al SISPPJEG, cuando al principio lo reconoció.

Denuncian ante la Codehum hostigamiento a trabajadoras de Prospera despedidas y a médicos

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, se reunió con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para denunciar despidos injustificados de trabajadoras del programa federal Prospera, el hostigamiento a trabajadores que se oponen a la reforma del sistema de salud del país, y el nulo avance en la liberación de Patricio Margarito Rivera, acusado de despojo por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
A las 11 de la mañana, integrantes de las organizaciones que forman parte de la Dirección Colectiva acudieron a la Codehum, donde las trabajadoras de Prospera, Roselia Franco Tranqulino y Mayra Morales contaron que el pasado jueves denunciaron su despido injustificado, por instrucciones del delegado Juan Manuel Yáñez Heredia, a quien también acusaron de acoso sexual.
En la reunión con el presidente de la Codehum, pidieron que su caso sea remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Denunciaron que fueron despedidas cuando se negaron a ser parte de actos de corrupción, como firmar a nombre de aviadores para avalar que sí trabajan en la delegación. Dijeron que son 29 trabajadores los que fueron despedidos, pero los demás temen denunciar ante la posibilidad de represalias.
A la reunión acudieron también miembros del Frente Democrático de Trabajadores de la Salud en Guerrero, el médico Hilario Zúñiga y la trabajadora administrativa de la jurisdicción 03 de Chilpancingo, Érika Salgado, quienes denunciaron hostigamiento por participar en el movimiento de los médicos contra la reforma del sistema de salud mexicano.
Érika Salgado manifestó que está siendo hostigada y amenazada por el jefe de la jurisdicción, Saúl Romero Téllez, y el área de Recursos Humanos, por participar en conferencias que impartió un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre la universalización de los servicios de salud.
El médico Hilario Zúñiga dijo que también los ha hostigado el jefe jurisdiccional, luego de que el Frente convocó a la marcha del Día del Médico (20 de octubre), y ahora lo acusan de dirigirla.
Ramón Navarrete dijo que buscaría una reunión con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, para revisar el caso, y pidió definir una reunión conjunta con otros trabajadores de Salud que están en la misma situación, para que expongan sus casos.
Plantearon el caso de Josefina Margarito Rosendo, hija de Patricio Margarito Rivera, que se unió a la Dirección cuando el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame acusó a su padre de invadir un predio, pese a que existe un contrato de compra-venta.
La joven explicó que su papá lleva ya dos meses recluido en el penal de la capital; y que inicialmente les pidieron una fianza de 124 mil pesos que no pudieron pagar.
Agregó que han intentado exhibir pruebas de la inocencia de su padre en el penal, pero no se las reciben por orden del secretario general Salazar Adame.
Navarrete Magdaleno se comprometió a que abogados de la Codehum se encargarían del acompañamiento, para darle una explicación jurídica clara, y para revisar el expediente que no le han mostrado a la familia.
El ombudsman dijo que también buscará una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, y con el juez que lleva el caso, para que el proceso sea transparente y no haya intromisión de terceras personas.

 

Enfocarán padres de los 43 normalistas su lucha en la investigación del quinto autobús

La próxima etapa de lucha de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos, se enfocará en la línea de investigación del quinto autobús en el que viajaban 14 de los 43 normalistas, y del que no ha informado la Procuraduría General de la República (PGR).
Ayer el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que seguir esta línea de investigación es clave para saber el paradero de los 43 jóvenes detenidos-desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, y que para ello también es clave conocer qué pasó con los videos que fueron grabados por el sistema de vigilancia del Poder Judicial de Iguala, que captó la detención con violencia de este autobús en donde viajaban 14 de los desaparecidos, pues persiste la sospecha de que el material videográfico no existe porque fue destruido.
Adelantó que para esclarecer estas dudas van a pedir la permanencia de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuando menos por otros 6 meses, para que se pueda esclarecer que pasó con el quinto autobús.
El abogado declaró ayer a los medios de comunicación durante un mitin afuera de la Ciudad Judicial de Chilpancingo en donde familiares de los detenidos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), padres de los 43 estudiantes desaparecidos y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, exigieron la libertad de todos los presos de la Policía Comunitaria tras la liberación de la coordinadora de esa organización en Olinalá, Nestora Salgado García.
El abogado de los padres reiteró que persiste la percepción de que la PGR y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) destruyeron el material videográfico con las imágenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, tomadas por el circuito cerrado instalado en la sede de Poder Judicial en la salida de la ciudad de Iguala, donde fue detenido con violencia este quinto autobús del que bajaron a los 14 estudiantes.
“Para nosotros allí debemos enfocarnos, allí debe estar nuestra lucha y también exigir que se amplíe el plazo de los expertos, porque creemos que sólo ellos nos pueden ayudar a esclarecer esta línea de investigación”, dijo Rosales Sierra.
Expuso que por lo menos debe ampliarse otros seis meses y que la petición la plantearán en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que comienza los primeros días de abril.
De los videos tomados afuera del Poder Judicial de Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Robespierre Robles Hurtado declaró el 9 de marzo que entregó a la PGR un respaldo en una memoria USB y que forma parte de la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015.
Dijo que el original está instalado “completito”, “y cuando hablo de respaldo, hablo de una actuación del Ministerio Público en donde va, comparece, verifica, obtiene la información, la certifica y se la lleva, pero el aparato físicamente sigue instalado en el mismo lugar”, aseguró en referencia al original.
Sin embargo Rosales Sierra reiteró que en la memoria que entregó a la PGR, igual que en el original del que habla Robles Hurtado, no hay imágenes que hayan sido tomadas los días 26 y 27, “sí hay imágenes anteriores y posteriores, menos de esos dos días”.
Añadió que eso implica que desaparecieron o destruyeron esos videos, puesto que hay constancia también de que cuando la PGR no encontró ninguna imagen en el USB que le entregó el TSJ, se constituyó en el Palacio de Justicia de Iguala para buscar en la base de datos que tiene el área de informática para realizar una inspección.
“De la inspección encontró que, efectivamente, en esos días hubo de tres a cuatro ingresos de personas para revisar esos videos que por alguna razón ya no están allí, entonces eso es lo que tenemos y no nos queda hoy la menor duda de que no existen esos videos, porque los desaparecieron”.
Insistió que por eso ahora enfocarán su lucha a exigir una investigación exhaustiva de la cadena de mando y la cadena de custodia de los videos, “para saber quién del personal del Tribunal Superior de Justicia ingresó, dónde están esos videos y que se sancione a esas personas”.

Recibió la impugnación a las tres nuevas órdenes de aprehensión contra Nestora Salgado, informa el TSJ

 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), Robespierre Robles Hurtado confirmó que el órgano recibió los recursos de impugnación a tres órdenes de aprehensión que existen en contra de la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, pero declaró que desconoce los detalles y el plazo en que deberán resolverse, “porque no es el juez de la causa”.
En consulta después de una reunión al mediodía de ayer con los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el auditorio del Tribunal, en el centro de la ciudad, Robles Hurtado dijo que la información que tiene es que los jueces de Tlapa solamente resolvieron al auto de libertad de una de las tres causas penales que tiene.
Después justificándose en la independencia que tienen los jueces aseguró que carece de información respecto a la situación legal de Nestora Salgado.
Explicó que el caso “va bien en el sentido de que se están respetando todos sus derechos y se están siguiendo todas y cada una de las actuaciones de manera formal y de manera jurídica”.
Agregó que de las tres causas penales que tenía en su contra Salgado García, “al parecer hubo un movimiento en el sentido de que ya tenía una boleta de libertad, yo vi que se tomó una foto con su boleta, pero también después vimos que llegaron tres averiguaciones previas con tres órdenes de aprehensión suscritas por la Fiscalía”.
–¿Cuándo se vence el plazo para decretar el auto de formal prisión o de libertad y para que se resuelvan las otras tres órdenes de aprehensión?–, consultó un reportero.
–No lo sé porque tendría que checar la fecha en que fue notificado–, respondió.
Dijo también que tiene conocimiento de que la defensa de Nestora presentó un recurso de impugnación en contra de las tres órdenes de aprehensión, “porque toda la gente puede interponer recursos para impugnar”.
–¿Pero cuándo se resuelven?
–Es que yo no soy el juez de la causa y no tengo la información, tenemos más de 80 jueces y yo no puedo estar al pendiente de todas las casusas penales, es imposible físicamente hablando–.
–Pero este caso es especial–.
–Todos los casos son especiales para nosotros, porque toda la gente merece un especial trato en lo que se trata de la administración de justicia–.
Según la defensa de Salgado García, el martes fue absuelta de tres causas penales que estaban a cargo de los juzgados primero y segundo del ramo penal con sede en Tlapa por secuestro.
Sin embargo esperaban que le fueran notificadas otras tres averiguaciones previas para las que ya habían promovido los recursos de impugnación, pero hasta ayer continuaban pendientes de resolverse, situación de la que el magistrado presidente del TSJ desconocía, según argumentó, “porque yo no soy el juez de la causa”.

Declara el Poder Judicial del estado improcedente una apelación para la libertad de Nestora Salgado

 

La Primera Sala Penal del Poder Judicial del estado declaró improcedente la apelación a un incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y se mantiene el auto de formal prisión en su contra por secuestro, informó el abogado de la luchadora social, Leonel Rivero Rodríguez.
En conferencia de prensa, Rivero Rodríguez informó que la defensa recurrirá a un amparo indirecto contra la resolución que emitieron los magistrados Vicente Rodríguez Martínez, Alfonso Vélez Cabrera y Miguel Barreto Carreño.
Hace dos días, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos de México (RNDHM) señaló las irregularidades en el proceso judicial de la luchadora social desde que militares la detuvieron en Olinalá, y demandó que los magistrados de la Sala Penal se ajustaran a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Salgado García había anunciado que comenzaría una huelga de hambre el 1 de enero, pero pospuso la protesta hasta conocer el sentido de esta resolución que resultó desfavorable. Ayer, Rivero Rodríguez aclaró que el sábado conocerá qué postura asumirá la luchadora social.
Sobre el incidente de libertad, el abogado recordó que fue presentado por los anteriores defensores en abril de 2014, con base en una resolución federal que emitió un juez unitario de Distrito que anuló el auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada.
Aunque las denuncias en el fuero común se sustentan en los mismos hechos de la demanda por delincuencia organizada en el fuero federal, el recurso fue desechado en primera instancia por la juez de Tlapa el 18 de febrero de 2015.
En respuesta, la defensa promovió un recurso de apelación resuelto el 8 de diciembre por la Primera Sala Penal con sede en Chilpancingo, sustanciado el 15, último día de labores de 2015, y ayer fueron notificados.
El argumento, dijo, es que los magistrados consideraron que al tratarse de un incidente de desvanecimiento de pruebas, tendrían que desvirtuarse todos los elementos que sirvieron como base para establecer el auto de formal prisión, y no basta sólo con la resolución del juzgado federal para echar abajo todo el proceso de la causa penal 05/2014.
“Sin restarle valor a la resolución federal, dicen que esa resolución federal sólo puede ser valorada en tres momentos: si estuviéramos en la etapa de dictar el auto de formal prisión a la señora Salgado, otro momento puede ser cuando el juez emita sentencia y pueda valorar esa prueba, o en segunda instancia, si emitieran una sentencia condenatoria, la sala podía valorar esa resolución”.
La resolución de un juzgado federalfue que no se puede acusar a Nestora de secuestro, ya que las retenciones que hizo fueron como autoridad de la Policía Comunitaria, bajo el amparo de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas .
El abogadio manifestó su desacuerdocon los argumentos de los magistrados, y adelantó que va a recurrir a un juicio de amparo indirecto que probablemente sea resuelto a mediados de febrero.
Por otro lado, indicó que hay otro procedimiento de apelación por la misma causa penal 05/2014, debido a que Salgado García no recibió asistencia consular, en su carácter de ciudadana estadunidense. Consideró que si la Sala decreta la nulidad del proceso, entonces se cumpliría el primer supuesto que señalaron los magistrados en la sentencia para aceptar el incidente de libertad.
Es decir, sí se aprueba la nulidad, el juez tendrá que reponer todos los procedimientos, desde la declaración preparatoria, se valorarían las pruebas reunidas a lo largo de estos meses para definir su situación jurídica, “y puede acarrear probablemente una libertad”.
Estimó que hay suficientes elementos para que la causa penal sea anulada en la Cuarta Sala Penal del Poder Judicial. Indicó que el lunes se fijará la fecha para la audiencia de vista, que podría ser entre el 20 y 22 de enero, y en los siguientes 10 días se debe emitir la resolución.
También informó que buscará al presidente del Tribunal, Robespierre Robles Hurtado, para solicitar que se dé celeridad a los citatorios de los testigos y presuntas víctimas en los careos, que a la fecha no se han realizado ni se ha podido establecer una condición de testigo ausente.
Explicó que para establecer testigos ausentes, es necesario agotar todas las medidas de apremio, los citatorios a testigos y agraviados, las multas si no se presentan y la presentación con la policía, que se ha obstruido a la fecha.

Convoca el sindicato del Tribunal Superior de Justicia a un foro sobre la carrera judicial

Tras la polémica que generó el nombramiento de Robespierre Robles Hurtado, primero como magistrado y luego como presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero (TSJ) sin contar con la carrera judicial, el Sindicato Independiente de Trabajadores del Poder Judicial convocó a un foro para recibir propuestas y opiniones para elaborar un proyecto que reglamente la carrera judicial.
El secretario general del sindicato, Adalberto Valenzo Martínez informó ayer en conferencia de prensa que el foro será el 7 y el 8 de diciembre, la primera fecha en la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) en Chilpancingo, y el 8 en la Unidad Académica de Derecho, también de la UAG, pero en Acapulco.
Explicó que, en ese foro el sindicato fijará su postura sobre la carrera judicial y el nombramiento de Robespierre Robles Hurtado como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Pero añadió que la intención es recibir opiniones y propuesta de expertos para elaborar un proyecto de reglamento de la carrera judicial.
“Se trata de un foro de reflexión sobre la carrera judicial y la renovación del Poder Judicial en el estado de Guerrero”, informó el dirigente, quien recordó que la carrera judicial es un asunto que este sindicato ha tratado desde los primeros meses de este año, cuando estuvo en paro laboral tres meses.
El dirigente sindical, sin embargo, no quiso adelantar qué opina la representación de los trabajadores del nombramiento del nuevo presidente del Tribunal Superior, que llegó primero como magistrado a propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores.
“A mí me gustaría que nos dieran la oportunidad de que expresáramos nuestra opinión en el foro”, dijo Valenzo Martínez.
Añadió que, precisamente, el foro “tiene que ver con eso, porque hemos recibido inquietudes y cuestionamientos, pero nosotros, desde que iniciamos como sindicato, traemos este tema de la carrera judicial y hemos sido claros en nuestro objetivo, por eso lo queremos expresar ese día”, manifestó.
En cuanto al proyecto de reglamento de la carrera judicial que ya estaba en la Secretaría de Gobierno, informó que fue expedido de manera improvisada por el Consejo de la Judicatura, “se trata de una copia de reglamentos que existen en otros estados”, señaló.
Recordó que el documento se canceló precisamente por un acuerdo que firmó la dirigencia del sindicato al concluir el movimiento laboral, “porque no se había cumplido con el compromiso de que los trabajadores, a través del sindicato, pudiéramos aportar nuestras propuestas”, explicó.
Sin embargo, añadió que con la nueva administración en el Poder Judicial existe la posibilidad de reiniciar el acuerdo.
En cuanto a la relación de los trabajadores con el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, dijo que ayer tendrían, posiblemente, la primera reunión con él, y dijo que no podía decir si será buena o mala, “hasta hoy empezaríamos a ver ese contacto y comenzar a ver cuál o cómo será la relación, pero nosotros esperamos que sea una relación institucional y que podamos seguir avanzando con los acuerdos que ya están celebrados para beneficio de la institución y de los trabajadores”, expresó.
En cuanto a los resultados que obtengan del foro los días 7 y 8, dijo que pretenden elaborar una memoria sobre la carrera judicial, que ha sido muy debatido dentro del Poder Judicial, para entregarla a los poderes públicos y estos puedan tomar una decisión.

Sigue la clase represiva en el Poder Judicial, dice el abogado de las viudas de Aguas Blancas

 

El abogado de las viudas de la masacre de Aguas Blancas, José Sánchez denunció que en la estructura de gobierno “se mantiene la clase rancia con actitud represiva”, ante la posibilidad de que el notario público, Robespierre Robles Hurtado sea magistrado del Poder Judicial.
El notario propuesto como magistrado por el gobierno del estado en el Congreso local, es hijo del fallecido José Rubén Robles Catalán, secretario general en el periodo de Rubén Figueroa Alcocer, cuando ocurrió la masacre del 17 de junio de 1995 en Aguas Blancas, perpetrada por policías estatales.
En entrevista telefónica, dijo que ven con preocupación que la vieja clase política está llegando a ocupar puestos de gobierno, porque el notario representa los mismos intereses de su padre; a los dinosaurios viejos de PRI.
El representante de las viudas dijo que nunca se castigó a nadie ni se deslindaron responsabilidades por la muerte de 17 campesinos, por esa razón se repitió la masacre de El Charco en 2000, así como los asesinatos y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014. Ahora se dice que su hijo podría ser presidente del Poder Judicial.
Por otro lado, denunció que la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Norma Saenz los citó ayer en la tarde en Palacio de Gobierno, y cuando llegaron encontraron las oficinas cerradas porque no hubo labores.
Recriminó que la funcionaria no haya tenido la atención de avisar a los familiares que no habría labores. Al buscar al enlace de Organizaciones, César Flores Maldonado, éste ni siquiera les atendió la llamada, contestó su secretario particular.
Ayer no fue un día inhábil, pero se dio el día a los trabajadores por acuerdo del sindicato. El luchador social dijo que encontraron una mala actitud de funcionarios de la nueva administración, “nos están desgastando, las viudas y sobrevivientes son gente muy pobre”.
Consideró que es un movimiento que ha sido muy reprimido y masacrado, pero que pide calma sin perder sus principios, debe ser atendido con dignidad. Demandó una mesa con el gobernador Astudillo Flores o con el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame.
Recordó que a 17 años de las recomendaciones que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el caso de Aguas Blancas, no se han cumplido, tampoco no hay atención a las víctimas ni castigo a los culpables.
Agregó que, las víctimas a la fecha reciben sólo una mensualidad de 4 mil 800 pesos, y siguen viviendo en pobreza.