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Solicitan se declare en desacato al Estado por incumplimiento de la sentencia del caso Radilla

Las hijas del dirigente campesino desaparecido por soldados del Ejército en 1974, Agustina, Tita y María del Pilar Radilla Martínez y el subdirector de la CMDPDH, Víctor del Pozo Foto: Cencos

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Familiares del líder campesino desaparecido en Atoyac en 1974 durante la guerra sucia, Rosendo Radilla Pacheco, en compañía de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) solicitaron a la Corte interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que declare en desacato al Estado mexicano, por incumplir la sentencia emitida.
En un comunicado emitido por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), se explica que el 23 de noviembre de 2009 la Coidh dictó sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costos en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos.
Agrega que la sentencia declaró responsabilidad por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, además de que se ordenaron medidas de reparación del daño.
Asegura que a pesar de la vinculación de la sentencia emitida, el Estado mexicano ha incumplido respecto a las medidas de reparación concernientes al caso.
“La falta de compromiso y debida diligencia por parte del Estado mexicano ha permitido que se consuman violaciones irreparables a la garantía del derecho a la reparación. Desde la CMDPDH, como representación legal de la familia Radilla Martínez, vemos con profunda preocupación que el Estado mexicano esté buscando dar carpetazo al caso Radilla, sin nunca haber tomado acciones serias para cumplir con la sentencia”, se lee en el comunicado.
De igual forma se enlistan tres acciones directas frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se solicita que se declare al Estado mexicano en desacato de la sentencia emitida.
“Frente a la intención del Estado de dar carpetazo al caso, y ante el evidente incumplimiento de la sentencia, la CMDPDH solicitó a la Corte IDH que declare al Estado mexicano en desacato de la sentencia del tribunal interamericano y que, en consecuencia, remita la situación del incumplimiento ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos”, se informa en el comunicado.
Las otras dos acciones son que se adopten medidas de supervisión reforzadas para que el Estado pueda rendir informes en una periodicidad corta y evitar “otro daño irreparable. Además que se convoque a una audiencia para que se puedan escuchar los testimonios de las víctimas.
Por otro lado se consideran acciones a realizar dentro del plano nacional, indicando que se presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las autoridades involucradas.
Además buscan que la CNDH emita una recomendación donde se pida al Congreso de la Unión que se cree una Ley General de Cooperación con Organismos Internacionales de Derechos Humanos para que las decisiones internacionales dejen de estar bajo la dependencia de la Secretaría de Gobernación.
También, piden a la Corte Interamericana convoque a una audiencia de supervisión del cumplimiento de la sentencia y que se adopten medidas para el cumplimiento por parte del Estado mexicano.
Se solicitan a la Fiscalía General de la República (FGR) acciones para asumir su labor consitucional “con diligencia” que pueda llevar a las personas responsables ante la justicia.
Rosendo Radilla fue desaparecido el 25 de agosto de 1974, a los 60 años. Fue detenido por un retén militar y llevado al ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, sitio donde fue visto por última vez.

Exigen familiares justicia y la presentación de Rosendo Radilla a 104 años de su nacimiento

El líder comunitario y ex alcalde de Atoyac, Rosendo Radilla Pacheco cumpliría el 1 marzo 104 años de su nacimiento; y a casi 44 de su desaparición forzada a manos del Ejército, su familia sigue exigiendo justicia.
En un comunicado, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Afadem), de la que Tita Radilla, hija de Rosendo, es vice presidenta, exige justicia y la presentación del luchador social y de todos los detenidos desaparecidos de México y el mundo.
La Afadem expone que Rosendo Radilla Pacheco es uno de los más de 500 desaparecidos de la época de terrorismo de estado que se vivió en el municipio en los años 1970, cuando el gobierno federal emprendió la búsqueda y combate a la guerrilla de Lucio Cabañas Barrientos.
Informa que desde los primeros momentos, la familia de Rosendo Radilla denunció su desaparición forzada, junto con otras familias que también buscan a sus desaparecidos.
Abundan que, después de años de negación del Estado mexicano del hecho, ante la imposibilidad de obtener respuesta de las autoridades mexicanas, la familia Radilla, la Afadem y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), en 2001 lograron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptara el caso.
La Comisión formuló recomendaciones al Estado mexicano, que éste incumplió, por lo que el caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) causando sentencia internacional contra el Estado mexicano.
Señalan que el Estado mexicano fue enjuiciado por primera vez en su historia por el delito de desaparición forzada de personas, y sentenciado el 23 de noviembre de 2009, “sentencia que se niega a cumplir en su totalidad, simulando su cumplimiento, como estrategia ante la opinión pública nacional e internacional”.
A partir de esta sentencia histórica, señalan que “las estructuras jurídicas mexicanas han sido modificadas. El fuero de guerra fue cambiado aparentemente, ahora los militares que violen Derechos Humanos deberían ser enjuiciados en tribunales civiles; la figura del amparo que no funciona para proteger contra las Desapariciones forzadas también fue modificada, entre otros puntos del marco jurídico mexicano. Sin embargo, el paradero de Rosendo Radilla Pacheco aún no es revelado y menos entregado por los militares a su familia. Rosendo sigue desaparecido y los responsables impunes”.
Precisan que, aunque se han cumplido algunos puntos de la sentencia, los más importantes están en el aire, “la investigación del paradero o en su caso los restos de Rosendo Radilla Pacheco; dar con los responsables intelectuales y materiales, así como fincar responsabilidades penales, junto con el reconocimiento público total de responsabilidad del Estado mexicano en la detención, tortura y posterior desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco”.
La Afadem cuestiona, “¿Quién sabe dónde está Rosendo? ¡Los militares que lo detuvieron ilegalmente (sin orden de aprensión), retuvieron, llevaron a la cárcel clandestina (cuartel militar), torturaron y posteriormente desaparecieron!”.
Rosendo Radilla Pacheco nació el 1 marzo de 1914 en la población Las Clavelinas, municipio de Atoyac de Álvarez, en la Costa Grande del estado de Guerrero.
Fue líder comunitario, padre de 12 hijos, presidente municipal, cantautor de corridos de contenido social, cofundador de organizaciones sociales y campesinas, promotor de desarrollo social, y defensor de derechos humanos, y fue detenido-desaparecido el 25 de agosto de 1974 por el Ejército mexicano en un retén militar.
Durante ese periodo, “sólo en el estado de Guerrero fueron detenidas y desaparecidas 650 personas… de las cuales 470 son originarias del municipio de Atoyac, Rosendo Radilla forma parte de esa lista de campesinos detenidos desaparecidos, entre niños, niñas, hombres, mujeres y ancianos, víctimas del Ejército Mexicano y la Brigada Blanca quienes actuaron bajo las órdenes directas del entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, a través del Secretario de Defensa Nacional; Hermenegildo Cuenca Díaz, y Félix Galván López, el Secretario de Gobernación; además de generales, capitanes y soldados rasos que han mantenido por años en estado de sitio al estado de Guerrero, continuando las desapariciones hasta nuestros días”.
Rosendo Radilla fue llevado, al cuartel militar de Atoyac de Álvarez donde, a fuerza de torturas fue obligado a cantar los corridos de su autoría.
Desde entonces el Estado mexicano oculta su paradero, encubre a los criminales, militares y civiles, que se lo llevaron con rumbo desconocido y mantiene bajo tortura psicológica a su familia y amigos.

 

Deben declarar los militares sobre entierros en el ex cuartel de Atoyac, insiste la Afadem

 

El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel dijo que los peritos y expertos de la PGR que excavan en el ex cuartel militar de Atoyac, hoy Ciudad de los Servicios, no han encontrado evidencias de restos humanos sepultados en el lugar, y que para hallarlas es necesario citar a declarar a los militares.
El defensor de los derechos humanos dijo que las últimas lluvias adelantaron los trabajos en una excavación donde los peritos que los asesoran y expertos de la PGR determinaron que, ante la falta de evidencias por el estancamiento de lluvia, se pudo adelantar que en el lugar no había movimiento irregular de tierra.
Mata Montiel dijo que para hacer excavaciones con éxito se debe de citar a los militares que siguen siendo protegidos por el gobierno de la República.
Cuestionan que las búsquedas tienen su base en testimonios, “pero se anda tentaleando; lo ideal sería levantar todo lo que fue el cuartel, y otra (es) que tienen que venir los militares a señalar dónde fueron los entierros”.
Dijo que las excavaciones culminan el 14 de noviembre, “pero nosotros, como Afadem, vamos a seguir insistiendo que se cite a declarar a los responsables, al jefe supremo de las fuerzas armadas de aquel momento y a los expresidentes que estén vivos, así como a los secretarios de Gobernación”.
Cuestiono que los militares no sean citados a declarar y estén protegidos, “eso sigue pesando, la envestidura de los militares y de no tocarlos a pesar de la sentencia, y de que aporreantemente se han modificado algunas partes, a pesar de que el Ejército sigue haciendo labores de policía, cuando se supone que en tiempos de paz debería estar en sus cuarteles, y está en toda la República”.
Señalo que en Guerrero es en donde más presencia de militares se ve en la calles, “con poblaciones sitiadas, aparentando que están haciendo labores sociales, cuando no es cierto, son de inteligencia y contra insurgencia”.
Dijo que en otros países se ha enjuiciado a presidentes y militares, mientras que en México se mantiene el candado de que las leyes civiles no los toquen, “seria histórico que en México ocurriera, porque estamos viviendo un presidencialismo donde lo que diga el presidente, aunque sea absurdo, se acata”.
Indico que sólo 50 por ciento de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se han cumplido, “siendo la búsqueda de Rosendo Radilla lo que no se ha hecho”.
Dijo que la CIDH está dando seguimiento y busca que se haga un llamado de atención, ya que sólo se aparenta que se investiga, y los militares no son citados a declarar.
Explicó que la observación internacional al Estado mexicano es la esperanza, “con las recomendaciones que hagan, como es con el examen periódico universal de la ONU que ha hecho recomendaciones en ese sentido, para buscar a los desaparecidos y terminar con la impunidad, casos de desaparición forzada, que se abrió con lo del caso Ayotzinapa”, dijo.