Demandan al gobierno dos organizaciones de periodistas que se atienda el caso de Aguilera

 Las agrupaciones de periodistas Asociation Millennium Press (AMP) y Reporteros sin Fronteras (RSF) se solidarizaron por separado con los reporteros de Guerrero en su demanda de exigir al gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros y al presidente de México, Vicente Fox, la aparición y la pronta libertad del periodista secuestrado Leodegario Aguilera Lucas.

El también editor de una publicación del puerto de Acapulco fue secuestrado por tres hombres con uniforme de la Policía Judicial del Estado, a las 01:00 horas del sábado 22 de mayo de su pequeño hotel Fiesta del Mar, ubicado en la calzada Pie de la Cuesta frente a la colonia Jardín Azteca.

En una nota de prensa que firma el presidente del Comité Ejecutivo, Amín Cruz, que enviaron a la redacción de El Sur vía Internet, la AMP manifestó su “protesta enérgica por el apresamiento y desaparición del periodista mexicano”, condenó lo que llamaron “violento rapto del periodista”, e hicieron un llamado a todos los “colegas y medios de comunicación” a levantar su voz de protesta para que         sea liberado inmediatamente.

“Repudiamos enérgicamente los métodos de privación de libertad a los periodistas porque atentan a la libertad de expresión y tránsito que tienen los hombres y mujeres, de acuerdo con el artículo 19 de la declaración universal del los derechos del hombre”, señaló la organización.

Por su parte, la asociación Reporteros sin Fronteras a través de un boletín de prensa manifestó “estar preocupado por el secuestro de Leodegario Aguilera” y de las amenazas, agresiones o presiones judiciales a más de 15 periodistas de provincia registrados en los últimos 15 días. Del secuestro de Leodegario Aguilera dijeron, debe ser objeto de “una atención particular de las autoridades”, tanto locales como federales. En el boletín se indicó que el secuestro podría estar relacionado con los artículos del periodista “sobre presuntas irregularidades, imputadas a las autoridades locales”.

“Estos casos confirman lo que nuestra organización viene constatando desde hace algunos años: en México, la violencia y las presiones son frecuentemente obra de las autoridades locales, que todavía aceptan con mucha dificultad el contra-poder que representa la prensa”, señaló.

La AMP externó que “se une fraternalmente a todos los periodistas mexicanos” y apoya la protesta que se llevó a cabo en las instalaciones del Consulado General de México, en Nueva York, el jueves 27 de mayo a las 10:00 de la mañana donde se denunció ante el mundo su “repudio contra la censura e intimidación de que son objetos los periodistas”.

En la misma nota invitan a solidarizarse con la protesta para exigir al gobierno de México la libertad de Leodegario Aguilera.

La asociación de Reporteros sin Fronteras expusó que las represiones tienen que terminar y propuso hacer investigaciones con el fin de castigar a los autores de la violencia.

En su reporte se menciona el caso de tres periodistas golpeados por Samuel Rodríguez Moreno, sobrino de Fernando Moreno Peña, ex gobernador del estado de Colima. Los agresores hicieron referencia a unas informaciones difundidas por los tres reporteros, “que habían denunciado el presunto gran consumo de alcohol y droga de Samuel Rodríguez Moreno, y sus amigos”.

Cuenta que el 27 de mayo un agente de la Procuraduría de Justicia contactóm con al menos nueve periodistas de Ciudad Juárez, para que revelaran el origen de unas informaciones que habían publicado sobre los asesinatos de mujeres porque perjudicaba las investigaciones.

En el estado de Veracruz, Martín Serrano Herrera, fundador y director del periódico Diario Tribuna, publicado en Jalapa, fue agredido por tres desconocidos el 22 de mayo –agentes de las fuerzas del orden- por artículos de su periódico que implicaban a varios funcionarios del estado de Veracruz en algunos presuntos casos de corrupción, y de enriquecimiento personal.

Decenas de ellos han sido detenidos y secuestrados, dice en su informe anual la organización

En 2003, ocho periodistas muertos en AL: Reporteros Sin Fronteras

Con al menos ocho periodistas muertos en el ejercicio de su profesión en 2003 y decenas de detenidos y secuestrados, América Latina sigue siendo una tierra de contrastes para la libertad de prensa, seriamente amenazada en países como Cuba y Colombia, y víctima de la inestabilidad política en Bolivia, Ecuador, Venezuela o Perú.

En su informe de 2003 publicado con motivo de la decimocuarta Jornada Internacional de la Libertad de Prensa que se celebra este lunes, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) considera que Colombia sigue siendo el país más peligroso de la región para los informadores.

La muerte de cinco periodistas en 2003 es sólo una parte de la larga lista de ataques que sufren los informadores en el país, atrapados entre la guerrilla y los grupos paramilitares, cuyos ataques aumentaron el año anterior, según RSF.

“Más de 60 periodistas fueron secuestrados, amenazados o agredidos, otros 20 se vieron obligados a abandonar su región o incluso su país (…). El gobierno de Alvaro Uribe aparece cada vez más como una amenaza para la prensa”, asegura el informe.

RSF denuncia igualmente la ola de detenciones llevada a cabo por el gobierno cubano en marzo de 2003, cuando 75 disidentes internos, entre ellos 27 periodistas independientes, fueron encarcelados y condenados a penas de cárcel de hasta 27 años.

“¿Su crimen? Publicar artículos en el extranjero y entrevistarse con diplomáticos estadounidenses. ¿Sus armas? Máquinas de escribir y bolígrafos embargados en sus domicilios”, afirma el informe, acusando al régimen de Fidel Castro de consolidar con esta campaña “el monopolio estatal de la información”.

Según RSF, en muchos países latinoamericanos, la prensa paga el precio de la inestabilidad política. En Bolivia, numerosos periodistas fueron atacados y amenazados por las fuerzas del orden durante la represión de las revueltas que llevaron a la dimisión del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003.

En Venezuela, más de 80 periodistas fueron amenazados o agredidos al final de la gran huelga contra el presidente Hugo Chávez, en enero y febrero. “El gobierno ha multiplicado las agresiones y presiones contra la prensa”, denuncia RSF.

En Guatemala, la campaña de las elecciones presidenciales estuvo acompañada de una multiplicación de agresiones contra periodistas, uno de ellos (Héctor Ramírez), fallecido.

“Prácticas que creíamos acabadas resurgieron. Los derechos humanos y la corrupción siguen siendo cuestiones peligrosas para los profesionales de la información”, asegura RSF.

En Perú, la libertad de prensa paga las consecuencias de la inestabilidad política “y de un gobierno desacreditado que intenta controlar su imagen”, según este informe, en el que se denuncian los “escándalos de espionaje a periodistas que marcaron 2003”, métodos que “recuerdan la era de Alberto Fujimori (1990-2000)”.

RSF subraya que la impunidad sigue reinando a la hora de establecer responsabilidades en los crímenes de periodistas y cita como ejemplo a Brasil, donde dos informadores perdieron la vida este año, o Argentina, donde a los asesinos del fotógrafo José Luis Cabezas, muerto en 1997, se les ha aplicado una importante reducción de condena.

La organización también subraya la diferencia entre la prensa nacional latinoamericana, “que tiene gran poder y no padece presiones importantes”, y los medios regionales, “que continúan en conflicto con las autoridades locales, funcionarios o policías, quienes no aceptan la crítica”.

En países como México, Argentina o Perú, por ejemplo, la mayoría de los ataques estuvieron dirigidos contra los medios de comunicación locales, según RSF.

“Desgraciadamente, la prensa nacional no siempre se muestra solidaria con sus colegas de medios regionales y muchos de estos atentados contra la libertad de prensa pasan desapercibidos”, denuncia la organización.

Además de los ocho periodistas oficialmente fallecidos en el ejercicio de su trabajo (cinco en Colombia, dos en Brasil y uno en Guatemala), un periodista (Germán Antonio Rivas) fue asesinado en noviembre de 2003 en Honduras y otro (Daniel Martich) falleció en República Dominicana en circunstancias dudosas, aunque es imposible de comprobar que sus muertes tuvieron relación con el ejercicio de su profesión.