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Pide el Tribunal más presupuesto para pagar salarios caídos a jueces y magistrados reinstalados




El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, Edmundo Román Pinzón, llamó ayer al Ejecutivo y al Poder Legislativo para que autoricen una ampliación de presupuesto al Poder Judicial para solventar el pago de los salarios caídos de cinco jueces y dos magistrados que fueron reinstalados en 2005 y este año.
Dijo que los 38 millones de pesos de incremento al presupuesto de este año (255 millones 677 mil 148 pesos), en comparación con el anterior, no alcanzan a cubrir las necesidades del TSJ, debido a que el 90 por ciento se destina al pago de salarios de mil 265 empleados y 18 magistrados y el 10 por ciento se destina a las actividades operativas y jurisdiccionales, “las cuales crecen de manera proporcional al incremento de las funciones”, aseveró.
Román Pinzón hizo la petición en la lectura del informe anual de actividades del Poder Judicial, donde el secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, pidió a los trabajadores del Poder Judicial involucrarse en el combate al narcotráfico asumiendo una actitud íntegra y recta en el momento de resolver los procesos judiciales.
Román Pinzón dijo que es grave el ambiente de inseguridad que se vive en la entidad y confió en que proyectistas, jueces y magistrados asimilen esta situación, que sean “cuidadosos y responsables en los procesos penales que enfrentan”.
Aseguró que la actividad jurisdiccional no puede disminuir o detenerse a pesar de la falta de presupuesto para operar y los tiempos de violencia que se viven en el estado, “ya que de la actuación judicial depende en gran medida la salvaguarda del Estado de derecho y la conservación del orden jurídico”, indicó.
Antes, Román Pinzón leyó un informe de actividades que fueron encabezadas por el ex presidente del TSJ, Raúl Calvo Sánchez, –ya que él fue designado como presidente el 25 de abril y el 9 de mayo de este año– donde destacó la asistencia a los distintos actos oficiales y reuniones a las que fue invitado.
Las seis salas que integran el TSJ conocieron 5 mil 468 asuntos y resolvieron 5 mil 374 casos. Se interpusieron mil 91 demandas de juicio de amparo contra las resoluciones dictadas, de las cuales se concedieron 353, se negaron 467, se cancelaron 101 y 431 se encuentran en trámite.
En los 57 juzgados de primera instancia que se encuentran en 18 distritos judiciales se radicaron 5 mil 132 causas en materia penal, se libraron 2 mil 737 órdenes de aprehensión; se negaron mil 67 y emitieron 239 órdenes de reaprehensión.
Asimismo, se dictaron 2 mil 958 autos de formal prisión y 512 autos de libertad por falta de elementos para procesar.
Contra estas resoluciones se interpusieron 5 mil 258 demandas de juicio de amparo y se concedieron 324, se negaron 574 y se cancelaron 3 mil 985 demandas de amparo.
Por los delitos de homicidio, violación y secuestro fueron consignadas 616 averiguaciones previas, de las cuales se dictaron 370 sentencias definitivas, 87 de éstas fueron absolutorias y 283 condenatorias, destacó Román Pinzón en la lectura del informe.
El Consejo de la Judicatura recibió 199 quejas administrativas presentadas por litigantes en contra de jueces y secretarios de acuerdos, de las cuales resolvió 146 asuntos y se interpusieron 51 amparos en contra de las resoluciones, 21 fueron concedidos, 9 negados y 21 están en trámite.
Sobre el Fondo auxiliar para la administración de la Justicia, conformado por las multas, fianzas y consignaciones depositadas en los juzgados del Poder Judicial, sólo dijo que hasta el 31 de marzo de este año el monto asciende a 40 millones 538 mil 930 pesos y no aclaró cuánto se ha acumulado en abril y mayo de este año.
Román Pinzón aseguró que durante este año que fungirá como presidente del TSJ tratará de cambiar la mala imagen que tiene la sociedad y llamó a los trabajadores a cambiar la actitud, sobre todo el trato hacia los ciudadanos.
Consideró necesario para alcanzar este cambio el incremento al presupuesto del TSJ por lo que pidió al Ejecutivo y al Poder Legislativo una ampliación presupuestal porque el pago de los salarios caídos a los cinco jueces que fueron reinstalados el año pasado y los magistrados, Rufino Miranda Añorve y José Luis Bello Muñoz se tendrá que hacer con recursos del presupuesto actual y no se tenían considerados, aseveró.

Ex trabajadores del INEGI reanudarán protestas; piden su reinstalación y salarios caídos



Zacarías Cervantes Chilpancingo

Ex trabajadores del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) que fueron despedidos desde hace seis años, volverán a realizar acciones de protesta para exigir su reinstalación y la negociación de sus salarios caídos, luego de que el pasado 25 de abril pasado recibieron la solidaridad de organizaciones sociales que reavivó su movimiento.
Una comisión de ex trabajadores del ese instituto, integrada por Francisco Pérez Figueroa, Rogelio Ortiz Ponce, Francisco Martínez y Nicolás Menor Vázquez informaron que de hecho las acciones de protesta las reiniciaron a nivel nacional el 25 de abril pasado cuando realizaron una marcha y la toma del edificio del INEGI.
Pérez informó que ese día contaron el apoyo de agrupaciones sindicales que pertenecen al Frente Sindical Mexicano, entre ellos el sindicato de Electricistas, el sindicato de la UNAM, el sindicato de la Universidad de Chapingo, sindicalistas del Metro, y las costureras del Distrito Federal.
“El movimiento del INEGI ha sensibilizado a organizaciones sindicales y sociales y eso nos obliga a comprometernos más con el movimiento social, por lo que dijo que este viernes se solidarizarán con el paro de media jornada que ha anunciado para este viernes el Frente Sindical Mexicano en solidaridad con los trabajadores de Sicartsa de Lázaro Cárdenas, Michoacán”, indicó.
Informó que aquí cuando menos realizarán brigadeos y la distribución de volantes, mientras que el 1 de mayo marcharán con el contingente de los sindicatos democráticos y agrupaciones sociales.
Recordó que en Guerrero fueron despedidos 200 trabajadores pero que de estos sólo 150 presentaron demanda laboral y que junto con los despedidos de otros 21 estados buscan su reinstalación y la negociación del pago de sus salarios caídos.
Informó que con la intervención del Congreso de la Unión el INEGI accedió a instalar una mesa para el próximo 3 de mayo y que si en esta mesa nuevamente no les ofrecen soluciones junto con las agrupaciones sindicales u sociales realizarán otras medidas en los próximos meses.
Por su parte el ex trabajador del INEGI, Francisco Martínez –uno de las 11 personas de los 22 estados que entraron a la negociación del 25 de abril–, informó que el acuerdo fue que en la mesa del 3 de mayo sólo se tratarán dos puntos: la reinstalación y la negociación de los salarios caídos.