El 23 de enero el comandante de la autodefensa de la UPOEG en Ocotito, José Deivy Barrientos Salazar, durante su mensaje en el noveno aniversario de la creacio?n de su policía Foto: Lenin Ocampo Torres
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
El líder comunitario del Ocotito e integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Deivy Barrientos Salazar fue detenido en el estado de Puebla.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que el comandante de la UPOEG fue detenido cuando circulaba por la carretera federal Puebla-Tehuacán, a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350.
“Al hacerle una revisión encontraron 62 bolsas de aparente cristal, un arma de fuego calibre .380 milímetros abastecida con seis cartuchos útiles (sin los permisos correspondientes), así como 5 mil 500 pesos en efectivo”, según el boletín.
La SSP menciona que José B. es “identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal” y su detención se dio luego de “labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina”.
Al momento de la detención estaba acompañado de una mujer identificada como Betzaira Monserrat L. y ambos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.
El boletín indica que de “acuerdo con el análisis de información, el detenido está relacionado con diversos hechos delictivos en el estado de Guerrero y tenía vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”.
José Deivy Barrientos fue fundador junto a Salvador Alanís Trujillo de la autodefensa en el valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, que se armó para combatir al grupo delictivo de Los Rojos y se unió en enero del 2014 a la UPOEG.
Luego de diferencias con el líder estatal de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, Alanís Trujillo fundó en noviembre del 2015 el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Gue-rrero (FUSDEG) y el segundo al mando era Deivy Barrientos.
En noviembre del 2016 el FUSDEG sufre una división y Deivy Barrientos se vuelve a unir a la UPOEG para desplazar al grupo que encabezaba Salvador Alanís, quien posteriormente en el 2018 fundó la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.
En agosto del año pasado fue asesinado en Chilpancingo Fredid Román Román y sus familiares señalaron como autor intelectual al comandante Deivy, quien posteriormente en una conferencia de prensa negó haber participado en el asesinato del periodista.
La última aparición pública de José Deivy Barrientos fue el 23 de enero, cuando encabezó la marcha del noveno aniversario de la UPOEG en el Ocotito.
Policías comunitarios de Tlacotepec en la entrada a Apaxtla, en donde ayer incursionaron en contra del grupo que impone una cuota a los productos de la canasta básica, según dijeron Foto: El Sur
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
El perfil de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC); de las autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones Sociales del Estado de Guerrero (UPOEG) y del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), fueron analizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el año crítico de 2015, después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando hubo un levantamiento social que obligó a la salida del cargo del gobernador, Ángel Aguirre Rivero.
En los recientes correos hackeados por el grupo Guacamaya aparece un texto confidencial donde la Sedena hace un cuadro comparativo de la estructura de los tres grupos, sus diferencias internas, el número de sus integrantes y el tipo de armamento que ocupan en los diferentes municipios de la Montaña, Costa Chica y la Región Centro donde tienen su mayor presencia.
La Policía Comunitaria de la CRAC nació en 1995 en Santa Cruz del Rincón municipio de San Luis Acatlán, donde los indígenas de la Montaña Alta tomaron las armas para defenderse de los asaltos, violaciones y homicidios que se daban en sus caminos.
Desde el inicio, la organización indígena fue acosada por el Ejército y las autoridades, que la señalaron como brazo armado del apenas saliente Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
En el informe de la Sedena fechado en 2015, señalan que uno de los objetivos de la CRAC es “preservar la seguridad de sus comunidades, proteger su territorio y oponerse al despojo y desplazamiento de la población que se vea afectada por la privatización del ejido”.
El texto en Power Point describe a la CRAC como una policía comunitaria que realiza recorridos a inmediaciones “de las comunidades donde mantienen presencia, establecen puestos de revisión en diferentes puntos y cometen detenciones arbitrarias en contra de la población en general, los cuales son
recluidos en las Casas de Justicia para que sean reeducados conforme a usos
y costumbres; asimismo, realizan reuniones para la resolución de problemas internos, impartición de justicia y para la planeación y ejecución de operativos
especiales de seguridad”.
Inteligencia militar menciona que la Policía Comunitaria tiene presencia en Acatepec, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres, Metlatónoc, Malinaltepec, Marquelia, Copanatoyac, Cochoapa, Iliatenco, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Tlacoapa, Tecoanapa, Copala, Tixtla, Olinalá, Ometepec, Tlacoachistlahuaca, Cualac, Huamuxtitlán, Chilapa y
Juchitán.
Los datos del informe revelan que en el 2015 la CRAC controlaba 120 comunidades, con mil 400 hombres armados y que recibían del gobierno del estado mensualmente un millón 100 mil pesos.
Según el texto la vulnerabilidad del grupo era una pelea interna entre los seguidores de Abad García García, excoordinador y promotor de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán contra los seguidores de Eliseo Villar Castillo (preso en el Cereso de Chilpancingo), coordinador de la “Casa de Justicia Horcasitas, por el control de los recursos económicos que otorga el Gobierno del Estado para sus actividades”.
UPOEG
En el mismo texto se trata la división dentro de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) por cuestiones económicas y la creación de la UPOEG el 28 de enero del 2011.
“Se presentó un conflicto al interior de la CRAC-PC, lo cual originó que Bruno Plácido Valerio se separara y creara la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), con el objeto de ganar adeptos, esta organización tomó como bandera de lucha las altas tarifas de luz que pagaban las comunidades indígenas, abogando por una tarifa preferencial por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.
La Sedena señala que la UPOEG en el 2013 con “Bruno Plácido Valerio crea el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), con estructura similar a la de la Policía Comunitaria (PC)”.
En esos años la agrupación salió a combatir al grupo de la delincuencia organizada de Los Rojos que controlaba parte de la Costa Chica y zona Centro del estado, donde en sus primeros operativos detuvieron al menos 54 integrantes del crimen organizado que fueron entregados a las autoridades del gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Según el cuadro comparativo de la Sedena la UPOEG tenía como objetivo “brindar seguridad a sus comunidades, la liberación de presos políticos, presentación de los 43 normalistas desaparecidos, exigiendo la apertura de los cuarteles para su búsqueda”.
En el 2014 la agrupación fue obligada por pobladores de Ayutla y Tecoanapa para entrar a la ciudad de Iguala y buscar al menos a 13 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro de Ayotzinapa, que eran originarios de esos municipios y que fueron desaparecidos la noche del 26 de septiembre.
Los operativos eran encabezados por el promotor de la UPOEG, Miguel Ángel Blanco, que fue el primero en encontrar decenas de fosas clandestinas y quien ubicó el punto conocido como Barranca La Carnicería –a un costado del basurero de Cocula– donde se encontró un resto óseo del normalista Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Miguel Ángel Blanco fue asesinado en el poblado de Xaltianguis en agosto del 2015 y hasta la fecha su asesinato nunca fue esclarecido.
El informe señala que la UPOEG tiene 2 mil 200 elementos, 750 armas largas y 150 cortas, con presencia en los municipios de Chilpancingo, Coyuca de Benítez, Acapulco, Juan R. Escudero, San Marcos, Tecoanapa, Ayutla de los Libres, Cruz Grande, Copala, Cuautepec, San Luis Acatlán, Marquelia, Azoyú, Igualapa, Ometepec, Cuajinicuilapa y Tlapa de Comonfort.
Según la Sedena la vulnerabilidad del grupo era que su líder “Bruno Plácido Valerio ha adoptado una postura mesurada buscando el acercamiento con autoridades de los tres niveles de gobierno con la posible intención de postularse como diputado local”.
FUSDEG
El Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) es una escisión de la UPOEG y la inteligencia militar señala que “su conformación contó con la asesoría y respaldo de Bertoldo Martínez Cruz, líder del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG), vinculado al ERPI” (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente).
El grupo nació el 23 enero de 2015, en la comunidad de Mohoneras, municipio de Chilpancingo, bajo el liderazgo de Salvador Alanís Trujillo que posteriormente fue desplazado de la zona y fundó la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.
Durante el levantamiento armado del Valle del Ocotito y posteriormente la creación del FUSDEG, la organización participó en el apoyo de las organizaciones sociales que exigían la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El 6 de febrero de 2015 los integrantes del FUSDEG y pobladores del Valle retuvieron al comandante de la Policía Federal, José Luis Solís López, más conocido como Espartaco.
La retención se dio luego de que un grupo de al menos 300 policías federales se dirigía a los pueblos de Mazatlán y Petaquillas para desalojar a los pobladores que tenían retenidos a militares y exigían su salida.
En el informe de la Sedena mencionan que en el 2015 el FUSDEG tenía al menos mil hombres armados que controlaban Chilpancingo (Palo Blanco, Dos Caminos, Mazatlán, Acahuizotla, El Ocotito, Petaquillas, Mohoneras y Los Cajeles); Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y Acapulco (Xaltianguis, Cacahuatepec, Limoncito, Huamuchito, Xolapa, Barrio Nuevo de los Muertos, Huajintepec, Amatepec, El Playón, Pablo Galeana, Las Tortolitas, San José, Las Marías y La Calera.
La vulnerabilidad del grupo era que carecían “de una estructura solida debido a su conformación y presenta dificultad para definir su dirección en las localidades y
municipios donde tiene presencia, principalmente en Chilpancingo”.
El texto de Power Point de 14 diapositivas al que tuvo acceso El Sur y que era de carácter confidencial, considera que los tres grupos enfrentan una crisis estructural derivada de los “protagonismo de sus dirigentes, por mantener sus privilegios e intermediación con las autoridades; pugnas por el control de los recursos económicos; recurrentes abusos y transgresión de los derechos de la población; control de territorios y rutas que les facilite el desarrollo de sus actividades”.
“La pérdida de legitimidad y de liderazgo en las organizaciones CRAC-PC, UPOEG y FUSDEG, mantendrá limitada su pretensión por expandir sus áreas de influencia, lo que contribuye al divisionismo y el consecuente debilitamiento de
sus estructuras internas, lo que debidamente encauzado, permitirá a las autoridades estatales mantener su control”.
El análisis finaliza que “el activismo de estas organizaciones estará orientado a dar continuidad a proyectos de autonomía donde ejerzan el control de los municipios donde tienen presencia, limitando la presencia gubernamental, seguir obteniendo recursos argumentando su contribución a la seguridad local y ampliar sus áreas de influencia”.
Actualmente de los tres grupos, la CRAC-PC es la única que se ha mantenido por la forma de organización que tienen de elegir su sistema comunitario por asambleas de los pueblos.
La UPOEG en el sexenio de Evelyn Salgado Pineda ha sido prácticamente desmantelada de su zona de control de la Costa Chica, donde han detenido o asesinado a sus principales comandantes que fundaron la organización y han sido señalados constantemente por las autoridades federales de operar para el grupo delictivo Los Rusos.
El Fusdeg sólo controla algunas comunidades de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) y actualmente se encuentra dividido y peleando el control de su zona con los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos.
El enfrentamiento ocurrido la tarde del sábado pasado cerca de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), fue entre integrantes de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y el Cártel del Sur que encabeza Isaac Navarrete Celis, El Señor de la I.
El resultado fue de cuatro a seis miembros del grupo delictivo abatidos, así como tres camionetas blindadas incineradas, informó ayer vía telefónica el vocero del Frente Unido de Policías Comunitarias del Estado de Guerrero (FUPCEG), Salvador Alanís Trujillo.
Dijo que la Policía Comunitaria montó un operativo de vigilancia durante dos días para “eliminar” a Navarrete Celis afuera del pueblo, porque sabían que el sábado asistiría a una fiesta pero se les escapó a pie por el cerro.
Alanís Trujillo rechazó, en otro asunto, que la Policía Comunitaria tenga vínculos con el grupo delictivo Los Números, cuyos líderes fueron abatidos hace dos semanas en Cocula, en una casa donde fueron halladas playeras de la Policía Comunitaria de Tlacotepec.
Informó que la operación que se realizó el sábado cerca de El Naranjo forma parte de los trabajos que viene realizando para “eliminar” al grupo delincuencial que dirige “el líder criminal Isaac Navarrete”.
Contó que la información que tenían es que ese día iría a una fiesta a El Naranjo y fueron a buscarlo, “pero lamentablemente se nos dio a la fuga”.
Informó que Navarrete Celis llegaba al pueblo en las camionetas blindadas que fueron halladas quemadas por el Ejército y la Policía Estatal. Confirmó que estos vehículos fueron incendiados por la Policía Comunitaria después de que no lograron la detención del líder criminal.
El vocero del FUPCEG aseguró que no fue un atentado contra el pueblo ni el enfrentamiento ocurrió adentro, “el ataque ocurrió afuera de la comunidad en una brecha donde él transitaba”, donde fueron encontrados los vehículos incendiados, en un camino entre Chichihualco y El Naranjo que fue donde intentaron interceptarlo.
“Afortunadamente para él se dio a la fuga, pero logramos abatir a algunos criminales y se quemaron tres camionetas blindadas”, informó.
El gobierno no informó oficialmente del hallazgo de cuerpos.
Sin embargo, Alanís Trujillo aseguró que los policías comunitarios vieron caer de cuatro a seis integrantes de la guardia personal de Navarrete Celis. “Los muchachos alcanzaron a reconocer que entre cuatro y seis integrantes de la guardia de Isaac Navarrete fueron abatidos, el objetivo no era llegar a revisar los muertos, pero confirman que entre cuatro y seis cayeron allí”.
Agregó que se entiende que los muertos son de la guardia personal del Señor de la I porque iban en la avanzada en las camionetas blindadas que quedaron incineradas. Eran los que avanzaban a bordo de 5 vehículos al frente, “y lógicamente en la vanguardia va su guardia personal”.
Explicó que la operación que organizaron fue de dos días en lo que esperaban que llegara, y el tiroteo duró entre 4 y 5 horas que fue el tiempo que la “guardia civil” de Navarrete Celis estuvo repeliendo el ataque.
Dijo que la Policía Comunitaria movilizó ese día a 200 civiles armados de su “fuerza élite” para actuar en contra de “nuestro objetivo” pero, “lamentablemente” no se logró esta vez, “pero seguiremos intentando”, advirtió.
Agregó que del grupo de Navarrete Celis contaron 10 vehículos en los que iban aproximadamente 70 “sicarios”.
El vocero declaró que se les escapó porque los 200 policías comunitarios estaban distribuidos en distintos puntos en la zona debido a que no tenían la información exacta del lugar por el que entraría al pueblo.
Agregó que en el sitio a donde llegó Navarrete Celis en cinco camionetas, (tres de las cuales fueron las incendiadas), tenían apostados a unos 60 policías comunitarios que fueron los que participaron directamente en el enfrentamiento.
Agregó que en la retaguardia iban otras 5 camionetas pero que los pistoleros que iban en estas ya no pudieron llegar por la refriega, por lo que se posicionaron en el cerro desde donde empezaron a hacer frente a los policías comunitarios.
Alanís dijo que están seguros de que Navarrete Celis se les escapó porque los comunitarios lo vieron correr por el cerro con algunos de sus hombres armados.
El vocero del FUPCEG aseguró que la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo no tiene ningún interés económico ni territorial para entrar a El Naranjo, “de quererlo tomar ya lo hubiéramos hecho, contamos con muchísima gente para poder hacer una incursión”, declaró.
Insistió: “nosotros vamos por la eliminación del grupo criminal que opera allí, y esto nada tiene que ver con los pobladores, lo que pasa es que a veces el temor afecta mucho a la gente y por miedo se va, como ocurrió en el corredor de Filo de Caballos”.
Insistió en lo que ha declarado en otras ocasiones, que algunos de los pobladores se van porque están involucrados con el grupo delincuencial, pero admitió que otra parte de esa gente no tiene nada que ver, pero que se sale por miedo, “y es lo que no quisiéramos que ocurriera en El Naranjo, no queremos que haya desplazados, por eso es que no hemos tomado el pueblo”. Aseguró que no ha sido esa su intención.
Se deslinda del grupo criminal Los Números
En otro asunto, Alanís Trujillo rechazó que la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo tenga vínculos con el grupo delictivo Los Números, cuyo líder Pedro Flores Millán, El Nueve, y su hermano Ismael, El Payo, así como un tercer hombre que no fue identificado, fueron abatidos el 18 de diciembre en una casa donde fueron encontradas playeras de la Policía Comunitaria de Tlacotepec.
El vocero del Frente de Policías Comunitarias aseguró que “la Policía Comunitaria y el Frente no tienen ninguna relación con Los Números ni con ningún otro grupo delincuencial”.
Dijo que los rumores en ese sentido se dieron porque fueron encontradas algunas playeras de la Policía Comunitaria, “pero esas playeras cualquiera las puede clonar y portar para quemar el nombre de la Policía Comunitaria”.
Explicó que de Tlacotepec a Cocula hay una gran distancia y que difícilmente se pueden mover hacia allá los integrantes de la Policía Comunitaria para hacer operaciones.
También se vinculó a la Policía Comunitaria de Tlacotepec con los 14 abatidos por el Ejército en Tepochica, municipio de Iguala en octubre pasado, pero también deslindó a la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo de ese hecho.
“En ese enfrentamiento murieron algunos que eran ciudadanos de Tlacotepec y eso generó que se mencionara que eran gente de la Policía Comunitaria, pero tenemos un 30 por ciento de jóvenes hombres que han emigrado de este municipio en busca de trabajo por la caída del precio de la amapola”.
Argumentó: “en este caso había en Tepochica algunos ciudadanos de Heliodoro Castillo que se fueron en busca de un empleo, allá se los dieron y fueron algunos de los que les tocó la desgracia”.
El coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo respondió al gobernador Héctor Astudillo Flores que debe de asumir su responsabilidad, que como mandatario él no es un espectador que puede sólo sentarse a ver cómo se pierden vidas.
Consultado por teléfono, Alanís Trujillo quien tuvo que salir de Guerrero tras ser amenazado por el fiscal general del Estado Javier Olea Peláez de que sería detenido, expuso, “yo creo que más que quedar en medio de pleitos, el gobernador debe asumir su responsabilidad, como gobernador principalmente, él es responsable de mantener a un estado en orden, como él lo dice”.
Este viernes El Sur publicó que el corredor de Xaltianguis, municipio de Acapulco a Petaquillas, municipio de Chilpancingo, se utiliza para el trasiego de droga de la sierra por los grupos criminales Los Ardillos y Cártel del Sur, de los que el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio forma parte, y tienen acuerdos con el gobernador, según la denuncia del coordinador del FUSDEG.
“El gobernador lo que tiene que tener es mucho cuidado de no quedar en medio de estos pleitos que se dan entre grupos que están armados y que están fuera de la ley. El gobernador siempre lo que le corresponda para hacer que la mayoría pueda estar en condiciones de estar libre y evitar los menos conflictos posibles, el gobernador siempre lo que ha hecho es tratar de evitar conflictos y por supuesto cuidar no quedar en medio de estos pleitos que se han convertido casi en personales entre grupos armados que están fuera de la ley”, dijo el viernes Astudillo en respuesta.
Ayer, Salvador Alanís advirtió, “la delincuencia sigue avanzando y sigue sometiendo a pueblos, yo creo que debe de fajarse los pantalones y cumplir los acuerdos” que hizo con el FUSDEG, de desarmar a la UPOEG.
Reprochó que lo haya engañado, que si no quería intervenir en el conflicto debió evitar meterse desde el principio, “y ya veíamos nosotros como arreglar el conflicto, es cierto que la UPOEG desde San Juan del Reparo abrió la puerta a una situación de violencia”.
“Este no es un conflicto personal como él lo suaviza, más bien un conflicto entre la delincuencia y un grupo de la policía comunitaria que nació del pueblo”, precisó.
“Hay muchas familias que viven exiliadas, que están fuera de sus pueblos, y ahora sí, él no quiere quedar en medio, esto demuestra sólo la falta de ética del gobernador”, señaló.
Le ofrecieron 5 millones de pesos a cambio de irrumpir en Corral de Piedra, asegura
El coordinador del FUSDEG informó que el interés de los narcotraficantes era tan alto que el líder del grupo criminal Los Rojos, Ángel Villalobos Arellano, El señor de la A, le ofreció 5 millones de pesos a cambio de que la Policía Comunitaria del FUSDEG entrara a la comunidad Corral de Piedra.
“El FUSDEG no se creó para eso, y ese fue un problema que a la larga nos afectó por que quedamos como un movimiento pobre, porque no teníamos el recurso económico para poder comprar armamento más pesado como el que trae la UPOEG sierra”, expuso.
Mencionó que esta organización encabezada por Bruno Plácido llegó a El Ocotito con 400 hombres armados con cuernos de chivo y granadas.
“Entonces el interés económico es muy grande y no solo le interesa al estado, sino a la federación y por eso le echa la bolita al estado y la cosa es que no va a terminar esto, porque el interés económico es más grande que la verdadera responsabilidad de los gobernantes de querer solucionar esto”, consideró.
Agregó que los grupos delictivos apadrinan campañas políticas, y a cambio a los grupos del crimen organizado los dejan mover sus mercancías en el territorio.
El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio llamó a que las autoridades lo investiguen ante las acusaciones que hizo en su contra el coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo con respecto a su presunta alianza con el Cártel del Sur y Los Ardillos para controlar el corredor de Petaquillas a Xaltianguis.
Consultado vía telefónica, el dirigente de la UPOEG dijo que las acusaciones del coordinador del FUSDEG son “grilla”, y no quiso responder a los señalamientos en su contra, pues dijo que él está trabajando por la seguridad y el desarrollo de los pueblos donde tiene presencia la UPOEG, y que contestar a los señalamientos que le hacen es “perder el tiempo”.
En la última entrega que se publicó ayer en éstas páginas sobre la toma del control del grupo criminal de Los Ardillos en Petaquillas, que es la puerta a la capital del estado, y la división del FUSDEG y la UPOEG que trajo como consecuencia el desplazamiento del Frente del corredor Petaquillas-Xaltianguis, con excepción de Tierra Colorada, Salvador Alanís acusó al dirigente de la UPOEG de tener vínculos con el grupo criminal del Cártel del Sur y Los Ardillos.
Alanís Trujillo dijo en la entrevista para El Sur que la Policía Ciudadana de la UPOEG fue un engaño y que ya traía acuerdos con gente de cárteles “que iban a meter un cártel para sacar a otro” en ese corredor; además de que recibió de Juan Jaleaco Guevara, el líder del Cártel del Sur, 4 millones de pesos para que llevara 300 gentes, “entonces Bruno ahí es donde entra a la sierra y le hace el paro a Juan Jaleaco para sacar (de la Sierra) a los de la A (Ángel Arellano Villalobos); entonces, desde 2014 ellos pactaron ese acuerdo, y sí, empiezan a avanzar y a sacar a todos los que ya habían entrado del lado contrario”, aseguró Alanís Trujillo.
“No tengo nada que contestar contra alguien que sólo se basa en sospechas y no es la primera vez que dice cosas, por eso yo no tengo nada que decir de este tipo”, dijo al respecto Plácido Valerio.
Declaró que él trae un objetivo concreto, organizar a la población para la seguridad “y lo que se diga, que si soy narco, que si estoy vinculado, que lo compruebe ante la PGR (Procuraduría General de la República), ante quien él quiera, porque ya no podemos caer en una declaración de medios”, respondió enfadado.
Y se quejó: “ustedes también tienen que ser un instrumento para difundir cosas más positivas en las condiciones como está Guerrero, porque unos estamos viendo la forma de cómo resolver los problemas de tanto muerto que hay, y los medios hablando de estas cosas”.
–Pero en los hechos, ustedes, la UPOEG, tienen el control en el corredor Ocotito Xaltianguis, –insistió el reportero.
–No, no es control, allí estamos buscando alternativas a los conflictos. Pero yo no puedo contestarle a él, porque voy a perder mucho tiempo cuando los problemas están y rebasan todos los límites, y hay que ponerles atención. Entre todos tenemos que ver cómo hacerle.
Después, dijo que, “caer en la contestación nomás por contestar, es amarrar navajas sin fundamento”.
–No se trata de amarrar navajas, te buscamos porque es una acusación grave en tu contra.
–Sí, pero no puedo dar una contestación a este tipo, pues.
–¿Entonces, todo que quede así?
–No, sí, que él diga lo que quiera y que las autoridades nos investiguen, que hagan lo que tengan que hacer. Ya estamos cansados de tanta grilla y de esas cosas. No hay tiempo para la grilla, hay que ser más propositivos.
La tarde de ayer fue sepultado el comandante del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) de Petaquillas, Julio Alarcón Astudillo, quien era chofer de una Urvan del transporte público de la ruta Petaquillas-Chilpancingo, y que el domingo fue asesinado a balazos en el estacionamiento del mercado San Francisco, cerca del centro de la capital.
El coordinador del FUSDEG del municipio de Chilpancingo, Salvador Alanís Trujillo informó que hay tres líneas de investigación del asesinato de Alarcón Astudillo, en las que está interviniendo la Fiscalía General del Estado (FGE), en colaboración con la organización, para esclarecer el asesinato de su compañero.
A las 3 de la tarde de ayer, unos 500 vecinos y policías comunitarios del FUSDEG que participaron en el cortejo fúnebre llegaron a la iglesia de San Agustín, en Petaquillas, donde se llevó a cabo una misa de cuerpo presente. Al terminar la ceremonia, el ataúd del comandante del FUSDEG, acompañado de sus familiares, amigos, comunitarios y compañeros de trabajo, fue trasladado al panteón municipal para darle sepultura.
Alanís Trujillo comentó que, de acuerdo con las declaraciones de los cuatro detenidos, “está complicado, porque nos llevan a tres líneas diferentes de investigación, pero la Fiscalía junto con nosotros estamos trabajando para dar con los responsables”.
Recordó que, anteriormente Alarcón Astudillo fue víctima de la delincuencia organizada, lo que pudiera ser una línea de investigación, “para encontrar a la gente que mató a nuestro compañero”.
Explicó que los cuatro detenidos están bajo resguardo de 72 horas en la base comunitaria del FUSDEG para hacer las investigaciones, no tiene comunicación con su familia, para evitar la fuga de información, y por seguridad sólo reciben comida, como parte del protocolo de la organización.
Alanís Trujillo informó que, de acuerdo con la Fiscalía, dos de los detenidos tienen órdenes de aprehensión, uno por homicidio y otro por violencia doméstica, y agregó que hasta que se determine en las investigaciones que “no están relacionados en este homicidio, se entregarán a la Fiscalía para que responden por sus delitos”.
Por otro lado, el coordinador del FUSDEG en el municipio dijo que el conflicto que tiene en El Ocotito se debe a intereses delincuenciales, “hay gente a la que le conviene que como ciudadanos de pueblo nos estemos peleando”.
Comentó que en una plática, el fiscal general Xavier Olea Peláez les informó que procederá contra el grupo armado que encabeza José Deivid Barrientos por los delitos de lesiones graves, intento de homicidio y portación de arma de fuego exclusiva del Ejército.
Por último, exigió a las autoridades responsables de la seguridad de Chilpancingo que coloquen una instancia confiable para combatir la delincuencia organizada, “podrán meter mil policías o programas, no funciona porque no hay una instancia confiable, la muerte de nuestro compañero es el asesinato 180 en la capital, y no se va a quedar así, lo vamos a resolver, sí tenemos que llegar a la ciudad a detener gente mala, lo vamos hacer”.
El domingo, vecinos e integrantes del FUSDEG de Petaquillas y El Ocotito, municipio de Chilpancingo, y de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, bloquearon más de seis horas en estos tres sitios la carretera federal Chilpancingo-Acapulco para exigir el esclarecimiento del asesinato del comandante Julio Alarcón Astudillo.
El comisario interino de la comunidad de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, Gil Ramírez Cortés negó que haya sido ilegal su toma del cargo de comisario, pues aseguró que fue elegido por unanimidad de votos en la asamblea general del pueblo el domingo pasado.
Mencionó que a la asamblea acudieron 844 vecinos de El Ocotito, y fue elegido legalmente ante la ausencia del comisario Audifred Benítez Visoso, quien huyó en “exilio” junto a su familia tras ser detenido por policías comunitarios del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), de aquella comunidad.
Aunque reconoció que está desprotegido por las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena, quien nunca “escuchó” al grupo de la comisaría, y favoreció “al grupo opositor, porque algunos son sus amigos, siguiendo una línea unilateral”.
El coordinador del FUSDEG no reconocido por los comisarios del corredor Petaquillas-Xaltianguis, Salvador Alanís Trujillo señaló que es anticonstitucional que la asamblea general del pueblo de El Ocotito haya acordado que el ex secretario general de la comisaría, Gil Ramírez Cortés tome protesta como comisario interino de la comunidad.
Alanís Trujillo comentó que hay un acuerdo con el grupo del comisario de El Ocotito, Audifred Benítez Visoso, y el alcalde Leyva Mena, de que el comisario suplente sería Román Vadillo Abarca, lo cual violenta la ley.
Consultado por teléfono al respecto, Ramírez Cortes abundó que el presunto comisario interino, Román Vadillo fue “impuesto” por el FUSDEG con una negociación invalida, sin contar con el respaldo del poblado.
Refirió que, para obtener su interinato fue elegido con la votación del pueblo y avalado por el comisario Audifred Benítez Visoso, quien se comunicó por teléfono, “para informar que sigue lesionado y que continúe con su línea de trabajo”.
Asimismo, denunció que el FUSDEG de El Ocotito continúa funcionando con policías de Mohoneras, Petaquillas y Tierra Colorada, que son ajenos a la comunidad, ya que a mediados de agosto los pobladores eligieron su organismo comunitario, y depuraron a sus policías y consejeros.
Reiteró que Salvador Alanis y “los demás comandantes” del FUSDEG son desconocidos como “coordinadores”, pues no participaron en la depuración del organismo, y no deberían ocupar la base comunitaria.
No obstante, y pese al conflicto, Gil Ramírez comentó que buscará dialogar con los líderes del FUSDEG para intentar estabilizar el poblado, “yo exijo paz y que el gobierno intervenga, porque el presidente (Leyva Mena) fue rebasado y actuó en una sola línea; por eso ahora estamos con el secretario Florencio Salazar Adame”.
Añadió que, pese a la “radicalización” del grupo opositor, confiará en entablar un diálogo, pero recalcó que está desprotegido por la autoridad municipal, y “acobijado sólo por el pueblo”.
El comisario señaló que el alcalde Leyva Mena no ha acudido a El Ocotito para estabilizar la pugna por la comisaría en su actual administración, y que sólo fue en su campaña para alcalde, cuando “nos abrió las puertas del Palacio municipal, porque ahí se arreglarían los problemas”.
Insistió en que al alcalde el conflicto del corredor “lo ha rebasado”, y ha favorecido al FUSDEG con sus decisiones porque “son sus amigos”, pero sin pensar en las consecuencias que llevarían al “exilio del comisario Audifred Benítez”.
Recordó que hoy acudirá una comisión de los pueblos en conflicto con el FUSDEG a Palacio de Gobierno, para reunirse con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien les planteará soluciones para evitar el conflicto con la Policía Comunitaria.
El coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo informó que como parte del acuerdo que se tomó con el Ayuntamiento y la comisaría de El Ocotito, este 14 de agosto habrá elecciones en las 12 colonias del poblado para seleccionar los policías comunitarios de la organización y consejeros, mientras la seguridad de la localidad está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal y de la Policía Estatal.
El Instituto Nacional Electoral (INE) les entregará papeletas a cada vecino para que elijan y después las coloquen en urnas.
Consultado vía telefónica, Alanís Trujillo mencionó que están en una tregua con el grupo que apoya al comisario Audifret Benítez Visoso, mientras se eligen a los nuevos integrantes de la Policía Comunitaria del FUSDEG.
Detalló que los 30 policías que tiene el comisario permanecen en la comisaría mientras que los 168 de ellos están en su base cuidando la comandancia y no cumplen con los puntos de control, tampoco atienden las quejas de los pobladores pues la seguridad quedó a cargo de las policías municipal y estatal.
Contó que este miércoles tuvieron otra reunión con el alcalde de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena y con el comisario Audifred Benítez, para definir las bases para las elecciones donde se definirá quiénes y cuántos policías comunitarios y consejeros habrá en El Ocotito.
Dijo que tienen que ser elegidos en asambleas de cada colonia o proponerse voluntariamente.
Cada uno tiene que identificarse con su credencial de elector y si no el presidente de la colonia y una representación de habitantes de la colonia ratificarán que vive ahí.
Precisó que ningún vecino de una colonia puede ir a votar a otra.
Cada policía y consejero debe de obtener un mínimo del 75 por ciento de aceptación de los vecinos para ser aprobado.
El 27 de julio en una conferencia de prensa, comisarios del valle de El Ocotito informaron que desaparecería la figura de coordinador del FUSDEG y que tomarían el control ellos y los comandantes del pueblo.
Al respecto Salvador Alanís dijo que ese anuncio no se va respetar, pues fue un acuerdo de la reunión que sostuvieron.
“No se va a respetar porque no está cumpliendo con el reglamento del FUSDEG, lamentablemente estos comisarios que firman el documento, el cual ni siquiera conocen el reglamento del FUSDEG, no conocen que no es el procedimiento adecuado de como se puede desconocer a un coordinador de seguridad municipal, porque un coordinador no nada más coordina el pueblo, si no todo el municipio. El FUSDEG cuando se forma trae un reglamento”, explicó.
Agregó que primero se van a elegir a los policías comunitarios y los consejeros, después la conformación de la estructura con los comandantes de pueblo, comandantes municipales, posteriormente se hará una asamblea donde se cambien a los coordinadores.
Abundó que incluso los coordinadores ya tuvieron que haberse cambiado, pues dijo que ese cargo es de dos años, a tres años máximo, que en su caso ya lleva dos.
Pobladores de la comunidad de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, se plantaron en la explanada de la comisaría para apoyar al comisario electo Audifred Benítez Visoso, tras el rumor de que el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), tomaría el edificio para imponer a otro comisario.
Este domingo, Audifred Benítez tomó protesta ante unos 400 pobladores de El Ocotito, tras la negativa a tomársela del secretario de Desarrollo Rural, Jesús Figueroa, y el secretario de Asuntos Políticos, Humberto Calvo Reyna, por instrucciones del alcalde Marco Antonio Leyva Mena, que la había pospuesto hasta el próximo fin de semana, a causa del conflicto que mantienen con el FUSDEG.
Consultado vía telefónica, el simpatizante del comisario electo, Gil Ramírez Cortés contó que los pobladores se plantaron en la explanada hasta que acuda el alcalde a tomarle protesta formalmente.
Dijo que, además el organismo pretende desarmar a los 45 policías comunitarios del FUSDEG que apoyan a Benítez Visoso, ante lo cual la población de El Ocotito tomó como base la comisaria, mientras se soluciona el conflicto.
Narró que este domingo, alrededor de las 9:30 de la noche, una caravana de unas 15 camionetas de policías comunitarios de Petaquillas, de Xaltianguis, Solapa y Tierra Colorada que no simpatizan con el comisario, dieron dos vueltas a la comisaria, para intimidarlos.
Añadió que se enteraron de que en el recorrido a un policía se le escapó un tiro, y una mujer resultó herida, sin embargo sólo supo que se la llevaron al hospital.
El 31 de mayo, los vecinos de El Ocotito denunciaron en una conferencia de prensa que los integrantes del FUSDEG, Salvador Alanís Trujillo, Silvestre Plancarte Mondragón y Odón Rodríguez Mendoza, quieren imponer como comisario a Alberto Valenzo Reyes, sin tomar en cuenta la planilla que ganó para el periodo 2014-2017.
Pidieron la intervención del alcalde de Chilpancingo para solucionar el conflicto y que se respete la ley; según les dijeron, este domingo estaría solucionado el conflicto, pero les dijeron que esperaran máximo una semana antes de tomarle protesta a Benítez Visoso.
