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Eligen en la CRAC a cuatro coordinadores regionales; rechazan a uno de Eliseo Villar

Autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) impidieron que un cercano al grupo de  Eliseo Villar Castillo —quien confrontó a miembros de la organización— se convirtiera en uno de los cinco coordinadores regionales y con 44 votos en contra y uno a favor el mixteco Pablo de la Cruz Emeterio quedó fuera de la terna. La elección del quinto coordinador y la de un quinto comandante será en una asamblea regional.
En la asamblea de ayer en San Luis Acatlán participaron 24 comisarios municipales, seis comisariados ejidales y 38 consejeros regionales de los municipios de San Luis Acatlán, Marquelia, Azoyú, e Iliatenco y hubo un total de 200 personas entre policías comunitarios armados con sus escopetas que no participaron. Las autoridades elegidas estarán en el cargo por dos años como lo marca el reglamento interno de la CRAC.
Ayer se eligieron las autoridades entre inconformidades de algunos consejeros que habían solicitado aplazar el nombramiento de las autoridades comunitarias en 15 días. Los inconformes habían solicitado la ampliación del plazo para que todas las comunidades de las lenguas mixteca, tlapaneca y amuzga presentaran sus propuestas. Sin embargo por mayoría de votos se acordó en la asamblea seguir con la selección y votación de los coordinadores y comandantes.
Las propuestas de coordinadores presentadas por las autoridades de cada comunidad y que quedaron por mayoría de votos son de la comunidad de Arcelia del Progreso, Guadalupe Benigno Cortez con 56 votos a favor, de la comunidad de Tuxtepec, Marcelino García Mendoza con 43 votos a favor, de la comunidad de Potrerillo Coapinole, Isaac Estrada con 47 votos a favor y de la comunidad de Barranca Techale, Pedro Valdés con 66 votos a favor.
Mientras que Pablo de la Cruz Emeterio de la comunidad de Cuanacaxtitlán obtuvo 44 votos en contra y sólo uno a favor. Momentos antes de la votación varios consejeros se manifestaron en contra de su postulación porque afirmaron que fue una de las personas que apoyó al coordinador   Eliseo Villar Castillo en 2013 quien bajo el auspicio del defenestrado gobernador, Ángel Aguirre Rivero confrontó a los integrantes de la organización.
Sin embargo el señalado negó que el estuviera a favor de Villar Castillo y dijo que el apoyó a los integrantes que estaban contra el ex coordinador que dividió la CRAC. Actualmente Villar Castillo y la también ex coordinadora Adelaida Hernández se encuentran presos en la cárcel de Chilpancingo acusados del delito de secuestro. Ambos fueron detenidos el 30 de abril de 2015 por el Ejército en la ciudad de Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero.
Los representantes de la mesa de debates encabezados por el consejero Abad García García dejaron pendiente la elección en una nueva asamblea regional del quinto coordinador, y lo mismo pasó con los comandantes donde sólo quedaron cuatro integrantes, pero ahí por la falta de propuestas.
En la terna de comandantes quedaron seleccionados de la comunidad de Zoyatlán, Félix Rosario Reyes con 58 votos a favor, de la comunidad de Posa Verde, Ulises Hernández Hernández con 50 votos a favor, de la comunidad de Nejapa, Arturo Torres con 57 votos a favor y de la comunidad de Potrerillo Coapinole, Celso Macedonio con 47 votos a favor.

Llaman a defender a los presos políticos

En la asamblea también fueron presentados los informes de los tres coordinadores que dejaron el cargo quienes son Joaquín Rentería, Felipe Claudio, León Ponce, los que fueron aprobados por mayoría. Ahora los tres ex coordinadores en automático pasan a ser consejeros de la organización.
En su informe los tres coordinadores llamaron a otras organizaciones de derechos humanos a dar seguimiento a las acciones para la defensa de los presos de la organización “quienes han caído en la prisión del gobierno por cumplir con el mandato de los pueblos para brindar seguridad a las comunidades”.
Recordaron que siguen presos Gonzalo Molina y Samuel Ramírez, así como otros 25 integrantes del Comité de Enlace de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y la exigencia de justicia para los cinco policías comunitarios caídos y “asesinados por la Policía Estatal y ministerial” en la comunidad de La Concepción el pasado 7 de enero.
Los coordinadores informaron que atendieron en dos años 677 casos, de los que 489 se resolvieron y 139 de ellos fue necesario ordenar la detención de los acusados. Además dejaron a 34 detenidos en proceso de reeducación de los que 26 se les determinó su culpabilidad y 8 están en proceso de investigación.
Además se atendieron 10 casos de abigeato, cinco de homicidios, cuatro de intento de homicidios, tres de violencia y drogadicción, tres de violencia intrafamiliar, dos de violación, dos de extorsión, dos de agresiones físicas y lesiones, dos por robo y uno  por intento de violación.
También se informó a detalle el gasto de los 100 mil pesos de apoyo que entrega el Ayuntamiento a la CRAC al mes, más 30 mil pesos fueron en vales de gasolina para los operativos durante el 2017 y hasta febrero de 2018.
Además de  los 60 mil pesos que entrega el gobierno del estado también para los gastos operativos de la organización de manera mensual y desde el mes de abril de 2017 a febrero de 2018.

 

Cancelan por segunda ocasión la elección de delegado del barrio San Miguel, San Luis Acatlán

Por segunda ocasión se canceló la elección de delegado en el barrio de San Miguel, municipio de San Luis Acatlán, luego de que un grupo de vecinos se retiró porque funcionarios del Ayuntamiento les dijeron que su candidato, Alejandro Velázquez Rodríguez, no podía participar porque había ocupado el cargo en la administración saliente.
El lunes, la vecina María Elena Velázquez Juárez denunció que el alcalde, Javier Vázquez García quiere imponer como delegado del barrio a su cuñado, Manuel de Jesús García Merlo, y que siempre ha querido valerse de su influencia para colocar a sus familiares; sin embargo, lo que la mayoría de los pobladores quiere es reelegir a Velázquez Rodríguez, por lo que el miércoles se pospuso la elección ante el desacuerdo y la confrontación con familiares del alcalde.
El martes estaba programada nuevamente una asamblea para designar al nuevo delegado, informó telefónicamente Vázquez Juárez. Sin embargo, como se venció el plazo de elección, el delegado saliente perdió su vigencia para llamar a asamblea y a la elección, por lo que el alcalde convocó a la nueva asamblea.
Reprochó que el grupo opositor estuvo acarreando votantes que no eran del barrio, y que además llegaron tarde, y que se inconformaron más cuando les leyeron los lineamientos para llevar a cabo la elección.
Dijo que reclamaron ante esta situación, pues saben que sí puede reelegirse este año, y que ante el descontento prefirió retirarse junto con el contingente de vecinos.
Señaló que todavía les advirtieron que si se retiraban se haría valida su elección y que quedaría como delegado su candidato; sin embargo, decidieron retirarse.
La vecina expuso que supieron que se canceló la designación del delegado, y que ahora están en espera de que se convoque a una nueva elección.

Muere en el hospital un joven carnicero que fue baleado en San Luis Acatlán 

Un joven comerciante de 27 años de San Luis Acatlán fue asesinado la madrugada de ayer en dicha cabecera municipal.
Según vecinos el hecho ocurrió a las 4 de la madrugada en la calle Allende del barrio de La Villa cuando la víctima salía de una pelea de gallos por los festejos de la virgen de Guadalupe.
El joven se iba a subir a su automóvil cuando otro hombre se acercó y le disparó  en varias ocasiones con un arma calibre .38 súper.
Los familiares del joven César quien vendía carne de res y puerco lo levantaron herido y lo trasladaron al hospital comunitario básico pero durante el trayecto falleció. (Jacob Morales Antonio / San Luis Acatlán).

Rechaza la CRAC el diálogo con la UPOEG; ha irrumpido en comunidades para asesinar, denuncian


Miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) denunciaron que integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que lidera Bruno Plácido Valerio, han irrumpido en comunidades, y su hermano Cirino Plácido está detrás de un conflicto agrario y por eso fue suspendida de sus derechos la comunidad de Río Iguapa.
En la asamblea de ayer donde se validaría el nuevo reglamento interno de la organización, consejeros regionales rechazaron el diálogo con la UPOEG mismo que fue propuesto en un foro el pasado 23 de octubre, por el coordinador de la Universidad del Sur, Bulmaro García Zavaleta, en Cuajinicuilapa.
Durante su participación el consejero regional Librado Vázquez, denunció que los policías de la UPOEG han entrado en dos ocasiones a la comunidad de Tierra Colorada, Malinaltepec, para asesinar a personas de la comunidad.
En la asamblea también fue expuesta la demanda que presentó el consejero regional de la CRAC, Melquiades Simón, debido a que el 14 de junio pasado, integrantes de la localidad Arroyo Hoja de Venado, colonia de Río Iguapa, pertenecientes al ejido de Buena Vista le destruyeron 600 plantas de piña y 150 de plátano, para ocupar el terreno como su cementerio.
Por esta situación fue llamado el delegado de la comunidad Hoja de Venado, Antonino Simón Moran, por el comisario de Buena Vista, quien le dijo que la comunidad tomó el terreno porque el consejero regional no tenía documentos del predio.
Así el pasado 1º de diciembre fue detenido el delegado, por la CRAC en San Luis Acatlán, por el incumplimiento de los acuerdos para pagar los daños por 25 mil pesos, de los 78 mil que pedía el afectado.
El 5 de diciembre la comunidad de Arroyo Hoja de Venado, junto a la Policía Comunitaria de Río Iguapa y otros anexos del Ejido de Buena Vista, acudieron a la comandancia en San Luis Acatlán a rescatar al delegado, y ahí detuvieron también a Melquiades Simón, quien fue rescatado en la comunidad de Buena Vista, por eso ayer Río Iguapa quedó suspendida del sistema comunitario.
La CRAC propuso que el problema sea resuelto en una asamblea del ejido, sin embargo la comunidad se niega, y ahora el hermano del líder de la UPOEG, Bruno Plácido, Cirino aconseja a las comunidades y está creando un conflicto.
La esposa del consejero regional denunció que ayer la comunidad de Arroyo Hoja de Venado había acordado detenerlo y encerrarlo el mismo tiempo que su delegado estuvo detenido.
Por estos temas, en su participación el consejero Juan Horta dijo que la UPOEG no respeta los acuerdos, y recordó que en otros momentos se ha tratado de dialogar con la organización pero siempre terminan por incumplir.

Reglamento Interno

Ayer por la falta de quórum y por la presencia de 12 comisarios en la asamblea, se pospuso la validación del nuevo reglamento interno de la organización para el 27 de enero.
La propuesta considera las recomendaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que integra delitos como robo de ganado, asesinatos, delincuencia organizada, separaciones de parejas, la exigencia de pensiones, y paternidad.

Toman comerciantes el mercado nuevo de San Luis Acatlán para exigir la repartición de 109 locales

Comerciantes de San Luis Acatlán tomaron ayer de manera indefinida el nuevo mercado municipal, para exigir la repartición de 109 locales ubicados en un edificio de cuatro plantas en el centro de la ciudad, que costó 33 millones de pesos.
Unos 30 locatarios del viejo mercado municipal que se encuentran en un predio alterno, se apostaron frente al nuevo mercado que fue terminado hace tres meses e inaugurado el sábado.
La comerciante Soledad Francisco, quien tiene un local de comida, indicó que desde hace tres años, ella y otros locatarios venden comida en un predio alterno donde se les ubicó para la construcción del nuevo mercado; sin embargo, algunos comerciantes dejaron sus locales y se colocaron en las calles cercanas al Zócalo de San Luis Acatlán, y esto provocó que sus ventas se desplomaran.
Indicó que el alcalde, Javier Vázquez no ha querido atenderlos, y recriminó que la inauguración del sábado fue para que el alcalde se tomara la foto.

Exigen pobladores de Mixtecapa, San Luis Acatlán, que la SEG envíe una maestra a un kínder

Autoridades municipales de Tierra Colorada, anexo de Mixtecapa del municipio de San Luis Acatlán, exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la reposición de una maestra del preescolar Xolonantli, porque desde que inició el ciclo escolar no tienen clases.
Mencionaron que son más de 35 niños los que no reciben educación preescolar.
El comisario Lorenzo Portillo Cristino y el presidente del Comité de Padres, Yovani Marcelino Candia, hicieron la denuncia en esta ciudad, ante la espera de la maestra que les dijeron sería en septiembre, luego en noviembre y ahora hasta enero, según les dijeron diversas autoridades que visitaron.
Contó que en septiembre llegó la maestra a anotar a los niños para iniciar el ciclo escolar, pero el supervisor suspendió las inscripciones, diciéndole a la maestra que ya había pedido su jubilación, que ya no debía hacer eso y a ellos les aseguró que llegaría otra maestra, sin que sea cierto hasta la fecha.
Los representantes entregaron oficios a la jefa de sector de preescolar, Guadalupe Vivar, para su intervención; a Gobernación estatal; a la delegación regional de Derechos Humanos del Estado de Guerrero y a la delegación de los Servicios Educativos de la SEG, para exigir la reposición de la maestra.
Mencionaron que tras dejar los oficios y solicitar la intervención de la delegación regional de derechos humanos, para que intervenga ante el delegado de la SEG, Marciano Anastacio Cano, platicarán con sus vecinos para que tomen acciones “ya que en todos lados nos dijeron que esperemos, y ya se va acabar el año y no hay respuesta”, se quejaron. (Carmen González Benicio / Tlapa).

Marchan padres y maestros de una primaria de San Luis Acatlán; piden atención a un brote de hepatitis

Padres de familia y maestros de la escuela primaria Donaciano M. Garzón, de la cabecera municipal de San Luis Acatlán, marcharon en esa ciudad de la Costa Chica de Guerrero para exigir a las autoridades municipales y de Salud que atiendan el brote de hepatitis A, diagnosticado a 14 niños.
La marcha, en la que participaron unos 80 inconformes, salió a las 9 de la mañana; primero protestaron en el hospital básico comunitario y después en el Ayuntamiento, donde fueron recibidos alrededor de la una de la tarde por el alcalde, Javier Vázquez García.
En la manta que los padres portaron en la movilización se leía, “Exigimos atención inmediata a los casos de hepatitis. Establecer rigurosa vigilancia epidemiológica”, y en las pancartas, “No más hepatitis, queremos niños sanos, presidente municipal, regiduría de Salud, atiendan nuestro llamado”.
Los primeros casos de la enfermedad viral se presentaron en el jardín de niños Rosaura Zapata, donde el pasado 3 de octubre las clases fueron suspendidas una semana luego de que cinco niños contrajeron la enfermedad, y en aquella ocasión se informó de un cerco sanitario de la Secretaría de Salud.
Durante la movilización se informó que son 14 los niños afectados que acuden a la primaria, y por eso los padres de familia exigieron a las autoridades de Salud hacer labores de limpieza y fumigación en el basurero municipal y en lugares de descargas de aguas negras.
En la reunión, el regidor de Salud, Misael Huerta informó que el agua entubada que llega a las casas de la ciudad es clorada para evitar enfermedades.

Matan a balazos a una mujer de 65 años que fue a bañarse a un arroyo en San Luis Acatlán

La tarde de ayer una mujer mixteca de 65 años fue asesinada a balazos en un arroyo en la comunidad de Cuanacaxtitlán de San Luis Acatlán en la Costa Chica de Guerrero.
Fuentes de seguridad pública informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 2 de la tarde cuando la señora bajó a bañarse al arroyo El Mamey. La mujer fue identificada por sus familiares como Gaudencia.
El asesinato ocurrió pese a que en el poblado está la Policía Municipal y la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). A la escena del crimen acudieron policías ministeriales y peritos quienes hicieron las diligencias.

Culpa diputado al sindicato y a la Secretaría de Salud de la falta de médicos en el estado

El diputado presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, el perredista Raymundo García Gutiérrez dijo que la falta de médicos en hospitales, centros de salud y clínicas se debe a la “mezcla de intereses” entre el sindicato y la Secretaría de Salud, lo que pone en riesgo a la población.
“Aquí  hay una mezcla de intereses entre las administraciones públicas y el sindicato, lo que provoca que salga perjudicada la ciudadanía”, agregó.
Consultado sobre el caso del indígena que murió en la sala de espera del hospital en San Luis Acatlán, dijo que la comisión ya presentó los exhortos correspondientes.
Este jueves en estas páginas se publicó que en San Luis Acatlán los vecinos de las comunidades no tienen derecho a la salud los fines de semana, porque no se presentan los médicos.
Ayer sin entrar en detalles dijo que se pidió que se reforzaran las zonas donde no hay médicos los fines de semana, y que fuera el personal de las jurisdicciones el que resolviera ese problema.
Dijo que su función en la comisión y como diputado es “tender” un puente de comunicación con la Secretaría de Salud, para que atienda la petición de médicos en las zonas que se requieran.
Insistió en que la falta de personal médico del hospital de San Luis Acatlán no sólo se presenta ahí, sino que es un “padecimiento” que se ha presentado a lo largo de los años en todo el estado.
Mencionó que el problema de esta falta de atención médica para la población de cualquier región indígena y urbana, es que entre los sindicatos y las dependencias públicas hay intereses que buscan y sólo los benefician a ellos.
El domingo 1 de octubre murió el señor Calixto Zavala esperando ser atendido en el área de urgencias, cuando llegó no fue atendido, sus familiares lo trasladaron a una clínica privada y después a otra, y a otra más, pero las tres estaban cerradas porque en San Luis Acatlán los domingos no hay servicio médico.
De la muerte de cinco bebés que presentaron complicaciones de enfermedades nosocomiales, y el cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Acapulco, dijo que no se ha presentado ese caso a la comisión del Congreso.
Aseguró que los familiares de los bebés deben presentar una denuncia formal ante el Congreso, para que los diputados  puedan actuar y se presione a la Secretaría de Salud. “Los familiares deben denunciar la negligencia, aquí no ha hbido una denuncia de manera formal”, agregó.
Informó se presentó un exhorto dirigido al gobernador Héctor Astudillo Flores, para que en el presupuesto del próximo año se den más recursos a las morgues. Dijo que no ha sido informado de cómo iniciará el proyecto para mejorar las condiciones en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Chilapa. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).

Protestan en el hospital de San Luis Acatlán porque no se atendió al indígena que falleció

Jacob Morales Antonio

Pobladores del Ejido de Buena Vista, San Luis Acatlán, y miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), protestaron afuera del hospital básico comunitario de la cabecera municipal, donde fueron acompañados en solidaridad por el alcalde Javier Vázquez y regidores.
En un mitin, estuvieron el director del nosocomio, Eduardo Barrios Jacobo, médicos y enfermeras del hospital, quienes después entraron al hospital para atender un parto, los manifestantes informaron que en ningún momento se retuvo a nadie.
La protesta comenzó a las 8 de la mañana afuera del hospital, y no interfirió con las consultas ni la atención de las personas que llegaban y solicitaban ser atendidos, incluso, los manifestantes exigían a los médicos una atención inmediata a los pacientes.
Afuera del hospital colgaron una manta en la que unos 600 pobladores exigieron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores para que las autoridades del hospital informaran porqué no se atendió al campesino de 54 años de edad y quien falleció el domingo pasado sentado en la sala de espera del hospital de acuerdo con los familiares.
En las pancartas se leía, “exigimos justicia para el señor Calixto Zabala”, “los habitantes de Ejido Buena Vista exigimos justicia”, y “Hospital de doctores asesinos”. A la movilización se unieron los integrantes de la UPOEG, y con su coordinadora estatal, Nereyda Miranda López, así como los pobladores de Yoloxóchitl donde la UPOEG tiene presencia con sus policías.
La hija del señor Calixto Zavala, Alma Luz Zavala, dijo vía telefónica que la manifestación era pacífica, que el pueblo se organizó porque, “no es justo que otras personas sigan muriendo por la falta de atención”, y para que las autoridades municipales, del hospital y de la secretaría de salud se presentaran.
A la movilización llegaron el alcalde, Javier Vázquez, y el director del nosocomio, a quienes los habitantes reprendieron, y exigieron la presencia del secretario de salud, Carlos de la Peña Pintos, quien llegó a las 5:30 de la tarde, y se reunió con los familiares, el alcalde y el director del hospital, a las 8:30 de la noche.
Los familiares, en el mitin denunciaron la falta de atención de los médicos del hospital, y narraron su protesta el peregrinar que sufrieron ante la falta de atención médica, la esperó media hora para que una enfermera le tomara los signos vitales, además de que le negaron una silla de rueda para sentarlo.
Llorando, la señora dijo que su esposo no era el primero en morir y que “son muchos los casos. Muchas embarazadas están sufriendo, no son atendidas como ellas quieren, ¿porqué?, qué está haciendo usted señor presidente?, ¿qué está haciendo el regidor de salud?, ¿qué está siendo el secretario de salud?, cuando quieren ser presidente hablan bonito de educación de salud”.
Otros vecinos reclamaron al alcalde y al director del hospital, que ¿quién sigue ahora?. El abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero, indicó que lo que se buscaba con la protesta era un diálogo +y una coordinación para que se mejore el servicio de salud, y que otra persona no muera.
Solicitó que la Secretaría de Salud, y el alcalde inviertan para que los hospitales y centros de salud tengan traductores, porque la mayoría de la gente en las comunidades habla tuun savi y mephaa, e incluso el ejido de Buena Vista estaba dispuesto a entregar 10 hectáreas de tierra para que se construya un hospital.
Vía telefónica, el abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero, informó que en la reunión se acordó una investigación y castigo a los responsables de la muerte del señor, asimimo pidieron la renuncia de la encargada de la administración Saraid Castro Valdez por la venta de medicamentos, pero desde ayer se acordó su separación.
Además solicitaron la intervención de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado (Codehum) en las investigaciones. El secretario se comprometió a ir el próximo jueves a la comunidad de Buena Vista.