Miércoles 03 de Mayo de 2023
Guerrero, MéxicoUn joven de 27 años de edad fue hallado asesinado a balazos entre las tumbas del panteón de la cabecera municipal de San Luis Acatlán.
Un reporte policiaco informó que el hombre fue hallado por las autoridades a las 10 de la mañana, las versiones indican que el joven estaba en situación de calle, y que usaba el panteón para dormir.
El cuerpo tenía impactos de bala en el pecho, presuntamente de arma calibre 9 milímetros.
La violencia de ayer dejó cuatro ejecutados, , además de un hombre asesinado en Chilapa y una mujer el Alcozauca quienes murieron el domingo, en seis distitntos hechos y municipios.
Uno de los casos es el de un hombre asesinado a balazos y con las manos atadas hacias atrás fue hallado en el poblado de Ejido Viejo del municipio de Coyuca de Benítez.
El hallazgo fue reportado después de las 9 de la mañana en la vereda que comunica a la comunidad mencionada y la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, según el informe policiaco.
El hecho se reportó mediante una llamada a la policía, se indicó que había un hombre privado de la vida por proyectil de arma de fuego.
Los agentes encontraron el cuerpo de un hombre muerto entre la maleza. La víctima de unos 30 años vestía pantalón de mezclilla, playera y zapatos negros.
Los peritos de la fiscalía regional de Acapulco informaron que la víctima tenía las manos atadas atrás con una cuerda.
El cuerpo sin identificar fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para sus estudios correspondientes.
El 23 de junio un hombre fue hallado asesinado a balazos en la misma vereda que comunica al poblado de Ejido Viejo.
Muere un joven en el hospital de Chilapa tras ser atacado a balazos
La tarde del domingo un joven perdió la vida al recibir atención médica en el hospital general del Chilapa luego de que hombres armados lo atacaron a balazos en esta cabecera municipal.
En lo que va del año suman 126 personas asesinadas en Chilapa en hechos presuntamente cometidos por la delincuencia organizada, según un recuento de la información publicada en El Sur.
Fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) informaron que a las 4 de la tarde recibieron un reporte que un hombre falleció dentro del hospital cuando recibía atención médica.
En el reporte de la institución se informó que familiares de Raymundo lo trasladaron al hospital luego de resultar herido de bala al ser atacado.
El cuerpo fue entregado a sus familiares para después ser sepultado.
En Chilapa continúan los hechos de violencia por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada.
La tarde del viernes un cráneo humano fue encontrado en la entrada de la comunidad Tecoyutla municipio de Chilapa de Álvarez.
Ese día, el hermano del dirigente municipal del PRI en Chilapa, Manuel Acevedo Rosendo, José Luis fue ejecutado a balazos cerca de su carnicería y dos hombres más resultaron heridos luego de que fueron atacados por hombres armados en el mercado central de esa cabecera municipal.
Matan a balazos a un agricultor dentro de una tienda en el centro de Buenavista de Cuéllar
Hombres armados con fusiles AR-15 y AK-47 ejecutaron a un agricultor de unos 50 años adentro de un comercio de forrajes e insecticidas de la colonia Centro de la cabecera municipal de Buenavista de Cuéllar.
En lo que va del año ocho personas han sido asesinadas presuntamente por la delincuencia organizada en este municipio, de acuerdo con el recuento de notas periodísticas publicadas en El Sur. Entre los asesinados están agricultores, ganaderos y transportistas.
Reportes de fuentes policiacas de Seguridad Pública del estado indicaron que cerca de las 9 de la mañana de ayer fue reportado al 911 un ataque a balazos adentro de un negocio de venta de Guadarrama, en la equina de la avenida del Ferrocarril y la calle Benito Juárez en dicho municipio.
Al lugar llegaron policías estatales, municipales y ministeriales y localizaron asesinado de varios impactos de bala en distintas parte del cuerpo a un agricultor vecino de ese municipio identificado por familiares como Salvador. Su cuerpo estaba boca abajo adentro del negocio, no se reportaron personas lesionadas por las balas.
Según la información que la esposa dio a las autoridades, el agricultor había salido a comprar productos para el campo y llegaron dos hombres armados con fusiles y abrieron fuego en contra de él, posteriormente huyeron a bordo de la camioneta de su víctima, una Honda CRV gris sin que nadie intentara detenerlos.
Se dio a conocer que los dos pistoleros llegaron a bordo de una camioneta Ford Escape color vino sin placas la cual abandonaron después de la agresión.
Peritos en Criminalística y agentes del Ministerio Público (MP) se hicieron cargo de las diligencias y aseguraron 25 casquillos percutidos calibre .223 y 7.62 usados para fusiles de asalto AR-15 y AK-47 conocido como Cuerno de chivo. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo de esta ciudad de Iguala.
Atacan hombres armados a un matrimonio el domingo en Alcozauca; muere la mujer
Una mujer fue asesinada por hombres armados en la comunidad de Tlahuapa en el municipio de Alcozauca, su esposo resultó ileso.
El matrimonio formado por Librado Díaz Martínez y Eduvina Morales André fue atacado por un grupo armado el pasado domingo como a las 10 de la mañana cuando se trasladaban de Alcozauca a Tlahuapa.
El ataque ocurrió en el tramo de Santo Tomás cuando iban a bordo de su camioneta de redilas Nissan luego de comprar en la cabecera municipal.
Según la versión del esposo, sólo se escucharon las detonaciones que salían de entre los árboles y su esposa de 68 años fue la recibió los balazos en la cabeza y él resultó sin lesiones.
Al lugar acudieron agentes del Ministerio Público (MP) para el levantamiento del cadáver para hacer la necropsia pero los familiares no lo permitieron por lo que les fue entregado.
Hallan muerto a joven desaparecido el domingo en Tlapa; estaba dentro de una bolsa
La noche del domingo se difundió en redes sociales la desaparición del joven Fredy Hernández Hurtado, este lunes fue encontrado su cuerpo en una bolsa negra y tenía huellas de tortura.
Por la tarde se informó que el cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa de naylon negro sobre la carretera Tlapa-Metlatónoc, en el crucero que comunica con la comunidad nahua de Xalatzala en Tlapa.
En Facebook amigos y familiares del muchacho pidieron informes luego de que no supieran de él, en las redes mostraron fotos del joven en su motocicleta.
Matan a un comerciante de San Luis Acatlán en Ometepec
La tarde de ayer un comerciante originario de San Luis Acatlán fue atacado a balazos en Ometepec y murió después en el hospital.
Según un boletín del Ayuntamiento de Ometepec, los hechos se registraron a las 5:35 de la tarde adentro de la casa de la víctima en la calle Hermenegildo Galeana.
Ahí dos jóvenes llegaron y le dispararon al comerciante identificado como Arturo. Según el comunicado la Policía Municipal detuvo a dos presuntos agresores rumbo a la comunidad de San Vicente, fueron identificados como Aurelio y Alberto que fueron puestos a disposición del ministerio público.
El Ayuntamiento lamentó el ataque y señaló que fue de índole personal o familiar y exhortó a las familias a ir a las autoridades correspondientes.
Durante la asamblea general de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), las autoridades comunitarias acordaron con diputados del PRD, MC y Morena ir en un solo frente para presentar una propuesta conjunta a las reformas en materia indígena, y la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
A la reunión, que inició a las 11 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde, asistieron unas 400 autoridades comunitarias, así como los diputados del PRD el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Ociel García Trujillo; de Movimiento Ciudadano y vocal de la Comisión de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Mejía Berdeja, y la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros. También diputados de los partidos que han presentado propuestas de reforma al artículo 14 y la Ley 701.
También fueron invitados pero no asistieron los diputados del PRI y PVEM, el presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Cuauhtémoc Salgado Romero, y el presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Vicario Castrejón. Además del gobierno del estado, que de acuerdo con los integrantes de la CRAC será en otro momento cuando acudan.
En su intervención, el alcalde de San Luis Acatlán, Javier Vázquez, llamó a los diputados de izquierda a unificar las iniciativas en beneficio de los pueblos y la policía comunitaria, en un “gran frente de izquierda”. Sostuvo que él seguirá respaldando a la organización que ha garantizado la seguridad en el municipio e incluso llamó a que las adecuaciones se extiendan a otras partes del estado.
El consejero de la CRAC, Valentín Hernández, reconoció el valor de los diputados de acudir a comparecer a la asamblea general de la CRAC, que integra 180 comunidades indígenas de 22 municipios del estado, y dijo que habrá una relación de trabajo y coordinación, más no de subordinación.
Después dio lectura a seis propuestas que fueron respaldadas por la Policía Comunitaria, el Consejo de Damnificados de la Montaña, el Frente Popular de Tlapa y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, donde convocaron a construir “con nosotros” una reforma constitucional local, así como una ley reglamentaria en materia de derechos indígenas y afromexicanos.
Que sean integradas en una sola redacción y propuesta las iniciativas de reforma en materia indígena que ya fueron hechas por los diputados, que los legisladores “la promuevan en todo el proceso legislativo, hasta su publicación, sin distingo partidista”, y después construir una propuesta común para la Ley 701.
Que en 15 días la CRAC y las organizaciones interesadas presentarán una propuesta en 15 días, que será la base para que se integren todas las demás ya presentadas en materia indígena, y de ahí sacar un solo documento.
Las organizaciones llamaron a los diputados a que se “mantengan consecuentes con esta propuesta y no se vendan para aprobar una reforma constitucional, donde la ley secundaria en materia indígena sea contraria a los intereses legítimos de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
Además sostienen que la propuesta es asegurar la vigencia de los derechos de los pueblos en la Constitución, “no queremos construir banderas electorales para los partidos”, donde plantean que el dictamen de la reforma constitucional y la ley secundaria en materia indígena sea en el menor término posible y en la actual legislatura.
Por último, las organizaciones señalaron que las propuestas estarán acompañadas por la movilización y la protesta social “necesarias”, para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos originarios. Una vez que la asamblea respaldó el documento, los diputados se manifestaron a favor y firmaron el acuerdo.
Una sola propuesta, piden autoridades comunitarias
Durante las intervenciones, las autoridades comunitarias y agrarias demandaron un solo frente y una sola propuesta a favor de la CRAC y la Policía Comunitaria, así también que antes de que se propongan se deben de consultar a las comunidades, que no se hagan sólo “desde el escritorio”, dijo Taurino Reyes, de Xalpatláhuac, y el comisario de Totepec, Tlapa, Honorio Morales.
Ambos manifestaron que se debe de presentar una iniciativa en defensa del territorio comunitario y no a favor del estado, porque la Policía Comunitaria sí estaba dando resultados en las comunidades, contrario a lo que ocurre en Chilpancingo y Acapulco, donde a diario hay muertos pese a la seguridad de las corporaciones del municipio, estado, federales y Ejército.
El secretario municipal de la comunidad de Colombia de Guadalupe, Marcelo Gómez, urgió también a regular a las autodefensas, quienes han entrado a zonas donde opera la CRAC, lo que fue retomado por el integrante de la Casa de Enlace de la CRAC de Cacahuatepec, Rodolfo Chávez quien recordó las palabras del gobernador, que tanto la UPOEG y el FUSDEG son grupos que están al margen de la ley y que son ilegales, “que no tienen reconocimiento, entonces que los saque de los bienes comunales”.
La representante de los pueblos amuzgos de Cochoapa, Kenia Hernández, llamó a no permitir que el gobierno corrupto someta a las comunidades indígenas, porque recordó que el poder reside en el pueblo y que el gobierno se le olvidó el artículo 39, donde se instituye.
Además, llamó al diputado del PRD, García Trujillo, a que sus compañeros “demuestren que son democráticos” y que no traicionaran a las comunidades en votar a favor de las iniciativas del gobernador y no las que se propongan por parte de la CRAC.
Mientras el integrante de la CRAC de Cochoapa, Guillermo Rosendo, denunció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) está a favor de los delincuentes, y señaló el caso de un joven detenido y en proceso de reeducación, que trató de asesinar a su mamá, y que ahora está siendo defendido por la institución.
Se debe de fortalecer a la CRAC: diputados
En sus intervenciones, los tres diputados asistentes presentaron sus iniciativas y se manifestaron a favor de fortalecer los derechos de los pueblos originarios y su Policía Comunitaria, a la que le reconocieron su labor en los bajos índices delictivos en la región donde opera, en comparación con el resto del estado.
Los diputados del PRD y MC coincidieron en que se deben de regularizar de forma independiente a los nuevos grupos armados que han surgido en Guerrero, ante la incapacidad del gobierno y falta de gobernabilidad.
El diputado de MC, Mejía Berdeja, expresó que gracias a la Policía Comunitaria “las cosas” no estaban como en otras partes del estado. “Así que se tiene que mantener, porque ha sido un sistema eficaz que está dando resultados” y que está mandatado por las comunidades.
Abundó que se debe fortalecer a las autenticas policías comunitarias, porque hay quienes se disfrazan de policías comunitarios, en referencia a las autodefensas, e incluso algunos tienen injerencia de grupos delincuenciales o defienden intereses de grupos, y utilizan armas no permitidas, “entiendo que detrás de los grupos hay causas legítimas” a las que se les tienen que crear un figura jurídica.
Dijo que dentro del Congreso local son necesarios 31 votos para que las reformas en materia indígena sean aprobadas en la Constitución, que entre los tres bloques del PRD, MC y Morena, juntan 20; mientras que el PRI, PVEM y PAN tienen 25.
La diputada de Morena, De Jesús Cisneros, afirmó que era una “aliada” de las comunidades indígenas y del sistema comunitario, que su partido ha impulsado reformas para mantener los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Informó que presentará un punto de acuerdo en la próxima sesión, para que sea elevada a rango constitucional a la CRAC, al considerar que “por los derechos declarativos que establece la Constitución en materia indígena no gozarán de autonomía, ni libre determinación, mientras no se reconozca a rango constitucional a la autoridad indígena que los haga valer, para garantizar que los derechos indígenas como la autonomía, la libre determinación, los usos y costumbres que consagra el artículo segundo de la Constitución sean una realidad”.
Pero que no se trataba de que la CRAC pasara a ser parte de los órganos autónomos del Estado, sino de conferirles reconocimiento y autoridad comunitaria, al ejercer no una autonomía declarativa sino una autonomía constitucional, que ya se reconoce en la Constitución.
El diputado del PRD, García Trujillo, dijo que la fracción presentó una contra reforma a la propuesta enviada por el gobernador Héctor Astudillo Flores, para una modificación al artículo 14, y así evitar que fuera aprobada.
“Tenemos que hacer un frente, porque no podemos dejar pasar lo que tiene contemplado el gobierno del estado en cuanto a la reforma constitucional al artículo 14”, y que es contrario a lo que el pueblo considera correcto y a sus derechos.
Después pasó el representante del Consejo de Damnificados de la Montaña, Abel Bruno, quien llamó a los diputados que no sea un show lo que prometieron y que realmente se tomará en cuenta al pueblo en el acuerdo, porque de las iniciativas presentadas fue la única que contó con más de 6 mil firmas y consultada a las comunidades.
Indicó que la iniciativa que proponen es integral y que va más allá de sólo el sistema de seguridad, sino que incluye educación, salud y el campo. Además de que proponen que las comunidades elijan a sus autoridades municipales y distritales en asambleas por usos y costumbres, que existan cuatro curules, una para cada lengua originaria del estado.
A la reunión también acudió el director general del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, quien no participó. Además estuvieron presentes las autoridades de las casas de justicia de San Luis Acatlán, El Paraíso, Espino Blanco y los comités de enlace de Chilixtlahuaca, Huamuxtitlán-Olinalá, Cacahuatepec, y representantes de la zona amuzga.
En asamblea general la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acordó citar a los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Morena y PRD para que presenten sus propuestas de reforma de la Ley 701 y la contrarreforma al artículo 14 presentada por el gobernador Héctor Astudillo Flores a las comunidades en los próximos 15 días.
A la asamblea asistieron 400 integrantes de las Casas de Justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco y El Paraíso; de los Comités de Enlaces de Cacahuatepec, y los conformados ayer, de Chilixtlahuaca y Huamuxtitlán-Olinalá; así como representantes de los pueblos amuzgos y del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, quienes votaron a favor de no permitir retrocesos en los derechos de los pueblos indígenas.
Además de convocar a los diputados para que expliquen sus propuestas de reforma a la Ley 701, las autoridades comunitarias se movilizarán en Chilpancingo y los municipios donde tiene presencia la CRAC, también exigirán a los alcaldes y diputados locales de las regiones apoyar la lucha y la propuesta en la que se garantice sus derechos y no se limite a la Policía Comunitaria.
La reunión inició a las 11 de la mañana en la colonia Renacimiento de San Luis Acatlán, fue vigilada por policías comunitarios armados con escopetas, también asistió el alcalde del municipio, Javier Vázquez García, y la síndica municipal de Acatepec, Fabiola Rafael Dircio, quienes manifestaron su respaldo total a la organización ante los resultados de seguridad que han dado en las comunidades, donde coincidieron se transita con tranquilidad.
En su intervención el consejero Valentín Hernández recriminó que en tres ocasiones los diputados locales han pospuesto el análisis, la discusión y la reforma a la Ley 701, y reprochó que no se les ha consultado a los pueblos de esos cambios.
Comentó que la propia Constitución señala que a los pueblos originarios se les debe de consultar cualquier cambio que les afecte a sus derechos.
La integrante de la CRAC en Cochoapa, Kenia Hernández afirmó que la propuesta de reforma del gobernador al artículo 14 enviada al Congreso es una violación a la Constitución del país porque quita autonomía a los pueblos, señalada en los artículos 39 y 2.
“De por sí es poco el derecho de los pueblos indígenas, y los que hay nos los quieren quitar. No nos podemos quedar con las manos cruzadas. Si no nos defendemos nadie nos va a defender, por eso es necesario que debe de haber una movilización de las Casas de Justicia, para que no se dé la reforma al artículo 14”, argumentó.
Dijo que en el nuevo sistema penal acusatorio tiene más derecho el victimario que la víctima, y fomenta la impunidad, “es un insulto a la justicia mexicana y a la de Guerrero”, que a diferencia de la justicia de los pueblos si hay una reeducación de quien infringe las normas.
El consejero, Pablo Guzmán manifestó en la asamblea que cualquier cambio administrativo o legislativo que afecte a los pueblos se les debe de consultar, “tenemos derechos a que nuestras autoridades comunitarias decidan cómo vamos a autogobernarnos”.
Recriminó que los diputados locales y el gobernador “de nueva cuenta se están pasando por debajo, el derecho de la consulta”, porque piensan que los habitantes de las comunidades indígenas no razonan y no saben qué hacer, “es cierto que falta nivel educativo pero es responsabilidad de ellos”.
Propuso que los diputados de Movimiento Ciudadano, PRD y Morena que han presentado propuestas ante el Legislativo para modificar la Ley 701, y una contrarreforma a la iniciativa enviada por el gobernador al artículo 14, tienen que exponerla ante las comunidades en una reunión con las autoridades comunitarias, “¿o qué, tienen miedo?”, comentó.
“Si no consultan, no tenemos porque reconocer la reforma que hacen en el Congreso, porque en la ley dice que se debe de tener una consulta, y previa información de lo que se modificará”, afirmó, y aseguró que la CRAC tiene la capacidad para paralizar medio estado.
Pablo Guzmán llamó a los políticos a no confundir a la Policía Comunitaria con las autodefensas que operan en el estado, “la policía autentica de policías comunitarios no andan enfrentándose con otros policías comunitarios, aquellos son autodefensas. Que no confundan a las policías comunitarias, nosotros buscamos el diálogo, que se solucionen los problemas en las asambleas”.
En tanto, el consejero, Abad García García se unió a la propuesta de movilizaciones porque sólo así se conseguirá preservar los derechos ganados de las comunidades.
Expresó que el gobierno no dejará de perseguir a los policías comunitarios porque es un modelo diferente de justicia y de gobierno, que aterriza en las comunidades.
El representante de la CRAC en Tlacoachistlahuaca, Guillermo Rosendo Martínez afirmó que el gobierno no reconocerá a las autoridades comunitarias porque no se corrompen, “no pueden aceptar que existe este proyecto alternativo de justicia. Nosotros perjudicamos a los intereses del Estado”.
El representante del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, Saúl Morán dijo que luego de una asamblea municipal en la región de La Montaña, cinco comunidades de Malinaltepec acordaron apoyar cualquier resolución de la asamblea general y las acciones de la CRAC.
“Nosotros también presentamos nuestra propuesta, no vamos a permitir que la policía comunitaria que nació en los municipios de la Costa Chica y en la Montaña sea borrada de un plomazo. Vamos a defender nuestros derechos, nuestra autonomía, nuestro autogobierno”, manifestó.
El representante del Comité de Enlace de Cacahuatepec, Rodolfo Chávez pidió a la asamblea dar una propuesta de modificación a la Ley 701, en tanto, el coordinador de El Paraíso, Juan Antonio García solicitó romper el diálogo con el gobierno del estado.
El integrante de la CRAC, Fabián Carrasco propuso que ante los diputados se exponga un plan integral que no sólo sea de seguridad, sino de educación, salud y del campo para las comunidades indígenas.
“Tenemos que replantear una nueva relación con el Estado mexicano y los partidos políticos, que lo que se busque no sea sólo el reconocimiento sino que se respete”.
La consejera de Pascala del Oro, San Luis Acatlán, Rubí Martínez llamó a las 175 comunidades integradas a la CRAC a presionar a los alcaldes y a los diputados de los distritos indígenas para que apoyen la lucha y las propuesta de la organización.
Toman protesta dos nuevos comités de enlace de Chilixtlahuaca y Huamuxtitlán-Olinalá
También en la asamblea general se tomó protesta a las nuevas autoridades de los Comités de Enlace de Huamuxtitlán-Olinalá y de Chilixtlahuaca, Metlatónoc.
Además, se propuso la creación de un nuevo Comité de Enlace en el municipio de Acatepec que tiene 22 comunidades integradas a la CRAC, y otras cinco más se integrarán.
Sin embargo, los consejeros de la Casa de Justicia de Espino Blanco informaron que en una asamblea regional se autorizó la creación de una nueva Casa de Justicia, pero la asamblea general manifestó que no era el procedimiento, por lo que se citó a una reunión de coordinadores de las cuatro Casas de Justicia y de los Comités de Enlaces para que el 5 de agosto se vote la creación, porque en caso de aprobarse algunas comunidades cambiarían de Casa de Justicia.
Policías Comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) detuvieron ayer a tres hombres con plantas de mariguana en la colonia Santa Cecilia de San Luis Acatlán.
Los tres hombres fueron detenidos en un recorrido de rutina por los policías comunitarios en la cabecera municipal cuando se percataron que en una casa había varias masetas con plantas de mariguana.
Según el coordinador, León Ponce Gálvez, las plantas fueron decomisadas y los retenidos fueron remitidos a la comandancia de la CRAC en Ayutla, los hombres son Moisés de 50 años, Raúl de 27 años y Ramón de 18 años, se espera que la asamblea decida que proceso de reeducación les impone.
Jacob Morales Antonio
Durante la asamblea del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop) se anunció que el próximo domingo la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la casa matriz de San Luis Acatlán tomará protesta al Comité de Enlace de Cacahuatepec.
Durante la asamblea de ayer, que fue preparatoria para la coordinación del acto del próximo domingo 23 que tendrá el carácter de asamblea general, el coordinador Tomás Valeriano informó que asistirán al acto representantes de las demás casas de Justicia de la organización fundada hace 21 años.
La Policía Comunitaria de los Bienes Comunales de Cacahuatepec fue aceptada en 2013 por la CRAC en una asamblea en la comunidad de Horcasitas, San Luis Acatlán, desde entonces comenzó a operar con unos 100 policías en al menos 12 localidades de los Bienes Comunales.
Durante 24 horas el servicio de telefonía de la compañía Telcel dejó de operar en los municipios de Ometepec, Cuajinicuilapa, Xochistlahuaca, San Luis Acatlán, Tlacoachistlahuaca y Marquelia, en la región de la Costa Chica, en éste último los usuarios reportaron la falla y hasta ayer la señal era intermitente.
En una visita al municipio de Marquelia se constató que los usuarios y vecinos estaban molestos porque informaron que desde inicios del año es frecuente que la señal de esta compañía telefónica se caiga y queden incomunicados durante horas, sin que la operadora les retribuya o les ofrezca un incentivo por el error.
Además, ayer se comprobó que la señal era intermitente. Los vecinos de los municipios aledaños que acudieron a una actividad del PRD en Marquelia, también comentaron que en sus ciudades no tenían señal telefónica. (Jacob Morales Antonio / Marquelia).
En asamblea regional integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acordaron por unanimidad mantener 10 años en reeducación a dos hombres retenidos y acusados de robo de vehículos, delincuencia organizada, portación de armas y amenazas, pena que podrá ser menor si demuestran avances en la integración social y llegan a una conciliación con los afectados.
La asamblea descartó el delito de homicidio calificado a los imputados luego de que la familia de la víctima interpuso una denuncia en el Ministerio Público (MP) donde se le dará seguimiento por las autoridades del gobierno, y que por el mismo caso hay una orden de aprehensión pendiente de ejecutarse contra los dos retenidos en manos de la CRAC.
Ayer a la asamblea acudió el alcalde de San Luis Acatlán, Javier Vázquez García, y el titular del MP de ese municipio, José Vélez Zapata, además de dos familiares de los retenidos quienes en sus participaciones insistieron en la inocencia de los dos hombres.
Los inculpados son Edilberto Rosas Clemente, alias El Edi, y Jaime Rosas Álvarez, alias El Buky, ambos fueron retenidos el 16 de marzo del 2015 luego de las denuncias de robos de automóviles y el asesinato de Erubiel Ortega Martínez, alías El Makanaqui, ocurrido el 8 de marzo del 2015.
Tanto el presidente como agente del MP señalaron que hay preocupación por parte del gobernador por el caso, porque existe un amparo federal y orden para liberar a los retenidos, incluso con la intervención de la fuerza pública, y del Ejército.
Pero los 21 comisarios municipales y 23 Consejeros de la CRAC por unanimidad votaron en contra de que los retenidos fueran entregados a las autoridades del MP, como lo solicitó su titular, quien afirmó que un juez había ordenado la captura de los dos retenidos por la CRAC, luego de que fue sustentado el delito de homicidio.
Además votaron por la condena de 10 años en proceso de reeducación contra los dos retenidos, una vez que se cumpla el término el caso volverá a revisarse, incluso podrá ser antes si los inculpados demuestran avances en su reincorporación social, que será determinado por las comunidades donde hacen servicios sociales, como parte del proceso.
Las autoridades comunitarias manifestaron su descontento de negociar con las autoridades del gobierno. Afirmaron que se había hecho un acuerdo años atrás donde ni el MP ni la CRAC intervendrían en casos donde alguna de las instituciones estuviera dando seguimiento.
Además de que había al menos seis órdenes de aprehensión contra igual número de ex coordinadores, comandantes y policías que intervinieron en el caso de los retenidos y que los familiares los acusaron de privación ilegal de la libertad.
Uno de los comisarios dijo que entregar a los retenidos al MP era una violación a la autonomía de los pueblos y a su Sistema de Seguridad y Justicia. Expresó que el Poder Judicial debería de tener presente que la CRAC no depende del gobierno del estado sino de las autoridades de los pueblos.
Ante el temor de que los inculpados fueran liberados una vez entregados, el MP dijo en su participación que los retenidos no serán puestos en libertad porque hay dos testigos que declararon contra ellos por haber cometido los delitos, y consideró que la orden de aprehensión que emitió el juez representa que hay delitos que perseguir y que está sustentado.
Recordó que en el sistema de justicia del gobierno existe el derecho de que los inculpados tengan la libertad de ser defendidos, sin embargo dijo que el delito por el que se les responsabiliza como el de homicidio, es grave y no alcanza fianza.
El agente titular del MP expresó que “de ninguna manera —van a quedar libre— se los sostengo, van a quedar sentenciados”. La CRAC desde luego tiene la capacidad por usos y costumbres —de impartir justicia— pero les digo que es una averiguación previa que nosotros consignamos y que cuando sean liberados por la CRAC, la orden de aprehensión será ejecutada y serán castigados” en el sistema del gobierno. Donde se les dará una sentencia de entre 20 o hasta 50 años de cárcel por el delito de homicidio calificado.
Vélez Zapata reconoció que hay capacidad de la CRAC de llevar el caso como autoridades comunitarias, y que incluso hay comunicación y coordinación. Afirmó que durante el periodo que ha estado al frente del MP no hay ninguna orden de aprehensión contra los dirigentes y que los que hay son de años atrás.
Luego de la argumentación el MP y el presidente se retiraron, éste último manifestando su apoyo total a la CRAC de los acuerdos que surgieran para la defensa de la Ley 701.
“Me preocupa que salgan libres, a mí me quitaron mi carro”
El afectado por el robo de su camioneta e integrante de la organización de cafetaleros de la Costa Montaña Larit, Pablo Mendoza manifestó su preocupación de que los retenidos, a quienes identificó plenamente, sean puestos en libertad una vez estando en el MP. “Yo soy el afectado. A mí si me preocupa que salgan libres, a mi me quitaron el carro y yo se los digo de frente” expresó.
Relató que con una pistola “me amenazaron y me quitaron mi camioneta, me quitaron todo lo que traía, y preguntaron que si no traía más dinero”. Añadió que les entregó 3 mil pesos.
Sostuvo que logró reconocer a los asaltantes porque dejó prendidas las luces de su carro y les vio el rostro, “cuando los detienen yo me acerqué y los señalé. Pero resulta que (dicen) ellos no son. Pero la verdad como yo los conocí bien, yo sigo en lo mismo”.
Son comerciantes de carne y son inocentes, insiste un familiar
Mientras el hermano de los retenidos, Genaro Rosas expresó que los retenidos eran inocentes y que eran comerciantes y que venden carne de res en Marquelia, invitó a las autoridades a ir a preguntar a Marquelia por sus antecedentes.
El hermano reclamó también la falta de derecho de defender a los inculpados en las asambleas, y la tardanza del sistema comunitario de establecer una sentencia.
Además demandó que dentro de la sentencia sean incluidos los dos años que ya estuvieron presos sus hermanos y que si hay la posibilidad de llegar a un acuerdo con el agraviado por el robo de la camioneta que estarían en la posibilidad de resarcir el daño pero que antes deberían de liberar a los retenidos.
La discusión y la condena
Una vez retiradas las autoridades del gobierno, las autoridades comunitarias votaron por unanimidad en contra de que los retenidos sean entregados a las autoridades del gobierno y a favor de que la asamblea definiera los años de proceso de reeducación, mismo que salió de tres propuestas que hubo de 6, 8 y 10 años, eligiendo la última.
Durante la asamblea hubo consejeros que se manifestaron a favor de que los retenidos fueran intercambiados por los presos de la CRAC, como Arturo Campos, Samuel Ramírez y Gonzalo Molina, lo que fue rechazado.
Otros pidieron que los familiares retiraran las demandas contra los integrantes de la CRAC acusados de privación ilegal de la libertad, petición que será considerada para reducir la pena de reeducación, y como parte de la disposición de los familiares de avanzar en el caso, porque ellos han amenazado a los actuales coordinadores, afirmó el coordinador, León Ponce.
En la asamblea participaron los comandantes de la CRAC, que poca veces intervienen, y manifestaron su rechazo a una negociación con el gobierno porque había pruebas contundentes contra los dos retenidos y se manifestaron por que se determinara la sentencia de reeducación.
El consejero Valentín Hernández Chapa recordó que la CRAC no castiga sino se reeduca a quienes hayan cometido un delito y los vuelve a integrar a la sociedad. En su participación dijo que era una contradicción que los retenidos se les diera una sentencia basados en el castigo de la justicia del gobierno, cuando la CRAC era autónoma.
El vocero Aburto Espinobarros agregó que la falta de la actualización del reglamento interno, donde no se establece un término de reeducación para los delitos cometidos, dificultaba la decisión pero que la asamblea decidiría.
Pablo Guzmán abundó que se debería tomar en cuenta el comportamiento de los presos para ir determinando si han sido reeducados o no. Otra consejera dijo que el proceso debería incluir a las familias de los retenidos para evitar venganzas.
La defensa de la Ley 701
En la asamblea se acordó una reunión de consejeros para el próximo sábado para definir la rutas de las comunidades a visitar, donde se harán asambleas para acordar cómo defender la Ley 701.
Ese mismo día habrá una reunión en Guadalupe Victoria, Xochistlahuaca, para definir la integración de la Casa de Enlace los pueblos Ñomndaa’. Además se informó de dos asambleas, el 5 de abril en la Casa de Justicia de Espino Blanco, y el 9 en Huamuxtitlán.
La Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Cuanacaxtitlán, San Luis Acatlán detuvo a un adolescente de 17 años con mariguana.
El detenido fue presentado ayer en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán donde fue entregado por autoridades comunitarias de Cuanacaxtitlán el domingo pasado; fue detenido hace dos semanas en el patio de su casa donde se halló la yerba.
Ante reporteros, el detenido aceptó que la mariguana era suya, que la había sembrado luego de hallar una bolsa con semillas en el río de la comunidad, agregó que la usaría para el alcohol que su mamá utiliza para calmar los dolores que sufre en una costilla, desde hace tres años.
Según los policías comunitarios la mamá del adolescente visitó a su hijo y afirmó que él no sabía que era mariguana y que la confundió con la flor de cempasúchil.
En una mesa fue puesta la mariguana decomisada al adolescente, misma que será incinerada por los Policías Comunitarios.
El miércoles es el plazo contra tres adolescentes acusados de robo
Los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, informaron que dieron de plazo hasta el miércoles al comisario de Coyahualco, Huamuxtitlán, y maestro cetegista René Fuentes Acevedo, para presentar pruebas contra tres adolescentes y comprobar que robaron a la comisaría.
Los adolescente José Manuel Romano Gonzaga de 17 años, Alberto Morelos Peral, y José Luis Acevedo Orea de 18 años, fueron detenidos el pasado 15 de febrero por el comisario de Coyahualco, luego de que los acusó de participar en un robo a la comisaría de 5 mil a 9 mil pesos.
Los padres de los jóvenes han indicado que los adolescentes son inocentes y que el comisario de la comunidad no ha mostrado el supuesto video donde demuestra que los jóvenes son los que robaron el dinero.
Los coordinadores indicaron que si el comisario no entrega las pruebas el miércoles, los jóvenes será enviados a la comunidad.
En una asamblea microregional los representantes de las comunidades de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acordaron detener al comandante de la policía comunitaria de Chacalapa, por el asesinato de un policía en noviembre, caso por el que ya hay un detenido.
También, se liberó a un joven que fue detenido el mes pasado con 50 plantas de mariguana, y se reabrió la investigación de un detenido que lleva un año y cinco meses en reeducación (que es el castigo de prisión y servicio comunitario que se le da a los presuntos delincuentes en el sistema de justicia comunitario), debido a que cambió su declaración hace unos meses y confesó que fue torturado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para admitir el homicidio del que se le acusó.
A la asamblea acudieron integrantes de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán quienes informaron de los temas que se hablaron en la reunión con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, así como que se tiene que trabajar en la armonización de la Ley 701 de derechos y cultura indígena, que no está vigente en la Constitución del estado. Los invitaron a participar en la reunión programada para hoy en San Luis Acatlán en la que se tratará esa ley.
En la asamblea con unos 100 asistentes, en la que se habló en tu’ un savi (mixteco), los coordinadores presentaron el caso del homicidio del policía comunitario Leonardo Feliciano, quien fue herido en una pierna y murió ante la falta de atención médica en noviembre.
Se expuso en la asamblea que el disparo que recibió el policía comunitario fue por un jaloneo que se dio entre el comandante del grupo y quien fue detenido por el homicidio, quien se encuentra en proceso de reeducación. Debido a que no se había tenido dicho antecedente, ayer acordaron en la asamblea detener al comandante, que se ampliará la investigación y se someterá también a reeducación.
Otro de los casos que se expusieron en la asamblea es el de un detenido en la comunidad de Coapinola, Ayutla. Fue detenido el 12 de febrero Israel Basilio con 50 “matitas” de mariguana. En la asamblea acudió la madre del joven a abogar por él y después de escuchar diferentes posturas la asamblea votó a favor de liberarlo, porque había sido suficiente un mes en reeducación.
Después se expuso el caso de Juan Manuel Encarnación de Jesús, quien lleva un año cinco meses detenido. Se explicó que fue entregado por la UPOEG, con una supuesta declaración en la que aceptaba que había cometido un homicidio, sin embargo luego de un año de estar en reeducación Juan Manuel entregó a su familia una carta en la que se retractó de haber cometido el delito.
En la nueva declaración indica que fue torturado no sólo por los policías de la UPOEG sino también por los ministeriales, y al reabrir la investigación los policías comunitarios interrogaron a uno de los supuestos testigos, quien también dijo que fue torturado por los policías ciudadanos para señalar a Juan Manuel como responsable del homicidio.
Los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso pidieron a la asamblea que se interrogara a dos personas más que el detenido menciona en su declaración, y el resultado de la investigación se expondrá en asamblea para que sean todos los integrantes los que decidan si es liberado o reeducado.
La familia del detenido acudió al lugar con la esperanza de que fuera liberado y después de exponer que llevan más de un año dando vueltas buscando una respuesta al caso, aceptaron la decisión del colectivo.
La asamblea fue presidida por los coordinadores Juan Antonio García Fidencio, Francisco Neri Victoriano y Néstor Chávez García.