Almacenan maíz en las casas de San Luis Acatlán porque no tiene compradores que paguen lo justo

El nuni (maíz) en Cuanacaxtitlán, San Luis Acatlán, es amontonado y envuelto como las ixta (tortillas) en los corredores de las casas de los tu’un savi (mixtecos), a falta de una bodega donde guardar las 800 toneladas, el 10 por ciento de lo que se cosechó en todo municipio, según cálculos de los campesinos.
Los campesinos mixtecos entre ellos se llaman tu’un savi, a sus comunidades van los compradores y ofrecen poco dinero para comprar su maíz y luego lo revenden más caro.
En diciembre pasado durante la visita del gobernador, Héctor Astudillo Flores, el alcalde, Javier Vázquez, solicitó ayuda para que los campesinos vendieran la producción y que el maíz no se dañara. De las 8 mil toneladas de maíz que tenían sólo fueron compradas 40 toneladas por un comprador enviado por el gobierno.
La comunidad está a 35 minutos de la cabecera municipal, la mayoría de sus 3 mil 500 habitantes se dedican a la siembra del nuni y el nduchi (frijol). Hombres y mujeres por igual sentados en las banquetas de las calles o en los corredores de sus casas ayudan a la limpiar el maíz.
En Guerrero, según estimaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en la temporada primavera-verano de 2016 453 mil 705 hectáreas fueron sembradas de maíz y se obtuvo 1 millón 167 mil 523 toneladas de granos, lo que representa un rendimiento de 2.57 toneladas por 1 hectárea.
En 2015 en Guerrero se obtuvieron apenas 738 mil 464 toneladas de maíz en uno de los peores años por la sequía que se vivió. Los datos de la Sagarpa estimaron que en 2016 México obtuvo una cosecha de 18 millones 718 mil 76 toneladas del grano.
El maíz es guardado y arrumbado en costales en los pequeños cuartos de las casas, otros costales son amontonados bajo pequeñas chozas improvisadas y al aire libre, donde las inclemencias del tiempo pueden influir para que se pudran. Esa es la más grande preocupación de los campesinos.
La lluvia en la temporada pasada fue buena con los campesinos, pero no siempre ha sido así, recordó el maestro jubilado y fundador de la cooperativa Productores de Semillas de Cuanacaxtitlán, Alberto Margarito Porfirio. En 2015 la cosecha apenas fue para el consumo de los pobladores.
El maíz criollo y maíz mejorado llenan los terrenos escarpados en los alrededores de la comunidad, donde las mujeres más grandes aún conservan chillantes y coloridas enaguas (faldas).
El maestro jubilado quien trabajó durante 33 años en el magisterio recordó que en 2007 junto a otros 98 productores se organizaron y obtuvieron un crédito, “pero desafortunadamente lo que logramos bajar no alcanzó para todos y muchos de los que no alcanzaron el crédito se retiraron”.
Un año después la organización tenía 178 integrantes y se constituyeron de manera legal como una cooperativa. El primer proyecto que lograron conseguir del gobierno sirvió para comprar desgranadoras y una cribadora, lo que facilitó el trabajo de los campesinos.
En la comunidad cada campesino trabaja de 2 hasta 10 hectáreas, y cuando les va bien, llueve a tiempo y tienen el apoyo del fertilizante llegan a producir hasta 8 toneladas por hectárea, de acuerdo a sus cálculos.
Esta temporada la tonelada de maíz en promedio se compra en 3 mil 400 pesos, una costalilla para los minoristas se vende en 170 pesos, que no logra reintegrar la inversión de unos 12 mil pesos por hectárea desde que se siembra el maíz hasta que se cosecha.
El maestro recordó que desde niño “cuando no podíamos participar en la limpia de las parcelas éramos los que llevaban las tortillas a los terrenos, de ahí empecé a estudiar, estuve en el magisterio 33 años, ahora jubilado me estoy dedicando al campo y apoyar a la gente”.
Margarito Porfirio dijo que la mayor dificultad que encuentra en su comunidad es la falta de una bodega de gran tamaño que garantice el almacenamiento del maíz y que no pierda su calidad para poder ofrecerlo a los compradores.
Recordó que los compradores que van a la comunidad la recorren y negocian el grano a un precio muy bajo, que en vez de apoyar a los campesinos resulta negativo y desalentador, ya que después hay una cadena para revender el maíz a un precio más elevado y las ganancias no son para quien trabajó la tierra.
El campesino dijo que con la construcción de una bodega ya no habría ese inconveniente, pero para ello se necesitan al menos 2 millones de pesos, que servirían para la edificación del inmueble que cuente con toda la ingeniería tecnológica para resguardar el maíz.

Una vida sembrando y cosechando maíz

El señor Lorenzo García Calixto desde hace 40 años trabaja el campo sembrando maíz y frijol para que una de sus hijas estudie la carrera de Ingeniería en Tecnología.
Afuera de su casa de adobe y tejas de barro estaban sentadas en la banqueta su mamá, su esposa y una de sus hijas, ellas limpiaban el maíz, retiraban los granos en mal estado que tenían manchas negras o que no se desarrollaron. En la temporada pasada sembró 3 hectáreas de maíz criollo del que obtuvo 30 toneladas de grano.
“Voy a empastillar el nuni, es mucho lo que invertimos y no lo queremos vender barato. No me conviene –venderlo– porque he invertido mucho dinero, por 1 hectárea, gastamos de pura pizca y acarreo 20 mil pesos”.
Sus manos son rasposas y agrietadas, señales del esfuerzo del trabajo de campo, de limpiar la milpa, arar la tierra, regar las plantas, quitar la mazorca, desgranarla, limpiarla y almacenarla.
Los seis integrantes de su familia ayudan en el largo proceso de la siembra, desde preparar la tierra hasta la limpieza del grano. El señor dice que venderá un poco del maíz que ha conseguido cosechar para recuperar algo de lo invertido, el resto lo dejará almacenado en su pequeña casa donde los costales de maíz llegan al techo, bajo la amenaza de que se moje y se pudra o que el gorgojo se lo dañe.

Las acciones por la Ley 701 tendrán el respaldo del Ayuntamiento, dice el alcalde de San Luis Acatlán

También las comunidades de la región de la Costa Chica se movilizarán en defensa de los derechos de los pueblos originarios y para que se amplíen, no sólo por la vigencia de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, declaró este lunes en Chilpancingo el presidente municipal de San Luis Acatlán, Javier Vázquez García.
El alcalde que llegó a la presidencia municipal con las siglas del Movimiento Ciudadano (MC), adelantó que sería un riesgo si esa ley pierde su vigencia, como lo hará el 1 de abril si no se ratifica, porque dejaría en el desamparo legal a los policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), que han dado buenos resultados en contra de la inseguridad en la región de la Costa Chica-Montaña.
Dijo que la actuación de la Policía Comunitaria ha frenado el ingreso de las mineras en la zona, y denunció que en su municipio se ha visto nuevamente la presencia de extranjeros, sobre todo canadienses, y vehículos de la minera Media Luna, pero que los pueblos no les van a permitir sus trabajos de exploración.
El domingo se reunieron en Tapayoltepec, municipio de Malinaltepec, los integrantes del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña y el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos, y acordaron movilizarse la primera semana de marzo para defender la iniciativa popular de ley integral sobre los derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos, entregada al Congreso local como una alternativa ante la posibilidad de que la Ley 701 sea derogada.
El alcalde Vázquez García, en cuya cabecera municipal está la Casa Matriz de la CRAC, fue consultado este lunes en Casa Guerrero, a donde acudió a recibir una de las siete unidades médicas y cuatro ambulancias del régimen ordinario del Programa IMSS-Prospera, que se entregaron además a los alcaldes de Cualac, Tlacoapa, Alcozauza, Ometepec, Tlacoachistlahuaca y Ayutla de los Libres.
Declaró que seguramente los diputados del Congreso del Estado y los funcionarios del gobierno estatal están pensando en que esa ley pierda su vigencia, como está previsto, “y de esta forma afectar a los indígenas, pero no se va a permitir, al menos en San Luis Acatlán la gente está organizada y va a salir a defender su ley”.
El también abogado agregó que lo menos que puede hacerse es ampliar los derechos de los pueblos indígenas en esta ley.
Informó que como en la Montaña, en San Luis Acatlán también hubo una reunión de la Policía Comunitaria el sábado, en donde trataron la Ley 701 y acordaron la postura que va a asumir la CRAC hasta la fecha límite que tiene el Congreso para la aprobación de una nueva ley.
Adelantó que las acciones de los pueblos indígenas tendrán el respaldo del Ayuntamiento, “porque en materia de seguridad a nosotros sí nos ha funcionado la Policía Comunitaria en nuestro municipio, y la vamos a defender dentro del marco de la legalidad”.
Reconoció que detrás de la postura de dejar al margen de la legalidad a la Policía Comunitaria pudiera estar la pretensión de abrirle las puertas a las mineras extranjeras que ya están al menos en su municipio, en donde existen concesiones autorizadas por el gobierno federal.
El alcalde declaró que hay un rechazo total por unanimidad de las comunidades, aunque reconoció que hay líderes de la misma región que llevan el mensaje de que estas minas traerían beneficios y que eso es lo preocupante, “que utilicen a nuestra propia gente para permitir el acceso de estas minas” aunque insistió en que la idea general de las comunidades es el rechazo a la introducción de las empresas mineras.
Adelantó que frente a este problema el Ayuntamiento que preside va a respaldar la postura mayoritaria, “siempre y cuando estén dentro del marco de la ley”.
Destacó que las tierras son de los campesinos y que estarán en su derecho de defender hasta sus últimas consecuencias su patrimonio.
Vázquez García dijo que no tiene el dato de cuántas concesiones están autorizadas en el municipio de San Luis Acatlán, pero que es público que las mineras están interesadas en una mina ubicada en Pazcala del Oro, otra cerca de Mixtecapa, el Tlaxcalistlahuaca y Yoloxóchitl.
Denunció que a estos lugares han ido representantes de empresas disfrazadas de investigar qué tipo de minerales pueden extraer en la región.
Reconoció que no se han reanudado los sobrevuelos que se denunciaron en 2010 y 2011, pero que les pareció extraño encontrar a un canadiense que hace aproximadamente un mes se accidentó en una motocicleta, en un tramo del camino de Arroyo Mixtecolapa y Pazcala del Oro. Recordó que nunca se aclaró qué andaba haciendo en esa zona, y que el caso sólo se conoció porque sufrió un accidente en su motocicleta.
“Los campesinos dicen que es de la gente que andaba realizando trabajos de exploración de las minas de la región”, afirmó el alcalde.
Denunció que los campesinos también han visto vehículos con el logotipo de la minera Media Luna, “pero los campesinos están pendientes, no van a permitir ningún estudio en la región. Yo tengo permanente comunicación con ellos y sin duda alguna van a tener el respaldo nuestro, siempre y cuando marchemos dentro de la legalidad”.

Paga Tlacoachistlahuaca a 25 maestros que se comprometió a contratar la SEG, dice el alcalde

 

En San Pedro Cuitlapa, Tlacoachistlahuaca, la escuela primaria José María Morelos y Pavón no inició el ciclo escolar porque no hay maestros; una sola maestra atiende a los 84 estudiantes desde el lunes pasado, pero se necesitan cuatro docente que el municipio enviará la próxima semana.
El alcalde de Tlacoachistlahuaca, el petista Juan Javier Villavicencio Carmona dijo que en el municipio se requieren 25 profesores para que se hagan cargo de los grupos que actualmente atienden igual número de maestros municipales, que ganan mil 600 pesos quincenales.
Villavicencio Carmona dijo, vía telefónica, que el viernes, en un recorrido a la comunidad de San Pedro Cuitlapa, los pobladores le solicitaron cuatro maestros para la escuela primaria donde no se inició el ciclo escolar a falta de docentes, que salieron de esa comunidad luego de un conflicto entre dos zonas escolares, una perteneciente a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y otra a la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El alcalde dijo que faltan 12 maestros para Barranca Estaca, Llano Zapote, San José Rancho Viejo, Santa Cruz Yucucani, Juquila Yucucani y Rancho Viejos, todas de habla tuun savi.

 

Detienen policías estatales a dos hombres con un kilo de mariguana en un taxi en Marquelia

 

Policías estatales detuvieron a dos hombres a quienes les decomisaron mariguana en la carretera de Marquelia a San Luis Acatlán, los hombres iban en un taxi a la comunidad de Capulín Chocolate, perteneciente al primer municipio.
Según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los policías estatales hacían un recorrido en las calles de la periferia de la ciudad de Marquelia y en la avenida Mira del Pescado de la colonia Benito Juárez detuvieron al taxi del servicio público que iba a dicha comunidad.
En la unidad viajaban dos hombres que se identificaron como Ricardo de 25 años y Filiberto de 30 años quienes al momento de la revisión trataron de esconder una mochila que contenía un paquete forrado con cinta canela que tenía aproximadamente de 1 kilo de mariguana y mil 380 pesos en efectivo.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público (MP). Además la dependencia difundió las fotografías de los detenidos por si son reconocidos (por alguna víctima de algún delito) y sean denunciados.

 

Debería estar en los libros de historia; lo conocen más fuera del país, dice la esposa de Genaro

A 45 años de la muerte del guerrillero Genaro Vázquez Rojas, su esposa, Consuelo Solís Morales lamentó que el maestro fuera más conocido en otros países de América Latina que en su municipio y en el estado de Guerrero, donde la población se olvidó de quién fue él, sus principios y su lucha.
Ayer al medio día en un acto en el panteón municipal de San Luis Acatlán fue recordado el jefe guerrillero con la asistencia de 12 familiares, amigos del luchador social y representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). El año pasado incluso asistió el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez,
Luego de colocar flores a la tumba de Vázquez Rojas, su esposa reclamó a los presentes que la vida de su esposo sea conocida más en otros países de América Latina como Venezuela o Cuba, que en el municipio donde nació y el estado de Guerrero.
“Genaro es bien conocido en Cuba, fuera de aquí, pero no donde nació”. Dijo que la población, y en espacial los jóvenes, no saben quién fue Genaro Vázquez, incluso los propios estudiantes de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) que lleva el nombre de su esposo.
En declaraciones, Solís Morales afirmó que el gobierno mexicano se encargó de borrar en la nuevas generaciones a los hombres que dieron su vida por cambiar la situación del país. “Aquí están echados al olvido. ¿Por qué? Por que el gobierno se encarga de eso, ya era para que la biografía de nuestros compañeros estuvieran en los libros de historia”.
La viuda pidió que en la biblioteca de las escuelas del municipio existan libros de la vida de Vázquez Rojas, para que los jóvenes tengan en mente los ideales y la lucha del guerrillero que luchó contra el gobierno.
“Qué se hable cual fue su lucha porque en su momento los llamaron bandoleros, ladrones, roba vacas, que aclaren los historiadores qué clase de gente fueron. Ellos lucharon por la libertad de este país, porque no hubiera niños con hambre, porque nadie se quedara sin escuela y todos tuvieran las mismas oportunidades de llegar lejos. Es triste que personas como a ellos no se les recuerde como se debe”, expresó.
La mujer afirmó que saber de la historia y lucha de hombres como la de su esposo, como Lucio Cabañas, Emiliano Zapata, le da lucidez a los jóvenes para saber qué hacer por su país en estos momentos de crisis y ayudar a su pueblo, “Pero no, la gente que razona y piensa bien es un estorbo para el gobierno”.
Solís Morales recordó ante los presentes que su esposo luchó para que nada se vendiera a los extranjeros, los minerales, el agua, el petróleo, y éstos fueran aprovechados a favor de los mexicanos, para que tuvieran empleos y bienestar social.
En su participación uno de los amigos del guerrillero, Salvador Flores Bello expresó que Vázquez Rojas fue el más lúcido en su época, “tuvo la brillantez de mostrar a la nación una lucha para derrocar al gobierno y la oligarquía, instaurar un gobierno popular, planificar una economía de desarrollo, una nueva sociedad fundada en la solidaridad”.
Llamó a los diferentes movimientos en el país a retomar las propuestas del comandante porque son los planteamientos que se necesitan para cambiar el sistema de gobierno.
Al acto acudió el dirigente transportista, Apolinar Nogueda quien llamó a la unidad y a no dejar pasar la fecha. También asistieron los consejeros de la CRAC, entre ellos, Valentín Hernández y el coordinador Joaquín Rentería.
En la tarde unos 400 estudiantes de la prepa de la UAG marcharon en la cabecera municipal como cada año, y depositaron una ofrenda de flores en la tumba del comandante. Su esposa instó a los jóvenes a leer y conocer la lucha de los dirigentes sociales del estado para ser críticos al sistema y los políticos.

No envía la SEG maestros y trabajadores a una secundaria en San Luis Acatlán, denuncian

Maestros y padres de familia de la Secundaria General Justo Sierra, de San Luis Acatlán, denunciaron que desde hace dos años la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha enviado profesores para cubrir 107 horas frente a grupo, además de dos intendentes y el prefecto, ni para descargar horas de clase que cubren la directora y el subdirector.
Ayer en conferencia de prensa en el Zócalo de San Luis Acatlán, el presidente de padres de familia, Carlos Velazco reclamó que desde hace dos años se hicieron las solicitudes a la SEG y no hubo respuesta, y que la directora y el subdirector, Luis Enrique Vázquez, desde hace 15 y 7 años vienen trabajando de esa forma.
Recordó que el 10 de octubre pasado, vieron al director de Personal y al de Servicio Profesional Docente en Chilpancingo, quienes les dijeron que, “máximo en una semana íbamos a tener a los maestros, y no se cumplió”.
El padre de familia informó que se creó un frente común con las demás escuelas de educación básica en el municipio en las que faltan maestros, y anunció que el 15 de febrero pararán labores y marcharán en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, así como un posible bloqueo en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, en el puente de Marquelia, para que las autoridades envíen a los maestros.
La directora de la secundaria, María del Socorro Morales Larumbe informó que hay 107 horas que no se han cubierto de las materias de Artes, Asignatura Estatal, Ciencias Naturales, Geografía e inglés.

Asesinan a balazos a ex presidente del PRD municipal en San Luis Acatlán

La noche del viernes el perredista y presidente de la ruta de taxis de San Luis Acatlá-Ometepec, Miguel Ángel Viveros Díaz, fue asesinado en el centro de la cabecera municipal de San Luis Acatlán.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que Viveros Díaz estaba en el local donde hacen sitio los taxis de la ruta que va a Ometepec, y cerca de las 7 de la noche, un hombre que se acercó le disparó en tres ocasiones. En el lugar quedaron cartuchos percutidos de un arma calibre 38 súper.
Al lugar acudieron los servicios de emergencia y fue trasladado a un hospital, pero murió en el trayecto. Vecinos del ex dirigente del PRD municipal manifestaron que la víctima era un hombre intachable.
El 4 de diciembre, la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, detuvo en flagrancia a dos jóvenes de 21 años que estaban extorsionando en los sitios de taxis locales y foráneos, en el centro de ese municipio, a quienes pedían mil 500 pesos de cuota (extorsión por trabajar).

No apoyan ayuntamientos de la Montaña a apicultores indígenas, denuncian

El consejo regional de Apicultores de la Montaña Alta se reunió en la comunidad de Ojo de Agua, municipio de Malinaltepec, para hablar de sus necesidades y requerimientos sobre el envasado y comercialización de la miel, y se quejaron de la falta de apoyo de los ayuntamientos de la Montaña a su proyecto productivo.
Los productores del dulce resaltaron que un problema que tiene la apicultura en la región es la alimentación de las abejas, porque hay carencia de flores a causa de los frecuentes incendios forestales, por lo que pidieron la intervención de las autoridades agrarias, comunales y ejidales, y de las instituciones de gobierno, como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para enfrentarlos.
Los 120 apicultores en la región conforman 14 organizaciones constituidas legalmente, en los municipios de Iliatenco, Malinaltepec, Tlacoapa y San Luis Acatlán, y en su encuentro destacaron la importancia de gestionar un seguro para apicultores.
El presidente del Consejo Regional de Apicultores, el campesino me’phaa Quirino Ramírez Poblano invitó a los apicultores a evitar caer en la desesperanza ante la falta de apoyos o porque algo va mal, ya que “ahora hay un poco más de acompañamiento que cuando yo inicie”, dijo.
Dijo que no ha contado con ningún apoyo de la autoridad municipal desde que inició el proyecto de apicultura en la región, y pidió tolerancia a sus compañeros en los proyectos que se tengan que hacer, para buscar recursos que se inviertan en las necesidades de la apicultura, y recordó que hace días les entregaron más de 300 colmenas a productores de miel orgánica de las comunidades de Tapayoltepec, Colombia de Guadalupe y Tierra Colorada .
Contó que ahora, como Consejo Regional se están organizando para acceder a los recursos institucionales que aún no tienen, y por eso se hallaron ahí para platicar con el presidente municipal de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández, y funcionarios de la Sagarpa.
Por su parte, Ramírez Hernández dijo que la reunión fue para escuchar y delinear los trabajos para 2017 con las demandas de los apicultores y las propuestas de la Sagarpa.
Agregó que su administración apoyará a los apicultores para que lleguen los recursos para que se pueda hablar de una industria de apicultores indígena, donde se envase la miel con etiqueta y se comercialice en el mercado internacional; en las medicinas para las farmacéuticas y no se descuide el mercado interno en las comunidades.
Adelantó que pedirá a sus homólogos de Iliatenco, Tlacoapa y San Luis Acatlán, donde están los apicultores, que avalen el proyecto de gestión para el diagnóstico, para generar empleos y frenar la migración a otros estados y a Estados Unidos, que cada día aumenta en la zona ante la falta de trabajo.
De la Sagarpa estuvieron el responsable de la dependencia en Malinaltepec, Eugenio Torres Flores, y el jefe de distrito en la región, Rogelio Garnelo Cortés, quienes coincidieron en que es necesario impulsar un programa estratégico y funcional, porque “se dan los proyectos y no aplican los recursos, y por eso ahora hay candados para acceder a los incentivos”.
Indicaron que se requieren varios documentos, como un padrón único de beneficiados, clave única o la Unidad de Producción Pecuaria (UPP), para que se ponga chapeta a las colmenas, deben contar con figura jurídica, luego presentar el proyecto, un programa de trabajo anual del consejo, presentar fotografías, huellas y voz, y que ya está abierta la ventanilla.
Luego, trabajaron en mesas en las que abordaron el manejo, alimentación, reproducción y sanidad de las abejas.
Estuvieron en la reunión, también, la presidenta del DIF, María Teresa Tapia; la síndica procuradora, Lidia Martínez Martínez; el regidor de Desarrollo Rural, Damián Gálvez Bello y el director de Desarrollo Rural, Rodrigo Franco Blanco.

Se reúnen la CRAC y la UPOEG con Martínez Veloz; les preocupa que se derogue la Ley 701

 

Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y promotores de la creación de municipios indígenas y afromexicanos, se reunieron con el comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz para construir una agenda común.
El exdiputado federal perredista Carlos de Jesús Alejandro habló del encuentro que se celebró en la Ciudad de México y se hizo público debido a una fotografía publicada en redes sociales, donde aparece con el funcionario federal, el consejero de la CRAC Pablo Guzmán Hernández y el líder de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, entre otros.
Vía telefónica dijo que fue un acercamiento breve a fin de construir una agenda común entre organizaciones del estado de Guerrero. El primer punto de coincidencia, dijo, es la preocupación de que la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura Indígena sea acotada o derogada en el proceso de armonización, que debe concluir en abril.
Agregó que es causa común de la CRAC y la UPOEG trazar una ruta de trabajo para que las modificaciones de la ley no afecten el espíritu original de la legislación, al contrario, exigen que sea más amplia en derechos, que incluya a los pueblos afroguerrerenses y acorde a la constitución mexicana.
Informó que quieren acompañar y defender el proceso que impulsó la UPOEG para que la elección por usos y costumbres en el municipio de Ayutla de los Libres sea una realidad, y se siente un precedente para replicarlo en otros municipios indígenas.
Añadió que seguramente van a surgir otros temas que se van a incorporar a la agenda, con un grupo más amplio de organizaciones, y buscar la interlocución con el congreso estatal y el gobernador, que tienen competencias y obligaciones con los pueblos originarios.
Del comisionado informo que ofreció su respaldo, más que como funcionario, como hombre comprometido con la lucha y con las causas del movimiento indígena.
De Jesús Alejandro recordó que Martínez Velóz en 1994 integró la primera comisión de concordia para impulsar la paz digna en Chiapas, y fue actor fundamental en las negociaciones del gobierno con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para que se firmaran acuerdos de paz y se redactara la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz.
Martínez Veloz también fue interlocutor de la federación en el primer intento de regularizar a las policías ciudadanas de los grupos de autodefensa en municipios de Costa Chica en 2013, que luego se adhirieron a la UPOEG. La iniciativa se frustró cuando los pueblos de Tecoanapa retuvieron a militares en la comunidad El Pericón.
De Jesús Alejandro informó que también estuvo una representante del Grupo Plural, de los cafetaleros de la Luz de la Montaña, promotores activos de nuevos municipios indígenas y afros, y el asesor de la Cámara de diputados, Marcos Matías Alonso.
Adelantó que van a convocar a otros actores del estado para hacer causa común por los pueblos indígenas, en otra reunión de acercamiento este viernes en Guerrero.

La UPOEG surgió con prácticas contrarias a la Policía Comunitaria indígena: CRAC

 

El ex coordinador y actual consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán Hernández rechazó que haya sido por “celos” de un “grupo radical” que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al gobierno y al Ejército que se dio la separación de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de la CRAC, como declaró Bruno Plácido Valerio en entrevista para El Sur el martes pasado.
Guzmán Hernández, quien en el 2013 era coordinador de la Casa de Justicia matriz en San Luis Acatlán, cuando la UPOEG formó una autodefensa que ahora es la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), aclaró que el grupo armado que formó Plácido Valerio en Ayutla, fue desconocido como Policía Comunitaria de la CRAC porque no se apegó a los requisitos, y porque tenían “prácticas inusuales” contrarias a la institución indígena.
El martes Plácido Valerio declaró a El Sur que la separación que se dio con la CRAC el 5 de enero del 2013, cuando surgió lo que ahora es la Policía Ciudadana, fue por “celos” de un grupo “radical” de la CRAC que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al gobierno y al Ejército.
“No es exactamente como él lo dice. La división se dio porque ellos no se apegaron a los procedimientos formales de la CRAC para incorporar comunidades y para el nombramiento de autoridades, cuando se conformó la Casa de Justicia (de Ayutla), respondió Guzmán Hernández.
Entrevistado por teléfono declaró, “no sé a qué grupo radical se refiera” pero recordó que fueron los policías de la UPOEG los que enfrentaron al Ejército en la comunidad El Pericón, municipio de Tecoanapa, en agosto de 2013. Mientras que el Ejército a quienes reprimió fue a los de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso, en referencia a las detenciones de Nestora Salgado, Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina y más de 30 autoridades y policías comunitarios de esa casa.
Mencionó que uno de los primeros problemas por los que se dio la división fue que el actual comandante de la Policía Ciudadana, Ernesto Gallardo Grande se auto nombró comandante regional, y que sin recibir órdenes de las autoridades, que son los coordinadores, empezó a detener gente.
“Después colocó retenes con encapuchados, que son prácticas inusuales de la CRAC”, dijo el consejero, quien hace cuatro años fungía como vocero de la casa matriz.
Añadió que los de la UPOEG levantaron actas supuestamente de incorporación de las comunidades a la CRAC, pero eran actas que no se levantaban en asambleas públicas, “cuando el requisito es que si una comunidad se incorpora primero se le tiene que dar la suficiente información, las obligaciones y los derechos que tienen al incorporarse a la CRAC, y de manera pública levantar el acta de decisión”.
Informó que usaron formatos que llenaban sin que se cumplieran los requisitos, “ellos traían su propia dinámica”.
Recordó que cuando se pretendía constituir la Casa de Justicia de la CRAC en el municipio de Ayutla, la asamblea estaba programada para la comunidad de Ahuacachahue, pero la gente se dio cuenta que la UPOEG pretendía elegir una dirección “a modo”, con gente nombrada por ellos y no por las comunidades, se cambió la sede a La Concordia, a donde asistieron 23 de 26 comunidades.
Recordó que en esa reunión se nombró a los coordinadores y comandantes de la Casa de Justicia que ahora está en El Paraíso, municipio de Ayutla, y que a partir de entonces, “ellos (los de la UPOEG) tomaron otro rumbo y ya no estuvieron presentes en esa asamblea”.
En la entrevista con Bruno Placido, éste declaró que las entonces autoridades de la CRAC los desconocieron como miembros de esa institución indígena, cuando se armaron el 5 de enero de 2013 en Ayutla.
Al respecto Pablo Guzmán dijo que se trató de un comunicado en el que la CRAC aclaró que la UPOEG no pidió la opinión ni la autorización para surgir y actuar como Policía Comunitaria, y que comenzaron a actuar encapuchados a pesar de que en declaraciones Plácido Valerio aseguró que se trataba de la CRAC.
Añadió que en el comunicado la CRAC aclaró que ante las acciones de la delincuencia los ciudadanos tenían que buscar una salida, y que “estaba bien esa acción, pero que no éramos nosotros”.
Dijo que esa fue otra situación que les molestó y que cree que esa es “la razón fundamental” por la que la gente de la UPOEG se separó definitivamente de la CRAC.
–¿Entonces no es real que existía en la CRAC un grupo radical que pretendía la confrontación con el gobierno y el Ejército?
–Yo no lo ubico, no sé a qué grupo radical se refiera. Salvo que se refiera a Arturo Campos (el promotor de la CRAC en Ayutla actualmente preso). Pero quienes se confrontaron con el Ejército fueron ellos en El Pericón y como represalia el Ejército en lugar de tomar medidas en contra de ellos, lo hizo en contra de la gente de El Paraíso, cuando eran otros los que generaron la confrontación con el Ejército.

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