Consejeros de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pida el cumplimiento de sus propias recomendaciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, así como a la Fiscalía General, que evaden su responsabilidad en la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena con las instituciones.
En un documento sobre la Ley 701, informaron que llevaron una queja formal al organismo nacional -registrada bajo el folio 91993/2016-, porque hay indicios y pruebas de que en Guerrero no sólo se escamotea, sino se conculcan los derechos de los pueblos originarios y el afromexicano plasmados en leyes internacionales y nacionales, por las autoridades estatales.
Aseguraron que hay un riesgo inminente de que llegado el momento el Congreso local apruebe una reforma regresiva de la ley, que conculquen los derechos ya reconocidos en leyes supremas.
Por referencia señalaron el artículo 14 de la nueva Constitución que textualmente dice, “el Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado y que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Pública y su reglamento interno de esta entidad”.
“Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación”.
Aclararon que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos de aplicar sus propias normas para la regulación de sus conflictos internos, y el Convenio 169 -en su artículo 9-, establece que deberán respetarse los métodos a los que los pueblos recurren para la represión de los delitos cometidos, “por sus miembros”.
La Ley 701 amplía el sentido de este derecho para reconocer que incluso sus métodos se aplican a terceros dentro de su jurisdicción. Sin embargo la actuación de las autoridades de Guerrero “muestra que aún no ha permeado en las instituciones del gobierno el respeto a los usos y costumbres y al sistema de seguridad pública y justicia de la CRAC”, por el contrario, niegan y desconocen la naturaleza y los alcances de los sistemas normativos indígenas.
Ante las controversias del derecho penal y la justicia comunitaria aclararon que corresponde a las autoridades jurisdiccionales resolver sobre “esa aparente dicotomía entre legislación, texto constitucional estatal, Ley 701 y Convenio 169”.
Destacaron que la 701 no únicamente incluye los derechos del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación conocido como la CRAC o Policía Comunitaria, sino los derechos del conjunto de los pueblos náhuatl, mee pha, na savi, ñomnda y afromexicano, por lo tanto es necesaria una gran alianza de todas las organizaciones y representantes de dichos pueblos, para asegurar que la reforma a esa ley sea “progresiva”, es decir que se perfeccione aún más para garantizar a las nuevas generaciones un instrumento jurídico que ampare sus derechos hasta hoy no reconocidos a plenitud.
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La CRAC es un proyecto inacabado y hay que mejorarlo, dicen dos consejeros
A 21 años de la conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC), es un proyecto inacabado y corresponde a todos mejorar lo que no se ha hecho bien, dijo el consejero de la institución, Sabás Aburto Espinobarros, quien con el también consejero Juan Horta Cruz, son autores del libro El origen de la Policía Comunitaria-Montaña y Costa Chica y fundadores de la organización.
El texto fue presentado la tarde de este jueves en el Palacio de la Cultura, en donde hubo reclamos y la exigencia de la libertad de los presos de la CRAC Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez García.
Además de los autores el libro también fue comentado por el representante del senador perredista Armando Ríos Piter, Mario Hernández Herrera.
Los autores explicaron que en el texto retoman el proceso que vivió la institución indígena desde su formación en octubre de 1995 a 1998, aunque también se incluyen dos de las crisis más fuertes que ha vivido, la del 2002 durante la primera “embestida” por el gobernador René Juárez Cisneros, cuando integró averiguaciones previas y liberó órdenes de aprehensión en contra de las autoridades comunitarias, así como la del 2013 cuando del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien intervino para dividir a la CRAC-PC mediante Eliseo Villar Castillo, ahora preso.
Juan Horta explicó que el libro “es un bebé que fue deseado desde el 2015”, cuando comenzaron a concebirlo, aunque aclaró que ya había habido muchos intentos, que tres veces estuvo a punto de abortar, pero que afortunadamente nació sano.
Sabás Aburto explicó que en el libro está el contenido “del por qué de los por qué” surgió la Policía Comunitaria, después de varios intentos y reuniones con el procurador de justicia y el secretario de Seguridad Pública, sin que se hubiera logrado.
Aclaró que no fueron esas reuniones con los funcionarios las que ayudaron a la formación de la Policía Comunitaria, sino las prolongadas asambleas de los pueblos que buscaban acabar con la inseguridad, los robos, asaltos, violaciones a las mujeres y asesinatos en el corredor Montaña-Costa Chica.
Añadió que después se vinieron acontecimientos como la masacre de Aguas Blancas, los asesinatos del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, el asesinato del ex gobernador José Francisco Ruíz Massieu y la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, “todo eso nos empujó a la organización, y si no fuera por esos acontecimientos la Policía Comunitaria no hubiera surgido”, reconoció.
Detalló que también fue fundamental la participación de las organizaciones sociales, como Los de la Montaña, 500 Años de Resistencia Indígena, las Triple S y los Consejos Comunitarios de Abasto de Diconsa. Todo eso se conjuntó “para que la semilla de la Policía Comunitaria germinara”.
Juan Horta destacó que los logros de 1995 a 1998 fueron el desmantelamiento de las bandas delincuenciales, algunas de hasta 50 criminales, la disminución de la inseguridad, la desaparición de la Policía Motorizada que fue la responsable de la masacre del vado de Aguas Blancas, así como el reconocimiento a la CRAC-PC por el Gobierno, cuando se reconoció que la Policía Comunitaria no se trataba de una guerrilla como se le acusaba.
Sin embargo añadió que 21 años después, la defensa de la CRAC-PC sigue porque los embates del gobierno continúan, “todavía hay algunos funcionarios que nos siguen llamando ilegales porque desconocen el marco legal, o lo interpretan a su manera y conveniencia.
Frente a estas circunstancias, explicó que los retos son la defensa de la CRAC-PC ante los ataques extornos e internos, que sea reconocida dentro de la Constitución Política del Estado porque en la última reforma, “casi nos ponen un freno y nos hacen a un lado”.
Asimismo dijo que otro reto es concientizar para que no se siga confundiendo a la CRAC-PC con otros grupos que también se dicen policías comunitarias, pero que no cuentan con un reglamento y no tienen como base las asambleas.
Otro de los comentaristas, el representante del senador Armando Ríos Piter, Mario Hernández explicó que el proyecto deja un aprendizaje para replicarlo en todo el estados, “es el mejor ejemplo que existe en el estado del poder popular”, definió.
Agregó que este modelo está afianzado en las asambleas comunitarias y que por eso ha funcionado muy bien, a diferencia del sistema gubernamental en el que ya no hay confianza y la inseguridad está a la orden del día.
En la etapa de preguntas el presidente del Colegio de abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García manifestó que ya hacía falta un documento de este tipo.
Asimismo de entre el público surgieron inquietudes y cuestionaron a los autores y consejeros de la CRAC-PC, cosas como la falta de autonomía al recibir recursos de los ayuntamientos, reunirse con funcionarios del gobierno del estado y aceptar la credencialización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Yo me quedo con lo que era antes la CRAC, que su esencia era su autonomía y que se regía por sus usos y costumbres”, dijo por ejemplo, Maricela Juárez Ocampo, de la colonia Comunidad Emperador Cuauhtémoc.
Roberta Campos Adame integrante de la CRAC-PC La Patria es Primero de El Fortín, criticó que hayan recurrido para la edición del libro al senador perredista Armando Ríos Piter, “que ha aprobado leyes en contra del pueblo, ¿dónde está esa autonomía?, preguntó y luego cuestionó al senador que se quiera montar en el prestigio de la CRAC.
Otro de los asistentes preguntó la postura de los consejeros y autores del libro de los presos. Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez García, para entonces algunos de los asistentes comenzaron a desplegar y a alzar pancartas: “Libertad a Gonzalo Molina, preso político de la CRAC”, “Atención médica a Gonzalo Molina”, “Libertad a Samuel Ramírez García”, “Respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas”, se leyó en algunas de las cartulinas.
En respuesta a las críticas Sabás Aburto dijo que el camino de la CRAC no tiene fin, “nos vamos a ir nosotros a descansar y la CRAC-PC va a seguir porque es un proyecto inacabado, y con el esfuerzo de todos debemos mejorar lo inacabado y lo que no se hizo bien”.
Luego dijo que la autonomía es un proceso que se va construyendo poco a poco, pero precisó que la CRAC-PC es apartidista y que no está sometida a algún partido político, y menos a algún candidato, “lo que nos une es el problema de la inseguridad” y explicó que tienen que recurrir a representantes populares como al senador, a los presidentes municipales porque es un derecho acudir ante ellos.
Aclaró que la CRAC no es apéndice del gobierno ni de ningún partido, “pero no podemos ni debemos permanecer como en una isla, necesitamos mantener relaciones buenas o malas”. Aseguró que la libertad de los presos la tratan mediante la defensa jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, pero que no se sabe de su intervención, “porque poco nos gusta salir en los medios de comunicación”.
Aclaró que en 2013 se dio la credencialización de los policías comunitarios “por las prácticas desviadas” del entonces coordinador de la casa matriz con sede en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, debido a la intervención del gobernador Ángel Aguirre.
Subrayó que el ahora ex coordinador, (actualmente preso por homicidio), recibió el apoyo del gobernador para desmantelar a la CRAC-PC y con ello frenar a la institución, porque su función no es sólo velar por la seguridad, sino también evitar que avancen los proyectos mineros en la Montaña y Costa Chica.
Preció que a la Policía Comunitaria no se le respeta por las armas, sino por el respaldo con el que cuenta, “así carguen sólo un machete, cuentan con el poder popular”, y denunció que por eso ha habido muchos intentos de destruirla.
Mata asaltante a un maestro en el sitio de taxis de El Roble que van a San Luis Acatlán
Un maestro de San Luis Acatlán murió de un balazo en la pierna, en un sitio de taxis ubicado en la colonia El Roble que traslada usuarios a ese municipio.
Por medio de una llamada de emergencia los efectivos de las diversas corporaciones policiacas fueron alertados del asesinato.
El crimen ocurrió a las 12:30 de la tarde, entre la avenida Cuauhtémoc y la calle privada de Santa Elena, ubicada cerca de la salida del Maxitúnel.
Versiones de choferes indican que un hombre de unos 35 años se bajó de un taxi azul con blanco y como todos los usuarios se sentó en un sillón a esperar el turno para trasladarse a ese municipio de la región de la Costa Chica.
Sin embargo, minutos después un hombre armado descendió de una motoneta, cuyas características se desconocen, para ingresar a las instalaciones del sitio, y comenzó a exigir el dinero a los usuarios.
El presunto delincuente fue directo al hombre que había llegado en un taxi azul con blanco, le arrebató un portafolio, cuyo contenido se desconoce, y en el forcejeo le disparó a su víctima y huyó del lugar.
Ante esta situación, los usuarios del transporte público y los choferes entraron en pánico.
Policías que llegaron a la zona hallaron al hombre muerto sentado en un sillón y junto al cuerpo una mancha de sangre, debido al disparo que recibió en la pierna, aunque la víctima tenía un torniquete en esa parte del cuerpo.
Los peritos informaron que el hombre murió por el impacto de arma de fuego en la pierna derecha, que lo desangró. Además los encargados de la diligencias no hallaron casquillos percutidos.
Los policías coincidieron que la víctima podría haber sido atacada con un arma tipo Revólver por la falta de casquillos percutidos en la instalaciones del sitio.
Más tarde, fuentes policiacas oficiales detallaron que la víctima se llamó Arcadio y se desempeñaba como maestro del municipio mencionado, y que al parecer le dispararon por resistirse al asalto.
La zona fue resguarda por efectivos del Ejército, Marina, policías de la Gendarmería, estado y municipales. No hubo detenidos.
Era un taxista el ejecutado en la Bocamar
Era un taxista el hombre ejecutado de un balazo el domingo por la noche en la colonia Bocamar.
De acuerdo con fuentes policiacas oficiales, la víctima se llamó Rogelio de 48 años y vivía en la colonia Libertadores, ubicada en la zona conurbada de la ciudad.
Denuncian la desaparición de un cocinero
Familiares del joven Francisco, de 22 años, reportaron su desaparición desde el domingo por la noche.
El desaparecido vive en la colonia Silvestre Castro y trabaja como cocinero en el restaurante de razón social La Cabaña, ubicado en Caleta, según datos proporcionados por los familiares.
La esposa del desaparecido contó que el domingo por la noche le llamó por teléfono porque se sentía mal de salud y que iba a comprar a la farmacia. Después ya no supo nada de él.
Presentan una brigada infantil comunitaria de la CRAC en El Fortín, Tixtla, y exigen la libertad de los presos
Familiares de los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarios (CRAC) Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez Gálvez exigieron su libertad inmediata durante la presentación de la brigada infantil comunitaria Mi Patria Es Primero de la CRAC, con base en El Fortín en Tixtla.
La reunión se convirtió en un foro de denuncia y asistieron padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa quienes declararon que a casi dos años del ataque a los normalistas sigue la impunidad, y que las investigaciones para localizar a sus hijos se mantienen en cero.
Al encuentro también asistió una comisión de la Policía Comunitaria de Olinalá encabezada por Geovani Torres Salgado, padres de los 43 normalistas encabezados por Emiliano Navarrete, además de Beatriz Gálvez Macario madre de Samuel Ramírez Gálvez quien es policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec y está detenido en el penal de Chilpancingo, y la esposa del promotor de la CRAC de Ayutla, Arturo Campos Hernández, Agustina García de Jesús.
En el encuentro fue presentada la brigada infantil comunitaria que está compuesta por niñas y niños y que tiene el objetivo de “empezar de nuevo el proyecto comunitario, ante el escenario adverso en que se encuentra la organización comunitaria”, explicó el auxiliar del proceso educativo, Carlos Hernández.
El acto comenzó con honores a la bandera los cuales estuvieron a cargo de las 30 niñas y niños de entre 5 y 16 años que integran dichas brigadas, fue en la explanada del barrio de El Fortín, que sirve de base para la CRAC-PC.
Después, Gonzalo Molina González, promotor y fundador de la CRAC-PC en Tixtla y actualmente preso en el penal de Chilpancingo, mandó un mensaje vía telefónica desde la cárcel y celebró la formación de la brigada infantil comunitaria, “debemos estar contentos porque hoy se le da formalidad a la brigada infantil comunitaria”, dijo.
Molina González es el impulsor del proyecto de la brigada infantil.
Explicó que la intención es que “los niños se formen con otra forma de ver las cosas, con valores que les permitan alcanzar el nivel más alto del ser humano, y de esta manera honrar la memoria de nuestros compañeros caídos que murieron por defender a su pueblo”.
Desde el penal, Gonzalo Molina convocó a los asistentes a retomar el proyecto de seguridad y justicia comunitaria, la salud, la educación, la comunicación y la producción, con la idea de trabajar en la construcción del poder popular.
A los ciudadanos les pidió que no dejen solos a los comunitarios, “recuerden que los policías comunitarios defienden al pueblo y el pueblo defiende a su Policía Comunitaria”.
El promotor de la CRAC saludó a los padres de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos y a los maestros que luchan por echar abajo la reforma educativa.
Si no luchamos ni hablamos, nadie lo hará por nosotros
La esposa de Arturo Campos Herrera, Agustina García de Jesús acusó que el gobierno quiere cansarlos para que dejen de luchar por la libertad de los presos y por la presentación de los 43 normalitas de Ayotzinapa, “quiere que nos cansemos de luchar, de hablar y de ver lo que está pasando en nuestro estado” manifestó.
Convocó a los asistentes a seguir luchando, “si no lo hacemos ¿quién va a luchar por nosotros? Si no hablamos ¿quién va a hablar por nosotros? Nadie va a venir a hablar de afuera porque no conoce la situación que estamos viviendo”, dijo.
Expresó que el gobierno está equivocado al encarcelar a los luchadores sociales, “que mal están (los del gobierno) cuando se supone que están preparados. Ellos hablan de educación, pero donde está la educación de ese gobierno corrupto, que encarcela a las personas que luchan por su pueblo y por el bienestar de su comunidad”, se quejó.
Planteó que a ella le da coraje que tengan presa a la gente que lucha por la comunidad, “que coraje y que lástima me da ese pinche gobierno corrupto que siga tratando así a la gente de las comunidades indígenas”, expresó.
Preguntó que hasta cuando los indígenas van a tener tranquilidad y paz, “nosotros estamos muy lejos de alcanzar la tranquilidad y la paz, porque nos siguen golpeando y asesinando”, denunció.
En su intervención, la madre de Samuel Ramírez Gálvez, Beatriz Gálvez Macario aclaró que la tarea de la Policía Comunitaria no se acaba cuando el gobierno mete a un comunitario a la cárcel.
Explicó que antes, en la Montaña, los delincuentes podían matar y violar y que por eso ella y su esposo promovieron la creación de la Policía Comunitaria y que a raíz de esa lucha tiene a su hijo preso en el penal de Chilpancingo, de quien reclamó su libertad.
Criticó que en esa lucha hay gente que se vende y mencionó a quienes encabezan la Casa Matriz de San Luís Acatlán. Recordó que ellos, en el anterior gobierno de Rogelio Ortega Martínez, firmaron un convenio que también querían que lo firmaran los comunitarios de la casa de Zitlaltepec.
Detalló que el convenio consistía en recibir apoyo económico, cartuchos y uniformes a cambio de que entregaran a los que detuvieran.
Dijo que ellos se negaron a firmar porque la CRAC es autónoma y tiene su propio Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria y los detenidos son sometidos a un proceso de reeducación, “mientras que ellos (los del gobierno) venden la justicia y sus policías le dan seguridad al presidentes municipales y al gobernador nada más, no al pueblo”.
Emiliano Navarrete, representante de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos dijo que a casi dos años del ataque a los normalistas en Iguala no han encontrado justicia y que las investigaciones para encontraros siguen en cero.
Agradeció el apoyo que ha recibido el movimiento de los 43 por agrupaciones como la CRAC-PC de El Fortín y la de Olinalá.
Expresó que en estos dos años han visto el apoyo de mucha gente, aunque reconoció que en este camino “también hemos visto gente que se ha aprovechado de nuestra situación”, acusó sin precisarlo.
Añadió que ante la falta de resultados en las investigaciones, los padres han sabido dar la cara a un gobierno que “ha resultado ser una pinche porquería”.
Por su parte, el comandante de barrio de la Policía Comunitaria de Olinalá, Geovani Torres Salgado exigió la libertad de los tres miembros de la CRAC que siguen presos; Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez. Exigió que los detenidos obtengan su libertad de manera incondicional.
Aclaró que les dio gusto que salieran libres los seis policías comunitarios que estaban presos en Ayutla, pero que estos fueron liberados bajo fianza y que actualmente siguen sujetos a proceso.
La brigada infantil
El auxiliar del proceso educativo, Carlos Hernández explicó que con la brigada infantil comunitaria se trata de evitar la división que ocurrió con los que formaron la casa de Santa Cruz del Rincón (Malinaltepec, los llamados Pueblos Fundadores), cuando abandonaron la CRAC de la Casa Matriz de San Luis Acatlán.
Detalló que la idea es comenzar el proceso de refundación y reeducación desde abajo, desde los niños.
Manifestó que “ante lo que viene”, se pretende entrar a un proceso para lograr una comunidad más armoniosa y orgánica mediante talleres de reeducación en los que se retroalimenten los niños y los adultos.
Explicó que esta fue una propuesta de Gonzalo Molina.
Recorren comunitarios de la CRAC la Montaña, Costa Chica y el Centro; piden que no se modifique la Ley 701
Integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) hicieron una campaña de información en carreteras y caminos principales de la Montaña, Costa Chica y la región Centro para pedir que la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de las Comunidades y Pueblos Originarios del estado no se pueda modificar ni derogar y exigir la libertad de los presos políticos de organización.
La CRAC indicó que ayer se movilizaron 12 grupos de policías comunitarios de Huamuxtitlán, siete de Tixtla, cinco de Tecoanapa, uno de Espino Blanco, cinco de Chilixtlahuaca, cinco de Dos Ríos, dos de Tlacoachistlahuaca y 12 de San Luis Acatlán.
Por medio de folletos, los comunitarios demandaron que el Congreso local modifique el artículo 1 de la Ley 701, para que sea reglamentaria de los artículos que van del 8 al 14 de la nueva Constitución del estado, y que en caso de que se modifique, tendría que hacerse previa consulta de los pueblos afectados.
Además exigieron la libertad inmediata de los detenidos en penales de Ayutla y Chilpancingo por asumir la defensa de sus comunidades bajo el sistema comunitario, como Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez, y la cancelación de las concesiones de exploración y explotación minera otorgadas por el gobierno federal a empresas transnacionales sin el consentimiento de los pueblos afectados.
En la Montaña se hizo una caravana de 10 vehículos y más de 70 policías comunitarios salieron a las 10 de la mañana de Huamuxtitlán a Xochihuehuetlán y se regresó sobre la carretera de Puebla a Tlapa pasando por las comunidades donde tienen presencia como Santa Cruz, Alpoyeca, Tlapa, Tlatlauquitepec del municipio de Atlixtac, Pochutla del municipio de Ahuacuotzingo y la cabecera municipal y se culminó en Olinalá.
La caravana, informó el comité de enlace incorporado a la Casa Matriz de San Luis Acatlán, Manuel Alejandro Gutiérrez, fue para recordar que la Ley 701 reconoce la existencia del Sistema de Justicia Comunitario como un sistema establecido formalmente por los pueblos para impartir justicia y brindar seguridad.
Dijo que es para recordar que el Sistema Comunitario debe ser respetado por las autoridades estatales y federales y que éstas coadyuven a que sea reconocido como ya se establece en la ley al ser parte del sistema normativo de los pueblos originarios.
Recordó que la Ley 701 entró en vigor en abril de 2011 pero con la reforma hecha a la Constitución de Guerrero en junio de 2014, la ley reglamentaria quedó desfasada por lo que piden se ajuste a las nuevas disposiciones.
Pidió a los diputados locales que hagan su trabajo y por plazos ésta no pueda adecuarse y termine desapareciendo o la deroguen porque no conviene a los intereses del gobierno.
Mencionó que cualquier adecuación, cambio o modificación debe ser consultado a los pueblos indígenas y las organizaciones que pudieran ser afectados.
En el recorrido por carretera los policías entregaban folletos a la gente que estaba al paso.
Hicieron un alto en Tlatlauquitepec para tomar agua y seguir el camino a Ahuacuotzingo donde llamarían a la población a incorporarse al Sistema de Justicia Comunitario ante el aumento de la delincuencia en la zona.
El cierre sería en Olinalá, de donde es la comandanta Nestora Salgado, quien tras dos años de prisión ahora se encuentra en los Estados Unidos haciendo activismo en favor de los presos políticos.
Celebrarán el 21 aniversario de la CRAC en Horcasitas, San Luis Acatlán
Sobre Nestora Salgado, vía telefónica el abogado de la CRAC, Valentín Hernández Chapa informó que la Casa Matriz de San Luis Acatlán mantiene comunicación con la ex presa política sobre sus actividades en el extranjero, “por su seguridad se ha determinado que apoye las tareas de gestión y difusión por ahora, donde quiere que esté”.
Adelantó que se está afinando una propuesta para que en el 21 aniversario de la organización comunitaria, el 15 y 16 de octubre, Nestora Salgado se incorpore formalmente a una comisión de gestión, por acuerdo de los coordinadores y consejeros regionales.
Añadió que la primera propuesta es que la comunidad de Horcasitas de San Luis Acatlán sea la sede de los festejos del siguiente aniversario de la CRAC.
De las acciones en Tixtla, el representante de la Policía Comunitaria de El Troncón, en Tixtla, Pedro Santos Bartolo informó que de las 9:30 de la mañana a las 2 de la tarde se colocó un retén informativo en el internado Adolfo Cienfuegos y Camus, en la carretera que va a Chilapa. Indicó que hicieron algunas revisiones de vehículos, práctica cotidiana en el territorio comunitario, y se llevó a cabo sin incidentes, salvo el paso de una camioneta de militares que pasaron sin detenerse en este tramo carretero rumbo a Chilapa.
Indicó que participaron en la acción los grupos de la Policía Comunitaria de la colonia El Amate, El Zapote, Niños Héroes, las comunidades, La Estacada, El Troncón, Acatempan y El Durazno.
No tiene cargo en la CRAC pero colabora con la casa de San Luis Acatlán: Nestora
La ex presa política de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Nestora Salgado García reconoció que no ocupa ningún cargo dentro de esta organización de seguridad y justicia, pero sigue colaborando con la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán desde el extranjero.
En consulta telefónica desde Washington, Estados Unidos, la comandanta que dirigió en 2013 un movimiento de seguridad en Olinalá aseguró que sigue denunciando las violaciones a los derechos humanos, el abandono en que viven los pueblos y que está tratando de abrir espacios para apoyar a los campesinos y artesanos de La Montaña.
Adelantó que en diálogos con la comunidad latina han hablado de vender artesanías de Guerrero y de Oaxaca en Estados Unidos, Canadá y España, incluso de ayudar a reconstruir escuelas, “hay mucho que hacer aparte de denunciar todos los crímenes en el estado, estamos buscando la manera de incitar, invitar a la gente para que nos apoye”.
Anunció que traerán al país a algunos técnicos que capaciten a los campesinos para producir su propio gas, sus sistemas de riego, de purificación de agua, “estamos pidiendo que donen un tiempecito, hay mucha gente con muchos conocimientos que puede ayudar invitando a que regresen, que ayuden a las comunidades, que los cambios puedan empezar de abajo”.
Dijo que esta labor es en colaboración con la Policía Comunitaria de Olinalá y con la CRAC. Informó que el mes pasado en Estados Unidos la acompañó la consejera de la CRAC, Felícitas Martínez Solano y posiblemente se incorpore al siguiente viaje previsto para octubre en EU, Canadá y Europa.
Incrementan las denuncias por violaciones en la capital y en Chilapa; van 165 en el estado
En el primer semestre de 2016 hubo 165 denuncias de violaciones sexuales en Guerrero; el número de delitos en este rubro se incrementó respecto al mismo periodo de 2015, principalmente en ciudades con más hechos de violencia e inseguridad como Chilpancingo y Chilapa.
En el informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob) se presentan estadísticas generadas a partir de las denuncias de los diferentes delitos presentadas ante las fiscalías estatales, en las que se incluyen “violaciones sexuales” y “otros delitos sexuales”.
En Chilpancingo en los primeros seis meses de 2015 las denuncias de este delito fueron 15, y durante el mismo periodo de 2016 casi se duplicaron y llegaron a 29, y 16 más de “otros delitos sexuales”.
Chilapa es uno de los municipios en los que hubo un importante incremento en el número de denuncias de ese delito en el primer semestre de 2015, únicamente hubo una ante el Ministerio Público, pero en lo que va de 2016 suman ocho.
Acapulco, el municipio más poblado del estado ocupa el primer lugar en este delito, al igual que en homicidios; según la estadística del SESNSP; en junio, se denunciaron ante la fiscalía ocho violaciones sexuales.
En lo que va del año, la Segob tiene registrados 64 violaciones en el puerto, además de otros 59 que entran en la categoría de “otros delitos sexuales”.
En la misma estadística, pero de 2015, en los seis primeros meses de ese año hubo 79 violaciones sexuales, por lo que a pesar del alto número de casos en el puerto, hubo una reducción en este delito, 15 casos menos en comparación con el año pasado.
En Guerrero, en el primer semestre de 2016 se denunciaron 165 violaciones sexuales y 124 considerados como “otros delitos sexuales”.
Las ciudades que tienen mayor incidencia en este delito son Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Ometepec, que lleva en seis meses ocho casos, y Taxco con seis.
Le siguen Iguala y San Luis Acatlán, con cuatro denuncias cado uno, y Acatepec, Coyuca de Benítez, Atoyac y Tecoanapa con tres casos cada uno.
Cierran padres una secundaria de San Luis Acatlán; exigen que la SEG envíe cuatro maestros
Padres de familia de la secundaria federal Justo Sierra, de San Luis Acatlán, cerraron de forma indefinida la escuela, para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) que atienda la falta de maestros de computación, artes, geografía y ciencias artísticas.
El representante del comité de padres de familia, Jacob Nava Juárez informó por teléfono que desde las 8 de la mañana de ayer, los padres cerraron la escuela, porque desde que inició el ciclo escolar la SEG no ha cubierto 83 horas de materias complementarias.
En la puerta de la escuela fue colocada una lona que dice, “Es falso lo que el gobierno estatal y federal dicen. La realidad es otra, los padres de la Esc. Sec. Justo Sierra reclamamos los derechos de los niños a recibir clases”.
Recordó que el 4 de febrero, el director de Personal y de Planeación, en una reunión en Chilpancingo prometió a una comisión, que en una semana resolverían el problema, pero hasta ayer los 390 alumnos seguían sin clases.
El padre de familia dijo que no liberarán la escuela hasta que la SEG cumpla; por la tarde informó que una comisión irá hoy a Chilpancingo para entrevistarse con autoridades educativas.
Nava Juárez exigió también el pago de un maestro que, de forma voluntaria, ha estado impartiendo las materias faltantes a los estudiantes.
La CRAC sólo reconoce a tres casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco y El Paraíso, dice la Casa Matriz
La Casa Matriz de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán aclaró ayer mediante un comunicado que sólo reconoce a tres casas del sistema comunitario: las de San Luis Acatlán, Espino Blanco, municipio de Malinaltepec y El Paraíso, municipio de Ayutla, así como cinco comités de enlace.
Además, en el documento se manifiesta por la libertad de los promotores Arturo Campos Herrera de Ayutla, Gonzalo Molina González de Tixtla y del policía comunitario de Zitlaltepec, Samuel Ramírez Gálvez.
Asimismo, rechaza la instalación de las empresas mineras en su territorio y se deslinda de las acusaciones de que la agrupación tiene vínculos con grupos delincuenciales.
La aclaración se hizo aparentemente en alusión al conflicto que surgió en San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, donde la semana pasada fueron detenidos 14 policías comunitarios de la CRAC-PC de Rincón de Chautla que pertenece a la Casa de Justicia de los Pueblos Fundadores, y otro policía más fue asesinado por comunitarios de la Casa de Justicia de Espino Blanco.
“Hasta esta fecha, reconocemos como parte de nuestro sistema comunitario las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco (Malinaltepec) y El Paraíso (Ayutla), así como a los comités de enlace de las regiones de Tecoanapa, Tixtla, Huamuxtitlan, Chilixtlahuaca (Metlatonoc) y Dos Ríos (Cochoapa El Grande)”, dice en el escrito la comisión de comunicación comunitaria de la Casa de Justicia Matriz de San Luis Acatlán.
Destaca que la CRAC-PC “es única”, con las casas de justicia y comités de enlace reconocidos como oficinas operativas en cada una de las regiones del estado de Guerrero.
Y aclara: “ninguna otra supuesta Casa de Justicia es parte del sistema comunitario, y quienes se ostentan como CRAC-PC o declaran en su nombre, o portan nuestro uniforme, carecen de legitimidad y usurpan nuestro nombre”.
Reconoce que el sistema comunitario de seguridad, justicia y reeducación, se encuentra en un proceso de reorganización y reestructuración, “en el que estamos revisando y corrigiendo los errores cometidos en los últimos años que propiciaron un grave conflicto interno, el cual algunos personajes con intereses distintos al sistema comunitario pretenden continuar”.
En ese sentido establece que mantiene el llamado “respetuoso y fraterno” a las comunidades que quieran regularizar su participación en el sistema comunitario a que acudan a sus casas de justicia o comités de enlace, “para brindarles la información correspondiente y eviten de esta manera ser sorprendidos o engañados por promotores o falsos representantes comunitarios que sólo buscan fortalecer sus intereses personales”.
También rechaza “cualquier señalamiento de tener vínculos con grupos delincuenciales”, y califica de “irresponsables” a quienes lo hagan sin demostrarlo, “pues consideramos que tales aseveraciones tienen como objetivo ponernos como blanco de la represión gubernamental o de los diversos grupos del crimen organizado”.
Además llama a las organizaciones sociales, de derechos humanos, a las autoridades comunitarias, a los policías comunitarios y a los ciudadanos “a que denuncien ante nuestras instancias de autoridad comunitaria cualquier situación o dato que sea sospechoso de vinculación de nuestras autoridades o servidores comunitarios con la delincuencia”.
En otro de los puntos del documento, exige la libertad “inmediata e incondicional” de los presos políticos Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez.
Por otra parte, expresa “la exigencia de respeto a nuestro territorio comunitario, por lo que deben cancelarse ya todos los permisos de exploración y explotación minera, concedidos por el gobierno federal a empresas transnacionales en perjuicio de nuestros pueblos y comunidades”.
La Casa Matriz exige a las instancias de gobierno que se mantenga vigente y se respete la Ley 701, y que “cualquier modificación o reforma debe consultarse con los pueblos y comunidades que protege, lo cual es un derecho establecido en el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y en el artículo 2 de nuestra Constitución Federal”.
Establece que ningún cambio a la Ley 701 será legítimo si carece de consulta con los pueblos.
También reitera la exigencia de justicia en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Demandamos que el gobierno federal atienda urgentemente la petición de diálogo con el magisterio movilizado y exigimos la libertad inmediata de los profesores dirigentes de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) presos por el gobierno federal”, indica en otro punto el comunicado.
Asesinan a balazos a un taxista en La Angostura, San Luis Acatlán
La madrugada de este domingo, un taxista fue asesinado a balazos en el municipio de San Luis Acatlán.
Según el reporte de las autoridades, a las 7 de la mañana fue reportado que en la colonia Ejido, a orillas del río Grande, en el punto conocido como La Angostura estaba un taxi del servicio local abandonado y al parecer con un hombre sin vida en el interior.
Agentes de la Policía Ministerial y Municipal llegaron al lugar y encontraron un auto Sentra con la leyenda “Rápido y Furioso” en el parabrisas, y en el asiento del conductor hallaron el cuerpo de quien fue identificado como César N., quien tenía disparos en la cabeza del lado derecho y en el pecho.
Se informó que la víctima vestía una playera beige, pantalón azul y huaraches.
Asimismo, se detalló que al parecer a la víctima le solicitaron un servicio a las 4 de la mañana y desde esa hora no había regresado a su base.
En el lugar del crimen, los agentes policiacos encontraron casquillos percutidos calibre .22 milímetros.
El cuerpo fue levantado y trasladado al cuartel de la Policía Municipal junto con el vehículo para los trámites legales.