Por la agresión que sufrió la alumna de la secundaria Raymundo Abarca Alarcón, el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Marcial Rodríguez Saldaña, llamó a los directivos a no minimizar ningún tipo de malas conductas, porque de lo contrario, también serán sancionados.
La semana pasada, una madre de familia denunció que en esta secundaria, del turno de la tarde, su hija fue agredida físicamente por estudiantes de esa escuela y que los directivos minimizaron esta acción.
Al respecto, el funcionario estatal dijo que desconocía de lo ocurrido, pero “ya hemos estado insistiendo en ese tema (acoso escolar). La SEG ya emprendió una campaña para evitar el bullying”.
Destacó que en reiteradas ocasiones ha llamado a los maestros y directivos a que denuncien estos actos ante las instancias correspondientes, “la Secretaría de Educación va a actuar”.
El titular de la SEG sostuvo que aquel directivo que no denuncie “también lo vamos a sacar de la institución” será sancionado, “el llamado también es a toda la dependencia. Si no dan trámite serán sancionados”. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Los presidentes de organizaciones que integran el Frente Nacional por la Familia, Victoriano Sánchez Carvajal, Ismael Alderete, María de la Luz Reyes Ríos, Tomás Gerardo García y Eter Miranda en la conferencia de prensa de ayer Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Dirigentes de organizaciones que integran el Frente Nacional por la Familia, rechazaron en conferencia de prensa una iniciativa de decreto en el que se adicionan los artículos 177 y 304 bis, al Código Penal del Estado.
La iniciativa fue enviada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el 7 de marzo al Congreso local las personas y sanciona con cárcel y multas a las personas que se dediquen o induzcan a terapias de conversión, las cuales presuntamente “corrigen” la orientación sexual de las personas sometidas a dichos “tratamientos”.
El artículo 177 que se adiciona, relacionado con las “terapias de conversión”, establece: “A la persona que, contra la voluntad de la víctima o mediante engaño, imparta o aplique cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de ésta, se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Añade: “Se aplicarán las mismas sanciones a la madre, padre, tutora o tutor que ejerza cualquier tipo de violencia contra la víctima para que se someta a las conductas señaladas”.
Refiere, asimismo: “Se aumentará hasta en una mitad la sanción prevista en el párrafo anterior, cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de edad, personas adultas mayores o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo”.
Se promueve el odio contra padres y turores, dicen
Los representantes de al menos cinco agrupaciones del Frente Nacional por la Familia, de orientación conservadora y con vínculos con la Iglesia católica, consideran que esa iniciativa viola los derechos humanos, la libertad de expresión, la laicidad de la educación, y atenta contra la unidad de la familia como base de la sociedad.
En conferencia de prensa ayer, alertaron que de aprobarse esa iniciativa “propiciaría una serie de delitos en contra de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”. Además, creen que acrecentará la impunidad, favoreciendo a los verdaderos trasgresores de la ley.
Asistieron a la conferencia de prensa el presidente de la Red Guerrero por la Vida, Eter Miranda y la integrante de la misma agrupación Natividad Longino; la presidenta de la Asociación Familias Unidas de Acapulco, María de la Luz Reyes Ríos; el representante de la Red por la Vida Familia Guerrero Ismael Alderete; el presidente de la Asociación a Favor de la Familia y la Niñez, Victoriano Sánchez Carvajal, quien en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez fue subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos.
También asistió el coordinador en Guerrero del Frente Nacional por la Familia, Tomás Gerardo García Sánchez.
En un oficio de fecha 22 de marzo, las organizaciones de ese Frente advierten que en caso de aprobarse esa iniciativa causaría un daño “terrible e irreversible”, porque se pretende sancionar con pena de prisión hasta por seis años y multa de hasta 300 veces el valor diario de la UMA, a toda persona que “no esté a favor de la ideología de género” que se propone en esa reforma y que se oponga al “adoctrinamiento” de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, “agravando esa conducta penal a la madre, padre, tutora, tutor o cualquier persona”.
El documento de rechazo a la iniciativa fue leído ayer en la conferencia de prensa por María de la Luz Reyes Ríos.
Los inconformes indican que con dicha iniciativa se pretende promover el odio y el desprecio contra la figura del padre, la madre de familia, tutor o tutora, y contra toda persona que se oponga al adoctrinamiento de sus hijos en la ideología de género, al imputarlos, como incitadores de este delito.
“Pretenden castigarnos si nos atrevemos a estar en desacuerdo y, en consecuencia, considerarnos delincuentes, es decir, seriamos perseguidos, amordazados y encarcelarnos”, refiere el escrito.
Para los representantes de las agrupaciones inconformes, con la aprobación de la iniciativa se acrecentaría la impunidad, “favoreciendo a los verdaderos trasgresores de la Ley, dejando en un estado de indefensión a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y a las personas que no tengan la capacidad para comprender o resistir el significado del hecho o la acción sexual sobre sus cuerpos”.
Consideran que se pretende legitimar las posibles acciones delictivas de adultos del mismo sexo, sobre los menores en delitos sexuales impidiendo a los padres o tutores cualquier tipo de orientación para que no puedan seguir siendo víctimas de estos ilícitos.
“Beneficia a pedófilos”
El escrito enviado al Congreso, en el que manifiestan su oposición a la reforma, añaden que esta es violatoria de la libertad de pensamiento, de la libertad religiosa, y del derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias religiosas.
Consideran que se violentan libertades fundamentales, como la de expresión, de conciencia, de creencias religiosas y de culto. Así como la convención sobre los derechos de los niños, el interés superior del niño, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y atenta contra la patria potestad de los padres y ocasiona el deterioro y daño a la institución familiar.
“Esta iniciativa pretende arrebatarnos a nuestros hijos dejándolos vulnerables y en total estado de indefensión ante cualquier acción efectuada por persona determinada que atente contra la integridad sexual de nuestros hijos, lo que resulta inadmisible”, destaca el escrito.
Las organizaciones reprochan en su oficio: “Ante tanta violencia e inseguridad que se vive en el estado, ¿qué nos ofrecen ustedes como legisladores?, y cuestionan que, mientras tanto, los temas importantes y prioritarios “se están dejando de lado, para destruir a la familia y arrebatarnos lo más vital, a nuestros hijos e hijas, nuestros jóvenes y eso es un acto reprobable; dejándolos en completo estado de indefensión, pero, además, de aprobarse esta iniciativa nos criminalizará a todos los guerrerenses”.
Victoriano Sánchez Carvajal, abundó que esa iniciativa viola el Artículo Tercero Constitucional, respecto al principio de la laicidad que protege cualquier forma de pensamiento o creencia, no solamente religiosa, al impedir en determinado momento que los padres quieran educar a sus hijos conforme a sus creencias.
“La imposición de cualquier forma de pensamiento o creencia iría en contra de cualquier forma de pensamiento o creencias de las personas, esto está protegido en la Constitución y la adición al Código Penal es clara: pretende incluir una ideología de género mediante la ley a la sociedad guerrerense y eso es inadmisible porque viola el principio de laicidad y el Artículo Tercero que establece el derecho a la educación que señala que debe ser laica, obligatoria, integral, inclusiva, gratuita y de calidad”.
El abogado, argumentó que no puede someterse a la sociedad en general al pensamiento dogmático de una sola fracción porque todos somos iguales ante la ley, y añadió que el hecho de que el Estado pretenda imponer una ideología de género mediante la tipificación de un delito, sin duda violenta el Artículo Tercero Constitucional.
“Por estas razones nos manifestamos en contra de esta iniciativa y levantamos la voz en protesta, pidiendo a los diputados que analicen exhaustivamente esta iniciativa a la luz de los derechos humanos y de los tratados internacionales”.
Ismael Alderete, dijo por su parte que la propuesta es “preocupante y riesgosa”, y puso ejemplos:
“Supongamos que un padre de familia tiene un hijo de 15 años y un día llega un adulto mayor de 30 a tocar la puerta de su casa y le dice: ‘vengo a buscar a mi amante’, y resulta que éste es su hijo pero no estaba enterado de esa relación.
Explicó que si la iniciativa se aprueba, el padre no podrá reconvenir a su hijo, ni lo podrá reeducar de acuerdo a sus ideas, criterios, valores o religión, porque lo pueden acusar del delito de terapias de conversión, “y tendrá que quedarse callado para no irse a la cárcel seis años, por eso decimos que también es una ley mordaza”.
En otro ejemplo, explicó que si un sacerdote o pastor de cualquier religión predica en el pulpito que Dios creó (sólo) al hombre y a la mujer, y alguna persona que es de la ideología de género lo escucha, lo puede acusar del delito de Terapias de Conversión “y tanto el sacerdote como el pastor se van a la cárcel”.
Consideró que la iniciativa lleva dedicatoria para los pedófilos, “y quieren garantizar que nos callemos, en pocas palabras, que guardemos silencio para darle entrada a los pedófilos, y esto es grave, por eso rechazamos contundentemente esta iniciativa”.
María de la Luz Reyes Ríos, criticó que la iniciativa es copia fiel de la que se elaboró para la Ciudad de México “lo asesores de la gobernadora ni si quiera la leyeron, copiaron y pegaron; no hay ninguna motivación, fundamentación, no hay un estudio socioeconómico que establezca datos y cifras de cuantos casos en Guerrero se han suscitado”.
Expresó que el contexto de la Ciudad de México no es el mismo con el de Guerrero.
Acusó a la gobernadora y a sus asesores de imponer en Guerrero un “estado totalitario”, e insistió que no existe un estudio que sustente esa iniciativa.
“Con esta iniciativa están trastocando los derechos de la familia, que es el núcleo y base de la sociedad, trasmisora de valores y de enseñanza, y ante la ola de violencia e inseguridad en nuestro país y en nuestro estado, la familia es la contención a tanta violencia”.
En el documento que entregaron a los diputados, los representantes de las agrupaciones les pidieron que no aprueben esa iniciativa de decreto, “que mejor construyan junto con la sociedad civil, políticas públicas con perspectiva de familia que realmente fortalezcan la institución familiar y así se construya una mejor sociedad y un futuro mejor para nuestros hijos”.
Desde hace un mes, están en vigor nuevas disposiciones legales con las que se creará a partir del 5 de mayo de este año el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos en Guerrero dirigido a quienes mediante “triquiñuelas” evaden la responsabilidad de proveer alimentos y limitará la participación política de quienes estén inscritos en ese listado.
El pasado 3 de febrero se publicaron en el Periódico Oficial del Estado una serie de reformas y adiciones al Código Civil de Estado de Guerrero número 358, a la Ley 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero y a la Ley 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero para adecuar la legislación y crear el registro.
Los ajustes a al Código y a las leyes tienen “como propósito fundamental, robustecer el marco jurídico de los alimentos, creando el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, que estará a cargo de la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil del Estado, donde se inscribirán por orden judicial a quienes dejen de cumplir sus obligaciones alimentarias de manera injustificada por más de treinta días o, hayan sido sentenciados por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria”.
En los considerandos, la iniciativa que presentó el diputado priista Rafael Navarrete, sostienen que las reformas y adiciones no vulneran derechos humanos y se sostienen “desde la óptica del Derecho Familiar y el Interés Superior del Menor”.
“Instaurar el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, no transgrede los Derechos Humanos, en contra de los acreedores alimentarios, sino antes al contrario, cumplirá una función orientadora, para que lo que hoy nace como un deber jurídico, mañana, se convierta en compromiso inexcusable que constituido como valor, nos haga transitar por las sendas de la virtud y la construcción de una ciudadanía responsable, que no se regocije en transgredir la ley, sino que sea razón que nos motive incluso, para estar convencidos que somos seres humanizados, cuya como carta de recomendación sea, el construir vidas y no destrozarlas, al cumplir en la medida de nuestras posibilidades con las altas responsabilidades a que nos contrae el ser miembro de una sociedad y el estar sometido al Derecho Vigente”.
En sus considerandos, los diputados, sin dar cifras argumentan que “es innegable que el noble propósito de los alimentos cada vez se cumple en menor medida, así lo indican los altos porcentajes de demandas por este concepto que se radican a diario en los juzgados de primera instancia de los dieciocho distritos judiciales del Estado; lo anterior, sin mencionar aquellos casos -que no son pocos- que no se judicializan por cuestiones de pobreza o ignorancia de quienes deberían exigirlos”.
También, sin datos, afirman que “existiendo un indeterminado número de deudores alimentarios que eluden sus responsabilidades tornándose en situación ilocalizable; el cambiar de residencia; dejar de prestar servicios a una empresa o institución, que retiene de su salario la cantidad correspondiente a la pensión alimenticia; ponerse de acuerdo con la parte patronal para declarar menos ingresos; el trabajar por cuenta propia, declarando menos ingresos de los reales; el afirmar que está desempleado; el no contar con bienes muebles o inmuebles a su nombre, entre otras muchas y socorridas triquiñuelas”.
Las reformas se publicaron el 3 de febrero, entraron en vigor al día siguiente, pero en los artículos segundo y tercero transitorio se estable un plazo “inexcusable de 90 días”, no especifica si hábiles o naturales, para que la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil designe al responsable del padrón y elabore su reglamento interno.
“La finalidad del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, es proteger el interés superior de la niñez, para que el deudor alimentario cumpla en tiempo y forma con su obligación alimentaria. Su eficacia, se basará en la inscripción en una base de datos de carácter pública, de aquellas personas que incumplan de manera injustificada con su obligación alimentaria”.
Integrantes de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) se confrontaron a gritos y empujones con militantes de Morena que acudieron a las oficinas a apoyar a un médico citado por la comisión de Honor y Justicia de la asociación; ahí los morenistas afirmaron que hay dependencias estatales y federales que sancionan a trabajadores que apoyaron a ese partido en la elección pasada.
A las 10 de la mañana, más de 30 morenistas llegaron a las oficinas del sindicato en apoyo al médico Hilario Zúñiga Escamilla, a quien citaron sin explicarle el motivo; y ahí se confrontaron con sindicalizados que les impidieron la entrada a las instalaciones.
Los militantes de Morena acusaron que el citatorio es una represión de la líder sindical y ex candidata del PRI a la alcaldía de Chilpancingo, Beatriz Vélez Núñez, porque el médico citado fue representante de casilla de Morena.
Mujeres que pudieron acompañar al médico, salieron minutos después, y fue cuando un representante sindical jaló del brazo a una de ellas y empujó a las otras, lo que ocasionó intercambio de agresiones físicas y verbales.
El encargado de enlace del distrito 07 de Morena, Iván Hernández Díaz dijo que acudieron para acompañar a Hilario Zúñiga Escamilla, ya que la notificación que enviaron a los integrantes de la comisión de Honor y Justicia, llevaba adjunta una hoja que indicaba que era representante de Morena.
Informó que hay otro caso semejante en el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), y más en otras dependencias federales y estatales, pero los trabajadores no quieren denunciar.
Agregó que, “pareciera que los integrantes del sindicato están buscando venganza contra los trabajadores que ayudaron como representantes generales de Morena, por lo que estaremos atentos a apoyarlos con la presencia y solidaridad, y de manera jurídica”.
Estas acciones se han presentado en el Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos en Guerrero (IEEJAG), en el Conafe y de la selección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa).
Por su parte, un trabajador del IEEJAG afiliado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos, Octavio Higuera Vargas denunció que la Comisión de Honor y Justicia sindical exigió las prestaciones salariales de cuatro trabajadores y militantes de Morena, por lo que ya interpusieron una denuncia laboral.
Indicó que la Comisión de Honor y Justicia del Sntsa, adherido a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), que representa la también dirigente de la sección 36 del Sntsa, Beatriz Vélez Núñez, lo sancionó el 1 de junio, con un año de retención de sus prestaciones salariales.
Octavio Higuera Vargas recriminó que pese a argumentar jurídicamente, el director del IEEJAG, Miguel Mayren desoyó su petición. Detalló que antes ganaba quincenalmente 2 mil 900 pesos, y ahora su sueldo es de poco más de mil pesos.
El trabajador aseveró que, “es una revancha política, porque siendo representantes generales de Morena nosotros trabajamos por este grupo político fuera de nuestro horario de labores, porque también conocemos nuestra responsabilidad”.
Después de las 12 del mediodía, Hilario Zúñiga Escamilla salió de las oficinas, explicó que el comité de Honor y Justicia lo cuestionó sobre la toma del edificio sindical el pasado 27 de junio, en una protesta para exigir mejoras laborales y la destitución de la dirigente y ex candidata a la alcaldía de Chilpancingo, Beatriz Vélez Núñez.
Reconoció que ese día acudió a un acto de protesta para pedir el cumplimiento de un pliego petitorio, “pero lo que nos dieron fue puros palos, y están los videos donde nos sacaron a golpes un grupo de simpatizantes de Vélez Núñez, incluso rompieron cristales y puertas”.
Afuera del Sindicato, donde estaban los militantes de Morena, dio a conocer que se le preguntó sobre la protesta y de su pertenencia al Frente Democrático de Trabajadores de Salud.
“Les respondí que sí, que siempre pugnaré por el bienestar de los trabajadores, para que haya abasto de medicinas y personal suficiente para atender las necesidades de quienes lo requieran”, agregó.
Dentro del sindicato, los trabajadores gravaban y tomaban fotos con sus teléfonos celulares a los manifestantes que estaban afuera. Mientras que los militantes gritaban, “no estás solo, no estás solo” o “Hilario, Hilario”.
Después de que Hilario Zúñiga Escamilla dio la información, los inconformes se retiraron del lugar.
Desde que inició su administración a la fecha, unos 260 maestros y trabajadores administrativos fueron dados de baja definitiva por haber participado en manifestaciones convocadas por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y en consecuencia incumplieron con sus labores, informó el titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero.
Consultado luego de la reunión que tuvo con padres de familia y maestros de la primaria Ignacio Manuel Altamirano, ubicada en el centro de la cabecera municipal de Tixtla, al respecto de la situación en el sector debido al inicio de la huelga nacional a la que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en contra de la reforma educativa y para exigir la reinstalación de las mesas de diálogo con el gobierno federal, González de la Vega Otero dijo que “no quisiera de ninguna manera ni ofenderme ni retar”, pero hay normalidad en las clases y con esto “no quiero decir que se alboroten más”.
Informó que hay movimiento en las oficinas centrales en la capital, las alternas, pero “se han respetado las aulas” y reconoció esa actitud de los cetegistas, aunque no está de acuerdo con su lucha magisterial; precisó que sólo 8 de las 12 mil 300 escuelas de nivel básico en el estado están cerradas, pero por situaciones administrativas que no están relacionadas con la huelga y que ya son atendidas por la SEG.
A pregunta de si habrá sanciones para los maestros y trabajadores administrativos agremiados en la CETEG que acudieron a la Ciudad de México, para participar en las acciones nacionales, contestó “sí las hay, sí hay descuentos, luego por eso nos andan tomando oficinas y luego por eso entran. Sí las hacemos, de hecho yo he estado firmando cada trimestre alrededor de setenta y tantas bajas, o sea no nada más sanción de descuento (salarial), baja definitiva”.
Recordó que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone) ya no lo manejan los gobiernos estatales, “hoy por hoy la educación tiene un gran porcentaje de centralismo, en ese sentido sí los haremos (los descuentos)”. Precisó que a la fecha hay unas 260 bajas definitivas, es decir despidos y los implicados tuvieron la oportunidad de defenderse, pero perdieron ante las instancias correspondientes.
Por otra parte, al respecto de las manifestaciones de padres de familia y maestros para pedir mejores instalaciones y docentes que hacen falta en las escuelas, informó que se reunió el martes en la Ciudad de México con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán, quien se comprometió a apoyar el sector indígena para el que se otorgarán 50 plazas los profesores de nuevo ingreso, a pesar de que no resulten idóneos en la evaluación correspondiente.
Manifestó que el sector indígena es donde más maestros hacen falta y el caso del preescolar Niños Héroes, de Zitlala, se enviarán los que hacen falta este lunes. Lamentó que lleguen cuando el ciclo escolar está a punto de concluir, pero “lo bueno” es que se quedarán en la escuela para el siguiente ciclo. Añadió que de las lenguas originarias que se hablan en Guerrero, que son ñomndaa, na savi, mepha y náhuatl, hay unas 36 variantes y son pocos los maestros que las dominan, por eso es complicado cubrir los espacios vacantes en las escuelas.
En el caso de las escuelas que fueron dañadas por los sismos de septiembre pasado y que están en proceso de reconstrucción, González de la Vega Otero dijo que a tres meses de que se cumpla un año de esa situación, hay buenos avances y la mayoría de los planteles serán entregados al inicio del ciclo escolar 2018-2019.
El secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, informó que el lunes se reanudarán las clases en la Centenaria Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano (CENEIMA) y advirtió que a aquel maestro que no se presente a trabajar se le aplicarán sanciones.
En breves declaraciones al llegar a las oficinas de la Promotora Turística, para el inicio de la recolección anual de la Cruz Roja, la cual encabezó el gobernador Héctor Astudillo, al funcionario se le preguntó por la marcha que hicieron los estudiantes de la CENEIMA para exigirle a la SEG que resuelva el conflicto por la dirección y respondió que el mismo jueves hubo una reunión.
Dijo: “Íbamos a aplicar la norma, la propia directora decidió mejor renunciar, por lo que ya prácticamente el lunes reanudaremos clases y estaremos con sanciones a aquellos maestros que no se presenten. Vamos a tener que nombrar a alguien provisional (para la dirección) para que ya le dé ruta, pero ya el lunes se reanudan las clases”.
Sobre los problemas que hubo en escuelas de la colonia Jardín por la inseguridad, el secretario González de la Vega Otero indicó que ya no hay ninguna escuela cerrada, que ya se trabaja de manera normal y que los compromisos que hizo con los maestros de esa zona se están cumpliendo. Adelantó que la próxima semana estará nuevamente en la zona.
Como se recordará, las escuelas de esa zona estuvieron cerradas por una semana debido al temor de los padres y maestros, luego de las balaceras que se dieron en la zona y desde entonces los perímetros de las escuelas están siendo vigiladas por recorridos a cargo del Ejército.
Sobre las evaluaciones, el funcionario adelantó que en marzo y abril habrá una evaluación de ingreso al Servicio Profesional Docente, además de la de permanencia así como la de promoción, las cuales serán seguramente en septiembre.
El contralor interno de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Ramón Apreza Patrón exhortó a los maestros y trabajadores de la Centenaria Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano (CENEIMA), afines a la profesora Abigail Arcos Bello, a que retomen sus actividades en la institución, y dijo que de no hacerlo se aplicarán sanciones.
Precisó que las sanciones son la suspensión del pago salarial, y la suspensión temporal o definitiva, es decir, el despido de los trabajadores.
En una llamada a El Sur, el contralor informó que este lunes se reunió con una comisión del grupo opositor a la directora, Lucrecia Mondragón Sosa, que le pidieron que les conceda la Subdirección Académica y la Administrativa, pero “eso no puede ser porque, desafortunadamente, se polariza más la situación, se divide mucho la estructura de mando ante cualquier situación; la verdad, hay que unificar criterios”.
Informó que, el año pasado en la CENEIMA se llevó a cabo una votación interna en la que Mondragón Sosa resultó electa como directora y a la vez, la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior hizo lo propio mediante una circular y entregó un nombramiento a Arcos Bello como directora; sin embargo, la Contraloría Interna analizó ambos procesos y determinó que “no existen facultades para su desarrollo”.
Ante las circunstancias, se estableció que el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero haría valer su atribución de nombrar a los directivos, con base al artículo 8 del reglamento interno de la dependencia, de acuerdo con Apreza Patrón, “una vez analizados los perfiles académicos, antigüedad y experiencia laboral” de ambas profesoras, Mondragón Sosa fue nombrada directora.
Pero el grupo afín a Arcos Bello se niega a reconocer el nombramiento y, de acuerdo con Apreza Patrón, los inconformes llevan unos 40 días hábiles sin presentarse a trabajar de manera normal, y aunque “son la minoría”, afectan a los estudiantes, por lo que exhortó a los trabajadores “a cumplir sus funciones y horarios asignados, así como a generar las condiciones deseables para el desarrollo de sus actividades”, de lo contrario serán sancionados de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero vigente.
El maestro de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Moisés Carmona Serrano, aseguró que “carece de todo fundamento legal” que el paro que llevaron a cabo en septiembre pasado lo hayan mandado al Tribunal Universitario y señaló que está estipulado en la ley el derecho a manifestarse.
Como informó El Sur en su edición de este martes, el pasado viernes, durante la sesión del Consejo Universitario, el Consejo de Unidad de la Facultad de Contaduría y Administración solicitó sanciones para los maestros de ese plantel Carlos Armando Morillón y Moisés Carmona Serrano, quienes encabezaron un paro laboral de nueve días, y con el cual causaron daño patrimonial a la máxima casa de estudios por más de un millón 200 mil pesos.
Sobre ello, en declaraciones telefónicas, Carmona Serrano señaló que esa acción carece de todo fundamento legal, pues se supone que en el país y el mundo, todos los trabajadores tienen derecho a manifestarse, “a expresar su inconformidad y cuando hicimos el paro establecimos con claridad las causas”. Recordó que hubo un acuerdo con la parte patronal y se firmó una minuta con puntos precisos que resolverían, por lo que si hay incumpliendo no es por parte de los maestros.
Añadió que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el patrón tiene 30 días para proceder contra el trabajador por alguna irregularidad, y en su caso ya han pasado cuatro meses, “la única preocupación que ellos tienen es que vienen las elecciones a cambio de director y quieren ver la posibilidad de inhabilitar a alguno de nosotros, que pretenda participar, no hay un fundamento legal, no hay nada”.
Señaló que desconoce a profundidad el documento presentado ante el Consejo Universitario, que nada más conoce una parte de lo que se leyó cuando fue turnado al Tribunal Universitario, y señaló: “En mi caso no tengo ninguna preocupación porque no he cometido ninguna irregularidad, porque lo único que hicimos fue solicitar que a los maestros se les pagara quincenalmente y ya se les está pagando”.
Carmona Serano señaló que el Tribunal Universitario es de nueva creación y desconoce cómo está estructurado, pero que va esperar e insistió en que no hubo ninguna irregularidad, “porque nosotros usamos un derecho que establece la Constitución, de que tenemos derecho a manifestar, a expresar nuestras ideas y es lo único que hicimos”. Indicó que ellos no pararon todos los días que dicen, pues no se debe olvidar que estuvo lo del sismo y las lluvias, “por lo que no son todos esos días que dicen”.
El Consejo de Unidad de la facultad de Contaduría y Administración, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), que encabeza el director Francisco Barrera Villa, solicitó al Consejo Universitario sanciones para los maestros Carlos Armando Morillón y Moisés Carmona Serrano, quienes encabezaron un paro laboral de nueve días, con el cual causaron daño patrimonial a la máxima casa de estudios por más de un millón 200 mil pesos.
La petición de sanciones a los maestros de esa escuela fue presentada el pasado viernes en el Consejo Universitario, que se llevó a cabo en Acapulco, el cual lo turnó al Tribunal Universitario para que haga una investigación y en próxima sesión presente el dictamen, sobre si los profesores son acreedores a una sanción, que podría ser la expulsión, o no.
De acuerdo con lo presentado por el Consejo de Unidad, máximo órgano dentro de la escuela, los maestros con su paro laboral causaron un daño a la universidad por un millón 272 mil 915 pesos.
Según esto, cada día de protesta, fueron nueve días, la universidad perdió más de 141 mil pesos, debido a que se pagó la plantilla a más de cien maestros sin que dieran clases; además, se dejó a más de 4 mil alumnos sin clases.
Como informó El Sur el pasado 13 de septiembre, maestros encabezados por Moisés Carmona Serrano cerraron la facultad de Contaduría y Administración, para pedir la salida de más de 20 docentes interinos, así como transparencia en la entrega de becas a los hijos de trabajadores y el pago de los maestros invitados.
En esa ocasión el ex director de la facultad, Moisés Carmona Serrano, dijo que lo que demandaban los maestros era respeto al contrato colectivo de trabajo y que la comisión mixta paritaria acudiera a la escuela para resolver el problema de la plantilla laboral.
La protesta duró nueve días y concluyó cuando acudió la comisión mixta, conformada por la administración central y del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), a la escuela para atender las demandas.
El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Arcángel Ramírez Perulero, llamó a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a no aplicar descuentos a los maestros que decidan adelantar el periodo vacacional por la inseguridad en el estado y a que resuelva las demandas del magisterio disidente.
Consultado en la manifestación por el aniversario luctuoso de los normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, al respecto de los descuentos salariales que anunció el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero, Ramírez Perulero dijo que los maestros que viven en una situación violenta en el estado, como ocurre en las regiones Montaña baja y Acapulco, no pretenden incumplir con sus labores, si no que son rebasados por las circunstancias, por ello las autoridades no deben aplicar ninguna sanción.
Recordó que luego de la marcha del 6 de diciembre pasado en Acapulco, las autoridades se comprometieron a buscar a la dirigencia estatal de la CETEG para establecer mesas de diálogo; sin embargo, hasta este martes no se dio ningún acercamiento, lo cual es preocupante, pues tampoco se han discutido las demandas del magisterio disidente que se entregaron en mayo de este año, entre las que están la reposición de maestros y la incorporación de los trabajadores del sector al Fondo de Nómina Educativa y el Gasto Operativo (Fone).
Aseguró que la CETEG defenderá los derechos de los trabajadores y llamó a las autoridades a establecer las mesas de diálogo antes del periodo vacacional decembrino.
Con respecto a la lista de los trabajadores que ya fueron incorporados al Fone, que según el subdirector de Pagos de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la SEG, Jesús Manuel Pichardo Aguirre, sería enviada a Ramírez Perulero, el secretario de la CETEG declaró que no ha recibido el oficio, aunque sabe que se amplió la convocatoria del Programa de Estímulo a la Jubilación para este mes, de manera que con las bajas se compense la entrada a la nómina federal de las plazas sin techo presupuestal.
