El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, se comprometió a cumplir “puntualmente” las medidas de protección a familiares y testigo del luchador social de Guerrero (asesinado en 2013), Arturo Hernández Cardona, que otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ofreció que habrá justicia en este caso, dio a conocer la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
En un comunicado informó del encuentro en la mesa de trabajo de la CIDH en las sesiones públicas que se hicieron en Panamá, con representantes del Estado mexicano, la hija del luchador social, Soledad Hernández Mena e integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad. .
La Red informó que el tema fue “el incumplimiento de estas medidas a Hernández Mena, y al testigo, Nicolás Mendoza Villa. Recordaron que las medidas de protección ordenadas por la CIDH para Mendoza Villa le fueron retiradas por las autoridades bajo el argumento de que tanto Mendoza Villa como la hija de Hernández Cardona, tienen como su representante a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)”.
Por lo tanto, los funcionarios señalaron que la comunicación de Segob es directa con CEAV, y la institución fue notificada de todo y estuvo en conformidad con el retiro de guardias, del botón de pánico y despensa mensual de alimentos, pues el testigo, debido a la persecución que sufre, no puede trabajar.
Sin embargo, el abogado de la Red, Rodríguez Cabrera señaló que en septiembre de este mes se entregó a la CIDH una minuta del testigo Nicolás Mendoza Villa donde ratificó que sus únicos representantes a nivel nacional es la Red y a nivel internacional son el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Red. Desautorizaron cualquier representación del CEAV e insistieron en la reasignación de las medidas.
En el caso de la hija de Arturo Hernández, ella misma explicó que no solicitó cambio de representación, y que la Red Solidaria fue, es y será su representante de este caso.
Señalaron que el relator para México, Enrique Gil Botero, opinó que las víctimas no pueden quedar en estado de desprotección y le corresponde al Estado mexicano garantizar la protección a las víctimas.
La Red informó que luego se reunió por separado con Roberto Campa Cifrián quién se comprometió a que se llevaran puntualmente las medidas de protección y habrá justicia para este caso.