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Se unen sindicalizados de Sedatu y el RAN a protesta nacional; exigen mejoras laborales

Trabajadores del Registro Agrario Nacional protestan afuera de sus instalaciones como parte del paro nacional para exigir la revisión de sus contratos Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Registro Agrario Nacional (RAN) de Guerrero, se sumaron ayer a la “huelga de brazos caídos” que desde hace 15 días inició la dirigencia nacional de su sindicato.
Los empleados de las dos dependencias del gobierno federal piden la revisión de las condiciones generales de trabajo que no se ha hecho desde hace seis años.
Después de 15 días de que inició la “huelga de brazos caídos” en las oficinas centrales y en varios estados del país, ayer unos 20 trabajadores se sumaron el movimiento e instalaron un plantón afuera de las oficinas del RAN, en la calle Valerio Trujano en el Zócalo de Chilpancingo.
Otra de las demandas que piden es el incremento salarial que no han recibido, de acuerdo a los trabajadores, desde hace dos años.
Uno de los trabajadores en paro, informó que no participaban en el movimiento para no afectar las actividades de las dependencias, pero que han visto cerrazón de parte de los titulares al no resolver las peticiones de su dirigencia nacional.
Informó que la dirigencia sindical de las oficinas centrales están en asamblea permanente y en “huelga de brazos caídos” desde hace 15 días debido a que desde el 2017 las autoridades de las oficinas centrales, no quieren realizar la revisión de las condiciones generales de trabajo.
Dijo que en el 2020 correspondía nuevamente la revisión y no se hizo, según argumentaron por la pandemia, “pero ya son seis años que llevamos esperando”.
Los trabajadores se instalaron en plantón afuera del RAN después de las nueve de la mañana y se mantuvieron durante el horario laboral.

No apoya la Sedatu a damnificados acusados de invadir el predio que donó

Brenda Escobar

Zihuatanejo

El asesor legal de ocho familias que fueron damnificadas por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, en septiembre del 2013 y que fueron reubicadas en aquél entonces por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en un terreno que denominaron Fraccionamiento Tamarindos, en este municipio, Raúl Fernández Ballesteros, denunció que la dependencia sigue siendo omisa con sus representados a quienes “los está dejando solos en una denuncia que pesa sobre ellos por el delito de despojo”.
Ayer martes, vía telefónica, Fernández Ballesteros manifestó que pese a que se han llevado a cabo los trámites correspondientes para que la Sedatu resuelva la situación por la que pasan estas ocho familias que están siendo demandadas por el dueño del terreno que ocupan desde el 2013, “hasta este momento, nadie, ningún funcionario de la delegación de la Sedatu en Guerrero ha dado la cara ni tampoco han informado qué han resuelto sus superiores”.
Estas ocho familias vivían en el asentamiento irregular Lomas del Valle en este puerto, y en el 2013, el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel los afectó al punto de que se quedaron sin vivienda, por lo que recurrieron al gobierno federal entonces encabezado por Enrique Peña Nieto (PRI).
Funcionarios de la Sedatu les prometieron apoyo de vivienda y que éstas tendrían todos los servicios como son energía eléctrica, alumbrado público, agua potable, drenaje, entre otros, por lo que en octubre del 2017, recibieron las llaves de ocho viviendas que fueron construidas en un predio al que denominaron Playa El Aeropuerto (fraccionamiento Tamarindos), en las inmediaciones de la comunidad conocida como Colonia Aeropuerto, en este mismo municipio y se mudaron a habitarlas.
Sin embargo, a los ocho meses de que llegaron a ese lugar, las familias empezaron a ser hostigadas por el propietario del terreno, quien aseguró que el gobierno federal, a través de la Sedatu, jamás le pagó por su terreno por lo que empezó a exigirles que se lo pagaran o de lo contrario, se salieran; por esa razón, los jefes de familia recurrieron a la delegación de la dependencia federal en Chilpancingo, donde de acuerdo a su asesor legal, “siempre les han dado largas y se echan la bolita unos con otros pero no resuelven”.
El abogado sostuvo que “mientras en la Sedatu se hacen omisos, mis representados están acusados en la carpeta de investigación número 12130570300033110121 por el delito de despojo de bienes inmuebles que presentó en contra de ellos el dueño del terreno y el proceso sigue avanzando, por eso mi llamado es al titular de la Sedatu en el país, Román Meyer Falcón para que intervengan, porque es una injusticia esto que está pasando contra estas familias”.
Dijo que sus representados, “son ocho familias de muy escasos recursos económicos que por sí mismos jamás se hubieran atrevido a ir a invadir o a despojar de su propiedad al dueño del terreno donde la Sedatu construyó las casas que les donaron; es una injusticia que sean ellos los que estén enfrentando una carpeta de investigación y no la propia Sedatu que fue quien en su momento hizo las negociaciones con esa persona para que cediera su predio para reubicar a estas familias”.

Lleva avance de 70% la reconstrucción del Centro Histórico en Iguala: Meyer

Alejandro Guerrero

Iguala

El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, supervisó la reconstrucción del Palacio Municipal, dos plazas y 11 calles del Centro Histórico de Iguala, dijo que lleva un avance del 70 por ciento y que se entregarán las obras a las autoridades locales en enero.
Meyer Falcón y el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda y director de la obra, Ulises Manzano López, hicieron un recorrido y supervisaron los trabajos de rehabilitación la mañana del sábado, de la que el primero difundió en su cuenta personal de Facebook un video de poco más de un minuto de duración para informar los avances.
El secretario federal indicó que supervisaron la reconstrucción del Palacio Municipal, del Zócalo y la explanada del Monumento a la Independencia, así como de 11 calles de esa zona perimetral.
El funcionario dijo que la reparación se hace con inversión federal e implica la rehabilitación completa del Centro Histórico de Iguala, obra que estaría siendo entregada a las autoridades locales entre enero y febrero.
Manzano López explicó que lleva un avance del 70 por ciento la reconstrucción del edificio del Palacio Municipal, que están concluyendo la etapa del colado de lozas que estaría terminado el 15 de diciembre, y posteriormente concluyen los acabados, cancelería y las instalaciones.
Asimismo mencionó que en el zócalo y la plaza de los monumentos también se lleva un avance del 70 por ciento junto con las 11 calles que las rodean, mismas obras que afirmó, estarían concluidas en enero.
En este recorrido de supervisión no estuvo el alcalde priista David Gama Pérez, quien en otros recorridos de supervisión de obra tampoco ha sido convocado por el funcionario del gobierno federal.

Vecinos de zonas inestables en Chilpancingo denuncian que no hay avances para reubicarlos

Luis Blancas

Chilpancingo

Vecinos de 16 colonias que se ubican en el polígono de zonas inestables, al norponiente de la capital, insistieron al gobierno federal, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la presidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez, haya un programa para la reubicación de 280 habitantes afectados por este fenómeno natural.
En conferencia de prensa en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), el presidente del fraccionamiento Nueva Era, Atenogenes Rivera Mermejo se quejó que no hay avances para la reubicación de las personas afectadas, a pesar que han tenido reuniones con autoridades del gobierno estatal, municipal, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil estatal y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Rivera Mermejo señaló que geólogos han acudido a la zona afectada para realizar los estudios de suelo porque elaborarán un Atlás de Riesgo, por lo que consideró que está bien para las personas que no tiene problema en sus viviendas, pero “en el caso de nosotros no nos sirve de nada, lo que queremos es la reubicación” agregó.
Dijo que en las reuniones que han tenido con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, no les han informado una propuesta concreta para resolver sus demandas, porque el problema de la zona inestable sigue avanzando y afectando más casas.
Indicó que los habitantes afectados abandonaron sus casas para proteger su integridad física, se fueron a refugiar con sus familiares y otros a rentar, situación que afecta la economía de los damnificados.
También, solicitó al Fovissste e Infonavit la suspensión de los créditos hipotecarios a los propietarios de las casa afectadas y apoyo a las familias para la reparación de sus viviendas dañadas por este fenómeno natural.
Rivera Mermejo exigió al gobierno federal que ordene a la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio la elaboración de un plan de reubicación de los colonos de zona norponiente y una audiencia con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para resolver sus demandas.
“Estamos exigiendo que se atienda el problema de la reubicación de los habitantes afectados, la respuesta ha sido nula, no hay un programa para atender a los colonos. La Sedatu ha ido a dar sus visitas a la zona afectada pero con las manos vacias”, indicó.
Por su parte el presidente de la colonia Villas Tlalmeca, José de Jesus Victoria Ríos indicó que suman ya 16 colonias afectadas por la zona inestable, la cuales son Villas Tlalmeca, La Era etapa I y II, 21 de Septiembre, Santa Cruz Norte, Tlacaellel, Las Estrellas y San Rafael Norte, Santa Cruz, Casas Geo, Ampliación Doctor Catalán y Ampliación Terraza y 280 viviendas están colapsadas.
A la conferencia de prensa asistió el vecino de la colonia Tlacaelle, Ángel Antonio Santana, de la colonia Ampliación San Rafael, Aniceto Espinobarros Vivar, de la San Rafael Norte Gumaro Guerrero Gómez y la vecina de Villas Tlalmecac Maura Placencia.
Hace 10 días, vecinos de las colonias que se ubican en el polígono de zonas inestables, al norponiente de la capital, se reunieron con autoridades de Sedatu, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil estatal, el gobierno estatal y municipal, y exigieron a la gobernadora y a la alcaldesa que aceleren los procedimientos para la reubicación de unas 284 familias afectadas.
El 15 de febrero pasado en la décima sesión extraordinaria, el Cabildo de Chilpancingo aprobó por unanimidad un dictamen en la delimitación del polígono de zonas inestables que afecta a unas 12 colonias de la capital, para buscar apoyo del gobierno federal y estatal para reubicar y apoyar a la población afectada.

Toman la Sedatu en la capital damnificados de Papagayo para que terminen de construir sus casas

Damnificados de las tormentas Manuel e Ingrid de la comunidad de Papagayo, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), tomaron la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en Chilpancingo, para exigir la entrega de las ocho casas faltantes en la reconstrucción.
A las 8:45 de la mañana, unos 30 inconformes cerraron las instalaciones, portando pancartas en las que se leían sus exigencias, como medida de presión para que las autoridades solucionen el problema.
Los manifestantes informaron que se cumplirán cinco años de que salieron afectados y ocho familias aún no tienen sus casas. Indicaron que ante la falta de solución tuvieron que regresar a sus viviendas, pese a los riesgos que presentan.
En el lugar, el comisario del Papagayo Pantaleón Mesino Flores dijo que tomaron la Sedatu para que las autoridades solucionen el problema de sus viviendas, “ya casi se cumplen cinco años de Manuel e Ingrid, y las autoridades no han solucionado totalmente”.
Precisó que en total son 34 damnificados, y falta construir las casas de ocho, el resto está en obra negra, hacen falta muebles de baño, electricidad y servicios públicos.
Mesino Flores dijo que, ante la falta de apoyo de las autoridades estatales y federales, las ocho familias tuvieron que regresar a la zona de alto riesgo y construyeron casas de lámina porque son de escasos recursos económicos.
Aseguró que cuando la Sedatu les entregue las casas a las ocho familias faltantes desalojarán la zona de alto riesgo, pero que también las autoridades se comprometan a terminarlas en su totalidad.
Al lugar acudió la encargada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez, acompañada de trabajadores de una de las dos empresas que construyeron las casas en el Papagayo.
La delegada les aseguró a los manifestantes que la empresa se comprometió a comenzar la construcción de las cinco casas que a ellos les hace falta a partir de este martes, y que si no cumplía procedería legalmente.
Sobre el resto de las casas a las que les faltan baños, electricidad y servicios públicos, además de las otras tres faltantes, se comprometió a solicitarlas a la oficialía mayor de la Sedatu, pero que tenían que liberar las instalaciones para comenzar a hacer los trámites.
Los damnificados no aceptaron porque están “cansados de promesas” y no les dan solución a sus demandas, dijeron, y se quedaron en el edificio, mientras que la delegada comenzó a hacer las gestiones vía telefónica.
Alma Aurora Jiménez indicó que “es un problema muy antiguo que traemos con ellos (los damnificados)”, dijo que la oficialía mayor de la Sedatu se comprometió a construir y concluir las viviendas que no se han terminado, “estamos esperando que nos den respuesta”, apuntó.
Dijo que llevan seis meses insistiendo en que los trabajos de la construcción están parados, para que se reanuden, y hace tres meses le aseguraron que reanudarían, pero incumplieron.
Además, hay otras cinco viviendas que tiene que ejecutar un constructor local, “que también ya sabe que si mañana (hoy) no inicia con los trabajos será denunciado legalmente”.
A las 4 de la tarde, los inconformes se retiraron del lugar luego de acordar con la encargada de Sedatu que la construcción de las cinco casas comenzará hoy, y que iniciarán el próximo lunes la instalación de los servicios que hacen falta. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

Comienza la demolición de 32 viviendas de El Mirador construidas en zona de riesgo en la capital

Este lunes comenzó la demolición de 32 departamentos de la manzana 2B del fraccionamiento El Mirador, construido para familias damnificadas de las tormentas Ingrid y Manuel en 2013.
Las 32 viviendas demolidas fueron construidas por una empresa contratada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y los habitantes sólo las usaron del 23 diciembre de 2015 al 5 de enero de 2016, porque tenían cuarteaduras y fisuras, y fueron declaradas inhabitables por riesgo de colapso.
A las 12:47 del día comenzó la demolición, la zona no se acordonó ni se colocó protección, tampoco se habilitó el refugio temporal para las familias que están en la manzana 1B, como prometieron la encargada de la delegación de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez; el secretario de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; y el secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos.
Niños, adultos mayores, mujeres, hombres y adolescentes, desde los balcones de sus casas, de la calle y desde el transporte público miraban con asombro la demolición, que esperaban desde 2017.
“Ya era hora que los demolieran, no podíamos ni dormir porque pensábamos que los edificios se nos vendrían encima”, decía el integrante de una familia de la manzana 1B.
En el lugar también había personal de la Procuraduría General de la República (PGR), porque las empresas constructoras están demandabas ya que entregaron las casas de mala calidad y se negaron a demolerlas, de lo que se encargó la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG).
La PGR acudió al fraccionamiento para recabar información de las casas y tomar fotografías para continuar las investigaciones de la demanda que enfrenta la empresa que ejecutó mal las obras.
El ex delegado, José Manuel Armenta Tello, en reiteradas ocasiones declaró que la responsabilidad es de la empresa Casaflex, que hizo la obra, y que enfrentaba una demanda en la PGR, para que asuma su responsabilidad de la demolición del edificio y el arreglo de las viviendas que tienen fisuras, cuarteaduras y filtraciones.
Sin embargo, debido al proceso, que es largo, los funcionarios estatales y federales asumieron la responsabilidad de demoler las viviendas, que representan un riesgo para las familias que habitan los departamentos aledaños.
A las 12:47 de la tarde comenzó la demolición, la zona no fue acordonada, tampoco se habilitó el refugio temporal donde estarían las familias mientras se hacen los trabajos de demolición, para que no estuvieran dentro de sus viviendas y evitar algún percance.
Sin embargo, la Secretaría de Protección Civil estatal no estuvo cuando se iniciaron los trabajos pese a que, de acuerdo con los encargados de la demolición, les avisaron desde el viernes que iniciarían este lunes.
Los vecinos de la manzana 1B preocupados porque los trabajos habían iniciado sin la protección, llamaron al director de Protección Civil estatal para que acudiera a la zona; una hora después llegaron los socorristas a acordonar el área y comenzaron la construcción del refugio temporal, en el puente del fraccionamiento.
En el lugar, el representante de El Mirador, Noé Guzmán Barragán dijo que “estamos preocupados porque Protección Civil estatal no se ha acercado para brindar la seguridad”.
Recriminó que las autoridades estatales y federales se comprometieron a proporcionarles toldos para que las familias de la manzana 1B estuvieran refugiadas en el transcurso del día, mientras ocurría la demolición, pero no se instalaron a tiempo.
Guzmán Barragán manifestó que, en total son 40 familias que habitan en la manzana 1B, quienes estaban preocupadas que la manzana 2B fuera a colapsar ya que los trabajos se prolongaron.
Cuando inició la demolición de la primera casa, en la calle donde estaban la mayoría de los vecinos, se sentía el movimiento del suelo; en las viviendas de la manzana 1B y 3B las ventanas vibraban a causa de la demolición, ya que la zona es inestable.
De acuerdo con autoridades de la Sedatu, cada casa estaba valuada en unos 120 mil pesos, es decir que las 32 costaron más de 3 millones 840 mil pesos.
El espacio donde se demuelen las viviendas será un parque, porque la zona es inhabitable.
“Mira mamá la maquina tiro rápida la casa, es decir que así están de frágiles todas”, cuestionó un niño a su madre, mientras los demás damnificados continuaban gravando video y tomando fotografías.

Se compromete la Sedatu a construir tras la elección casas para damnificados de Papagayo, informan

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se comprometió con damnificados de Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorado), a comenzar la reconstrucción de ocho viviendas después de las elecciones, pero, a partir de enero, les ha dado dos fechas para reiniciar y no ha cumplido.
Los damnificados de Papagayo cumplirán cinco años sin poder mudarse al fraccionamiento donde sólo hay algunas viviendas construidas para reubicarlos, además de que no tiene servicios públicos; los damnificados han rechazado las viviendas, alegando que necesitan todas y con los servicios completos.
Los damnificados necesitan 34 viviendas, pero sólo se han construido 26, es decir que faltan ocho casas.
En una llamada a la redacción, el comisario Pantaleón Mesino manifestó que funcionarios de la Sedatu fueron a delimitar el terreno y hacer la documentación legal del sitio.
Agregó que les dijeron que esperaran a que pasen las elecciones, cuando iniciarán la edificación de las ocho viviendas que faltan.
Sin embargo, dado que no es la primera vez que les dan una fecha para iniciar la reconstrucción, advirtió que los damnificados acordaron que si vuelven a incumplir van a protestar, porque es la única forma que les hacen caso.
Indicó que estarán pendientes y continuarán viviendo en las casas dañados en septiembre el 2013, porque no les queda otra opción.

Fraccionamiento “desafortunado”

Recientemente, la encargada de despacho de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez dijo que la construcción de las casas de la comunidad de Papagayo era un asunto desafortunado, porque fue una empresa que trajeron de la Ciudad de México y dejó los trabajos abandonados.
Además, la empresa hace unos meses inició los trabajos, pero no están concluidos, ni tampoco los servicios, por lo que la Sedatu procedería legalmente.
En Papagayo, una empresa contratada por la Sedatu construyó un fraccionamiento con casas sobre pilotes de madera, que luego fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque estaban en un terreno inestable y no apto para vivir; luego, un incendio consumió 25 de las 29 casas construidas, por lo que se cambió de terreno.
En enero, los damnificados tomaron la delegación federal, donde les prometieron que irían a la localidad para acordar la fecha de inicio de los trabajos, el 20 de enero, pero no cumplieron.
Luego, funcionarios de la dependencia que fueron al terreno donde los reubicarían, les dijeron que el 21 de mayo iniciarían la construcción de las viviendas, pero volvieron a incumplir.
Posteriormente, a los damnificados les dijeron que no había dinero para reiniciar los trabajos y que esperarían a recibir recursos. (Beatriz García / Chilpancingo).

Aplazan para el viernes la demolición de una manzana inhabilitada en El Mirador

Damnificados del 2013 de las tormentas Ingrid y Manuel que fueron reubicados en El Mirador se reunieron con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Protección Civil estatal y de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), para determinar las medidas de precaución que van a tomar, pues a más tardar el viernes llega la maquinaria que demolerá una manzana del lugar que es inhabitable por riesgo de colapso.
El lunes, la encargada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez; el secretarito de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mario Moreno Arcos, también se reunieron con los habitantes de la manzana 1B, quienes se encuentran enfrente de un edificio que se prohibió que se habitara porque está latente el riesgo de colapsarse, donde hay 32 departamentos.
Ese día se anunció que la demolición comenzaría este martes, pero no fue así. En la reunión de ayer, la encargada de Sedatu, personal de CICAEG y de Protección Civil precisaron que será hasta el jueves o viernes cuando comience a llegar la maquinaria que demolerá los edificios.
El Mirador está a las afueras de la capital, a un lado de la Autopista del Sol hacia Acapulco, ahí viven familias damnificadas en septiembre de 2013 por las tormentas tropicales Manuel e Ingrid.
En declaraciones, el ex delegado José Manuel Armenta Tello, en reiteradas ocasiones declaró que la responsabilidad es de la empresa Casaflex, que hizo la obra, y que enfrentaba una demanda en la PGR para que asuma su responsabilidad de la demolición del edificio y el arreglo de las viviendas que tienen fisuras, cuarteaduras y filtraciones.
Sin embargo, debido al proceso que es largo, los funcionarios estatales y federales asumieron la responsabilidad de demoler las viviendas, que representan un riesgo para las familias que habitan en los departamentos aledaños.
El espacio donde se demolerán las viviendas será un parque.
Los funcionarios se reunieron en la casa de salud que habilitaron los vecinos junto con una médica, y ahí decidieron hacer un recorrido por la manzana 2B que es la que será demolida, para determinar el procedimiento que llevará este hecho.
El edificio 2B ha sido vandalizado debido a que no está habitado, las paredes están ralladas con aerosol, los vidrios de las ventanas están quebrados, también ha sido utilizado como basurero y como baño, por lo que tiene un olor pestilente. También se robaron parte de las instalaciones, como fregaderos y tazas de baño. La mayoría de los departamentos están abiertos.
Al término del recorrido, nuevamente se reunieron en la casa de salud, donde los funcionarios informaron a los vecinos.
El representante de la CICAEG, Diego Alvarado Castro, expuso que se tiene que poner protección a los vecinos cercanos a la manzana a demoler para prevenir afectaciones; también se hará una rampa para llevar el equipo que necesitará, porque es un trabajo laborioso.
Todo el procedimiento tardará de 15 a 20 días, a partir de que la maquinaria esté en el lugar, que será, a más tardar, el viernes.
Los vecinos solicitaron desensamblar un departamento completo para hacer una capilla, pero les dijeron que no se puede porque son pesadas, ya están fracturadas y son ensamblados. Por ello, los vecinos decidieron que les dejaran escombro para ponerlo en el camino.
Por su parte, el representante de Protección Civil estatal, Rafael Durán, aclaró que es estimado el tiempo de 15 a 20 días para hacer los trabajos, pero puede haber complicaciones y tardar un poco.
“El proceso de demolición no lo hace la empresa que construye, entonces ellos se van a encontrar con puntos ciegos que no conocen y eso puede llevar un poco más de tiempo”, por lo que les pidieron que fueran pacientes, indicó.
La información que les dieron a los vecinos es que el procedimiento para que se salgan de sus casas y se instalen en las carpas que se colocarán, va a ser desde la hora que se comience con los trabajos hasta la hora que se termine, con el fin de prevenir un accidente.
Durante las horas de demolición, las familias deberán permanecer en las carpas, y una vez que terminen el día, Protección Civil hará una revisión rápida para ver el estado en el que se encuentran las viviendas, y entonces les indicarán que pueden entrar a sus casas.
En consulta, la encargada de Sedatu indicó que el curso de las investigaciones en la PGR contra la empresa constructora continúa, pero no se pudieron esperar los resultados porque pueden pasar tres años y no debe continuar el edificio ahí.
Sin embargo para reparar el resto de viviendas habitadas pero que también presentan daños, dijo que ahí si se tendrán que esperar los resultados de las investigaciones, pues serán las empresas las que hagan la reparación de daños.
Además, aseguró que las viviendas que se van a demoler no estaban asignadas a ningún damnificado, y tampoco hay damnificados de Ingrid y Manuel en espera.
Comunicó que ya no hay ningún predio de reconstrucción clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En el fraccionamiento se construyeron 598 viviendas, pero 32 de ellas son inhabitables. A los vecinos les entregaron la llave de su casa el 23 diciembre de 2015 pero la usaron sólo hasta el 5 de enero de 2016, y desde que las habitaron denunciaron que tienen cuarteaduras y fisuras que provocan humedades y filtraciones.

Hoy comienza la demolición de 32 casas que no están habitadas en El Mirador

Hoy inician los trabajos de demolición de 32 viviendas inservibles en el fraccionamiento Nuevo Mirador, que pagará el gobierno estatal, porque la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no tiene presupuesto; las familias se reubicarán ahí mismo para evitar que delincuentes roben sus pertenencias.
Este lunes, en el fraccionamiento El Mirador, en una reunión de damnificados por las tormentas Manuel e Ingrid, con autoridades federales y estatales acordaron que hoy iniciarán la demolición de 32 casas inservibles que no estaban habitadas de la manzana 2B, que tenían que haber sido demolidas en marzo de 2017.
En la reunión estuvieron la encargada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez; el secretarito de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mario Moreno Arcos, y colonos que serán reubicados en un refugio temporal.
Ahí, los funcionarios les informaron a los colonos que serían reubicados mientras se inicia la demolición, pero los damnificados pidieron carpas en el fraccionamiento para estar mientras terminan con los trabajos.
Los colonos dijeron que no pueden irse a algún albergue debido a que en el fraccionamiento no hay seguridad, y temen que los delincuentes roben sus muebles y electrodomésticos.
Los funcionarios manifestaron que no podían comprometerse a proporcionarles láminas y madera, porque no contaban con presupuesto, pero que verían la manera de que alguna dependencia les prestara toldos de plástico.
El secretario de Protección Civil estatal explicó que continuará el procedimiento para la demolición de las viviendas y las acciones preventivas para garantizar la seguridad de las personas por medio de los mecanismos de la demolición.
“Es algo preventivo que se hará en la zona, garantizar la seguridad y evitar que las personas se acerquen al lugar de la demolición para que no se provoque algún accidente”, indicó el funcionario, y detalló que cuando se terminen los trabajos se tomará alguna decisión para ver si se construye en el lugar o no, “con la demolición podemos determinar con los estudios necesarios qué acciones de mitigación se realizarán para ocupar el espacio”.
Por su parte, Mario Moreno dijo que, “la idea es que sientan el apoyo del gobierno estatal, los toldos que pueda conseguir se los haré llegar a Mayares Salvador para que los habiliten”.
La encargada de Sedatu manifestó que las familias serán trasladadas de manera momentánea a alguna zona del fraccionamiento por unas horas, en lo que se trabaja en la demolición de las 32 viviendas.
Informó que en el fraccionamiento serán demolidas las casas, y ya no se construirán más, sólo se dejará la protección para que el resto de las viviendas queden bien.
Alma Aurora Jiménez dijo que en las 32 viviendas no habitaban damnificados porque sabían que estaban mal construidas, y las personas que estarán en protección son las que están cerca de la zona, para que no ocurra algún percance.
Informó que la delegación no cuenta con dinero para hacer la demolición, por lo que el gobierno estatal los apoyará; la Sedatu realiza una gestión a nivel central para ver si les otorgan más de 2 millones 800 mil pesos que cuesta el trabajo.
En cuanto al puente que está en el fraccionamiento, dijo que está concluido por parte de la Sedatu, pero el problema por el que no ha avanzado es que el municipio no ha llegado a un acuerdo con el propietario del terreno, por lo que los damnificados aún no pueden salir.

No se entregará al 100 por ciento las casas a los damnificados de Ingrid y Manuel

La encargada informó que el reto es concluir la construcción de las casas en noviembre, consideró que, “estaremos en el 95 por ciento, porque será imposible cerrarla al 100 por ciento por las empresas que dejaron trabajos a medias”, e indicó que actualmente se tiene el 85 por ciento de la construcción.
Alma Aurora Jiménez dijo que la construcción de las casas de la comunidad El Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) es un asunto “desafortunado”, porque fue una empresa que trajeron de México y dejó los trabajos abandonados, “ha sido una problemática para que reactivaran”.
Informó que la empresa hace unos meses inició con los trabajos, se construyeron 26 de las 29 viviendas que hacían falta, pero no están concluidas ni tampoco los servicios, por lo que la Sedatu procederá legalmente.
Destacó que en oficinas centrales de la Ciudad de México están haciendo trabajos extraordinarios para tener recursos económicos y concluir las viviendas que las empresas foráneas abandonaron.
Precisó que las empresas abandonaron la construcción de las casas en municipios de la Montaña, Chilpancingo y Acapulco.
La detención de las obras se debe a que son empresas que no cumplen, “son empresarios que no son de Guerrero y no tienen idea de lo que cuesta trabajar en el estado”. Además de que, a cuatro años el costo de la vivienda no es el mismo, y muchos “salen corriendo”, pero se llevan un problema legal.
Manifestó que hay comunidades, principalmente de Chilpancingo que se quedaron fuera de un censo, como fue el caso de San Vicente, y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no resuelve. Indicó que han buscado la solución a través de otros programas, pero tiene que a ver una participación del municipio o del estado.
La encargada de Sedatu dijo que a los presidentes municipales les toca atender los servicios públicos de las casas de los damnificados, pero en algunas ocasiones no tienen el dinero para otorgárselos.
Ejemplificó con el caso de Leonardo Bravo, donde los alcaldes no tienen dinero para acercar los servicios, “se entregaran las casas pero tal vez no tendrán servicios”, concluyó.

No reanuda la Sedatu las obras de 8 casas para damnificados en El Papagayo, dicen

El comisario de Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Pantaleón Mesino informó que la construcción de las casas para damnificados de 2013 está parada, y que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), les prometió que el lunes de la semana pasada reanudarían labores, pero esperaron toda la semana y nadie acudió.
En enero, luego de una protesta en la Sedatu, a los damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel les prometieron que comenzaría la reconstrucción de ocho viviendas que faltan por hacer, pero no se cumplió.
En consulta telefónica, el comisario contó que se comunicó telefónicamente con la ahora encargada de la dependencia federal, Alma Aurora Jiménez, quien le afirmó que el lunes de la semana pasada acudirían trabajadores para reiniciar los trabajos, sin embargo fue a ver pero no llegó nadie y así el resto de la semana.
Agregó que se comunicaría nuevamente a Sedatu para saber qué sucedió con los trabajos de la obra.
Anteriormente, el comisario declaró que, aunque ya se construyeron 26 viviendas ninguna cuenta con servicios, por lo que los vecinos no han querido recibirlas.
Al principio, en El Papagayo, una empresa contratada por la Sedatu construyó un fraccionamiento con casas sobre pilotes de madera que fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque estaban en un terreno inestable y no apto para vivir, y un incendio consumió 25 de 29 casas construidas, por lo que se cambió de terreno. (Beatriz García / Chilpancingo).