Unos 50 vecinos de El Mirador, miembros de la Coordinadora de Colonias y Comunidades Afectadas por el Río Huacapa y sus Afluentes (Cocoarha), acudieron a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para reunirse con el delegado José Manuel Armenta Tello y solicitar garantías de seguridad en sus hogares, ya que al menos 130 viviendas están “invadidas” por desconocidos.
Los vecinos acudieron a las 11 de la mañana a las oficinas de la Sedatu para reunirse con el delegado Armenta Tello y el encargado de la Dirección Jurídica de la dependencia, Moisés Ávila Roman, donde hablaron de la seguridad en las viviendas del predio ubicado a un costado de la Autopista del Sol, al sur de Chilpancingo.
Consultado al término de la reunión, que duró 30 minutos, el dirigente de la Cocoarha, Gumaro Guerrero Gómez, dijo que las familias vivieron “días de incertidumbre” por el temor a ser desalojados por las familias que habitan de manera irregular en el terreno.
Precisó que el delegado Armenta Tello les indicó que las familias beneficiadas que firmaron su comodato o préstamo de uso, y que recibieron llaves de la dependencia federal, no tienen porqué temer un desalojo.
Indicó que la invasión de sus hogares les preocupaba, y temían ser desalojados y despojados de sus viviendas por todos los rumores de los últimos días.
Dijo que también hablaron sobre la firma del comodato firmado el 23 de diciembre, con vigencia de dos meses, “aunque el delegado (Armenta Tello) nos indicó que entregaremos un paquete de datos para que el comodato sea rectificado, y legalmente sigamos siendo legítimos posesionarios”.
Remarcó que en los próximos días harán un nuevo pliego petitorio todos los habitantes de El Mirador, que será entregado al Ayuntamiento capitalino y a la Sedatu, para pedir servicios de electricidad y agua potable, además de una cancha de futbol, un centro de salud, vigilancia y escuelas.
Por su parte, José Manuel Armenta Tello remarcó que la semana pasada se reunió con el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, quien solicitó al delegado presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra las familias irregulares que actualmente habitan el predio, quienes tenían antecedentes previos por destrozos a las viviendas y de comercializarlas de forma ilícita.
Insistió en que estas familias no cuentan con un reconocimiento legal de la Sedatu y del municipio, “es gente que, de manera arbitraria se ha instalado en las viviendas rompiendo vidrios y abriendo chapas de manera ilegal”, expuso.
Dijo que ha solicitado al gobierno estatal y municipal reestablecer el derecho igualitario, y es necesaria una intervención para que las viviendas sean desocupadas y entregadas a los verdaderos beneficiados.
Remarcó que la denuncia fue entregada en la PGR el 8 de febrero y ratificada el 11 del mismo mes, y que esperan que el gobierno los apoye, ya que es indispensable que acuda fuerza pública a desalojarlos.
Armenta Tello expuso que el suministro de electricidad para el fraccionamiento fue un compromiso del Ayuntamiento y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quienes planean la construcción de un nuevo circuito eléctrico que abastezca las 598 viviendas del predio; mientras que en 10 días regresará la constructora a terminar los trabajos inconclusos.