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La universalización va encaminada a privatizar el sector salud, alerta en Acapulco un especialista de la UNAM

Jacob Morales Antonio

El integrante del Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Antonio Vital Galicia alertó a médicos y enfermeras de los sistemas de salud en el estado, que la universalidad va encaminada a la privatización de los servicios y pone en riesgo la soberanía sanitaria.
Ayer por la tarde, el académico e investigador se reunió con 100 trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y de la Secretaría de Salud, en el auditorio de la Unidad Académica de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG).
Ahí, explicó en qué consiste la universalidad de los servicios de salud y la pretensión del gobierno de modificar el artículo cuarto constitucional, que garantiza el acceso a la salud de los habitantes del país.
El también integrante de la Alianza de los Trabajadores de la Salud y empleados Públicos, sostuvo que la universalización promueve la privatización de los servicios que deben dar las instituciones públicas del Estado, en las que se tiene que invertir, y no “subrogar” los servicios de salud como se está haciendo.
“Es totalmente falso que esté dirigida a la atención de todos los mexicanos (la universalización)”, dijo, y criticó el recorte del presupuesto al sector salud, que hizo la Secretaría de Hacienda, de 8 mil 500 millones de pesos, “que equivale al 300 por ciento del gasto en salud en Guerrero. Es una contradicción que digan que se va a tener acceso al servicio de salud, cuando se recorta el presupuesto”.
Criticó que el secretario de Salud federal dijo que no se privatizará el servicio de salud, “sin embargo se está subrogando y concesionando el servicio público al sector privado”, como los laboratorios, ambulancias, y tratamientos a diabéticos y pacientes con insuficiencia renal, entre otras enfermedades.
Propuso que, para una verdadera universalización de la salud de los mexicanos, se cubra el rezago en el personal de salud, que requiere 50 mil plazas de médicos especialistas y enfermeras; y transparentar la creación de 22 mil 600 plazas en la Secretaría de Salud, y 10 mil en el ISSSTE, “no podemos hablar de un mejoramiento del servicio si falta personal”.
Además, es necesario que haya medicamentos, material y equipo, “la tendencia que está teniendo el gobierno (es que) al mismo tiempo de que se aumenta la cobertura en el Seguro Social, se subrogan los servicios de los laboratorios al sector privado” y se eliminan servicios como los análisis bacteriológicos y virales en el sector salud, y son canalizados a laboratorios privados que tardan hasta una semana en tener los resultados, cuando en el sector público era de tres días.
Otro impacto de la universalización es que se les cobrará más por el servicio a los derechohabientes; también destacó la precarización del empleo; ejemplifico que con el salario de un trabajador de la Secretaría de Salud en el estado, son contratados dos o hasta tres empleados en el Seguro Popular, y que no tienen prestaciones sociales.
Vital Galicia, informó que se está pidiendo a la Secretaría de Salud federal la basificación de 62 mil puestos en el país y la creación de 22 mil 600 puestos de trabajo, además de que las plazas se creen conforme lo requiera el sector.
El investigador destacó que la universalización de la salud y la transferencia de atenciones al sector privado, ponen en riesgo la soberanía sanitaria, “el hecho de que se transfieran al sector privado los servicios de salud, tiene su riesgo en que la salud de los mexicanos va a depender del mercado y de la empresa privada”.
Criticó que el gobierno no esté interesado en invertir en infraestructura en salud, para crear laboratorios nacionales donde se produzcan medicamentos y vacunas, que generaría un ahorro en la compra a empresas transnacionales, “esta universalización está dirigida a meter el derecho a la salud y a la vida al mercado”.
Dijo que el año pasado se invirtieron 55 mil millones de pesos para comprar medicamentos, “cuando el Estado mexicano podría producirlos con 10 mil millones, el resto pudo ser ocupado para crear plazas”,  y llamó a acabar con la corrupción, porque para este año hay un presupuesto de 260 mil millones, “pero no hay transparencia”, insistió.

Se reunirán el rector y el gobernador para buscar que Hacienda considere aplicar ISR a prestaciones

 

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán dijo que se reunirá con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, el próximo miércoles para que haya una “consideración en Hacienda” contra la aplicación del ISR a las prestaciones de los 5 mil 500 trabajadores de la institución.
En declaraciones después de encabezar la ceremonia de clausura de cursos de la maestría en Administración generación 2013-2015 que lleva su nombre, el rector comentó que, “no se pude uno sustraer de una obligación que tenemos todos los contribuyentes, pero buscamos que el impacto sea el mínimo, que las prestaciones gravables se puedan modificar, y es algo que estamos viendo con los sindicatos”.
Comentó que comenzarán a retener el ISR a los trabajadores después de la reunión con Astudillo Flores.
Cuando se le preguntó si la institución pagará la diferencia de impuestos que no se descuente a los trabajadores, respondió que, “el año pasado juntamos un déficit de 115 millones de pesos y ahora son prácticamente dos meses que no pagamos, son cerca de 20 millones de pesos. Se va endeudando la Universidad, con el riesgo de que Hacienda nos cobre y decida no liberar los recursos”.
Expuso que buscan ser conscientes, pues la Secretaría de Hacienda podría retener el subsidio. “Estamos corriendo un riesgo y estoy buscando alternativas para que vayamos en conjunto con los sindicatos”.
“Por eso vamos a esperar a reunirnos con el gobernador y buscar una reunión en hacienda en la Ciudad de México para poder sacar un buen acuerdo y se afecte en lo más mínimo a los trabajadores”, insistió Saldaña Almazán.
Comentó que la opción de pago de impuestos que propondrá es similar a la que aplican en los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, “algunas prestaciones se cambiaron en el contrato para que no fueran gravables, pero tenemos que llegar a un acuerdo, esta obligación fue aprobada por el gobierno de la República, el Senado, nuestro Congreso del estado, y es lamentable que con la caída del precio del petróleo y el alza al dólar se quieran tomar impuestos de los trabajadores”.
Anotó que buscará asesoría de expertos en hacienda y finanzas para que la afectación sea mínima.
Mencionó que el presupuesto de la UAG este año es de mil 721 millones de pesos y el 95 por ciento, es decir mil 645 millones, son para el pago de la nómina.
Advirtió que este año no se echará a andar ninguna carrera pues con la apertura de 13 licenciaturas y 15 posgrados, además de la universidad virtual, con 29 nuevos programas educativos, aumentó también el número de trabajadores, aunque no detalló cuántos más.
De la maestría en Administración de la Unidad Académica de Estudios de Posgrado que dirige la doctora María Xóchitl Astudillo Miller, egresaron 24 alumnos. En el acto de clausura, los egresados entregaron un reconocimiento al rector, Javier Saldaña y ellos recibieron una medalla dorada que el rector les obsequió.

Denuncian grupos de La Montaña despidos en la radio el desmantelamiento de la Cdi

Organizaciones sociales de la Montaña se declararon contra lo que llamaron la política de desmantelamiento, regresiva, asistencialista y clientelar de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi).
El planteamiento está dirigido al presidente de la República, a la titular de la Cdi, a los diputados federales, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y al Consejo nacional para Prevenir la Discriminación.
Las organizaciones Red de Mujeres Jóvenes Indígenas y Afromexicanas de Guerrero (Remjina), la Red Macuilxóchitl de La Montaña, que forma parte del Consejo Asesor Consultivo de ONU-Mujeres México, Mujeres de Tlapa y la Mujer y la Esperanza, entre otras organizaciones que son parte de redes regionales y nacionales, mostraron preocupación por el papel que la Cdi ha tomado hacia los pueblos indígenas y, en particular, hacia las mujeres indígenas.
Denunciaron que hay desinterés y falta de compromiso para impulsar el desarrollo, y que la dependencia federal sigue limitada presupuestal y programáticamente, reproduciendo el trato discriminador, excluyente y racista, porque no hay políticas ni presupuestos destinados estratégicamente al empoderamiento de las mujeres indígenas para que dejen de ser víctimas de violencia y discriminación.
Les preocupa que con el plan de austeridad del gobierno federal se reduzca el presupuesto destinado a indígenas, que afecta a las mujeres, así como los avances en materia de género, limitando con ello el ejercicio de los derechos políticos, económicos sociales y culturales.
Demandaron un alto al desmantelamiento de los medios indígenas, comunitarios y los que forman parte del Sistema Nacional de Radiodifusoras Indigenistas, de los que en los últimos días hay despido injustificado a trabajadores eventuales y de confianza de la Cdi, con el argumento de que son instrucciones de las oficinas centrales, y a quienes presionaron para firmar su renuncia con la amenaza de devolver sus liquidaciones a la Secretaría de Hacienda.