Indígenas del Frente Popular de la Montaña ((FPM) continuaron ayer con sus protestas en diferentes dependencias pidiendo respuestas a sus peticiones y el dirigente de la agrupación, Pablo Abad Díaz dijo que desconocieron como interlocutor al director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros por la actitud prepotente que tuvo con ellos en la reunión del lunes.
Indicó Abad Díaz que ante la postura del funcionario decidieron gestionar directamente en las instituciones sus solicitudes para la construcción de redes de agua potable, drenaje, pavimentación de carreteras, escuelas, centros de salud así como la asignación de maestros y médicos.
El contingente de autoridades comunitarias, delegados y representantes de los pueblos me’phaa y tun’savi de la Montaña llegaron en caravana a Chilpancingo el lunes pasado y pretendían instalarse en plantón en las escalinatas del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado pero policías antimotines impidieron su protesta.
Ayer el dirigente del FPM, Pablo Abad Díaz informó que el lunes retiraron el bloqueo a los dos carriles del bulevar río Huacapa frente al Recinto del Ejecutivo después de que fueron recibidos en una mesa de diálogo en la Secretaría General de Gobierno, pero denunció que no hubo acuerdos y que este martes decidieron continuar con su movilización.
“Nos reunimos a las 6 de la tarde (del lunes) con el director de Gobernación, (Francisco Rodríguez Cisneros) y la verdad lamentamos la actitud arrogante, de prepotencia del funcionario; nos regañó como a sus hijos, nos dijo que estábamos mal en nuestra lucha que hacíamos, que no era la correcta porque siempre utilizábamos la presión y que por eso la condición de él era: No bloqueos y no marchas a condición de que se apresuraran las mesas de diálogo”, declaró Abad Díaz.
Aseguró que Rodríguez Cisneros les advirtió que si mantenían sus protestas el gobierno estatal actuaría “para quitarnos de donde nos instaláramos”.
Abad Díaz destacó que ante esa postura del funcionario ayer decidieron desconocerlo como interlocutor así como al enlace que nombró con el FPM.
Informó que la noche del lunes decidieron pernoctar en las instalaciones de la Unidad Deportiva de Chilpancingo (Crea) y a partir de las 8 de la mañana de ayer volvieron a protestar y contó que primero lo hicieron afuera de las instalaciones de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) en donde exigieron la construcción de las carreteras en varios municipios de la Montaña.
También se manifestaron en el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) en donde pidieron la construcción de escuelas y aulas que les hacen falta en esa región.
Abad Díaz denunció que un representante de Rodríguez Cisneros llegó a una reunión que tenían en la Secretaría del Bienestar y trató de romper la mesa de diálogo, pero dijo que las autoridades comunitarias le aclararon que no tenía facultad para intervenir en ese encuentro debido a que tras la reunión del lunes en la tarde en el Recito del Ejecutivo los desconocieron como interlocutores.
Dijo que el enviado de Rodríguez Cisneros también intentó intervenir en las reuniones con funcionarios de la CICAEG y del IGIFE, pero que los comisarios rechazaron la intervención de la Secretaría General de Gobierno.
Explicó que prefieren iniciar “de cero”, a tener que volver a pedir la intervención y mediación de la Secretaría porque hasta el lunes “sólo había servido para boicotear sus gestiones para la solución de sus demandas”.
El diputado local por Morena, Jacinto González Varona, informó que se necesita ajustar el sistema electrónico del Registro Civil y revisar de manera cuidadosa la ley secundaria, antes de poder hacer efectivos los matrimonios igualitarios en Guerrero, legales a partir de la reforma Código Civil publicada en el Periódico Oficial el 30 de diciembre de 2022.
En consulta telefónica, informó que la semana anterior se realizó una reunión con autoridades de la Secretaría General de Gobierno, del Registro Civil, integrantes colectivos de comunidades LGTB, y en su representación, la secretaria técnica de su equipo de trabajo, para revisar precisamente lo que se tiene que ajustar, para que se puedan llegar a cabo los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Adelantó que pronto se tendrá lista la iniciativa de reforma a la ley de Registro Civil, y esperan que sea aprobada antes del plazo de 180 días hábiles, que se estableció para garantizar la viabilidad de las reformas al Código Civil sobre matrimonios y concubinatos igualitarios.
Con dicha reforma, se eliminó el concepto de hombre y mujer como pareja, para maximizar los derechos humanos de todas las personas. Se señala que el matrimonio y el concubinato son figuras jurídicas que ofrecen un principio de organización y cooperación entre dos personas que deciden vivir en pareja.
González Varona indicó que la armonización tiene que ser cuidadosa, porque implica el acceso a los beneficios establecidos en los códigos civiles del país para las parejas.
Incluso, dijo que esperaba que la legislación estuviera lista para el 14 de febrero. No lo dijo, pero se sabe que el DIF estatal prepara una boda masiva para esa fecha, y el Registro Civil no podrían incluir a personas de la diversidad sexual.
El diputado local reconoció que el tiempo es insuficiente para legislar, porque la iniciativa entrará a comisión y debe ser aprobada pleno, pero ahora el Congreso local se encuentra ahora en periodo de receso legislativo. Es decir, sólo hay una comisión de diputados.
Asimismo, indicó que el Sistema Estatal del Registro Civil debe ajustar la manera en que se elaboran y archivan las actas de uniones civiles y de nacimientos, según la nueva legislación, para evitar fallas que impidan el acceso a derechos y obligaciones del matrimonio.
Al reclamo de colectivos, de que no han podido acceder a este derecho, sólo pidió “que nos aguanten tantito, estamos trabajando y no podemos permitir errores. Es un tema de derechos sociales y tratamos de evitar que tengan problemas que hacerlos efectivos”.
Con el año, termina el primer plazo de seis meses que recibió el gobierno estatal para elaborar sus primeros informes de las dos alertas de violencia feminicida en nueve municipios, y de agravio comparado contra las mujeres de Guerrero, declaradas en 2017 y 2020, que serán enviados el 15 de enero de 2023, informó la directora estatal para Prevenir la Violencia hacia las mujeres de la Secretaría General de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago.
Aunque la Comisión nacional para Prevenir y Erradicar las Violencias hacia las Mujeres (Conavim) actualizó las alertas a principios de junio de este año, y los seis meses terminan a principios de diciembre, explicó que el gobierno estatal recibió 45 días para enviar sus programas de trabajo.
A partir de la aprobación de los programas, debe presentar informes cada seis meses de la AVG por violencia feminicida y atender en un año las medidas de la Alerta por Agravio Comparado. Aunque precisó que el programa de la segunda alerta fue aprobado una vez que acordaron los indicadores de cumplimiento con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de trabajo.
Consultada en la sede del poder Ejecutivo, aclaró que sólo después de su evaluación por los grupos Interinstitucional y Multidiscipli-nario de cada alerta, habrá información clara de los avances; sin embargo, el poder Ejecutivo espera levantar algunas medidas que deben atender los tres poderes de la entidad y la Fiscalía General del Estado.
Por ejemplo, señaló la elaboración de un diagnóstico de los tipos y modalidades de violencias en el estado, la primera de 21 medidas de la alerta de violencia feminicida, que la administración anterior encargó a la Universidad Nacional Autónoma de México y no obtuvieron, por incumplimiento de pago.
A través de la Secretaría de la Mujer, informó que se retomó ese acuerdo, se cubrió el saldo y la institución educativa actualizó el documento, que el Ejecutivo envió el mes pasado a la Conavim.
El documento no será público mientras no haya sido aprobado por el grupo de trabajo de la primer alerta, precisó.
En lo que toca a la Secretaría General de Gobierno, señaló que el Protocolo Violenta en el transporte público, para garantizar espacios seguros para mujeres con operadores capacitados y certificados, ya se lanzó en dos de los ocho municipios alertados por violencia feminicida: Acapulco y Chilpancingo.
En enero se ampliará a Zihuatanejo e Iguala, y en el transcurso del año, a los demás alertados: Ayutla, Ometepec, Tlapa, Chilpan-cingo, Chilapa, y Coyuca de Catalán, aseguró.
“Pero estamos dando un paso extra, en enero estaremos haciendo pública la coordinación interinstitucional con los municipios y con las dependencias que son las responsables, aquí son Seguridad Pública, la oficina de la gobernadora, la SSG y la Semujer, así como el Sistema Estatal de Seguridad Pública, para evaluar la estrategia”.
Por otro lado, indicó que la FGE debe atender las órdenes de protección para las víctimas de violencias. En este primer informe, confió en que la Fiscalía haya creado la nueva unidad de contexto que está en ejecución, con financiamiento de un proyecto federal.
Asimismo, indicó que de manera coordinada con la Iniciativa Spotlight, para prevenir y erradicar la violencia a mujeres y niñas, que apoya ONU Mujeres y la Unión Europea, la FGE emitió una convocatoria para contratar una consultoría, que elaboró un protocolo de órdenes de protección.
“De ahí se realizaron reuniones con los nueve municipios, de manera que cada uno pueda aportar datos sobre lo que hace falta, ¿qué más que los municipios que puede emitir órdenes de protección?”, enfatizó.
El diagnóstico de violencias y el protocolo de protección son dos medidas que podrían levantar, si la FGE concreta los recorridos en los ayuntamientos alertados, precisó.
Además, indicó que en esta medida la FGE debe hacer una revisión exhaustiva de las carpetas de investigación de homicidios dolosos de mujeres, de 8 años atrás, que esperan poder incluir en el informe que reportarán el 15 de enero.
Asimismo, el Congreso local debe conformar una área para revisar la legislación, a fin de armonizar leyes y elaborar iniciativas en favor de las mujeres. En este sentido, recordó que en septiembre pasado, en el contexto de la iniciativa Spotlight, los diputados firmaron un memorando con agencias de Naciones Unidas para fortalecer el marco legal para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Destacó tres medidas para los ayuntamientos: crear los módulos de atención a las víctimas de violencia, unidades de Policía de Género y recuperar espacios públicos, aunque no precisó los avances.
Añadió que la segunda medida que debe atender la FGE en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es la reparación del daño por muertes dolosas de mujeres.
En cuanto a la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, explicó que tiene un plazo de un año para la atención de 13 medidas a partir de la aprobación del programa de trabajo, que se presentó en el acto conmemorativo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. El 29 del mismo mes se publicaron los dos programas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Aclaró que el GIM elaboró los indicadores y el estado alineó sus acciones para atenderlos y recordó que la medida principal de esta alerta era la despenalización del aborto en el estado, que no estaban garantizando los servicios estatales de salud y se aprobó en el pasado.
Aunque activistas esperaban que esta medida permitiera el levantamiento de la segunda alerta, la funcionaria reconoció que es “un trabajo grande poder dar cumplimiento, porque ahora se trata de garantizar el derecho a decidir”. En esta labor, deben actuar la Secretaría de Salud del estado, FGE y Tribunal Superior de Justicia.
Reconoció que persisten las resistencias en hospitales por objetores de conciencia, “pero la parte institucional, que es la que nos corresponde, tenemos que acatar el mandato. La Secretaría de Salud tiene un trabajo inmenso”.
Arriba los ataúdes de las víctmas de la masacre del sábado en El Durazno, en una galera de esa localidad. Abajo, el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros platica con vecinos en ese pueblo de Coyuca de Catalán, acompañado de efectivos de la Marina Fotos: El Sur
Brenda Escobar / Lourdes Chávez
Zihuatanejo / Chipancingo
Este lunes el director general de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros estuvo en la comunidad El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, y ofreció a los pobladores que se quedará un grupo de militares para darles seguridad tras la masacre de siete vecinos.
El sábado en la tarde siete campesinos fueron asesinados en la escuela primaria de esa comunidad ubicada en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán por sicarios que según testigos estaban encabezados por el jefe del grupo delincuencial La Familia Michoacana, Johnny Hurtado.
Vecinos consultados vía telefónica dijeron que Francisco Rodríguez visitó la galera en la que velaban a los siete campesinos, entre ellos a un adolescente de 15 años, ahí le comentaron cómo fue que ocurrieron los hechos y les señalaron que sólo seis se acercaron ese sábado que los hombres armados llegaron, “y ahí los mataron, los dejaron desfigurados de la cara, eran como unos 50 hombres armados”.
El funcionario, a nombre del gobierno del estado ofreció que en esa comunidad se quedará un grupo de militares para resguardarlos, mantener la paz y garantizarles la seguridad, pero los habitantes le exigieron que ahí en El Durazno se establezca una base o un cuartel permanente del Ejército, para que no vuelva a ocurrir un hecho similar.
Los habitantes de El Durazno coinciden en que no tiene caso que los militares estén un par de semanas en la localidad mientras se pasa “la conmoción” por lo ocurrido y luego se retiren, porque de ser así, aseguraron que no tardará en empezar a observarse el desplazamiento de familias hacia lugares más seguros o menos violentos, “van a empezar a abandonar sus viviendas para evitar perder la vida a manos de ese grupo delincuencial”.
Maestros y el doctor tienen miedo
La ex comisaria municipal de El Durazno, Mariflor Chávez Tello informó vía telefónica que ayer lunes los habitantes de la comunidad andaban ocupados para ir a sepultar a cuatro de los campesinos acribillados, “porque ya van a tener 48 horas de muertos y empiezan a oler”.
Agregó que tres de ellos serían llevados a otras ciudades del estado y del país para sepultarlos porque así fue decisión de sus familias, y que serían escoltados por militares para bajar a la costa.
Luego dijo que seguían sin tener noticias del campesino Cecilio Chávez, de quien desconocen su paradero desde el sábado que salió a trabajar a su rancho, el cual queda en el camino que tomaron los agresores para entrar y salir de El Durazno, “ahorita estamos algo ocupados en llevar a sepultar a los muertos porque ya empiezan a estar en estado de descomposición, entonces creo que al regresar de sepultarlos vamos a ver cómo le hacemos para ir a buscarlo, a ver si lo encuentran y en qué condiciones lo encuentran”.
Chávez Tello expuso que debido a lo que pasó en la escuela las clases quedaron indefinidas pues los maestros, por temor, se retiraron, “y tampoco tenemos doctor, así como tampoco hay maestro en la telesecundaria después de lo que ocurrió en septiembre pasado, cuando mataron al profesor en una discusión de personas que estaban ingiriendo alcohol”.
Dijo que desde entonces el nuevo maestro que iban a enviar fue retenido en la cabecera municipal de Coyuca de Catalán, pues fue el alcalde Eusebio Echeverría Tabares quien le mal informó a las autoridades educativas del gobierno del estado que “en El Durazno estaba muy peligroso, que no subieran, eso fue lo que le dijo un subsecretario de Educación a la comisaria municipal, que por eso no mandaban al nuevo maestro y desde entonces no ha habido clases”.
Agregó que con lo que pasó el sábado, los maestros de la primaria tienen miedo y por eso las clases se van a quedar suspendidas y desconocen hasta cuándo quieran regresar, y sí había doctor pero también se fue”.
Comentó que a través de las redes sociales se siguen enterando de más amenazas de los agresores, “de perfiles falsos en Facebook”.
Luego manifestó que “si no hay seguridad vamos a seguir así, y lo único que va a pasar es que todos los pueblos así como el nuestro se van a quedar solos, así como ha habido mucho desplazamiento de personas a causa de la nula seguridad y la falta de una fuente de ingresos que no sea relacionada con enervantes, porque no hay dónde trabajar, la gente de la sierra se va a seguir desplazando a las ciudades por falta de oportunidades”.
Ya no hay paz, que es requisito para la cabecera del nuevo municipio, dice la presidenta del comité gestor
Mariflor Chávez, quien es la presidenta del comité gestor para la creación de un nuevo municipio que estaría conformado por 113 comunidades de la parte serrana de los municipios de Coyuca de Catalán, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana y Petatlán y que tendría la cabecera municipal en El Durazno, dijo que al menos este lunes lo más importante era sepultar a los difuntos, y que sería a partir de este martes cuando ya podrían tener más despejado el pensamiento para analizar qué van a hacer.
Comentó, “de hecho ahorita estamos como suspendidos, no sabemos, ahorita primero necesitamos enterrar a nuestros muertos y yo creo que a partir de mañana (hoy) martes, veremos si las autoridades nos van a decir si el proceso sigue o si nos van a decir que ya no por el problema”.
“Desafortunadamente las personas que no quieren que se haga el nuevo municipio en nuestra comunidad pues lograron su cometido de que no se hiciera, o de que se detuviera o que nos dijeran que no es el lugar idóneo porque hay inseguridad, ese era uno de los requisitos, que hubiera paz, y pues a los que no les convenía que esto siguiera adelante con todo lo que se había avanzado, pues ya lograron echar abajo una parte, cortaron el camino que ya se había caminado”.
Expuso que lo que pasó el sábado, “no fue por nosotros, nosotros no provocamos, claro que no, fue como siempre y como en otras ocasiones y como el principio de toda esta guerra que se ha hecho de ciertos grupos contra nuestras localidades, ha sido sólo provocación y nosotros nos hemos mantenido al margen, y pues ya hemos visto anteriormente en años anteriores todo lo que ha sucedido con las mismas personas de aquí”.
Instalan una BOM
El director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros informó de la instalación ayer de una Base de Operaciones Mixtas alrededor de El Durazno en lo alto de la sierra de Coyuca de Catalán, donde hombres armados presuntos miembros de la Familia Michoacána asesinaron a siete pobladores la tarde del sábado.
De regreso de la localidad, el funcionario estatal se conectó vía remota a la difusión del informe semanal en línea de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, para informar que la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal desplegaron una operación en la zona, para generar condiciones de estabilidad y paz social.
Indicó que ayer dialogó con autoridades comunitarias, agrarias y con los pobladores para comenzar una serie de actuaciones de la Fiscalía Géneral del Estado, de investigación, y de la Policía Estatal en seguridad pública.
Confirmó que la población “está inquieta”, dados los hechos violentos del sábado y las amenazas que continuaron el domingo, sin embargo, este lunes hubo “un reconocimiento a la actuación del gobierno del estado y de la Sedena en coordinación con la FGE, que ha dado tranquilidad a las autoridades locales”.
Mediante esta dirección general de Gobernación, dijo que se brindó atención médica, psicológica y social que demandan los ciudadanos.
Pese a que la comunidad demandó la presencia permanente de las autoridades, Rodríguez Cisneros dijo quehabrá presencia institucional, “los próximos días para atender la problemática social que se vive en la zona”.
Con un boletín de prensa, el gobierno del estado también informó de la visita que encabezó el director de Gobernación a El Durazno, “para proteger a las familias de las siete personas que perdieron la vida en los hechos de violencia ocurridos en días pasados”.
Destacaron la coordinación con la comisaria municipal, Azucena Rosas García y el presidente del Comisariado Ejidal, Ignacio Chávez para agilizar el traslado de tres de los cuerpos hasta el puerto de Zihuatanejo, mientras que los cuatro restantes serán sepultados en la localidad.
Aseguraron que se autorizó la petición de la población de permanencia de las fuerzas del orden en la zona. Adelantó que enviarán atención alimentaria y apoyo psicológico.
También acudió la fiscal
En un boletín, la Fiscalía General del Estado informó que la fiscal “brinda atención a familiares de víctimas de la comunidad” El Durazno, en Coyuca de Catalán.
Sandra Luz Valdovinos Salmerón se encuentra en la comunidad “con la finalidad de brindar atención directa y escuchar a los familiares de las víctimas, en seguimiento a los hechos ocurridos este 10 de diciembre del presente año en dicha población”, dice el boletín.
“Este acercamiento responde al propósito de brindar la atención oportuna y darles a conocer los avances de las investigaciones, así como continuar con el diálogo permanente”, agrega.
La Secretaría General de Gobierno (SGG), publicó los perfiles de los cuatro aspirantes a la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre ellos el activista y el ex subsecretario de Coordinación, Enlace y Atención a Organizaciones Sociales, Javier Morlett Macho.
El pasado 24 abril, la Secretaría General de Gobierno informó de la creación de esa comisión para “impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de personas”.
En un pronunciamiento conjunto, los representantes de los colectivos y de organismos de derechos humanos que representan a las víctimas y sus familiares, demandaron al gobierno estatal que cumpla su obligación legal en la designación de los miembros de esa comisión, “dado que serán las cabezas de instituciones que tienen como objetivo la justicia, tan escasa y ausente en el estado”.
Asimismo demandaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigaciones científicas con apego a protocolos y plena protección de los derechos humanos de víctimas e imputados, y que se cumpla plenamente con los procesos de búsqueda, localización, identificación y restitución de cuerpos o restos.
Firman el posicionamiento el Colectivo de Familiares de Desaparecidos, Ejecutados y Secuestrados de Guerrero, el Colectivo de Familiares de Iguala y de Huitzuco Buscando Vida entre los Muertos, familiares de desaparecidos de Chilapa, de desaparecidos de Acapulco, el Centro Morelos y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti).
En la página oficial del gobierno del estado se dio a conocer que, en cumplimiento al artículo 4, fracción II, del decreto por el que se crea la comisión Estatal de Búsqueda de Personas, como órgano administrativo desconcentrado, publica la información disponible sobre el perfil de los candidatos.
La primera de la lista es Miriam Cortés Cisneros, quien fue coordinadora de asesores jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y además aparece en el perfil de la administración 2014 a 2015 como directora general de atención a procesos jurídicos de la Consejería del Poder Ejecutivo.
El segundo en la lista es el ex subsecretario de Coordinación, Enlace y Atención a Organizaciones Sociales, Javier Morlett Macho, quien también fue integrante de la CEAV.
El tercero es Fidel García Rodríguez, quien fue encargado de la vocalía de capacitación electoral y educación cívica de la 05 junta distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy Instituto Nacional Electoral INE), en el periodo 2003-2006.
También fue asesor de Sofio Ramírez Hernández cuando fue diputado federal, de 2011 a 2012, y continuó de asesor jurídico en el Poder Legislativo federal, hasta este año en la cámara de diputados.
El último es Catarino Santiago Morales, docente investigador de la facultad de Derecho, quien fue líder del Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUAG).
Su último cargo en el gobierno del estado fue en 1999, como encargado de despacho de la subsecretaria de Desarrollo Político.
La Secretaría General de Gobierno inició la primera gira de trabajo en municipios para atender la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVGM), con la que pretende coordinar los trabajos de manera directa.
En coordinación con la Secretaría de la Mujer, inició la gira de trabajo en los ocho municipios incluidos en la alerta de Género emitida por el gobierno federal para combatir los índices de violencia contra las mujeres en el estado y mejorar su atención oportuna.
Con esta gira en los ocho municipios y en Chilapa, que aún no se integra en su totalidad a la alerta de género, se pretende mejorar la coordinación con las instancias municipales para la atención a victimas de violencia.
Dentro de esta coordinación se prevé mejorar la atención médica para las mujeres, espacios recreativos públicos, mejorar el alumbrado público en zonas de riesgo, así como la atención legal a las víctimas.
Esta gira es parte de lo establecido por el gobierno federal para mejorar las condiciones y que las mujeres accedan a una sociedad libre de violencia en donde se han registrado más feminicidios.
La intención es capacitar a los servidores públicos de cada región para saber actuar en cada caso que se presente, en cada una de las áreas de asesoría que se requieran. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo).
El gobernador Héctor Astudillo Flores presentó como la fiscal especializada en atención a delitos cometidos contra periodistas a Rigoberta Román Orea, y ofreció que la Fiscalía General del Estado (FGE) informará a los familiares de colegas asesinados en los dos años de su gobierno sobre los avances que se han obtenido en las investigaciones.
La primera reunión con convocatoria abierta a periodistas de las diferentes regiones del estado, se realizó la reunión ejecutiva sobre las acciones del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en la que la principal demanda fue que haya justicia y castigo a los autores de los asesinatos de colegas y el cese al hostigamiento de funcionarios públicos en contra de reporteros.
En el encuentro que se realizó en Casa Guerrero, no se dieron detalles sobre los casos de los periodistas asesinados durante la administración del actual gobernador, Francisco Pacheco de Taxco, y Cecilio Pineda Birto, de Ciudad Altamirano.
Pero a pesar de esto, Astudillo enfatizó que tiene las tarjetas con la información de hasta dónde ha llegado la investigación, aunque no entró en detalles sobre los avances.
“Tengo información de cómo está cada uno de los casos y cómo se están conociendo algunos de los detalles de estos acontecimientos”, agregó.
En una reunión que duró poco más de tres horas, el gobernador presentó como fiscal especializada en atención a delitos contra periodistas a Rigoberta Román, quien se desempeñaba como directora ge-neral de Seguimiento, Control y Evaluación de Asuntos de Dere-chos Humanos de la Secretaría General de Gobierno.
En la administración pasada se desempeñó como directora de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Mujer.
“Otro de los compromisos que yo quiero cumplir en esta ocasión es el tema de la persona que será responsable de la fiscalía, la persona responsable es Rigorberta Román”, dijo Astudillo.
Con el fiscal general Javier Olea Peláez a su izquierda, quien formalmente es el jefe de la nueva fiscal, el gobernador le indicó a ésta que deberá buscar un plazo en coordinación con la Secretaría General de Gobierno para echar andar la nueva unidad, así como se deben de buscar enlaces regionales de una sola persona para estar coordinando los trabajos.
También estaban con el gobernador el delegado de la Secretaría de Gobernación Ramiro Ávila, el secretario de Gobierno Florencio Salazar, la de Desarrollo Social Alicia Zamora y la directora de Comunicación Social, Erika Lührs.
El Ejecutivo no entró en detalle sobre la operatividad y sólo puntualizó que se trabajará también con un número de teléfono especial, que estará a disposición del C4 para una atención inmediata en casos de emergencias.
También propuso que los reporteros nombren a cuatro representantes para la Junta de Gobierno, y nueve para el Consejo Consultivo de este mecanismo.
Tras la participación de 30 periodistas de distintas regiones, Astudillo Flores pidió que formaran una comisión que fuera a dialogar con los diputados locales, para agilizar la reforma a la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, la cual se requiere para que el mecanismo entre en funciones.
“El compromiso mío es hablar con los diputados para que la iniciativa de la reforma sea escuchada, ustedes no sé cómo organicen una comisión para hablar con los diputados”, señaló.
También propuso que la Secretaría General de Gobierno dé seguimiento puntual al caso de la corresponsal de El Sur en Zihuatanejo, Brenda Escobar, y se le presten las medidas correspondientes para su seguridad, tras ser amenazada por familiares del detenido que es acusado de asesinar a la doctora del IMSS, Adela Rivas Obé, el pasado jueves.
Y pidió a los reporteros que le ayuden y que haya una coordinación con su gobierno paraque pueda avanzar el estado.
Dijo que también se hará un llamado a los municipios más grandes, para que colaboren en la protección de los periodistas y mencionó a Acapulco, Chilpan-cingo, Iguala, Zihuatanejo, Taxco, Ometepec y Chilapa.
El gobernador insistió en que se debe de crear el mapa de riesgo, siempre y cuando los reporteros participen, y que también lo hagan elaborando una lista de los reporteros en riesgo en cada una de las regiones de Guerrero.
“Yo, finalmente les agradezco que hayan venido a Chilpancingo a reunirse, yo a todas y todos les reitero mi afecto y mi respeto”, terminó.
En su intervención, el corresponsal del semanario Proceso, Ezequiel Flores Contreras, subrayó que en Guerrero no hay libertad de tránsito, ya que cuando tratan de realizar su trabajo deben cruzar retenes de grupos armados en las carreteras.
“Esto fue lo que propició el ataque a nuestros siete compañeros (en Acapetlahuaya), que fueron prácticamente asaltados por la situación que todos conocemos, de los grupos que operan en la región Norte”, agregó.
Insistió en que la violencia es un hecho que afecta a todos, hasta a los propios colaboradores del gobernador.
“Han asesinado a trabajadores del gobierno del estado, han asesinado a profesores, han asesinado estudiantes, niños, periodistas y lamentablemente no vemos a nadie en la cárcel, no vemos eso que reclaman las madres de Chilapa”, agregó.
Por su parte, Jaime Irra, de la Agencia IRZA, puntualizó que no hay seguridad de que las dependencia encargadas de impartir justicia cumplan su tarea de castigar.
En la reunión, varios reporteros coincidieron en que el problema más significativo es que el gobierno del estado no puede garantizar seguridad ante los recurrentes hechos de violencia.
Otros preguntaron qué seguridad pueden tener, si el propio gobierno del estado se dedica a hostigar a los reporteros durante su trabajo diario, por lo que no compartían la factibilidad del mecanismo.
En las poco más de tres horas de reunión, algunos de los asistentes aprovecharon para señalar que es importante que las empresas de medios mejoren los salarios y las prestaciones de sus trabajadores.
También demandaron que se mejore la atención a los periodistas en el sector de salud y el Fondo de Apoyo para Periodistas, además atenciones personalizadas en las diferentes dependencias para cada una de sus peticiones.
Los comisarios de nueve comunidades del municipio de Eduardo Neri (Zumpango) y una de Tepecoacuilco se reunieron con el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, Martín Maldonado del Moral, con quien acordaron buscar mecanismos para que la autodefensa que crearon el domingo opere sin violar la ley.
La reunión fue a puerta cerrada en una oficina de la Secretaría General de Gobierno, comenzó a las 11 de la mañana y terminó casi a las 2 de la tarde.
Estuvieron además mandos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Policía Federal.
Los comisarios encabezados por el de Mezcala, Leonardo Ávalos Ferrer, presentaron un diagnóstico de la inseguridad en esas comunidades que son entrada a las minas Los Filos, cerca de Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri y que explota la minera Leagold, que en enero pasado la compró a Gold Corp, aunque ésta sigue teniendo activos pues el 30 por ciento de la venta total lo pagó Leagold en acciones.
También se encuentra en la zona la mina Los Guajes/El Limón, municipio de Cocula, cerca de Nuevo Balsas que explota la minera Media Luna, filial de la también canadiense Torex Gold.
A cambio de la “tolerancia” del gobierno a la policía comunitaria que se conformó en esos pueblos, los comisarios se comprometieron a no hacer más bloqueos a la carretera federal, como el del domingo pasado durante casi una hora en el entronque a Mezcala.
El lunes los comisarios informaron que la reunión la tendrían con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, sin embargo ayer fueron atendidos por el subsecretario Maldonado del Moral.
Al salir de la reunión el comisario Ávalos Ferrer, quien fue el único que declaró el domingo durante la marcha y el bloqueo a la carretera federal, fue evasivo con los reporteros.
–¿Cuáles fueron los acuerdos de la reunión?
–Todo está bien–, respondió.
–¿Seguirá funcionando su policía comunitaria?
–Sí, por supuesto.
–¿Que les dijo el subsecretario?
–Vamos a esperar hasta el próximo martes.
–¿Se van a volver a reunir?
–Sí.
El comisario fue consultado cuando salía de la explanada del Palacio de Gobierno, iba acompañado de otros comisarios de comunidades de la zona, quienes siguieron caminando a prisa sin esperarlo.
La violencia se agravó en la zona en los últimos tres años
Otro de los comisarios que pidió el anonimato informó que en la reunión presentaron un diagnóstico de la situación de violencia que viven las comunidades de Carrizalillo, Tenantitlán, Amatitlán, Tepehuaje, San Miguel, Vista Hermosa, Puente Sur Balsas, Mazapa y Plan de Liebres, municipio de Eduardo Neri, así como la colonia Valerio Trujano de Tepecoacuilco.
Dijo que justificaron la formación de la policía comunitaria porque a pesar de la presencia de militares y policías estatales han ocurrido hechos de violencia, y el problema se agravó en los últimos tres años.
Aseguró que el subsecretario de Gobierno les ofreció buscar juntos los mecanismos para que los civiles armados no actúen fuera de la ley, y por lo pronto se comprometió a que los gobiernos federal y estatal no los desarmarán pero que eviten actuar fuera de sus comunidades.
“La reunión fue de carácter informativo, explicamos el por qué se crea la policía comunitaria, le dijimos que fue por la ola de violencia que ha prevalecido en Carrizalillo y Mezcala”, informó.
Relató que otros comisarios denunciaron que en sus comunidades se han incrementado las extorsiones, el robo de autos, que también hay homicidios, y que la violencia en esa zona se está convirtiendo en una “crisis social”.
Agregó que por ello las nueve comunidades “apoyaron” a Mezcala en la formación de la policía comunitaria, pero que ayer les dijeron a las autoridades estatales y federales que “siempre van a actuar coordinados con las instituciones de gobierno, tanto federal y como del estado”.
Dijo que aceptaron que se van a regir bajo una normatividad de la Secretaría de Gobierno, aunque no definieron si se incorporarán a la Policía Rural u operarán bajo otra figura.
Representantes de la minera Media Luna se reunieron en privado con el alcalde de Cocula, Érik Ulises Ramírez Crespo y con el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Jaimes Ferrel, para continuar la mesa de negociaciones instalada tras los bloqueos de pobladores de Real de Limón y La Fundición.
El encuentro fue privado en la Secretaría General de Gobierno, duró 6 horas y el gobierno del estado fungió como únicamente mediador para dar solución a las peticiones de los vecinos.
El 12 de febrero, pobladores de Real de Limón y La Fundición retiraron el bloqueo que mantenían en la entrada de la empresa Media Luna, a dos meses de que comenzara la protesta en demanda de indemnización por daños al río ocasionado por la minera. Entonces acordaron una mesa de diálogo con autoridades estatales y los representantes de la minera canadiense para terminar el bloqueo.
En el encuentro de ayer se acordó que una de las salas de usos múltiples de las comunidades será adecuada para que una enfermera revise a los vecinos, que pudieran tener alguna enfermedad.
También se planteó mejorar el camino a las comunidades mediante la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg), para que revisen el entronque con la puerta 3 de la minera y el camino a Real del Limón.
Para las dos comunidades se planteó la revisión de sus viviendas, ya que tienen filtraciones y daños, por lo que se hará una evaluación general de las condiciones en las que viven.
A los de Nuevo Balsas les darán máquinas de coser industriales, para que se instale un taller de corte y confección que pagará la empresa minera.
También se reparará una de las piletas de agua que suministra a Nuevo Balsas, que tiene daños y provoca el desabasto a las viviendas.
Debido a que la reunión fue privada no se pudo saber los demás temas que se abordaron en las 6 horas, pero se informó que la mayoría están en negociación.
Integrantes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp) sostuvieron una mesa de trabajo con el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Jaimes Ferrel, solicitaron financiamiento para proyectos productivos para campesinos de 15 municipios.
La mañana de este miércoles se llevó a cabo la reunión en la sala de juntas Emperador Cuauhtémoc de la Secretaría General de Gobierno, una comisión de 10 integrantes de la Cocyp urgió a las autoridades la dotación de recursos para proyectos productivos para familias de campesinos.
Uno de los integrantes, Eliseo Alonso Astudillo dijo: “necesitamos apoyos que ayuden a la economía familiar, a esos grupos vulnerables, en este caso (con) proyectos de granjas de traspatio, huertos de traspatio y apoyo de láminas a bajo costo para mejorar la vivienda de nuestros agremiados”.
Afirmó que los campesinos considerados para ser beneficiados son de los municipios de Chilpancingo, Mochitlán, Quechultenango, Mártir de Cuilapa (Apango), Tixtla, Eduardo Neri (Zumpango), Coyuca de Benítez, Acapulco, San Marcos, Atoyac de Álvarez, Copala, Azoyú, Zitlala, Iguala y Tlapehuala.
En la reunión participaron funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural, de Obras Públicas, Desarrollo Social, del Instituto Estatal del Emprendedor y la Secretaría de Asuntos Indígenas.
La organización campesina sostuvo la urgencia de que el gobierno del estado por medio de cada una de sus dependencias capacite a los integrantes de la organización para presentar proyectos productivos viables para sus comunidades.
También propusieron mejorar las
viviendas en las comunidades indígenas con programas de la Secretaría de Desarrollo Social estatal.
La reunión duró cerca de una hora y media, y los funcionarios informaron a los representantes de la Cocyp que les ayudarían en los próximos meses para revisar sus solicitudes.
Eliseo Alonso Astudillo afirmó que espera que el gobierno estatal les dé resultados tangibles a las peticiones que hicieron, ya que desde el año pasado hicieron algunas y sí lograron un resultado positivo.
