Trabajadores del Registro Agrario Nacional protestan afuera de sus instalaciones como parte del paro nacional para exigir la revisión de sus contratos Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Registro Agrario Nacional (RAN) de Guerrero, se sumaron ayer a la “huelga de brazos caídos” que desde hace 15 días inició la dirigencia nacional de su sindicato.
Los empleados de las dos dependencias del gobierno federal piden la revisión de las condiciones generales de trabajo que no se ha hecho desde hace seis años.
Después de 15 días de que inició la “huelga de brazos caídos” en las oficinas centrales y en varios estados del país, ayer unos 20 trabajadores se sumaron el movimiento e instalaron un plantón afuera de las oficinas del RAN, en la calle Valerio Trujano en el Zócalo de Chilpancingo.
Otra de las demandas que piden es el incremento salarial que no han recibido, de acuerdo a los trabajadores, desde hace dos años.
Uno de los trabajadores en paro, informó que no participaban en el movimiento para no afectar las actividades de las dependencias, pero que han visto cerrazón de parte de los titulares al no resolver las peticiones de su dirigencia nacional.
Informó que la dirigencia sindical de las oficinas centrales están en asamblea permanente y en “huelga de brazos caídos” desde hace 15 días debido a que desde el 2017 las autoridades de las oficinas centrales, no quieren realizar la revisión de las condiciones generales de trabajo.
Dijo que en el 2020 correspondía nuevamente la revisión y no se hizo, según argumentaron por la pandemia, “pero ya son seis años que llevamos esperando”.
Los trabajadores se instalaron en plantón afuera del RAN después de las nueve de la mañana y se mantuvieron durante el horario laboral.
Viviendas de la comunidad Nuevo Balsamar, municipio de Eduardo Neri, donde pobladores siguen esperando casi 10 años después la pavimentación de sus calles, el drenaje, agua, luz y las escrituras que los hacen propietarios de las casas que fueron dejadas inconclusas por la Sedatu Foto: Lenin Ocampo Torres
Sin energía eléctrica, sin agua entubada, ni drenaje, además, con calles accidentadas y sin pavimentar, viven en Nuevo Balsamar, municipio de Eduardo Neri (Zumpango), 80 familias de un total de 210 que resultaron damnificadas en el 2013, durante el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel.
Las familias fueron reubicadas de Balsamar, municipio de Leonardo Bravo, (Chichihualco), a esta colonia construida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y viven en casas que la mayoría de ellas en la temporada de lluvias se inundan por los escurrimientos debido al terreno irregular.
El asentamiento se encuentra a unos 20 minutos de Chilpancingo en la carretera Chilpancingo-Chichihualco.
El mayor problema es que las familias no son reconocidas por el Ayuntamiento de Eduardo Neri, ni tampoco de Leonardo Bravo de donde salieron. En estas circunstancias carecen de credencial de elector y de comprobantes de domicilio para realizar sus gestiones.
La directora encargada del jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez, Yesenia Díaz Flores, denunció que independientemente de que les están negando su derecho a una vivienda y a un lugar digno para vivir, les niegan el derecho elemental a tener una identidad, “porque no son de aquí ni son de allá, y nadie los quiere reconocer”.
Durante un recorrido, se observaron las calles intransitables y la única más o menos en buen estado es el acceso principal que acondicionaron los mismos vecinos porque los choferes de las pipas no querían entrar para venderles agua por tinacos.
La mayoría de las viviendas lucen abandonadas, sin mantenimiento, con vidrios rotos, paredes agujeradas y en su interior se observan rastros de inundaciones, “así nadie puede vivir aquí”, dijo una mujer quien mostró por donde bajan los escurrimientos de agua que se mete a las viviendas en la temporada de lluvias.
En otras, los cortes de tierra han ocasionado derrumbes y han sepultado parte del techo de las viviendas, debido a que la constructora que contrató Sedatu incumplió con la construcción de muros de contención para evitar los derrumbes.
El comisario municipal, Bulmaro Cayetano Mosso, informó que las 80 familias llegaron hace cinco años cuando les entregaron las llaves de sus casas sin ningún servicio pero les aseguraron que seguirían trabajando para terminar la obra y los servicios como la energía eléctrica, agua potable, drenaje.
Pero la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sólo colocó los postes y el cableado, sin embargo para hacer las conexiones a las casas les cobra 13 mil pesos por familia, “y a donde vamos a sacar ese dinero, si aquí no tenemos trabajo, apenas vamos sacando para comer”, dijo Cayetano Mosso.
En la zona donde están ubicadas las viviendas tampoco hay telefonía celular y los vecinos tienen que comprar tarjetas y buscar un lugar donde haya buena recepción.
Las familias tampoco cuentan con servicio médico y sin servicio eficiente de telefonía ni servicio de transporte, se les complica cuando alguien se les enferma.
El comisario municipal, explicó que para salir del pueblo tienen que esperar el servicio de transporte de Chichihualco, El Palmar o Atlixtac, “y hay veces que nos tardamos de una a dos horas esperando porque ya pasan llenas las combis”.
Informó que el agua la compran a 130 pesos el tinaco de mil 100 litros y les alcanza para tres a cuatro días, según el número de personas por familia.
Explicó que cuando les entregaron las llaves les prometieron que iban a terminar de introducir todos los servicios: “Se las vamos a dejar con todo terminado”, les dijeron, pero ya nadie de la constructora volvió.
Otro problema es que las viviendas se las entregaron sin documentos y no tienen certeza jurídica con respecto al terreno.
Cayetano Mosso explicó que el resto de las 130 familiasÈ 11
que resultaron damnificadas no quisieron venirse a vivir por la falta de servicios y las malas condiciones en que les entregaron sus viviendas.
Además, dijo que aquí la gente no cuenta con empleos ni tierras para trabajar, y algunos se dedican a la venta de productos, otros trabajan de albañiles o se alquilan de peones con quienes tienen tierras para sembrar en los pueblos vecinos. En tanto que las mujeres hacen y venden tortillas.
Y mientras la mayoría de las casas se encuentran vacías, por lo menos unas 30 familias del mismo Balsamar no fueron beneficiadas, denunciaron ayer un grupo de éstas, contaron que simplemente no fueron censadas y ahora viven hacinadas con algunos de sus familiares.
La directora encargada del Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez Yessenia Díaz Flores, opinó que el problema es que el municipio no quiere reconocer a la comunidad; “Eduardo Neri no quiere hacerse responsable de las familias damnificadas porque tiene que destinar un presupuesto en una comunidad con habitantes que no son de su municipio y que no está reconocida”.
Explicó que los pobladores no cuentan con credencial de elector y en estas condiciones ni son de Balsamar, municipio de Leonardo Bravo, ni de Nuevo Balsamar, de Eduardo Neri.
“Ese es el obstáculo que le ponen a los señores, como maestros hemos andado con ellos en sus gestiones y siempre nos dicen: es que necesitan su credencial para cualquier gestión, ¿pero quién se las da, si nadie los quiere reconocer?.
Reprochó que en el Ayuntamiento, la presidenta municipal (Sara Salinas Bravo, del PT) ni si quiera los quiere recibir.
Dijo que aquí ya ni en las campañas les hacen caso porque no tienen credencial para votar “y así cómo van a solicitar algo si no les dan reconocimiento”.
Exigió que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda debiera comenzar por darles ese reconocimiento que piden.
“Ya perdieron sus casas y todo lo que tenían y todavía no los quieren reconocer como ciudadanos, que difícil de verdad es para ellos esta situación, ya están desesperados, cansados”.
Informó que Sedatu que fue la responsable de que se construyeran las viviendas en este terreno irregular y sin identidad jurídica, les dice que está en proceso, “pero ya llevan 10 años construyendo las viviendas y metiendo los servicios y no pueden terminar”.
Contó que como maestros han estado apoyando a las familias en sus gestiones “y hemos tratado de ayudarles pero vemos que no se avanza y a ellos les urge que ya les reconozca y que les den solución a tantos años de sufrimiento y abandono”.
Informó que por las malas condiciones en que viven, en el jardín de niños llegan la mitad de los menores porque la otra mitad se enferma por falta de agua, drenaje, por las calles sin pavimentar y el polvo, pues muchos se enferman por las alergias.
El comisario municipal anunció que debido a que en el ámbito municipal y estatal les han cerrado las puertas para resolver su problema, el 26 de abril realizarán una marcha caravana a la Ciudad de México para exigirle al gobierno federal que les haga caso, “le vamos a decir que aquí la gente necesitamos los servicios, que ya tocamos todas las puertas, pero no vemos nada claro”.
La presidenta Abelina López Rodríguez, en la conferencia de prensa para anunciar que las playas limpias están para las vacaciones. La acompañan el director de CAPAMA Héctor Alejandro Juárez Amador, el secretario del ayuntamiento, José Juan Ayala Villaseñor, y el director de Ecología Jesus Castillo Foto: Carlos Carbajal
Jacob Morales Antonio
La alcaldesa, Abelina López Rodríguez, se quejó de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) le informó que no dará al municipio los 290 millones de pesos acordados para la renovación de los colectores de la avenida Costera, y el director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco, (CAPAMA), Héctor Alejandro Juárez Amador, aceptó que sí hay derrama de aguas residuales en playa Suave.
En conferencia de prensa en la Sala de Cabildo, donde se informó que todas las playas de Acapulco son aptas para el uso recreativo luego de los análisis que llevó a cabo la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el director de la CAPAMA, Héctor Alejandro Juárez Amador, aceptó que este jueves hubo descarga de aguas residuales en playa Suave.
En su participación la alcaldesa López Rodríguez reiteró los datos informados por la Cofepris de que todas las playas son aptas para uso recreativo y “pueden venir al paraíso tropical, al lugar más hermoso del mundo con playas limpias”.
La edil agradeció a la dirección de la CAPAMA y de Ecología por el trabajo que han hecho los trabajadores, y que aunque no les gusten las multas a los que incumplen las normas, pero sólo así se avanza.
Dijo que estos resultados son el resultado de los trabajos que se han hecho con la inversión de 29 millones de pesos para el cambio del colector de 867 metros de la zona de la Condesa, y de 10.4 millones del colector de Guitarrón, “pero estamos minuto a minuto de lo que tiene que ver con las aguas negras”.
Luego recriminó que la Sedatu le informó que no dará los 290 millones de pesos para la sustitución del resto de los colectores de la avenida Costera, “no sé dónde quedó la palabra”, pero va a seguir gestionando los recursos.
Anunció que junto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) comenzarán los trabajos de sustitución de los colectores de Caleta y playa Manzanillo con 101 millones de pesos, además del desazolve de un canal que está en esa zona con una inversión de 21 millones de pesos.
“Decirles a todos que vengan a Acapulco. Yo a veces hasta sonrío porque como quisieran muchos que Acapulco estuviera en la popa, hasta nos ponen la imagen de Tijuana, meten la foto de Acapulco. Qué ganan yo digo. Bienvenidos a Acapulco”.
Ante la imagen de vertimiento de aguas residuales en playa Suave el director de CAPAMA dijo que los resultado de playa Suave son de 11 enterococos por cada 100 mil mililitros, que está entre los más bajos, “no podemos pensar ahí que tenemos un derramamiento constante, continuo de aguas negras o residuales. En efecto el día de ayer se presentó un derrame”.
Agregó que este derrame es por las obras en el colector de Malaspina y debido a que se taparon unas descargas de aguas residuales que había y que eran clandestinas. Luego justificó que no son continuas, y señaló que hay otros derrames en la parte alta de los canales que son de casas particulares y se les está notificando a los dueños para que se conecten a la red sanitaria.
Luego el vocero de la Presidencia, Octavio León Rubio, mostró un video de una playa de la zona de Revolcadero y dijo que esparte de los trabajos de análisis y seguimiento. En un primer momento dijo que eran imágenes de playa Suave, pero luego precisó que no, pero que también las había y que se estaban haciendo monitoreos.
La alcaldesa agregó que “para los que auguran playas que desea-rían que tuvieran enterococos, estamos demostrando que el agua está limpia”.
El director de Ecología, Jesús Castillo Aguirre, dijo que los resultados son por la sustitución y rehabilitación de los colectores de aguas residuales, y las operaciones permanentes de inspección y vigilancia para la detección de descargas de aguas residuales, el desazolve de colectores en la franja turística, la toma de muestras de agua internas permanentes por la CAPAMA, la limpieza de canales pluviales y más.
“Nuestras playas han venido de lo más sucio a lo más limpio, en el 2019 había playas que rebasaban las 24 mil unidades de enterococos por cada 100 mililitros de agua de las muestras tomadas, hoy, la más alta es de 44 unidades de enterococos por cada 100 mililitros, nada que ver, 200 unidades es lo permisible”, afirmó.
El secretario del Ayuntamiento, José Juan Ayala Villaseñor, destacó que los resultados son por el esfuerzo y trabajo de los 18 meses, y ofreció una disculpa a los ciudadanos por los trabajos que causan molestia en las calles y avenidas.
Los presidentes de las cámaras empresariales del sector, reconocieron el esfuerzo y trabajo de las autoridades municipales para mantener las playas limpias, y que por fin ahora no haya notas periodistas alertando que las playas están sucias.
A la conferencia acudieron el presidente de la Asociación de Ho-teles y Empresas Turísticas de Aca-pulco (AHETA), Alejandro Domín-guez Aveleyra; el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Acapulco, Alejandro Martínez Sid-ney, y el presidente de la Asociación de Hoteleros y Restauranteros del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Ordóñez.
El regidor de Obras Públicas de Iguala, el priista Pablo Hernández Aguilar, criticó al secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, a quien llamó “irresponsable e irrespetuoso”, luego de su visita realizada el fin de semana sin tomar en cuenta al Cabildo para supervisar la obra de remodelación del centro histórico, y opinó que ojalá el presidente Andrés Manuel López Obrador “le jale las orejas”.
Al mediodía de este lunes, el edil priista y uno de los más cercanos al alcalde David Gama Pérez, realizó una conferencia con prensa local en la calle Juan Aldama, junto al monumento a la Independencia, que es parte de la zona remodelada.
“Román Meyer Falcón, es una persona irrespetuosa e irresponsable al venir a trasmano y entre la penumbra a reunirse aquí con otro funcionario federal a dar cifras de cuándo sería entregada la obra y de cuál es el avance de la obra, y eso es una irresponsabilidad”.
El sábado, Meyer Falcón acompañado de su director de Obras, Ulises Manzano López, realizaron un recorrido de supervisión de la obra del centro histórico que contempla la reconstrucción del Palacio Municipal y la remodelación de dos plazas y once calles, de las que informó mediante un video que difundió en sus redes sociales, que llevan un avance del 70 por ciento y serán entregadas entre enero y febrero. La supervisión la realizó sin la presencia del alcalde priista David Gama Pérez, como tampoco lo hizo en dos visitas anteriores.
La falta de convocatoria generó molestia, al grado que el edil y aparente portavoz del Cabildo, exigió a Meyer Falcón respeto a la autoridad municipal. Dijo que solo se reunieron con él cuando firmaron el convenio del inicio de la obra, y no le han podido entregar observaciones que solo quedan en bitácoras y documentación entregada al residente de la obra.
“Es una irresponsabilidad que el secretario venga y esté dando fechas y datos con su director de Obras sin la presencia de ninguno de los residentes de obra, y mucho menos nos invitó a estar con ellos. Ojalá que el Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) le jale las orejas a una persona que lo está haciendo quedar mal, como es el secretario Román Meyer”, señaló.
Calificó como una “burla” que el funcionario federal informe mediante sus redes sociales, “no puede venir aquí a hacer un video burlándose de nosotros, porque es una burla lo que está haciendo y decir el porcentaje que presumió del 70 por ciento. No queremos que esté diario, pero que cuando venga se enfrente a la realidad que estamos viviendo, y que no nos esté faltando al respeto porque en Iguala hay gente preparada, y nosotros no queremos que cualquier hijo de vecina venga aquí a faltarnos al respeto”.
Y agregó que si el secretario federal “quiere ser Influencer, pues que se compre su celular y que siga haciendo videos, pero debe de entender que el Presidente de la República debe tener un secretario operativo que le genere gobernabilidad. Con este tipo de actitudes lo único que genera es inconformidad y molestia”.
Afirmó que como gobierno municipal han enfrentado las críticas y reclamos del comercio que ha sido afectado por la obra, a quienes dijo, no se ha generado ningún programa de apoyo, “únicamente viene a hacer tres videos en las tres visitas que ha hecho, y no ha sido para anunciar un programa de beneficio para aquellos (comerciantes) que se están viendo perjudicados”.
Hernández Aguilar resaltó que la obra del Centro Histórico (en la que el gobierno federal invierte alrededor de 200 millones de pesos), “no es una dádiva”, sino producto de los impuestos de los mexicanos, de los guerrerenses y los igualtecos, de la que el gobierno municipal invierte 45 millones en obras complementarias.
Damnificados de las tormentas Manuel e Ingrid de la comunidad de Papagayo, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), tomaron la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en Chilpancingo, para exigir la entrega de las ocho casas faltantes en la reconstrucción.
A las 8:45 de la mañana, unos 30 inconformes cerraron las instalaciones, portando pancartas en las que se leían sus exigencias, como medida de presión para que las autoridades solucionen el problema.
Los manifestantes informaron que se cumplirán cinco años de que salieron afectados y ocho familias aún no tienen sus casas. Indicaron que ante la falta de solución tuvieron que regresar a sus viviendas, pese a los riesgos que presentan.
En el lugar, el comisario del Papagayo Pantaleón Mesino Flores dijo que tomaron la Sedatu para que las autoridades solucionen el problema de sus viviendas, “ya casi se cumplen cinco años de Manuel e Ingrid, y las autoridades no han solucionado totalmente”.
Precisó que en total son 34 damnificados, y falta construir las casas de ocho, el resto está en obra negra, hacen falta muebles de baño, electricidad y servicios públicos.
Mesino Flores dijo que, ante la falta de apoyo de las autoridades estatales y federales, las ocho familias tuvieron que regresar a la zona de alto riesgo y construyeron casas de lámina porque son de escasos recursos económicos.
Aseguró que cuando la Sedatu les entregue las casas a las ocho familias faltantes desalojarán la zona de alto riesgo, pero que también las autoridades se comprometan a terminarlas en su totalidad.
Al lugar acudió la encargada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez, acompañada de trabajadores de una de las dos empresas que construyeron las casas en el Papagayo.
La delegada les aseguró a los manifestantes que la empresa se comprometió a comenzar la construcción de las cinco casas que a ellos les hace falta a partir de este martes, y que si no cumplía procedería legalmente.
Sobre el resto de las casas a las que les faltan baños, electricidad y servicios públicos, además de las otras tres faltantes, se comprometió a solicitarlas a la oficialía mayor de la Sedatu, pero que tenían que liberar las instalaciones para comenzar a hacer los trámites.
Los damnificados no aceptaron porque están “cansados de promesas” y no les dan solución a sus demandas, dijeron, y se quedaron en el edificio, mientras que la delegada comenzó a hacer las gestiones vía telefónica.
Alma Aurora Jiménez indicó que “es un problema muy antiguo que traemos con ellos (los damnificados)”, dijo que la oficialía mayor de la Sedatu se comprometió a construir y concluir las viviendas que no se han terminado, “estamos esperando que nos den respuesta”, apuntó.
Dijo que llevan seis meses insistiendo en que los trabajos de la construcción están parados, para que se reanuden, y hace tres meses le aseguraron que reanudarían, pero incumplieron.
Además, hay otras cinco viviendas que tiene que ejecutar un constructor local, “que también ya sabe que si mañana (hoy) no inicia con los trabajos será denunciado legalmente”.
A las 4 de la tarde, los inconformes se retiraron del lugar luego de acordar con la encargada de Sedatu que la construcción de las cinco casas comenzará hoy, y que iniciarán el próximo lunes la instalación de los servicios que hacen falta. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Este lunes comenzó la demolición de 32 departamentos de la manzana 2B del fraccionamiento El Mirador, construido para familias damnificadas de las tormentas Ingrid y Manuel en 2013.
Las 32 viviendas demolidas fueron construidas por una empresa contratada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y los habitantes sólo las usaron del 23 diciembre de 2015 al 5 de enero de 2016, porque tenían cuarteaduras y fisuras, y fueron declaradas inhabitables por riesgo de colapso.
A las 12:47 del día comenzó la demolición, la zona no se acordonó ni se colocó protección, tampoco se habilitó el refugio temporal para las familias que están en la manzana 1B, como prometieron la encargada de la delegación de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez; el secretario de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; y el secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos.
Niños, adultos mayores, mujeres, hombres y adolescentes, desde los balcones de sus casas, de la calle y desde el transporte público miraban con asombro la demolición, que esperaban desde 2017.
“Ya era hora que los demolieran, no podíamos ni dormir porque pensábamos que los edificios se nos vendrían encima”, decía el integrante de una familia de la manzana 1B.
En el lugar también había personal de la Procuraduría General de la República (PGR), porque las empresas constructoras están demandabas ya que entregaron las casas de mala calidad y se negaron a demolerlas, de lo que se encargó la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG).
La PGR acudió al fraccionamiento para recabar información de las casas y tomar fotografías para continuar las investigaciones de la demanda que enfrenta la empresa que ejecutó mal las obras.
El ex delegado, José Manuel Armenta Tello, en reiteradas ocasiones declaró que la responsabilidad es de la empresa Casaflex, que hizo la obra, y que enfrentaba una demanda en la PGR, para que asuma su responsabilidad de la demolición del edificio y el arreglo de las viviendas que tienen fisuras, cuarteaduras y filtraciones.
Sin embargo, debido al proceso, que es largo, los funcionarios estatales y federales asumieron la responsabilidad de demoler las viviendas, que representan un riesgo para las familias que habitan los departamentos aledaños.
A las 12:47 de la tarde comenzó la demolición, la zona no fue acordonada, tampoco se habilitó el refugio temporal donde estarían las familias mientras se hacen los trabajos de demolición, para que no estuvieran dentro de sus viviendas y evitar algún percance.
Sin embargo, la Secretaría de Protección Civil estatal no estuvo cuando se iniciaron los trabajos pese a que, de acuerdo con los encargados de la demolición, les avisaron desde el viernes que iniciarían este lunes.
Los vecinos de la manzana 1B preocupados porque los trabajos habían iniciado sin la protección, llamaron al director de Protección Civil estatal para que acudiera a la zona; una hora después llegaron los socorristas a acordonar el área y comenzaron la construcción del refugio temporal, en el puente del fraccionamiento.
En el lugar, el representante de El Mirador, Noé Guzmán Barragán dijo que “estamos preocupados porque Protección Civil estatal no se ha acercado para brindar la seguridad”.
Recriminó que las autoridades estatales y federales se comprometieron a proporcionarles toldos para que las familias de la manzana 1B estuvieran refugiadas en el transcurso del día, mientras ocurría la demolición, pero no se instalaron a tiempo.
Guzmán Barragán manifestó que, en total son 40 familias que habitan en la manzana 1B, quienes estaban preocupadas que la manzana 2B fuera a colapsar ya que los trabajos se prolongaron.
Cuando inició la demolición de la primera casa, en la calle donde estaban la mayoría de los vecinos, se sentía el movimiento del suelo; en las viviendas de la manzana 1B y 3B las ventanas vibraban a causa de la demolición, ya que la zona es inestable.
De acuerdo con autoridades de la Sedatu, cada casa estaba valuada en unos 120 mil pesos, es decir que las 32 costaron más de 3 millones 840 mil pesos.
El espacio donde se demuelen las viviendas será un parque, porque la zona es inhabitable.
“Mira mamá la maquina tiro rápida la casa, es decir que así están de frágiles todas”, cuestionó un niño a su madre, mientras los demás damnificados continuaban gravando video y tomando fotografías.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se comprometió con damnificados de Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorado), a comenzar la reconstrucción de ocho viviendas después de las elecciones, pero, a partir de enero, les ha dado dos fechas para reiniciar y no ha cumplido.
Los damnificados de Papagayo cumplirán cinco años sin poder mudarse al fraccionamiento donde sólo hay algunas viviendas construidas para reubicarlos, además de que no tiene servicios públicos; los damnificados han rechazado las viviendas, alegando que necesitan todas y con los servicios completos.
Los damnificados necesitan 34 viviendas, pero sólo se han construido 26, es decir que faltan ocho casas.
En una llamada a la redacción, el comisario Pantaleón Mesino manifestó que funcionarios de la Sedatu fueron a delimitar el terreno y hacer la documentación legal del sitio.
Agregó que les dijeron que esperaran a que pasen las elecciones, cuando iniciarán la edificación de las ocho viviendas que faltan.
Sin embargo, dado que no es la primera vez que les dan una fecha para iniciar la reconstrucción, advirtió que los damnificados acordaron que si vuelven a incumplir van a protestar, porque es la única forma que les hacen caso.
Indicó que estarán pendientes y continuarán viviendo en las casas dañados en septiembre el 2013, porque no les queda otra opción.
Fraccionamiento “desafortunado”
Recientemente, la encargada de despacho de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez dijo que la construcción de las casas de la comunidad de Papagayo era un asunto desafortunado, porque fue una empresa que trajeron de la Ciudad de México y dejó los trabajos abandonados.
Además, la empresa hace unos meses inició los trabajos, pero no están concluidos, ni tampoco los servicios, por lo que la Sedatu procedería legalmente.
En Papagayo, una empresa contratada por la Sedatu construyó un fraccionamiento con casas sobre pilotes de madera, que luego fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque estaban en un terreno inestable y no apto para vivir; luego, un incendio consumió 25 de las 29 casas construidas, por lo que se cambió de terreno.
En enero, los damnificados tomaron la delegación federal, donde les prometieron que irían a la localidad para acordar la fecha de inicio de los trabajos, el 20 de enero, pero no cumplieron.
Luego, funcionarios de la dependencia que fueron al terreno donde los reubicarían, les dijeron que el 21 de mayo iniciarían la construcción de las viviendas, pero volvieron a incumplir.
Posteriormente, a los damnificados les dijeron que no había dinero para reiniciar los trabajos y que esperarían a recibir recursos. (Beatriz García / Chilpancingo).
Damnificados del 2013 de las tormentas Ingrid y Manuel que fueron reubicados en El Mirador se reunieron con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Protección Civil estatal y de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), para determinar las medidas de precaución que van a tomar, pues a más tardar el viernes llega la maquinaria que demolerá una manzana del lugar que es inhabitable por riesgo de colapso.
El lunes, la encargada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez; el secretarito de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mario Moreno Arcos, también se reunieron con los habitantes de la manzana 1B, quienes se encuentran enfrente de un edificio que se prohibió que se habitara porque está latente el riesgo de colapsarse, donde hay 32 departamentos.
Ese día se anunció que la demolición comenzaría este martes, pero no fue así. En la reunión de ayer, la encargada de Sedatu, personal de CICAEG y de Protección Civil precisaron que será hasta el jueves o viernes cuando comience a llegar la maquinaria que demolerá los edificios.
El Mirador está a las afueras de la capital, a un lado de la Autopista del Sol hacia Acapulco, ahí viven familias damnificadas en septiembre de 2013 por las tormentas tropicales Manuel e Ingrid.
En declaraciones, el ex delegado José Manuel Armenta Tello, en reiteradas ocasiones declaró que la responsabilidad es de la empresa Casaflex, que hizo la obra, y que enfrentaba una demanda en la PGR para que asuma su responsabilidad de la demolición del edificio y el arreglo de las viviendas que tienen fisuras, cuarteaduras y filtraciones.
Sin embargo, debido al proceso que es largo, los funcionarios estatales y federales asumieron la responsabilidad de demoler las viviendas, que representan un riesgo para las familias que habitan en los departamentos aledaños.
El espacio donde se demolerán las viviendas será un parque.
Los funcionarios se reunieron en la casa de salud que habilitaron los vecinos junto con una médica, y ahí decidieron hacer un recorrido por la manzana 2B que es la que será demolida, para determinar el procedimiento que llevará este hecho.
El edificio 2B ha sido vandalizado debido a que no está habitado, las paredes están ralladas con aerosol, los vidrios de las ventanas están quebrados, también ha sido utilizado como basurero y como baño, por lo que tiene un olor pestilente. También se robaron parte de las instalaciones, como fregaderos y tazas de baño. La mayoría de los departamentos están abiertos.
Al término del recorrido, nuevamente se reunieron en la casa de salud, donde los funcionarios informaron a los vecinos.
El representante de la CICAEG, Diego Alvarado Castro, expuso que se tiene que poner protección a los vecinos cercanos a la manzana a demoler para prevenir afectaciones; también se hará una rampa para llevar el equipo que necesitará, porque es un trabajo laborioso.
Todo el procedimiento tardará de 15 a 20 días, a partir de que la maquinaria esté en el lugar, que será, a más tardar, el viernes.
Los vecinos solicitaron desensamblar un departamento completo para hacer una capilla, pero les dijeron que no se puede porque son pesadas, ya están fracturadas y son ensamblados. Por ello, los vecinos decidieron que les dejaran escombro para ponerlo en el camino.
Por su parte, el representante de Protección Civil estatal, Rafael Durán, aclaró que es estimado el tiempo de 15 a 20 días para hacer los trabajos, pero puede haber complicaciones y tardar un poco.
“El proceso de demolición no lo hace la empresa que construye, entonces ellos se van a encontrar con puntos ciegos que no conocen y eso puede llevar un poco más de tiempo”, por lo que les pidieron que fueran pacientes, indicó.
La información que les dieron a los vecinos es que el procedimiento para que se salgan de sus casas y se instalen en las carpas que se colocarán, va a ser desde la hora que se comience con los trabajos hasta la hora que se termine, con el fin de prevenir un accidente.
Durante las horas de demolición, las familias deberán permanecer en las carpas, y una vez que terminen el día, Protección Civil hará una revisión rápida para ver el estado en el que se encuentran las viviendas, y entonces les indicarán que pueden entrar a sus casas.
En consulta, la encargada de Sedatu indicó que el curso de las investigaciones en la PGR contra la empresa constructora continúa, pero no se pudieron esperar los resultados porque pueden pasar tres años y no debe continuar el edificio ahí.
Sin embargo para reparar el resto de viviendas habitadas pero que también presentan daños, dijo que ahí si se tendrán que esperar los resultados de las investigaciones, pues serán las empresas las que hagan la reparación de daños.
Además, aseguró que las viviendas que se van a demoler no estaban asignadas a ningún damnificado, y tampoco hay damnificados de Ingrid y Manuel en espera.
Comunicó que ya no hay ningún predio de reconstrucción clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En el fraccionamiento se construyeron 598 viviendas, pero 32 de ellas son inhabitables. A los vecinos les entregaron la llave de su casa el 23 diciembre de 2015 pero la usaron sólo hasta el 5 de enero de 2016, y desde que las habitaron denunciaron que tienen cuarteaduras y fisuras que provocan humedades y filtraciones.
Hoy inician los trabajos de demolición de 32 viviendas inservibles en el fraccionamiento Nuevo Mirador, que pagará el gobierno estatal, porque la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no tiene presupuesto; las familias se reubicarán ahí mismo para evitar que delincuentes roben sus pertenencias.
Este lunes, en el fraccionamiento El Mirador, en una reunión de damnificados por las tormentas Manuel e Ingrid, con autoridades federales y estatales acordaron que hoy iniciarán la demolición de 32 casas inservibles que no estaban habitadas de la manzana 2B, que tenían que haber sido demolidas en marzo de 2017.
En la reunión estuvieron la encargada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez; el secretarito de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mario Moreno Arcos, y colonos que serán reubicados en un refugio temporal.
Ahí, los funcionarios les informaron a los colonos que serían reubicados mientras se inicia la demolición, pero los damnificados pidieron carpas en el fraccionamiento para estar mientras terminan con los trabajos.
Los colonos dijeron que no pueden irse a algún albergue debido a que en el fraccionamiento no hay seguridad, y temen que los delincuentes roben sus muebles y electrodomésticos.
Los funcionarios manifestaron que no podían comprometerse a proporcionarles láminas y madera, porque no contaban con presupuesto, pero que verían la manera de que alguna dependencia les prestara toldos de plástico.
El secretario de Protección Civil estatal explicó que continuará el procedimiento para la demolición de las viviendas y las acciones preventivas para garantizar la seguridad de las personas por medio de los mecanismos de la demolición.
“Es algo preventivo que se hará en la zona, garantizar la seguridad y evitar que las personas se acerquen al lugar de la demolición para que no se provoque algún accidente”, indicó el funcionario, y detalló que cuando se terminen los trabajos se tomará alguna decisión para ver si se construye en el lugar o no, “con la demolición podemos determinar con los estudios necesarios qué acciones de mitigación se realizarán para ocupar el espacio”.
Por su parte, Mario Moreno dijo que, “la idea es que sientan el apoyo del gobierno estatal, los toldos que pueda conseguir se los haré llegar a Mayares Salvador para que los habiliten”.
La encargada de Sedatu manifestó que las familias serán trasladadas de manera momentánea a alguna zona del fraccionamiento por unas horas, en lo que se trabaja en la demolición de las 32 viviendas.
Informó que en el fraccionamiento serán demolidas las casas, y ya no se construirán más, sólo se dejará la protección para que el resto de las viviendas queden bien.
Alma Aurora Jiménez dijo que en las 32 viviendas no habitaban damnificados porque sabían que estaban mal construidas, y las personas que estarán en protección son las que están cerca de la zona, para que no ocurra algún percance.
Informó que la delegación no cuenta con dinero para hacer la demolición, por lo que el gobierno estatal los apoyará; la Sedatu realiza una gestión a nivel central para ver si les otorgan más de 2 millones 800 mil pesos que cuesta el trabajo.
En cuanto al puente que está en el fraccionamiento, dijo que está concluido por parte de la Sedatu, pero el problema por el que no ha avanzado es que el municipio no ha llegado a un acuerdo con el propietario del terreno, por lo que los damnificados aún no pueden salir.
No se entregará al 100 por ciento las casas a los damnificados de Ingrid y Manuel
La encargada informó que el reto es concluir la construcción de las casas en noviembre, consideró que, “estaremos en el 95 por ciento, porque será imposible cerrarla al 100 por ciento por las empresas que dejaron trabajos a medias”, e indicó que actualmente se tiene el 85 por ciento de la construcción.
Alma Aurora Jiménez dijo que la construcción de las casas de la comunidad El Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) es un asunto “desafortunado”, porque fue una empresa que trajeron de México y dejó los trabajos abandonados, “ha sido una problemática para que reactivaran”.
Informó que la empresa hace unos meses inició con los trabajos, se construyeron 26 de las 29 viviendas que hacían falta, pero no están concluidas ni tampoco los servicios, por lo que la Sedatu procederá legalmente.
Destacó que en oficinas centrales de la Ciudad de México están haciendo trabajos extraordinarios para tener recursos económicos y concluir las viviendas que las empresas foráneas abandonaron.
Precisó que las empresas abandonaron la construcción de las casas en municipios de la Montaña, Chilpancingo y Acapulco.
La detención de las obras se debe a que son empresas que no cumplen, “son empresarios que no son de Guerrero y no tienen idea de lo que cuesta trabajar en el estado”. Además de que, a cuatro años el costo de la vivienda no es el mismo, y muchos “salen corriendo”, pero se llevan un problema legal.
Manifestó que hay comunidades, principalmente de Chilpancingo que se quedaron fuera de un censo, como fue el caso de San Vicente, y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no resuelve. Indicó que han buscado la solución a través de otros programas, pero tiene que a ver una participación del municipio o del estado.
La encargada de Sedatu dijo que a los presidentes municipales les toca atender los servicios públicos de las casas de los damnificados, pero en algunas ocasiones no tienen el dinero para otorgárselos.
Ejemplificó con el caso de Leonardo Bravo, donde los alcaldes no tienen dinero para acercar los servicios, “se entregaran las casas pero tal vez no tendrán servicios”, concluyó.
El comisario de Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Pantaleón Mesino informó que la construcción de las casas para damnificados de 2013 está parada, y que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), les prometió que el lunes de la semana pasada reanudarían labores, pero esperaron toda la semana y nadie acudió.
En enero, luego de una protesta en la Sedatu, a los damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel les prometieron que comenzaría la reconstrucción de ocho viviendas que faltan por hacer, pero no se cumplió.
En consulta telefónica, el comisario contó que se comunicó telefónicamente con la ahora encargada de la dependencia federal, Alma Aurora Jiménez, quien le afirmó que el lunes de la semana pasada acudirían trabajadores para reiniciar los trabajos, sin embargo fue a ver pero no llegó nadie y así el resto de la semana.
Agregó que se comunicaría nuevamente a Sedatu para saber qué sucedió con los trabajos de la obra.
Anteriormente, el comisario declaró que, aunque ya se construyeron 26 viviendas ninguna cuenta con servicios, por lo que los vecinos no han querido recibirlas.
Al principio, en El Papagayo, una empresa contratada por la Sedatu construyó un fraccionamiento con casas sobre pilotes de madera que fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque estaban en un terreno inestable y no apto para vivir, y un incendio consumió 25 de 29 casas construidas, por lo que se cambió de terreno. (Beatriz García / Chilpancingo).
