El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló la necesidad de construir un nuevo hospital en el municipio de Tlapa, debido a la antigüedad y estado en el que se encuentra el Hospital General.
Durante su conferencia de prensa de este viernes, al presidente se le preguntó sobre la transacción realizada con el gobierno de Takiyistán, correspondiente a la venta del avión presidencial, señalando que los recursos obtenidos serán destinados para la construcción del hospital en Tlapa, recordando que la Fundación Teletón ya realiza un centro de rehabilitación.
“Ahí se está haciendo también un hospital para atender a niños, a niñas con discapacidad, pero ese Hospital General se necesita, porque el hospital que hay en Tlapa tiene cerca de 50 años y está en muy mal estado, va a ser un hospital nuevo”, explicó el presidente.
Agregó que la construcción del hospital, correrá a cargo de ingenieros militares, informando que la edificación se realizará en un terreno de 60 hectáreas que es propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Los dos hospitales los va a construir la Secretaría de la Defensa, a través de los ingenieros militares. En el caso de Tlapa, para no tener que tirar el que está, se va a ubicar el nuevo hospital en un terreno que tiene la Secretaría de la Defensa, de alrededor de 60 hectáreas, para que quede bien ubicado”, comentó el mandatario.
De igual forma, señaló que espera que la construcción del hospital de Tlapa y del que se construirá en Tuxtepec en Oaxaca, finalicen antes septiembre de 2024, previo al cierre de su administración.
“De modo que vamos a construir pronto los dos hospitales, también ese de 80 camas con especialidades y vamos a inaugurar los dos hospitales antes de septiembre del año próximo, equipados y con médicos, y con especialistas, y con medicinas suficientes”.
López Obrador remarcó que parte de los recursos obtenidos por dicha venta, serán utilizados para la construcción de dos hospitales, detallando que tendrá capacidad de 80 camas.
“El dinero se va a emplear en la construcción de dos hospitales. Uno en la Montaña de Guerrero, en Tlapa, que es la zona más pobre de México, ahí se va a construir un hospital de 80 camas” indicó López Obrador.
En la conferencia de prensa matutina del pasado jueves, al presidente se le cuestionó sobre la posibilidad de la venta del avión, indicando que los recursos se utilizarían para la construcción de un hospital en Tlapa y otro en Tuxtepec.
El mismo jueves por la tarde, López Obrador informó la venta del avión presidencial al gobierno de Tayikistán, mismo que pagó mil 658 millones 684 mil 400 pesos, reiterando que los recursos serán para la construcción de hospitales.
“Este dinero se invertirá en dos hospitales, en Tlapa, Guerrero y en Tuxtepec, Oaxaca, que serán construidos por los ingenieros militares e inaugurados antes de terminar nuestro mandato” publicó en su cuenta personal de Twitter.
Ante dicha confirmación de la transacción, la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, reconoció el compromiso del presidente López Obrador con Guerrero, celebrando la decisión. (Juan Luis Altamirano Uruñuela)
“El compromiso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sigue firme con las zonas más vulnerables de Guerrero. Celebramos la gran noticia de que el dinero por la venta del avión presidencial servirá para construir dos hospitales; uno de ellos en el municipio de Tlapa de Comonfort, el corazón de la Montaña guerrerense”, manifestó Evelyn Salgado. .
La protesta de docentes, padres de familia y alumnos de la técnica 46 Rubén Uriza Castro, afuera del Palacio Municipal de Huitzuco, en contra de la donación de 2.5 hectáreas de la escuela para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional Foto: Cortesía de padres de familia
Alejandro Guerrero
Iguala
Unos 400 padres de familia, docentes, alumnos y ex alumnos de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, de Huitzuco, marcharon por la tarde y protestaron afuera del Palacio Municipal, contra la donación de 2.5 hectáreas de terreno que hizo el gobierno del alcalde Eder Nájera Nájera y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN).
La marcha de protesta salió de las instalaciones de la escuela, ubicada a orilla de la carretera estatal a Iguala y recorrió varias calles hasta llegar afuera del Palacio Municipal, donde realizaron un mitin.
En la marcha, los inconformes llevaron mantas y cartulinas con su postura de rechazo a la donación de este terreno, de 25 mil 942 metros cuadrados, para la construcción del cuartel de la Guardia Nacional, y puntualizan que no se oponen a esa obra, pero que se realice en otro lugar.
En el mitin afuera del edificio sede del Ayuntamiento, una representante de los padres de familia advirtió que no van a permitir que el cuartel se construya en terrenos que pertenecen a la escuela, y subrayó que no se oponen a la llegada de este cuartel, pero sí a que se despoje de los terrenos que pertenecen a la técnica.
Mencionó que iban llegando de Chilpancingo, de una reunión que tuvieron con autoridades educativas, en la que presentaron otras opciones donde ese cuartel puede ser construido, “no nos negamos a que la construcción del cuartel se realice en nuestra ciudad, simplemente no lo vamos a permitir dentro de nuestra escuela”, advirtió.
De acuerdo con oficios compartidos por los padres de familia y docentes, el 6 de mayo pasado, luego de que el alcalde presentó el proyecto a la comunidad escolar, en una asamblea realizada dentro de la escuela, por unanimidad, los padres de familia y docentes rechazaron que la donación del terreno y la construcción del cuartel.
A pesar del rechazo de los padres y docentes, el gobierno de Nájera Nájera y la SEG hicieron la donación del terreno, bajo el argumento de que “ese predio no pertenece a la técnica sino a la SEG, por lo que esa dependencia decide la utilización del inmueble y espacios que tiene las instituciones”, por lo que el 17 presentaron una queja ante la coordinación regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum).
El terreno donde se pretende construir el cuartel de la Guardia Nacional está en la entrada a la cabecera municipal, entre la técnica y el CBTIS, y de acuerdo con los padres y docentes, esas parcelas además tener las canchas de fútbol y básquetbol, también son utilizadas para el cultivo de maíz de autoconsumo y pastoreo de ganado, además de que “con este proyecto se obstruye el aprendizaje de los alumnos de Tecnologías de Agricultura y Pecuarias” de nivel medio superior del CBTIS 175 y el Centro de Estudios Tecnológicos (CET).
Durante la marcha mostraron cartulinas con textos como: “No nos oponemos a la construcción del cuartel, pero no en nuestra institución”, “no a la construcción del cuartel militar en mi escuela” y “Guardia sí…en mi escuela no”. Mientras que en la marcha y mitin corearon: “Sí queremos el batallón, pero no en nuestra institución”, “sin respeto y con mentiras, nos quitan las canchas deportivas” y “a favor del batallón, pero no en nuestra institución”.
Al finalizar la protesta, a la que no se presentó el alcalde Eder Nájera, los manifestantes tapizaron la puerta principal y la fachada del edificio con las cartulinas que llevaban.
Unos 300 miembros de la CETEG bloquearon los cuatro carriles centrales y las laterales, en Chilpancingo (imagen), para exigir a la SEG la entrega de nombramientos de recategorizaciones. En tanto, pobladores y padres de familia de la comunidad Xalitla, Tepecoacuilco, bloquearon ocho horas la carretera federal México-Acapulco para exigir la destitución de directivos y docentes de un plantel en el que, aseguran, hay tráfico de drogas. Además, habitantes de Huitzuco protestaron afuera del Palacio Municipal para oponerse a la donación de un terreno escolar para un cuartel de la Guardia Nacional; el alcalde aseguró que en la queja hay intereses políticos Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Bloquea CETEG por completo la Autopista del Sol; exige a la SEG que dé nuevas categorías
Los cetegistas denuncian que tenían programada una mesa de trabajo con las autoridades de la SEG, pero la reunión fue cancelada y eso originó que bloquearan la vía más de dos horas
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Unos 300 miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), que encabeza Héctor Torres Solano, bloquearon los cuatro carriles centrales de la Autopista del Sol y las laterales, en Chilpancingo, para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la entrega de nombramientos de recategorizaciones.
El bloqueo inició a las 12:40 del día, en el sentido norte-sur, pero minutos después se extendió y el cierre fue total, a unos metros del restaurante Vips, y de la calle Recursos Hidráulicos, cerca del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado. La protesta duró alrededor de dos horas.
Los cetegistas denunciaron que este miércoles tenían programada una mesa de trabajo con las autoridades de la SEG, para avanzar en la entrega y corrección de nombramientos a docentes con claves bajas, los que tienen un salario bajo, porque a más de un mes que fueron autorizados no han sido entregados, pero la reunión fue cancelada, lo que originó que bloquearan.
En la protesta, Héctor Torres informó que son unas 900 claves bajas de trabajadores que son aspirantes a docentes, que cumplieron con el perfil de licenciados en educación y se deben recategorizar a una clave docente superior, para que aumente su salario.
Dijo que, además, solicitaban el pago de la quincena de los docentes de la primera lista de recategorizados, “el problema que tenemos con las autoridades educativas es la entrega de nombramientos y las correcciones. Hemos sido muy tolerantes, pero por la falta de respuesta tenemos que protestar”.
A las 2 de la tarde, una comisión encabezada por Torres Solano fue recibida en el Recinto Estatal; en tanto, el bloqueo continuó hasta las 3 de la tarde, como medida de presión contra las autoridades educativas.
A las 3 de la tarde, los manifestantes se retiraron de la vialidad, luego de que se enteraron de que la mesa de trabajo fue instalada y en ella estaba presente el titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, y parte de su estructura.
Por el bloqueo, cientos de automovilistas se quedaron varados y algunos, por la desesperación de llegar a su destino, optaron por transitar dentro del encauzamiento del río Huacapa.
En un escueto comunicado, se informó que el secretario de Educación, Marcial Rodríguez, tuvo una reunión de trabajo con representantes de la CETEG, con quienes llegó a acuerdos sobre la recategorización de 918 docentes con claves bajas.
Rodríguez Saldaña manifestó que la indicación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda es la de atender, “con respeto, a todos los integrantes del sector educativo: trabajadores, docentes, estudiantes, madres y padres de familia, y concentrarse fundamentalmente en elevar los indicadores educativos en la entidad”.
Normalistas bloquean avenidas en la capital; la SEG les niega sus plazas, aseguran
Egresados de las normales públicas y del Centro de Actualización del Magisterio (CAM), de la generación 2018-2022, bloquearon avenidas en la capital, debido que el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña, se niega a darles sus plazas.
A las 11:30 de la mañana, unos 50 inconformes salieron en marcha desde el monumento Las Banderas, realizaron pintas en la fachada de la Subsecretaría de Administración y Finanzas: “Fuera corruptos” y “queremos plazas”.
Los egresados llegaron al cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Ruffo Figueroa, así como las laterales de la Autopista del Sol, frente al museo interactivo La Avispa, donde bloquearon.
Uno de los inconformes, Saúl Efigenio García, detalló que son egresados del nivel secundaria, principalmente, y que en todo el estado son 170 afectados, quienes a pesar de que pasaron el examen, la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Uesicamm) se niega entregarles las plazas.
“Las autoridades estatales han roto las mesas de diálogo”, porque incluso el pasado viernes tenían una mesa de trabajo, pero los funcionarios estatales no se presentaron, dijo Efigenio García.
Indicó que este miércoles acudieron a la Subsecretaría de Finanzas, porque el titular, Alejandro Moreno Lira, les aseguró que sí había presupuesto para las plazas, “por eso exigimos que ejerzan ese presupuesto, porque ya cumplimos con el proceso de evaluación”.
Los egresados reanudaron la marcha y volvieron a bloquear los dos sentidos del encauzamiento del río Huacapa, a unos metros del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado.
Minutos después cerraron una de las puertas principales de las oficinas del poder Ejecutivo. Funcionarios del gobierno estatal dialogaron con los manifestantes y les propusieron una mesa de trabajo, los egresados aceptaron y se retiraron del lugar. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Bloquean padres la carretera federal en Xalitla; denuncian tráfico de drogas en una secundaria
Los vecinos exigen la destitución del director, la subdirectora y cuatro docentes, por la venta y consumo de estupefacientes entre la comunidad escolar. También solicitan la reconstrucción de la escuela
Alejandro Guerrero
Iguala
Pobladores de la comunidad Xalitla, municipio de Tepecoacuilco, con padres de familia de la secundaria técnica 111 Carlos Darwin, bloquearon durante ocho horas la carretera federal México-Acapulco, en el tramo Chilpancingo-Iguala, junto al parador turístico de esa comunidad.
Los vecinos exigieron la reconstrucción de la escuela, que fue tomada el martes, así como la destitución del director, la subdirectora y cuatro docentes, por la venta y consumo de drogas entre la comunidad escolar.
El bloqueo total a la carretera federal, que inició alrededor de las 9:30 de la mañana, contó con la participación de unas 100 personas y se levantó a las 5:20 de la tarde, luego de la firma de una minuta de acuerdos entre padres de familia y autoridades estatales, en la que se determinó la implementación de un proceso de investigación y la separación del cargo del director José Luis Pineda, la subdirectora Soraya Arellano y los profesores Fidel Álvarez García, Christopher Salgado Gante, Diego Rubén Alejo y Ángel de la Cruz Andrade.
Debido al bloqueo, decenas de automovilistas, que viajaban hacia Chilpancingo o Iguala, quedaron varados en ambos lados de la carretera. Los manifestantes instalaron una carpa a media carretera, atravesaron una cuerda en la que colocaron cartulinas, con sus exigencias, y pusieron piedras para evitar el paso de automóviles.
El martes los padres de familia tomaron la secundaria técnica Carlos Darwin, denunciando problemas dentro del plantel por la venta y consumo de drogas entre el alumnado, con la omisión de directivos y docentes.
Este miércoles, además de demandar la destitución de directivos y cuatro profesores, exigieron a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) la reconstrucción de su escuela y la asignación de conserjes.
Al bloqueo llegaron agentes de la Guardia Nacional, quienes dialogaron con los manifestantes, pero éstos rechazaron retirar el bloqueo. También llegó el delegado de Gobernación, Felipe Adán Ramírez, y el director del Instituto Guerrerense para la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Benjamín Guinto Nava, con quienes se realizó un recorrido de supervisión de las condiciones de la escuela y se entabló una mesa de negociaciones, pero sin retirar el bloqueo a la carretera.
Fuentes consultadas, informaron que además se acordó con los padres y madres de familia la aplicación de una auditoría administrativa integral, a los recursos financieros, materiales y humanos de la institución. También se ofreció que el próximo miércoles se le dará una fecha a la audiencia que los padres solicitaron con el secretario de Educación, Marcial Rodríguez Saldaña.
También se ofreció la asignación de dos conserjes, y en una primera etapa, la ejecución de un estudio técnico de las necesidades con las que cuenta el edificio de la escuela, por parte del IGIFE; además de la remodelación de tres aulas y el cableado de la institución.
Mientras, se harán las gestiones ante la SEG para dar continuidad a la atención de necesidades de la escuela, y en una segunda etapa con dinero del ejercicio fiscal 2024, así como evitar que haya represalias contra padres de familia y alumnos que participaron en la movilización.
Protestan en Huitzuco padres de la secundaria donde se quiere construir un cuartel de la GN
Alejandro Guerrero
Iguala
Unos 400 padres de familia, docentes, alumnos y ex alumnos de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, de Huitzuco, marcharon por la tarde y protestaron afuera del Palacio Municipal, contra la donación de 2.5 hectáreas de terreno que hizo el gobierno del alcalde Eder Nájera Nájera y la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN).
La marcha de protesta salió de las instalaciones de la escuela, ubicada a orilla de la carretera estatal a Iguala y recorrió varias calles hasta llegar afuera del Palacio Municipal, donde realizaron un mitin.
En la marcha, los inconformes llevaron mantas y cartulinas con su postura de rechazo a la donación de este terreno, de 25 mil 942 metros cuadrados, para la construcción del cuartel de la Guardia Nacional, y puntualizan que no se oponen a esa obra, pero que se realice en otro lugar.
En el mitin afuera del edificio sede del Ayuntamiento, una representante de los padres de familia advirtió que no van a permitir que el cuartel se construya en terrenos que pertenecen a la escuela, y subrayó que no se oponen a la llegada de este cuartel, pero sí a que se despoje de los terrenos que pertenecen a la técnica.
Mencionó que iban llegando de Chilpancingo, de una reunión que tuvieron con autoridades educativas, en la que presentaron otras opciones donde ese cuartel puede ser construido, “no nos negamos a que la construcción del cuartel se realice en nuestra ciudad, simplemente no lo vamos a permitir dentro de nuestra escuela”, advirtió.
De acuerdo con oficios compartidos por los padres de familia y docentes, el 6 de mayo pasado, luego de que el alcalde presentó el proyecto a la comunidad escolar, en una asamblea realizada dentro de la escuela, por unanimidad, los padres de familia y docentes rechazaron que la donación del terreno y la construcción del cuartel.
A pesar del rechazo de los padres y docentes, el gobierno de Nájera Nájera y la SEG hicieron la donación del terreno, bajo el argumento de que “ese predio no pertenece a la técnica sino a la SEG, por lo que esa dependencia decide la utilización del inmueble y espacios que tiene las instituciones”, por lo que el 17 presentaron una queja ante la coordinación regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum).
El terreno donde se pretende construir el cuartel de la Guardia Nacional está en la entrada a la cabecera municipal, entre la técnica y el CBTIS, y de acuerdo con los padres y docentes, esas parcelas además tener las canchas de fútbol y básquetbol, también son utilizadas para el cultivo de maíz de autoconsumo y pastoreo de ganado, además de que “con este proyecto se obstruye el aprendizaje de los alumnos de Tecnologías de Agricultura y Pecuarias” de nivel medio superior del CBTIS 175 y el Centro de Estudios Tecnológicos (CET).
Durante la marcha mostraron cartulinas con textos como: “No nos oponemos a la construcción del cuartel, pero no en nuestra institución”, “no a la construcción del cuartel militar en mi escuela” y “Guardia sí…en mi escuela no”. Mientras que en la marcha y mitin corearon: “Sí queremos el batallón, pero no en nuestra institución”, “sin respeto y con mentiras, nos quitan las canchas deportivas” y “a favor del batallón, pero no en nuestra institución”.
Al finalizar la protesta, a la que no se presentó el alcalde Eder Nájera, los manifestantes tapizaron la puerta principal y la fachada del edificio con las cartulinas que llevaban.
Hay intereses políticos detrás de las protestas por la obra del cuartel, asegura el alcalde
El morenista Eder Nájera afirma que es urgente la construcción de la infraestructura para la GN, por la inseguridad en Huitzuco y que dice que es parte de la violencia en la que están inmersos el estado y país
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
El presidente municipal de Huitzuco, Eder Nájera Nájera, consideró que detrás de la queja de un grupo de maestros y padres de familia por la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN), hay grupos políticos contrarios a su gobierno.
También afirmó que es urgente la construcción del cuartel de la GN por la inseguridad que llega a su municipio “por olas”, violencia en la que está inmerso Huitzuco, el estado y país, que “no se han podido contener, porque ha sido muy difícil el descontrol que había”.
El pasado jueves 16 de marzo, padres de familia y maestros de la secundaria técnica 46 Rubén Uriza Castro, se manifestaron en el Recinto del Poder Ejecutivo del Estado, en Chilpancingo, contra la construcción del cuartel de la GN en los terrenos del plantel educativo. La tarde de ayer, los inconformes marcharon en la cabecera municipal, expresando su inconformidad en contra de la construcción.
El martes, en un video en vivo, el alcalde de Huitzuco (Morena) contó que desde noviembre de 2021, cuando el municipio vivió una crisis de inseguridad, el gobierno federal decidió instalar cinco cuarteles de la GN en Guerrero, que construirá el Ejército, uno de ellos en su demarcación, por lo que él acompañó a las autoridades encargadas en un recorrido por tres primeros terrenos, pero que no convencieron a los enviados de la GN, porque no cumplían los requisitos.
Sin embargo, fueron la GN y el Ejército los que observaron el predio de la secundaria y le pidieron que investigara, por ello, Éder Nájera dijo buscó al director, quien a cambio del terreno pidió obras en el área de talleres, una cisterna y una barda ; en tanto, los militares solicitaron la donación de predio al gobierno estatal.
Expuso que fue el 28 de febrero de este 2023, cuando el Ejército, GN y el gobierno del estado valuó el terreno, el último de los requisitos para la donación, pero comenzaron los disgustos de maestras y padres de familia, quienes argumentaban que estaban en contra del cuartel, porque los efectivos embarazarán a las estudiantes y habrá ataques armados en la zona.
La tarde de este miércoles, contactado vía telefónica, Éder Nájera afirmó que las protestas son un asunto político, porque no fue una gestión oculta, que el avance de la construcción del cuartel lo difundió en su página de Facebook, y que incluso, hace ocho días se reunió con los padres de familia, donde le dijeron que no sabían nada, un año después de haber iniciado el proceso de construcción.
Reiteró que el director de la escuela siempre estuvo informado de la construcción del cuartel, pero ahora está en contra porque no esperaba el reclamo de los padres de familia, o “tiene alguien detrás que esté meneándole la cintura. Sí es un asunto político, o la otra es que ya no sepa qué hacer con la decisión que tomó en su momento, puesto que no lo había consensuado con sus maestros”.
Resaltó que el dueño del terreno no es el centro educativo, sino el gobierno del estado, mediante la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). También afirmó que no es un juego y el Ejército podría llevarse el cuartel a otro municipio.
Manifestó que si se hiciera una encuesta o un sondeo a la ciudadanía, se priorizaría la seguridad por encima de un terreno que representa una cuarta parte de la secundaria, y reprochó que el comité de padres de familia no le ha permitido reunirse con todos los padres de familia de la secundaria, para explicarles, que no es su decisión, sino del gobierno estatal y del Ejército.
“Yo creo que sí es político el asunto, y pues algunos nos quieren detener, ojalá y espero que no sea el caso, de que haya gente que prefiera que siga habiendo bajas ciudadanas (muertos) aquí en nuestro municipio, a que se resuelva lo más importante que es la seguridad, y que a lo mejor los créditos se los lleve un servidor. Yo creo que están apostando a eso y ojalá y no sea el caso”, aseveró.
Afirmó que actualmente no hay más propuestas de otros terrenos, porque buscar otras opciones, como las bodegas ocupadas anteriormente por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) sería un conflicto con el ejido; además, afirmó que el municipio no tiene recursos para comprar un predio con las condiciones de 2.5 hectáreas, como lo solicita la GN.
Afirmó que la discusión la podría llevar a una consulta popular en la cabecera, para saber si se prioriza “el dominio de un bien que no es de la secundaria o se priorizaría la seguridad pública”.
Sobre si es urgente la instalación del cuartel por la violencia en su municipio, respondió que sí, y que ha calificado el fenómeno de la inseguridad como olas, “cuando llega la ola se dan casos de enfrentamientos entre grupos criminales, cuando se va la ola, tal vez por así decirlo, y quiero imaginar, porque también no soy especialista. Sin embargo, trato de ser analista, cuando se van, cambian a veces de ring, y esas confrontaciones se trasladan hacia Atenango, Tepecoauilco, Iguala”.
“Creo que Huitzuco está inmerso, igualmente el estado y la nación, en un resultado de una estrategia fallida de hace mucho tiempo y esa estrategia aun cuando se han atacado con políticas públicas, en materia desarrollo social y bienestar social, y acciones inmediatas como la creación de la Guardia Nacional, no se han podido contener, porque ha sido muy difícil el descontrol que había”, precisó.
Aseguró que es necesario realizar acciones de contención, porque “nadie está salvo, yo mismo soy susceptible de que me pase algo, todos somos susceptibles. Pero teniendo el cuartel creo que nos vamos a sentir y vamos a estar mejor, porque no creo que vengan de vacaciones o a encerrarse en los cuarteles, tienen que hacer acciones de patrullaje y de contención”.
Dijo que esperará “el humo blanco” que emita el Ejército, que tendrá que ver no con sus opiniones, sino con lo que decida la federación con su estrategia de seguridad nacional y que esa decisión la respetará, al igual que lo diga la ciudadanía.
Efectivos del Ejército a su paso por la calle Colón en el centro de Chilpancingo, como parte de los recorridos de seguridad que realizan en la capital del estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) y asesor de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, declaró por teléfono que los documentos de los hackers Guacamaya que señalan la existencia del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (Cerfi) en el 27 Batallón de Iguala, confirman lo que han venido señalando los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, de que en esas instalaciones hay información suficiente para esclarecer el caso.
“Definitivamente, esa información ya la teníamos nosotros. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), encontró varios documentos relacionados con el caso Ayotzinapa que fueron obtenidos por el Cerfi con sede en Iguala”, declaró el abogado.
Añadió que, incluso, por eso los padres de los 43 estudiantes desaparecidos han estado pidiendo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que les abran los archivos de ese Centro, pero que el Ejército ha negado la existencia del Cerfi.
El abogado denunció que ha habido negativa de la Sedena para proporcionar la información que hay en ese Centro, “la poca información que ha salido es lo relacionado a una intervención telefónica que ellos (los del Cerfi), hicieron justamente el 26 de septiembre a las 10 de la noche, supuestamente al teléfono de Francisco Salgado Valladares (comandante de la Policía Municipal de Iguala) que este Centro intervino a las 10 de la noche.
Rosales Sierra agregó que por eso han estado pidiendo que los militares acudan al Ministerio Público para que se pueda “diligenciar” esta intervención telefónica y saber quién la llevó a cabo, cómo y por qué razones y todos los datos concernientes a ello, “pero el Ejército se ha negado, como ha negado la existencia de este centro”, reprochó el abogado.
El activista informó que tienen datos de que los militares estuvieron vigilando desde este Centro la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Sin embargo dijo que todavía no han determinado si van a aportar estos documentos como elementos probatorios en contra del Ejército en el expediente del caso Iguala, “porque primero habríamos de ver de qué forma se aporta al proceso”.
Sin embargo, dijo el documento no es tan relevante para el proceso del caso Ayotzinapa porque los datos que ya tienen con respecto a la participación del Ejército son más importantes, “nosotros ya tenemos el dato preciso de qué es lo que intervino, y ahora lo único que se dice que ese Centro es uno de los cinco que existen en el país, digamos que esa es la novedad, pero nosotros lo que tenemos son datos concretos de qué hizo ese centro la noche del 26 el Ejército mexicano a través de ese Centro”.
Rosales Sierra agregó que cuentan con al menos dos o tres datos precisos de lo que habría hecho el Ejército esa noche a través de ese Centro, pero insistió que el problema es que se niega a aceptar que exista esta instancia dentro de esas instalaciones y de su estructura.
“Pero que bueno que ahora sale a la luz y se hace público para que la gente sepa que efectivamente existe este Centro de Fusión de Inteligencia y que el Ejército está obligado a proveer toda la información que se generó ahí y que nosotros ya sabemos de lo que se hizo y estamos seguros de que existe más información respecto a lo que ocurrió el 26 de septiembre del 2014”.
El abogado informó que lo que aporta ahora el grupo de activistas de hackers Guacamaya es que el Centro de Inteligencia es un complejo militar tecnológico con muchas capacidades para monitorear y hacer trabajo de inteligencia, razón de lo cual nos da cuenta que el 26 de septiembre no pudo escapar nada al control del Ejército.
“Es decir, que el 27 Batallón estuvo al tanto de todo lo que estuvo ocurriendo y que seguramente sabe lo que pasó con los estudiantes y tiene información sumamente relevante de ello y la exigencia es que se pueda aportar esa información, que es lo que nosotros venimos exigiendo para que se aclare el caso”.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos rechazó la criminalización en contra del abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y advirtió que hay una inminente acción judicial en contra del defensor de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
En un comunicado la Red integrada por 84 organizaciones en 23 estados de la República Mexicana señaló que, la “estrategia de Contrainsurgencia no sólo se utiliza en contra de movimientos armados insurgentes, sino también en contra de todo aquel que lucha por la verdad, la justicia y la reparación del daño”.
El comunicado es en respuesta a una nota periodística publicada en el portal La Silla Rota, titulada “Guacamaya leaks: Sedena vincula a Vidulfo Rosales con secuestros y extorsiones”, en el que se afirma que un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) describe la presencia de tres organizaciones civiles cometen diversos ilícitos y una, Tlachinollan, está ligada a Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de Ayotzinapa.
En la nota se hace referencia a documentos obtenidos a partir del hackeo de Guacamaya, en los que la Sedena afirma que Vidulfo Rosales “forma parte de la estructura del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública”, en referencia al Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), que según el Ejército es una organización dedicada a cometer distintos ilícitos.
Pero la Red expuso que la información contiene errores, es falsa y exhibe la incapacidad de los cuerpos de inteligencia del Ejército al confundir una organización campesina con una instancia gubernamental.
Explica que Rosales Sierra estuvo acompañando del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, organización campesina que defiende la tierra y el agua contra las empresas extractivas en los bienes comunales de Cacahuatepec, Acapulco.
“Nos preocupa que desde las fuerzas armadas tengan una percepción cuya tendencia es criminalizar a las personas defensoras de derechos humanos y catalogarlas junto a grupos criminales”, expone.
Lanzaron un llamado a los medios de comunicación debido a la importancia de su labor, y por eso pidieron que no se reproduzca irresponsablemente información que el Ejército tiene para reprimir y castigar a las y los defensores de derechos humanos, así como luchadoras y luchadores sociales.
La Red advirtió que “con lo anterior es indudable que se prepara una inminente acción judicial contra el defensor que se hará efectiva en la medida que las madres y los padres de nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 se acerquen a la verdad. A la fecha todas las investigaciones apuntan a elementos del Ejército, gobernantes y políticos de alto nivel. La defensa del compañero Vidulfo ha sido decisiva en esta lucha, por lo que el Ejército busca neutralizarlo y silenciarlo y no dudará ejercitar acciones penales o de otra índole en su contra”.
La organización dijo que cuando la lucha es verdadera, honesta e inclaudicable afecta intereses económicos y políticos de las élites que recurren a la calumnia, a la difamación, criminalizando y deslegitimando su lucha.
“La lucha de las madres y padres de los 43 amenaza con colocar al Ejército en el banquillo de los acusados y la voz y denuncia permanente del compañero Vidulfo ha sonado con estridencia, al grado que molesta al poder militar que ahora da un manotazo para acallar voces incómodas y vigilar a los que considera enemigos realizando impunemente señalamientos infundados”.
Dice que el acuerdo de las fuerzas armadas con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador es la “inmunidad y se creen con el derecho de señalar y atentar contra luchadores sociales y defensores de derechos humanos”.
La Red reclamó que “mientras tanto a las bandas delictivas les permiten que actúen libremente, y en muchos casos se asocian con ellos para delinquir, tal y como lo muestra el caso Ayotzinapa, donde delincuentes de Guerreros Unidos convivían y se reunían con altos mandos militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, mientras tanto, fichaban y hostigaban a defensores y luchadores sociales asociándolos con actividades ilícitas que ni siquiera comprobaron y que son falsas”.
“Ante esto las organizaciones demandaron el cese del hostigamiento y la inminente represión contra el compañero Vidulfo Rosales, así como contra el director de Tlachinollan Abel Barrera, Rogelio Téliz García y el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y que se den garantías para que continúen con su labor de defensores de derechos humanos y se realicen investigaciones contra el Ejército por realizar operaciones de seguimiento y vigilancia ilegales”, agrega.
Un documento hackeado por Guacamaya
En los documentos de la Sedena hackeados por Guacamaya que se dieron a conocer en una nota periodística del portal La Silla Rota, se acusa de diversos delitos al abogado Vidulfo Rosales y a luchadores sociales del Cecop.
El reporte militar de enero de 2020, dice que el Cecop es una fachada para proporcionar seguridad a sus comunidades, a fin de impedir la presencia de “autoridades legalmente constituidas” en el área, para realizar “con plena libertad” cobro de cuota, extorsión, abigeato, privación de la libertad, manipulando a la población, obligándola a cerrar líneas de acceso y con esto impedir que se lleven a cabo acciones de prevención del delito.
Identifica su estructura en un diagrama con fotografías del dirigente Marco Antonio Suástegui, su hermano Vicente de los mismos apellidos, actualmente desaparecido, y a un abogado del que no se distingue el nombre. En la siguiente línea de mando, a los defensores de derechos humanos de Tlachinollan, en el siguiente orden: Marco Antonio Rogelio Telliz, Vidulfo Rosales Sierra y Abel Barrera Hernández.
“Debido al bajo nivel de escolaridad de las comunidades que conforman los Bienes Comunales de Cacahuatepec, Mpio. De Acapulco, los habitantes de la misma, representan un blanco fácil de manipular por los grupos desafectos del gobierno, por lo que inducen a la población a oponerse a todo tipo de acciones Gubernamentales, generando con ello que la presencia de Autoridades de los tres órdenes de gobierno en citada área, se limite o se vuelva nula”, dice una de las citas.
En riesgo, defensores de derechos humanos: Centro Morelos
La directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos, Teodomira Rosales Sierra, aclaró que la visión del Ejército no sólo coloca en riesgo a Vidulfo, su hermano, sino a todos los defensores y, por otro lado, confirma que ha hecho un buen trabajo en el acompañamiento de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa.
“La inteligencia militar, en lugar de que haga su trabajo está criminalizando, difamando a una persona honesta, siento que es como un pretexto que está utilizando por temor a que se llegue a la verdad de los 43, y para llevar a prisión a los defensores”, recriminó.
Consideró que esta visión del Ejército sobre los defensores, es compartida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que declaró que la ciudadanía ya no necesita ir acompañada a las instituciones. Sin embargo, recordó que en los hechos, los funcionarios no hacen caso a los ciudadanos cuando llegan solos a exigir servicio, seguridad o procuración de justicia. (Lourdes Chávez/Chilpancingo)
De 2010 a 2016 el 20 por ciento de las armas de fuego vendidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para las policías Estatal y Federal en Guerrero fueron reportadas como “perdidas o robadas”, según el estudio Abusos graves contra los derechos humanos: el tráfico de armas legal e ilegal a México.
Basado en datos oficiales, el documento también indica que de 2006 a 2017 Guerrero fue el segundo estado en el país con el mayor número de armas adquiridas para el uso de las fuerzas policiacas como perdido o robado, sólo por debajo de la Ciudad de México.
Elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la organización no gubernamental Stop US Arms to Mexico, auspiciada por Global Exchange, el estudio documentó que hay evidencia de que armas de fuego legalmente importadas desde Estados Unidos al país han sido utilizadas en algunos de los peores casos de violaciones a los derechos humanos, como en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, donde fueron ejecutadas seis personas, entre ellas tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y otros 43 normalistas fueron desaparecidos de manera forzada.
El análisis particularmente se enfoca en la compra de armas de fuego del Estado mexicano a empresas estadounidenses.
Publicado el 7 de agosto en la página oficial de las organizaciones, señala que México enfrenta una crisis de violaciones a los derechos humanos y crímenes cometidos por armas de fuego. El 70 por ciento de armas recuperadas y rastreadas en escenas de crímenes provienen de Estados Unidos.
Aumentaron las violaciones a los derechos humanos por fuerzas del Estado, “con casi completa impunidad”
Después de más de una década de despliegue militar para combatir el crimen organizado, nuevos equipos y armas de fuego para uso del Ejército y entrenamiento para miles de soldados de fuerzas policiacas estadounidenses como parte de la Iniciativa Mérida que es un tratado internacional de seguridad establecido por Estados Unidos en acuerdo con México y países de Centro América para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, las violaciones a los derechos humanos en México cometidas por fuerzas estatales son más altas de lo que eran antes de que se implementaran las acciones de esa iniciativa, “con casi completa impunidad”.
En diciembre de 2006 el ex presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa lanzó su estrategia de seguridad conocida como La guerra contra el narco que mantuvo su sucesor, Enrique Peña Nieto. Desde entonces aumentó la violencia en México, “donde el crimen organizado, policías de todos los niveles (municipal, estatal y federal) y militares han cometido serios crímenes, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas y tortura”.
Las consecuencias de los altos niveles de violencia en el país son desplazamientos y migración forzados, traumas psicológicos, injusticias, pérdidas económicas, daños a la libertad de expresión y al periodismo. La guerra y el comercio de armas empeoraron esta situación, plantea.
De diciembre de 2006 a junio de 2018 al menos 37 mil 435 personas fueron desaparecidas de manera forzada en México y 121 mil 35 asesinados, en 2017 los homicidios cometidos con pistola fueron 16 mil 898, “la mayoría de los casos permanece en la impunidad, sin investigación judicial, sentencias ni reparación de los daños”.
La exportación legal de armas y explosivos de los Estados Unidos a México actual es la mayor registrada en los últimos años, entre 2015 y 2017 recaudó 122 millones de dólares de acuerdo con datos de comercio de la oficina de censo de ese país, 12 veces la cantidad de 2002 a 2004, “este crecimiento coincide con el aumento de la producción propia de México para uso militar”.
En junio de 2018 miembros del Congreso de Estados Unidos pidieron a los secretarios de Estado y de la Defensa de ese país una evaluación completa y pública de la Iniciativa Mérida y la venta de armas a México, debido a que “el uso del Ejército mexicano en la guerra contra el narco tuvo como resultado el dramático aumento de violaciones a los derechos humanos”.
Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump ha dicho que facilitará el ya desmedido crecimiento de la transferencia de armas a México mediante la iniciativa en la materia (Arms Transfer Initiative) para promover la venta globalmente.
Guerrero
En respuesta a una solicitud de información que las organizaciones que elaboraron el estudio hicieron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se informó que de 2006 a agosto de 2017, 20 mil 66 armas de fuego que fueron vendidas a las policías Estatal y Federal en México fueron reportadas “perdidas o robadas”.
Mientras que “algunos estados reportaron porcentajes alarmantes de armas perdidas o robadas” de 2010 a 2016, Guerrero reportó el 20 por ciento y Tamaulipas el 11, el estudio también considera otros estados como Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Veracruz, Sonora, Chiapas, Puebla, Nuevo León, Baja California, Durango y el Estado de México.
Guerrero también figura entre los estados donde la intervención del Ejército en enfrentamientos armados aumenta el número de asesinatos, así como entre los estados donde se localizaron armas adquiridas para traficar de manera ilegal en México, y es en donde más se cometen homicidios con armas de fuego.
Recomendaciones
Las organizaciones sociales emitieron cuatro recomendaciones al Estado mexicano, la primera es que como parte del cambio en la administración federal se reduzcan los niveles de importación de armas de fuego, por debajo de lo que era antes de la Iniciativa Mérida.
En segundo lugar debe priorizar restricciones en el uso de armas de fuego en el territorio nacional, por encima del uso de drogas, especialmente que invierta recursos para analizar las rutas del tráfico de armas y sus modalidades. La tercera es que aumente la transparencia en el uso legal de armas importadas, y por último, que refuerce el control de armas militares transferidas a fuerzas policiales y que investigue la situación de las armas perdidas y robadas.
Fue 2017 el año más violento en una década, concluyen datos de la SNSP
Suma 25 mil 339 homicidios dolosos, la cifra más alta desde el primer año de Felipe Calderón, según informe del Secretariado Ejecutivo
Gustavo García Olguín / Agencia Reforma
Ciudad de México
El 2017 terminó como el año más violento en los últimos 10 años en México.
La administración de Enrique Peña Nieto sumó el año pasado 25 mil 339 homicidios dolosos, la cifra más alta desde el primer año de Felipe Calderón, que declaró la guerra al narcotráfico.
Durante los cinco años de gestión del priista se acumularon 96 mil 421 denuncias por homicidio doloso, de acuerdo con el último corte, a diciembre, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Esto es, un promedio diario de 52.8 carpetas de investigación abiertas en el país.
Con Calderón fueron abiertas en promedio 49.9 denuncias al día.
La actual Administración cerró 2017 con el pico más alto en este delito, incluso que el 2011, el año más violento registrado en el sexenio de Calderón, cuando se reportaron 22 mil 409 casos.
Al inicio de su gestión, el presidente Peña aseguró que la estrategia gubernamental estaría basada en no crear una apología de la violencia, no confrontar a grupos criminales y centrar la batalla en la captura de 122 capos.
En casi todo el país la violencia escaló, no obstante, los estados más críticos son Colima, Nayarit, Veracruz, Baja California, Baja California Sur, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas.
Arrecian asesinatos con saña; ejecutan a 25 en distintos puntos del país de viernes a sábado
En la semana del 13 al 19 de enero se reportaron 213 asesinatos dolosos, de acuerdo con un recuento de Reforma
Benito Jiménez / Agencia Reforma
Ciudad de México
El crimen aterrorizó este fin de semana diversos puntos del país.
Durante el viernes y sábado se registraron al menos 25 ejecuciones al estilo del crimen organizado.
Algunos asesinatos ocurrieron a plena luz del día y se reportaron con saña. Otras personas fueron acribilladas desde autos en movimiento o encontradas degolladas, maniatadas o mutiladas, con mensajes amenazantes.
En la semana del 13 al 19 de enero se reportaron 213 ejecuciones en el país, de acuerdo con recuento del Grupo Reforma.
En Guanajuato tres mandos policiacos fueron asesinados con fusiles de alto poder cuando se trasladaban en sus vehículos.
Entre viernes y sábado en Quintana Roo fueron asesinadas seis personas en Cancún, la última se reportó ayer en la Región 229, frente a la Plaza Cancún Mall. Ahí un hombre fue acribillado al intentar abordar su vehículo.
En el Estado de México una mujer y un hombre fueron hallados embolsados en el municipio de Acolman.
En Cárdenas, Tabasco, un hombre fue ejecutado mientras se encontraba al volante de su auto sobre el tramo carretero Cárdenas-Coatzacoalcos.
En Amatlán de los Reyes, Veracruz, cuatro personas, al parecer integrantes de una familia, fueron ejecutadas por un grupo armado en el interior de un negocio.
En Sinaloa una psicóloga de la Secretaría de Educación Pública fue asesinada el viernes con un arma blanca dentro de su departamento en Culiacán.
En Cuautla, Morelos, desde un auto en movimiento aventaron el cuerpo de un hombre ejecutado sobre la autopista Cuautla-Oaxtepec, en tanto que en Mazatepec, autoridades hallaron tres bolsas negras con restos humanos de una persona.
En Nayarit, agentes hallaron en localidad de Trapichillo, municipio de Tepic, a un hombre ejecutado a un lado de un mensaje amenazante.
En tanto en Oaxaca cuatro personas, entre ellas un menor de edad, fueron asesinadas la noche del viernes sobre la carretera federal 125 Alfonso Pérez Gasga, en inmediaciones de San Juan Cacahuatepec.
En Michoacán otro sujeto fue asesinado con al menos 10 impactos de bala, en la colonia Lomas de Guayanareo de Morelia.
Acribillan a balazos a cinco hombres y lesionan a un militar retirado vestido de civil
Dejan dos hieleras con restos de animales, junto a narcomensajes, y una narcomanta dirigida contra el alcalde perredista Evodio Velázquez Aguirre
Redacción
Cinco hombres, entre ellos un abogado, fueron asesinados a balazos y un militar retirado vestido de civil fue herido a tiros, ayer durante la jornada violenta en Acapulco.
Asimismo, el hallazgo de dos hieleras con restos de animales, junto a narcomensajes, y una narcomanta dirigida contra el alcalde perredista Evodio Velázquez Aguirre.
En un primer caso, dos hombres fueron atacados a balazos, en la parada del transporte público del sitio conocido como Las Anclas, a unos 500 metros de la avenida Costera; uno murió enseguida y el otro en el hospital.
El hecho violento ocurrió después de la 1 de la mañana en la avenida Cuauhtémoc, en el fraccionamiento Magallanes, indica el reporte policiaco.
Los agentes por medio de una llamada de emergencia encontraron a un hombre ejecutado a balazos, mientras que el herido fue trasladado a un hospital.
Los peritos de la Fiscalía Regional de Acapulco localizaron en la escena del crimen dos casquillos de una pistola calibre .9 milímetros.
El cadáver en calidad de desconocido fue trasladado a las instalaciones del Semefo. Más tarde, el herido murió en el hospital debido a los impactos de arma de fuego en la cabeza.
El deceso fue reportado a las 5:15 de la madrugada de este sábado en el Hospital General de El Quemado, de acuerdo con el reporte ministerial.
La víctima se llamó José Luis, de 23 años, según el expediente del Ministerio Público.
En la mañana, dos hombres fueron asesinados a balazos en las inmediaciones de la playa Manzanillo, en el fraccionamiento Las Playas. El doble crimen fue reportado a las 9:45 de la mañana en la calle Paseo del Pescador, que da acceso a las playas Manzanillo y Honda.
Junto a los cuerpos de las víctimas quedó una camioneta blanca de la marca Ford tipo Edge, presuntamente de los asesinados. Los cuerpos fueron encontrados a menos de un metro, y a un costado había bebidas alcohólicas.
Un cuerpo quedó sobre un muro de contención, vestía playera gris y pantalón de mezclilla, y el otro quedó en el suelo y éste portaba pantalón gris y playera azul.
Los cuerpos en calidad de desconocidos fueron trasladados a las instalaciones del Semefo.
Luego, se supo que una de las víctimas se llamaba Benjamín y era abogado.
Más tarde, un hombre fue hallado degollado, en la céntrica colonia Progreso, cerca del Mercado Central.
El hallazgo fue reportado a la 1:30 de la tarde en la calle 18 de Marzo, frente a la unidad habitacional Multifamiliar.
Los policías encontraron a un joven degollado con las manos atadas hacia atrás, junto a un narcomensaje, cuyo contenido se desconoce.
La víctima, de unos 20 años, vestía bermuda de mezclilla, playera azul y estaba descalzo. Los policías cerraron la vialidad a la circulación de automóviles durante las diligencias. El Ministerio Público (MP) sector Central abrió una carpeta de investigación por el crimen.
En lo que va del año en el municipio suman ya 55 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, con base en un recuento de lo publicado en El Sur.
En la tarde, un militar retirado vestido de civil fue herido a balazos, en la avenida Costera, en playa Manzanillo. La agresión fue reportada a la 1:30 de la tarde, en la zona turística entre la gasolinería y el muelle del yate Bonanza, indica el reporte policiaco.
La víctima fue atendida de inmediato y trasladada a un hospital cercano. El caso se manejó con mucho hermetismo.
Con este van cuatro hechos violentos en menos de una semana en la zona turística; tres muertos y dos heridos, entre ellos una mujer.
Hallan hieleras con restos de carne de animales y narcomensajes
Dos hieleras de plástico con restos de animales, junto a narcomensajes fueron halladas en diferentes partes de la ciudad.
En un primer caso, una hielera de plástico con resto de carne de cerdo fue hallada en la céntrica colonia Miguel Alemán.
El hallazgo fue reportado a las 10:42 de la mañana en la calzada Pie de la Cuesta, cerca de una tienda de conveniencia, indica el reporte policiaco.
Los agentes encontraron una hielera blanca de plástico, y en la tapa escrito un narcomensaje, cuyo contenido se desconoce. La hielera contenía carne de cerdo. El objeto fue puesto a disposición del Ministerio Público.
Casi al mismo tiempo fue encontrada la segunda hielera en la avenida Durango en la colonia Progreso, en la entrada del parque de esa zona, indica el reporte policiaco.
Encuentran narcomanta contra el alcalde
Una narcomanta fue encontrada en la colonia Juan R. Escudero, ubicada en el poniente de la ciudad.
El hallazgo fue reportado después de las 10 de la mañana, en el puente vial entre la Calzada Pie de la Cuesta y Ejido, afirma el reporte ministerial.
Efectivos del Ejército localizaron una narcomanta dirigida contra el presidente municipal, Evodio Velázquez Aguirre, sin dar más detalles.
La narcomanta fue retirada del puente y fue puesta a disposición del Ministerio Público.
Hay dos cuerpos en la fosa de Chilpancingo, dice el vocero; serían tres, según fuente de la FGE
Acuden integrantes de organizaciones sociales que tienen algún familiar desaparecido para contribuir en la búsqueda, pero les niegan el acceso, informan. Las labores podrían seguir hasta el miércoles, según las autoridades
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Por segundo día la Fiscalía General del Estado (FGE), el Servicio Médico Forense (SEMEFO) y la Policía Estatal excavaron en un terreno de Chilpancingo, en donde encontraron dos fosas clandestinas que según el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, podrían tener dos cuerpos.
En el transcurso de la noche personal especializado de Fiscalía General del Estado informó que en un área a campo abierto en la colonia PRD parte alta y PPS, hay varias construcciones rústicas de madera y techo de lámina, al pie de una de estas construcciones se descubrió una fosa, donde se hallaron restos óseos humanos, así mismo a 25 metros al oriente de esta fosa de halló otra de 50 centímetros de profundidad donde se encontraron más osamentas.
Precisaron que podrían tratarse de 2 cuerpos, se confirmará hasta tener los resultados de genética y antropología forense, así mismo ninguna osamenta está completa se estima un tiempo de 6 a 8 meses el estado de conservación de los restos.
Por su parte la Secretaría de Seguridad Pública informó que en la primera fosa localizaron este sábado tres huesos que corresponden a dos piernas y un brazo del cuerpo localizado el viernes.
En la segunda fosa fueron localizados restos óseos de diferentes partes de un cuerpo que al parecer corresponde al cráneo localizado el viernes. Por lo que podrían ser dos cuerpos localizados en las fosas, pero continuarán las investigaciones.
En una casa deshabitada de madera que se encuentra entre las dos fosas fueron localizadas unas esposas y un machete que fueron levantados como indicio.
Se informó que por la magnitud del problema los trabajos podrían seguir hasta el próximo miércoles.
Este viernes se comunicó que fueron encontrados restos óseos humanos en dos fosas clandestinas en ese asentamiento, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para las pruebas de ADN para su identificación.
Ayer en el transcurso de la tarde los trabajos de investigación continuaron, al lugar acudió la FGE, el Semefo y la Policía Estatal para seguir las excavaciones y exhumaciones de los restos.
Los agentes acordonaron un perímetro de 400 metros y dijeron que podrían encontrar más de dos fosas clandestinas, en el lugar se observaron cuatro viviendas de madera y lámina de fierro, que según los peritos una era usada para actividades criminales.
Los investigadores no permitieron el acceso a la prensa, pero a unos 100 metros de distancia se podían observar las excavacionesde los agentes.
Una casa estaba habitada, dos policías estatales le pidieron a una señora que los acompañara a otra vivienda, la mujer salió y llevaba de la mano a dos niños, posteriormente le pidieron que sólo ella entrara.
La mujer tardó unos 10 minutos dentro de la vivienda mientras los niños de unos siete y cuatro años de edad lloraban al no ver a la mujer, que al parecer era su madre, salió y regresó a su hogar.
A las 6 de la tarde los peritos de la FGE suspendieron labores debido a que ya estaba obscureciendo, indicaron que las labores eran complicadas “porque había muchos alacranes”.
Dijeron que podría haber más cuerpos, sin especificar la cantidad, “no me quiero adelantar pero podríamos hablar de varios”, dijo uno.
La fuente agregó que entre los restos que encontraron este sábado observaron que podría haber hombres y mujeres, y que podrían ser las partes de los que encontraron este viernes, posiblemente dando un total de tres cuerpos, y que probablemente hay más de dos fosas, pero que hoy reiniciaran los trabajos.
El lugar en donde están las fosas en un carro particular se encuentra a unos 15 minutos del centro de la ciudad, es una zona transitable en donde se observó a familias con sus hijos.
Los vecinos se asomaban por las ventanas y los transeúntes observaban el lugar.
También entre los murmullos de los trabajadores se escuchó que la casa de los criminales estaba deshabitada, y que tenía una fosa séptica donde encontraron algunos restos óseos tapados con piedras.
Los trabajadores de la FGE informaron que habían acudido familiares de organizaciones sociales que tienen algún familiar desaparecidos para contribuir con la búsqueda, pero les negaron el acceso.
En la tarde en un comunicado el vocero de seguridad del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia informó que se reportó que en un terreno irregular entre las colonias PRD y PPS de Chilpancingo se habían encontrado restos óseos.
Peritos y agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado iniciaron el procesamiento del terreno con el resguardo de la Policía del Estado.
Álvarez Heredia dijo que se han encontrado cuatro fragmentos óseos, y negó la existencia de 15 cuerpos, como se difundió en algunos medios de comunicación.
Sube la siembra de enervantes en la sierra, dice la Sedena tras decomiso en Coyuca de Catalán
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el viernes, militares que hacían recorridos en el municipio de Coyuca de Catalán decomisaron unos 68 kilogramos de semilla de amapola, lo que pone en evidencia el incremento de la siembra de enervantes, principalmente en la parte alta de la sierra.
En un comunicado se informó que la semilla decomisada tenía como finalidad la siembra de unas 20 hectáreas en la sierra de Guerrero.
Según el comunicado, el decomiso pone en evidencia el incremento de la siembra de enervantes, principalmente en la parte alta de la sierra y en algunos municipios de la Tierra Caliente, lo cual paradójicamente se suma a la intensa lucha que mantienen las autoridades y la población en general para disminuir la producción y el consumo de enervantes. (Redacción / Chilpancingo).
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el viernes, militares que hacían recorridos en el municipio de Coyuca de Catalán decomisaron unos 68 kilogramos de semilla de amapola, lo que pone en evidencia el incremento de la siembra de enervantes, principalmente en la parte alta de la sierra.
En un comunicado se informó que la semilla decomisada tenía como finalidad la siembra de unas 20 hectáreas en la sierra de Guerrero.
Según el comunicado, el decomiso pone en evidencia el incremento de la siembra de enervantes, principalmente en la parte alta de la sierra y en algunos municipios de la Tierra Caliente, lo cual paradójicamente se suma a la intensa lucha que mantienen las autoridades y la población en general para disminuir la producción y el consumo de enervantes. (Redacción / Chilpancingo).
La Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) denunció que efectivos de la Marina y del Ejército en ocho patrullas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incursionaron el viernes pasado en cuatro comunidades en busca de delincuentes.
Según las autoridades comunitarias, el viernes los marinos encabezados por policías del estado, llegaron a las comunidades na’ savi de Coxcatlán Candelaria, Coxcatlán San Pedro, Ocote Marillo y El Charco, buscando a quienes el 25 de julio en un asalto a trabajadores del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) que iban a pagar dinero del programa federal Prospera, en Ahuacuotzingo, mataron a cinco policías municipales y a dos custodios de esa empresa bancaria.
En una llamada a esta redacción el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Juan Antonio García, informó que luego de una reunión el lunes con los comisarios de las cuatro comunidades, solicitaron al gobierno del estado y federal dejar de hostigar a las comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres.
“Quieren seguir intimidando a los pueblos, pero la CRAC está muy organizada y ha sido muy respetuosa, como representantes hemos respetado a los tres niveles de gobierno, no nos metemos con ellos, pero sí nos quejamos cuando ellos se meten con nosotros”, expuso.
Indicó que los comisarios dejaron claro que no quieren ver a los soldados en su territorio, y tampoco a los marinos en las comunidades donde opera la Policía Comunitaria de la CRAC.
Indicó que la presencia de los agentes causa miedo y temor entre las mujeres y los niños, “lo que llegue a pasar vamos a responsabilizar al gobierno del estado”.
El coordinador también llamó a las autoridades del estado a verificar la falta de obras en las comunidades de la zona mixteca de Ayutla, donde la actual alcaldesa del PRI-PVEM, Hortensia Aldaco Quintana no ha hecho obra social.
La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Zihuatanejo cuenta con 244 policías preventivos, de los cuales sólo 49 están en la licencia oficial colectiva 110 que les autoriza portar armas de uso exclusivo para las fuerzas armadas, informaron fuentes de la dependencia.
Revelaron que la Sedena y la Secretaría de Seguridad Pública del estado entregaron para el primer semestre del año sólo 54 credenciales, de las cuales cinco pertenecen a puestos administrativos y 49 para portación de armas, “hay 15 credenciales más que no sabemos por qué están retenidas desde enero de este año en la Subsecretaría de Seguridad Pública del estado”.
El 10 de abril militares y policías estatales llegaron a las oficinas de la dependencia a revisar el armamento de los policías preventivos y encontraron varias irregularidades, en dos armarios ubicados en los dormitorios hallaron un chaleco táctico y una fornitura que debían de estar bajo resguardo, y a tres uniformados les encontraron armamento que no pertenece a la corporación.
La incursión de este martes a las instalaciones por soldados y policías estatales no era algo desconocido para el presidente municipal perredista Gustavo García Bello, pues un día antes el jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, Francisco Montesinos Baños, le envió el oficio 1392/2017 en el que le informó que esa acción se llevaría a cabo, pero no le avisó cuándo.
En ese documento cuya copia tiene El Sur, Montesinos Baños dice que por instrucción del secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes y “con base en los resultados asentados en el acta administrativa de fecha 10 de abril del año en curso, levantada con motivo de la revista al armamento, cargadores y municiones realizada por personal de esta Secretaría (…) en la que se detectaron diversas irregularidades respecto al uso del armamento relacionado en la licencia oficial colectiva 110 y que para evitar darle un mal uso a dicho arsenal”, los policías estatales harían “una revisión extraordinaria” del armamento.
Según el oficio ese 10 de abril se encontraron siete irregularidades: Los policías municipales portaban armamento con las credenciales vencidas. Al verificar el armamento con la identificación de su portador ésta se encontraba vencida. No coincidían las características de las armas de fuego con las asentadas en la identificación. El encargado de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad del municipio tenía en su poder las credenciales vigentes y aún no las entregaba. Se expidieron indebidamente credenciales de identificación a los policías municipales que utilizaban para acreditar la portación del armamento. El personal cuenta con 246 policías municipales, de éstos 223 estuvieron incluidos en la licencia oficial colectiva 110 por lo que sólo 54 elementos se encuentran aptos para portar armamento. Faltó armamento y municiones, el municipio presenta armamento robado y/o extraviado así como relacionado a causas penales.
El documento señala que “existe un informe de hechos de la puesta a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común con sede en Zihuatanejo de Azueta, con fecha 13 de mayo, realizado por policías estatales en el que se informa de la detención de una persona por usurpación de funciones y uso indebido de uniforme oficial, el cual conducía a exceso de velocidad una unidad oficial de la Policía Municipal de Zihuatanejo con número 030, quien en ese momento manifestó que no pertenecía a la Policía Municipal”.
Continúa: “Por lo anterior y para evitar el mal uso que se le pueda dar al armamento relacionado en la licencia oficial colectiva 110 de la cual esta Secretaría es titular (…) informo a usted que personal de esta Secretaría procederá a realizar una revisión extraordinaria del citado armamento para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales que se deben observar para el uso y portación del armamento oficial”.
El martes policías estatales apoyados por militares del 75 Batallón de Infantería ocuparon durante nueve horas las instalaciones de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y detuvieron a 60 policías municipales, corporación que según el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, está infiltrada por criminales.
No se presentaron órdenes de detención, se llevaron a los policías que tenían anotados en una lista
Sin embargo la fuente de Seguridad Pública manifestó que “sí llevaron a cabo la revisión como dice ese oficio, pero en ningún momento mostraron una orden de detención o de arresto de los compañeros que se llevaron, sólo traían una lista y empezaron a nombrarlos porque se los iban a llevar”.
De estos detenidos, inicialmente Álvarez Heredia informó que tres de ellos son presuntos delincuentes que desde hace días tenían la operación de la Policía Municipal y están vinculados a grupos delictivos.
Uno de ellos, Javier, según los policías municipales es ex director de Seguridad Pública de Petatlán y tenía dos semanas de haber llegado a la corporación como coordinador operativo, sin que conocieran quién o cómo fue que obtuvo el cargo.
Los otros dos detenidos, Víctor y Martiniano son reconocidos por sus compañeros como comandantes de la Policía Municipal y ambos tienen más de 10 años de antigüedad en la corporación.
El vocero agregó que, “otros 42 individuos, sin estar debidamente acreditados como elementos policiales, fueron sorprendidos dentro de las instalaciones portando armas, uniformes e insignias oficiales, por otro lado fueron detenidos otros 15 miembros de la corporación que habiendo reprobado sus exámenes de control de confianza portaban armamento de la licencia oficial colectiva 110 autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”.
Ese martes en la tarde el alcalde perredista, Gustavo García Bello ofreció una conferencia de prensa en la que informó que los policías municipales tomaron el armamento luego del asesinato de tres de sus compañeros ocurrido el 25 de abril en Ixtapa, y que él no pudo hacer nada al respecto.
El miércoles 13 de abril de 2016, después de un año y cuatro meses cuando el Ejército regresó el armamento que decomisó a la Policía Preventiva Municipal de Zihuatanejo, y luego de que la actual administración cumpliera los requerimientos de los militares, éstos entregaron el armamento, accesorios y municiones que tenían bajo su custodia desde el 23 de diciembre de 2014, cuando el ex director municipal de Seguridad Pública, Benjamín Monares Vargas entregó todas las armas al Ejército con el argumento de que ese día los policías municipales tenían un paro de labores y tenían sitiadas las instalaciones de Seguridad Pública con las armas, lo que no fue cierto.
Otro de los argumentos que dio el ex director para desarmar a la policía municipal fue que sólo el 40 por ciento de los elementos aprobaron las pruebas de control de confianza que indican que están calificados para portar un arma.
Dos meses atrás, el 10 de febrero de 2016, el alcalde Gustavo García declaró que en la Dirección de Seguridad Pública había 28 policías municipales que hacían actividades administrativas porque no pasaron los exámenes de control de confianza y que sólo el 80 por ciento de los agentes estaba certificado.
Agregó que los policías reprobados no podían ser dados de baja de la corporación porque su administración carece de recursos económicos para liquidarlos, lo que sigue diciendo.
