Con 12 mil 741 deportados en 10 meses, Guerrero se ubica en el primer lugar de repatriados de Estados Unidos, de acuerdo con la estadística de la Secretaría de Gobernación (Segob) actualizada al mes de diciembre.
De acuerdo con estos datos, los guerrerenses deportados son el 9.2 por ciento de los mexicanos repatriados desde el país vecino, de las cuales, 15.1 por ciento son mujeres, y 7.7 por ciento, menores de edad.
De enero a octubre, Guerrero se ubicó entre los primeros tres sitios, con Michoacán y Oaxaca, que juntos suman 26.9 por ciento de los 134 mil 490 registros de deportación de mexicanos en lo que va del año.
Entre los menores de edad, sólo en octubre se registraron 110 casos de niños y adolescentes de 12 a 17 años de edad, de los cuáles 97 iban solos y 19 eran mujeres. De los menores de 11 años fueron ocho casos, cinco hombres y tres mujeres, dos iban solos.
Las autoridades dan cuenta de 7 mil 154 deportaciones de menores de edad en lo que va de 2017, y 14 por ciento dijeron ser originarios de Guerrero. Con Michoacán y Oaxaca suma el 34 por ciento de las repatriaciones de menores de edad.
En general, el número de guerrerenses deportados de enero a octubre de 2017, es 42 por ciento menor al del año pasado, cuando se alcanzó la cifra de 18 mil 159 repatriados en este mismo periodo.
Se confirma que las deportaciones están en descenso si consideramos que en 2016, respecto a 2015 las deportaciones de guerrerenses disminuyeron 25 por ciento. De enero a octubre de hace dos años se reportaron 14 mil 519 repatriaciones.
Respecto a 2010, durante el gobierno de Barack Obama en Estados Unidos, las deportaciones de 2017 son menores en 142 por ciento.
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Este año, el de más asesinatos en dos décadas en Guerrero; sigue primero
Este año, el de más asesinatos en dos décadas; Guerrero sigue como primero en ese delito
El Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Segob reporta un promedio de siete homicidios diarios, y en 10 meses suman 2 mil 85 casos, de los cuales 227 se cometieron en octubre
Lourdes Chávez
Chilpancingo
De enero a octubre de 2017 se registró el mayor número de homicidios dolosos de los últimos 20 años en Guerrero, con 227 asesinatos el mes pasado, con lo que suman 2 mil 85 casos, el doble de lo reportado en el mismo periodo de 1997.
El reporte es del informe de víctimas de homicidios dolosos en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las agencias del Ministerio Público de cada entidad, que actualiza cada mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Según los datos oficiales en diez meses se superó el total anual de homicidios dolosos cometidos en 2015, que cerró el año con 2 mil 16 casos. Aunque 2016 cerró en 2 mil 213 homicidios dolosos para octubre había mil 832 asesinatos.
Las bases de datos indican que de enero a octubre de 2007 en Guerrero se registraron mil 14 homicidios dolosos, que representa 48 por ciento de los registrados este año, y 87.7 por ciento de los ocurridos en 2016. Incluso 2011, uno de los años más violentos en dos décadas, se encuentra 8.7 por ciento abajo de las muertes dolosas de 2017, en un comparativo de diez años.
Con un promedio de siete homicidios diarios se confirma como el estado con más homicidios dolosos de la República mexicana, por encima del Estado de México, que del primero enero al 31 de octubre registró mil 954, Baja California mil 914 y Chihuahua mil 640.
De acuerdo con la estadística del informe de víctimas en enero se documentaron en Guerrero 165 homicidios dolosos, en febrero 175, en marzo 210, en abril 189, en mayo 216, en junio 206, en julio 250, en agosto 232 y en septiembre 215 casos y octubre 227.
De 227 asesinatos en octubre, 125 fueron cometidos por arma de fuego (55 por ciento), siete con arma blanca y en 66 (29 por ciento) no hay datos precisos, sólo se clasifican como otros.
Se reportan 46 casos de homicidios culposos, que suman 475 en diez meses, 12 denuncias de extorsión en el mes, 145 en lo que va del año y seis secuestros, que dan 50 casos en 2017.
Por otro lado, el reporte de Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017, señala 198 homicidios dolosos ocurridos en octubre, que acumulan mil 924 casos en lo que va del año. Con estos datos se estima una tasa de 53.34 homicidios en la entidad por cada 100 mil habitantes.
Guerrero mantiene el primer sitio de asesinatos encima de Baja California donde se registran mil 733 homicidios dolosos en el año.
La entidad está en el sexto lugar del país con más robo de vehículos, abajo del Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa y Puebla. Tiene reportes de 2 mil 186, de los cuales 905 fueron en asaltos violentos. La mayoría ocurren en robos sin violencia. En octubre, se reportaron 459 robos de vehículos, 395 sin violencia.
Con 54 secuestros en lo que va del año, las cifras oficiales indican una tasa de 1.5 secuestros por cada cien mil habitantes. Asimismo en extorsión, con 144 casos, se habla de una tasa de 3.99 en este delito.
Los datos se presentan con una advertencia en las dos bases de datos, que la incidencia delictiva “se refiere a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, instancias responsables de la veracidad y actualización de los datos”.
Asesinan a la niña de 13 años desaparecida hace 10 días en Chilapa; hallan el cuerpo en una carretera de terracería
Luis Blancas
Chilpancingo
La niña Diana Paulina Rendón Alcaraz de 13 años quien desapareció hace 10 días fue encontrada sin vida en Chilapa en la orilla de la carretera de terracería que conduce a la comunidad de Acazacatla.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informaron que minutos después de las 7 de la mañana recibieron un reporte del hallazgo del cuerpo de una mujer en esta carretera.
Al lugar llegaron policías estatales que confirmaron la presencia del cuerpo en la orilla de la carretera, vestía una blusa con manga larga verde con rayas blancas, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros.
Después de las 2 de la tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el cuerpo encontrado era de Diana Paulina.
El jueves la FGE público en su cuenta de Facebook la Alerta Ámber número AAGRO-115-2017 por la niña que desapareció el 12 de noviembre en Chilapa.
Policías estatales, municipales y ministeriales acordonaron la zona y peritos de la FGE hicieron las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo para la necropsia de ley y después ser entregado a sus familiares.
El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó que la FGE pondrá todos los recursos humanos para investigar la muerte de niña y llevar ante la justicia a los responsables.
Álvarez Heredia difundió la noche de ayer un comunicado en el que expresó su repudio y consternación por el crimen de la niña.
El vocero de seguridad aceptó “que casos como éste generan indignación y lastiman a la sociedad guerrerense, por lo que la Fiscalía dará prioridad a la carpeta de investigación 12040190100505211117 que se integró por el delito de homicidio”.
El comerciante de Tlapehuala desapareció con cinco montadores de toros de Iguala
En la última comunicación por teléfono dijo que se iba detener en un retén de la Policía Comunitaria de Teloloapan, informa su hermano
Alina Navarrete Fernández
Chilpancingo
Al comerciante de Tlapehuala Armando García González, que desapareció el 16 de noviembre, lo acompañaban cinco montadores de toros originarios de Iguala que también están desaparecidos, informó su hermano, Alejandro García.
Armando es también hermano del perredista y simpatizante de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, José Francisco García González, que dio a conocer el caso este lunes. Ayer, Alejandro informó que a la fecha las autoridades no han localizado a los seis.
Expuso Alejandro García que Armando salió de Chilpancingo el 16 de noviembre rumbo a Iguala y ahí se encontró con los montadores que participarían en la feria de una comunidad de Tlapehuala.
En su última llamada que fue entre las 7 y 7:30 de la noche, Armando García se comunicó con una de sus sobrinas y le informó que estaba por salir de Teloloapan, colgó porque iba a detenerse en un retén de la Policía Comunitaria de ese municipio, desde entonces no se sabe nada de él ni de sus acompañantes, sus familiares tampoco recibieron llamadas para pedir rescate.
Alejandro García estuvo ayer en la conferencia de prensa de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales y Estudiantiles en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), ahí dio a conocer la desaparición de su hermano y los montadores que viajaban en un vehículo tipo Chevy verde.
Según Alejandro García su hermano Carlos denunció ante el Ministerio Público (MP), la Fiscalía General del Estado (FGE) e incluso la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) sin que a la fecha las autoridades informen algún avance en la localización de los desaparecidos, “se echan la bolita” con la Policía Comunitaria.
Expresó que su familia se ha dedicado al comercio y a la lucha social además de que es conocida en la región Tierra Caliente, sospechó que su hermano y sus acompañantes pudieron ser confundidos por la delincuencia organizada.
Dijo que contrario a lo que presume el gobernador, Héctor Astudillo Flores, la seguridad en la región Tierra Caliente no está garantizada, la zona es intransitable y la sociedad está a manos de los delincuentes, por lo que lo llamó a intervenir para mejorar la situación.
Rompen homicidios récord en octubre
Antonio Baranda/Agencia Reforma
Ciudad de México
En octubre pasado se iniciaron 2 mil 371 carpetas de investigación por homicidio doloso, la cifra mensual más alta de que se tenga registro en el país, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Hasta ahora, el récord histórico era de junio de este año, que sumó 2 mil 238 asesinatos intencionales.
El número de homicidios dolosos durante los primeros 10 meses de este año es 23.6 por ciento mayor al registrado en el mismo periodo de 2016, con 16 mil 881.
Además, la cifra del periodo enero-octubre ya supera en 1.6 por ciento la registrada durante todo el año anterior.
De mantenerse el promedio mensual de 2 mil 87 homicidios dolosos en el último bimestre, 2017 se convertirá en el año más violento.
Incluso podría superar la barrera de los 25 mil casos anuales, siendo hasta ahora 2011 el año más violento al sumar 22 mil 855.
La espiral de violencia comenzó a mediados de 2016 y no ha podido ser frenada pese al despliegue de miles de elementos de fuerzas federales en puntos considerados como focos rojos.
Tampoco han funcionado las estrategias emergentes, como el plan de seguridad en los 50 municipios más violentos del país.
Suben otros delitos de impacto
El homicidio doloso no es el único delito considerado de alto impacto que ha aumentado este año.
Los secuestros, en el fuero común, subieron 4.8 por ciento en los primeros 10 meses de 2017, respecto al mismo periodo de 2016.
Datos del SESNSP indican que el robo de vehículo con violencia aumentó 40.9 por ciento en el mismo lapso, e incluso ya superó la cifra de todo el año pasado.
En tanto, el robo de vehículo sin violencia creció 7 por ciento, al pasar de 96 mil 704 a 103 mil 521.
El Gobierno federal ha justificado el aumento de la violencia con la fragmentación de los grupos delictivos, enfrentamientos entre bandas, debilidad de las Policías, liberación de detenidos con armas de fuego e incluso los cambios de Gobierno.
Repudian en la sesión del Congreso el asesinato de una adolescente de 13 años en Chilapa
Guardan un minuto de silencio por Diana Paulina a propuesta del diputado Ricardo Mejía quien preguntó: “Hasta dónde hemos llegado como sociedad? Además los diputados locales exhortan al ayuntamiento de Coyuca de Benítez a que “a la brevedad posible implemente mayores y más efectivas acciones de prevención del delito y fortalecimiento del tejido social”
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El Pleno del Congreso de Guerrero guardó un minuto de silencio en memoria de la adolescente Diana Paulina Rendón Alcaraz, desaparecida desde el 12 de noviembre y que fue hallada asesinada este martes en Chilapa, en un camino que conduce a la comunidad de Acazacatla.
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía Berdeja, subió a tribuna donde dijo “vengo profundamente conmovido”, por el asesinato de la adolescente, y recordó que tras su desaparición se emitió una alerta Amber.
La víctima fue encontrada sin vida en Chilapa en la orilla de la carretera de terracería que conduce a Acazacatla, “tirada, arrojada, asesinada, exhibida… una niña de 13 años”.
El diputado de MC subió a tribuna porque manifestó que el episodio no solamente es un caso de impunidad o afectación a las mujeres, “sino ¿por qué hasta dónde estamos llegando como sociedad? Yo creo que el Congreso no puede sólo generar una reprobación o llamar la atención de la autoridad cuando se trata de asesinatos o hechos brutales cometidos contra políticos o luchadores sociales”.
Ayer por la mañana, la Secretaría de Seguridad Pública recibió un reporte de que había el cuerpo de una mujer tendida en la carretera que conduce a Acazacatla.
Y en el el transcurso de la tarde la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que el cuerpo encontrado en Chilapa correspondía a la adolescente.
Se han cometido 239 homicidios en el municipio de Costa Grande desde 2015
También se aprobó por unanimidad un exhorto al ayuntamiento de Coyuca de Benítez, para que “a la brevedad posible implemente mayores y más efectivas acciones de prevención del delito y fortalecimiento del tejido social”, y que realice “programas y proyectos en el que se fortalezca los valores de la familia que permitan contener el incremento de los índices de inseguridad en el municipio”
El coordinador de los diputados de MC presentó la propuesta como asunto de urgente y obvia resolución. Argumentó que de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante 2015, 2016 y 2017, en Coyuca de Benítez se han cometido 239 homicidios dolosos.
Y que representa el 4.2 por ciento de los homicidios que se cometen anualmente en Guerrero, en contraste, la población de Coyuca de Benítez representa sólo el 2.1 del total estatal.
En el mismo municipio van a la alza otros delitos del fuero común “de alto impacto social”, como las lesiones dolosas, el robo, el secuestro y la extorsión.
“Algo no se está haciendo bien en Coyuca de Benítez. En materia de seguridad pública, es claro que ahí, no se ha podido contener la actividad de la delincuencia y al contrario parece ir en aumento”, dijo en tribuna Mejía Berdeja.
En el punto de acuerdo consideraron los diputados de MC que Coyuca de Benítez, tendrá que atender la inseguridad y realizar una plataforma de desarrollo social, de bienestar humano y de crecimiento económico y que, por tanto, requiere de atención prioritaria, eficaz y constante”. Coyuca de Benítez es gobernado por el priista Javier Escobar Parra.
Ricardo Mejía relacionó la violencia en el municipio a la cercanía con Acapulco, “la ciudad más violenta del país, y que, consecuentemente, debería de realizar mayores esfuerzos las autoridades para contener la expansión de la delincuencia que opera en el puerto, hacia los municipios circunvecinos y hacia la Costa Grande del Estado, mejorando la coordinación institucional en la materia, incrementando su estado de fuerza policial y previniendo el delito, en su territorio, dentro del marco constitucional que le corresponde”.
Originalmente en el orden del día, el exhorto estaba dirigido al secretario de Seguridad Pública Pedro Almazán Cervantes, pero tras un acuerdo de la fracción de MC y la del PRI, únicamente se dirigió al alcalde.
Por su parte el perredista, Ociel García, señaló que no se puede transitar “como si nada” en Chilpancingo, Acapulco, Tierra Caliente y Costa Grande.
En el caso de la Costa Chica dijo que “todavía se puede andar”, aunque señaló que en el municipio de Cuajinicuilapa ya se están “complicando las cosas”.
Reconoció que muchos diputados no hablan del tema de la violencia por temor, pero recordó que como legisladores deben tener el compromiso con la sociedad, y coadyuvar con las autoridades para que se pueda resolver el problema de la inseguridad.
“Si hoy no alzamos la voz, vamos seguir rebasados en temas de seguridad, hoy los legisladores tenemos un compromiso real con la ciudadana, de velar por lo menos por el concepto mínimo que debe tener la gente, la seguridad, pero pocos diputados lo hacen por temor, ¿quien no tenga temor?”.
El perredista afirmó que “Guerrero está siendo rebasado”, por ello llamó al gobierno federal, estatal y municipal para que “redoble los esfuerzos para que se logre una paz en el estado y no se tenga mas muertes por gente que no tiene escrúpulos en este estado, y que han optado por andar asesinando y hacer desorden en Guerrero, mano se tiene que hacer, no es con miedo, ni con marcha atrás como se va avanzar”, dijo Ocie García.
Solicita la alcaldesa 2 millones para familias de policías acribillados en Cualac
Al pleno se le notificó de la llegada de un oficio de la alcaldesa de Cualac, Evelia González Ortega, quien solicita que se autorice una partida especial por 2 millones de pesos para pagar indemnizaciones por muerte y lesiones en cumplimiento del deber de los policías acribillados en el robo del pago de Prospera el 1 de junio pasado.
Fueron tres los policías asesinados y tres más quedaron heridos al igual que una empleada que llevaba los recursos para pagar, en la comunidad de Coatlaco del municipio de Cualac.
Al Congreso también llegó otro oficio por el alcalde de Apaxtla de Castrejón Salvador Martínez Villalobos, por el que solicitó autorización de una partida presupuestal extraordinaria para “dar cumplimiento al pago de laudos condenatorios”, pero no se especificó la cantidad en la sesión. En ese mismo sentido el municipio de San Marcos pidió ampliación presupuestal de pagos de laudos laborales.
También la directora, presidenta, y consejeras del jardín de niños “Estado de Chihuahua”, de Juan R. Escudero, Estela García Morales, Laura Lizet Bedolla Puente, Olivia Sandoval Castañón, Laura Grizell Rivera Garcoa y Elizabeth Bibiana Gallegos Contreras, que pidieron dos millones de pesos, para la compra de un predio que servirá como áreas de seguridad para evacuar en caso de un siniestro.
De primera lectura quedaron los dictámenes con proyecto de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2018 de los municipio de Ometepec, Florencio Villarreal, Alcozauca, Ajuchitlán del Progreso, General Canuto Neri, Copala, San Miguel Totolapan, Olinalá, La Unión de Isidoro Montes de Oca, San Luis Acatlán, Ixcateopan de Cuauhtémoc, Quechultenango, Coyuca de Benítez, Petatlán, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Zitlala, Iliatenco, San Marcos, Pilcaya, Cuajinicuilapa y Tixtla.
Todas las primeras lecturas fueron obviadas, entre ellas la del dictamen con proyecto de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base a los ayuntamientos La Unión de Isidoro Montes de Oca, San Luis Acatlán, Ixcateopan, Quechultenango, Coyuca de Benítez, Petatlán, Eduardo Neri, Juan R. Escudero, Zitlala, Iliatenco, San Marcos y Pilcaya para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018.
También se aprobó la licencia por tiempo indefinido a los regidores de Tepecoacuilco, Pascasio López Nava, Luisa Pineda Matías.
Derogan artículos para dar más autonomía a la Codehum
Y la Comisión de Derechos Humanos del Congreso derogó los artículos 100, 101, y 102 de la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), propuesta que enviaron Ramón Navarrete Mag-daleno, Nancy Bravo Gómez, Manuel García Guatemala, Víctor Manuel Castrejón Huicochea y Ángel Miguel Sebastián Ríos, presidente, consejeros y secretario técnico respectivamente del Consejo Consultivo de la comisión.
La comisión argumentó en su propuesta que los artículos derogados no aseguraban el ejercicio y protección de los derechos humanos de las personas, debido a que en estos se establecía la oportunidad de las autoridades en las que recaían las recomendaciones para ampararse.
Y con la derogación se fortalecen “las atribuciones, independencia, y la autonomía de este organismo de protección no jurisdiccional de los derechos humanos”.
Con la derogación aprobada ayer en el Poder Legislativo las recomendaciones que se consideran “como documentos de carácter moral y definitivo, pero no son obligatorias para las autoridades o servidores públicos a las que se dirigen, es decir, que pueden o no aceptarse, lo que hace innecesaria su impugnación, además no se está en presencia de una resolución de carácter jurisdiccional, por lo que no constituyen instancia que pudiera dar lugar a medios de impugnación”.
Este año, el de más asesinatos en dos décadas; Guerrero sigue como primero en ese delito
De enero a octubre de 2017 se registró el mayor número de homicidios dolosos de los últimos 20 años en Guerrero, con 227 asesinatos el mes pasado, con lo que suman 2 mil 85 casos, el doble de lo reportado en el mismo periodo de 1997.
El reporte es del informe de víctimas de homicidios dolosos en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las agencias del Ministerio Público de cada entidad, que actualiza cada mes el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Según los datos oficiales en diez meses se superó el total anual de homicidios dolosos cometidos en 2015, que cerró el año con 2 mil 16 casos. Aunque 2016 cerró en 2 mil 213 homicidios dolosos para octubre había mil 832 asesinatos.
Las bases de datos indican que de enero a octubre de 2007 en Guerrero se registraron mil 14 homicidios dolosos, que representa 48 por ciento de los registrados este año, y 87.7 por ciento de los ocurridos en 2016. Incluso 2011, uno de los años más violentos en dos décadas, se encuentra 8.7 por ciento abajo de las muertes dolosas de 2017, en un comparativo de diez años.
Con un promedio de siete homicidios diarios se confirma como el estado con más homicidios dolosos de la República mexicana, por encima del Estado de México, que del primero enero al 31 de octubre registró mil 954, Baja California mil 914 y Chihuahua mil 640.
De acuerdo con la estadística del informe de víctimas en enero se documentaron en Guerrero 165 homicidios dolosos, en febrero 175, en marzo 210, en abril 189, en mayo 216, en junio 206, en julio 250, en agosto 232 y en septiembre 215 casos y octubre 227.
De 227 asesinatos en octubre, 125 fueron cometidos por arma de fuego (55 por ciento), siete con arma blanca y en 66 (29 por ciento) no hay datos precisos, sólo se clasifican como otros.
Se reportan 46 casos de homicidios culposos, que suman 475 en diez meses, 12 denuncias de extorsión en el mes, 145 en lo que va del año y seis secuestros, que dan 50 casos en 2017.
Por otro lado, el reporte de Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículos 1997-2017, señala 198 homicidios dolosos ocurridos en octubre, que acumulan mil 924 casos en lo que va del año. Con estos datos se estima una tasa de 53.34 homicidios en la entidad por cada 100 mil habitantes.
Guerrero mantiene el primer sitio de asesinatos encima de Baja California donde se registran mil 733 homicidios dolosos en el año.
La entidad está en el sexto lugar del país con más robo de vehículos, abajo del Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa y Puebla. Tiene reportes de 2 mil 186, de los cuales 905 fueron en asaltos violentos. La mayoría ocurren en robos sin violencia. En octubre, se reportaron 459 robos de vehículos, 395 sin violencia.
Con 54 secuestros en lo que va del año, las cifras oficiales indican una tasa de 1.5 secuestros por cada cien mil habitantes. Asimismo en extorsión, con 144 casos, se habla de una tasa de 3.99 en este delito.
Los datos se presentan con una advertencia en las dos bases de datos, que la incidencia delictiva “se refiere a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, instancias responsables de la veracidad y actualización de los datos”.
Ratifica la Segob su negativa a dar protección al testigo del asesinato de Hernández Cardona
Ayer la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), ratificó la negativa de devolver las medidas de protección al testigo del homicidio del dirigente de Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, denunció la Red Solidaria Década contra la Impunidad.
En un comunicado confirmó que en esta circunstancia el sobreviviente y testigo del asesinato de Hernández Cardona y de los activistas Ángel Román Ramírez y Rafael Banderas Román, Nicolás Mendoza Villa no ratificará su declaración ante el juzgado Primero Penal Federal de Matamoros contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quien afirma que vio disparar contra el dirigente social.
Aunque los hechos ocurrieron en mayo de 2013, el exalcalde fue detenido después del ataque a los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, cuando ocurrió la desaparición forzada de 43 normalistas el 26 de septiembre de 2014.
La Red denunció que en febrero de este año cuando el Mecanismo retiró las medidas cautelares al activista de Iguala, que propuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobernador Héctor Astudillo Flores y el presidente estatal del PRD, Celestino Cesáreo Guzmán públicamente ofrecieron intervenir para que Mendoza Villa mantuviera la protección estatal, pero no hicieron nada.
Informa que este lunes 30 de octubre se llevó se llevó a cabo la presentación de su caso ante la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, pero la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y el mismo Nicolás Mendoza Villa no recibieron la formal convocatoria para su audiencia.
Fue llamada la defensora de derechos humanos Éricka Zamora Pardo para conocer la fecha de presentación ante la Junta de Gobierno de otro caso, de Beatriz Hernández, a quién se le hace una “reevaluación de riesgo”.
En esta sesión Zamora Pardo denunció que Mendoza Villa sigue vulnerable ante una posible agresión, y hace siete meses no cuenta con la protección del estado a pesar de que es beneficiario de medidas cautelares dictadas por la CIDH.
Aseguró que el viernes 6 de octubre, alrededor de las 3 de la tarde personas en una camioneta color azul rey, marca Ford, placas K92AMU de Guerrero vigilaron su casa, el lunes 9 de octubre su vivienda fue observada por extraños desde una camioneta placas HCK9457 de Guerrero y el viernes 27 de octubre desde una camioneta negra con placas HCK9457 de Guerrero.
Lamenta que pese a lo manifestado, el equipo de evaluación ratificó la negativa a devolver las medidas de protección al testigo de cargo en contra de José Luis Abarca, por lo tanto, confirmaron que Mendoza Villa no ratificará su declaración ante el juzgado Primero Penal Federal de Matamoros, “y la impunidad avanza, responsabilizamos al Estado mexicano de la integridad física y psicológica de Nicolás Mendoza Villa y de la familia del activista Arturo Hernández Cardona”.
Explica que la Junta de Gobierno del Mecanismo consideró que el nivel de riesgo de Mendoza Villa se redujo porque está fuera de Guerrero, pero considera su situación como desplazado de manera forzada.
Mendoza Villa fue uno de los ocho activistas que sufrieron desaparición forzada por autoridades de Iguala, y tres de ellos fueron encontrado muertos.
No será fácil tener el dinero para aplicar la alerta de género, advierte Florencio Salazar
Las alertas por violencia feminicida que declararon el gobernador Héctor Astudillo Flores y la Secretaría de Gobernación (Segob), tendrán que complementarse, dijo ayer el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame en la sesión extraordinaria del Sistema Estatal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, que se llevó a cabo ayer sin la presencia de reporteros en Casa Guerrero.
En la grabación de su intervención a la que tuvo acceso El Sur, el funcionario ratificó la posición de no recibir la alerta de Segob hasta que se hayan corregido tres errores de escritura, pero ya reconoce que será una “tarea colosal” a la que “no es fácil darle soporte presupuestal” ante la severa crisis de las finanzas del gobierno.
La feminista y ex secretaria de la Mujer, Rosa María Gómez Saavedra informó después que el gobierno del estado ya trabaja las tres líneas que planteó la Segob mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en el dictamen de la Alerta por Violencia Feminicida en ocho municipios del estado.
Indicó que en una presentación que se mostró en la sesión como parte del programa de trabajo del gobierno del estado se habló de la seguridad, la prevención, la justicia y la reparación del daño como ejes centrales.
Dijo que allí propuso que se incorpore a las comisiones de seguimiento del Sistema estatal las organizaciones que impulsaron la solicitud de Alerta ante el gobierno federal.
Las comisiones creadas desde que se instaló el sistema son alerta de género, órdenes de protección, atención a las mujeres víctimas de violencia, prevención, radicación, de enlace y promoción de la participación ciudadana, de reformas legislativas y de seguimiento y atención a feminicidios.
Florencio Salazar dijo que el gobierno de Héctor Astudillo está obligado a jerarquizar programas porque abordar los problemas en su conjunto “nos pueda paralizar por la escasez de los recursos”.
Agregó que nadie ignora la “severa crisis” en las finanzas públicas luego de que se supo que el gobierno federeal ha recortado en el primer semestre del año 830 millones de pesos, “sumado a recortes que iniciaron prácticamente con el año, más el enorme déficit recibido por la administración anterior por 32 mil millones de pesos”.
Aclaró que la escasez de recursos no lo exenta de sus deberes y propuso a funcionarios de Tribunal Superior de Justicia, del Congreso, del Ejecutivo y de los ayuntamientos que se informen de las posibilidades de cada uno para avanzar y dar resultados.
Insistió en que no pueden comprometer todos los recursos para atender las diferentes propuestas y las acciones que se han planteado en la alerta, “esto no sería posible, y sería además irresponsable”, subrayó.
A algunas organizaciones de mujeres integradas al sistema pidió que no vean al gobierno como adversario, sino que trabajen coordinadamente y se orienten por los mismos objetivos, porque las autoridades las necesitan y “ustedes sin el gobierno van a hacer muy poco”.
A la sesión llegaron sólo representantes de los titulares de diversas dependencias, de acuerdo con el ingreso controlado (con lista en mano) que se observó en la puerta 2 de la residencia oficial.
Sólo acudieron dos alcaldes de los ocho que incluye la Alerta
A la sesión sólo acudieron los alcaldes de Ometepec y Tlapa, dos de los ocho en los que se declaró la alerta, pero los ocho municipios (Acapulco, Chilpancingo, Zihua-tanejo, Iguala, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla) se integraron al Sistema Estatal.
Salazar Adame propuso reuniones de trabajo en los ochos municipios este mes, “para redoblar los compromisos en cada orden de gobierno”.
Adelantó que ya solicitó a la Secretaría de Finanzas una reasignación para atender “al menos las cuestiones más urgentes de la alerta este año, y en 2018 puedan tener una partida especial para atender el programa”.
Pidió a la diputada del PRD, Yuridia Melchor Ocampo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, “que nos ayude a disponer, sino todos los recursos deseables, de una partida que nos permita avanzar”.
A las comisiones que confirman el sistema estatal les dijo que sesionen con regularidad, que visiten las casas de atención a las mujeres y que informen cómo están operando.
Estimó que en ocasiones solventar necesidades básicas o administrativas son suficientes para que las instituciones funcionen, y se pueden atender a la brevedad.
En el último punto del orden del día se abordó el tema de la alerta de la Segob, y Salazar Adame ratificó su posición en el sentido de que es necesaria una comunicación debidamente soportada de la Conavim para atender la declaratoria.
En las grabaciones también se supo de intervenciones de una funcionaria del Poder Judicial que destacó los avances en capacitación, aún sin concluir, y quejas ante la falta de atención apropiada en las agencias de Ministerio Público, donde las víctimas deben comprar hojas de papel bond para levantar una denuncia.
Entre las participaciones, Gómez Saavedra pidió una respuesta para la Conavim. Luego en declaraciones a este diario confirmó que para evitar confusión en Guerrero se deben de integrar las acciones de las dos declaraciones de alerta, pues el gobernador planteó ocho temas de trabajo y la Conavim más de 20.
Piden que se resuelva el conflicto en Ciudad de las Mujeres
En la sesión la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar urgió a las autoridades a resolver el conflicto laboral del Centro Ciudad de las Mujeres de Tlapa, sin despidos ni reducción de salarios.
En un escrito entregado a Salazar Adame, Reyna explicó que el Centro fue inaugurado por el presidente Enrique Peña Nieto para dar atención integral a mujeres víctimas de violencia, como un modelo de atención interinstitucional y en respuesta a recomendaciones de organismos internaciones para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres.
Indicó que en la sesión leyó el documento en el que pide que se solucione el conflicto de un proyecto que debe garantizar el derecho de acceso a la justicia de más de mil 500 mujeres indígenas de La Montaña, que son atendidas mensualmente en este centro.
Se reconoce el feminicidio como un problema grave, celebran activistas
Con sorpresa y sospecha feministas que promueven la aplicación de la Alerta de Género en Guerrero, conocieron en redes sociales “la auto declaración” del gobernador Héctor Astudillo Flores un día antes de que las activistas denunciaran el incumplimiento del gobierno del estado y los ayuntamientos, de varias recomendaciones del Grupo de Trabajo creado para atender la solicitud ante la violencia feminicida en ocho municipios del estado.
Sin embargo destacaron que a casi un año de que presentaron la solicitud en la Secretaría de Gobernación (Segob) mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres(Conavim), el estado reconoce el feminicidio como un problema grave.
La directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia a las Mujeres, Marina Reyna Aguilar informó que el martes a las 11:30 de la noche recibió la invitación a la actividad de ayer del gobernador, y no asistió por cuestiones de agenda.
Pero conoció con sorpresa la declaración del gobierno estatal, al margen del proceso en la Segob.
Reveló que las organizaciones de la Alianza programaron una conferencia de prensa para este jueves, un día antes de que se cumpla un año del trámite en la Segob, porque descubrieron que el gobierno estatal no cumplió las recomendaciones del Grupo de Trabajo creado para atender la solicitud de alerta de género.
Denunció que los ayuntamientos tampoco atendieron algunas de las recomendaciones, y consideraron necesario denunciar el incumplimiento.
Opinó que este anuncio implica voluntad política para atender el problema, “si existe voluntad debe haber justicia para las mujeres y el trabajo debe comenzar ahora”.
Del Grupo Plural, Viridiana Gutiérrez consideró sospechoso el anuncio, dado que apenas la semana pasada la secretaria de la Mujer, Rosa Inés de la O declaró que había más muertes violentas de hombres “y nadie dice nada”, cuando se le preguntó de los feminicidios.
No obstante, Viridiana Gutiérrez celebró que el gobernador acepte que el problema es grave y que se tiene que hacer algo, aunque el procedimiento es incorrecto ante el proceso que sigue abierto en la Segob.
Además opinó que el plan del gobernador sólo contiene acciones ordinarias que debe aplicar cualquier gobierno estatal.
Insistió en que ante la violencia feminicida se deben de desarrollar acciones emergentes, como cuando se activa el plan DN-III del Ejército para contingencias naturales.
La feminista María Luisa Garfias Marín advirtió que la declaratoria “a todas luces tiene fines políticos” frente a las elecciones locales y federales de 2018, y para invisibilizar a la Alianza Feminista.
En consulta telefónica explicó que Astudillo aceptó públicamente que la “autodeclaración” es resultado del análisis del Grupo de Trabajo que se creó a propósito de la solicitud de Alerta de Género, pero no mencionó que fue presentada por la Alianza Feminista.
El anuncio ocurre dos días antes de que se cumpla un año de que el colectivo llevó la petición formal a la Conavim, ahora “él se adelanta porque sabe que viene la declaratoria, y retoma prioritariamente acciones en los ocho municipios señalados en la solicitud”, que son Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Zihuatanejo, Tlapa, Ayutla, Coyuca de Catalán y Ometepec.
Opinó que el gobernador pretende golpear a las promoventes de la alerta, sin embargo, “políticamente el golpe lo recibió su gobierno porque reconoce los feminicidios después de haberlos negado”.
También consideró que está maquillando las cifras ante la opinión pública, porque la Alianza documentó mil 500 mujeres asesinadas de 2005 a 2016 en su diagnóstico, y el estado habla de 142 feminicidios del 2010 al 2016.
Aseguró que el gobierno incumplió las 10 recomendaciones que planteó el Grupo de Trabajo para emprender acciones positivas en favor de las mujeres en un plazo de seis meses, que concluyó a mediados de marzo.
A partir del análisis del informe del gobierno sobre el cumplimiento de las recomendaciones, la Cona-vim iba a evaluar la pertinencia de la alerta en Guerrero.
En mayo Guerrero fue el más violento del país con 216 homicidios; son 7 muertos diarios en promedio
En mayo Guerrero fue el estado más violento del país con 216 homicidios dolosos, lo que representó en promedio siete muertos diarios, según información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob).
En la última actualización del reporte mensual, el estado alcanzó un nuevo registro máximo de 955 casos en los primeros cinco meses del año desde 1997. Acapulco acumula el 35 por ciento del total.
Es en la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores cuando se registra la cifra más alta en los primeros cinco meses del año en dos décadas, en 1997 el SESNSP comenzó a contar las denuncias de las procuradurías, por lo que no hay un registro anterior.
En el 2012 se tuvo la cifra más alta registrada, con dos mil 310 casos. Entonces Guerrero registró de enero a mayo 882 homicidios dolosos durante la administración de Ángel Aguirre Rivero. En enero de 2012 hubo 153 averiguaciones por homicidio doloso, en febrero 139, en marzo 186, en abril 198 y en mayo 206.
Las cifras reflejan también que este año superó en 8.5 por ciento al año más violento.
En el país suman 9 mil 916 carpetas de investigación por homicidio doloso. Casi el 10 por ciento de los asesinatos en el país se reportan en Guerrero.
Los datos del SESNSP se nutren de los reportes de las fiscalías estatales, de las denuncias presentadas ante los ministerios públicos de cada estado.
Hubo 216 casos más que en mayo y van en aumento
Al 31 de mayo fueron 955 homicidios, lo que significó un aumento de 216 casos en un mes, en el corte de abril eran 739 carpetas iniciadas por ese delito.
En mayo el número de averiguaciones por homicidio doloso en Guerrero equivalió a abrir una carpeta de investigación por asesinato cada tres horas y media.
En los últimos tres años y en el mismo periodo el número de homicidios dolosos va en aumento. En 2014 el SESNSP reportó 677 averiguaciones iniciadas, en 2015 se registraron 802 casos y el año pasado 857.
Este año en enero se registraron 165 casos, en febrero 175, en marzo 210, en abril 189 y mayo 216, que acumula el récord de 955. El año pasado en enero se reportaron 166 casos en enero, 160 en febrero, 188 en marzo, 178 en abril y 165 en mayo.
Para dimensionar la magnitud de los crímenes que van en el año en Guerrero, se podría equiparar con Guanajuato que en 2016 acumuló 961 casos o Chihuahua que en 2015 reportó 945 delitos de ese tipo. O la Ciudad de México, una de las más densamente pobladas del mundo que reportó en todo el año pasado 952 asesinatos.
En el país Guerrero ocupa el primer lugar de homicidios dolosos seguido por el Estado de México con 855 y Baja California Norte con 739, siguen Veracruz con 625 y Chihuahua con 625 casos.
El Estado de México reportó en enero 165 casos, en febrero 145, en marzo 168, en abril 182 y en mayo 195 carpetas abiertas por ese delito.
Guerrero triplica la tasa promedio
Guerrero encabeza el número de homicidios en el país pero cuando se analizan los asesinatos por cada cien mil habitantes, el estado queda en segundo lugar. Colima tiene una tasa de 31.69 casos, seguido por Guerrero con el 26.47 de los casos, después Baja California Sur con 20.87. El cuarto y quinto son Baja California Norte y Sinaloa que reportaron 20.62 y 20.40 respectivamente.
El promedio en el país por homicidios dolosos es de 8.03 personas por cada 100 mil habitantes, y Guerrero triplica esa tasa.
La tasa de Guerrero también va en aumento aunque se mantiene en segundo lugar. En abril, la SESNSP informó que había 20.49 guerrerenses asesinados por cada 100 mil habitantes. Colima el estado con menor índice poblacional reportó una tasa de 24.74 homicidios el mes pasado.
Acapulco, el más violento
Acapulco se mantiene como el municipio con más reportes de homicidios dolosos, acumulando en lo que va del año 340 casos, más de una cuarta parte de los asesinatos en el estado. En un mes se contabilizaron 78, en abril sumaban 262 casos.
La tendencia a la baja de los homicidios dolosos en Acapulco se mantiene, en comparación con el año pasado y en el mismo periodo Acapulco registró 381 asesinatos, este año hubo una disminución de 41 casos.
De los 78 homicidios dolosos en mayo, 54 fueron por arma de fuego, cuatro con arma blanca y sin especificar 20. En abril 40 por arma de fuego, 1 con arma blanca y 23 sin especificar. En marzo 70 por arma de fuego, 3 por arma blanca y 15 sin detallar. En febrero 49 por arma de fuego y 15 sin especificar. En enero 37 con arma de fuego, 2 con arma blanca y siete sin especificar.
En Chilpancingo van 106 carpetas por homicidio doloso, 25 más que en abril cuando se contabilizaron 81. En mayo fueron 14 por arma de fuego, 1 por arma blanca y 10 sin especificar. En abril 5 fueron por arma de fuego y ocho asesinatos más sin precisar.
Para Iguala los registros de 55 homicidios representaron un aumento de 11 casos más que en abril cuando llevaban 44.
En Chilapa en mayo hubo un aumento de 24 casos, acumulando 65 homicidios.
En Zihuatanejo se acumulan 47 homicidios, en un mes aumentaron nueve casos cuando en abril ese municipio de la Costa Grande reportó 38.
En Coyuca de Benítez el número de asesinatos alcanzó 39, aumentando en un mes seis casos, en abril eran 33 casos.
Robo de vehículo con violencia aumenta casi al doble en un año; suman 2 mil 2
El SESNSP detalló en su informe mensual que el delito por robo de vehículos sigue creciendo en Guerrero, en lo que va del año suman 2 mil 2 carpetas de investigación iniciadas.
En mayo hubo 406 automóviles robados, lo que significó que en promedio cada 2 horas se reporta el delito.
Por separado el robo con violencia reportó mil 115 casos mientras que sin violencia 887.
La tasa de robo con violencia es de 30.91 por cada 100 mil habitantes, una de las más altas sólo superada por Sinaloa con 52.88, el Estado de México con 50.41. La tasa promedio en el país es de 18.93 y en Guerrero es casi el doble.
Después de marzo, mayo es el mes con mayor número de automóviles robados con violencia, en mayo hubo 249 robos.
En los primeros cinco meses de 2016 hubo 573 denuncias ante la Fiscalía. En un año aumentó casi al doble.
En secuestros el registro en Guerrero es de 23 denuncias, lo que lo coloca en el séptimo lugar nacional. Tamaulipas, Veracruz y el Estado de México son los primeros tres lugares con 77, 72 y 71.
Sin embargo la tasa de secuestro en Guerrero es de .64 casos por cada 100 mil habitantes. El primer lugar lo ocupó Tamaulipas con el 2.13, después Zacatecas con el 1.75, seguido por Tabasco con el 1.48, Veracruz con .88. Morelos con .76.
El mes pasado fue el más violento del que se tenga registro en el país con 2 mil 186 homicidios
Mayo fue el mes más violento en México del que se tenga registro.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la Secretaría de Gobernación (Segob), indican que el mes pasado se iniciaron 2 mil 186 carpetas de investigación por homicidio doloso.
Es la cifra mensual más alta por lo menos desde 1997, cuando el SESNSP comenzó a sistematizar las estadísticas delictivas en el país.
Ni siquiera durante el pico más alto de violencia durante la llamada guerra contra el narcotráfico, México llegó a una cifra tan alta.
Antes de mayo de 2017 el récord de violencia lo tenía mayo de 2011 -durante el sexenio de Felipe Calderón-, con 2 mil 131 homicidios dolosos.
Con los asesinatos de mayo reportados por las procuradurías y fiscalías estatales, México llegó a 9 mil 916 homicidios dolosos en los primeros cinco meses del año.
Esta cantidad es 29.4 por ciento mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado, que sumó 7 mil 658, y la más alta para un periodo idéntico desde 1997.
De mantenerse los niveles de violencia, 2017 se convertiría en el año con más asesinatos de las últimas dos décadas.
Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano consideró que las autoridades siguen sin encontrar la fórmula para reducir la violencia, “lo que me preocupa no sólo es que hoy tengamos los primeros cinco meses del año más violentos, sino que no veo cómo vamos a lograr reducirlos, no creo que en los próximos meses venga algo que modifique la realidad que estamos viviendo”.
“Parece ser que el rumbo está bastante perdido, es decir, no tenemos elementos que nos guíen con claridad y nos digan: en un año, en seis meses o en tres meses vamos a tener una reducción”, expresó.
Afirmó que las estrategias no están dando resultados contundentes y claros, ni existe evidencia de que los recursos destinados al combate anticrimen estén siendo bien utilizados.
La espiral de violencia inició en julio del año pasado y no ha cesado, a pesar del despliegue de fuerzas federales en distintos estados y la implementación de varias estrategias.
El 30 de agosto de 2016 ante el incremento de ese delito en los meses previos, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una estrategia especial para acotar la violencia.
En el Consejo Nacional de Seguridad Pública, instruyó la puesta en marcha de un plan en los 50 municipios del país que concentran el 42 por ciento de los homicidios dolosos.
Sin que se detallara su contenido se puso en marcha una estrategia con dos componentes generales: prevención del delito y contención criminal con fuerzas de seguridad.
En enero la Secretaría de Gobernación lanzó otro plan para reducir el homicidio en 50 Municipios de Atención Prioritaria con Perspectiva de Prevención, denominados MAPPP.
Pese a las cifras la Segob ha sostenido que las circunstancias en materia de seguridad son distintas a las que se registraban en el sexenio anterior.
Fueron seleccionados mediante tres criterios, homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica, y se les apoyará en el desarrollo de “proyectos especiales”.
Sigue la investigación y no se busca cerrar el caso Ayotzinapa, dice Campa Cifrián
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián dijo que las investigaciones sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa continúan y que se busca dar con todos los responsables y ponerlos a disposición de la justicia.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva indicó que aunque existe la preocupación de los padres de que pudiera haber la intención de cerrar el caso, “yo puedo reiterar porque estuve presente en la reunión con el procurador la semana pasada, y también con el mecanismo de la Comisión Interamericana, que hay la mayor decisión de concluir este proceso cuando se haya dado con todos los responsables, se les haya puesto a disposición de la justicia”.
Destacó la detención, este martes, de uno de los líderes en Huitzuco del grupo criminal Guerreros Unidos, lo cual era una de las peticiones que tienen los padres, de profundizar la investigación.
Señaló que los caminos están abiertos para los padres de los normalistas puedan hablar con algún funcionario de la Segob, y que siempre ha habido apertura y plena disposición para ello.
Agregó que la noche de ayer habló con Vidulfo Rosales, uno de los representantes legales de los padres, a quien le indicó que las investigaciones continúan hasta dar con todos los responsables y someterlos a la justicia.
Roberto Campa agregó que con Rosales sostuvo una conversación en términos cordiales, de plena comunicación, “y reiteramos por este medio, cualquier interés en un encuentro con la Secretaría de Gobernación, con el titular o con quienes trabajamos ahí y tenemos relación con el caso, pues se puede resolver simplemente con una llamada telefónica, estamos siempre a la disposición”.
El funcionario reiteró que siempre que sea solicitada una reunión con el secretario de Gobernación estará atento a la petición que hagan para conciliar agendas, porque existe plena disposición con el titular de Segob siempre para reunirse con los padres de Ayotzinapa, pero no mencionó que el martes cuando fueron a pedir una audiencia con Osorio Chong, los padres de los estudiantes fueron atacados con gases lacrimógenos por policías federales, lo que dejó a cinco familiares lesionados, justo en las puertas de la Segob.
Se discute hoy en comisiones la Ley de Desaparición Forzada
De la Ley de Desaparición Forzada, Campa declaró que existen todas las condiciones para que se apruebe, que por ahora está en manos de Senado y las cuatro comisiones dictaminadoras se han puesto de acuerdo, se ha trabajado intensamente con ellos y con las organizaciones de la sociedad, con expertos.
Agregó que está programado que se discuta hoy en comisiones y se lleve al Pleno del Senado. Se espera que suceda porque hay muchas familias en México que están esperando que salga la ley.
La ley consta de dos partes, una es la penal y las sanciones, “de lo que se trata es de que tenga el mismo manejo en todo el país, y la segunda parte de la ley es todo el diseño de la política pública, de búsqueda y de investigación”.
“Si somos capaces de romper las cadenas de impunidad seremos capaces de revertir esta realidad que tenemos en materia de desapariciones”, dijo.
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Gasea la PF a padres de los 43 que pedían audiencia con Osorio Chong en la Segob; hay cinco lesionados
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra reportó que tres padres y dos mamás de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos sufrieron lesiones provocadas por los gases lacrimógenos que les lanzaron policías federales en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tras señalar que los actos de represión que se registraron este martes serán notificados al Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosales consideró que la acción policiaca “evidencia la ruta y la posición que respecto al caso mantiene el gobierno federal” de generar “condiciones de debilitamiento y cierre del caso”.
La protesta en la Segob fue anunciada con anticipación como parte de la jornada de lucha que comenzó con un plantón indefinido de los padres frente a la PGR, para exigir que se investigue la responsabilidad de militares del 27 Batallón de Iguala, que se consigne a los policías federales y municipales involucrados en la desaparición forzada de los estudiantes, y se profundice en la línea de investigación de trasiego de droga de Iguala a Chicago, que está sin avances desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue expulsado del país.
En entrevista con la Agencia Proceso, el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos informó que los lesionados son: Hilda Legideño Vargas, Berta Nava, Mario César González, Hermenegildo Ortega Carlos y Bernabé Abraham, quienes sufren “complicaciones en los ojos y en el sistema digestivo” debido a los gases lacrimógenos.
Señaló que la represión policiaca ocurrió después de que los padres y madres solicitaran una audiencia con el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, antes de un mitin como parte de la jornada de actividades a 31 meses de la desaparición de los estudiantes.
“En lugar de que reciban a la comisión agreden a los padres de esta manera, eso complica mucho más las cosas y orilla a los padres a no caminar en la ruta del diálogo ni en la ruta de la institucionalidad, sino más bien que sea la protesta donde ellos expresen su exigencia por la presentación con vida de sus hijos”, dijo.
Agregó que después de la agresión familiares de los normalistas desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon la avenida Reforma, en Bucareli, y agentes de la Dirección de Gobernación de la Ciudad de México se acercaron a buscar “un puente de diálogo con el gobierno federal”.
Los enviados dijeron que el subsecretario Roberto Campa Cifrián está dispuesto a recibir a una comisión de padres.
Al respecto, Vidulfo Rosales explicó: “rechazamos la oferta porque el subsecretario Campa ya no es interlocutor válido para los padres, porque ellos lo identifican como el que verbalizó la posición del gobierno en Washington. Estamos buscando hablar con Osorio Chong”.
En marzo en la audiencia en Washington en la sede de la CIDH, Campa llamó a los padres a considerar la “verdad histórica” de que sus hijos fueron calcinados en el basurero de Cocula, como una real posibilidad del destino final de los 43 estudiantes, expresiones con las que el funcionario federal intentó echar abajo las conclusiones de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de que esa hipótesis es científicamente imposible.
Tras señalar que la protesta de los padres y madres en las inmediaciones de la Segob “no ameritaba este tipo de intervención de la policía”, Rosales Sierra llamó al gobierno federal a que “rectifique, porque no porque se les reprima van a dejar de exigir la presentación con vida de sus hijos, a menos que detengan a todos los padres, pero no sé si eso resuelve el problema”.
En cuanto a la reciente detención de Walter Alonso Deloya Tomás, El Walter o La Medusa, presunto integrante de Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los normalistas, precisó que “fue detenido por otras causas penales distintas y ajenas a los 43, no está directamente relacionado”.
Reconoció que en el expediente se menciona a La Medusa porque “pertenece a Guerreros Unidos y trabajaba para (Alejandro) El Cholo Palacios, pero no hay un vínculo directo, no hay acción penal emanada del caso de los 43”.
Lo que toca ahora a la Oficina Especial para el Caso Iguala, agregó, es buscar “entrevistar al detenido para obtener alguna información adicional, respetando sus derechos procesales”.
Reporta la PF a tres personas con lesiones leves
La Policía Federal (PF) informó que tres personas sufrieron lesiones leves tras la agresión, con gases lacrimógenos, a los padres de los 43 normalistas desaparecidos que se encontraban en las inmediaciones de la Segob.
En una tarjeta informativa la dependencia federal aseguró que dos de sus agentes y un trabajador de la Unidad de Gobierno de la Segob presentaron golpes por objetos lanzados por los manifestantes en la protesta de ayer.
Señala a 40 personas ajenas a los familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala, como los responsables de arrojar petardos y piedras a los uniformados.
Ante esta acción dispersaron a los manifestantes con un par de bombas de gases lacrimógenos.
“El gobierno de la República a través de la Secretaría de Gobernación, reafirma su voluntad y compromiso de mantener, como siempre lo ha realizado, un diálogo constante y abierto con los ciudadanos”.
“Padres y madres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa dijeron haber tomado la decisión, por el momento, de no solicitar una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación debido a la presencia de grupos ajenos a su movimiento”, dice la PF.
Reprueba Amnistía Internacional el uso excesivo de la fuerza
Tania Reneaum, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México reprobó el uso excesivo de la fuerza utilizada por la Policía Federal para dispersar a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, mientras se manifestaban afuera de la Secretaría de Gobernación.
“El gobierno de México debe recordar que es ilícito usar formas de control que, como los gases y otras sustancias químicas irritantes, afecten a personas que no tienen que ver con la manifestación o que participando de ella no hacen uso de la violencia”, expuso.
De acuerdo con Reneaum, el uso de la fuerza es una clara violación de los estándares internacionales de derechos humanos y una afrenta más a las familias y compañeros de los estudiantes desaparecidos hace más de dos años.
El de los 43 estudiantes desaparecidos, mencionó, es un caso que no ha sido debidamente investigado por las autoridades mexicanas, y hasta ahora se desconoce la suerte o paradero de las víctimas debido a que no se han esclarecido los hechos.
El desalojo fue cuando un reducido grupo de familiares de los 43 normalistas desparecidos y estudiantes de la Normal Rural pretendían hacer un mitin frente a la Segob para pedir una reunión con Osorio Chong.
El grupo nunca alcanzó su objetivo: en Bucareli, a media cuadra del Reloj Chino se toparon con un muro de hierro y luego con bombas de gases lacrimógenos. En el ataque resultaron lesionados cinco padres de los estudiantes desaparecidos.