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No inició la reparación del daño de los ataques a los normalistas en Iguala, precisa la Segob

Ante el reclamo de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que rechazaron el anuncio del gobierno sobre la reparación del daño a casi 18 meses de  la desaparición de los jóvenes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián aclaró que ese proceso no ha iniciado.
En un comunicado explicó en siete puntos de qué manera se llevarán a cabo las tareas de reparación del daño a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos por sicarios y policías el 26 de septiembre de 2014.
En el documento aclara que lo que inició fue el  Diagnóstico de Impacto Psicosocial en las Víctimas de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, que recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hará un equipo de profesionales independientes “y el gobierno se compromete a aceptarlo”.
El diagnóstico, agrega, incluye a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, a los familiares de los estudiantes asesinados y a los estudiantes heridos y a sus familias.
El inicio de los trabajos se refiere al Diagnóstico Psicosocial y  con base en este, “el Estado elaborará un Plan de Atención y Reparación Integral que será consultado con las víctimas y sus representantes”.
Señala que por mandato de ley el Estado tiene la obligación de garantizar la atención, asistencia, ayuda, protección y reparación integral a las víctimas directas e indirectas.
En su quinto punto refiere que la reparación prevista en la ley debe ser “integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron”.
Afirm que la reparación integral del daño “es mucho más que el pago de una compensación, debe incluir medidas concretas de restitución, rehabilitación, satisfacción y, especialmente, medidas de no repetición”.
Explica que no se ha acordado en este momento ninguna medida de reparación con las víctimas y sus representantes, porque éstas se determinarán a partir del diagnóstico mencionado.
“Tampoco se ha hablado del pago de ninguna indemnización a las víctimas directas e indirectas de los hechos”, al tiempo que destaca que los avances en materia de atención a las víctimas ha sido posible por el trabajo del GIEI.
Tras el anuncio de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Segob de que en próximos días se firmaría un convenio para iniciar los trabajos de reparación a los familiares de los 43 estudiantes, padres de los jóvenes expresaron su rechazo total y calificaron el convenio como “una falta de respeto a los padres de familia”, pues lo que exigen es la presentación con vida de sus hijos, justicia y castigo a los responsables de la desaparición.

Quieren saber de sus hijos, no la reparación del daño, responden padres de los 43

Los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos no tienen información del convenio de reparación del daño del que habló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián en medios nacionales hace dos días, denunció el vocero Felipe de la Cruz.
Vía telefónica recriminó que el funcionario hable de temas que no se han discutido con ellos, porque uno de los acuerdos con los padres es reservar la información para evitar más agravios a las víctimas.
Campa Cifrián aseguró que la firma del convenio para iniciar el proceso de reparación del año con las familias de los 43 alumnos desaparecidos era cuestión de días.
Felipe de la Cruz consideró que el funcionario ventiló la información de manera intencional, en el marco de la estrategia de desprestigio contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para decir que están concluyendo los temas pendientes antes de que termine el periodo de mandado de los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluye el 30 de abril.
Dijo que los padres sostienen que no les interesa hablar de la reparación del daño en tanto no sepan dónde están sus hijos y qué pasó la noche de los ataques, “la única forma de reparar el daño es saber qué pasó en alguna medida, es saber qué pasó en el menor tiempo posible, que sepamos qué pasó ese día”.
Denunció que siempre ha habido intentos de las autoridades federales de distraerlos con la reparación del daño, que envían a sus agentes a casa de los padres, y también lo hicieron los primeros días los funcionarios del gobierno estatal.
Consideró que el gobierno federal está fraguando la salida de los expertos de México, es decir, que no se ratifique un tercer periodo para que sigan coadyuvando en las investigaciones de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa, con el argumento de que ya no hay más avances ni resultados, al mismo tiempo que termina la campaña contra los integrantes del GIEI.
Aclaró que lo que los padres exigen es un diálogo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong para hablar de la continuidad del GIEI en México.
Informó que la próxima reunión de seguimiento del caso Ayotzinapa está programada para el 18 de abril en el puerto de Acapulco, pero los padres han insistido en que se haga en Chilpancingo.
Agregó que los expertos han visitado Iguala y otras partes del estado para hacer inspecciones en los sitios donde se han realizado búsquedas sin vida, en fosas clandestinas.

Reporta Segob 160 asesinatos en febrero en Guerrero; sigue como el estado más violento

 

En los 29 días de febrero de 2016 ocurrieron 160 homicidios dolosos, seis menos que en los 31 días de enero cuando hubo 166, con esa cifra Guerrero continúa como el estado con mayor número y tasa de asesinatos violentos en el país.
En promedio se cometieron 5.51 asesinatos diarios en Guerrero en el segundo mes del año, mientras que en enero ocurrieron 5.35 homicidios dolosos.
Según las estadísticas de la incidencia delictiva publicadas el domingo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), en febrero de 2016 hubo 20 homicidios dolosos más que en el mismo mes de 2015 cuando se registraron 140.
De los 160 asesinatos que se cometieron en Guerrero el mes pasado 111 se ejecutaron con armas de fuego, 10 con arma blanca y 39 más aparecen como “otros”.
Con los 160 asesinatos violentos en febrero Guerrero continúa como el estado con mayor número de homicidios dolosos en todo el país, seguido por el Estado de México donde hubo 149.
Sin embargo en Guerrero la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes es de 9.09 mientras que en el Estado de México es de 1.92. En Guerrero radican unos 3.3 millones de personas y en el estado de México hay más de 15 millones.
En Acapulco ocurrieron 74 de los 160 homicidios en todo el estado en febrero, nueve violaciones sexuales y otros ocho delitos sexuales.
En el puerto también ocurrieron cinco extorsiones y un secuestro según los datos del SESNSP, obtenidos sólo de las denuncias presentadas ante agencias del Ministerio Público del estado.
En Chilpancingo ocurrieron 17 de los 160 asesinatos violentos y ocho delitos sexuales, entre ellos cuatro violaciones, un secuestro y una extorsión.
El delito que incrementó en un 33 por ciento de enero a febrero fueron las violaciones sexuales, en el primer mes del año hubo 18 y en el segundo fueron 26.
Además el registro de las estadísticas de la incidencia delictiva del SESNSP se apuntan “otros delitos sexuales” que no se especifican, de esos, en febrero se cometieron 18 además de las 26 violaciones.
Del secuestro, la información que la Fiscalía General del Estado (FGE) envió al SESNSP es de que en febrero se cometieron siete que quedaron asentados en denuncias ante el Ministerio Público, pero la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en sus registros otros tres casos, por lo que suman 10 secuestros denunciados el mes pasado.
En enero pasado hubo también 10 secuestros denunciados ante la FGE, igual que en febrero de 2014.
Disminuyeron las extorsiones en el estado respecto al primer mes del año, bajó de 15 a 9, sin embargo el fiscal del estado Xavier Olea Peláez afirmó a principio de este mes que los asesinatos en Acapulco y ataques a taxistas son porque los ciudadanos se resisten a pagar cuotas de extorsión.
Los asesinatos en febrero repuntaron desde 2009 cuando hubo 124 asesinatos, en años anteriores las cifras iban desde 85 en 2001, 94 en 2002, 48 en 2003, 44 en 2004, 48 en 2005, 45 en 2006, 48 en 2007 y 56 en 2008.
A partir de 2009 las cifras se mantuvieron en más de 100 asesinatos mensuales. Para febrero en 2010 hubo 102, en 2011 158, en 2012 fueron 139, en 2013 llegaron a 177 y en 2014 se redujeron a 132.

Cierran comuneros por tercer día la presa El Guineo en Tecoanapa; exigen el pago de sus tierras a Conagua

Campesinos de la población Carabalincito, municipio de Tecoanapa, cumplieron ayer tres días de mantener cerradas las compuertas de la presa hidroeléctrica Revolución Mexicana El Guineo, para exigir a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el pago de 300 mil pesos por hectárea de las tierras que fueron expropiadas en 1970, informó el vecino Oscar Pineda.
Los campesinos afectados por el embalse solicitaron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores para que la Conagua cumpla un acuerdo pactado en 2015, en el que la dependencia se comprometió a pagar “bienes distintos de la tierra” en marzo, y en octubre y noviembre a pagar las tierras, pero no fue así.
Óscar Pineda recriminó que las autoridades federales dan largas al cumplimiento de las cuatro minutas que se han firmado para el pago de tierras, y la Conagua pretende pagar 80 mil pesos por hectárea.
A las comunidades afectadas se les adeuda el pago de 284 hectáreas, 134 son de Nuevo Tecomulapa, municipio de San Marcos, 40 corresponden a La Unión, municipio de Ayutla, 50 hectáreas a Tierra Colorada también del municipio de Ayutla, 30 a Carabalincito municipio de Tecoanapa y 30 a El Porvenir, municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande).
Dijo que por la exigencia del pago de tierras a la Conagua y a la delegación de la Secretaría de Gobernación (Segob), han amenazado con desalojar a los campesinos que mantienen cerrada la presa hidroeléctrica.
Este lunes los vecinos bloquearon el paso en la comunidad de Carabalí Grande, que es el acceso a la hidroeléctrica.
Los inconformes dijeron que no se retirarán del lugar mientras la Conagua no les pague. Hasta ayer a las 6 de la tarde ninguna autoridad los había atendido.
Se observaron algunas pintas en las paredes que están en la entrada de la presa, en donde se lee: “exigimos solución, no más mentiras” y “hace 40 años que se nos deben nuestras tierras, exigimos el pago inmediato”.

Al 46.8 por ciento de los presos en Guerrero no se les ha dictado sentencia y viven amontonados, reporta la Segob

 

En Guerrero, el 46.8 por ciento de los presos están en espera de que les dicten sentencia, de acuerdo con el reporte mensual de información estadística penitenciaria nacional de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob).
El reporte que corresponde a noviembre de 2015, informa que 2 mil 550 reos están en proceso y 2 mil 898 ya están sentenciados, todos viven amontonados en alguna de las 15 cárceles sobrepobladas del estado, según el informe.
Por delitos del fuero común hay en proceso 2 mil 185 internos, de los cuales 2 mil 22 son hombres y 163 mujeres. Por delitos federales 365 reos están en proceso, de los cuales 336 son hombres y 29 mujeres.
Los que están sentenciados por delitos del fuero común son 2 mil 342 presos, de los cuales 2 mil 222 son hombres y 120 mujeres, por delitos federales los sentenciados son 556 reclusos, 535 hombres y 21 mujeres.
En las cárceles de Acapulco, Zihuatanejo, Tlapa, San Luis Acatlán, Arcelia y Ometepec, más del 50 por ciento de los internos no han sido sentenciados, mientras que en las prisiones de Chilpancingo, Iguala, Ayutla y Coyuca de Catalán el porcentaje de internos sin sentencia rebasa el 40 por ciento.

Las cárceles en Guerrero

En la cárcel de Acapulco, más del 50 por ciento de los internos están en espera de que les dicte sentencia, son mil 216 de un total de 2 mil 400 presos.
Esta prisión tiene capacidad para mil 676 reos, pero en ella viven 2 mil 400, con una sobrepoblación de 724 internos, está rebasada en un 43.2 por ciento.
En el reclusorio de Chilpancingo, el 43 por ciento de los presos están en espera de sentencia, 447 de un total de mil 25 reclusos.
Esta cárcel tiene capacidad para 624 internos, pero en ella viven mil 25 reclusos, con una sobrepoblación de 401 presos, está rebasada en 64.24 por ciento.
En el penal de Iguala, el 40 por ciento de los presos están en espera de recibir sentencia, 180 de un total de 447 reos.
Esta cárcel tiene capacidad para 412 internos, pero viven ahí 447, con una sobrepoblación de 35 internos, está rebasada en 8.50 por ciento.
En la cárcel de Tlapa el 52 por ciento de los presos están en espera de recibir sentencia, 160 de un total de 306 reos.
Esta cárcel tiene una capacidad para 60 internos, pero viven en ella 306, tiene una sobrepoblación de 246 presos y está rebasada en 410 por ciento.
En la prisión de Zihuatanejo el 50 por ciento de los presos están en espera de recibir sentencia, 77 de 154 reclusos. Tiene capacidad para 67 internos, pero viven 154, con una sobrepoblación de 87 reos, está rebasada en 129.85 por ciento.
En la cárcel de La Unión el 18 por ciento de los presos no ha recibido sentencia, 26 de 143 recluidos, con una capacidad para 200 internos, y hasta noviembre de 2015 había 143 presos.
En el penal de Chilapa, el 29 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 49 de un total de 164 reos, tiene capacidad para 92 internos pero viven 164, tiene una sobrepoblación de 72 reclusos, su capacidad está rebasada en 78.26 por ciento.
En el reclusorio de Ayutla el 42.97 por ciento de los internos no han sido sentenciados, 52 de 121 presos, no hay sobrepoblación, ya que es para 131 reos.
En Tecpan, el 36.55 por ciento de los internos no han sido sentenciado, 53 de 145 reclusos.
Esta prisión tiene capacidad para 56 internos, pero viven 145, tiene una sobrepoblación de 89 reos, su capacidad está rebasada en 158.93 por ciento.
En el penal de San Luis Acatlán el 65.62 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 63 de un total de 96 internos, tiene una capacidad para 55 internos, pero viven 96, tiene una sobrepoblación de 41 reclusos, está rebasada en 74.55 por ciento.
En la cárcel de Coyuca Catalán el 45.74 por ciento de los reos no han sido sentenciados, 43 de 94 internos. Esta penitenciaria tiene capacidad para 36 internos, pero en ella viven 94, con una sobrepoblación de 58 presos, su capacidad está rebasada en 161.11 por ciento.
En la prisión de Arcelia el 55.93 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 33 de un total de 59 reos.
Este reclusorio tiene capacidad para 38 internos, pero ahí viven 59, tiene una sobrepoblación de 21 reos, su capacidad está rebasada en 55.56 por ciento.
En el penal de Taxco el 37.63 por ciento de los internos están en espera de recibir sentencia, 35 de 93 internos, hay una capacidad para 69 presos pero en ella viven 93, tiene una sobrepoblación de 24 internos, está rebasada en 34.78 por ciento.
En la penitenciaría de Teloloapan el 23.43 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 15 de 64 reos.
Este reclusorio tiene capacidad para 52 internos pero viven 64, tiene una sobrepoblación de 12 reos.
En la prisión de Ometepec el 51.82 por ciento de los presos no han sido sentenciados, 71 de 137 reos. Este penal tiene capacidad para 52 presos pero viven 137, tiene sobrepoblación de 85 reclusos, está rebasado en 163.46 por ciento.
De octubre a noviembre de 2015 el número de internos en las cárceles de Guerrero aumentó de 5 mil 398 a 5 mil 448, es decir 50 reos más.

Permanecerá el plantón de los padres de los 43 en el DF hasta que los atienda la Segob, advierten

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desparecidos advirtieron que permanecerán en el plantón que instalaron el jueves en la avenida Reforma de la Ciudad de México hasta que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se comprometa a dar a conocer el nombre del fiscal y del equipo técnico que retomará la investigación del caso.
En entrevista el abogado Vidulfo Rosales Sierra dijo que esta mañana el gobierno federal les informó que “funcionarios menores” de la Secretaría de Gobernación (Segob), entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa, recibirían a los familiares de los estudiantes, pero la posición de ellos, “es que los reciba Osorio Chong aunque hay flexibilidad y consideran que lo más importante es que puedan iniciar los trabajos de investigación y búsqueda”, agregó.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan comentó que ocho de los padres que se encuentran en el plantón tienen problemas respiratorios a consecuencia de las bajas temperaturas en la Ciudad de México y porque no tienen suficientes cobijas, pero “seguimos resistiendo”.
Añadió que “se ha complicado un poco con el gobierno, quieren que traslademos las carpas más hacia el parque (de Chapultepec) y entendemos que a cambio de ello nos pondrían los baños”, pero “la posición de los padres sigue igual”, pues “seguimos resistiendo y esperemos que estos días pueda haber otra postura del gobierno”.

No acuden a la SEIDO en México familiares de desaparecidos; piden que les informen en Chilapa

La comisión de familiares de desaparecidos de Chilapa no acudió a la cita con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la Ciudad de México ante la ola de violencia en la región, y pidió que funcionarios de esta dependencia vayan a Chilapa a darles la información.
El 6 de noviembre, los familiares de los desaparecidos entre el 9 y el 14 de mayo fueron convocados a la SEIDO, pues les informaron que esta dependencia está llevando sus casos.
La dependencia canceló la cita, y la reprogramó para este martes, sin embargo la comisión de familiares optó por cancelar la salida a la Ciudad de México ante la ola de violencia que se desató en el municipio, y porque no había policías para resguardarlos.
El vocero de los familiares, José Díaz Navarro manifestó que después de que cancelaron la visita a la SEIDO, habló con el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos, y con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, para solicitar su intervención y para pedir que la SEIDO acuda a Chilapa para darles el informe que les proporcionarían este martes.
El subprocurador señaló que hablaría al respecto con la titular de la PGR, Arely Gómez. Mientras, a Campa también le solicitaron que acuda a Chilapa para reunirse con familiares de los desaparecidos. Incluso, el 26 de octubre, cuando una comisión de familiares acudió a la Ciudad de México a reunirse con Eber Omar Betanzos, donde les informaron que sólo están llevando el caso de 24 desaparecidos, pero de antes del 9 de mayo, les aseguró que en un lapso no mayor a 15 días estaría en la ciudad junto con Campa Cifrían, para reunirse con ellos.
Pero el lapso se cumplió y ninguno de los dos funcionarios acudió a Chilapa.

Piden damnificados de La Montaña a la federación casas, granos y que repare los daños de Manuel

Integrantes del Consejo de Damnificados de La Montaña pidieron en una reunión a funcionarios federales y estatales que cumplan la entrega de viviendas y granos básicos, y la reconstrucción de la infraestructura dañada por la tormenta Manuel en septiembre de 2013.
El integrante del Consejo de Tlacoapa, Vitaliano Navarro Mosso dijo que las viviendas están en mal estado y que en varias comunidades ni se empezaron a construir, que la construcción de casas que les prometieron “quedó tirada” y que “fueron abandonadas las obras” en las escuelas.
Denunció que no se enteraron de la visita del gobernador Héctor Astudillo Flores y de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quienes acudieron a la región “casi a escondidas”.
De la comunidad de Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, Antonio García Benito pidió que les dijeran qué pasa con las comunidades en riesgo o que fueron desplazadas, porque no tienen ningún documento de riesgos.
El delegado de la Sedatu, Alfredo Fernández Peri reconoció que hubo deficiencias en los censos y que se iban a revisar los casos, ya que en las administraciones pasadas no tuvieron apoyo, pero que en esta nueva había disponibilidad para hacer los estudios técnicos, y que “prácticamente en dos años no hubo administración estatal”, por lo que varios quedaron fuera y había sub censos.
Dijo que estaban revisando la lista de las empresas contratadas y que se estaban rescindiendo contratos con las que no cumplieron para que asuman su responsabilidad, y también se estaba viendo quién entraría a cumplir con los trabajos; le recordaron que entregara el listado de empresas que trabajaban en las comunidades, porque al momento de exigir no sabían a quién, y que se presentaran ante las autoridades municipales porque “entran muchos desconocidos”.
El representante de la comunidad de Yahuitepec, Zeferino Anzurez pidió que atiendan, porque no hay viviendas y constantemente los ventarrones se llevan sus techos.
La plática se desarrolló en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), donde estuvieron el delegado estatal de la dependencia, Julio César Licona, el de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello; del gobierno estatal, el secretario de Asuntos Indígenas, Gilberto Solano Arriaga, y el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado, quienes se comprometieron a atender las deficiencias y peticiones de los damnificados.
A los asistentes a la reunión les pidieron que compartan la responsabilidad de las acciones para atender a la población, como el caso de Malinaltepec, uno de los más afectados, y acordaron un recorrido para verificar las afectaciones a las viviendas.
Los presidentes municipales que estuvieron presentes fueron, de Malinaltepec Sebastián Ramírez, de Acatepec Jerónimo Mora y de Cochoapa el Grande Rosa Lorenzo; también acudieron representantes de Zapotitlán Tablas, entre otros.
Hubo comisarios, delegados y representantes del Consejo, y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, su director, Abel Barrera, y la asesora jurídica, Martha Ramírez, quien pidió que los promotores de la Cdi no se comporten prepotentes y que no exijan cosas que no se toman en los acuerdos de las mesas, como las firmas de tarjetas para darles maíz, frijol, arroz y sal a vecino de las comunidades; también que el Consejo fue el que envió su padrón de las comunidades y sus peticiones, y que no podían ser exclusivos ya que había familia de presidentes municipales como beneficiarios.
Pidió que se respete la entrega de las remesas de granos que faltan, que se entregue el padrón de empresas que trabajan en la región y los dictámenes de Protección Civil de la Sedatu, ya que la única dependencia que lo hizo fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Barrera Hernández dijo que se replantearía el programa de granos básicos como permanente, porque tendrá una reunión en la ciudad de México con el de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda para que este no se termine con la última entrega, y que se seguirá revisando la calendarización para atender las viviendas.
Esta reunión duró unas dos horas, de las 3 a las 5 de la tarde; los funcionarios federales se retiraron en helicóptero tras comprometerse a revisar periódicamente el cumplimiento de las demandas.

Anuncia Segob hasta 500 millones de pesos para programas de prevención social en el estado

A partir de noviembre, en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Cocula, se desarrollará una estrategia integral, dirigida por el gobierno federal, en la que participarán nueve secretarías de estado y en la que se invertirán entre 400 y 500 millones de pesos en material de prevención social, para la reconstrucción del tejido social.
El anuncio se realizó la tarde durante una conferencia de prensa en la sala San Luis en el centro de esta ciudad, en la que estuvieron el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Arturo Escobar y Vega, el gobernador Héctor Astudillo Flores, el delegado federal en Guerrero de la Segob, Erik Castro Ibarra, y el alcalde priista Esteban Albarrán Mendoza.
En esta gira a Iguala, a sólo dos días de haber asumido el cargo, el gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que Escobar y Vega visita Iguala en un momento muy importante, y que previamente, antes de su toma de posesión, la habían acordado.
Le hizo una breve reseña de los hechos históricos ocurridos en Iguala, y por los que dijo, “queremos que Iguala siga siendo la cuna de la Bandera. Los acontecimientos lamentables que sucedieron, le han dado el nombre de Iguala una ubicación de un lugar de un lamentable acontecimiento”, en alusión a los hechos de septiembre del año pasado, en los cuales 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron retenidos por policías municipales y sicarios, encontrándose en calidad de desaparecidos desde entonces.
Reiteró que “Iguala no es el origen de los problemas de Guerrero, lamentablemente ocurrió aquí circunstancialmente un problema”.
Dijo que se tiene que trabajar mucho para volver a dignificar a Iguala.
El gobernador adelantó la posibilidad de que en Chilpancingo e Iguala se abran también unidades antisecuestro y extorsión, como la inaugurada el miércoles en Acapulco, y llamó a darle un combate frontal a esos delitos y a la delincuencia.
El mandatario se refirió también en su mensaje al grupo de familiares del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, “que son, alrededor, de acuerdo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que andan llegando a los 500, lo que me parece muy delicado”. Dijo que el tema se tienen que abordar sin temor y sin preocupación, y que se debe de abordar con acciones.

Se acordará la inversión con estado y municipios

Durante el anunció del esquema integral, Arturo Escobar señaló que caso Iguala y el caso Guerrero, son temas personales para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio “y en consecuencia, también para mí”.
Dijo que de forma “inédita” se invertirá recursos con los que cuentan el Pronafed y Subsemun en material de prevención social, en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Cocula.
Señaló que el mecanismo de inversión no vendrá marcado desde la federación de cómo invertirlos, sino que se llegará con las autoridades constituidas estatales y municipales, para tener un diagnóstico de dónde invertir: desde luminarias, pavimento, centros comunitarios, centros deportivos, recuperación de espacios públicos y los talleres que tengan que ver con educación, y comienza con los jóvenes con conflicto con la ley, con problemas de adicciones y la destrucción del tejido social y la convivencia.
“Queremos regresar a que en Guerrero se conviva, que en Guerrero se circule, y se pueda caminar, que no sólo es el tema de las patrullas, y subrayo, hay que recoger el enorme trabajo de las fuerzas armadas mexicanas, de la Policía Federal, estatal y de lo que será la policía del mando estatal”, indicó.
Dijo que lo que se hará en Iguala, se desplegará una política de prevención social “jamás vista en ningún municipio de este país”, lo cual también incluirá inversiones que tengan que ver con mano de obra y el despliegue de economías, esto se haga con la gente local, “no queremos estar importando nada”.
Habló, sin dar detalles, que por parte de las policías y fuerzas armadas traen la estrategia de contención.
Anunció que los apoyos que vienen para Guerrero son universales, “no son nada más de la Secretaría de Gobernación, venimos el paquete completo, lo sacamos adelante porque lo sacamos adelante, y para eso lo más importante es empezar a construir confianza, primero entre ustedes, ustedes con nosotros y nosotros donde comprometemos la palabra, tenemos que comprometer la acción”.
Informó que los diagnósticos en estos cuatro municipios iniciarán ya en el mes de noviembre para que en el 2016 se fortalezcan las acciones de infraestructura y de inversión en espacios públicos, “que vamos a empezar a darle un nuevo rostro a este estado, pero en específico a estos cuatro municipios”.

Guerrero, el estado donde habrá mayor inversión en prevención

Dijo que de las estrategias aplicadas a nivel federal, la que se hará en los cuatro municipios de Guerrero, es “la más seria, la que mayor cantidad de recursos traerá y la que buscará de una vez por todas recuperar esos espacios que les fueron secuestrados a la gente del estado de Guerrero, toda la federación se va a volcar aquí”.
En la ronda de preguntas y respuestas, el funcionario federal explicó que solo en el tema de prevención social se invertirán en este esquema entre 400 y 500 millones de pesos, lo cual dijo, “es algo inédito” y un esfuerzo de más del 300 por ciento de las inversiones hechas en años anteriores que alcanzaron los 180 millones de pesos.
Dijo que Guerrero es la entidad en el país que recibirá mayor cantidad de recursos en material de prevención social, independientemente de los recortes presupuestales que se harán.
En este nuevo esquema participarán nueve secretarías: Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Economía (SE), Secretaría de Educación Pública (SEP), Secretaría de Gobernación (Segob), Comisión Nacional del Deporte (Conade), Secretaría de Hacienda (SHCP), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y Secretaría del Trabajo (STPS).
A pregunta sobre este esquema en material de inseguridad, y que a un año de la llegada de la Gendarmería se han registrado unas 106 ejecuciones, según los registros de El Sur, Escobar y Vega dijo que la estrategia es integral, de la que advirtió “esta estrategia en material de prevención social no sirve de nada si no tenemos la capacidad gobierno federal, estatal y municipal, de convencer  a la ciudadanía de que participe”.
Dijo que será una ruta compleja, y mencionó que en materia de prevención, se trabajará en las colonias y polígonos de mayor incidencia de inseguridad, donde está más marcado el rompimiento del tejido social.

Urge disminuir los asesinatos, plantea Héctor Astudillo

Por su parte, el mandatario estatal Héctor Astudillo dijo que lo que urge en Guerrero y en Iguala es disminuir el índice de asesinatos, no solamente con la llegada de más gendarmería y Policía Federal, sino haciendo que la sociedad tenga actividades diferentes en donde hay el más alto índice de inseguridad.
“El asunto de la inseguridad no se va a bajar solamente con que vengan más policías, eso es contención, el índice de delitos se va a bajar en la medida de que seamos más precisos en la educación, en la atención social y en la familia”, dijo.
En su mensaje, el alcalde de Iguala, Esteban Albarrán Mendoza dio la bienvenida al funcionario federal y al mandatario estatal, a quien agradeció la presencia y dijo que Iguala necesita de verdaderos servicios de beneficio social, “necesita un mercado, necesita un rastro digno y es urgente también contar con un Palacio municipal”.
Denunció que los gobiernos estatales y federales pasados, “fueron indiferentes con Iguala dejando su crecimiento anárquico, con desorden social, comercial, falta de empleo, inseguridad, inversiones congeladas, desconfianza, incertidumbre y con servicios públicos deficientes”.
Señaló que la historia ha marcado a Iguala por los lamentables y condenables hechos ocurridos en septiembre del año pasado, “hechos que lastiman y laceran la dignidad del ser humano, sin embargo la fe y la esperanza nos mantienen de pie y estamos preparados para salir de esta pesadilla”.

Acuerdan ex braceros pedir seis meses más para el registro en el padrón: UCEM

* Si no los atiende la Segob harán protestas en marzo

 

Karina Contreras * En la primera cumbre nacional de ex braceros se acordó pedir a la Secretaría de Gobernación (Segob) ampliar el periodo de registro para la conformación del padrón, seis mes más, para que los que no entraron en el programa tengan la posibilidad de integrarse; además de que en marzo –si no reciben una atención por la Segob– se movilizarán para tomar todas las delegaciones de esa dependencia en el país, informó el coordinador de la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos (UCEM), Taurino Castrejón Salgado.

En una visita a la redacción de El Sur, Castrejón Salgado informó sobre los avances que se dieron durante la primera cumbre de ex braceros y en donde se conformó la Unión Binacional de Organizaciones de ex Braceros 1942-1967, integrada por unas 50 organizaciones.

El coordinador de la UCEM en el estado comentó que los acuerdos fueron tomados luego que la Segob no envió a ningún representante a la primera cumbre de ex braceros llevada a cabo el 19 de febrero en el salón Cristales de la Cámara de Diputados, y en donde sí estuvieron los del Infonavit y el ISSSTE así como el presidente de la comisión especial para los ex braceros, el diputado perredista, Valentín González Bautista.

“La Segob perdió una oportunidad para acercarse a los ex braceros y hacerles caso. Por eso se acordó que en marzo se tomarán las delegaciones a nivel nacional; además de que se está pensando en medidas más drásticas hasta sensibilizar al gobierno”, dijo Castrejón.

Señaló que durante la primera cumbre de ex braceros entregaron de manera formal las propuestas como una pensión vitalicia, el pago de asistencia médica hasta el cuarto grado de parentesco y que los 60 mil pesos que ofrece el gobierno por ex bracero sea un pago mínimo.

El la primera cumbre también hicieron sugerencias al Poder Legislativo para ver de qué partidas pueden sacar el dinero que necesitan para devolver el 10 por ciento a más de 4 millones de ex bracearos que laboraron en Estados Unidos.

Comentó que han visto disponibilidad en la nueva comisión de legisladores de querer resolver el problema de los ex bracearos, aunque reconoció, que han trabajado y puesto más atención por                   la presión que han ejercido.

Señaló que con los avances y la disposición que se ve, al menos en el Congreso federal, que es quien autoriza los gastos, se podría pensar que a principios de año se podría pagar a los ex braceros.