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Siete meses después acata el Congreso sentencia del Trife contra activismo de la gobernadora

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso local, aprobó por unanimidad un acuerdo por el que se exhorta a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que “su actuar y los actos que realice se apeguen al marco legal vigente”.
Este llamado se da cumplimiento a sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), por la publicación en la que junto con otros gobernantes respaldaron al presidente Andrés Manuel López Obrador en periodo prohibido, durante el proceso de votación de revocación de mandato (la consulta fue el 10 de abril de 2022).
En la sesión se leyó un dictamen, que es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada en el expediente SER-PSC-90/2022 y la vista ordenada en la sentencia SUP-REP-416/2022 y acumulados, emitida por la Sala Superior, ambos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En el dictamen se precisa que en la sentencia se declaró la existencia de la difusión de propaganda gubernamental personalizada durante periodo prohibido, y que “con base en el marco constitucional y legal que resulta aplicable para que, en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que corresponda, por el actuar y responsabilidad de las personas servidoras públicas indicadas, tomando en cuenta el número de infracciones que se involucró en cada caso”.
También se apunta la orden al Congreso “determinar lo que corresponda conforme a las leyes aplicables, con motivo de la indebida difusión de propaganda gubernamental, sanción aplicable a la ciudadana Evelyn Salgado Pineda”.
Se argumenta también que el Congreso de Guerrero está obligado a “respetar el estado de derecho”.
Pero también se señala que la Jucopo determinó que “no se cuenta con el marco normativo que permita imponer una sanción para la infracción acreditada”; sin embargo, precisan que eso no lleve al Congreso a una omisión.
Por lo que la Jucopo decidió únicamente exhortar a Evelyn Salgado “a efecto de que su actuar y los actos que realice se apeguen al marco legal vigente en el desarrollo de las posteriores consultas populares”.
El acuerdo aprobado por unanimidad del pleno de la Comisión Permanente se plantea extender el exhorto a “los representantes y servidores públicos que integran los Poderes del Estado de Guerrero” para que “su actuar y los actos que realicen se apeguen al marco legal vigente”.
Y precisamente en la sentencia del 8 de junio pasado que hasta ayer atendió el Poder Legislativo, se señala que las sanciones establecidas son inscribir a las personas servidoras públicas sancionadas en el Catálogo de Sujetos Sancionados, y dar vista a los congresos locales respectivos para que determinen la situación jurídica de las personas sancionadas, “según corresponda”, sin que se señalaran las sanciones concretas.

Juicio político contra el alcalde de Iliatenco

En la sesión se informó sobre la denuncia de juicio político presentada por el auditor Marcos César Paris Peralta Hidalgo, en contra del presidente municipal de Iliatenco, el petista Eric Sandro Leal Cantú.
Se informó que esta denuncia fue presentada, ratificada y certificada, a pesar de que aún no se conoce el documento de esta denuncia de Juicio Político en contra del alcalde, se supo que es a partir de que el petista no entregó a la ASE la Cuenta Pública 2022.
Este procedimiento iniciado por la ASE fue turnado a la Comisión de Examen Previo para que determine si procede o no iniciar la acción en contra del alcalde, de ser así el caso será turnado a la Comisión Instructora.

Condenan crimen de mujer
en la capital

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la priista Gabriela Bernal Reséndiz, condenó el asesinato a golpes de una mujer en una habitación de un hotel de la capital.
Durante su participación en tribuna por el Día de la Mujer Mexicana que se conmemora el 15 de febrero Bernal Reséndiz dijo: “desde aquí condeno este lamentable hecho que se acaba de suscitar, nos queda claro que no tenemos nada que festejar, sigue la violencia contra las mujeres”.
En tribuna, antes que Gabriela Bernal también intervinieron las diputadas morenistas Jessica Alejo Rayo, Claudia Sierra López y Angélica Espinosa García.
La diputada Jessica Alejo dijo que es indispensable que en los organismos públicos descentralizados se garantice la paridad de género de arriba hacia abajo, a partir de los titulares, direcciones, jefaturas o análogos, según sea el caso, y que la mitad de estos cargos sea para las mujeres.
Mientras que Claudia Sierra celebró que la gobernadora haya dado preponderancia a las mujeres en su gabinete.

La sesión

El Pleno de la Comisión Permanente aprobó el Orden del Día para la sesión solemne en Ayutla de los Libres, del primero de marzo próximo, con motivo del 169 aniversario de la proclamación del Plan de Ayutla.
La diputada Jessica Alejo Rayo presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir la violencia simbólica, definiéndola como toda acción u omisión que reproduce y transmite patrones socioculturales y estereotipados establecidos en función del sexo, lo que trae como consecuencia desigualdad, discriminación y subordinación.
En esta sesión, la Mesa Directiva dio lectura a un oficio del diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón por el que remite la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para establecer dentro del marco normativo a los animales como seres sintientes, a efecto de que sus derechos sean considerados, y se les brinde un trato digno y respetuoso.
El diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez presentó una iniciativa de adición al Código Civil del Estado de Guerrero para que, en casos de terminación de concubinato, si la mujer carece de ingresos económicos, tenga derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual al que haya durado la relación.

Critican PRD y PRI otra vez el aumento en peaje de la Autopista

En la sesión también se generó un repetitivo debate con las posturas de diputados de diferentes partidos sobre el incremento en el peaje en la Autopista del Sol.
El perredista Bernardo Ortega reiteró que esta decisión genera un fuerte impacto en la economía familiar, principalmente las que “viven en pobreza y pobreza extrema”.
También la priista Gabriela Bernal Reséndiz afirmó que este incremento generará un duro golpe para la economía de los guerrerenses, al ser el turismo la principal fuente de ingresos para Acapulco, y que a nivel nacional aporta poco más del 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con mil 113 billones de pesos al año. En tribuna hablaron del mismo tema Jessica Alejo Rayo quien mostró una tabla con el incremento en pesos de cada caseta, también Leticia Castro Ortiz, Angélica Espinoza García y el diputado Masedonio Mendoza Basurto, todos de Morena.
También se aprobó la incorporación de Elizabeth Gallardo Morales como regidora del Ayuntamiento de Tecoanapa, y la renuncia de Gilberto Abarca Ojeda al derecho de asumir el cargo y funciones de presidente del Ayuntamiento de Tecpan de Galeana, sin que se conozcan los motivos de este último caso.

 

Amonesta el TEE al edil de La Unión: incumplió sentencia de pagos a la síndica

El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE), amonestó al alcalde de La Unión, Crescencio Reyes Torres, por incumplimiento de la sentencia en que ordena el pago de 82 mil 534 pesos a la síndica procuradora Yaneth Gutiérrez Izazaga, por salarios retenidos de diferentes quincenas de éste y el año pasado.
En el acuerdo plenario propuesto por la magistrada Evelyn Rodríguez Xinol, aprobado por unanimidad de votos, aprobado en sesión, el tribunal colegiado determinó amonestar además al Órgano de Control Interno del Ayuntamiento, porque no atendió la sentencia del 27 de octubre de octubre.
A fin de garantizar el cumplimiento de la sentencia definitiva del juicio y evitar la repetición de conductas que tiendan a obstaculizar la pronta administración de justicia en materia electoral, volvió a requerir al ayuntamiento, por conducto del presidente, los pagos correspondiente a octubre, noviembre y diciembre de 2021; de enero, febrero y marzo, la primera quincena de abril, la segunda de julio y la primera de agosto de 2022, en un plazo de dos días hábiles a partir de la notificación del presente acuerdo.
En caso de incumplimiento, adelantó que se aplicará una multa al edil consistente en 200 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con el artículo 37 fracción III de la Ley 456 del Sistema de Medios de Impugnación del Estado de Guerrero (Lourdes Chávez).

 

Sanciona un juez a dirigente de la APPG a trabajo comunitario de alfabetización por la toma de Prospera

El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que el juez le fijó hacer trabajo comunitario en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) como sanción por la toma de las oficinas de Prospera en Chilpancingo.
Indicó que el juez solicitó tres documentos para terminar el proceso, entre otros una constancia de trabajo, que no tiene porque fue suspendido por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, y presentó una constancia del ISSSTE, dijo.
Le pidió una constancia de radicación, que certifica dónde vive, que ya entregó; y una constancia del servicio social, que será de alfabetización en la UPN de Chilpancingo. Informó que el juez determinó que el servicio de alfabetización durará seis meses y será de 12 horas por mes.
Explicó que fue acusado de obstrucción del trabajo público, delito que se castiga hasta con 4 años de cárcel, por la toma de de oficinas de Prospera que, aunque él argumentó que fue por una protesta, el abogado defensor le sugirió que aceptara que era culpable, en parte para evitar que se alargara más el proceso y tuviera más desgaste emocional; finalmente el juez determinó como sanción el trabajo comunitario.
El dirigente de la APPG informó que la semana pasada recibió un requerimiento de la PGR, para acudir hoy a la Unidad de Asuntos Internos para ratificar la denuncia por violación a los derechos humanos contra los policías federales que lo detuvieron el 14 de mayo cuando se dirigía de Chilpancingo a Acapulco, donde fue esposado y fotografiado, pero dijo que no acudirá, porque “lo que quería es dejar un precedente”.
En conferencia de prensa antes de la audiencia en el juzgado, Chávez denunció que el Estado mexicano sigue criminalizando la lucha social, y reclamó que en Morena ya hay “soberbia” antes de llegar al poder.
Criticó que los luchadores sociales han sido más perseguidos que los integrantes de la delincuencia organizada.
Informó que hay una propuesta para que la presea popular Sentimientos del Pueblo sea entregada al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y que intentarán dársela directamente al tabasqueño.
Chávez Adame aseguró que “en Morena también asumen posturas de soberbia, muy marcadas, que antes de tener el poder no se puede tener una postura, debe haber humildad, sobre todo un esquema diferente; la lucha social va a mantener la protesta”.
Contó que buscó los filtros mediante el delegado de Morena en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, pero éste los mandó a las oficinas del partido en Chilpancingo, mientras que de la presidente municipal electa de Acapulco, Adela Román, dijo que, “queríamos que fuera la bisagra, pero no se hizo efectiva”. Informó que otras dos propuestas para entregar la presea son el sacerdote Alejandro Solalinde y los hermanos Tavira, de Tierra Caliente.

 

Establece un precedente histórico la condena a militares que violaron a Valentina: ONG

El Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México manifestó que la sentencia a dos militares por tortura y violación sexual a la mujer me’phaa, Valentina Rosendo Cantú, constituye un precedente histórico, al establecer penas adecuadas a la gravedad del delito y lineamientos clave para la persecución penal de la tortura sexual.
El 1 de junio pasado, la jueza Fabricia Contreras Perales, titular del juzgado Séptimo de Distrito en Guerrero, emitió un fallo y notificó a los abogados de las organizaciones de derechos humanos que llevan la defensa de Valentina, sobre la condena de 19 años de prisión a los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca, quienes cometieron los delitos contra Valentina Rosendo Cantú.
En un comunicado, el Observatorio saludó la emisión de la histórica sentencia que condenó a los militares por las violaciones a la mujer me’phaa hace 16 años.
Dijo que, luego de los hechos, a casi ocho años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió una sentencia contra el Estado mexicano por este caso, Valentina finalmente obtuvo justicia en su país.
El observatorio, que agrupa a 10 organizaciones internacionales de derechos humanos, considera que la sentencia constituye un precedente histórico, al establecer penas adecuadas a la gravedad del delito y los lineamientos clave para la persecución penal de la tortura sexual, en un contexto donde esta práctica común permanece en la impunidad en casi la totalidad de los casos.
“Así, esta resolución supone un avance en el reconocimiento y protección de los derechos de las víctimas de este tipo de violaciones, al otorgarse valor probatorio preponderante a la declaración de Valentina. En el mismo sentido, saludamos que se haya reconocido la asimetría de poder que ostentaban los agresores en razón de sus cargos militares”, manifestó.
Agregó que esta sentencia es una muestra importante de independencia judicial; también es significativa porque garantiza adecuadamente los derechos de Valentina Rosendo Cantú, además de que aborda las consecuencias de una violación de derechos humanos cometida por agentes estatales.
El Observatorio destacó que esta decisión judicial es la primera en México que emite una condena penal con base en una sentencia previa de la Coidh, porque desde 2008, el Estado mexicano ha sido condenado por el Tribunal Interamericano en seis ocasiones, de las cuales la mitad corresponde a casos de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.

Alertan de las “serias consecuencias de la participación de las fuerzas armadas” a cargo de la seguridad pública

“La sentencia por el caso de Valentina Rosendo Cantú también representa una oportunidad para recordar las serias consecuencias de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Esta decisión es sumamente relevante debido al actual debate en torno a la Ley de Seguridad Interior, que fortalece su rol en este tipo de funciones”, abundó.
Finalmente, reiteró su llamado a derogar la Ley, porque contraviene las obligaciones internacionales que el Estado mexicano suscribió en materia de derechos humanos y expone a la población civil a abusos militares.
“Felicitamos a Valentina Rosendo Cantú por su valentía y determinación al no descansar en su búsqueda de verdad y justicia, y a las organizaciones que la acompañaron a lo largo de estos años, tanto a nivel local como internacional”, indica.

 

Inédita e histórica, la condena de 19 años a militares que violaron a Valentina, dicen la ONU y ONG

 

“Inédita e histórica”, fueron los calificativos de especialistas en violencia de género, abogados, organizaciones y representantes de la ONU sobre la sentencia de una jueza de distrito con sede en Guerrero, consistente en una condena de 19 años, cinco meses y un día de prisión a los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca por tortura y violación sexual contra Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa que desde 2002 cuando fue agredida, ha mantenido una lucha en busca de justicia.
En la sede del Club de Periodistas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Valentina estuvo acompañada por Alda Facio Montejo, integrante del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
También estuvieron Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Tania Reneaum Panszi directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Santiago Aguirre Espinoza subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Vidulfo Rosales Sierra abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El caso fue acompañado por estas dos últimas dos organizaciones y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (Cejil).
“Lo que siempre quise es que se sancionara a los responsables, quería justicia y por eso nunca dejé de alzar la voz. Estoy preparada para ayudar a otras mujeres que también sufren violaciones por parte del gobierno”, expresó Valentina Rosendo.
El 1 de junio la jueza Fabricia Contreras Perales, titular del juzgado Séptimo de Distrito en Guerrero emitió el fallo, notificado la semana pasada a los abogados de las organizaciones de derechos humanos que llevan la defensa.
Vidulfo Rosales detalló que “esta sentencia hace un estudio de los delitos de tortura y violación sexual contra Rosendo Cantú, (ocurrida) el 16 de febrero de 2002, cuando elementos del Ejército mexicano se encontraban realizando labores de seguridad pública en aquella zona indígena me’phaa, en el municipio de Acatepec, Guerrero”.
Producto de esta violación, continuó, Valentina “emprendió una larga lucha para acceder a la justicia, a los servicios médicos, que en todos eso años le fueron negados. Su caso fue llevado al fuero militar por incompetencia. En aquel tiempo se consideraba que los delitos cometidos por militares en el ejercicio de funciones se llevaban por el fuero militar. Ahí permaneció su caso”.
“Llevamos el caso al Sistema Interamericano en el año 2005. Hasta el año 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) conoció el mismo. En agosto de ese año se dio la sentencia correspondiente contra el Estado mexicano (…) hay varias medidas de reparación e investigación, una es sancionar a los responsables de este delito de tortura y violación en agravio de Valentina. Es apenas que la juez séptima dicta la sentencia correspondiente, condenando a dos elementos del Ejército con 19 años, cinco meses y un día”.
Abogados y acompañantes de Valentina aclararon que por tratarse de una sentencia en primera instancia los inculpados pueden apelar y que, de hecho, uno de ellos ya lo hizo.
“Llamamos a estar atentos al desarrollo de este caso, pues las pruebas y los testimonios son contundentes. La sentencia sienta un precedente importante por la ordenanza proveniente de la Corte Interamericana, aunque no sienta jurisprudencia, sí es un avance en el cumplimiento de las sentencias”, expuso Santiago Aguirre, del Centro Prodh.

El gobierno nunca investigó

Valentina Rosendo Cantú tenía 17 años cuando fue violada. Ella lavaba ropa en un arroyo en el municipio de Acatepec. “Después de un largo camino salió a la luz su verdad”, dijo Valentina en la conferencia al recordar que cuando fue atacada denunció el caso ante las autoridades, pero no recibió ayuda.
La mujer me’phaa que acudió a la capital del país desde la zona de La Montaña de Guerrero dio su testimonio y contó cómo se sentía tras un largo proceso de 16 años en búsqueda de justicia.
Señaló que fue “un largo camino” pero “un día salió la verdad en mi gobierno, mi pueblo. En todo México toqué puertas porque nunca me creyeron. Siempre el gobierno me puso muchas trabas para llegar a donde hoy estoy. Demostré al gobierno que nunca investigó. Esto comprueba que siempre dije la verdad, pero el gobierno no me creía”.
“No nada más es mi lucha, sino que también esto va a favorecer a muchas mujeres, porque los militares que agreden y violan a las mujeres nunca se han castigado”.
Valentina relató que tuvo que aprender a hablar español y enfrentar la negativa de justicia, soportar que no creyeran sus acusaciones, sufrir discriminación por ser pobre, mujer, indígena y hablante de una lengua originaria.
“Yo salí de México para buscar justicia en otro país, ahí donde fui escuchada, donde sí me creyeron. Desde siempre he dicho la verdad, no como los militares, que después de que puse mi denuncia fueron a mi pueblo a ofrecerme dinero para que dejara de seguir señalando que fueron ellos los que me agredieron y yo nunca quise dinero, siempre quise que se castigara a los responsables”.
Valentina manifestó también que “está feliz” y confía en que la justicia “llegue por fin”, pues es consciente que los dos militares inculpados, quienes se encuentran en prisión preventiva, pueden apelar la sentencia de la jueza.

Fallo reconoce discriminación hacia indígenas, dice la ONU-DH

El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab dijo que “este momento marca una nueva forma de cómo el poder Judicial está realmente actuando, tomando en cuenta estándares internacionales para poder juzgar a militares. El poder Judicial sí puede contribuir a cambiar la realidad de este país”.
La sentencia, consideró, “es una contribución contra la impunidad, ya que reconoce múltiples formas de discriminación estructural. Es una importante lucha la de Valentina y sus representantes. Se trata de una sentencia muy relevante que cita estándares internacionales, reconoce las múltiples dimensiones de discriminación hacia mujeres indígenas en un contexto, como lo dice la sentencia, de desigualdad estructural y asimetría de poder, de abuso militar contra la víctima civil”.
“Es la primera sentencia en la que se determina una responsabilidad penal sobre la base de una sentencia previamente dictada por la Corte Interamericana. Eso es muy importante”, insistió.
El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre recordó que los casos llegan a instancias internacionales “porque las víctimas no han encontrado justicia en México”.
Sin embargo, “ninguno de los casos donde la Corte Interamericana ha sentenciado a México, se ha cumplido del todo. La impunidad en México es tan fuerte que no la han logrado desestructurar, salvo en este caso, y por eso celebramos esta lucha de más de 15 años de Valentina Rosendo. Esa es la relevancia de esta sentencia”.

 

A siete años de la sentencia del caso Radilla el Estado protege al Ejército, denuncia la Afadem

A siete años de la sentencia del caso Rosendo Radilla vs el Estado mexicano dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), el gobierno sigue protegiendo al Ejército, pues no reformó como debería el artículo 47 sobre el fuero militar.
En conferencia de prensa en sus oficinas en la ciudad de los servicios de Atoyac la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), en voz de su vicepresidenta Tita Radilla Martínez denunció que la desaparición forzada siga siendo una práctica en la actualidad.
Recordó que existe el antecedente de más de 500 desaparecidos durante la guerra sucia y de cientos de familias desplazadas por militares, que hoy demandan la reparación integral del daño.
Radilla Martínez, hija del campesino Atoyaquense Rosendo Radilla Pacheco, detenido-desaparecido por militares, manifestó que desaparición forzada ha sido una práctica del Estado mexicano para eliminar a los que considera sus enemigos “principalmente a quienes se organizan para exigir sus demandas económicas, políticas y sociales”.
Reseñó que fue así como a finales de la década de 1960 cientos de jóvenes se organizaron y tomaron las armas para luchar por la justicia, trabajo y educación después de ver cerradas las opciones democráticas.
Indico que después de años de “pedir, exigir a las autoridades correspondientes el esclarecimiento de estos lamentables hechos la Afadem, la Confederación Mexicana de Defensa por los Derechos Humanos y la familia Radilla decidimos llevar a instancias internacionales el caso de Rosendo Radilla Pacheco detenido-desaparecido por el Ejército mexicano el 25 de agosto de 1974 junto con cientos de personas que también corrieron con la misma suerte”.
Abundó que a siete años de emitida la histórica sentencia contra el Estado mexicano no ha habido cumplimiento en los puntos principales, como la investigación, búsqueda y reparación.
Demandó que se cumplan las modificaciones constitucionales ordenadas por la Corte Interamericana, además de que se investigue con carácter científico para dar con la ubicación de Rosendo Radilla y de todos los desaparecidos en México.
Agregó que la reparación integral del daño para todos los familiares de los detenidos desaparecidos es procurando verdad, justicia y garantías de no repetición.
Insistió en que “desafortunadamente el Ejército ha gozado de impunidad, la autoridad siempre lo ha protegido no se ha podido llegar, hubo precisamente por la sentencia una reforma al artículo 47 constitucional para la acotación del fuero militar que no se dio como debería de darse, como lo ordenó la Corte”.
Lamentó que se hizo una modificación que es insuficiente, ya que los militares que hayan tenido participación en violación a los derechos humanos con civiles “van a determinar si el fuero civil o militar será quien lo vea”.
Abundó que parte de la lucha constante es que sean los militares que estuvieron en las acciones de “terrorismo de Estado” los que digan qué pasó con todos los desaparecidos, ya que no se trata sólo del caso de Rosendo Radilla, sino que son cientos los que están luchando.
El secretario ejecutivo de la Afadem, Julio Mata mencionó que los organismos internacionales son los que han estado exigiendo justicia en los casos de violaciones de derecho humanos en México, como el caso de los 43 normalistas que el Estado se niega a reconocer que es una desaparición forzada.
Dijo que el Estado mexicano nunca ha hecho una investigación real, “simula ante la comunidad internacional que investiga y lleva el proceso, es bien sabido que firma y ratifica tratados internacionales pero les pone candados y declaraciones interpretativas para que no se cumpla”.
Uno de esos tratados fue el de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada que no ha ratificado el comité de seguimiento, “igualmente está la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada que tiene una reserva y declaración interpretativa que afortunadamente en el caso Radilla, esas se echaron abajo y la Corte determinó que no funcionaban esos candados como los querían aplicar en México”.
Indico que si no es por la presión internacional al interior del país no pasa nada, pero en el caso Rosendo Radilla ya no lo pudo negar el Ejército ni el Estado mexicano que lo reconoció, “pero aún así no hacen la investigación, deberían de estar citando a militares a declarar y decir ‘nosotros los tenemos’ porque igual a todos los bajaron de la sierra y trajeron a lo que es hoy la Ciudad de los Servicios, ellos saben donde los tienen”.
Reprochó el Ministerio Público no tenga la capacidad para obligar al Estado mexicano, que no quiere que se sepa la verdad porque los criminales son sus agentes militares.
Agregó que hay varios casos donde militares se han inmiscuido en casos de civiles como Rosenda Cantú y las jóvenes que fueron violadas por soldados, “pero no se ha hecho nada, los están protegiendo, es un contubernio de impunidad y actitud criminal del Ejército en contra de la población, no hay voluntad política para que se conozca la verdad”.
Señalo que los mismos militares que han sido responsables de desapariciones “hoy están reciclados en diferentes instituciones, grupos paramilitares, grupos de policías bancarios e incluso después del Ejército mexicano se convirtieron en Zetas, y ahora después son muchos de ellos los que están desapareciendo, masacrando y desmembrado”.

Condenan sin pruebas a 50 años a dos detenidos por la UPOEG en Cruz Grande, denuncian

 

Abogados y familiares de dos jóvenes detenidos en Cruz Grande por la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), denunciaron que sin pruebas del comandante regional Esteban Ramos Gallardo el 29 de septiembre, jueces de Ometepec dictaron sentencia en contra de los inculpados del secuestro de una persona.
Ayer en conferencia de prensa en las instalaciones de la sección 29 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) en Acapulco, las madres de los dos jóvenes, Ángel Casiano Ramírez y Jorge Pavón Pérez, sostuvieron que sus hijos son inocentes.
Los abogados manifestaron que los jueces violaron los derechos de los inculpados y que la prueba presentada es la declaración del comandante, y de un testigo de identidad reservada.
La señora Severiana Pérez, mamá de Ángel, dijo que su hijo fue detenido en su casa acusado de secuestro. El comandante de la UPOEG, Ramos Gallardo señaló que la foto de su hijo aparecía en el perfil de un número de Whatsapp desde donde los captores se comunicaron con la familia del secuestrado, sin embargo durante la detención el 25 de octubre de 2015, el teléfono que recibía las llamadas sonó cuando su hijo estaba en su cuarto. La mamá del joven estudiante del CBTA dijo que ese número no correspondía al de su hijo.
La mamá de Jorge, Mariana Casiano dijo que su hijo caminaba en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional en estado de ebriedad cuando fue detenido y después fue acusado por los policías ciudadanos de secuestro, en complicidad con el otro joven. Ambas madres indicaron que sus hijos fueron retenidos 10 días, y golpeados y torturados en la base de la comunidad Las Ánimas.
El abogado de los inculpados, Carlos Larumbe Radilla dijo que en el juicio oral del 29 de septiembre, los dos inculpados fueron sentenciado a 50 años de prisión por el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento Penal con sede en Ometepec.
Sostuvo que a pesar de la decisión de los jueces Hércules Aureoles Guadarrama, Salvador Delgado Ochoa, y Edilberto Calderón Juárez, la sentencia fue impugnada porque fueron violados los derechos de los inculpados.
Además de que sin pruebas y sólo con declaraciones testimoniales del comandante regional Ramos Gallardo y Fernando Nava López, además de un testigo protegido, los jueces determinaron la culpabilidad de los jóvenes pese a que en la audiencia la víctima no reconoció que ellos fueran sus captores.
En la conferencia también estuvo el presidente del Colegio de Abogados de Acapulco, Félix Tapia Espinoza, quien denunció que pese a que Ramos Gallardo tiene dos denuncias, una de ellas por homicidio calificado y órdenes de aprehensión, los jueces hicieron caso omiso para que el comandante regional fuera detenido en las instalaciones del Tribunal en Ometepec.