Habitantes de la comunidad Las Mesas, en la sierra del municipio de Petatlán, demandaron la presencia de los maestros en el nivel básico y bachillerato, porque los niños y jóvenes, “no están aprendiendo nada, aunque les dan clases en línea y les dejan tareas a través del teléfono”.
Este martes, vía telefónica, una madre de familia de esa comunidad, quien tiene a sus hijos en la primaria, aseguró que desde poco antes del periodo vacacional de diciembre de 2022, dejaron de tener clases en el nivel básico, es decir, en el jardín de niños, la primaria y secundaria de esa localidad, así como también en el bachillerato, “los maestros ya no regresaron y con esto de la inseguridad, menos volvieron”.
Sin embargo, aseguró que aunque en el poblado todavía no se ha establecido de manera oficial una Base de Operaciones Mixtas, como en su momento lo demandaron el comisario municipal y el comisariado ejidal de Las Mesas a las autoridades, “sí hay militares. Ya están acá unos militares dando seguridad, por eso no entendemos por qué no han subido los maestros”.
Dijo que los alumnos sí están tomando clases en línea, “pero no todos tienen internet y no todos tienen teléfonos o modo de conectarse para tomar las clases y lo mismo pasa con los trabajos que los maestros mandan por el Whatsapp, no todos los alumnos tienen manera de enterarse de esas tareas. Entonces, imagínese usted qué tanto están aprendiendo”.
Se dolió de que durante 2020 y 2021, “por el Covid-19, los maestros se fueron y los niños se atrasaron bastante, porque según las clases en línea, pero la verdad es que no aprendieron mucho. Luego, cuando ya hubo clases presenciales, las faltas de los maestros en las escuelas son seguido, que porque tienen que hacer cosas en la supervisión, que tienen que ir a Chilpancingo, el caso es que estamos bastante atrasados”.
Recordó que hace un par de semanas, las autoridades de su comunidad se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en Papanoa, Tecpan, para tratar el tema del regreso de los maestros a las comunidades, “según que los maestros no suben a la sierra porque está la inseguridad, pero en el caso de Las Mesas, acá ya están los militares en el pueblo. Pedimos que ya regresen”.
Luego, la madre de familia comentó que desde hace ocho años no tienen doctor ni enfermera en el centro de salud, “tampoco tenemos medicinas, ahí está abandonado el centro de salud. Acá nos curamos con los remedios de nuestros abuelos, con remedios que encontramos en la naturaleza”.
Dijo que “para el piquete de alacrán, nos curamos con ajo, leche o alcohol, porque el centro de salud que está más cerca queda a una hora de aquí, que es en Santa Rosa de Lima, en Tecpan. Las mujeres embarazadas, si el niño viene bien, se alivian en sus casas y si no, pues tienen que bajarse con tiempo a donde haya doctor antes de que le empiecen los dolores del parto”.
“La semana pasada subió el doctor del centro de salud de Santa Rosa a dar consultas junto con una enfermera, pero sólo estuvieron dos horas, no fue suficiente. Mucha gente se quedó con necesidad de una consulta, de veras que necesitamos un doctor porque ahorita anda mucha gente enferma de la gripa y la tos. Los que tienen modo pues bajan al doctor a Santa Rosa, pero los que no tenemos ni burro para bajar sí nos la vemos difícil”, apuntó.
Representantes de la Fiscalía General del Estado, la comisaria municipal y el comisariado ejidal de El Durazno, Azucena Rosas García e Ignacio Chávez Arreola, con el delegado de Gobierno de la zona Sur en la Costa Grande, Juan Méndez Nogueda y el productor de aguacates, Víctor Espino Cortés, en el terreno donde se construirá un cuartel militar y una comandancia de la Policía Investigadora Ministerial Foto: El Sur
Brenda Escobar
Zihuatanejo
El presidente del Comité de Caminos de Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés, informó que el gobierno federal y estatal construirán un cuartel militar e instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la comunidad El Durazno, Coyuca de Catalán, además de que ya están las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) en Las Mesas, municipio de Petatlán y en el crucero de San Antonio, Coyuca de Catalán, para recuperar la paz en los pueblos del corredor Santa Rosa de Lima-El Durazno.
En este corredor que inicia en Santa Rosa de Lima y termina en este último lugar, desde diciembre han vivido hechos violentos cuya autoría le atribuyen a La Familia Michoacana.
A finales de enero de este año, tres civiles, presuntos integrantes de dicho grupo delictivo y dos policías estatales, uno de ellos, el entonces recién nombrado director de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Policía Estatal, capitán de la Marina, Jaime Téllez Ruiz, fueron asesinados por pobladores en El Parotal, municipio de Petatlán, lo que desató enfrentamientos en Coyuquilla Norte, La Calera de Santa Lucía y El Manguito, en Petatlán, así como en Santa Rosa, Tecpan de Galeana.
En Las Mesas, Petatlán, un adulto mayor fue asesinado la madrugada del pasado 11 de febrero en un ataque a balazos; el enfrentamiento más reciente entre pobladores de ese corredor y el grupo criminal ocurrió el sábado 18 en las inmediaciones de La Sierrita y Los Bayados, que provocó el desplazamiento masivo de familias de éste último poblado y de La Trinidad, ambas localidades pertenecientes al municipio de Ajuchitlán.
Ante el clima de violencia e inseguridad en esa zona, comisarios se reunieron el pasado 8 de febrero con el director estatal de Gobernación de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros a quien expusieron que desde diciembre no han podido cosechar maíz, comercializar la leche, los maestros no han regresado a dar clases y tampoco tienen médico ni medicinas. Ahí, el funcionario anunció que el gobierno del estado llevaría a cabo una serie de acciones.
Ayer martes, vía telefónica, don Víctor Espino Cortés, dijo que dichas acciones ya empezaron a verse desde el lunes de esta semana, cuando junto con el delegado de Gobierno en Costa Grande, Juan Méndez Nogueda llegaron hasta El Durazno, en Coyuca de Catalán, donde ya se llevan a cabo los trabajos de nivelación de terrenos para construir ahí un cuartel militar y una comandancia de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) de la FGE para garantizar la seguridad de los pobladores, luego de los hechos ocurridos ahí el 10 de diciembre pasado, “yo digo que sí hay cosas buenas, hay que decir lo bueno y lo malo y hay que reconocerles”.
Indicó que en El Durazno serán dos instalaciones, “una para la Secretaría de la Defensa Nacional y la otra para la Fiscalía General del Estado, también el lunes pasamos ahí por el crucero de San Antonio y en Las Mesas ya están ahí la base de los militares, ya hay presencia”.
Dijo que el gobierno del estado envío mil 100 despensas “chingonas” para las familias de las comunidades de ese corredor como son Las Mesas, Las Mesas del Parotal, El Porvenir, San Antonio, La Sierrita, Las Juntitas, El Durazno y Santa Rosa, las cuales se entregaron entre el lunes y este martes, “la verdad es que la situación ya se estaba poniendo difícil porque la gente no ha podido salir a trabajar a sus parcelas, a sus ranchos, está muy complicado todavía, todavía está la inseguridad de esa gente”.
Indicó que también llegaron maestros de la primaria y de la telesecundaria a El Durazno, además de un doctor “que ya ha estado dando consultas a la gente”.
“Vinieron también los Servidores de la Nación y estuvieron pagando el Programa Producción para el Bienestar, les estuvieron repartiendo cheques, lo que antes era el Procampo. Y los militares, además de andar dando seguridad, están cortándole el cabello gratis a la gente, están haciendo labor social”, detalló.
Comentó que luego de El Durazno, este mismo martes, varios de los servidores públicos que acudieron junto con Méndez Nogueda se trasladarían a Tecpan de Galeana donde se reunirían con las familias desplazadas de Los Bayados y La Trinididad, “según ya iba el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez a platicar con ellos y de ahí, el plan es platicar y luego darse la vuelta otra vez para acá a las comunidades el jueves o el viernes”.
“También vinieron representantes de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y por ahí les hablaron, creo que les van a depositar un dinero a las familias de las víctimas, a las familias que perdieron a algún familiar, ya estuvieron entregando sus datos”, dijo.
El conocido productor de aguacate, originario de San Antonio de las Tejas municipio de Coyuca de Catalán consideró que con estas acciones, “por fin se cortó una flor de la gobernadora, hay que reconocerlo públicamente que sí tiene interés, se está viendo, la gente está sintiendo que sí viene en serio la cosa y esperemos que esto ayude mucho a la reactivación de la parte alta de la Sierra, igual a la parte media y la parte baja, ya ve que el problema de la inseguridad está en todos lados”.
“Nos dijeron que van a reforzar todas las bases de Santa Rosa, Las Mesas, el crucero de San Antonio y El Durazno y ahorita se van a ir a ver a los de Los Bayados y La Trinidad allá en Tecpan y a lo mejor con esa base del crucero tenemos para que regrese la paz, porque por ahí entraron para ir a correr a los habitantes de Los Bayados y La Trinidad”, contó.
Al plantearle que aunque el gobierno ponga Bases de Operaciones Mixtas, les entreguen despensas, maestros, médicos y medicinas a las comunidades, no sirve de mucho si el grupo delincuencial que tiene atemorizada y amenazada a toda esa región sigue actuando de manera impune, Espino Cortés asintió, “sí, sí, ellos siguen cerca queriendo entrar, le tientan por todos lados a ver por dónde está más suave”.
“Pero como que vemos que cada vez se les está complicando más (al grupo delincuencial), porque una, el gobierno está de una u otra forma dando más atención, hay un interés real a lo que vemos que sí los van a de perdida a atrancar por un momento, y creemos que van a empezar a corretearlos también”, aseguró.
Continuó, “y la otra ventaja más grande es que los pueblos se siguen sumando y entre más pueblos se unan, menos entran, ya se sabe que el pueblo unido jamás será vencido y esa es una de las ventajas más grandes que le vemos”.
“Agradecemos a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, hay que reconocerle también cuando sí hay la atención y la intención de que cambie realmente la Sierra, esa octava región que ha estado abandonada tantísimos años y ya la reconocieron, que le están dando la atención y pareciera que sí estamos caminando como estado; empezamos como medio lentito, pero es poco a poco y no es fácil pues”, señaló.
Pidió que la gobernadora, “nos visite, que visite a la Sierra, es lo único que le falta, que suba, que nos conozca, que suba, que vea lo que estamos haciendo, quiénes somos, a qué nos dedicamos, que no por lo que le cuenten, que venga ella a ver, que la invitamos oiga a acá a las comunidades, arriba, no nada más a El Durazno, a San Antonio, a La Trinidad, a que dé sus recorridos, que se haga su tiempecito para que vea ella misma que somos gente de trabajo, que nada es lo que se dice de nosotros”.
“¡Y los caminos, oiga!, otra vez volvemos a caer a lo mismo, que la gobernadora le diga a los de la CICAEG que por favor, los caminos, urgen los caminos para la seguridad misma, para subir los médicos, para que suban los maestros, los caminos es la puerta a la Sierra, es el número uno después de la seguridad, con buenos caminos se trasladan mejor las patrullas a dar seguridad a otros ranchos donde están más abandonados, pero si esa gente (delincuentes) entra y los caminos malísimos, pues cómo llega el gobierno, aunque sean lugares cerca pero con los caminos malos, no llegan a tiempo, que le ponga mucho interés a los caminos”, acotó.
Un adulto mayor fue asesinado por presuntos integrantes del grupo delincuencial La Familia Michoacana (FM), en un ataque a balazos a la comunidad Las Mesas, en la sierra del municipio de Petatlán, la madrugada del sábado 11.
Habitantes de esa localidad denunciaron que esa madrugada, a las 3 de la mañana, cuando todos estaban durmiendo, fueron despertados por las fuertes detonaciones de los balazos y que este hecho causó terror entre los vecinos, principalmente en mujeres, niños y adultos mayores que a esa hora buscaron refugio debajo de sus camas y otros más corrieron hacia el monte para ponerse a salvo de los disparos.
La comunidad Las Mesas se ubica en la sierra oriente del municipio de Petatlán y está en el corredor de la ruta Santa Rosa-El Durazno; las principales actividades económicas de la población son la agricultura y la ganadería.
Uno de los pobladores, vía telefónica, dijo que la víctima fatal de este ataque fue un adulto mayor que vivía casi a las afueras de la comunidad y que fue asesinado de manera muy cruel; agregó que en el momento del ataque, algunos vecinos pidieron ayuda por teléfono a funcionarios del gobierno del estado para que los militares que están en la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en la entrada a Santa Rosa, subieran a apoyarlos pero que ese día del ataque pasaron más de 12 horas y no llegaban.
Comentó que vecinos de Santa Rosa dieron aviso a los militares que están en la entrada al poblado, pero que les respondieron que no están autorizados para salir de noche, “por eso llegaron acá hasta 12 horas después de que pasó todo y por la mañana del sábado y hoy domingo todavía, algunas familias empezaron a salirse a dejar sus casas porque tienen miedo”.
“La gente está empezando a salirse y otros están enojados y dispuestos a enfrentarse con ellos porque dicen que lo que están haciendo es terrorismo, lo que quieren es meter miedo a los pueblos, para que se salgan y ellos adueñarse de todo lo que dejen y que los que se queden, que se pongan sumisos para empezarles a cobrar cuota como lo hacen en Tierra Caliente donde hasta a los que trabajan de peones les cobran 50 pesos por trabajar y si no, los matan”.
El vecino atribuyó esta agresión a una represalia por parte del grupo delincuencial, ya que hacía apenas tres días, es decir, el miércoles de la semana pasada, que las autoridades locales de esa comunidad y de ese ejido, acudieron a una reunión en Santa Rosa con funcionarios del gobierno del estado donde pidieron de manera urgente una BOM en ese poblado porque es un lugar estratégico para que los delincuentes puedan llegar hacia Petatlán y a Santa Rosa.
“Nosotros somos una comunidad de gente que no se mete en problemas y que no hace el mal a nadie, al contrario, la mayoría de las familias que viven aquí, si no es que todos, somos familias católicas que hemos hecho procesiones por las calles de la comunidad para orar por la paz de la región y la paz del mundo; hacemos rosarios, ofrecemos misas por la paz porque si no hay paz, no se puede hacer nada”.
Dijo que lo que pasó en Las Mesas, debería de ser una situación que debe preocupar a los habitantes de Petatlán y de Zihuatanejo, “porque este grupo está metiéndose y si no lo para el gobierno, entonces la gente de allá van a empezar a sentir lo que nosotros estamos sintiendo acá de este lado y lo que siente toda la población de la Tierra Caliente donde este grupo ha hecho tanto daño”.
“Nos sentimos solos, como despreciados por la demás gente, como si nosotros no valiéramos como personas, aunque vivimos en la sierra, nos damos cuenta de lo que pasa y nos da tristeza que nadie, ni los políticos, esos que luego suben a vernos para que les demos el voto porque quieren ser gobernadores, diputados federales, presidentes municipales, diputados locales, nadie alza la voz para pedirle al gobierno que detenga a esos delincuentes y dejen de hacer tanto daño”.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador, “le exigimos que ya paren a La Familia Michoacana, que ya no sigan matando, extorsionando, desplazando comunidades enteras, tenemos derecho a vivir en paz, no somos gente de guerra, somos gente de paz, gente de trabajo, que detengan a esos que no quieren trabajar honradamente”. (Redacción).
Este martes, habitantes de la comunidad La Calera de Santa Lucía, en la sierra del municipio de Petatlán, denunciaron que ocurrió un nuevo enfrentamiento entre civiles de esa zona con integrantes del grupo delincuencial La Familia Michoacana (FM) y que hay muertos de éste, pues en esta ocasión también participó el Ejército para combatirlo.
El domingo 29, los vecinos denunciaron que los sicarios del mencionado grupo delincuencial atacaron las comunidades El Manguito y Loma Baya.
En las inmediaciones de esa última localidad, ese día dejaron a tres campesinos muertos, como respuesta al asesinato de tres de sus integrantes el sábado en El Parotal, según las denuncias.
El lunes 30, cuando una célula de ese grupo delincuencial se enfrentaba a balazos con habitantes de la comunidad Santa Rosa de Lima, en Tecpan, de manera casi simultánea ocurría un enfrentamiento entre otra célula de La Familia Michoacana con habitantes de Loma Baya, El Manguito y La Calera de Santa Lucía, pero no hubo reporte de heridos o muertos, aunque trascendió extraoficialmente que sí hubo.
Ayer martes por la noche, de nueva cuenta en esa misma zona, los habitantes denunciaron que ocurrió otro enfrentamiento durante la tarde y cuando éste ocurría, llegó el Ejército para enfrentar a los sicarios y que hubo varias bajas de parte del grupo delincuencial. (Redacción / Chilpancingo).
La gobernadora Evelyn Salgado Pineda informó que todas las instancias de seguridad preparan la instalación de una Base de Operaciones Mixtas (BOM) en El Parotal, en la sierra de Petatlán, donde se dio un enfrentamiento en el cual el jefe de la Unidad de las Fuerzas Especiales, un policía de la Secretaría de Seguridad Pública y tres presuntos integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana resultaron muertos, y los pobladores retuvieron a 32 policías estatales.
Abordada por reporteros alrededor de la una de la tarde, cuando llegaba a una actividad del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en el Zócalo de Chilpancingo, Salgado Pineda dijo que el suceso fue tema de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, por la mañana, por lo tanto, mandos de secretarías de Defensa Nacional (Sedena), y de la Armada de México, así como la Guardia Nacional, ya estaban al tanto de los hechos.
“Van a tener una Base de Operaciones Mixtas ahí en El Parotal y donde sea necesario, ya están en camino todas las dependencias involucradas”.
La gobernadora dijo que este problema se atendió “de manera puntual”, con una “actuación rápida”, pues en su administración “la seguridad es lo prioritario, vamos a estar muy al pendiente de toda la seguridad”.
Los hechos se dieron el sábado y los policías retenidos fueron liberados el domingo, cuando el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Evelio Méndez Gómez, acudieron a El Parotal, como demandaron los pueblos.
Sobre el asesinato de los agentes en activo, la gobernadora respondió que la Fiscalía General del Estado realiza la investigación y la misma dependencia dará a conocer todas las líneas del caso.
Por otro lado, en la entrega de marcas a 23 empresas artesanales, acreditadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la gobernadora destacó que el programa benefició a 500 familias de distintos municipios, en la primera etapa.
Destacó el enfoque integral del programa para el fortalecimiento de economías de empresas comunitarias y medio ambiente, y la exposición de huipiles, sombreros y máscaras. Agregó que seguirá usando la vestimenta tradicional aunque la critiquen.
Estuvieron en el evento, en representación del comisionado del INPI, Adelfo Regino Montes, el delegado, Manuel Vázquez Quintero, el delegado del gobierno Federal Iván Hernández Díaz, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Yoloczin Domínguez, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raymundo Casarrubias.
Policías estatales retenidos en El Parotal en la sierra de Petatlán en la región de la Costa Grande Foto: redes
Brenda Escobar / redacción
Santa Rosa de Lima
Cinco hombres, entre ellos tres civiles presuntamente integrantes del grupo de la delincuencia organizada La Familia Michoacana, un policía estatal y un marino en activo que recientemente había sido nombrado director de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública, fueron asesinados el sábado por la tarde en la comunidad El Parotal, en la sierra oriente del municipio de Petatlán.
Los cinco hombres iban en un convoy de la Policía Estatal que ese sábado llegó a El Parotal, y según denuncias de pobladores del lugar, allanaron casas, golpearon a mujeres y a menores de edad y robaron objetos de valor. Dijeron que por eso, además de los cinco muertos, 32 policías estatales fueron desarmados y retenidos durante más 17 horas.
Este domingo por la mañana, fueron liberados 32 policías estatales que horas antes, es decir, el sábado 28, habían sido retenidos por pobladores de esa comunidad de la sierra de Petatlán, que descubrieron que entre los efectivos policiacos iban presuntos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, y mencionaron a La Familia Michoacana, a quienes asesinaron junto con un policía estatal y un marino.
Los policías fueron liberados luego de que el domingo por la mañana, funcionarios del gobierno del estado acudieron a esa localidad a dialogar con los habitantes.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que los pobladores dijeron que hubo un “enfrentamiento” entre policías estatales y civiles armados, mientras que el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que fue un ataque directo a la Policía del Estado.
Reynoso Núñez y el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, acudieron ayer domingo a El Parotal para dialogar con los habitantes y pedirles que dejaran en libertad a los policías estatales que un día anterior habían ingresado a la comunidad junto con tres civiles.
Después, vecinos informaron que le pidieron a Reynoso Núñez que se coloque un módulo o cuartel del Ejército o de la Marina en ese pueblo o en Las Mesas para dar seguridad a la población de toda esa parte de la sierra del municipio de Petatlán así como evitar en lo sucesivo que la Policía del Estado ingrese en esa zona, “porque no nos vamos a hacer responsables” de lo que les pase.
Por su parte, el funcionario estatal les pidió que confíen en la Fiscalía General del Estado y que dejen que esa dependencia haga su trabajo de investigación para que se esclarezca lo ocurrido, y les solicitó que interpongan la denuncia correspondiente, razón por lo que en esta misma semana subirá una unidad móvil del Ministerio Público del fuero común a ese pueblo.
Versión de los habitantes
Pobladores de El Parotal denunciaron que el sábado 28, a las 3 de la tarde, uniformados a bordo de cinco patrullas de la Policía Estatal números 547, 268, 682, 687 y una más que no llevaba numeración, llegaron a la comunidad y allanaron específicamente algunas viviendas, golpearon a mujeres y a menores de edad y robaron objetos de valor.
Agregaron que notaron que algo no estaba bien en lo que estaban haciendo los policías desde el momento en que notaron que a dos de las patrullas les habían alterado la numeración con cinta negra y que en uno de estos vehículos viajaban tres hombres que en ningún momento se bajaron de la unidad y los tenían con aire acondicionado.
Los habitantes dijeron que ante estas observaciones, los pobladores se organizaron para impedir que los policías con los civiles salieran de la comunidad y exigieron que se identificaran pues reconocieron a dos de los tres civiles, pues eran personas que vivían en la región y aseguraron que éstos tenían nexos con el grupo de la delincuencia organizada La Familia Michoacana. Los vecinos quisieron bajarlos de la patrulla, pero todos los policías los protegieron y cortaron cartucho para amagar a las personas.
Asimismo, se supo que enseguida de eso, hubo un enfrentamiento y los tres civiles murieron, al igual que un policía estatal y un marino de apellido Téllez, quien iba al mando del convoy de uniformados estatales.
Los habitantes retuvieron al resto de los policías y señalaron que a las únicas personas a las que se los entregarían serían a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda o al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, “para que sepan qué es lo que anda haciendo la policía del estado”.
Bloqueo en Santa Rosa de Lima
Luego de que ese mismo sábado por la tarde-noche se corrió la voz de lo ocurrido en El Parotal, habitantes de comunidades de esa región de la sierra de Petatlán y vecinos de la localidad Santa Rosa de Lima, que pertenece a Tecpan de Galeana, se reunieron en la entrada de este último poblado para impedir la entrada de cualquier otra autoridad que no fuera la gobernadora o el secretario general de Gobierno.
Se conoció que poco después de las 8 de la noche, llegó a Santa Rosa un grupo de agentes de la Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía General del Estado, que consiguieron convencer a los manifestantes de que les permitieran el paso para ir a hacer las primeras diligencias de lo ocurrido. Los ministeriales llegaron a El Parotal.
Pero fue este domingo, a las 8 de la mañana, cuando los secretarios Marcial Reynoso y Méndez Gómez llegaron a Santa Rosa, en la comunidad vecina, Coyuquilla Norte, había cuando menos unas 10 patrullas de la Secretaría de Marina-Armada de México, también vehículos del Ejército, en tanto que frente a la entrada a Santa Rosa, justo frente al arco, varias patrullas de la Policía Estatal se mantenían estacionadas.
Aproximadamente una hora después de su llegada, trabajadores de la funeraria habilitada como Servicio Médico Forense de Zihuatanejo trasladaron hacia aquél puerto los cadáveres de los tres civiles, del policía estatal y del marino muertos en El Parotal, escoltados por policías estatales, marinos y militares.
Se conoció que el marino muerto, de apellido Téllez, hacía menos de una semana que había tomado el cargo de jefe de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública e iba al mando del convoy que llegó a El Parotal.
Poco después, fueron bajando las patrullas con los policías retenidos; al momento de pasar por donde estaba el grupo de habitantes debajo del arco, éstos les gritaban a los uniformados, “¡ahí viene pura Familia Michoacana!, “¡ahorita ya vienen a gusto, contentos!”, “¡llegan a esconderse a las otras patrullas, los culos!”, “¡puro delincuente con charola!”, “¡véanlos cómo se pasean con su placa y con su uniforme!”
Al poco rato, bajaron los dos secretarios, quienes hicieron una breve parada en el arco de Santa Rosa para despedirse de la comisaria municipal de El Durazno, Azucena Rosas García y del presidente del comité de caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés; Ludwig Marcial declinó a dar declaraciones, se subió a su camioneta y se retiró.
Luego de que ambos servidores públicos se retiraron junto con los policías estatales, un helicóptero de la Secretaría de Marina sobrevoló la zona algunos minutos y también se retiró.
Funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública implicado
Después de que se fueron los dos secretarios así como los policías retenidos y los otros elementos estatales , habitantes de El Parotal que bajaron a Santa Rosa manifestaron que del sábado al domingo, tuvieron tiempo suficiente para hablar con los policías estatales que estuvieron en su custodia.
Una de las vecinas dijo que entre los 32 policías, iban cinco policías mujeres, una de ellas les comentó que apenas tenía una semana de haber ingresado a la corporación y que ella recibió indicaciones de que se alistara porque el sábado saldrían muy temprano a la Costa Grande, pero que no sabía a qué o para qué, que al igual que otros de sus compañeros, sólo obedeció una orden, “la mujer se puso a llorar porque dijo que ella tenía familia, hijos”.
Agregó que una de las uniformadas se identificó como comandante de nombre Blanca Estela N., a quien le revisaron su teléfono celular y encontraron conversaciones de ella en un grupo de Whatsapp denominado “Salvador Granados” y les llamó la atención que quien le dio las indicaciones para que atendiera a los individuos que llevaban con ellos fue un contacto que tiene registrado como “subsecretario Irving; estuvimos investigando y resulta que ese tal Irving es el subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública y ella no lo negó”.
La campesina dijo que en esa conversación, el contacto “subsecretario Irving” le da la orden de pasar por uno de los individuos al hotel Fiesta Americana en Acapulco y que en otro chat, la comandante se pone en contacto con esa persona, quien le pregunta si irá vestido de civil, “y ella le dice que no, que ya tiene uniformes y hasta balaclavas”, que es un accesorio para la zona de la cabeza y el cuello, que se caracteriza por cubrir la cabeza, cuello, boca y nariz y sólo deja espacio exclusivo para los ojos, es una prenda muy usada por los cuerpos policiacos.
“Ella pasó por ese hombre, es uno de los muertos, todavía traía en la muñeca la pulsera del hotel, una de color blanco”.
Agregó que dos de los tres civiles que iban con los policías fueron reconocidos por la misma gente de El Parotal “porque vivían por aquí en la región, sabemos quiénes son sus familias y sabemos que tienen contacto con el grupo de la Familia Michoacana” y que murieron “porque los policías los protegieron, siempre los protegieron, le cortaron cartucho a la gente que les pedía que los bajaran de la camioneta donde los llevaban”.
Otra vecina de El Parotal aseguró que en esa reunión, “uno de los que iban con el secretario Ludwig, dijo que ahora los policías iban a pasar de ser agresores a víctimas porque el pueblo los retuvo; en esa reunión se le dijo al secretario Ludwig que queríamos que se hiciera algo por el proceder de los policías y sólo dijo que dejáramos a la Fiscalía que hiciera su trabajo y que en la Secretaría de Seguridad Pública tienen un consejo de honor o algo así que es el que iba a intervenir”.
Agregó que hay un plazo para que Marcial Reynoso resuelva las demandas y peticiones que los habitantes le hicieron.
Este domingo por la tarde, habitantes de la comunidad La Calera de Santa Lucía en la sierra oriente del municipio de Petatlán, denunciaron que hombres armados identificados como integrantes del grupo delincuencial La Familia Michoacana (FM), agredieron a balazos a esa localidad y en el poblado cercano conocido como El Manguito, asesinaron a dos campesinos.
Versiones extraoficiales señalan que el asesinato de los dos campesinos que fueron torturados en El Manguito, fue una venganza de la FM por la muerte de tres de sus integrantes en El Parotal, localizada a unos 20 kilómetros . “Les quieren meter miedo a la gente de los pueblos”, dijo una de las fuentes de la localidad.
De acuerdo con información proporcionada vía telefónica por una de las habitantes, a las 4 de la tarde de ayer, hombres armados entraron a la comunidad y dispararon a las viviendas cuando la mayoría de los pobladores se encontraba participando de un convivio en un domicilio particular, “les dispararon y la gente se echó a correr, había mujeres, niños”.
Asimismo, los pobladores denunciaron que en la comunidad siguiente, en las inmediaciones de El Manguito, quedaron los cuerpos de dos vecinos que trabajaban en una huerta, “les hicieron feo, a uno le sacaron los intestinos y a los dos los balaceraron en la cabeza”.
Comentó que hasta las 8 de la noche de ayer domingo, ninguna autoridad había acudido a proporcionarles ayuda ni a hacer la diligencia correspondiente para el levantamiento de los dos cuerpos pese a que hicieron llamados de auxilio. (Redacción con información de Agencia Reforma)
Matan pobladores de El Parotal a dos policías estatales y tres civiles; los acusan de agresiones
También retienen en esa comunidad de la sierra de Petatlán más de 17 horas a 32 agentes estatales que iban en el convoy con los cinco, entre éstos el jefe de Fuerzas Especiales de la SSP. Según vecinos, la violencia se desató cuando reconocieron entre los uniformados a dos hombres que identifican como parte de La Familia Michoacana. Los secretarios de Gobierno y de Seguridad acuden a la comunidad y logran la liberación de los elementos
Brenda Escobar / redacción
Santa Rosa de Lima
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, dialoga con habitantes de El Parotal que tenían retenidos a policías estatales Foto: Gobierno del estado
Cinco hombres, entre ellos tres civiles presuntamente integrantes del grupo de la delincuencia organizada La Familia Michoacana, un policía estatal y un marino en activo que recientemente había sido nombrado director de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública, fueron asesinados el sábado por la tarde en la comunidad El Parotal, en la sierra oriente del municipio de Petatlán.
Los cinco hombres iban en un convoy de la Policía Estatal que ese sábado llegó a El Parotal, y según denuncias de pobladores del lugar, allanaron casas, golpearon a mujeres y a menores de edad y robaron objetos de valor. Dijeron que por eso, además de los cinco muertos, 32 policías estatales fueron desarmados y retenidos durante más 17 horas.
Policías estatales retenidos en El Parotal en la sierra de Petatlán en la región de la Costa Grande Foto: redes
Este domingo por la mañana, fueron liberados 32 policías estatales que horas antes, es decir, el sábado 28, habían sido retenidos por pobladores de esa comunidad de la sierra de Petatlán, que descubrieron que entre los efectivos policiacos iban presuntos integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, y mencionaron a La Familia Michoacana, a quienes asesinaron junto con un policía estatal y un marino.
Los policías fueron liberados luego de que el domingo por la mañana, funcionarios del gobierno del estado acudieron a esa localidad a dialogar con los habitantes.
Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó que los pobladores dijeron que hubo un “enfrentamiento” entre policías estatales y civiles armados, mientras que el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que fue un ataque directo a la Policía del Estado.
Reynoso Núñez y el secretario de Seguridad Pública, Evelio Méndez Gómez, acudieron ayer domingo a El Parotal para dialogar con los habitantes y pedirles que dejaran en libertad a los policías estatales que un día anterior habían ingresado a la comunidad junto con tres civiles.
Después, vecinos informaron que le pidieron a Reynoso Núñez que se coloque un módulo o cuartel del Ejército o de la Marina en ese pueblo o en Las Mesas para dar seguridad a la población de toda esa parte de la sierra del municipio de Petatlán así como evitar en lo sucesivo que la Policía del Estado ingrese en esa zona, “porque no nos vamos a hacer responsables” de lo que les pase.
Por su parte, el funcionario estatal les pidió que confíen en la Fiscalía General del Estado y que dejen que esa dependencia haga su trabajo de investigación para que se esclarezca lo ocurrido, y les solicitó que interpongan la denuncia correspondiente, razón por lo que en esta misma semana subirá una unidad móvil del Ministerio Público del fuero común a ese pueblo.
Versión de los habitantes
Pobladores de El Parotal denunciaron que el sábado 28, a las 3 de la tarde, uniformados a bordo de cinco patrullas de la Policía Estatal números 547, 268, 682, 687 y una más que no llevaba numeración, llegaron a la comunidad y allanaron específicamente algunas viviendas, golpearon a mujeres y a menores de edad y robaron objetos de valor.
Agregaron que notaron que algo no estaba bien en lo que estaban haciendo los policías desde el momento en que notaron que a dos de las patrullas les habían alterado la numeración con cinta negra y que en uno de estos vehículos viajaban tres hombres que en ningún momento se bajaron de la unidad y los tenían con aire acondicionado.
Los habitantes dijeron que ante estas observaciones, los pobladores se organizaron para impedir que los policías con los civiles salieran de la comunidad y exigieron que se identificaran pues reconocieron a dos de los tres civiles, pues eran personas que vivían en la región y aseguraron que éstos tenían nexos con el grupo de la delincuencia organizada La Familia Michoacana. Los vecinos quisieron bajarlos de la patrulla, pero todos los policías los protegieron y cortaron cartucho para amagar a las personas.
Asimismo, se supo que enseguida de eso, hubo un enfrentamiento y los tres civiles murieron, al igual que un policía estatal y un marino de apellido Téllez, quien iba al mando del convoy de uniformados estatales.
Los habitantes retuvieron al resto de los policías y señalaron que a las únicas personas a las que se los entregarían serían a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda o al secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, “para que sepan qué es lo que anda haciendo la policía del estado”.
Bloqueo en Santa Rosa de Lima
Luego de que ese mismo sábado por la tarde-noche se corrió la voz de lo ocurrido en El Parotal, habitantes de comunidades de esa región de la sierra de Petatlán y vecinos de la localidad Santa Rosa de Lima, que pertenece a Tecpan de Galeana, se reunieron en la entrada de este último poblado para impedir la entrada de cualquier otra autoridad que no fuera la gobernadora o el secretario general de Gobierno.
Se conoció que poco después de las 8 de la noche, llegó a Santa Rosa un grupo de agentes de la Policía Investigadora Ministerial de la Fiscalía General del Estado, que consiguieron convencer a los manifestantes de que les permitieran el paso para ir a hacer las primeras diligencias de lo ocurrido. Los ministeriales llegaron a El Parotal.
Pero fue este domingo, a las 8 de la mañana, cuando los secretarios Marcial Reynoso y Méndez Gómez llegaron a Santa Rosa, en la comunidad vecina, Coyuquilla Norte, había cuando menos unas 10 patrullas de la Secretaría de Marina-Armada de México, también vehículos del Ejército, en tanto que frente a la entrada a Santa Rosa, justo frente al arco, varias patrullas de la Policía Estatal se mantenían estacionadas.
Aproximadamente una hora después de su llegada, trabajadores de la funeraria habilitada como Servicio Médico Forense de Zihuatanejo trasladaron hacia aquél puerto los cadáveres de los tres civiles, del policía estatal y del marino muertos en El Parotal, escoltados por policías estatales, marinos y militares.
Se conoció que el marino muerto, de apellido Téllez, hacía menos de una semana que había tomado el cargo de jefe de la Unidad de Fuerzas Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública e iba al mando del convoy que llegó a El Parotal.
Poco después, fueron bajando las patrullas con los policías retenidos; al momento de pasar por donde estaba el grupo de habitantes debajo del arco, éstos les gritaban a los uniformados, “¡ahí viene pura Familia Michoacana!, “¡ahorita ya vienen a gusto, contentos!”, “¡llegan a esconderse a las otras patrullas, los culos!”, “¡puro delincuente con charola!”, “¡véanlos cómo se pasean con su placa y con su uniforme!”
Al poco rato, bajaron los dos secretarios, quienes hicieron una breve parada en el arco de Santa Rosa para despedirse de la comisaria municipal de El Durazno, Azucena Rosas García y del presidente del comité de caminos de la Costa Grande y Tierra Caliente, Víctor Espino Cortés; Ludwig Marcial declinó a dar declaraciones, se subió a su camioneta y se retiró.
Luego de que ambos servidores públicos se retiraron junto con los policías estatales, un helicóptero de la Secretaría de Marina sobrevoló la zona algunos minutos y también se retiró.
Funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública implicado
Después de que se fueron los dos secretarios así como los policías retenidos y los otros elementos estatales , habitantes de El Parotal que bajaron a Santa Rosa manifestaron que del sábado al domingo, tuvieron tiempo suficiente para hablar con los policías estatales que estuvieron en su custodia.
Una de las vecinas dijo que entre los 32 policías, iban cinco policías mujeres, una de ellas les comentó que apenas tenía una semana de haber ingresado a la corporación y que ella recibió indicaciones de que se alistara porque el sábado saldrían muy temprano a la Costa Grande, pero que no sabía a qué o para qué, que al igual que otros de sus compañeros, sólo obedeció una orden, “la mujer se puso a llorar porque dijo que ella tenía familia, hijos”.
Agregó que una de las uniformadas se identificó como comandante de nombre Blanca Estela N., a quien le revisaron su teléfono celular y encontraron conversaciones de ella en un grupo de Whatsapp denominado “Salvador Granados” y les llamó la atención que quien le dio las indicaciones para que atendiera a los individuos que llevaban con ellos fue un contacto que tiene registrado como “subsecretario Irving; estuvimos investigando y resulta que ese tal Irving es el subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública y ella no lo negó”.
La campesina dijo que en esa conversación, el contacto “subsecretario Irving” le da la orden de pasar por uno de los individuos al hotel Fiesta Americana en Acapulco y que en otro chat, la comandante se pone en contacto con esa persona, quien le pregunta si irá vestido de civil, “y ella le dice que no, que ya tiene uniformes y hasta balaclavas”, que es un accesorio para la zona de la cabeza y el cuello, que se caracteriza por cubrir la cabeza, cuello, boca y nariz y sólo deja espacio exclusivo para los ojos, es una prenda muy usada por los cuerpos policiacos.
“Ella pasó por ese hombre, es uno de los muertos, todavía traía en la muñeca la pulsera del hotel, una de color blanco”.
Agregó que dos de los tres civiles que iban con los policías fueron reconocidos por la misma gente de El Parotal “porque vivían por aquí en la región, sabemos quiénes son sus familias y sabemos que tienen contacto con el grupo de la Familia Michoacana” y que murieron “porque los policías los protegieron, siempre los protegieron, le cortaron cartucho a la gente que les pedía que los bajaran de la camioneta donde los llevaban”.
Otra vecina de El Parotal aseguró que en esa reunión, “uno de los que iban con el secretario Ludwig, dijo que ahora los policías iban a pasar de ser agresores a víctimas porque el pueblo los retuvo; en esa reunión se le dijo al secretario Ludwig que queríamos que se hiciera algo por el proceder de los policías y sólo dijo que dejáramos a la Fiscalía que hiciera su trabajo y que en la Secretaría de Seguridad Pública tienen un consejo de honor o algo así que es el que iba a intervenir”.
Agregó que hay un plazo para que Marcial Reynoso resuelva las demandas y peticiones que los habitantes le hicieron.
Fiscalía General del Estado
En una ficha de la Fiscalía General del Estado (FGE) se informó la madrugada de ayer que un enfrentamiento entre la Policía Estatal y civiles armados en localidad de El Parotal, municipio Petatlán, dejó dos agentes y tres civiles muertos, también indicó que 32 policías estaban retenidos por los pobladores, que más tarde fueron liberados.
La madrugada de ayer en una ficha de la FGE se confirmó que elementos de la Policía del Estado estaban retenidos en la localidad de El Parotal, municipio de Petatlán, se precisó que personal perteneciente a la coordinación de zona de Tecpan, Atoyac y Zihuatanejo, se trasladó a la localidad de Santa Rosa, municipio de Tecpan, en la Costa Grande de Guerrero, que es por donde se accede a dicho asentamiento.
Indicó que al llegar a Santa Rosa, el personal de la Fiscalía observó que el acceso que comunica hacia El Parotal estaba bloqueado por un contingente de 50 personas, que señalaron que se debía a los abusos de autoridad de la Policía Estatal.
Afirmó que la población denunció que los policías estatales han actuado de forma arbitraria violentando sus derechos humanos, porque ingresaban a sus domicilios sin orden de cateo, golpeando a los testigos y sin importar que había niños.
De acuerdo con la ficha, los pobladores de Santa Rosa permitieron el acceso a El Parotal al personal de la Fiscalía que llegó a las 9 de la noche a la localidad, donde se encontraban cinco patrullas de la Policía Estatal y 32 elementos retenidos.
Se informó que había una “una multitud de aproximadamente 100 personas, que estaban alteradas, y quienes manifestaron “que en el interior de una patrulla de la Policía Estatal” había cinco cuerpos sin vida, de los cuales dos eran policías estatales y tres civiles, “resultado del enfrentamiento”.
Fue un ataque directo: Ludwig
El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó que fue un ataque a la Policía Estatal lo que sucedió en la sierra de Petatlán.
En breves declaraciones a las 7 de la noche del domingo, indicó que la información que tenía en ese momento era que fue un “ataque directo” a la Policía Estatal, “no hay elementos que nos digan que haya habido un enfrentamiento”.
Incluso mencionó que durante la reunión con habitantes de El Parotal no mencionaron que los policías dispararon.
A pregunta expresa de los señalamientos de pobladores que los civiles eran integrantes de la Familia Michoacana, el funcionario estatal mencionó que no tenía en ese momento “elementos para decir si eran de un grupo delincuencial”, que la información que tenía era que los hombres habían denunciado con anterioridad que habían sido despojados de una propiedad.
Indicó que entiende que por eso iban con los policías pero que se revisa qué fue lo que ocurrió, por qué el mando policiaco tomó esa decisión de llevarlos en la camioneta, si pidió permiso o lo hizo por sí solo.
Detalló que hay dos investigaciones en curso, una que es interna de la Secretaría de Seguridad Pública para conocer qué sucedió y la de la Fiscalía General del Estado que desde el sábado llegó al poblado y que es independiente.
Soldados del Ejércto, entre ellos un boina verde, que fungen como guaruras de la fiscal Sandra Luz Valdovinos,quienes intimidaron, e incluso el que porta el arma M4 con lanzagranadas empujó al fotoreportero José Luis de la Cruz, por tomar esta y otras imágenes Foto: José Luis de la Cruz
Brenda Escobar
Zihuatanejo
El vocero de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en Petatlán y productor de aguacate, Víctor Espino Cortés, dio a conocer que desde la semana pasada hay un acuerdo de paz entre los habitantes de esa región y el grupo delincuencial que impera en esa zona, el cual fue pactado “desde arriba, lo malo fue que no estuvo presente nadie del gobierno del estado y ni tampoco medios de comunicación para que se diera a conocer”.
Ayer martes, vía telefónica, Espino Cortés informó de dicho acuerdo de paz, luego que desde hace poco más de seis años en la zona serrana del municipio de Petatlán y la que colinda con el municipio de Coyuca de Catalán, en la Tierra Caliente, se vivía un clima de violencia e inseguridad que provocó el desplazamiento forzado de cientos de familias que fueron obligadas a dejar sus propiedades para proteger sus vidas.
En diciembre del 2018, habitantes de la zona oriente de la sierra de Petatlán, así como de los ejidos San Antonio de las Texas y El Durazno, en la sierra de Coyuca de Catalán, se organizaron para conformar la UPOEG en Petatlán, para hacer frente a las agresiones del grupo de la delincuencia organizada que impera en toda esa región y que a decir de los agraviados, había venido cometiendo asesinatos, secuestros, extorsión y abigeato, entre otros ilícitos, los cuales en su momento denunciaron ante las autoridades con señalamientos directos, pero hasta la fecha no hay ninguna persona detenida.
En noviembre del año pasado, el entonces secretario general de Gobierno y actual senador de la República, Saúl López Sollano, visitó a los habitantes de la sierra oriental de Petatlán en la comunidad El Porvenir para conocer su situación e iniciar el trabajo de pacificación y un día antes de reunirse con ellos, estuvo en la sierra poniente del mismo municipio, “platicando con aquellos”, según trascendió extraoficialmente en esa ocasión.
López Sollano es conocido en esta región porque en julio de 2013, cuando se desempeñaba como coordinador de asesores de la Secretaría General de Gobierno, participó en las negociaciones entre un grupo de autodefensas que en ese entonces colocaron un retén en Rancho Alegre del Llano, en Tecpan y los habitantes de los pueblos de la zona poniente de ese municipio que se inconformaron contra ese grupo con un bloqueo de 38 horas a la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo desde Los Laureles hasta Santa Rosa de Lima y Coyuquilla Norte.
Días antes de que López Sollano dejara el cargo en el gobierno estatal para suplir en el senado a Félix Salgado Macedonio, Víctor Espino declaró sobre la preocupación de los habitantes de esa región, en el sentido de que al dejar el puesto, ningún funcionario del gobierno del estado le daría seguimiento a la pacificación en esa zona.
Sin embargo, ayer martes, Espino Cortés, dio a conocer que ya hay un acuerdo de no agresión, pero que los habitantes de la sierra oriente de Petatlán no fueron tomados en cuenta, sino que lo supieron “porque luego todo se sabe, que arreglaron según los jefes desde arriba”.
“Pero está bien mientras sea paz, pero por otro lado, no hay nada que sustente eso, no hay un documento, no se le avisó a los medios, no se tomó en cuenta al gobierno, cuando realmente nosotros con el gobierno anduvimos en chinga ahí, haciendo reuniones y de alguna u otra forma buscándole solución a las cosas, a nosotros nos hicieron a un lado y platicaron los jefes”.
Dijo, “pero quedan los acuerdos muy oscuros, entonces, lo bueno hubiera sido que se hubiera hecho como el acuerdo que se hizo con San Luis, en julio del 2013, que se hizo un documento, que los medios estuvieron presentes y los medios le dieron difusión a la gente y entonces la gente sabe, se entera y así, el que la riegue pues sabe que hay consecuencias, porque se sabe y cuando no se sabe ni qué, pues nomás no pasa nada, nomás sigue la guerra, no se sabe quién incumple ni nada, queda muy suelto”.
A pregunta, Espino Cortés sostuvo que “aquí todo se sabe y aunque a uno no lo llamen ni nada, uno como quiera se entera de todo lo que está pasando, y ahorita de una u otra forma creo que apadrinaron de más arriba, pero el detalle es que son mañosos unos y otros, los padrinos pues y mi punto de vista es que hubiera sido que se tomara en cuenta al gobierno, porque de alguna u otra forma don Saúl vino, anduvo haciendo reuniones con la gente, de una u otra forma anduvo buscándole, fue a verlos a allá, a Petatlán y ahí anduvo”.
“Mi punto de vista es que se hubiera llamado al gobierno, a los medios de comunicación, no para presumir, sino para que se entere la gente, es que lo que es derecho no tiene chuecura y es lo único, pero de lo demás, pues sí, hay un acuerdo de un respeto y ya, cada quien puede regresar a sus lugares de origen y si no se sienten con mucha confianza pueden vender lo que dejaron en cada lado, recoger sus casas, venderlas, ponerles precio”.
Agregó que otro de los acuerdos fue que “si alguien hace un mal, que mate a alguien o hace un mal, el mismo pueblo tiene la obligación de agarrarlo y correrlo o dependiendo de los acuerdos que haya en cada pueblo”.
Sostuvo que con estos acuerdos, incluso los habitantes de la comunidad serrana La Finca de Gildardo, quienes fueron atacados a balazos por civiles armados el 31 de octubre del año pasado y les dieron cinco días de plazo para que abandonaran la localidad, pueden regresar si ellos lo decidieran, “esa gente y la de Zihuaquio y todo, era la misma línea, con eso ya se arregla todo, hasta allá, hasta Tierra Caliente”.
Comentó que “la ventaja es que todo el mundo ya está contento porque de alguna u otra forma ya hay ese acuerdo y yo digo que sí ayudaron mucho las reuniones que hizo don Saúl, eso vino a facilitar todas las cosas y estuvieron apretando desde arriba sabrá Dios con quién y se dieron las cosas y está bien, por nuestra parte estamos contentos porque ahora sí vamos a poder trabajar y sacar adelante a la sierra”.
“Queremos darle las gracias a la gobernadora Evelyn Salgado, porque después de varios años en guerra, ahorita la gente ya va a poder regresar a trabajar y es ahora que necesitamos el apoyo, principalmente con los caminos que están acabados y ya con este acuerdo de paz, ya pueden enviar doctores y medicinas para los centros de salud y también maestros para las escuelas, necesitamos también que acá haya mejor comunicación con el internet porque es muy necesario para nuestros niños y jóvenes”, dijo.
Integrantes de la Policía Ciudadana de la Costa Grande esperan en la entrada a la comunidad Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan, a las autoridades del Ejército, Marina y Gendarmería, que integrarán la Guardia Nacional con las que tuvieron un diálogo ayer . Foto: Brenda Escobar
En la reunión con representantes del gobierno del estado y de la fuerzas armadas que integrarán la Guardia Nacional: Ejército, Marina y Policía Federal división Gendarmería, integrantes de la Policía Ciudadana de cinco municipios limítrofes de las regiones Tierra Caliente y Costa Grande manifestaron que no se van a desarmar, y que mantendrán retenes con armas de grueso calibre en la sierra de Petatlán para contrarrestar la violencia de la delincuencia organizada.
Los funcionarios coincidieron en indicarles que ninguno estaba facultado para autorizarles tal situación que está fuera de la ley, pero les respondieron que “nos atenemos a las consecuencias porque se trata de defender nuestras propias vidas y la de nuestras familias”.
La reunión inició al mediodía en la escuela primaria de la comunidad Santa Rosa y duró poco más de 4 horas y media.
El lunes vecinos e integrantes de esta nueva Policía Ciudadana bloquearon 8 horas la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, cerca de Santa Rosa de Lima, municipio de Tecpan de Galeana, donde exigieron la intervención de la Guardia Nacional para detener la violencia que viven en la zona serrana.
Ese lunes en la noche fueron atendidos por el delegado regional de Gobierno con sede en Tecpan de Galeana, Juan Méndez Nogueda, y un representante de la Policía Federal Preventiva división Caminos, quienes se comprometieron a que este martes tendrían una reunión con representantes de la Guardia Nacional, integrada por la Marina, el Ejército y la Policía Federal división Gendarmería, así como funcionarios federales, estatales y municipales relacionados con la seguridad.
Aunque la hora acordada para la reunión este martes fue a las 10 de la mañana, los integrantes de la Policía Ciudadana volvieron a bloquear de manera intermitente la carretera nacional desde las 6 de la mañana dando el paso a los vehículos cada 15 minutos, pero la dejaron libre a las 9, cuando llegaban los funcionarios.
La reunión inició al mediodía en la escuela primaria de la comunidad de Santa Rosa, fue coordinada por el delegado de Gobierno, Juan Méndez Nogueda, y estuvieron el delegado de la Dirección Gobernación estatal con sede en Tecpan, Virgilio Abarca Sánchez, la síndica procuradora de Tecpan, Magna Guadalupe Ríos Caro, el agente titular del Ministerio Público federal en Zihuatanejo, José Virgilio Teutle Mendoza, el inspector de la Policía Federal de Caminos en Tecpan, Héctor Peña Nicolás, el coordinador regional de Seguridad Pública estatal en la Costa Grande, Pedro Castro Muñoz, y el representante de la delegación estatal de Gobernación, Juan Moreno Barrios.
También estuvo el coordinador regional de la Marina Guardia Nacional, Jorge Daniel Bernal Lara, el titular del Ministerio Público del fuero común de Tecpan, Agustín Peña Fajardo, el inspector de la Policía Militar, Gustavo Chacala y el suboficial de la Policía Federal Gendarmería, Said Ruiz Flores.
De la Policía Ciudadana, que se informó está adherida a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), llevaron la batuta Guillermo Díaz Espino, Víctor Espino Cortés e Ignacio Chávez Arreola.
Acudieron 36 comunidades de la sierra de Petatlán y dos ejidos de Coyuca de Catalán, informan
Durante la exposición de los motivos por los que se formó la autodefensa, Ignacio Chávez dijo que en esos momentos se encontraban representando a 36 comunidades de la sierra del municipio de Petatlán y a dos ejidos limítrofes del municipio de Coyuca de Catalán, El Durazno y San Antonio de las Tejas, conformados “por muchas comunidades”.
Informó que un grupo de la delincuencia organizada asentado en la parte poniente de la sierra de Petatlán, desde hace meses asesina, secuestra, desaparece personas, roba ganado, quema ranchos, cobra piso, y envenena alimentos para provocarles la muerte a los habitantes de esas comunidades, entre otros ilícitos, sin que las autoridades los detengan.
Expuso que debido a lo grave de la situación de inseguridad decenas de familias han tenido que dejar sus comunidades “sólo con la ropa que traen puesta”, para poder salvaguardar sus vidas.
Apuntó que a consecuencia de las localidades abandonadas sólo en este año se han perdido “más de cien toneladas de aguacate y más de cien toneladas de manzanas orgánicas”, que son parte de los productos que cultivan en la parte alta de la sierra.
Dijo que el lunes en Santa Rosa recibieron una amenaza del jefe del grupo delincuencial en el sentido de que si las mujeres de esa zona de la sierra acudían este martes a la cabecera municipal de Petatlán a cobrar el dinero de un programa de gobierno, las matarían a ellas y a sus niños.
Enseguida pidió a los funcionarios que escucharan los testimonios de las víctimas de los criminales, que han asesinado a unos 26 habitantes de la sierra, según el registro que ellos llevan.
Algunos vecinos de la sierra expusieron a llanto abierto, cómo por presuntas órdenes del jefe criminal les han matado a sus hijos porque se negaron a formar parte de la organización criminal, y cómo ellos han tenido que huir dejando atrás su patrimonio producto de muchos años de trabajo.
Otros contaron cómo los delincuentes han llegado a sus casas y les quitan las tejas para llevárselas, uno más dijo que mataron a sus hermanos porque se negó a pagarles una cuota de 100 mil pesos que le exigían.
Otro contó que su hermano fue sacado de su casa y desde hace un mes se desconoce su paradero, a algunos más les han robado su ganado y los sicarios se han quedado con sus tierras y sus casas.
Coincidieron en que se cansaron de ser víctimas de todos esos abusos y se organizaron para defender sus vidas, ya que las corporaciones policiacas pese a que conocen la inseguridad que se vive en la sierra, no han intervenido para detener al jefe criminal, del cual dieron detalles de dónde puede ser localizado, al tiempo que consideraron inverosímil que no haya podido ser detenido, “no estamos diciendo que estén coludidos, pero no han podido acabar con esta inseguridad”.
Uno de los campesinos expresó que con la inseguridad que se vive en la sierra, principalmente en el ejido El Durazno, el jefe criminal tiene la vista puesta en que toda esa zona “se quede sola” para explotar los recursos maderables de ese núcleo agrario, que cuenta con 1 millón de metros cúbicos de madera en rollo, la cual “vendida en Papanoa cuesta mil 700 pesos el metro cúbico, estamos hablando de miles de millones de pesos que piensa sacar si se queda con toda nuestra madera, por eso anda matando a la gente”.
También expusieron que en la sierra hay comunidades que ya no tienen maestros ni doctores, y las pocas familias que quedan allá han preferido mandar a otros lugares a sus hijos varones para que no sean obligados a integrarse al grupo criminal.
Uno de los campesinos se dolió de la ineficiencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), contó que desde hace un año que le mataron a su hijo ha dado vueltas en la agencia del Ministerio Público en Coyuca de Catalán y no han girado una orden de aprehensión en contra de los autores intelectuales y materiales del asesinato. Lamentó que hay justicia sólo para quienes tienen el dinero para conseguirla.
Otro señaló que requieren de nueva cuenta los documentos de sus tierras y demostrar que son los legítimos dueños, pues al salir de sus lugares de origen no tuvieron posibilidad de traérselos consigo.
Tienen que poner la denuncia, responden las autoridades y ofrecen un módulo móvil del MP en Santa Rosa
Los funcionarios dijeron que para que puedan intervenir en los homicidios tienen que poner una denuncia ante la Fiscalía General, y en ese punto durante varios minutos se enfrascaron en un intercambio de comentarios respecto a la ineficiencia de los agentes del Ministerio Público para procurar justicia pronta y expedita.
Luego, el delegado Juan Méndez informó que se autorizó que durante dos días a partir de este miércoles un módulo móvil del MP estará en Santa Rosa para registrar todas las denuncias por homicidio y demás delitos por los cuales se sientan agraviados.
Asimismo, también por dos días estará un módulo con servidores públicos del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria atendiéndolos en esta localidad para que puedan recuperar sus documentos.
Enseguida Méndez Nogueda les pidió que fijaran su postura respecto a su decisión de conformar una Policía Ciudadana, pues indicó que aunque estén adheridos a la UPOEG carecen de legalidad, ya que las policías comunitarias consideradas en la Ley 701 sólo son para un territorio especial del estado (la Costa Chica-Montaña donde opera la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias –CRAC-), “y ustedes están fuera de ese territorio”.
Uno de los representantes comentó que lo que buscan es coordinarse con la Guardia Nacional para hacer frente al grupo delincuencial que tiene asolada esa región.
Expuso que están cansados de la inseguridad en la que viven y que sólo tienen dos propuestas: trabajar en coordinación con la Guardia Nacional, “porque nosotros sí sabemos y conocemos por dónde se mueve esa gente”, o que los dejen hacerle frente ellos mismos, “nosotros ya nos conformamos como Policía Ciudadana y retroceder significa la muerte”.
Pidieron que además de buscar una coordinación con la Guardia Nacional se revise la situación legal de los policías municipales de Petatlán, pues aseguraron que esa corporación no sirve a los intereses del pueblo, sino a los del grupo criminal, al tiempo que consideraron que policías que no estén acreditados ni evaluados por los exámenes de control de confianza no pueden trabajar como tales.
Admitieron que quizás ellos como Policía Ciudadana no están constituidos de manera legítima, por lo que pidieron que sean asesorados para poder defender sus vidas, las de sus familias y su patrimonio.
Este viernes tendrán una reunión con asesores jurídicos del gobierno federal en las oficinas de la Policía Federal en Acapulco, según acordaron.
El coordinador de la eventual Guardia Nacional dijo entender como ciudadano y como militar la situación de inseguridad que están padeciendo, pero que no pueden coordinarse con ellos como Policía Ciudadana pues esa figura no está en la nueva ley de la Guardia Nacional, pero ofreció que “como ciudadanos” sí se pueden coordinar aportando información sobre los lugares en dónde encontrar al grupo criminal para combatirlo.
La respuesta que obtuvo fue que no van a dejar las armas, sino que harán retenes de vigilancia en la sierra, “con el mismo calibre de armas que trae esa gente, ellos traen rifles AK-47, AR-15, calibre 50”, y que están dispuestos a atenerse a las consecuencias, “lo que estamos pidiendo es que ustedes nos ayuden y nosotros ayudarlos para que ya se acabe toda esta violencia”, y acordaron que mientras resuelven la situación legal, “como ciudadanos” aportarán información a la Guardia Nacional para que acuda a la sierra a combatir a los hombres armados, “vamos a buscar la legalidad, pero mientras tanto, nos vamos a defender”.
Enseguida los funcionarios aseguraron que seguirán reuniéndose con ellos para darle seguimiento al tema de inseguridad en la sierra de la Costa Grande y la Tierra Caliente.
