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El sistema de seguridad de la UPOEG fue infiltrado por la delincuencia organizada, reconoce Bruno Plácido

A cuatro años de que se fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) en Ayutla, auspiciado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el dirigente de la agrupación Bruno Plácido Valerio reconoció que ha sufrido la infiltración de la delincuencia organizada, que el proyecto no se está cumpliendo como fue planeado y denunció la intervención de la Secretaría de Gobernación (Segob) para dividir a la organización.
El SSJC surgió el 5 de enero de 2013 en Ayutla, ahora tiene presencia en 600 pueblos de municipios de las regiones Costa Chica, Centro, Acapulco y en la sierra. Cuenta con 5 mil 552 policías ciudadanos.
Ayer el dirigente y promotor Bruno Plácido hizo un recuento de lo que ha pasado en los cuatro años desde que se creó ese sistema, como una alternativa al problema de inseguridad y violencia en el estado.
Fue entrevistado en un restaurante de esta ciudad previo a la asamblea estatal programada para este 4 y 5 de enero en Cruz Grande, con motivo de los cuatro años de que se creó el SSJC.
Dijo que la creación de ese sistema significó una tranquilidad del 80 por ciento en los pueblos donde ahora opera.
Denunció que los conflictos que ha tenido con el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), en Tierra Colorada (cabecera de Juan R. Escudero) y en el valle de El Ocotito fue porque “se metió” Gobernación federal para confrontar “y vendió la idea de que había un pleito por el territorio”.
“Nosotros no traemos ningún pleito por el territorio, venimos consolidando un proyecto de los pueblos donde la ciudadanía día a día toma decisiones que nunca ha tomado”, dijo.
Explicó que el otro 20 por ciento que le falta por trabajar en materia de seguridad a la UPOEG en los pueblos, es en cuanto al empoderamiento de la gente, para que tome sus propias decisiones, “que decida más, que tengan un concepto de forma de reunirse para tomar una decisión colectiva”.
–¿Cómo vivían los pueblos hace cuatro años, concretamente en Ayutla, donde surgió la Policía Ciudadana, qué motivó la creación de esta policía?,– se preguntó al promotor.
–Vivía una población sometida, a cualquier ciudadano de un pueblo lo humillaban, los extorsionaban. Llegaban hasta los aboneros o empleados de la CFE (Comisión Federal de Electricidad) y abusaban de la población y hoy ya no, porque a un pueblo que tiene seguridad ya no tan fácil lo someten o lo humillan.
“Yo creo que sí ha habido cambios. También ha habido errores porque no se puede cambiar tan fácil en cuatro años, pero esos errores los hemos estado cambiando entre todos. No podemos decir que todo es maravilla”, reflexionó.
–¿Hubo algún hecho que derramó el vaso de agua dentro de toda la violencia e inseguridad que se vivía, para que se constituyera la Policía Ciudadana?, porque existe la versión de que se conformó por divisiones con la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias).
–Nosotros nunca hemos tratado de dividir a la gente, en 1995 cuando se formó la CRAC su objetivo fue la seguridad y la justicia, pero después entre todos analizamos que era necesario crear un organismo de pluralidad, que no necesariamente fuera indígena para ejercer el desarrollo de los pueblos en la cuestión de carreteras, luz, reordenamiento de los pueblos. Y cuando llegamos a Ayutla les pedimos a los de la CRAC que vinieran a conformar la policía pero por celos de un grupo radical que quería utilizar a la Policía Comunitaria para confrontar al Ejército y al gobierno, no se pudo. El objetivo nuestro no era confrontar, sino ejercer el poder que le pertenece a cada pueblo.
“Esa fue la ruptura, pero no fue para la división, sino que nuestra separación fue por el radicalismo, y porque buscamos la estabilidad de las comunidades sin distinción de raza. Fue así que el 4 y 5 de enero surgimos, quisimos llamarnos Policía Comunitaria pero ellos emitieron un pronunciamiento en el que nos desconocieron y dijeron que la Policía Comunitaria no actuaba como nosotros. Era lógico porque cuando fundamos la CRAC eran otros momentos, y hace cuatro años la delincuencia era más sanguinaria y más cruel, por eso teníamos que romperlos de otra forma”, afirmó el también ex consejero de la CRAC.
–¿Estás satisfecho, era esto lo que querías que fuera en materia de seguridad y justicia, se está cumpliendo lo que se pensó que fuera?
–No se está cumpliendo, nos hacen falta muchas cosas. Lo que queríamos era fortalecer cada uno de los pueblos, para que ejercieran su libertad de decisiones sin temor a nada. Creo que el proyecto de la UPOEG no se está cumpliendo porque hemos tenido muchos obstáculos desde que se inició este proceso.
“Solamente se instituyó un sistema de seguridad y se están constituyendo los consejos municipales en cada uno de los municipios, pero aún así nos hace falta que encuentre tranquilidad la gente a un 100 por ciento”, agregó.
–¿Es el proyecto original?
–Sí, porque fue garantizar la seguridad de la población, hay abusos de algunos compañeros pero estamos purificando. También en algún momento algunos delincuentes se infiltraron para escuchar y ver qué hacíamos, pero también en eso se está trabajando para seguir en una segunda etapa. No podemos negar, hay infiltración de otros intereses.
–¿Fue lo que pasó en el valle de El Ocotito?
–Fue lo que pasó en el valle y en algunos otros lugares.
–Pero también hay acusaciones del FUSDEG en el sentido de que ustedes le sirven al cártel de la Sierra del Sur.
–Hay acusaciones pero una cosa es acusar y otra es probar lo que uno dice. Hay gente que acusa por celos, hay gente que acusa por salvar sus intereses, pero si ellos cumplieran el objetivo de sus asamblea nosotros no tuviéramos ningún conflicto con ellos. Si el método es la asamblea nosotros no tenemos ninguna discusión con ninguna otra organización, porque facilita el caminar de los pueblos, pero surgen organizaciones para confrontar a los pueblos, son grupos de choque para obstaculizar a otros.
“En este caso el gobierno federal tuvo que meter la mano para justificar que el proyecto comunitario no sirve, evidenciando que entre nosotros mismos nos estamos matando. Ese fue el objetivo de fondo. Lo que pasó en Michoacán quisieron aplicarlo en Guerrero, aquí no se pudo porque se viven otras condiciones”, dijo Plácido Valerio.
–Tu también has declarado que el ex subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava apoyó la constitución del FUSDEG, ¿tu si tienes pruebas?
–Ellos (el Gobierno federal) quedaron muy resentidos conmigo cuando retuvimos a los militares en El Pericón (municipio de Tecoanapa, en agosto del 2013) y desde allí se dedicaron a perseguirme, buscaban detenerme o matarme. Rompieron el diálogo con nosotros, sin embargo a ellos (a los del FUSDEG) les dieron toda la lana para controlar a la organización. Nosotros siempre cuidamos las formas y las seguiremos cuidando.
“El gobierno federal utilizó a compañeros a quienes los hicieron crecer, lo mismo hicieron con Eliseo Villar (ex coordinador de la CRAC) a quien utilizaron con dinero para que nos obstaculizara. Fue utilizado por Gobernación federal para la detención de Nestora y para romper a la CRAC, y credencializar a la Policía Comunitaria.
–¿El FUSDEG es una organización domesticada por el gobierno federal?
–Inicialmente se separaron (de la UPOEG) como una inconformidad interna, pero después los capitalizó Gobernación para justificar la confrontación.

Hubo diálogo con Ángel Aguirre, pero no fue su palero, asegura

–También se dice que la UPOEG fue apoyada en sus inicios por el ex gobernador Ángel Aguirre, es público que Bruno es amigo de Ángel Aguirre.
–No es tanto por la amistad, todos los conflictos sociales terminan buscando a un diputado, a un presidente municipal o a algún gobierno para resolver la inconformidad. Cuando nosotros surgimos el gobernador se vio obligado a dialogar con nosotros para la liberación de los 57 detenidos, cuando queríamos formar un tribunal popular para sancionarlos, fue por eso que él entabló el diálogo con nosotros pero eso no significa que hayamos sido paleros de Ángel Aguirre.
“Nos buscó porque si no, se venía la destitución de Aguirre antes de la desaparición de los 43 (normalistas de Ayotzinapa), porque hubo una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pedía el desafuero del gobernador si no atendía el caso de los 57 detenidos (por la Policía Ciudadana).
–Ahora el gobernador Héctor Astudillo dice que lo que surgió como una solución para la seguridad de los pueblos, se ha convertido en un problema, en referencia a la UPOEG y al FUSDEG, por los enfrentamientos que tienen, ¿la UPOEG asume esta responsabilidad?
–Nosotros no, porque seguimos con el objetivo original de cuidar a la población. Él no puede irse con una sola versión de lo que se diga en un lado. Un gobierno debe analizar a profundidad qué dice la población, no lo que se dice en el Faccebook. Yo creo que ahorita la zona de Petaquillas y del valle de El Ocotito ya está resuelto, solamente hay un diálogo por Tierra Colorada.
–¿Está mal informado el gobernador?
–No mal informado, se fue con una apreciación en un primer momento.
Para Plácido Valerio el proyecto del SSJC no se ha desviado, “lo desviaron otros para justificar la confrontación, a nosotros nos queda bien claro el proyecto”.
Aseguró que los conflictos con el FUSDEG solamente quedan en Tierra Colorada, “de allí para allá todo está resuelto, estamos dialogando”.
Explicó que en Tierra Colorada solamente se está dialogando en la mesa con el gobierno del estado para destrabar el conflicto mediante asambleas, en las que la gente decida en las comunidades.
Informó que cuatro años después de su constitución la Policía Ciudadana del SSJC cuenta con 5 mil 552 hombres armados en 600 pueblos de la sierra del municipio de Chilpancingo y de San Miguel Totolapan. Así como en comunidades de Chilpancingo y Juan R. Escudero, de la zona Centro, además en la zona rural de Acapulco.
Mientras que en la Costa Chica mantiene su presencia en los municipios de San Marcos, Tecoanapa, Ayutla, Cruz Grande, Cuautepec, Copala, Marquelia, Cuajinicuilapa y Ometepec.
Este miércoles y jueves la UPOEG hará su asamblea para celebrar el cuarto aniversario de la fundación del SSJC en Cruz Grande, cabecera del municipio de Florencio Villarreal, en donde la agenda será la toma de decisiones en cuanto al incremento al precio de la gasolina, las elecciones por usos y costumbres en los municipios con población indígena y las candidaturas independientes, informó Plácido Valerio.

El grupo de El Tequilero podría huir a una ranchería pero está cercado, considera la autodefensa

El grupo de autodefensa de San Miguel Totolapan investiga la posible ruta de escape del líder criminal Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, de La Gavia a la sierra luego de que el Ejército cercó ese poblado sin que lo pueda detener.
Una versión es que pudiera irse a una ranchería que está aproximadamente a 5 kilómetros de distancia rumbo a la sierra, luego de la presión de la Policía Ministerial y de los soldados en La Gavia.
La autodefensa cree que el grupo criminal Los Tequileros están cercados pues por un lado están ellos vigilando la ruta hacia la parte del centro, del otro lado del río en las comunidades El Remance, El Cubo y La Tinaja hay grupos que también se armaron y vigilan que ese grupo no cruce el río Balsas.
En tanto que en la parte alta de la sierra está la policía comunitaria que también bloqueó.
En la ruta de la sierra se encuentran los puntos más importantes de cruce hacia la Costa Grande bloqueados por la policía comunitaria que es contraria al grupo de El Tequilero en la comunidad de Petlacala, en Encino Amarillo y más arriba en la comunidad Lindavista.
En las colindancias con Ajuchitlán se encuentran levantadas en armas las comunidades El Coco y La Laja que son otra de las rutas de escape desde La Gavia. Estos grupos son afines a los civiles armados de San Miguel Totolapan.
La valoración de un posible escape hacia la sierra surgió luego de que el Ejército y la Policía Ministerial prácticamente rodearon el pueblo de La Gavia así como su cerro en donde detuvieron a cinco delincuentes y liberaron a tres secuestrados, pero no se ha informado de que entre los detenidos esté el líder de la banda.
El ejército recorre puntos cercanos a la comunidad, considerando que parte de la célula podría ubicarse en otro de los cerros cercanos, pero la autodefensa tiene la versión de que podrían haber tomado una ruta a pie para escapar.

A Los Tequileros les gusta caminar

Entre los integrantes de la autodefensa de San Miguel Totolapan hay víctimas del grupo criminal de El Tequilero, unos han sufrido de extorsiones y otros han tenido algún familiar secuestrado y consideran que una de las principales características de estos delincuentes es que les gusta caminar largos tramos de terreno.
Según los testimonios de secuestrados de Arcelia en enero cuando ese grupo se llevó a 23 vecinos, entraron a esta ruta caminando y ahí se llevaron una camioneta.
Los maestros que también fueron secuestrados a principios de año en Santana del Águila municipio de Ajuchitlán, también confirmaron que tomaron una ruta a pie por los cerros cercanos y que todos los días cambiaban de un punto a otro caminando largas distancias. El cansancio fue tal que el director de la escuela falleció el primer día ya que tenía una complicación física.
A la comunidad de San Jerónimo el Grande también en Ajuchitlán, donde recientemente secuestraron a 10 vecinos, éstos informaron que el grupo de Los Tequileros entraron caminando por el río y por un camino que va de Santana del Águila. Estiman que pudieron haber caminado más de 15 kilómetros.
Por eso la mayoría de los secuestrados han sido liberados en las faldas de los cerros, principalmente los cercanos a La Gavia. Suben y bajan en poco tiempo sin que puedan ser detenidos.

Más de 50 casas de víctimas de secuestros o asesinatos siguen abandonadas en el centro de San Miguel Totolapan

En el centro de San Miguel Totolapan hay más de 50 casas abandonadas porque las familias fueron desplazadas, los dueños ya no quieren volver porque sufrieron secuestros o les mataron a algún familiar en los últimos tres años.
Según la estimación del grupo de autodefensa, esta semana regresaron cerca de 60 integrantes de familias que estaban viviendo en otros municipios o en comunidades alejadas de Tierra Caliente o en otras partes del estado.
Hay todavía una lista de personas que terminaron en los Estados Unidos o en el Distrito Federal huyendo de la violencia de San Miguel Totolapan.
Se estima que son más de 50 casas sólo en la parte del centro que se encuentran abandonadas, y que la mayoría de ellas representan negocios que fueron cerrados desde hace tres años y no volvieron a funcionar.
Por lo menos tres familias de dueños de comercios grandes de materiales y de abarrotes que estaban en el centro, no han regresado y no lo quieren hacer.

Liberan al hijo y al sobrino de un adulto mayor que se sumó a la autodefensa

El miércoles el señor Abacuc de 77 años se sumó a la autodefensa, a pesar de su avanzada edad llevó víveres con la esperanza de que el movimiento le regresaría con vida a su hijo y a su sobrino secuestrados, quienes fueron liberados la tarde de este lunes.
A casi una semana de sus mensaje de apoyo, el movimiento de autodefensa celebró con el señor Abacuc la libertdad de sus dos parientes y la de un amigo de ellos, quienes fueron secuestrados el 28 de octubre en la carretera de San Francisco a Valle Luz, que son dos pueblos muy cercanos La Gavia.
La familia no quiere hacer declaraciones pero su felicidad no la esconde. Hablan una y otra vez con la gente que mantiene la seguridad en San Miguel Totolapan, porque “de no haberse iniciado esto ellos no estarían libres. Sabemos que el gobierno le entró, pero si ellos no se hubieran movido el gobierno no hubiera hecho nada. Fíjese cuánto tiempo llevaban secuestrados y nadie nos hacía justicia”, dicen.
Habacuc dijo el 14 de diciembre “vengo a sumarme a este movimiento para pedirles su apoyo, porque creo que así podrá regresar mi hijo”.
Su mensaje no quiso ser escuchado por la comisión negociadora que envió el gobierno del estado, pero la presión del grupo de autodefensa hizo crecer el movimiento y la exigiencia de que ingresaran al pueblo de La Gavia en busca de El Tequilero.
“Yo soy de los Guajes, me vine caminando desde haya (14 kilómetros), vine a sumarme a este movimiento porque creo que pueden rescatar a mi hijo Abacuc y mi sobrino Tomás. No sé nada de mi hijo desde esa fecha. Me vine andando porque con la ayuda de todos creo que se puede. Yo no sé porque motivo no hacen nada, hay gente que dice que los mataron pero no aparecen. Las autoridades no han dicho nada, no sé nada de mi hijo y de mi sobrino. Ya no quiero que ande por allá, quiero a mi hijo por favor”, suplicó el señor entre lágrimas el miércoles 14, justo después de la liberación del ingeniero Isauro que fue intercambiado por la mamá de El Tequilero.
El lunes oficialmente se anunció la liberación de tres secuestrados, Pedro, Tomás y Abacuc, y la detención de cinco integrantes del grupo criminal Los Tequileros, que los tenían cautivos en el cerro de La Gavia.

Deja dos muertos y dos heridos un enfrentamiento en Palo Barrenado, sierra de Ajuchitlán

En la sierra del municipio Ajuchitlán del Progreso se reportó un enfrentamiento entre civiles armados en la comunidad de Palo Barrenado, donde hubo dos muertos y dos heridos.
El primer reporte mencionaba 10 hombres heridos pero el alcalde, Onofre Santana Ramírez, confirmo vía telefónica dos muertos y dos heridos según el reporte que recibió de la parte alta del municipio, pero dijo que desconocía los detalles y las causas del enfrentamiento.
Un primer reporte policiaco señalaba cuatro muertos y daba como fuente al mismo presidente municipal, quien finalmente desmintió y dijo que pudo tratarse de una confusión.
No se conocen detalles de este enfrentamiento y el gobierno del estado reporto en un boletín que partió a la sierra de Ajuchitlán un grupo de militares, para verificar la información.
Se trata de una ruta de más de 5 horas de camino desde la cabecera municipal. La población de Palo Barrenado es una localidad pequeña de no más de cinco casas que se ubica en la parte más alta de la sierra.

 

Confirma vocero de seguridad siete muertos y un herido en El Limoncito, sierra de Tlacotepec

 

El vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia confirmó que siete hombre fueron ejecutados a balazos y otro más fue herido en la comunidad El Limoncito, en la sierra del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec).
Ayer se informó que una incursión de un grupo de sicarios a cargo de un criminal identificado como El Teniente, dejó al menos ocho muertos en los poblados El Encanto y El Limón.
Consultado por teléfono el comisario de Filo de Caballos municipio de Leonardo Bravo (que colinda con Tlacotepec), Arturo López Torres comentó que la tarde del domingo fueron asesinados tres vecinos de esta comunidad y otros cuatro la mañana del lunes, y los familiares de las víctimas los sepultaron en el panteón de El Limoncito.
López Torres señaló que desconoce el motivo del asesinato de los siete vecinos, porque integrantes de la Unión de Comisarios por la Paz, Seguridad y Desarrollo de la Sierra de Guerrero acudieron a la zona “pero aún no han regresado porque está lejos, para que nos informen, y por el momento no se sabe qué pasó”.
El comisario dijo que para llegar a Tecomasuchil y El Limoncito el primer camino es de Tlacotepec que son aproximadamente cinco horas, y otra ruta es con dirección a la comunidad Villaxóchitl municipio de Leonardo Bravo, que está a tres horas.
El vocero de seguridad señaló en un boletín de prensa que la muerte de las siete personas y el herido en El Limoncito fue una aparente riña contra pobladores de Tecomasuchil, ocurrida el pasado domingo. Las dos comunidades se ubican en la sierra del municipio de Tlacotepec.
Comentó que ante las denuncias de los pobladores, la mañana de ayer acudió un helicóptero de la Policía Estatal a las dos comunidades para recabar información de cómo ocurrieron los hechos y el número de muertos.
Agregó que las siete víctimas fueron levantadas por sus familiares para ser sepultadas, además agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a la zona para hacer las investigaciones correspondientes, e integrar una carpeta de investigación para detener a los presuntos responsables.
Asimismo soldados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asumieron la seguridad en Tecomasuchil y El Limoncito para evitar otro hecho de violencia, dijo.
En la mañana según un parte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, policías rurales se comunicaron con el comisario de Los Morros, en Leonardo Bravo, Ismael Cástulo Guzmán quien informó que en la comunidad El Limoncito, “se encuentran siete personas privadas de la vida y en la comunidad de Tecomasuchil seis heridos”.
Cástulo Guzmán señaló que los pobladores de esa comunidad informaron al presidente municipal de Tlacotepec, Juan Pedro Salgado Román y éste “les pidió que no reportaran nada para evitar represalias de los agresores”.
En el parte se informa que la corporación se comunicó con el alcalde priista de Tlacotepec, “quien manifestó que no se había reportado ningún incidente en sus comunidades”.
Por otro lado fuentes de la Fiscalía General del Estado informaron que la muerte de las siete personas asesinadas a balazos y el herido fue debido a conflictos entre familias.

 

Anuncia Astudillo una inversión de 71 millones en comunidades de la sierra de Chichihualco

En la segunda visita del gobernador Héctor Astudillo Flores en menos de un mes a la sierra, durante su gira de trabajo en Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), la Unión de Comisarios de la Sierra solicitó el apoyo de cien policías estatales más para reforzar la seguridad.
En la gira de trabajo, el gobernador anunció una inversión de más de 71 millones de pesos para el municipio serrano aplicados a través de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural de Guerrero (Sagadegro), de Salud, de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren), así como del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (Igife) y de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (Cicaeg).
El pasado 16 de julio realizó Héctor Astudillo Flores su primera visita a la sierra y estuvo en Tlacotepec, municipio de Heliodoro Castillo, uno de los lugares más conflictivos por la presencia del crimen organizado y la demanda de los comisarios para la legalización de la siembra de amapola con fines medicinales.
Ocultos entre los árboles de encino, policías estatales cumplieron con un estricto operativo de seguridad, mientras el comandante de la policía estatal encargado de los desalojos contra maestros, Tomás Benítez, realizaba recorridos en motocicleta por la carretera Xochopala-Tlacotepec minutos antes de la llegada del gobernador.
Como parte de su visita a Filo de Caballos, y fuera de la agenda pública de sus actividades, el gobernador Héctor Astudillo desayunó en la casa identificada por los pobladores como del cacique Matías Gómez, ubicada al pie de la desviación para Tlacotepec.
En la misma casa pero antes de la llegada del gobernador, desayunaron el jefe de la oficina del gobierno, Alejandro Bravo Abarca, y el director del Cicaeg, Ricardo Taja Ramírez, y los secretarios Carlos de la Peña Pintos y Juan José Castro Justo.
La visita del gobernador coincidió con la llegada del obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, monseñor Salvador Rangel Mendoza, quien fue recibido con cohetes y collares de flores a un costado de la casa donde desayunaría el gobernador, pero en ningún momento se juntaron.
Incluso uno de los feligreses llamó a uno de los pobladores que esperaba al gobernador para que saludara a Rangel Mendoza.
“Este es más pesado e importante que el mismo gobernador”, comentó.

Recorrido por el Hospital Comunitario

El hospital Comunitario de Filo de Caballos, inaugurado en 1998 para atender a una población de 24 mil habitantes del municipio de Leonardo Bravo y comunidades circunvecinas, se mantuvo durante nueve meses de la nueva administración laborando con guardias a raíz de la inseguridad.
Durante un recorrido encabezado por Astudillo Flores y el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, se reconoció que además de la falta de mantenimiento en las instalaciones el problema de seguridad lo mantiene sin funcionar adecuadamente.
Consultado al finalizar el recorrido, donde recibió peticiones de las enfermeras, quienes le solicitaron un aumento a su salario ya que permanecen 24 horas en el hospital que consideran dentro de una zona de “alto riesgo”, Astudillo Flores puntualizó que el hospital está “casi cerrado”, pero se reactivará con la inversión anunciada de 1.5 millones de pesos para la compra de quipo de rayos X y para la esterilización del material para cirugía.
En la misma visita se le preguntó al secretario de Salud cómo se atiende el problema que ha provocado la falta de medicamentos en el nosocomio por la inseguridad, a lo que respondió que la misma gente del pueblo se encarga de la seguridad de los trabajadores.
Como nuevo proyecto emprendido por en nuevo gobierno priista se anunció la gestión para la construcción de una casa de atención a la mujer embarazada, que requiere de una inversión de 3 millones de pesos, en la que se pretende alojar a mujeres que requieran de atención médica.

“Queremos que nos vean como serreños en paz”

Durante la entrega de apoyos, el presidente de la Unión de Comisarios de la Sierra, Ismael Cástulo, quien participó en el bloqueo de la Autopista del Sol el 28 de abril, solicitó al gobierno del estado apoyo para que se abran plazas para cien nuevos policías estatales rurales.
“Queremos que ya nos vean como unos serreños en paz, que vivamos bien, siempre y cuando los apoyos lleguen a la sierra, hay que ver por los niños”, agregó.
Solicitó que Seguridad Pública apoye con 100 policías estatales rurales, con el objetivo de tener “vigilantes”.
Durante su intervención enfatizó que esperan el apoyo con más patrullas y una antena de telefonía celular para mantener comunicada a la sierra con la capital.
Recordó que el gobernador entregó a los comisarios una camioneta, así como el proyecto para iniciar la construcción de una oficina como comisaría.
Por su parte el gobernador Astudillo Flores pidió a los secretarios asistentes que detallaran los montos a invertir en el municipio de manera rápida “para no cansar a la gente”, por lo que sólo comentó que todo es en beneficio del desarrollo de las comunidades del municipio de Leonardo Bravo.
Al concluir el acto se detalló por cada dependencia que la suma total de la inversión para el municipio serrano será de poco más de 159 millones de pesos.
Se informó de la entrega de 4 mil 600 paquetes de útiles escolares, notificaciones del programa Concurrencia, de láminas para la comunidad de Chicahuales.
También se anunciaron obras para el abasto de agua potable, y la construcción de caminos entre Puerto del Gallo-Cruz de Ocote-Filo de Caballos.
Al acto protocolario de entrega de apoyos asistió el alcalde de Leonardo Bravo, Alfredo Alarcón Rodríguez, y los comisarios de las comunidades.

No se puede reubicar a damnificados de la sierra de Chilpancingo en Coapanguito, dice la Sedatu

 

El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), José Manuel Armenta Tello informó que las 578 familias que habitan en la comunidad de San Vicente y que solicitan trasladarse al predio Coapanguito, no podrán ser reubicados debido a que la comunidad no se registró en el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) luego de las contingencias por Ingrid y Manuel en 2013.
El sábado, dirigentes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG) y representantes del comisariado ejidal de San Vicente, de la zona serrana capitalina, exigieron al Ayuntamiento la reubicación de las 578 familias damnificadas al predio nuevo en Coapanguito antes de reforestar el terreno Los Amates, donde se prevé que construirán el parque ecológico Nicolás Bravo.
Consultado vía telefónica para conocer el motivo del atraso en la reubicación de San Vicente, Armenta Tello detalló que la comunidad no forma parte del padrón de beneficiarios con cobertura del Fonden, pese a los desastres que causó la contingencia en 2013, y que por ello está clasificada con un subregistro en los programas de la Sedatu.
Explicó que la comunidad cuenta con un dictamen previo de Protección Civil (PC) estatal, sin embargo, para avalar la reubicación total se requiere de un nuevo diagnóstico del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y de un análisis detallado del predio donde serían reubicados, “ya que debe haber las condiciones justificadas”, dijo.
Explicó que en la pasada administración el entonces delegado, Héctor Vicario Castrejón argumentó que esa comunidad serrana no se incluyó en el Fonden “porque no cumplía la condición de reubicación; nos argumentaron que el daño en esa comunidad fue anterior a Manuel e Ingrid, pero que si en las contingencias prevalecía esa condición, se debieron haber reubicado”.
Reiteró que de acuerdo con la postura de las autoridades de San Vicente, es necesario trasladar a las familias al predio de Coapanguito, por lo que es necesario emitir el dictamen del Cenapred para determinar si la reubicación es total o parcial.
Agregó que dicho diagnóstico ya fue solicitado a nivel federal y que el Cenapred hará una visita a la comunidad de Chicahuales y que posiblemente también dictamine las condiciones de San Vicente, aunque indicó que desconocía la fecha específica de los trabajos.
A Armenta se le preguntó si los pobladores tienen conocimiento del problema, y expuso que ha platicado con el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez, para analizar la posibilidad de que mediante otro programa se pudiera colaborar en la reubicación de la comunidad.
Reconoció que la exigencia de los pobladores es justificada, pues a casi tres años de las contingencias, siguen sin tener respuestas.
Mencionó que originalmente la comunidad estaba considerada para ser reubicada, esto de acuerdo con el ex presidente municipal priista, Mario Moreno Arcos, “pero por una razón que no se explica no estamos incluidos en el Fonden, así como Chicahuales”.
José Manuel Armenta agregó que en caso de que se traslade al pueblo de manera total, significaría el proyecto de reubicación más amplio después del fraccionamiento El Mirador, donde habitarán 598 familias.
No obstante, indicó que no hay un desacuerdo para reubicar a la comunidad, “conozco San Vicente, su tipo de suelo, con laderas inestables, pero habrá que diagnosticar la proporción, para conocer si el traslado es parcial o general”, expresó.

El 90 % de las familias de la sierra se dedican al cultivo de amapola, dice ex titular de la Seder

 

El ex secretario de Desarrollo Rural (Seder), Rigoberto Acosta González, consideerá “sensata y viable” la propuesta del gobernador Héctor Astudillo Flores para legalizar el cultivo de amapola para fines medicinales, y destacó que en la sierra guerrerense habitan al menos 18 mil familias, de las cuales el 90 por ciento tiene relación directa con la siembra y producción de la planta.
Asimismo, Acosta González, quien es dirigente del Consejo Regional de la Sierra de Guerrero (Cresig) y del Consejo de Productores de Maguey y Mezcal, remarcó que en un cálculo “conservador” la sierra produce alrededor de 105 millones de pesos cada tres o cuatro meses, es decir, al menos 400 millones al año.
Consultado vía telefónica, el funcionario del gobierno interino de Rogelio Ortega destacó que el “comentario” del gobernador para buscar un mecanismo de legalización del enervante con propósitos medicinales es una opción “sensata y viable”.
Ante la infiltración del crimen organizado en las comunidades productoras del estupefaciente, dijo que la opinión de Astudillo debe aplaudirse, “ya que a grandes problemas, grandes soluciones”.
Aunque añadió que finalmente existen riesgos y reveló que “en más de 25 años no me había atrevido a declarar: no hay que cerrar los ojos, hay una actividad económica importante y es una cuestión riesgosa por los altísimos intereses que se van a trastocar en el momento de tomar una decisión como esta; yo esperaría que el gobernador matizara, profundizara y diseñara bien su propuesta, porque no es una propuesta de ocurrencia, entiendo que será de fondo y que requiere de un análisis serio para tener la información y la ruta por donde pudiera encauzarse la propuesta y llegar a los fines referidos”.
Subrayó que la dirigencia del Cresig ha analizado el fenómenodesde la llegada de la semilla a principios de los 70, proveniente de Sinaloa, para observar el número de generaciones que se han dedicado al cultivo principalmente en las zonas serranas.
Lamentó que esta actividad haya sido la única opción de los campesinos, ya que es una actividad que afecta, lastima y daña a la sociedad, “pero las familias de la sierra lo ven como la única opción para tener ingreso, algo así como un elemento cultural”.
Manifestó que a la hora de hacer cálculos “verdaderamente conservadores”, en las mil 287 comunidades situadas en la zona serrana se genera una producción de al menos 105 millones de pesos por la venta de droga cada tres o cuatro meses, dependiendo del ciclo de producción anual.
Abundó que el kilo de goma de opio es vendido a precios que varían entre 27 mil y 30 mil pesos, y quienes la adquieren “van y te la compran en el patio de tu casa o en las comunidades, es decir, es dinero en automático”.
Añadió que dependiendo de las condiciones climatológicas a que estén expuestos los cultivos, es como varía el ingreso entre 300 y 400 millones de pesos por la compra de la goma de opio recién extraída, aunque argumentó que al añadirle un proceso constructivo su valor se ubica entre los 750 y 800 millones de pesos, “y esa es la razón de la violencia de Guerrero y el país, y por tanto si se llegara a legalizar, creo que el primer efecto sería la reducción de la violencia”.
Argumentó que el gobierno estatal debe generar un plan o una política pública de sustitución de cultivos, para que en lugar de que los serranos siembren amapola se dediquen a la siembra de aguacate, durazno, agave, a la ganadería o al comercio.
Subrayó que en la asociación de mezcaleros en la que es dirigente, muchos agremiados han dejado de cultivar el enervante para establecer viveros y plantaciones de maguey, con el fin de producir mezcal, que resulta una buena opción de ingresos.
Dijo que el planteamiento del gobernador debería abrirse a una discusión con el gobierno federal, la Secretaría de Salud, académicos e investigadores y organismos internacionales que coadyuven a encontrar un mecanismo que permita erradicar el cultivo de enervantes y dar la transparencia requerida con el fin de disminuir los índices de violencia que prevalecen en Guerrero.
Planteó que el Congreso local junto con organizaciones campesinas y académicos del país y el extranjero pueden aportar ideas para vislumbrar los beneficios que resultarían de la legalización de la amapola para usos medicinales, “yo lo que sé es que la heroína que se produce en Guerrero y que va a mercados como el norteamericano es utilizada en un 90 por ciento en los laboratorios y apenas un 10 por ciento se va a consumo directo de quienes son adictos”.
–¿Entonces cree usted que todas estas familias serranas estarían dispuestas a regularizar este producto, tomando en cuenta que tal vez se reduciría el precio?
–Mira, no quisiera dudarlo y por el contrario quisiera afirmarlo y te voy a decir por qué razón: como consecuencia del cultivo de ilícitos hay también un número importantísimo de hombres y mujeres en las cárceles, a consecuencia del movimiento de droga, básicamente de heroína, es decir la gente está consciente de que es una actividad de altísimo riesgo frente a la autoridad. Ellos lo que piden es que el gobierno dé una opción distinta para frenar la producción de la amapola.
El dirigente advirtió que la sierra sigue en el abandono, la miseria y la falta de oportunidades sin apoyo institucional, “si llegan programas de vivienda, productivos y de electrificación, educación y salud, estoy seguro que mucha gente dejaría de sembrar amapola”.

Critican que en los foros para el Plan de Desarrollo el gobierno no tomó en cuenta a la Sierra

El Foro Permanente de Organizaciones Sociales de Guerrero anunció que se realizará el octavo foro regional en la comunidad de El Paraíso, municipio de Atoyac, para hablar de las condiciones de pobreza y marginación en la sierra.
En conferencia de prensa el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias, Evencio Romero, dijo que el 6 de enero solicitaron al gobernador Héctor Astudillo Flores se realice el octavo foro regional este 31 de enero.
Mencionó que para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 sólo consideraron siete foros de consulta pública, pero es importante que también sea atendida la sierra como la octava región del estado.
El presidente de la Unión Estatal de Silvicultores, Pablo Cortés Varona manifestó que, “hay un abandono en la sierra de toda la vida”.
“Es un territorio de completa impunidad, allá se mata, se hacen tropelías y no pasa nada, nadie va a la cárcel, no respetamos la ley, basta irnos a otro poblado, no hay justicia”. Dijo que hace 60 años llegó más gente y cambió la economía, “desde hace 20 años sólo cultivamos la amapola y tenemos que comprar la comida”, por eso es necesario el octavo foro para atender las problemáticas de la sierra.

Prevén temperaturas menores a 10 grados centígrados en la sierra y en la región Norte del estado

En la zona de la Sierra y en la región Norte de Guerrero se registrarán temperaturas menores a 10 grados centígrados, informó la Secretaría de Protección Civil estatal.
De acuerdo con un boletín de prensa de la dependencia, las temperaturas máximas serán, en Tierra Caliente de 33 a 35 grados, Norte de 32 a 34, Centro de 30 a 32 y Montaña de 29 a 31 grados.
En la Costa Grande, Costa Chica y Acapulco, la temperatura máxima será de 31 a 33 grados centígrados.
“Asimismo, durante la tarde se presentarán vientos del sur variando al suroeste en la costa de 10 a 15 kilómetros por hora y en la parte alta de la sierra de 25 a 30 kilómetros por hora”, concluye el comunicado.

Avanzan los campesinos de la sierra hacia Chilpancingo contra el desarme de policías ciudadanos

Foto: Lenin Ocampo
Foto: Lenin Ocampo

11:30.   Unos 300 campesinos de más de 30 pueblos de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco), Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Eduardo Neri (Zumpango), avanzan hacia la capital en una caravana de vehículos para protestar en contra de que el Ejército continúe desarmando a los policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en la sierra.

“Exigimos la detención de Ángel Villalobos Arrellano y Juan Castillo Gómez” se lee en una pancarta que portan los pobladores de la comunidad de La Vuelta contra los presuntos jefes del grupo delictivo que opera en la sierra de Chichihualco; mientras que una de los vecinos de Los Bajos dice: “queremos que Héctor Astudillo investigue al coronel Arroyo y al teniente Zamora”, en referencia a los jefes militares que incursionaron el jueves en El Naranjo, a quienes acusan de desarmar a los policías ciudadanos y dejarlos a merced del crimen organizado.

A las 11 de la mañana de este lunes, el contingente salió de la cabecera municipal del Leonardo Bravo, y avanza hacia Chilpancingo en una caravana de unas 20 camionetas tipo estaquitas y automóviles.

Hoy los manifestantes no han hecho declaraciones, pero ayer por teléfono informaron que pretenden bloquear la Autopista del Sol para exigir la atención de las autoridades.

La inconformidad surgió por el desarme que realizaron los soldados del 50 Batallón el jueves, cuando unos 100 policías ciudadanos se enfrentaron a 500 sicarios en la comunidad de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo. Después del desarme, 15 integrantes de la UPOEG fueron emboscados por los sicarios, estuvieron escondidos en los cerros, uno de ellos fue hallado muerto y otro no ha sido localizado.

Entre la noche del jueves y la mañana del viernes, los habitantes de la sierra retuvieron a los militares en el poblado de Carrizal de Bravo para exigir la liberación de 60 policías comunitarios que habían detenido en El Naranjo.