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La estrategia funciona y sin ella el estado estaría “más convulsionado”, dice Almazán a diputados

Durante su comparecencia ante el Congreso local, los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, defendieron la estrategia en la materia que el gobierno del estado y la federación mantienen en Guerrero.
Argumentaron que los pocos resultados en el combate a la delincuencia son producto de la insuficiencia presupuestal en sus instituciones y acusaron a los gobiernos municipales de no cumplir sus responsabilidades en la prevención del delito.
Por ello solicitaron a los diputados mejorar los presupuestos de esas dependencias en el ejercicio fiscal del próximo año, de lo contrario advirtieron que la ola de violencia e inseguridad en el estado difícilmente se erradicará.
Durante su informe, el fiscal general Xavier Olea Peláez reveló que se identificó a dos funcionarios vinculados directamente con la delincuencia organizada, por lo que fueron consignados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Este martes comparecieron ante las Comisiones de Gobierno, Seguridad y Justicia del Congreso local, el titular de la SSP, Pedro Almazán Cervantes; el de la FGE, Xavier Olea, y el del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad, Daniel Pano Cruz.
La comparecencia se desarrolló en la sala José Francisco Ruiz Massieu de la sede del Legislativo y se extendió por poco más de seis horas.
Al contrario de lo que se había anunciado, sí se permitió la cobertura a reporteros, a quienes se les instaló una pantalla y una bocina afuera de la sala para escuchar los informes que los tres funcionarios presentaron a los diputados.

Se queja Almazán de los recortes presupuestales

El primero en intervenir fue Pedro Almazán, quien defendió la estrategia de seguridad que mantienen el gobierno de Héctor Astudillo Flores en coordinación con la federación, y aseguró que de no ser por las acciones que se han emprendido en la materia, Guerrero enfrentaría una situación aún más compleja de la que vive actualmente.
“La estrategia de seguridad sí está funcionando y está aportando resultados que contribuyen grandemente a la pacificación de Guerrero, pues de otra manera tendríamos ya un estado más convulsionado por las acciones de los cárteles de la droga”, expuso.
Dentro de los logros que destacó por parte de la SSP, dijo que del 27 de octubre de 2015 a la fecha se han destruido 74 mil 400 sembradíos de amapola, 799 de mariguana, 4.3 kilogramos de cocaína, 220 gramos de heroína, 6.7 gramos de cristal, 285 dosis de cristal, 572 gramos de piedra, 344 dosis de piedra, 9 kilos de sustancia base y tres laboratorios rústicos.
Indicó que también se han decomisado 217 armas largas, 300 armas cortas, 26 granadas de mano, 23 chalecos balísticos, mil 411 vehículos, 566 motocicletas, 480 teléfonos celulares y 46 radios de comunicación.
Además informó de la detención de mil 13 presuntos responsables de delitos del orden federal, 847 del fuero común y más de 4 mil personas han sido remitidos a barandillas por faltas administrativas.
Informó que fueron liberadas 53 personas secuestradas, además de que han sido detenidos 24 “objetivos criminales relevantes”, 14 dentro de la entidad y 7 en otros estados, y destacó que se trabaja en coordinación con el gobierno federal para la ubicación y detención de 16 criminales más que, aseguró, son quienes propician violencia de alto impacto en Guerrero.
Almazán Cervantes indicó que el mayor mérito en los resultados de la estrategia de seguridad es para las corporaciones federales, como el Ejército, la Marina, la Policía Federal y la Gendarmería; y en segundo término a las fuerzas de la SSP.
Aseguró que las corporaciones de seguridad del estado han actuado de manera profesional y responsable a pesar de las carencias que enfrentan, y acusó a los gobiernos municipales de no hacer lo que les corresponde en la materia.
“Respecto a la participación municipal no soslayo mencionar que ahí los esfuerzos han sido mínimos, por no decir que han sido nulos, muchos municipios no cuentan con el personal y el equipamiento necesario. Siguen contando con elementos que no satisfacen los requisitos para permanecer y desempeñar funciones policiales ni se observa interés alguno para finiquitarlos, reclutar nuevos policías o desarrollar capacidades policiales que permitían a los alcaldes cumplir con sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública”, expuso ante los diputados.
Aseguró que la falta de trabajo de los gobiernos municipales en materia de seguridad ha generado en el estado mayor impunidad, así como el crecimiento de los índices de violencia, y en consecuencia el gobierno del estado a través de la SSP ha tenido que asumir las responsabilidades “que por ley le corresponde a los municipios”.
Explicó que para 2016 la SSP recibió un presupuesto de 427.4 millones de pesos, lo que significó un incremento de apenas el cinco por ciento en comparación con el ejercicio fiscal de 2015.
Dijo que de este monto el 75 por ciento se destina al pago de salarios y prestaciones, el 20 por ciento a gastos operativos (combustible, alimentación, traslados), y el cinco por ciento restante a gastos administrativos.
Además dijo que el gobierno federal a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública asignó a Guerrero el año pasado 105.5 millones de pesos, pero para este 2016 lo redujo a 105.2, mientras que el subsidio para la policía acreditable en 2015 fue de 29 millones de pesos y para el actual ejercicio el estado ya no recibió ese apoyo.
“Con estas limitaciones los avances logrados por el gobierno del estado en fortalecimiento institucional policial han sido imperceptibles; prueba de ellos es que desde hace un año y 8 meses que llevo al frente de esta secretaría, el estado de fuerza de la policía estatal no ha podido crecer, tampoco se han separado del cargo a los elementos que no cumplen los requisitos de permanencia, ni mucho menos se ha podido adquirir equipo especializado ni infraestructura”, explicó Almazán Cervantes.
Dijo que el estado de fuerza actual de la SSP es de 4 mil 189 policías que son insuficientes para garantizar la seguridad de la población, situación que se agrava aún más por la no participación de los gobiernos municipales.
“Señoras y señores, debemos estar conscientes que por muy adecuadas que sean las estrategias de contención y combate a los índices de violencia que aplica el gobierno estatal y federal, no será posible obtener con prontitud mayores avances y mucho menos solucionar los problemas de seguridad de manera definitiva si únicamente nos atenemos a la presencia y trabajo de las instituciones federales de seguridad y no se superan con urgencia los grandes rezagos que presentan hoy los cuerpos de seguridad del estado y municipios”, advirtió.

Encontró un subejercicio presupuestal, dice Pano Cruz

Por su cuenta, Daniel Pano Cruz informó que cuando empezó esta administración, el 27 de octubre pasado, se encontró un subejercicio en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad pública (FAS)  acumulado de 2013 y 2014 por un monto de  57.43 millones de pesos; adicionalmente un presupuesto no ejercido correspondiente a 2015  por 317.8 millones del que sólo se había aplicado el 1.25 por ciento.
Dijo que para abatir el subejercicio se buscaron alternativas y el gobernador convino con la federación la participación para redireccionar  el FAS al rubro de infraestructura del nuevo sistema penal acusatorio.
Indicó que para el presente ejercicio fiscal, y derivado de los  recortes, el FAS sufrió una disminución de 10 por ciento, al pasar de 321.2 millones de pesos a  290 millones.
Del Centro Estatal  de Control y Confianza dijo que se están atendiendo 28 evaluaciones diarias, incrementando su operación en un 56 por ciento.
Informó que de los 10 mil 467 elementos (4 mil 139 estatales, 4 mil 972 municipales y mil 356 elementos de la Fiscalía)  se han evaluado 9 mil 860, de los que 7 mil 224 aprobaron, 2 mil 233 no aprobaron, 403 se encuentran en proceso de dictaminación, 607 no han sido evaluados y a 2 mil 46 se les ha vencido su vigencia.
Dijo que existe un  universo de 2 mil 653 policías por evaluar, lo que significa un avance del 74.7 por ciento en la evaluación de las corporaciones de seguridad.
“Con la sociedad civil se trabaja en los números de urgencia 066 y 099, ya que el 90 por ciento de llamadas que se reciben son de broma, se trabaja con jóvenes  para prevención de explotación sexual y trata de personas”, dijo.
Finalmente dijo que solamente 55 gobiernos municipales firmaron su carta adhesión al esquema de mando único, cinco lo rechazaron (Pilcaya, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Cochoapa el Grande y Atlamajalcingo del Monte) y los otros 21 aún no deciden.

Ubicó la FGE a dos funcionarios vinculados a la delincuencia

El último en rendir su informe fue el fiscal general, Xavier Olea, quien durante su exposición dedicó más tiempo al tema de violencia contra las mujeres y manifestó a los diputados y diputadas presentes que no es misógino, y que su actitud atiende a lo que establece la ley.
Olea Peláez informó que del 1 de enero al 30 de julio de 2016 se cometieron mil 251 homicidios dolosos en la entidad, en el mismo lapso hubo 426 homicidios culposos, obteniendo en lo que va del año 68 autos de formal prisión por homicidios dolosos y 56 sentencias condenatorias por el mismo delito.
Respecto a la violencia de género, dijo que en lo que va del año han ocurrido “cientos” de homicidios dolosos en contra de mujeres, sin embargo sólo 11 fueron tipificados como feminicidios.
Dio a conocer las acciones emprendidas desde su llegada en la FGE en el cumplimiento del marco normativo del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, las estrategias encaminadas a combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres y los mecanismos implementados para combatir los delitos de homicidio, extorsión y secuestro en Guerrero.
Informó que del 11 de diciembre al 10 de julio se han recibido denuncias con 50 asuntos de secuestro, se ha liberado a 52 víctimas de ese delito y detenido a 57 personas con averiguaciones previas. Olea Peláez indicó que la fiscalía especializada para el combate de la corrupción ha detectado casos de funcionarios en el ejercicio indebido de la función pública, incurriendo en abuso de autoridad, cohecho, extorsión, peculado, operación de recursos de procedencia ilícita y enriquecimiento ilícito.
Incluso comentó que existen dos casos de servidores a quienes se les comprobaron vínculos directos con la delincuencia organizada, por lo que fueron consignados ante la SEIDO.
Al igual que la SSP, explicó que uno de los principales problemas que enfrenta la FGE es la insuficiencia presupuestal, por lo que pidió el apoyo del Congreso para que en el próximo ejercicio fiscal se incremente su presupuesto.
Dijo que los salarios del personal de la FGE son raquíticos, lo que los hace susceptibles a acceder a “dádivas”.
Dijo también que la FGE carece de vehículos que permitan un buen desempeño, y como ejemplo mencionó que en la detención de dos presuntos involucrados en el asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, personal de la Procuraduría de Michoacán participó con 65 camionetas nuevas y seis helicópteros propios, mientras que la FGE intervino con 45 camionetas “chatarrizadas”.
Tras los informes se abrieron cinco rondas de preguntas y respuestas por parte de los diputados, quienes en su mayoría cuestionaron respecto a información que fue proporcionada en las exposiciones, por lo que los funcionarios se limitaron a repetir gráficas y estadísticas.
El diputado perredista Sebastián de la Rosa Peláez y el priista Héctor Vicario Castrejón se comprometieron a atender la petición de los funcionarios de gestionar más recursos para esas instituciones a fin de mejorar su efectividad y erradicar el problema de violencia.

Ingresan policías de Guerrero a Michoacán para buscar a los asesinos de Ambrosio Soto

 


Policías ministeriales de Guerrero realizan una búsqueda de los responsables del homicidio del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, en comunidades de San Lucas, Michoacán, en coordinación con la Unidad Especializada en Investigación Criminal (UEIC) de la Procuraduría General de la República (PGR).
Agentes en más de 20 patrullas ingresaron este domingo por segunda ocasión al estado de Michoacán, y recorren poblaciones donde recibieron reportes de que se esconden los probables responsables del homicidio del alcalde.
Desde este sábado hubo reportes de que policías ministeriales de Guerrero entraron a Michoacán, con agentes de la UEIC. Incluso realizaron una inspección a un local donde se realizaban peleas de gallos, y amagaron a los asistentes y revisaron a todos, sin encontrarles armas o algún indicio sobre el asesinato del alcalde.
Este domingo, nuevamente entraron 20 patrullas de la Policía Ministerial al municipio de San Lucas, mientras que por aire eran escoltados por dos helicópteros de la policía michoacana, con la cual están trabajando de manera coordinada en la investigación del homicidio del presidente municipal.
El municipio de San Lucas colinda con Ciudad Altamirano, del lado de la tenencia de Riva Palacio. La cabecera municipal se ubica aproximadamente a media hora de distancia y para llegar allí hay que pasar por la zona conocida como Las Curvas del Cajón, en donde atacaron al presidente municipal, el sábado 23 de julio, antes de las 10 de la noche, cuando era acompañado por su chofer Omar Macedonio, que resultó asimismo muerto, y dos policías federales como escoltas que quedaron heridos.
San Lucas es el más importante centro religioso católico de la Tierra Caliente, adonde llegan cientos de peregrinos cada 2 de febrero a ver a la virgen y cada domingo se reúnen cientos de feligreses para venerarla.
Pero este domingo a las 2 de la tarde la zona estaba semivacía y había muy pocos negocios en el lugar, de igual modo el centro de esta localidad se encontraba con poca gente y de manera esporádica estuvieron pasando patrullas de militares y policías federales.
De Ciudad Altamirano a San Lucas sólo hay un retén militar en la población de Tacupa, que se ubica a 3 kilómetros de distancia. No es permanente, pero es un punto estratégico con topes que obligan a los conductores a detenerse.
En la región se observan recorridos en convoy de más de 10 patrullas de la Policía Federal. Luego, otros grupos de más de 20 unidades de la Policía Ministerial y otras 15 unidades de la PGR, que cruzan de un lado a otro, además de los recorridos militares.
Por esa zona, entrando por la cabecera municipal, existe un camino que cruza varios pueblos y que termina donde se ubica la presa del Gallo misma que cuenta con una parte colindando con Guerrero del lado del municipio de Cutzamala, otra de lado de Michoacán y otra más de lado del Estado de México.
En Ciudad Altamirano poco a poco se observa más movimiento de elementos federales.

Cuestionan que el INE pretenda ejecutar la redistritación sin ir a las comunidades indígenas

Integrantes de agrupaciones y organizaciones indígenas reprocharon a los representantes del Instituto Nacional Electoral (INE) que con una mesa de diálogo y no yendo a las comunidades se pretenda hacer una consulta a los pueblos indígenas para la nueva distritación tanto local como estatal.
Los participantes exigieron que se busquen los recursos para ir a las comunidades a consultar a los pueblos o por lo menos a los municipios donde están las comunidades, para que se haga una verdadera consulta y no una simulación.
Los representantes del INE convocaron ayer a presidentes municipales de 17 municipios de la Montaña y Costa Chica, representantes de organizaciones indígenas, a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), y a representantes de partidos políticos y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, al salón Cabaret del Gran Hotel de Acapulco.
Por la mañana se realizó un foro sobre la distritación electoral en Guerrero, que fue la segunda fase de la consulta a pueblos y comunidades indígenas.
Según se explicó por la tarde, la consulta consta de seis fases; después del foro se tiene programada una fase de socialización que es difundir la propuesta para la distribución de los distritos electorales y después una de ejecución.
En el foro, los exponentes, todos integrantes del Comité Técnico para Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación, explicaron con qué parametros se hará la división, la cual concidieron se da por un exceso de la población y con la finalidad de que cada representante electo, diputado federal o local, represente al mismo número de habitantes.
Por la tarde se realizó una mesa de trabajo, en la cual el antropólogo Arnulfo Embriz Osorio, asesor del Registro Federal de Electores, explicó cómo se realizará la consulta.
Dijo que en la fase informativa se darían a conocer los objetivos, y que la información está traducida a diferentes lenguas, que se respetarán los usos y costumbres y que es un proceso de buena fe.
Después de la exposición, los representantes de las diferentes organizaciones y asociaciones que asistieron con gastos pagados por el INE, reprocharon que no podían dar su opinión de algo que no conocen, porque les hablaron del proyecto de distritación pero no se los presentaron porque no está terminado, aunque se pretende que esté autorizado para noviembre de este año.
“Ustedes deciden y a los de abajo nos ocupan para legitimar”, reprochó el abogado de la Unión de Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Manuel Vázquez.
Del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos, Abel Bruno Arriaga expuso que no los podían a ellos considerar como representantes de los pueblos y comunidades indígenas, que los ahí presentes eran integrantes de organizaciones, y que no se convocó ni a comisarios, comisariados ni delegados, que son los “representantes del pueblo”.
Agregó que antes no se hacían reuniones en distritos como Tlapa con el argumento de que no había condiciones, sin embargo consideró que ya se puede ir a hacer una consulta a los pueblos indígenas.
“No podemos venir a una mesa y decir que es una consulta”, manifestó Hermelindo Candia, de la Coordinadora de Autoridades Civiles y Agrarias, quien pidió respeto al derecho ganado por los pueblos y comunidades indígenas para ser consultados.
“Si ha habido dinero para derramar sangre con los maestros en Oaxaca, por qué no va a haber para ir a los pueblos para tomarlos en cuenta”, cuestionó María de Jesús Tránsito, de la Organización de Mujeres sin Nombre, de Copalillo.
De la Unión de Comunidades Náhualt de Alzacoaloya, Roque Nave Calvario, propuso que se disminuya el presupuesto a los partidos políticos para hacer las consultas a los pueblos yendo a las comunidades. “No digan que no hay dinero”.
Del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Marcelino Díaz de Jesús expuso que lo que estaban haciendo los representantes del INE era una “acción ociosa”, una “falacia” de lo que tenía que hacerse en una consulta, y convocó a los asistentes a no aceptar lo que les propuso el instituto con consentimiento de los partidos políticos.
Propuso que se retome la idea de crear una sexta circunscripción plurinominal, donde haya una representación de diputados por etnia, electo por usos y costumbres por las comunidades.
El ex diputado federal Marcos Matías Alonso pidió que no se haga la distritación solamente considerando el censo del 2010, sino que se tome en cuenta la encuesta intercensal del 2015, para que se tenga un parámetro más cercano del número de indígenas en cada comunidad.
El director ejecutivo del Registro Federal de Electores, que encabezó el foro y la mesa, René Miranda Jaimes, dijo a los asistentes que no pretenden corregir los problemas históricos de los pueblos indígenas, y se comprometió a tomar en cuenta las opiniones y analizar las peticiones de ir a las comunidades. Sin embargo, enfatizó que no hay recursos económicos ni el tiempo para poder autorizar la distritación en el periodo establecido.
Añadió que no querían que validaran la distritación, sino que opinaran respecto al proyecto que apenas se está elaborando.
La nueva distritación para Guerrero se pretende que esté lista para noviembre.
También estuvo presente en la reunión el vocal presidente de la Junta Local del INE, David Alejandro Delgado Arroyo, y la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Maricela Reyes.