Supuestamente por desacuerdos con respecto a qué sistema debe llevar el caso, si el tradicional o el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, no se han cumplido al menos 15 órdenes de aprehensión y otras cinco no se han liberado en contra de civiles armados que irrumpieron en la cabecera municipal de Chilapa del 9 al 14 de mayo del 2015, informó el presidente del colectivo de familiares de personas desaparecidas, Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro.
El representante de las víctimas agregó que existe la sospecha de que el retardo de las autoridades de justicia es intencional, “porque como estamos en proceso electoral y hay varias personalidades que tienen intereses políticos, no les conviene que se sepa la verdad y que no se haga justicia para nuestros compañeros y nuestras familias”.
Los civiles armados que esos días llegaron de varias comunidades del sur de Chilapa y que ahora se hacen llamar Comunitarios por la Paz y Justicia, a quienes el presidente del Colectivo Siempre Vivos vincula con el grupo criminal Los Ardillos, son acusados por la desaparición de más de 30 personas de la cabecera municipal.
El presidente del colectivo informó este lunes que después de la irrupción de los civiles armados, los familiares de las víctimas presentaron las denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR), y que a casi tres años no se han liberado al menos 20 órdenes de aprehensión en contra de los que irrumpieron y que fueron denunciados por secuestro y desaparición de personas ocurridas del 9 al 14 de mayo de 2015.
José Díaz declaró que aunque llegue tarde pero “esperamos que pronto llegue la justicia en contra de estos delincuentes que se hacen pasar como policías comunitarios”.
Agregó que el colectivo le ha dado seguimiento a las denuncias que presentaron ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR en donde, “ha sido larga y muy cuidadosa la investigación”.
Se quejó de que desde hace un año se liberaron de 10 a 15 órdenes de aprehensión que no se han cumplido, mientras que otras cinco no se han liberado porque entró en vigor el sistema de justicia penal acusatorio e inició un “conflicto competencial”, con el sistema de justicia tradicional.
Denunció que hace seis meses que se consignaron ante el juez las órdenes de aprehensión pero no se han ejecutado ni liberado las que faltan, “porque se echan la bolita” las autoridades del sistema tradicional de justicia con los del nuevo sistema penal acusatorio, con respecto de quién debe llevar el proceso.
El presidente del Colectivo Siempre Vivos informó que en total por las denuncias que presentaron se podrían liberar unas 30 órdenes en contra de los civiles armados que entraron a Chilapa, y se llevaron a más de 30 personas.
Informó que este martes los abogados de la Asesoría Jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y familiares de las víctimas se reunirán con el magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito con sede en Acapulco, el magistrado Ignacio Laveaga Zazueta, a quien le pedirán que agilice el procedimiento.
“Ya se demoraron demasiado y yo creo que es intencionalmente, porque como estamos en proceso electoral y hay varias personalidades que tienen intereses políticos no les conviene que se sepa la verdad y que se haga justicia para nuestros compañeros y nuestras familias”, denunció Díaz Navarro.