El diputado de Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco reveló que el fiscal Javier Olea Peláez solicitó a un juez la detención de presuntos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), como los responsables del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, pero que la autoridad judicial rechazó la petición.
En tribuna en la sesión de ayer, dijo que “nuevamente tenemos información corroborada el día 14 de este mes de que el juez primero de lo penal de este distrito negó la orden de aprehensión de estas personas que fueron consignadas por el fiscal”.
Enseguida, recordando lo que ocurrió al término del gobierno de Zeferino Torreblanca, quien también intentó atribuir al ERPI el asesinato de quien fue su secretario de Gobierno, Silvano Blanco dijo que la decisión del juez penal se basó en un “argumento idéntico al del juzgado federal, es decir, no había elementos de prueba suficiente para acreditar que ellos eran los probables responsables, que efectivamente hubiesen intervenido en el crimen de Armando Chavarría y eso se lo dijimos al fiscal en su momento, que no se atreviera a hacer eso porque ya se había desechado esa línea de investigación”.
Después de cuestionar que el fiscal insiste en la versión de que Chavarría fue asesinado por integrantes del ERPI, a pesar de que un juzgado federal determinó en 2010 que no había elementos para sostener esta hipótesis, consideró que es “prudente” que el Congreso se pronuncie por la renuncia del fiscal, de lo contrario incurriría en una negligencia.
“El ánimo del fiscal fue quizás el hecho de pretender ya liberarse de esa enorme responsabilidad que tiene con esa investigación, quizás de una forma para ya cerrar totalmente el asunto y decir que se hizo un esfuerzo pero al final fue el juez el que negó la orden de aprehensión en contra de los responsables”, expuso. (Rosalba Ramírez / Chilpancingo).
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Solicitó el gobierno del estado a la federación 15 mil millones adicionales para pagar adeudos
El secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón, informó que se solicitó al gobierno federal un rescate financiero por 15 mil millones de pesos para pago de impuestos y prestaciones que se deben de años anteriores.
En declaraciones después de la sesión del Comité Rector de Transparencia, Apreza reveló que para atender diversos adeudos del gobierno del estado se requieren 15 mil millones de pesos adicionales.
Añadió que abrieron a la Se-cretaría de Hacienda todos los expedientes con las irregularidades que han detectado, construyendo alternativas de solución, “no es un asunto sencillo, el gobierno federal también enfrenta una restauración financiera importante”.
El secretario expuso que “mes con mes siguen apareciendo desagradables sorpresas” en las cuentas por pagar de las pasadas administraciones: se deben más de mil millones de pesos a empresas que dieron créditos a los trabajadores, a los que se les descontó pero nunca se liquidó la deuda.
Tampoco se pagó el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al SAT, lo que está “repercutiendo de manera brutal en el gasto público”, que con multas, recargos y actualizaciones, sólo por el ejercicio 2013, le están requiriendo al gobierno del estado un pago “de manera inmediata” de 4 mil millones de pesos. Y saben que también falta el pago de los impuestos del 2014 y 2015.
Además se deben las aportaciones al ISSSTE, Fovissste y Fonacot, lo cual suma 4 mil 500 millones de pesos; más laudos laborales y juicios mercantiles que dijo han detectado que para el próximo año entran en ejecución por mil 800 millones de pesos.
De si algún Ayuntamiento ha solicito un préstamo para el pago de aguinaldos, Apreza Patrón dijo que “no se han acercado”, aunque se tendrá que “analizar nuestra disponibilidad financiera”.
El funcionario indicó que el presupuesto de la Ley de Ingresos presentada al Congreso es por 50 mil millones de pesos. Recordó que el gasto público que se ejerce en Guerrero depende el 96 por ciento de la federación, por lo que estiman que haya una reducción del gasto de inversión de fondos federales de unos 3 mil millones de pesos. Esta reducción afectaría principalmente las obras de infraestructura pero no los programas sociales, porque en un estado “con niveles de marginación que vive Guerrero” sería dañar a las familias.
Indicó que hay “cabildeos” con Hacienda y la Cámara de Diputados para que Guerrero tenga un “tratamiento distinto” .
El funcionario aseguró que aún con los recortes no habrá despidos y se están privilegiando los derechos adquiridos por los trabajadores. Reiteró que se hará el cruce de nóminas para ver quién tiene doble o triple plaza.
Solicitó a la PGR informes del avance de su denuncia, dice Leyva Mena
El alcalde priísta Marco Antonio Leyva Mena informó que solicitó por escrito a la Procuraduría General de la República (PGR), que se le entreguen los avances de la investigación de la denuncia que hizo en enero, por amenazas del crimen organizado.
Leyva Mena fue consultado al término del anuncio del Festival Cultural de Otoño, donde no estuvo invitado El Sur, y se anunció una inversión de un millón de pesos, por parte del municipio para la organización.
Se le preguntó sobre la denuncia que hizo en la PGR por amenazas que recibió en enero, esto después de que asesinaran al alcalde perredista de Ciudad Altamirano, Ambrosio Soto Duarte, quien también había sido extorsionado por el crimen organizado.
Dijo que los avances de las investigaciones las pidió por escrito este miércoles, y que esperará la respuesta.
Sobre el reforzamiento de su seguridad y la de su familia, que declaró el domingo, dijo que lo va a analizar, porque teniendo este tipo de cargos se corre el riesgo.
Sin embargo, dijo que se debe atender a los ciudadanos, implementando programas, reforzando la seguridad en los barrios y colonias.
Se le preguntó si con la detención de Quitze Amauri Salgado Medina, presunto encargado de la logística para la distribución y trasiego de heroína hacia Estados Unidos del Cártel de la Sierra, y que coordinaba actividades ilícitas en municipios como Chilpancingo, teme que haya reacciones violentas en la ciudad, sólo respondió que las autoridades federales encargadas “están haciendo su chamba”, con quienes están coordinados.
“Nosotros vamos en el alineamiento federal y estatal sobre esos temas”.
Sobre las declaraciones del presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Celestino Cesáreo Guzmán, de pedir la renuncia del secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, por la falta de resultados en seguridad, dijo que no se debe politizar y partidizar el tema.
“El PRD tuvo su momento histórico, y creo que de alguna manera tiene que haber una revisión de este tipo de temas, y el huevo de la serpiente estuvo puesto en los pasados años”, concluyó.