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No prevé el Congreso comparecencias de titulares de la Semaren y SSP: Yoloczin

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, en entrevista en el lobby del recinto legislativo al término de la sesión de la Comisión Permanente Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, reconoció que no hay la intención del Poder Legislativo por llamar a comparecer a funcionarios estatales, y que esperan la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la que consulta respecto del proceso de designación de los cabildos instituyentes de los cuatro nuevos municipios para no caer en omisiones que generen la invalidación de estos.
La presidenta de la Jucopo fue consultada al término de la sesión de la Comisión Permanente. Se le preguntó si se ha hablado de la posibilidad de llamar a comparecer a funcionarios estatales, como el caso del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semaren) del gobierno del estado, Ángel Almazán Juárez, por las irregularidades cometidas por el ex director del zoológico Zoochilpan, José Rubén Nava Noriega, así como del secretario de Seguridad Pública (SSP), Evelio Méndez Gómez, por los señalamientos de vínculos con grupos criminales, a partir de hechos como el ocurrido el fin de semana pasado en la comunidad El Parotal, en la sierra oriente del municipio de Petatlán.
Al respecto, Yoloczin Domínguez dijo que ninguno de estos temas se ha tocado en las reuniones del grupo parlamentario de Morena, que es el primer espacio en el que tendrían que acordar la propuesta de llamar a comparecer a funcionarios estatales, para posteriormente llevar el planteamiento ante la Jucopo.
“Somos muy respetuosos para evitar entorpecer las investigaciones que se lleven a cabo, tratamos de ser mesurados en nuestras declaraciones”, dijo la morenista.
En el caso específico del zoológico de Chilpancingo, calificó como “preocupante” lo sucedido e insistió en que será hasta que lo hablen con el grupo parlamentario de Morena cuando podrá fijar una postura al respecto.
A Yoloczin Domínguez se le preguntó si el Poder Legislativo no está renunciando a una de sus facultades que es el llamar a comparecer a funcionarios estatales, pero aseguró que no están renunciando a esta facultad, pero “estamos siendo muy responsables” para no entorpecer investigaciones que realizan las diferentes instituciones, aunque volvió a reconocer que el tema no se ha tocado al interior del grupo parlamentario de Morena.
“Hay temas importantes, que realmente laceran, que preocupan como el tema de la seguridad que se está viviendo en Petatlán, pero también yo no puedo hablar a título personal y decir que se llamará a comparecer a los titulares… me queda claro que no podemos ser omisos ante situaciones que pasan en el estado, menos cuando son situaciones que realmente vulneran como el tema de la seguridad que es un tema grave”, comentó Domínguez Sena.

Consultaron a la Corte sobre nuevos
ayuntamientos

De la designación de los ayuntamientos instituyentes de los cuatro nuevos municipios: Las Vigas, Ñuu Savi, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón, Yoloczin Domínguez explicó que este proceso se está demorando porque se envió la información a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la que pidieron una opinión o revisión del proceso, debido a un antecedente ocurrido en Morelos donde se invalidó el proceso de creación de un municipio por parte de este máximo órgano.
En ese caso explicó que “una vez que la SCJN nos responda relativo a la información que se mandó, nosotros encausaremos o daremos el seguimiento correcto”, porque dijo que están cuidando el “no caer en las inconsistencias que se encuentra el estado de Morelos donde el Congreso instituye un municipio y la Corte tumba”, lo que puede “afectar y violentar y pasar a situaciones más extremas lejos del tema político o jurídico”.

Nueva convocatoria para órganos de control

A la presidenta de la Jucopo también se le preguntó sobre pendientes que dejó la pasada legislatura y que la actual que inició hace más de un año y cuatro meses no ha logrado desahogar, como los nombramientos de los órganos internos de control.
Se trata del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), del Tribunal de Justicia Administrativa (TSJA), y del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (ITAIGro), Yoloczin Domínguez recordó que en la pasada legislatura estuvo a punto de concluir el proceso de designación porque incluso ya había dictamen.
“Esta es una nueva legislatura, se está poniendo a consideración la posibilidad de que sea una nueva convocatoria para que todos puedan nuevamente postularse y seguir el proceso que se siguió en la legislatura pasada” explicó la presidenta de la Jucopo.
Comentó que la Jucopo realizó una calendarización en la que se establecieron los temas a los que se les dará prioridad y entre los cuales están precisamente la designación de los cabildos instituyentes, la designación de los titulares de órganos internos de control.

 

Podría comparecer Pedro Almazán ante el Congreso sobre el cese de policías que pararon en mayo

Policías estatales cesados informaron que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local se comprometió a llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Pedro Almazán Cervantes, en caso de que el funcionario no responda una petición de un informe que hizo el Congreso del estado de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del estado (Codehum).
La fecha límite que el funcionario tiene para atender la solicitud que le hicieron los diputados vence el 1 de diciembre, y de acuerdo al documento enviado por la Comisión de Derechos Humanos se le advierte al secretario, Pedro Almazán Cervantes, que sería llamado a comparecer ante el Congreso local por incumplir una recomendación de derechos humanos relacionada al caso de los policías estatales que fueron dados de baja.
Desde mayo los policías fueron despedidos por parar labores para exigir mejores condiciones de trabajo, ellos se ampararon por la decisión tomada por el funcionario.
Luego se reunieron con la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros Martínez a quien le recordaron que la Codehum emitió una recomendación dirigida a la SSP para que la dependencia repusiera el procedimiento por el que se les dio de baja, pues no se siguió la ruta legal correspondiente ante la Comisión de Honor y Justicia.
Ante la falta de atención a la recomendación el Congreso por medio de la Comisión de Derechos Humanos presidida por el diputado, Jesús Martínez, solicitó a Almazán Cervantes un informe en el que explique las razones para no cumplirla.
El vocero de los policías, José Muñoz Franco dijo que Pedro Almazán tiene hasta el 1 de diciembre para entregar el informe al Congreso, y que en caso de que no cumpla será llamado a comparecer ante el Legislativo.
La exigencia de los policías es que sean restituidos en sus cargos, les paguen los salarios que dejaron de percibir desde mayo, mejoren las condiciones laborales y se garantice que no habrá represalias en su contra.
Mientras que la diputada les sugirió que acudan al Congreso de la Unión y que busquen a los diputados de Morena para que se pronuncien a su favor.
Uno de los asistentes afirmó que continúan en la dependencia los “están amenazando para que no reclamen nada”.
María de Jesús Cisneros se comprometió a seguir respaldándolos en tribuna, mientras que los policías despedidos afirmaron que nadie más los ha defendido “ni el mismo presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, no ha dicho nada de nosotros. Yo lo veo que habla mucho pero nunca de nosotros. Habla de la violencia y de los policías que le competen no dice nada ¿Tiene compadres, tiene padrinos?” preguntó uno de los asistentes. (Rosalba Ramírez García / Chilpancingo).

Las autodefensas, “contaminadas” con miembros de grupos delictivos, asegura Pedro Almazán

El secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, señaló que las autodefensas están “contaminadas” por los grupos delictivos que defienden sus intereses y se han convertido en un “perjuicio”, en lugar de una ayuda para el combate a la inseguridad.
En la ronda de preguntas y respuestas del panel Paz, Legalidad y Derechos Humanos para lograr un cambio de paradigmas, como parte del foro A favor de un estado de paz, con legalidad y derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, uno de los asistentes preguntó porque en Guerrero hay grupos de autodefensa, y si eso es bueno o malo en el combate a la inseguridad, en su respuesta, Pedro Almazán dijo que las autodefensas son “uno de los problemas que actualmente” tiene la entidad y que generan violencia.
El secretario de Seguridad Pública definió a las autodefensas como “grupos armados al margen de la ley. Lejos de ser un beneficio para la sociedad, los grupos de autodefensa se han convertido hoy más en un problema que en una solución acertada a los problemas de inseguridad que vive el estado”.
Explicó que los grupos de autodefensa son producto del incremento de la violencia que registró el estado desde hace algunos años, la insuficiencia de policías y la pérdida de confianza en las corporaciones policiales, aunado a la necesidad de los pueblos de proporcionarse seguridad y “a partir de una mala interpretación de la Ley 701” de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Agregó que esa ley “faculta a los pueblos originarios para regirse por usos y costumbres y adoptar un sistema de seguridad y justicia ciudadana acorde a sus necesidades”.
Pidió que a partir de su explicación fueran los propios asistentes quienes dedujeran si las policías comunitarias son buenas o malas. Dijo que el problema de las autodefensas comienza cuando estos grupos desvirtúan el propósito de su creación.
“Poco a poco, ese verdadero fin (autoproporcionarse seguridad) noble y hasta cierto punto justificable, se ha desvirtuado para defender intereses propios de algunos grupos delictivos que han estado incursionando y de alguna manera contaminando esos grupos de autodefensas, que en la mayoría de los casos han surgido al margen de la ley”.
Insistió en que las autodefensas son producto de una mala interpretación de la Ley 701 y puso como evidencia de que esos grupos no son integrados por pueblos originarios, lo que los ubica al margen de la ley y “defienden otros fines que no son la seguridad de los moradores de las diferentes comunidades”.
Abundó que esos grupos de autodefensa también usan armas de uso exclusivo del Ejército, lo que es irregular, porque no cuentan con permisos para ello y buscan “suplantar el monopolio del uso de la fuerza que solamente compete al Estado mexicano”.
Añadió que los grupos de autodefensas también cometen violaciones a los derechos humanos, homicidios y extorsiones, lo que lleva a la entidad a “mayores niveles de violencia y de impunidad en la mayor parte del estado”.
Aseguró que desde el estado se trabaja en el fortalecimiento de los cuerpos policiales con la depuración, capacitación y la profesionalización continua de las fuerzas policiales, para evitar los “abusos de poder de estos grupos armados al margen de la ley”.
Pedro Almazán confió en que por ser Guerrero un objetivo prioritario para el gobierno federal, se contará con el apoyo para fortalecer a las fuerzas policiales del estado.

Los desafíos de Guerrero

En su participación en el panel Paz, Legalidad y Derechos Humanos para lograr un cambio de paradigmas, Almazán Cervantes mencionó los desafíos en la agenda social, económica y de seguridad y en que enfrenta el estado, los cuales dijo son la evidencia del contexto en el que se trabaja en el estado.
Los desafíos en la agenda social y económica “son la marginación social y el desarrollo regional desigual, la necesidad de oportunidades productivas y de empleo; el embarazo no planeado en niñas y adolescentes; informalidad laboral y déficit en acceso a la seguridad social; dispersión poblacional; bajo acceso a desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas; rezago en acceso a los servicios básicos; violencia intrafamiliar y exclusión a grupos vulnerables; rezago educativo; y mortalidad materno infantil, entre otros”.
Los desafíos en seguridad tienen que ver con los retos que impone la delincuencia en asuntos como narcotráfico, trata de personas y extorsión, delitos que “se traducen en violencias, víctimas y una alta percepción”.
“En Guerrero operan grupos de la delincuencia organizada en disputa por el control de espacios para sus actividades delictivas y en particular para la producción y trasiego de drogas, así mismo se tiene la presión de los grupos llamados de autodefensas, que disponen de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas cuyas acciones se traducen en mayor violencia”.
Agregó que también “hay grupos que desde perspectivas específicas del cambio social suponen una atención en materia de seguridad pública y seguridad interior”.
Pedro Almazán sostuvo que el gobierno del estado tiene la perspectiva que “el binomio desarrollo humano y seguridad exigen una visión y trabajo integrales. Hemos de fortalecer la seguridad social, la educación, la salud, la producción de servicios básicos, las comunicaciones y los programas de asistencia para promover el desarrollo incluyente, la equidad social y la igualdad de trato”.
En el panel también participaron el Procurador federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Luis Enrique Guerra García; la coordinadora de Operación de la Secretaría de Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Claudia Alonso Pesado, y el subsecretario de Educación Media Superior y Superior del estado, Arturo Salgado Urióstegui.

No afectan las operaciones el despido de los 206 policías

Almazán Cervantes aseguró que el despido de 206 policías no afecta la seguridad en la entidad, ni las operaciones nuevas o las permanentes.
En breves declaraciones al concluir el acto inaugural del Foro a favor de la paz, con legalidad y derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad en el centro de convenciones Mundo Imperial, en la zona Diamante del puerto, el funcionario dijo que en las regiones Tierra Caliente, Centro y Acapulco se concentran las operaciones de los 3 mil 270 policías activos.
Se le preguntó si habría modificación en el desarrollo de actividades enfocadas a la seguridad, luego del paro de labores de unos 600 policías en Chilpancingo el 29 de mayo, y respondió: “De ninguna manera, hemos tenido la gente suficiente para seguir nosotros operando a favor de la ciudadanía”.
El despido de los policías no afecta en nada, insistió y añadió que la policía del estado es “suficiente”, pero admitió que faltan más.
Del proceso de certificación aseguró que es permanente y está a cargo del secretariado ejecutivo del estado.
Agregó que en las zonas Tierra Caliente, Acapulco, Chilapa, Chilpancingo y Costa Grande la SSP mantiene vigilancia permanente.

Maestros de San Miguel Totolapan reiteran que no regresarán a clases si no detienen a El Tequilero

Maestros de San Miguel Totolapan no volverán a clases si el gobierno no detiene a Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, informaron a los titulares de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y de Seguridad Pública (SSP), durante una reunión en esta cabecera municipal.
Este martes a las 11 de la mañana, unos 200 maestros se reunieron con los funcionarios estatales en la escuela secundaria Técnica 38, que está cerrada desde hace dos meses, para tratar asuntos laborales y de seguridad.
A la reunión llegaron en un helicóptero de la Policía del Estado, el titular de la SEG, José Luis González de la Vega Otero y el de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, para reunirse con los profesores que laboran en San Miguel Totolapan y con integrantes del Movimiento por la Paz y analizar el regreso a clases.
Los funcionarios estatales escucharon más de dos horas los testimonios de comerciantes, profesores, padres de familia y profesionistas, que han vivido la violencia en ese municipio de Tierra Caliente en los últimos ocho años.
“Tenemos un gran problema en el sector educativo, vale más perder un día de clases a perder otra vida, basta ya de injusticias, de shows mediáticos que nos hacen una y otra vez a este pueblo que no ha descansado de la violencia”, expresó un poblador fundador del Movimiento por la Paz.
En la cancha de la escuela se encontraban al menos cien efectivos del Ejército y policías estatales que iban a ser presentados por las autoridades como parte de un nuevo “operativo” para detener al grupo delictivo conocido como Los Tequileros.
Las autoridades llegaron a San Miguel Totolapan para garantizar el regreso a clases. Para eso anunciaron la operación especial que consiste en desplegar 15 grupos operativos con 75 policías estatales y 250 efectivos militares que realizarán recorridos de vigilancia en las comunidades del municipio y en las escuelas donde la banda de El Tequilero ha cometido decenas de secuestros.
Un comerciante que fue secuestrado reveló en su testimonio que se “estaban llevando a nuestras mujeres, nos organizamos y nos levantamos en armas por el bien de nuestros hijos, ya se acabaron al pueblo, teníamos que defender a mi mujer y mis hijos, nos pedían cuota, hay un personaje siniestro y oscuro (en referencia a Raybel Jacobo), si no hubiese reventado esto nadie lo hubiera nombrado, aquí en el pueblo sabemos qué pasa, no hemos descansado, hemos aportado elementos para detenerlo a los militares, a la Policía Estatal y parece que protegen a los delincuentes y no a nuestras familias, les pido que se sensibilicen”.
Los funcionarios que llegaron acompañados por el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno; el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia; el alcalde perredista de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza Acosta y el comandante del Mando Especial Iguala, general brigadier Raúl Guereca Valenzuela, se dedicaron a escuchar y escribir los testimonios de violencia vividos por los pobladores.
Una maestra de la zona escolar 165 de una primaria de la zona rural dijo que de diez escuelas que hay, cinco han cerrado “porque los padres de familia abandonan sus pueblos, las escuelas están solas”.
Se quejó de que “ya no regresaron a su centro de trabajo porque están espantados, en octubre en San Francisco un maestro de San José Poliutla también fue secuestrado y nos organizamos e hicimos cooperación económica, hasta los niños cooperaban aunque se quedaran sin dinero para el recreo, nadie nos garantiza que si salimos a trabajar vamos a regresar sanos y salvos”.
Otra maestra que fue secuestrada junto con su hijo de 10 años en el 2014, clamó que han sido “muy lastimados, fui secuestrada con mi hijo cuando regresaba de mi centro de trabajo”.
La joven profesora dijo que “¡tenía miedo por mi hijo y mi niña que se quedó en casa, tenía 3 años, gracias a la comunidad se pagó un rescate y regresé con vida, pónganse un poco en nuestro lugar, estuvimos 12 días durmiendo en el piso, todas las noches veía al cielo y pedía a Dios mi vida por la de mi hijo, fue muy fuerte, les pido que sientan lo que sentimos!”.
La mayoría de los testimonios de maestros y pobladores exigían acabar con el grupo de Los Tequileros y expresaron su “cansancio” y “coraje” y reprocharon el engaño de las autoridades al no detenerlos.
“Que sepa el Presidente (Enrique Peña Nieto) lo que está sucediendo, no somos un grupo de delincuentes, somos un grupo de autodefensa que está harto de esa banda de secuestradores”, pronunció un integrante de la autodefensa formada en diciembre luego del secuestro del ingeniero Isauro de Paz Duque.
Otro profesor de primaria narró la historia de una señora y su hijo, que fueron asesinados presuntamente por Los Tequileros.
“Los niños quedaron afectados por esta tragedia, los criminales siguen impunes, por eso pedimos que venga el gobernador a ver cómo está el municipio, si no hay condiciones de seguridad no vamos a regresar a clases”.
Luego de varios minutos de testimonios y quejas por la inseguridad, el ingeniero Isauro de Paz Duque leyó un documento con la postura de los pobladores y maestros que exigen la captura de El Tequilero y la advertencia de que no regresarán los niños a clases si no se extermina al grupo delictivo.
“Los centros de trabajo de educación permanecerán cerrados en perjuicio de toda la población y el único responsable de ese daño es el gobierno estatal y federal, así como los secretarios de Educación de los dos niveles de Gobierno, por no prestar atención al problema de inseguridad en este municipio”, dice el documento.
Pidieron que se deje de “simular y se detenga de una vez por todas a todos los tequileros y se haga cumplir la ley”.
Por su parte el secretario de Educación, González de la Vega Otero, dijo que el gobierno quiere “encontrar soluciones, queremos que nuestros hijos tengan mejor educación, que los maestros acudan a clases, que van a cumplir su misión de generadores de cambio, que sea una primera de muchas reuniones, si no damos seguimiento no daremos resultados, queremos contribuir a solucionar las cosas”.
Afirmó que con el nuevo operativo se busca dar soluciones con la presencia del “Ejército y estén seguros, hay un enorme reconocimiento a esta tierra, tienen visión de futuro, es de las mejores regiones, es la mejor evaluada, son un magisterio excepcional a pesar de las difíciles condiciones, comparto el sentimiento esperanzador de buscar soluciones en conjunto, en alianza, de cada una de sus palabras tendrá conocimiento el gobernador, Héctor Astudillo y tendrán una respuesta satisfactoria, dennos la oportunidad de dar una solución de fondo e integral”.
El secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, admitió que “hay denuncias en curso que aparentemente no han recibido la atención que esperan, sabemos que el sistema de justicia tiene sus tiempos y procedimientos, les invito que tengamos paciencia y esperemos resultados”.
Pidió que no se menosprecie “el trabajo que se ha estado realizando, se va a reforzar el operativo que se tiene desde noviembre, se triplica el efectivo de la Policía del Estado, con el apoyo solidario del Ejército”
El secretario de Seguridad solicitó al sector educativo que reflexionara sobre su decisión de no regresar a clases; “en materia de seguridad estaremos aquí”.
Finalmente el mando especial del Ejército en la zona, Raúl Güereca Valenzuela señaló que “hay interés de que vivamos en paz, dar seguridad, tranquilidad, actuar contra los delincuentes, llevamos cinco operaciones con 300 gentes para localizar a ese delincuente y su grupo, pareciera lento, pero seguiremos actuando, ayer iniciamos otra operación, debemos tener confianza en las instituciones, los primeros interesados en terminar con esta situación somos nosotros, no se va a militarizar este municipio y necesitamos de ustedes, los maestros”.
Al finalizar la reunión algunos maestros se acercaron al secretario de Educación para pedir sus cambios de zona y otros al secretario de Seguridad Pública para pedirle armas y garantizarle que “en tres días (con buenas armas) terminan con Los Tequileros.

 

En 2016 hubo cinco secuestros múltiples en Tierra Caliente y toda una familia desaparecida en Zitlala

De enero a diciembre de 2016 en Guerrero ocurrieron cinco secuestros y una desaparición masivas, según un recuento de la información publicada en El Sur. La región donde ocurrieron más crímenes de este tipo fue Tierra Caliente.
La desaparición múltiple fue la de seis integrantes de una familia de la que no se sabe su paradero desde el 18 de octubre, cuando iban de Zitlala a la cabecera municipal de Chilapa.
El 7 de enero hombres armados irrumpieron a las 6 de la mañana en la comunidad de Quetzalcoatlán de Las Palmas del municipio de Zitlala, ahí ejecutaron a seis personas, entre ellas a un adolescente de 14 años y dejaron a tres heridos, según informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.
Ante la disputa del territorio entre los dos grupos de la delincuencia organizada Los Rojos y Los Ardillos han ocurrido hechos de violencia en los municipios de Chilapa y Zitlala, en la parte baja de la región de la Montaña.
Después de los hechos se informó que más de la tercera parte del pueblo se desplazó de su comunidad y se refugió en la cabecera municipal, en el recuento se mencionaron 74 personas entre autoridades comunitarias y 18 niños en edad escolar.
En marzo, a dos meses de que fueron desplazados por el ataque de hombres armados, 12 familias nahuas de Quetzalcoatlán regresaron voluntariamente a sus casas, informó entonces la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum).

Región Tierra Caliente

Sólo en la región Tierra Caliente ocurrieron cinco secuestros múltiples, entre las víctimas de la violencia están mineros, maestros y grupos de ciudadanos que transitaban en las calles.
El 10 de enero como se informó en este periódico, sicarios asesinaron a dos taxistas y a dos vecinos de Arcelia, entre ellos José Eutimio Tinoco, El Rey de la Tortilla, y secuestraron a 21 hombres, hirieron a otro e incendiaron dos taxis, cuando el numeroso grupo de familias completas se dirigía a una boda que se celebraba en la comunidad El Salitre, del mismo municipio de Arcelia, en la región Tierra Caliente.
Al día siguiente, el lunes 11 de enero unos 30 hombres con armas largas irrumpieron en las instalaciones de la secundaria técnica 114 de la comunidad de Santana del Águila, municipio de Ajuchitlán, y secuestraron a cinco maestros, entre ellos al director.
Al comenzar el viernes 15 de enero los 21 secuestrados en la boda fueron liberados por sus captores y encontrados por policías ministeriales cerca de la comunidad de La Gavia, que es el bastión del grupo criminal Los Tequileros del vecino municipio de San Miguel Totolapan. Hubo una amplia operación de búsqueda desplegada por soldados del Ejército y corporaciones federales y estatales.
Según reportes oficiales, a la 1 de la madrugada los policías ministeriales ubicaron a los 21 hombres en el cerro Las Antenas, cerca de la comunidad La Gavia, y los trasladaron a la agencia del Ministerio Público de Arcelia.
El mismo viernes en la tarde aparecieron en la comunidad de San Francisco, municipio de San Miguel Totolapan, cuatro de los cinco profesores secuestrados en su escuela en Santana del Águila, y se dijo que el director de la secundaria 114, Joaquín Real Toledo fue asesinado a golpes el primer día del secuestro debido a que no pudo caminar porque tenía complicaciones de su salud.
La versión oficial indicó que fueron liberados mediante una acción policiaca en la que no hubo disparos ni detenidos.
El 16 de enero el cuerpo del director fue hallado por militares cerca del cerro del Águila. El cuerpo fue ubicado a las 11 de la mañana, luego de una búsqueda de varias corporaciones. El Ejército siguió el rastro del primer reporte que recibieron de los testigos acerca de la ruta de escape que usaron los secuestradores. El lugar donde fue localizado el profesor se ubica a unos 2 kilómetros de la secundaria.
En septiembre ocho mineros fueron secuestrados en un camino de terracería cuando se dirigían a la mina en una camioneta de la empresa Beneficiadora de Materiales de Temixco, procedentes de la cabecera municipal, Arcelia.
Los mineros lograron escapar de su cautiverio, cuatro huyeron a través de un cerro y regresaron a sus casas, y cuatro cruzaron el río Balsas, uno murió al tratar de pasar.
Ese mes la contadora de la empresa Beneficiadora de Materiales de Temixco, su esposo y de su hijo fueron secuestrados cuando se dirigían a la mina, los criminales liberaron a la pareja y se quedaron con el adolescente de 16 años y un millón de pesos que llevaba la mujer para el pago de la nómina. Ese día hombres armados irrumpieron en las instalaciones de la mina y se llevaron a un ingeniero.
El 17 de septiembre fueron liberados el adolescente hijo de la contadora y el ingeniero. Familiares dijeron a El Sur que fueron dejados libres tras el pago de un rescate cuya cantidad no dieron a conocer.
Debido a la violencia, desapariciones y secuestros, los gobiernos federal y estatal anunciaron nuevas estrategias de seguridad.
En la región de Tierra Caliente se relanzó el “Operativo Tierra Caliente”. El 5 de diciembre de 2015 acudieron el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos a Ciudad Altamirano.
La actividad fue después de que la dirigencia nacional del PRD denunció los intentos de extorsión de la delincuencia organizada contra el alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, quien fue ejecutado el 23 de julio de este año.
La estrategia en Tierra Caliente arrancó formalmente en diciembre de 2014, en el contexto de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, cuando ya era gobernador Rogelio Ortega Martínez, abarcaba 17 municipios de la zona Norte y de la Tierra Caliente. Para el relanzamiento con Astudillo se incrementó la presencia federal con 200 policías que después abandonaron la zona.
En noviembre cerca de 200 vecinos de la comunidad San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán del Progreso, se levantaron en armas para crear su autodefensa ante el ingreso de hombres armados del grupo criminal Los Tequileros, debido a que el jueves 17 de noviembre hombres armados ingresaron a la comunidad a pie por dos rutas distintas, se llevaron una unidad del transporte público donde subieron a 10 personas, soltaron a tres y por las siete que faltaban pedían 4 millones de pesos.
El 29 de noviembre los otros cautivos fueron liberados. El vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia informó que a las 8 de la noche cerca del cerro de La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, se encontraron a las personas que manifestaron que estaban en poder de la banda Los Tequileros.
En declaraciones telefónicas indicó que los hombres contaron que luego que fueron liberados caminaron por cañadas y cerros hasta que llegaron cerca de La Gavia, donde encontraron a policías ministeriales que los buscaban y que los trasladaron a sus casas.

Desaparecen seis integrantes de una familia en Zitlala

Desde el 18 de octubre una familia completa se encuentra desaparecida, se desplazaba de Zitlala a la cabecera municipal de Chilapa.
Las víctimas fueron identificadas como Florencia Capistrán Tecolapa de 80 años, Mario García Capistrán de 58, María Feliciano Diego de 48, Félix García Feliciano de 25, Santa García Feliciano de 23 y Marco Antonio García Feliciano de 18. Todos originarios del poblado nahua de Ixcatla, municipio de Zitlala.
En un comunicado el comité de familiares de personas desaparecidas Siempre Vivos de Chilapa explicó que el martes 18 de octubre las víctimas viajaban en una camioneta roja de la marca Nissan, tipo pick up, sobre el camino que conduce a Chilapa, pero nunca llegaron a su destino y el resto de sus familiares comenzó a buscarlos sin encontrarlos.
A 12 días de la desaparición de los seis integrantes de la familia García Feliciano en Zitlala, la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó de manera oficial las investigaciones del caso.
También participó personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) así como de la Codehum y personal del Ejército mexicano.
El presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro informó que la Policía Ministerial del Estado acudió a la comunidad de Tlalcozotitlán, municipio de Copalillo, para recabar las declaraciones de las personas que vieron a los integrantes de la familia desaparecida.
El 31 de octubre, policías, militares y el grupo Paz y Justicia de Tlaltempanapa señalado de vínculos con el grupo criminal Los Ardillos, buscaron a la familia desaparecida. El 2 de noviembre familiares de los seis desaparecidos informaron que continuarían la búsqueda con sus propios medios, debido a que no les permitieron participar con el colectivo de familiares de desaparecidos Siempre Vivos en la operación policiaca y militar que se integró para las investigaciones.
A dos meses de la desaparición de seis miembros de la familia García Feliciano de Ixcatla, Zitlala, la Fiscalía mantiene suspendidas las investigaciones y no ha informado los resultados de la búsqueda a los familiares ni al colectivo, informó su presidente José Díaz Navarro.

Siguen policías viales concentrados tras los asesinatos de tres agentes

 

Los policías viales continúan concentrados en la Secretaría de Seguridad Pública y sin salir a laborar, luego de los asesinatos de tres agentes en una semana; asimismo se observó a algunos efectivos que ya portaban armas.
En un recorrido a las 11 de la mañana y después a la 1 de la tarde se observó a pocos policías viales agilizando el tránsito.
En la Costera, afuera de las oficinas de Costera 125, sólo había un policía vial, pero no había desde el Asta Bandera hasta la calle Wilfrido Massieu.
Pero en la avenida Cuauhté-moc frente al Palacio Municipal, trabajaban dos policías de Tránsito estatal, de igual forma en la Costera y el centro.
Se informó que sólo algunos agentes viales realizan operativos como el Rehilete junto con preventivos y dependencias municipales para el retiro de vehículos de zonas prohibidas.
A las 2 de la tarde se constató que los agentes viales del turno vespertino se mantuvieron en los alrededores de la SSP y sin salir a laborar, mientras que los del turno saliente (matutino) se retiraron.
Además se vio a algunos policías viales armados, dando mantenimiento a las patrullas y otros en las calles aledañas como normalmente lo hacen.
Policías viales consultados aseguraron que sí están saliendo a trabajar acompañados de agentes armados, pero en los recorridos de ayer en la mañana y la tarde no se constató la presencia de éstos, sólo la de Tránsito estatal.
En la Dirección de la Policía Vial hay unos 400 policías operativos y 200 administrativos.
En marzo de 2013 dejaron de portar armas luego de la muerte de cuatro agentes auxiliares y un preventivo en tres meses, a quienes sus atacantes los despojaron de sus pistolas.
El viernes, dos agentes viales fueron asesinados a balazos en la avenida Constituyentes cuando agilizaban la vialidad; el lunes antepasado un agente vial fue acribillado cuando trabajaba en la calle 16 de Septiembre, en la colonia Progreso.
Otro agente vial fue baleado en la avenida Constituyentes el pasado 19 de junio.

Ofrecen vacantes la Policía Federal y Estatal durante la Feria del Empleo de Iguala

 

En la primera Feria del Empleo realizada en la ciudad de Iguala, en la que se vio una regular asistencia de buscadores de empleo, se ofrecieron más de 350 vacantes de unas 35 empresas que participaron, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado, que ofrece 3 mil vacantes para policías, y la Policía Federal que inició el reclutamiento de personal para el sector de seguridad regional.
Ayer, de 9 de la mañana a las 3 de la tarde se llevó a cabo la primera Feria del Empleo de 2016 en Iguala, en el salón La Estancia, en el Periférico Oriente, donde se vio una asistencia regular de jóvenes que buscan empleo, y unos 150, entregaron solicitudes en las diferentes empresas, en su mayoría empresas refresqueras, tiendas departamentales o de crédito que ofrecen puestos administrativos, de ventas o de mostrador.
En declaraciones, el delegado federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en Guerrero, Fermín Alvarado informó que en esta Feria del Empleo se ofrecieron 350 puestos entre unas 35 empresas, quienes ofrecen puestos desde chofer hasta gerente de una tienda.
Habló de que la tasa de desempleo en Guerrero, hasta febrero pasado era del 2.1 por ciento, es decir, según el funcionario de cada mil personas en edad productiva, 20 son desempleados.
Informó que en los próximos días el gobierno federal firmará un convenio con los gobiernos estatales para la formalización del empleo, con el cual en el caso de Guerrero habrá el compromiso de realizar una campaña de marzo a diciembre de este año que permita “formalizar” a más de 6 mil trabajos que en este momento son informales, y que buscarán que sean empleos con todas las prestaciones.
Se le preguntó del cierre de empresas y la pérdida de empleos en Iguala tras el caso Ayotzinapa en septiembre de 2014, a lo que sólo comentó que “a diferencia de lo que pasó hace un año, hoy Guerrero vive un nuevo clima, un clima más seguro, de estabilidad y de recuperación paulatina del orden y la paz”.
Por separado, una representante de la SSP informó que están ofreciendo 3 mil vacantes para la operatividad de policías estatales –hombres y mujeres- y de las cuales hasta ayer, en las tres ferias del empleo pasadas, han recibido unas mil solicitudes.
Mencionó que piden la escolaridad mínima de secundaria y una edad de entre los 18 y 35 años, los cuales, en caso de acreditar los requisitos, serán sometidos al proceso de los exámenes de control y confianza, para después ser capacitados y ser parte de la Policía Estatal Acreditable en tres meses, esto encaminado al esquema de la Policía Única o Mando Único Policial.
A pregunta expresa, indicó que el tema de la violencia y la inseguridad no ha afectado en las solicitudes de empleo que han recibido de los jóvenes que quieren ingresar a la corporación, “hemos tenido mucha demanda, sólo en las ferias hemos recibido unas mil solicitudes”.
Asimismo, el oficial de la Policía Federal sector Caminos de la estación Iguala, Israel León Moctezuma informó que por primera vez también están participando en una feria del empleo para el reclutamiento de personal, aunque dijo que no había una cifra de los espacios que estaban ofreciendo.
Dijo que ellos estaban como primer “filtro” del reclutamiento de personal para seguridad regional o sector Caminos, y que a los que reúnen los requisitos se les hace un pre registro y éste se envía a la Ciudad de México para entregar su documentación y seguir su proceso de capacitación.
Ayer se vio que muchos jóvenes se acercaron a ese módulo, pero la gran mayoría no reunió los requisitos, como tener de 22 a 28 años, cartilla militar liberada (en los hombres), escolaridad mínima de licenciatura y una estatura mínima de 1.75 metros para hombres y 1.68 metros para las mujeres.

Vigila la SSP por tierra y aire Izotepec, Polixtepec y Yextla en la sierra de Chichihualco tras enfrentamientos, informa

La Policía del Estado continúa vigilando por tierra y aire las comunidades de Izotepec, Polixtepec y Yextla en el municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), luego de que han ocurrido enfrentamientos entre civiles armados y policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).
De acuerdo con un boletín de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, la noche del domingo en la comunidad de Yextla, agentes de la policía estatal recuperaron un vehículo Honda tipo Civic, con placas MG-S63-25 del estado de México abandonado en la calle Hidalgo, el cual tenía reporte de robo.
El sábado, efectivos estatales a bordo del helicóptero Bell 205, UH-1H, matrícula XC-LLK, hicieron sobrevuelos en las comunidades de Yextla y Polixtepec para prevenir algún hecho de violencia.
En la comunidad de Yextla están desplegados 25 policías estatales y en Polixtepec 35.
Los agentes hacen recorridos en las vías de acceso a Yextla y en las poblaciones aledañas, “como parte de las acciones que la SSP ha implementado para la prevención de delitos”.
En esa zona de la sierra del estado han ocurrido otros hechos de violencia recientemente.
En marzo de 2015 hubo un enfrentamiento entre grupos armados que dejó cinco hombres muertos y tres heridos.
El jueves 12 de noviembre, policías ciudadanos de la UPOEG se enfrentaron a balazos contra unos 500 sicarios que vestían uniformes tipo militar y portaban lanzagranadas y fusiles Barret, AK-47 y AR-15 en la comunidad de El Naranjo, municipio de Leonardo Bravo.
Después del enfrentamiento llegaron soldados del Ejército, que desarmaron a los policías ciudadanos y detuvieron a unos 60, mientras que otros 15 se reportaron como desaparecidos; después, uno de ellos fue hallado muerto y otro continúa desaparecido. El lugar es una cañada a orillas del río El Naranjo, a unos 4 kilómetros de la localidad, donde también fueron abandonadas 12 camionetas de los policías ciudadanos, cuatro de ellas calcinadas, con múltiples impactos de bala pero no se encontró ningún cuerpo.
La medianoche del domingo 15 de noviembre, hombres armados irrumpieron en la comunidad de Polixtepec y asesinaron a cuatro vecinos, a una mujer, a su hija y a dos de sus hijos, incendiaron tres casas y se llevaron a dos hombres, uno de ellos era pareja de la mujer.
Y el 19 de diciembre, hombres armados irrumpieron en Yextla y se enfrentaron a balazos con vecinos de la localidad dejando a dos personas heridas, y en la comunidad vecina de Izotepec, pistoleros irrumpieron y atacaron a la población.

Pendientes, 163 procesos contra funcionarios de la SSP en la Comisión de Honor: síndico

 

En la instalación de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública del Cabildo, se pidió que se ponga atención a los procesos que sigue la Comisión de Honor y Justicia que, informó el síndico procurador Ilich Lozano Herrera, suman 163 casos.
Los regidores resaltaron que se deben de actualizar los reglamentos municipales para armonizarlos con las leyes federales, iniciando con el de Cabildo y el Bando de Policía y Buen Gobierno.
La Comisión de Gobierno y Seguridad Pública es encabezada por el síndico procurador Ilich Lozano, la secretaria técnica es la regidora del PVEM, Linda Karina Ríos Radilla, y de vocales quedaron los regidores del PRI, Luis Miguel Terrazas Irra y Rodolfo Escobar Ávila; del PRD, Alejandra Solorio Almazán y Verónica Cadena Saligán; del PT, Alma Juárez Altamirano y del PAN, Porfirio Daza Rodríguez.
Durante la sesión en la sala de Cabildo, el presidente de la comisión entregó su plan de trabajo y pidió a los integrantes de la misma que lo analizaran y se discuta en la siguiente reunión. También solicitó que se trabaje en beneficio de los acapulqueños.
Lozano Herrera informó que hay 163 casos pendientes por resolver en la Comisión de Honor y Justicia, por quejas y denuncias contra integrantes de la Secretaría de Seguridad Pública.
Agregó que los casos pendientes se encuentran en diferentes estatus y son expedientes desde 2007.
El regidor del PAN, Porfirio Daza, pidió que se dé seguimiento a los casos contra policías, así como que se exija que se apliquen los reglamentos de Transito y Vía Publica para evitar la invasión de calles, a lo cual se sumó el coordinador de la fracción del PRI, Luis Miguel Terrazas, y expuso que se requiere modificación de reglamentos como el de Cabildo que “está desfasado”.
La regidora del PRD, Alejandra Solorio, convocó a los funcionarios municipales a que asistieron a trabajar con honestidad y respeto, mientras que la edil del PT, Alma Juárez, resaltó que los ciudadanos merecen una ciudad con mejores servicios y seguridad.
En la sesión se les permitió a los funcionarios asistentes que intervinieran y el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Sandoval Vázquez, indicó que entre todos pueden hacer un Acapulco más seguro.
Expuso que se trabaja en la prevención del delito, actualización de la normativa y de manera operativa. Y que atenderá observaciones y críticas constructivas.
El coordinador de Protección Civil y Bomberos, Sabás de la Rosa Peláez, pidió que se trabaje de manera constante en la prevención no sólo cuando haya alertas por algún fenómeno natural.
La directora de la Unidad Especializada contra la Violencia Intrafamiliar de la SSP, Olga Facundo, también solicitó más recursos y que se regrese a ver a los policías para atender sus necesidades.
El director de la Policía Rural, Raúl Salas, solicitó uniformes y equipo para sus agentes, debido a que son personas con edades entre los 50 y 60 años y no tienen derecho a lo que se entrega con el Subsemun.
Y el director de Reglamentos y Espectáculos expuso que la inseguridad rebasó a las autoridades y que los ciudadanos tienen miedo de salir a las calles, por lo que convocó a los integrantes de la comisión a pedir que se revisen las estrategias de seguridad que se aplican.

Salinas Altés: se investiga al comandante Tovar Lara




Por otro lado, el general Salinas Altés dio a conocer que el Departamento de Asuntos Internos de la SSP investiga al comandante de la policía del estado Francisco Tovar Lara, por los hechos que se narran en la tarjeta informativa de la Policía Investigadora Ministerial –que se dio a conocer en El Sur el martes pasado–, en la que el jefe policiaco habría despojado de sus pertenencias a dos detenidos en un operativo.
En ese sentido, se le preguntó sobre la queja del comandante Tovar Lara de que no tenían apoyo de las fuerzas federales en Acapulco, pero respondió que “no vi ninguna queja de falta de apoyo federal, están quejándose de que el policía del estado supuestamente dio algunas órdenes que no eran correctas, se está investigando, asuntos internos está investigando, y si hay una violación a la ley se procederá como corresponda”, comentó.
De igual manera desmintió que la Policía Federal Preventiva (PFP) haya abandonado la seguridad en el puerto de Acapulco, “es mentira que ya abandonó los operativos de México Seguro, lo que pasa es que hay agrupamientos que no incluyen (agentes de la) PFP. Precísamente los agrupamientos se hicieron con policías del estado, ministerial y municipales, para el reforzamiento en los dispositivos, tanto en la Costa Grande como en Acapulco”, sostuvo.