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Faltan detalles para que el cobro del ISR afecte lo menos posible a los trabajadores, asegura el rector

 

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, declaró que están acabando los detalles, incluso con personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a prestaciones de los contratos colectivos de trabajo de los sindicatos, afecte lo menos posible a los trabajadores.
Consultado luego de una reunión con integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), y previo a otra reunión con directivos del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), en un hotel de la capital, aceptó que la aplicación amplia del gravamen va a generar inconformidades, pero añadió que no va a poner en riesgo a la institución, en caso de que la federación decida embargar al financiamiento público.
Más tarde, trascendió que en este encuentro, el rector anunció a los sindicatos la aplicación del ISR de acuerdo con la reforma hacendaria de 2014, a partir de la próxima quincena.
Antes, en la entrevista, Saldaña Almazán informó que esta reunión se programó el día que se entregaron los acuerdos del emplazamiento a huelga en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por inconformidades.
En la reunión de varias horas con el STAUAG, dijo que revisaron, principalmente, recategorizaciones de personas que ya concluyeron sus estudios de posgrado y están realizado el trámite de su cédula profesional, así como el pago de retroactivo del aumento salaria de 3.4 por ciento, que corresponde a 2018.
Recordó que en enero y la primera quincena de febrero, la universidad pidió prestado al gobierno del estado para cubrir la nómina; ahora con el subsidio se cubrió el adeudo y están en condiciones de aplicar el 3.4 por ciento de incremento salarial de retroactivo.
Sobre la inconformidad que genera la posible aplicación de ISR a prestaciones, en particular a la prima de antigüedad, indicó que la administraron y sindicatos crearon una comisión para revisar los modelos de previsión social, que se están aplicando en otras universidades.
Sin embargo, advirtió que la institución no se puede excluir de esta obligación, y siguen revisando los mecanismos para que los universitarios “salgamos lo menos afectados” con el gravamen a prestaciones. A la fecha sólo se grava el ISR al salario base.
Indicó que la reforma fiscal se impuso en 2013 y entró en vigor el 1 de enero de 2014, y desde entonces varias universidades ha evadido su aplicación, y en estos momento en Guerrero están “ultimando detalles, con gente incluso de Hacienda, para que nos ayuden a que los trabajadores salgan lo menos afectados”.
Explicó que por mucho tiempo las universidades le dieron vuelta a los impuestos, por ello el SAT puso estos candados.
Al insistirle sobre el plazo para la aplicación del impuesto, respondió que están trabajando en ello, y añadió que de no aplicarse el ISR se corre el riesgo de retención del subsidio.
“Sería una gran irresponsabilidad (no aplicarlo), tanto de los sindicatos, ellos firmaron en 2014 que se iban a buscar los mecanismos, pero no vamos a poner en riesgo la institución, que nos vayan a embargar el subsidio”.
En cuanto a las inconformidades de los trabajadores, que se expresaron en la anterior sesión del Consejo General de Representantes del STAUAG, reconoció que seguramente continuarán, “pero debemos mantener a la universidad. Los mecanismos se están buscando para que todo salga bien”.

 

Ahoga el presupuesto de universidades como la de Guerrero el pago de prestaciones, informa la SEP

El director de Subsidio a Universidades de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Horacio Guillermo Díaz Mora dijo que el cumplimiento de las prestaciones laborales ahoga los presupuestos de universidades como la de Guerrero.
Antes de la clausura del Congreso Nacional de Universidades, De cara a la transparencia y rendimiento de cuentas, que cerró el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, el funcionario federal dijo que las fuentes de financiamiento de las universidades son “endebles” y sus compromisos laborales las están “ahogando”.
Díaz Mora indicó que serán las universidades las encargadas de informar si los gobiernos estatales entregan sus aportaciones, con la finalidad de “invitarlos” a que lo hagan en tiempo y forma, pues tal información debe ser entregada a órganos fiscalizadores que se los exigen.
En su ponencia, Normatividad aplicable al subsidio federal, dijo que el mayor problema en los informes de instituciones públicas, radica en la comprobación por entrega de subsidios que otorgan los gobiernos estatales.
“Los gobiernos de los estados, e incluso la Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros nos llamó fuertemente la atención porque no tenían los comprobantes en la recepción del recurso que ellos transferían (…) y se emitió una nueva disposición por parte de la Oficialía Mayor, y ahora los gobiernos de los estados, de manera anticipada la recepción del recurso, tienen que entregar su recibo o factura correspondiente”, señaló en su participación, en un salón del hotel Princess, en la zona Diamante de Acapulco.
Recordó que en 1970 las universidades contaban con subsidios sobrados, “y todavía están sobradas en recursos”, opinó sobre los presupuestos actuales, sin embargo  reclamó que, “lo que hacen las universidades con esos remanentes de no ocupar toda la plantilla académica y administrativa, es pagar las prestaciones que no reconoce la Secretaría, pagar los regímenes de pensiones y jubilaciones, porque el dinero no les alcanza, el dinero no sobra en las universidades ya en este momento, al contrario, falta. Esa fuente de financiamiento endeble está ahogando a las universidades”.
Señaló que la falta de recursos es el cúmulo de los paternalismos que datan de 1970, cuando los gobiernos cumplían a los sindicatos todo lo que exigían, y aún lo hacen. Asimismo, dijo que si no es posible erradicar los vicios, al menos se deben ir acotando.
Dijo que “por indicaciones” y con el fin “de que los convenios de apoyo financiero se cumplan a cabalidad”, se estableció un programa que comenzará a operar en 2018 para dar seguimiento a los recursos federales y que éstos se entreguen de manera oportuna.
“La parte que nos causa dificultades es que el gobierno del estado entregue ese recurso federal a las instituciones, sin embargo no sabemos si la parte estatal la entregan en tiempo y forma no tenemos manera de fiscalizarlo”, señaló Horacio Guillermo Díaz.
“Establecimos un programa… donde las chismosas van a ser las universidades, ‘dime cuándo te llegó tu subsidio federal y el número de CLC… pero ahora también quiero que me digas cuándo te llegó el estatal’. Nosotros no somos fiscalizadores, simple y sencillamente vamos a invitar a que se cumpla; y que si los órganos fiscalizadores nos piden información, contemos con ella”, puntualizó.
Reflexionó acerca de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas para que no solamente invite a cumplir a las instituciones con la ley, sino a que destacó que una contraparte está en personas que cada vez se exigen más, se quejan y están hartas.
Consideró que en el corto plazo, todas esas leyes que exigen mayor transparencia van a surtir el efecto que la población desea, y “el ingreso se va a aplicar en lo que realmente debe aplicarse”, lo que generará ahorros y una fortaleza financieramente hablando en el país.

Son las jubilaciones un “problema fuerte” igual que las clausuras, indica Saldaña Almazán

En su mensaje de clausura, el rector Javier Saldaña dijo que las jubilaciones son un “problema fuerte” para la UAG, al igual que las clausuras son gastos que representan perdidas a las instituciones a las escuelas y a los padres de familia.
Saldaña Almazán expresó que las jubilaciones en la universidad están limitadas y se hacen efectivas sólo en personas que tienen problemas de salud, porque no hay dinero para jubilar ni para pensionar.
“Afortunadamente, este año nos aprobaron 700 millones en el presupuesto, que eso nos va a ayudar mucho”, dijo, aunque no especificó en qué.
El rector advirtió que con los sindicatos seguirá haciendo conciencia y racionalizando los recursos.
“Es el tema que está agobiando y que algunas universidades las van a cerrar, es el tema de las jubilaciones. Las prestaciones a los sindicatos, algunas universidades no van a aguantar este tema y tiene que haber un cambio, un acuerdo entre las universidades y los sindicatos, porque definitivamente tenemos que cambiar. No puede el subsidio universitario estar solamente orientado a pagar prestaciones salariales”, indicó.
Pugnó porque se apliquen los descuentos por faltas a los trabajadores, y puso como ejemplo 200 faltas de maestros de la Unidad Académica de Contaduría que no se hicieron efectivas.
También dijo que han prohibido las clausuras, y que si algún director decide hacerla sabrá cómo pagarla, puesto que la universidad no ejercer recursos para actividades “suntuosas”.
Mencionó que durante distintas reuniones en materia de transparencia a las que acudió acompañado por el gobernador, Héctor Astudillo Flores, ha sido testigo de la presentación de proyectos de ley relacionados con la educación y la rendición de cuentas.

La experiencia de la Universidad Baja Autónoma de Baja California

La experiencia de la Universidad Autónoma de Baja California en materia de transparencia y rendición de cuentas, fue expuesta por la encargada de ese departamento, Olga Minerva Castro Luque, quien hizo una exposición desde sus inicios hasta los resultados en la actualidad, como primera institución de educación pública con resultados en ese rubro.
Señaló que la transparencia es un ejercicio de “voluntad”, y sugirió establecer una Unidad de Transparencia, romper las resistencias y fomentar una cultura de buenas prácticas.
Castro Luque también habló del necesario compromiso del representante de las universidades para fortalecer las áreas de transparencia, a partir de la publicación de los informes a los cuales está obligado.
“La transparencia no trastoca la autonomía de las instituciones. Podemos seguir siendo ejemplo de fortaleza”, sostuvo.
A pregunta de uno de los asistentes de cuáles serian las consecuencias en materia de seguridad y la participación de los departamentos de información, la funcionaria respondió que tales institutos deben ser áreas de apoyo, aunque aclaró que no será responsabilidad de la Unidad de Transparencia el alcance de la información, además de que el área de donde se originará la información decidirá qué información proporcionar.
Habló de la necesaria conformación de un órgano colegiado en transparencia en las instituciones de educación para tomar decisiones, entre otras, designar a quién le corresponde proporcionar información solicitada por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai).
“El área encargada de proveer la información, establecerá el nivel de información que proporcionará, y que el Comité de Transparencia decida por qué se negará la información o será proporcionada”, dijo.

Protestan socias del Acabús; denuncian que el gobernador no cumplió con el subsidio

Trabajadores y socias del Sistema de Transporte Acabús protestaron ayer para exigir al gobernador Héctor Astudillo Flores que cumpla el compromiso de subsidiar mensualmente la operación de los vehículos, para lo que solicitan 7 millones de pesos.
Advirtieron que de no tener respuesta, a partir de hoy empezarán a parar el servicio por una hora y aumentará consecutivamente según los días que pasen.
Una de las socias, Julieta Sánchez Espinoza, señaló que el déficit actual es de 60 millones de pesos, que le deben al proveedor de combustible, a la empresa que daba mantenimiento y no hay dinero para comprar ni las refacciones de los vehículos descompuestos.
A las 10 de la mañana, trabajadores del Sistema de Transporte Acabús colocaron mantas en las que expusieron que “el mal servicio que se presta es gracias al gobierno que no da el subsidio para el mantenimiento de las unidades”; “Señor gobernador, le pedimos el subsidio mensual para mantener a nuestra familia”; “Acabús en quiebra”; “Los transportistas del Acabús decidimos el cambio porque pensamos en nuestro usuarios y porque queremos a Acapulco”.
En otras exigían: “Señor gobernador, cumpla su palabra, nosotros creímos en su promesas”; “Señor gobernador, desde que usted era candidato sabía que se tenía que subsidiar al Acabús, lo aceptó y aun así decidió ponerlo en marcha ¡cúmplalo!”, “los concesionarios que confiamos al Acabús eran nuestra única fuente de ingreso y todo nuestro patrimonio”.
Los inconformes primero colocaron las mantas en las rejas de la terminal de transferencia y después dentro de algunos de los camiones, para informar su inconformidad a los usuarios.
A las 11 de la mañana, unas 30 socias dieron una conferencia dentro de la terminal de transferencia, frente a las oficinas administrativas.
Ahí, una de ellas, esposa del presidente del Consejo de Administración del Acabús, Simón Zamora García, Julieta Sánchez Espinoza, reprochó que el gobernador los impulsara a poner en marcha el transporte “¿por qué quería un servicio de calidad si no podrían pagarlo?”.
Recordó que si no se ponía en marcha el Acabús el gobierno del estado iba a ser sancionado por Banobras, que les dio un plazo para comenzar a operar y por eso arrancó en 25 de junio del año pasado.
Explicó que por lo menos se requiere que el gobierno del estado dé un subsidio al sistema de 7 millones de pesos mensuales en lo que se resuelven todos los problemas y se vuelve sustentable.
Indicó que el gobierno del estado “tenía de dos aguas: comprometerse o dejarlo”, y que decidió seguir y ahora los concesionarios son los que padecen la falta de ganancias y que no haya dinero ni para el mantenimiento de los camiones, de los cuales en el taller hay 30 de los 136 que tiene el sistema.
Sánchez Espinoza enfatizó que han hablado con el director del Organismo Público Descentralizado (OPD), Carlos Blanco, y con jefe de la oficina del Ejecutivo, Alejandro Bravo Abarca, quienes les han respondido que quien que no libera el dinero para el subsidio, e incluso olvidó ponerlo en el presupuesto de Egresos de este año es el secretario de Administración y Finanzas, Héctor Apreza Patrón.
Puntualizó que los socios del Acabús “no tenemos porqué absorber el costo político” porque, según saben, el secretario de Finanzas buscará ser senador, por eso consideró que no le interesa resolver el problema.
Recalcó que los socios apuestan a rescatar el negocio porque nadie más lo hará, y advirtió que de irse a la quiebra total, ante la falta de apoyo del gobierno del estado, sacarán a la calle los camiones que salieron de circulación por el Acabús.
La socia María Felicitas Arenas indicó que le preguntaba al gobernador de qué eran socias “si todos los que estamos aquí no recibimos dinero, nos estamos muriendo de hambre, yo porque tengo una pensión, él prometió ayudarnos ¿dónde está la ayuda?”. Protestan socias del Acabús; denuncian que…

Otra de las socias expuso que ellas arriesgaron su inversión al sacar de circulación los camiones que tenían y entregar las concesiones, que por eso no le interesa a los funcionarios atender el problema porque ninguno arriesga nada.
Las socias reprocharon que les hayan dicho que se les comprarían los camiones en un programa de descacharrización y el gobierno del estado no les haya cumplido, que les hayan dicho que les darían una aportación mensual y ésta fue de mil pesos por cada socio, y que según sus cuentas el sistema traslada diariamente por lo menos a 100 mil usuarios “¿entonces por qué se dice que no hay dinero?”, por lo que pidieron que salga Teknei que es la concesionaria encargada de la recaudación.
Las inconformes también se quejaron de que tienen problemas para pagar los impuestos, porque en ocasiones del OPD no les depositan el dinero completo para el pago de la nómina de los 450 trabajadores de las diferentes áreas que tiene el Acabús, pero sí les descuentan el 2 por ciento de impuesto para el estado.
Judith Radilla, otra de las socias, advirtió que a partir de hoy empezarán a parar el Acabús por una hora en protesta por la falta de subsidio, y que de continuar el problema mañana serán dos horas y así hasta que se pare el servicio, si es que no hay una respuesta.
Reiteraron que el Acabús tiene un déficit de 60 millones de pesos, que le deben al proveedor de combustible, a Maxitúnel le deben cerca de 13 millones de pesos, “tenemos deuda hasta con el talachero”.
“Pedimos a quienes tienen aspiraciones políticas que dejen aquí, nosotros no vivimos del voto, vivimos de los usuarios, exigimos respeto”, señalaron.
Uno de los conductores, Ricardo Camacho, expuso que no tienen uniformes, que no hay limpieza de las unidades, que los camiones circulan con las llantas lisas y siguen sin pagarles el salario que les ofrecieron, que era de 12 mil pesos al mes y solamente les pagan 7 mil.
“No se ha hecho cambio de aceite, faltan balatas, hay carros que salen sin aire para sacar el trabajo, nosotros somos los que recibimos las regañadas, a quienes insultan los pasajeros es a nosotros”, se quejó.
Otro conductor manifestó que al salir a trabajar con los camiones con falta de mantenimiento ponen en riesgo a los usuarios.
Después de la conferencia, las socias marcharon dentro de la terminal de transferencia con las mantas, y pidiendo a los usuarios que estaban esperando los autobuses que se quejaran del servicio para que mejorara.