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Analiza la Suprema Corte atraer juicios del caso Ayotzinapa para “revisión extraordinaria”

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará ejercer su facultad de atracción para una “revisión extraordinaria” de los juicios que resultaron en la orden para crear la Comisión de la Verdad y la Justicia, la cual indagaría de nueva cuenta la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.
El ministro presidente, Luis María Aguilar, turnó el 12 de julio a la Primera Sala la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 495/2018, presentada por la Procuraduría General de la República (PGR), que busca que el máximo tribunal conozca de 11 recursos de revisión extraordinarios presentados por diversas dependencias.
El Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, encargado de supervisar el cumplimiento de estos amparos, informó ayer que tiene pendiente darle trámite a todos estos recursos, y que los mantendrá congelados mientras la Sala resuelve si los atrae. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Niega la SCJN un amparo a la esposa de Abarca Velázquez, presa por la desaparición de los 43

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a la esposa del ex alcalde de Iguala, María de los Ángeles Pineda Villa, presa por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en 2014.
La Primera Sala de la Corte declaró constitucional el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, impugnado por esposa del ex alcalde José Luis Abarca, que permite a la PGR consignar asuntos relevantes ante juzgados que no están en el lugar donde se cometió el delito.
“El párrafo tercero, del artículo 10 del Código no faculta a la autoridad ministerial federal para fijar la competencia del juez, sino que lo faculta a que, por razones de seguridad en las prisiones, ejerza la acción penal ante un juez de Distrito distinto al del lugar de la comisión del delito”, afirmó la Sala por unanimidad.
La Corte ya tenía varios precedentes en los que, desde hace más de 15 años, ha avalado esta facultad de la Procuraduría General de la República (PGR).
Pineda Villa presentó este alegato en un proceso que se le sigue por el delito de cohecho, por el soborno que ofreció a los policías que la detuvieron en 2015.
Si bien los normalistas fueron desaparecidos en Guerrero, y Pineda Villa fue detenida en la Ciudad de México, se le recluyó en un penal de Nayarit, y los procesos en su contra fueron radicados por la Procuraduría General de la República (PGR) ante un juzgado federal de Matamoros, Tamaulipas.
En la actualidad, Pineda está internada en el penal 16, de Coatlán del Río, Morelos.
En junio pasado, el proceso en su contra por delincuencia organizada fue enviado de Matamoros a Cuernavaca, luego de que el Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, concedió un amparo en el que sostuvo que Pineda tiene derecho a ser juzgada por tribunales del lugar donde está recluida.
Eso quiere decir que la apelación de Pineda contra su auto de formal prisión por delincuencia organizada tendrá que ser revisada por uno de los dos tribunales unitarios en Cuernavaca, y de ser confirmado dicho auto, el resto del proceso y la sentencia la dictará un juez de la misma ciudad.
Una vez que la Corte negó el amparo en el tema del artículo 10, es previsible que el juicio contra Pineda por cohecho también será enviado a Cuernavaca, donde no hay juzgados ni tribunales especializados en materia penal, sino que ven todas las materias.
Esto implica que Pineda no será beneficiaria directa de las sentencias que ha dictado el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, en favor de varios integrantes del Cártel Guerreros Unidos, a los que ha puesto al borde de la libertad al ordenar que se anulen los autos de prisión que se les dictaron por la desaparición de los normalistas.
Lo anterior, ya que la revisión final de los procesos contra Pineda Villa tocarán a un tribunal colegiado de Cuernavaca, que no está obligado a resolver igual que su similar de Reynosa.

Padres de los 43 piden a la SCJ que los jueces valoren las irregularidades en la investigación

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron ayer en la Ciudad de México con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis María Aguilar, y le plantearon que los jueces deben valorar las irregularidades en la investigación del caso. El Consejo de la Judicatura Federal informó que Aguilar garantizó que los jueces actuarán de manera valiente e independiente.
Antes de esta reunión, integrantes del Mecanismo de Seguimiento al caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reprocharon al gobierno federal que no haya avances sustanciales en la investigación.
Los comisionados Esmeralda Arosemena y Luis Ernesto Vargas junto con representes de los padres de los 43 normalistas desaparecidos se reunieron con autoridades de la PGR, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob).
Según asistentes al encuentro, Vargas manifestó su preocupación por la falta de avances sustantivos en la investigación de los hechos del 26 de septiembre de 2014, mientras que Mario Patrón, del Centro Prodh, dijo al respecto que hubo manifestaciones de ambos comisionados.
“Lo cierto es que han venido pasando las fechas y el Estado no ha tenido la voluntad y la capacidad para ir dando resultados en cada uno de los ejes temáticos de la investigación”, manifestó Patrón.
Sin embargo, se informó que todas las partes mostraron voluntad para que este año terminen las labores del Mecanismo de Seguimiento y se presente un informe final en el último trimestre del año.
Entre los acuerdos que se lograron, señaló que habrá audiencias sobre Ayotzinapa en los cuatro periodos de sesiones de la CIDH durante este año, así como visitas oficiales a México bimestrales.
La actualización del cronograma de trabajo se formalizará el 2 de marzo en Bogotá, Colombia, en el 167 periodo de sesiones de la CIDH. Acordaron también que tras la audiencia pública sobre Ayotzinapa que se realizará el 2 marzo en Bogotá, Colombia, definirán el plan de trabajo y el cronograma que seguirán durante este 2018.
En un comunicado conjunto, la dependencias federales que estuvieron en la reunión señalaron que también se informó de posibles órdenes de aprehensión adicionales, sin aclarar por qué delitos.
Ayer concluyó la primera visita oficial del Mecanismo de este 2018, la cual duró dos días y en la que participaron la relatora para México, Esmeralda Arosemena y el comisionado Luis Ernesto Vargas, así como el secretario ejecutivo del organismo regional, Paulo Abrao.
Los integrantes de la CIDH se reunieron en la delegación regional de la PGR, ubicada en la Colonia Doctores de la Ciudad de México, con autoridades del Estado mexicano y representantes de las víctimas, mientras que padres de los normalistas desaparecidos en 2014 se reunían con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, en el Consejo de la Judicatura Federal.
Aunque desde hace prácticamente un mes la CIDH envió al Gobierno mexicano un cuestionario de 111 preguntas sobre el caso, las autoridades no entregaron todas las respuestas y se comprometieron a hacerlo la próxima semana.
La reunión empezó minutos después de las 9:00 horas y terminó hacia las 11:30, mientras que la mayoría de los padres de los estudiantes desaparecidos se reunieron con el ministro Aguilar y cinco consejeros de la Judicatura.
Al término de este encuentro, Vidulfo Rosales explicó que plantearon al ministro presidente que los jueces deben valorar las irregularidades de la investigación oficial sobre la desaparición de los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, tales como las denuncias de tortura y manipulación de las supuestas escena del crimen.
También pidieron que el Consejo de la Judicatura que pueda tener comunicación con la CIDH y el Mecanismo de Seguimiento.
“El acuerdo que sacamos es que ellos van a revisar todos los planteamientos que pusimos sobre la mesa y que nos estaremos viendo en un mes”, explicó Rosales.
En tanto, el CJF informó en un comunicado de prensa que Aguilar garantizó que los jueces actuarán de manera valiente e independiente, aunque no puede decirles a los jueces cómo resolver los casos, pues eso también vulnera su independencia.
“Ustedes tienen derecho a recibir justicia y nosotros estaremos pendientes de ello”, les dijo el Ministro.
El encuentro comenzó en las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) poco después de las 10:30 horas, luego de una breve protesta de los familiares afuera del edificio.
Integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunieron este martes con padres y madres de los 43, y ayer en su visita a México sostuvieron reuniones con funcionarios del gobierno federal para revisar la agenda a seguir en el año.
Además dialogaron con el representante del Alto Comisionado de Naciones en México Jan Jarab, en la quinta visita oficial del Mecanismo.

Demandaron que se resuelva el amparo en la Visitaduría General contra Tomás Zerón, informa Tlachinollan

En un boletín de prensa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, informó que en una ronda de participaciones los padres y madres hablaron de sus inconformidades frente a las actuales causas penales, las nuevas acusaciones, el amparo en la Visitaduría General contra el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, al que acusan de sembrar pruebas en el caso de la desaparición, así como la solicitud de participación del CJF en los informes que rinde el Estado a la CIDH.
Agrega que solicitaron al Poder Judicial que reciba a los integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa en sus próximas visitas, además, que se sumen a la dotación de información periódica por parte del Estado al Mecanismo.
De las causas penales abiertas, demandaron excluir toda prueba ilícita de las investigaciones, solicitando que sean peritos del CJF y no de la Procuraduría General de la República quienes efectúen el Protocolo de Estambul a los acusados que han referido tortura. Apremiaron a que para las causas radicadas en Tamaulipas, exista una manera más eficaz de notificarles las resoluciones emitidas en el juzgado de Distrito de Matamoros, así como apertura para la revisión de expedientes escaneados.
En cuanto a las nuevas acusaciones, señalaron que es un indicativo de que la PGR reconoce a más sujetos involucrados sin embargo al parecer hay jueces que no han actuado conforme a derecho. Otro punto fue respecto al amparo interpuesto por padres y madres de los 43 en el poder Judicial frente a las irregularidades en la investigación de la Visitaduría General.
“Exigimos a nuestros hijos vivos, así como se los llevaron”, expresó Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benajmín Ascencio, ante los integrantes del Consejo, quienes en voz del presidente expresaron su solidaridad con los padres y madres de los 43 y los familiares de doña Minerva Bello, madre del normalista desaparecido Everardo Rodríguez, quién falleció el 4 de febrero pasado en Omeapa, Tixtla.
El documento agrega que Aguilar Morales atajó que si bien no les dirían a los jueces lo que deben hacer, pueden buscar que sean imparciales, honestos, que no tengan miedo, y solicitó más datos a los padres para “repartir responsabilidades en dado caso de que quizá algún juzgado esté cargado de trabajo, distribuirlo con otros”. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo)