El Tribunal Electoral del Estado (TEE) declaró fundada una denuncia por omisión del Congreso del estado para designar a quienes integrarán el ayuntamiento instituyente del municipio Ñuu Savi, separado de Ayutla de los Libres.
Señaló que hasta la expedición de esta sentencia no existe una fecha determinada para la designación de los integrantes del cabildo, ni se advierte que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) haya retomado el procedimiento de designación.
Ordenó al Congreso local que provea “lo necesario para concluir el procedimiento de designación de las personas que habrán de integrar el Ayuntamiento instituyente del municipio de Ñuu Savi, Guerrero”.
De acuerdo con el proyecto de la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, el pleno declaró fundado el Juicio Electoral Ciudadano (JEC) promovido por Roberta Castro de los Santos y otras personas, en contra de actos del Poder Legislativo estatal, para la designación de los integrantes del ayuntamiento instituyente Ñuu Savi, “toda vez que de las constancias que obran en autos, no existe medio probatorio alguno que se haya dado cumplimiento a lo aprobado por el Congreso local el 16 de febrero del 2023.
En esa fecha, el Congreso aprobó las listas de personas elegibles para integrar los cabildos instituyentes de los cuatro municipios municipios de Guerrero: Ñuu Savi, San Nicolás, Santa Cruz del Rincón y Las Vigas.
El Tribunal Electoral confirmó que la Jucopo no ha retomado el procedimiento de designación, lo cual violenta los principios de legalidad y certeza y los derechos de votar y ser votado de la parte actora y de las comunidades, “dado que el inicio de las funciones del nuevo municipio no se ha concretado ante la falta de la designación de su ayuntamiento instituyente”.
Explicó la omisión que se establece, “por los plazos transcurridos y por transcurrir, pueden generar la preclusión del derecho de los pueblos y comunidades del ayuntamiento instituyente Ñuu Savi de solicitar, con oportunidad, se elija su próximo gobierno municipal bajo el modelo del sistema normativo interno y con ello, se menoscaba el derecho de las comunidades y sus integrantes al ejercicio de su libre determinación y autonomía, violentando el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Asimismo, el colegiado convalidó el acuerdo parlamentario aprobado por la Comisión Permanente de la legislatura local, del 16 de febrero de 2023, mediante el cual se declararon elegibles una lista de personas para que la Jucopo proponga la designación de los integrantes de los ayuntamientos instituyentes de Las Vigas, Ñuu Savi, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón; así como el decreto número 429 con el que se ratificó dicho acuerdo plenario de la Comisión permanente.
El Tribunal Electoral del Estado (TEE), declaró infundada la demanda de seis regidores de Chilpancingo para el pago mensual de una percepción extraordinaria, pagos para el apoyo del personal, y un bono anual de 2021 y 2022, porque no se acreditaron los agravios.
En tanto, al Ayuntamiento de Tlacoapa le ordenó el pago de remuneraciones y prestaciones a la síndica y cuatro regidores: Carolina Cantú Morales, Esperanza Morales Álvarez, Laura Rentería Malagón, Gabriela Castro y Constantino Estrada González, quienes recibieron salarios incompletos en 2021 y 2022.
Seis regidores de Chilpancingo, Inés Camarillo Balcázar, Reyna Pablo de la Cruz, María de los Ángeles Vázquez Pastor, Guadalupe Aguilar Alcocer, Antonio Guzmán Ruiz, y Ricardo Iván Galíndez Díaz, este ultimo del partido en el gobierno, señalaron cuestiones políicas en la cancelación de las remuneraciones. Es decir, “que puede suponer una forma de represalia como una medida discriminatoria (a un representante popular) si se emplea como un medio indirecto para excluir al oponente”.
Señalaron el ingreso neto mensual de 110 mil por varios conceptos, pero consideraron que también tienen derecho a una compensacion extraordinaria mensual de 20 mil pesos que se dio al principio de la administración a los regidores, el bono de fin de año de cien mil pesos, para compensar el bajo aguinaldo, y el pago para apoyo de personal de 10 mil pesos mensuales.
Si bien, el Ayuntamiento reconoció haber realizado tres pagos como compensación extraordinaria a favor de todos los ediles al inicio de la administración, precisa que fue con motivo de los efectos de la pandemia que provocó la enfermedad de COVID-19, y no puede servir de base para establecer una obligación permanente.
A partir de las pruebas aportadas y demás constancias allegadas al expediente por el ayuntamiento de Chilpancingo, consistentes en los estados de cuenta bancarios, los comprobantes fiscales digitales de pago y los presupuestos de egresos correspondientes a los ejercicios fiscales 2021 y 2022, el pleno determinó que no se aprecian los rubros reclamaron los actores en el juicio. Tampoco se acreditó que haya sido aprobado por el cabildo
Juicio por reducción de salarios en Tlacoapa
En el caso de Tlacoapa, se aprobó el proyecto que declara parcialmente fundados e inoperantes los agravios señalados por cinco integrantes del cabildo, “por la presunta retención de sus remuneraciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2021 y 2022”.
El pleno consideró que, “al estar tales prestaciones previstas como prerrogativas en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento, es un derecho recibirlas en los montos aprobados, por lo que al haber sido cubiertas de manera incompleta, determinó que no fueron cumplidas en sus términos por la autoridad.
La síndica Cantú Morales, denunció en una ampliación de la demanda, la reducción ilegal del salario, así como la omisión del pago de compensación, del periodo correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021 y de enero a noviembre del año 2022.
Explicó que el pago acordado era de 15 mil pesos, más una compensacion de 5 mil, y la administración redujo los salario en distintas cifras, y fue omisa en pagar la compensación.
Por otro lado, señalaron que el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021, dice que el salario y compensación para los ediles es 33 mil, y 19 mil pesos mensuales. Demandaron el complementos de sus pagos.
El tribunal condenó al ayuntamiento de Tlacoapa, Guerrero, al pago de remuneraciones, compensaciones, aguinaldo y prima vacacional, pero tambien vinculó el caso a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, y a la Fiscalía General de Justicia para que determine si los actos del gobierno municipal, pueden configurar alguna responsabilidad penal.
En la pasada sesión de Cabildo se informó que seis regidores del Ayuntamiento de Chilpancingo interpusieron un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), para exigir que el municipio les pague dos bonos: uno anual de 100 mil pesos y el otro de 20 mil mensuales.
En su intervención, en asuntos generales, la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martinéz, informó que hay un juicio electoral por parte de seis regidores que solicitan dos bonos, “nosotros no tenemos nada que esconder”.
Después la secretaria general del Ayuntamiento, Xóchitl Heredia Barrientos, informó que se le notificó por parte del TEE “una serie de bonos” que solicitan Iván Galíndez de Morena; del PRI Antonio Guzmán Ruiz, Guadalupe Aguilar e Inés Camarillo; Reynalda Pablo del PAN y María de los Ángeles Pastor del PRD.
Indicó que los ediles argumentan que esos bonos se los han estado dando a otros de sus compañeros.
Xóchitl Heredia indicó que ya dieron contestación y están en la espera de que la autoridad se pronuncie. “Hemos contestado de manera transparente y exhibido todas las cuentas públicas del Ayuntamiento, donde se comprueba que todo lo que ellos piden tampoco fue dado a ningún edil por indicaciones de usted (alcaldesa)”, precisó la funcionaria.
Detalló que probablemente regresando del periodo vacacional que tiene el TEE les darán contestación, mismas que también se le estarán comunicando al Cabildo.
En su participación, Guadalupe Aguilar indicó que pidieron un bono: “no tengo ningún empacho en decirlo, qué bueno que se ventile, porque yo ya me adelanté. Ese bono fue para solicitar una igualdad de condiciones y es no para quedarme con el dinero, no para hacerme rica, es para cubrir un sinfín de compromisos que tengo”.
La regidora justificó que vienen varios eventos: del Día del Niño, de la Madres, del Maestro, del Estudiante y las clausuras, con el que utilizarán el dinero que solicitaron.
Manifestó lo solicitaron como un derecho que les corresponde, “con ese bono extra puedo ayudar mucho más, tenía grandes planes porque me iba a traer a más gente para colaborar conmigo, pero ese bono se nos quitó como una manera de revancha”.
Recriminó que los quisieron exhibir como “corruptos o como que hicimos las cosas mal”.
La alcaldesa intervino e informó que fueron tres meses que se dio el bono de productividad a todos, “es la parte de la austeridad y así es como vamos a seguir, y si es necesario de ajustarnos más el cinturón por la situación de mejorar las condiciones de los trabajadores lo haremos”. Externó que serán las instituciones quienes den la sentencia.
De acuerdo con información del Ayuntamiento de Chilpancingo los regidores ganan al mes 30 mil 522 pesos. Y la compensación al salario mensual es de 49 mil 606 pesos.
Además en la información de indicó que la compensación extraordinaria es de 20 mil pesos y que el apoyo mensual para personal es de 10 mil pesos, por lo que en total reciben 110 mil pesos al mes.
El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE), revocó el acuerdo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena, que desechó la queja presentada por un grupo de 353 mujeres contra el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, a quien acusaron de violencia política en razón de género.
El órgano jurisdiccional consideró que la CNHJ debió juzgar con perspectiva de género, lo cual apunta “no es una opción”, sino “una cuestión de ética y de deber”, ya que se busca en el país la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres.
El grupo de mujeres presentó el 16 de diciembre contra Sánchez Esquivel una queja, acusándolo de violencia política contra la diputada presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna.
Posteriormente el 25 de enero la CNHJ solicitó por escrito a las mujeres promoventes que presentaran “los documentos necesarios e idóneos para acreditar la personería de las CC. Graciela Ortiz Flores y otras como militantes de Morena”. También “detallar minuciosamente los circunstanciales de modo, tiempo y lugar de los hechos sobre los referidos actos, relacionar las pruebas con los hechos narrados y expresar claramente sus pretensiones en el presente proceso”.
Sin embargo, lo aprobado ayer por los magistrados apunta que toda la información solicitada por la CNHJ estaba ya presente en el documento inicial de la demanda presentada por las 353 mujeres militantes de Morena.
Y finalmente dos meses después de haber presentado la queja, el 17 de febrero, la CNHJ emitió un acuerdo de desechamiento, “toda vez que el plazo de tres días hábiles otorgados a la actora para que subsanara las deficiencias y/u omisiones de su escrito inicial de queja ha fenecido y las mismas no fueron subsanadas ni cumplimentado lo solicitado mediante acuerdo de prevención emitido el 25 de enero de 2023”.
Y posteriormente, las quejosas denunciaron que no recibieron ningún requerimiento por parte de la CNHJ de Morena, por lo que impugnaron la decisión del órgano intrapartidario.
Ayer finalmente el pleno del TEE declaró fundados los agravios manifestados por las actoras, quienes plantearon que la CNHJ debió atender su queja con perspectiva de género, porque precisaron actos y hechos que constituyen violencia política en contra de las mujeres.
En ese sentido, el TEE consideró que “derivado de la naturaleza de estas conductas, la CNHJ de Morena debió valorar las pruebas indiciarias, puesto que juzgar con perspectiva de género no es una opción, tampoco es ponderable, sino que es una cuestión de ética y de deber”.
Por tanto, estiman que “no hay razón para que las y los impartidores de justicia electoral, como es el caso de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, no incluyan la perspectiva de género en sus sentencias o resoluciones, sobre todo en la búsqueda por la erradicación de este tipo de violencia tan lacerante en la sociedad mexicana”.
En el documento aprobado por los magistrados se plantea que la CNHJ “no hizo un estudio concreto de los agravios, sino que emitió un desechamiento sin fundamentación ni motivación, ya que lo solicitado en la prevención resulta ocioso y sin razón, ya que todo lo solicitado se encuentra su escrito inicial y amparado en el Estatuto de Morena, aunado a que, suponiendo sin conceder que no fueran claras las manifestaciones, dicha Comisión debió de tomar en cuenta el principio de suplencia de la queja pues debe prevalecer un equilibrio en el proceso, específicamente, cuando se trata de favorecer a determinados sectores de la sociedad históricamente invisibilizados y en situación de vulnerabilidad”.
Por lo que el TEE revocó el acuerdo de desechamiento del 17 de febrero, a la que se le ordenó “dé cabal cumplimiento” a los efectos precisados en la sentencia, que son referentes a juzgar con perspectiva de género.
En el segundo punto de la resolución se aprobó revocar el acuerdo de la CNHJ “en términos de lo expuesto en el considerando séptimo de la presente resolución”.
En dicho considerando se ordena que se admita la queja, y, en su momento “procesal oportuno resuelva la queja en comento, considerando la transcrito en su escrito de demanda y en apego a las leyes que más beneficien a las personas en estado de vulnerabilidad, tal es el caso de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, que como ha quedado evidenciado, la Comisión actuó de manera arbitraria, al desechar el escrito de queja, desatendiendo su obligación moral y humanista de juzgar con perspectiva de género, puesto que, lo que se busca es la erradicación de una vida libre sin violencia para las mujeres”.
El proyecto fue presentado por la magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz y aprobado por unanimidad de votos. En éste se señala que Morena cometió violación al principio de tutela judicial efectiva, al no considerar que la queja está relacionada con actos que podrían constituir violencia política en razón de género, por lo que, estaba constreñido a actuar conforme a lo establecido en el Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar, Reparar el daño y erradicar los casos de violencia política contra las mujeres al interior del partido.
Por lo que, al no notificar personalmente en el domicilio procesal señalado por las actoras, les negó la oportunidad de desahogar el requerimiento o manifestar lo que estimara conducente, lo que trajo como consecuencia que se desechara su queja.
Debe el PAN pagar prerrogativas a Comité de Coyuca de Benítez
El pleno del TEE dio un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, para que emita una nueva resolución en el recurso de reclamación idel ciudadano Bruno Calixto Ríos, quien demandó la violación a sus derechos al no recibir las prerrogativas que le corresponden como presidente del Comité Directivo Municipal de ese partido en Coyuca de Benítez.
El proyecto presentado por la magistrada Evelyn Rodríguez Xinol y aprobado por el pleno declaró fundado el Juicio Electoral Ciudadano (JEC), interpuesto Ríos Díaz ante la omisión del Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN de resolver el recurso de reclamación número CJ/REC/035/2022, por la omisión del presidente y tesorero del Comité Directivo Estatal del PAN, de pagar en tiempo y forma las prerrogativas del financiamiento público.
El demandante señaló que con esa acción se afectan sus derechos “de militancia partidista en su vertiente del desempeño del cargo por el que fue electo” el TEE en su resolución apercibe a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional que, en caso de que incumplimiento a lo ordenado en la presente resolución, se le impondrá alguno de los medios de apremios previstos por el artículo 37 y 38 de la Ley de medios de impugnación.
El Cabildo de Tlapa validó ayer la elección extraordinaria de comisario municipal de San Miguel Axoxuca y tomó protesta a la planilla ganadora que fungirá durante el periodo 2023-2024, misma que había sido impugnada ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE).
En la sesión del Cabildo que se llevó a cabo este miércoles por la mañana, los ediles validaron la elección realizada el domingo 26 de marzo, en las instalaciones del kínder Juan B. Salazar, ubicado en la carretera Tlapa- Chilapa en donde la Planilla Verde tuvo 286 votos de 445 asistentes.
Por lo que tomó protesta a las autoridades electas a quienes les expidió su nombramiento como comisaria propietaria a María de los Ángeles González Sánchez; comisaria suplente a Beyadid Martha Martínez Martínez; primer vocal a Emigdio Pérez Palacios y segunda vocal a Ma. Feliciana Macedonio Cruz, de acuerdo a la información del regidor de Comercio, Jorge González López.
Las mismas integrantes de la planilla ya habían sido votadas el 8 de enero en una elección que fue impugnada por el candidato a comisario propietario Mauro Oyorzábal Gómez, de la Planilla Blanca ante el TEE, cuyos magistrados consideraron fundados sus argumentos y el pasado 23 de febrero en una sesión ordinaria anularon la jornada y ordenaron su reposición en el Juicio Electoral Ciudadano TEE/JEC/001/2023.
El Tribunal concluyó que se violaron los principios constitucionales de legalidad, certeza y participación política de los ciudadanos e incluso mandató al Ayuntamiento coordinarse con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para organizar el nuevo proceso.
La jornada se realizó el pasado domingo 26 de marzo, donde hubo dos propuestas sobre el método, el voto secreto impulsado por la planilla Blanca con 175 votos y el voto abierto por la Verde con 267. Ganó la abierta a mano alzada para las dos planillas registradas. La Verde se vincula al priismo quien gobierna el municipio.
Los primeros en ser consultados en la votación fueron los simpatizantes de la Planilla Verde quienes sumaron 286 votos mientras que los de la planilla Blanca se abstuvieron y se retiraron de la asamblea antes del escrutinio.
La página de Facebook Ejido Axoxuca difundió que la elección se hizo con lo establecido en la mesa de trabajo del 8 de marzo donde participaron el Cabildo del Ayuntamiento de Tlapa, representantes del IEPC y representantes de las planillas Verde y Blanca y que estuvo apegada a lo que determinó la sentencia del Tribunal Electoral, y a la Ley 652 del Estado de Guerrero para la elección de Comisarías Municipales y “quienes quisieran opinar leyeran primero los tres documentos”.
La toma de protesta fue en el Ayuntamiento y lo hizo el secretario General, Joaquín Álvarez Alonso, quien fue el presidente de la mesa de los debates en la elección del domingo, los regidores y vecinos de la comunidad.
El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE), declaró infundado el Juicio Electoral Ciudadano (JEC) promovido por el diputado morenista Alfredo Sánchez Esquivel, en contra de un acuerdo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena que desechó una queja que presentó contra Yoloczin Domínguez Serna por declaraciones a medios de comunicación en las que presuntamente lo denosta.
De acuerdo con proyecto aprobado por unanimidad del pleno del TEE, Sánchez Esquivel había denunciado ante la CNHJ a su sucesora en la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), porque “realizó una serie de declaraciones ante diversos medios de comunicación en la que denosta e imputa de manera dolosa una serie de actos en su contra, que considera el quejoso pueden constituir una falta a los estatutos de Morena”.
El ex presidente de la Jucopo quien mantiene una pública confrontación con su sucesora en el cargo, argumentó que durante el segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional del Poder Legislativo Domínguez Serna se realizaron estas declaraciones.
Pero la CNHJ de Morena el 7 de febrero del 2023 declaró la improcedencia de la queja presentado porque fue promovida fuera de los 15 días “que señala el artículo 27 en relación con el 22, inciso d) del Reglamento de la CNHJ de Morena, lo anterior, pues la responsable tomó en consideración la última fecha relatada por el actor (23 de noviembre) en que dijo se cometieron las denostaciones en su contra”.
Sánchez Esquivel buscaba que el TEE revirtiera la decisión de la CNHJ de declarar improcedente su queja y que le ordenara darle cause, pero el órgano jurisdiccional aprobó confirmar el acuerdo de desechamiento del órgano intrapartidario, “toda vez que no le asiste razón al impugnante porque no se está en presencia de transgresiones a reglas y principios internos de Morena, sino de supuestas conductas que infringen derechos personales del ahora actor, por parte de otra Diputada miembro de su partido”.
Ordenan reponer elección de delegados en Metlatónoc
En la misma sesión el TEE dejó sin efectos los nombramientos de delegados de la colonia Guadalupe, municipio Metlátonoc que emitió el Ayuntamiento de ese municipio y ordenó su reposición.
El proyecto lo presentó la magistrada Evelyn Rodríguez Xinol, y fue aprobado por mayoría de votos. Se declararon fundados los agravios promovidos por Artemio León Leal, en contra de la elección de 21 de enero pasado, de delegado municipal de la colonia Guadalupe y, en consecuencia, el nombramiento expedido Elpidio Olivera Vitervo, como delegado propietario, expedido por el presidente del Ayuntamiento.
El motivo, es porque “la persona que se le nombró como delegado no participó en la elección realizada el tres de enero del 2023 que celebraron por usos y costumbres, en la que Artemio León resultó electo”, el pleno del TEE consideró que la elección se realizó “bajo los parámetros mínimos de regularidad constitucional”.
También se ordenó al Ayuntamiento que, en el plazo de 24 horas a partir de la notificación de la resolución, expida los nombramientos a los ciudadanos electos delegados en la elección del 3 de enero.
En la Asamblea Municipal de Autoridades y Representantes Comunitarias del municipio de Ayutla de los Libres, se decidirá si se realiza o no la consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren regresar al sistema de elección de sus autoridades por partidos políticos o continuar por usos y costumbres indígenas, informó el consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) Guerrero, Edmar León García.
Luego de que el pasado jueves, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE) ordenó al Consejo General del IEPC desahogar las etapas planteadas en su propuesta de trabajo de agosto de 2020, para realizar la consulta ciudadana en la que se preguntaría a los ciudadanos de Ayutla si están de acuerdo a modificar el sistema de elección de sus autoridades en el municipio y pasar del actual de usos y costumbres al sistema de partidos políticos y candidatos independientes.
Además, le dio un plazo de 48 horas para presentar el calendario de actividades, de no acatar lo ordenado, el IEPC se haría acreedor a una “medida de apremio”.
Consultado al respecto, vía telefónica, el consejero presidente de la Comisión Especial de Sistemas Normativos Internos, Edmar León García, comentó que el TEE está dando cumplimiento a una sentencia anterior, luego de que el 10 de septiembre de 2019 ciudadanos de Ayutla solicitaron hacer la consulta para preguntar si se regresaba al sistema de partidos o se quedan en el sistema normativo interno, sistema que adoptaron desde la elección de 2017-2018.
Sostuvo que hubo una cadena impugnativa en el TEE y la Sala Regional de la Ciu-dad de México, y que el IEPC ha manifestado que no les corresponde determinar la realización o no de la consulta, porque según los precedentes, son las propias autoridades de Ayutla quienes deben decidir si realizaban o no esa consulta.
Aclaró que lo que mandató el TEE el pasado jueves no es para realizar la consulta, sino que es un procedimiento para que se le pregunte a la Asamblea Municipal de Representante, es decir, la autoridad comunitaria máxima de Ayutla, si procede o no procede la consulta.
Resaltó que tomar la decisión no le corresponde el Consejo Municipal Comunitario, ni a Ysabel de los Santos Morales, quien es el coordinador número uno con funciones de presidente municipal, sino a las 140 autoridades y representantes de colonias, poblados y comunidades de Ayutla.
León García mencionó que no es un hecho la consulta, pero dijo que el IEPC se ha reunido con el Consejo Municipal Comunitario desde el año pasado. La última reunión que tuvieron fue en febrero y se consensuó que en marzo se haría otro encuentro “para ya tomar la decisión de iniciar conforme al calendario y el plan de trabajo”, y cumplir la sentencia y se determine si va a llevar a cabo o no la consulta.
Precisó que la sentencia del TEE dice que tienen un plazo de diez días hábiles a partir del jueves 16 de marzo, para iniciar el procedimiento, es decir, que el Consejo Municipal Comunitario y el IEPC decidan fechas, lo que determinarán esta semana, aunque no precisó el día.
“Estamos en tiempo, son diez días después de esa determinación, le tendremos que informar al Tribunal en el plazo de 48 horas para que cumplamos con la determinación, lo que seguiría es la ejecución de ese cronograma de actividades que se va consensuar”.
En junio de 2022, El Sur presentó una serie de textos en los que se documentó los antecedentes y las razones de por qué en 2018 se instaló en Ayutla el primer y único gobierno en Guerrero por usos y costumbres indígenas, y cómo políticos y empresarios iniciaron una campaña de desprestigio, minando su credibilidad y poniendo en duda la capacidad administrativa de los pueblos indígenas.
Cabe recordar que en Ayutla, se ejercía una política de discriminación, racismo y pauperización de los pueblos indígenas, que tuvo su mayor expresión con la masacre de El Charco, el 7 de junio de 1998, con la esterilización de indígenas sin su consentimiento y la violación sexual de indígenas por militares, con esos antecedentes, además de la violencia por los grupos criminales, lograron conformar la Casa de los Pueblos de Ayutla.
El Sur expuso cómo habitantes de Ayutla consideraban que con la imposición de Ysabel de los Santos Morales como coordinador número uno con funciones de presidente, en el segundo periodo del gobierno por usos y costumbres (2021-2024), se buscaba debilitar y desestabilizar el Sistema Normativo Propio, con miras a regresar al de partidos, al que habían rechazado por la corrupción, racismo, abandono y marginación de los pueblos indígenas.
Este domingo 19 de marzo se realizará la elección extraordinaria de la Comisaría en la comunidad nahua de Chiepetepec, municipio de Tlapa, luego de que el Tribunal Electoral del Estado (TEE) invalidara el proceso anterior, porque la convocatoria no se publicó en los plazos establecidos en ley y no se difundió en los medios tradicionales de la comunidad, por lo que hubo ciudadanos que no pudieron participar.
En la resolución TEE/JEC/003/2023 se invalidó la elección al considerar que el ayuntamiento de Tlapa no acreditó que la convocatoria se difundió ampliamente en los términos previstos en la Ley 652, en concordancia con los principios de autonomía y libre determinación de la Comunidad.
Con eso se dejó sin efectos los nombramientos expedidos por el presidente municipal con motivo de la elección realizada el ocho de enero.
Así, este domingo el ayuntamiento y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) organizarán la elección a través de votación en urnas con credencial de elector para lo cual se integrará por ciudadanos una mesa receptora por el tiempo de tres horas de las 11:00 a las 2:00 de la tarde, en la cancha principal.
Y el 22 de marzo el Cabildo de Tlapa sesionará para validar a la planilla ganadora, darle el nombramiento y tomarle protesta como autoridad por el periodo 2023-2024 a la comisaría o comisario electo.
El juicio fue promovido por Francisca de la Cruz Corral, Agustín Vázquez Leal, Martín Villa Esperan y Juanita de la Cruz Corral porque no se publicó la convocatoria para la elección de Comisaría de la comunidad de Chiepetepec conforme a la ley y por tanto no ejercieron su derecho a votar.
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE), desechó los juicios para la integración de nuevos municipios, en contra del acuerdo de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso local, por el cual la Mesa Directiva aprobó una prórroga de 120 días para presentar ante el pleno las propuestas de las personas que integrarán los ayuntamientos instituyentes de Las Vigas, Ñuu Savi, San Nicolás y Santa Cruz del Rincón.
Los juicios fueron promovidos por Roberta Castro de los Santos, Felipe Avilés Mendoza y otras personas, en contra del acuerdo de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.
De acuerdo con el proyecto TEE/JEC/010/2022 Y TEE/JEC/014/2023 acumulados, propuesto por el Magistrado José Inés Betancourt Salgado, y aprobado por unanimidad de votos se determinó desechar el acto impugnado “en virtud de un cambio de situación jurídica, razón por la cual quedó sin materia”, lo que impide que este órgano jurisdiccional “se pronuncie respecto al fondo de la litis (controversia) planteada, al quedar superados los efectos del acuerdo impugnado”.
El pleno del TEE también ordenó al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) llevar a cabo el desahogo de las etapas planteadas en su propuesta de trabajo de agosto de 2020, para realizar la consulta ciudadana en la que se preguntaría a los ciudadanos de Ayutla de los Libres si están de acuerdo a modificar el sistema de elección de sus autoridades en el municipio y pasar del actual, de usos y costumbres al sistema de partidos políticos y candidatos independientes.
Los promoventes, Sixto Cruz Ortega “y otros”, acusaron que a partir de la resolución del 3 de marzo del 2020, emitida por el TEE y de la declaratoria nacional del Semáforo Verde de riesgo epidemiológico Sars-Covid19, por parte de Secretaría de Salud Federal, el IEPC no han reiniciado con las actividades para consultar a los ciudadanos de este municipio.
El tribunal dio al IEPC un plazo de 48 horas para presentar ante este órgano jurisdiccional el calendario de actividades “con los ajustes correspondientes, y las constancias que acrediten el inicio de las mismas, y se advierte que de no acatar lo ordenado, se harán acreedoras a una medida de apremio”.
En la sesión, el TEE también declaró “parcialmente fundado” el Juicio Electoral Ciudadano (JEC) promovidos por Carlos Arturo Millán Sánchez y Jorge Francisco Hernández Pablo, en contra de la resolución dictada por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, en la cual confirmó la elección de consejeros estatales de ese partido.
Se declararon parcialmente fundados los agravios hechos valer por los quejosos, por lo que deberá dictar una nueva resolución, debido a que el Consejo Nacional del PAN omitió resolver, debidamente fundado y motivado, el sobreseimiento sobre la impugnación del Acuerdo COP-PANGRO/08/2022 emitido por la Comisión Organizadora del Proceso.
Además de que tampoco fue exhaustiva y congruente para pronunciarse sobre las pruebas ofrecidas, el total de asistentes a la asamblea cuestionada y si procedía o no el recuento total de votos solicitado por los actores.
La regidora de Desarrollo Social y Asuntos Indígenas del Ayuntamiento de Tepecoacuilco, Anel González Flores, denunció que en el municipio se les impide a las mujeres participar en la elección de Comisarías y al presidente municipal panista Félix López Olivares por usar palabras ofensivas hacia las mujeres a las que se refiere como “pinches viejas” Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
La regidora panista de Tepecoacuilco de Trujano, Anel González Flores, denunció durante la conferencia Avances, Obstáculos y Desafíos de la Participación Política de las Mujeres en Guerrero, que el alcalde Félix López Olivares se ha resistido a que las mujeres indígenas de Ahuehuepan ejerzan su derecho de votar y ser votadas en las elecciones de comisarios, además de que la limitan en sus funciones.
La conferencia se realizó en el auditorio del Tribunal Electoral del Estado (TEE), en la que participó la regidora, y aprovechó para denunciar las resistencias en su municipio para que las mujeres ejerzan sus derechos políticos, y preguntó si son impugnables las elecciones porque sólo han votado los hombres en dicha comunidad.
En su intervención la regidora explicó que para mantener o cambiar un mecanismo de elección por usos y costumbres debe ser aprobado por el cabildo, pero a ella no la han dejado presentar su propuesta para modificar el hecho de que solo los hombres pueden votar.
En ese sentido dijo que el alcalde panista es machista e incluso en sesiones de cabildo se refiere a las mujeres como “pinches viejas”.
Y denunció que se ha encontrado con obstáculos para ejercer su cargo: “he nadado contra corriente a pesar de que somos del mismo partido político (PAN), pero se me ha impedido hacer labor a favor de las mujeres indígenas”.
En respuesta, el fiscal especial en Delitos Electorales, Miguel Guizado Jaimes, recordó que hay un antecedente directo y reciente, el caso de Ocotequila, donde por primera vez las mujeres indígenas de esa población accedieron a su derecho al voto.
La magistrada Alma Delia Eugenio Alcaraz, recordó que el Congreso local aprobó la Ley de Elecciones para La Comisarías Municipales, en la que se garantizan derechos humanos o derechos fundamentales de las mujeres, entre estos la integración con paridad de género de las planillas, disposición legal que se emitió a raíz de una resolución de este Tribunal Electoral por una impugnación en el municipio de Huitzuco de los Figueroa.
También le dijo a la regidora que no es necesario que las ediles tengan que proponer un acuerdo de cabildo para que las mujeres sean tomadas en cuenta, porque esto ya es una obligación de los ayuntamientos que en los municipios, en las elecciones de comisarías, las mujeres tengan el derecho de votar, y ser incluidas en las planillas, sin importar si se rigen por usos y costumbres.
Eugenio Alcaraz apuntó que el artículo segundo de la Constitución federal establece que los usos y costumbres prevalecen y se garantizan, “pero jamás serán violatorios de los derechos humanos, y los derechos políticos de las mujeres, son derechos humanos”.
Y le planteó tres vías para denunciar la violencia política contra las mujeres en razón de género, la primera es a través de un Juicio Electoral Ciudadano (JEC), el cual tiene como fin restituir derechos político-electorales, y se presenta ante el TEE; la segunda vía es el Procedimiento Especial Sancionador (PES), que tiene como finalidad sancionar a quien comete la violencia política, y la denuncia se presenta ante el IEPC.
El órgano electoral será el encargado de sustanciar e investigar, y una vez hecho, integra el expediente y lo remite al TEE para que sea este órgano jurisdiccional el que resuelva si hay violencia política o no.
Ambos procedimientos se establecen medidas cautelares y medidas de protección, por lo que no es necesario finalizar los procedimientos para que la mujer víctima de violencia esté protegida desde el inicio de la presentación tanto de la demanda de JEC o de la denuncia del PES, por lo que dijo es importante denunciar, para que tengan el acompañamiento con medidas de protección.
Finalmente dijo que la tercera vía, sería una denuncia penal, ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, donde se sanciona al victimario con prisión y una medida de reparación.
Después en declaraciones, la regidora explicó que ha intentado que en esta comunidad se pueda votar y ser votada en las elecciones de comisarios, pero el alcalde no quiso.
Anel González comentó que en esta comunidad indígena del Alto Balsas las mujeres tienen la intención de participar en los procesos de elección de las autoridades, pero no se les ha permitido y el alcalde no las respalda.
La regidora panista llamó a las autoridades en la materia que acudan a esta población e investiguen preguntando a las mujeres de esta comunidad, por su parte dijo que ella denunciará para que inicien los procedimientos.
Tiene Evelyn agenda feminista, dice consultora
La ponente, la consultora e envestigadora sobre la desigualdades y liderazgo político con perspectiva de género, Mónica Patricia Zárate Martínez, cuando habló de las mujeres guerrerenses que han logrado ganar espacios importantes o emblematicos por su contexto, finalizó con el caso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, de quien destacó que sí tiene “una agenda feminista”, a pesar de las resistencias “que seguramente debe tener al interior del gobierno, trae también los estigmas”.
Reiteró que a la gobernadora la deben de acuerpar las organizaciones de mujeres “porque trae el estigma de su proceso de elección, y lo que ustedes quieran, pero demosle chance ¿no? Acuerpémosla, acompañémosla para que pueda hacer su trabajo”.
En su ponencia también dijo que la participación de las mujeres sobre todo en el ámbito político en los espacios que se toman las decisiones “es triplemente difícil”, y eso ha generado muchas denuncias por violencia política.
Destacó que en Guerrero, hay “una capacidad organizativa muy impresionante”, pero consideró importante que las organizaciones locales se vinculen con las nacionales y regionales.
Zárate Martínez valdría la pena “releer algunos puntos que tiene la reforma, el Plan B donde nos están diciendo entre líneas ‘ustedes no pueden estar ahí’ en los cargos públicos”, y afirmó que está en riesgo la equidad en la política.
Destacó también que la estructura organizacional de los partidos políticos en el país no es favorable para las mujeres a quienes mantienen relegadas que no han dejado otro camino o método de garantizar sus derechos que con acciones afirmativas, “por eso es importante tener estos mecanismos temporales que nos ayuden a subir”.
En el país, dijo, los partidos tienen estructuras organizacionales de las “más burocráticas, muy jerárquicas, muy anquilosadas, con modelos de gestión muy anacrónicos… con un liderazgo tipo clan, donde tú tienes que pertenecer a un grupo político, a una tribu, como ustedes le quieran llamar dónde ese liderazgo lo tienen los hombres entonces para que una mujer transite en es en esa estructura organizacional le va a costar muchísimo más trabajo que a los hombre por eso no es que no haya mujeres capaces no es que no haya mujeres es que esa estructura organizacional no es favorable”.
Sumado a que el presupuesto que le llega a los partidos políticos etiquetado exclusivamente para el fortalecimiento y capacitación de las mujeres es utilizado para otros fines y “siguen haciendo simulación”.
